agosto 2017

 

555 reservas naturales de la sociedad civil protegen ecosistemas en 25 departamentos de Colombia. Existen áreas no cuantificadas que también conservan zonas de importancia ecológica para la comunidad.

 

Olga Cecilia Guerrero Rodríguez / Mongabay Latam

 

Se llama Rogitama y está ubicada en Arcabuco, Boyacá. De ser una finca dividida en potreros con erosión severa ⸺hace 28 años⸺ hoy es un verde centro de avistamiento de 150 especies de aves que atraen al turismo internacional.

A tres horas de allí, en Cota, municipio vecino de Bogotá, se encuentra el Bioparque La Reserva, dedicado a proteger un bosque andino, a recibir ejemplares de fauna víctima de tráfico ilegal y a realizar programas de educación ambiental.

En el occidente de Colombia, a orillas del mar Pacífico, está Bahía Solano (Chocó) un municipio donde funciona Septiembre, una estación biológica de la Fundación Natura que protege a las tortugas marinas que llegan puntuales a desovar cada noveno mes del año.

Son tres Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), la única de 15 categorías de área protegida de carácter privado que reconoce  el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia (Sinap).

La ley la define a las RNSC como: “Parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo”.

Si un dueño quiere de manera voluntaria que su predio sea incluido como parte del Sinap, debe inscribirlo en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap).

El último reporte del Runap, a julio de 2017,  indica que en el país existen 555 reservas que suman 102 277 hectáreas en 25 de los 32 departamentos. Según el registro, los departamentos que más aportan en número de hectáreas protegidas por la sociedad civil son Casanare, Tolima,  Vichada,  Valle del Cauca y Meta con 79.954 hectáreas.

Los que tienen mayor número de reservas son: Valle del Cauca (126), Cauca (115), Huila (73), Cundinamarca (56) y Casanare (35), según inscripción ante el Runap.

Es importante indicar que fuera del Runap existen muchas otras zonas de protección y herramientas como las ‘Estrategias complementarias de conservación’, lo que indica que hay muchas zonas protegidas que no están contabilizadas en el Runap.

 

¿Para qué sirven?

 

La lista es larga y sorprendente, cada área por pequeña que sea, tiene su propia historia y una finalidad.

“Las RNSC complementan los esfuerzos de conservación del Estado, proveen una alternativa importante en el trabajo comunitario y la conformación de nodos que favorecen su participación en decisiones estatales. También facilitan las acciones de monitoreo en áreas públicas y se vuelven actores estratégicos de las acciones de conservación en la región”, opina Carolina Mateus Gutiérrez, de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales.

Indica que  la conservación privada abarca actividades como: preservación de fragmentos de ecosistemas naturales, restauración y regeneración de ecosistemas perturbados, aplicación de prácticas productivas limpias y sostenibles en procesos comunitarios de conservación, enriquecimiento de los ecosistemas con especies nativas, mejoramiento de la conectividad estructural y funcional de los ecosistemas del predio, generación de información sobre biodiversidad, ecoturismo, giras académicas, educación ambiental, entre muchas otras. Todo depende del enfoque del predio, de los intereses de sus propietarios, de la ubicación del mismo y del objetivo que persigue.

Mateus explicó que la conservación privada es menos costosa que opciones como la expropiación o declaración de áreas protegidas públicas:  “Estos mecanismos son voluntarios, lo que garantiza que quienes los implementan lo hacen porque realmente están interesados en la conservación y probablemente sus generaciones futuras también lo estarán”.

 

En todas partes

 

Clara Solano, subdirectora de Conservación e Investigación de la Fundación Natura dice que “la biodiversidad y los servicios ecosistémicos están dispersos, no solamente existen en las áreas protegidas del Estado, sino que gran parte de estas se encuentran fuera de esos territorios. Así los ecosistemas estén transformados y degradados, hay áreas para conservar”.

La importancia de esta figura, según el biólogo y consultor Felipe Rubio Torgler, está en que la gente que tiene tierra puede hacer una acción de conservación y producción sostenible: “Muchos de los ecosistemas de Colombia están siendo transformados de manera radical y una forma de que prevalezcan es que las comunidades o familias entren de manera individual a restaurar y a conservarlos”.

Toma como modelo el altiplano cundiboyacense, donde los pocos ecosistemas naturales que quedan están en zonas muy altas, cañones o escarpes. “El hecho de que la gente quiera protegerlos y restaurarlos es fundamental, y eso no se hace con las figuras estatales o el ordenamiento ambiental, que incluso no es aplicado por muchas razones”.

 

Reservar para la vida

 

Una experiencia emblemática de conservación en Colombia es la finca Meremberg, ‘mar de montañas’, localizada en La Plata (Huila). Fue creada en 1925 como la primera Reserva Natural Privada de Colombia, por Carlos Kohlsdof y su esposa Elfride, provenientes de Alemania.

Matilde (Metchild), hija de los fundadores y Gunther Büch, continuaron el legado. Sin embargo, las 300 hectáreas que procuraban mantener intactas, recibieron presión por tala, caza furtiva y quemas. En 1975 Matilde fue asesinada por defender su bosque.

Un documental de la época cuenta la historia de este lugar cuyo modelo de conservación prevalece lo mismo que los bosques primarios y secundarios que resguarda. Meremberg sigue siendo un escenario de gran importancia para la investigación científica y el ecoturismo en la región surcolombiana.

Entre los pioneros también está la Fundación Natura, entidad que hace 30 años promueve la conservación ‘in situ’ por parte de particulares.

Ha firmado más de 2000 ‘Acuerdos de Conservación’ en diferentes municipios, figura que creó para motivar en los ciudadanos de zonas estratégicas, el cuidado del agua y los bosques.

Estableció seis reservas a perpetuidad con el objetivo de que en caso de que la organización llegara a desaparecer, estas siguieran: Carpanta, Encenillo, Cachalú, El Silencio, Junat y Septiembre, en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Chocó.

Otra ong para destacar es la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de las Sociedad Civil (Resnatur), que desde hace 25 años agrupa las áreas privadas.

Nació de un grupo de amigos amantes de la naturaleza, cuando se promulgaba la Constitución Política del 91; antes de que apareciera la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Ambiente y el Sinap.

Resnatur tiene 160 reservas, de las cuales el 83 % pertenece a propietarios y el 17 a poseedores. En cuanto a la administración de las mismas, el 72  % corresponde a personas naturales y el 28 % a jurídicas.

No todas las reservas están registradas ante el Runap, porque el Registro solo permite propietarios.

“En la medida que conectan parches de bosques, las reservas cumplen un papel de vital para el logro de metas del país y para enfrentar el cambio climático”, dice Daniel Manrique, director de Resnatur.

Como tantas otras organizaciones que salvaguardan el patrimonio natural, está también la Fundación ProAves, que administra 21 Reservas Naturales de las Aves en 27 816 hectáreas distribuidas en relictos de bosque altoandino, páramo, bosque subtropical, bosque húmedo tropical, manglar y zona costera.

Estas áreas, según ProAves,  son el hábitat de 1123 especies, equivalentes al 60 % de la avifauna colombiana y al 77 % de las aves endémicas del país.

 

En campo y ciudad

 

Es importante involucrar a actores que están en la ruralidad y que en muchos casos tienen terrenos en ecosistemas importantes, refiere Clara Solano.

Un ejemplo es la Reserva Natural Privada El Secreto en Miraflores, Boyacá, de 1000 hectáreas, propiedad de la familia Fernández. Aunque no está registrada en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap), sí hace parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap), bajo gestión de la Corporación Autónoma de Chivor (Corpochivor).

“La familia hace una gran labor porque en este bosque andino y páramo se protege a especies en peligro de extinción como venado, tigrillo, oso de anteojos y nutria. De allí han salido estudios con 270 especies de aves, mamíferos, anfibios y ha brindado oportunidad a tesistas de varias universidades al tiempo que permite monitorear especies amenazadas”, manifiesta Mauricio Otálora, biólogo de Corpochivor.

Como los Fernández, son incontables los ciudadanos que aportan silenciosa y voluntariamente a la preservación de los territorios.

En Neiva (Huila), el ambientalista Miller Rubio, logró recuperar un lote comunitario mediante una acción popular, antes de que fuera cementado. Con recursos propios sembró cientos de árboles nativos, y tres años después tienen un parque natural en crecimiento, refugio para las aves y los habitantes del barrio Ipanema.

Recientemente, conmovió al país la historia del médico pediatra Carlos Ignacio Riascos, quien a lo largo de 30 años sembró un bosque en Mocoa (Putumayo). Fue esta barrera natural la que salvó la vida de todo un sector durante la avalancha de abril pasado. No pasó lo mismo en las demás áreas desprovistas de vegetación.

 

Casanare, un caso especial

 

Este es uno de los pocos departamentos que no tienen un área protegida de carácter nacional. Esta situación, según ambientalistas de la región, ha potenciado los esfuerzos de conservación de la población local. Por eso hay 38 Reservas Naturales de la Sociedad Civil inscritas ante el Runap.

Para la Fundación Cunaguaro, ong articuladora o enlace entre Parques Nacionales y los propietarios privados, “la arremetida petrolera y agroindustrial en la zona ha generado una alta preocupación entre los pobladores frente al futuro de sus predios, a quienes además no se les reconocen los esfuerzos que realizan para mantenerlos. De ahí que muchos encontraron en esta figura (RNSC) una cierta protección de su territorio y una forma de exaltar lo importante y bello que tienen”.

Cunaguaro prepara 15 áreas privadas que suman 12 000 hectáreas más.

“Es una tarea que se hace por vocación y amor a la tierra, pero es difícil porque demanda tiempo y recursos para hacer las visitas y convocatorias a los propietarios. Por ahora no hay incentivos económicos de las entidades nacionales, si se tuvieran, sería mucho más efectivo el proceso”, dice Laura Maria Miranda Cortes, directora de la Fundación Cunaguaro con sede en El Yopal.

En la sabana inundable de las tierras bajas de Casanare y Arauca, también trabaja la Fundación Palmarito, que creó la Red de Reservas Privadas de la Orinoquia. Ha logrado registrar once predios nuevos predios de alto valor ecológico porque su principal ecosistema no está representado en otras categorías dentro del Sinap.

Clara Matallana, encargada de los asuntos de áreas protegidas del Instituto Humboldtindica sobre lo que ocurre en Casanare: “La mayoría de propietarios cuidan por convicción no porque reciban un incentivo económico sino porque se dan cuenta que al tener buenas zonas para conservación o reservas de agua, van a estar más preparados para eventos como la sequía extrema que ocurrió hace unos años.

 

¿Dónde están los incentivos?

 

Las reservas privadas inscritas en Runap y con resolución del Ministerio de Ambiente, tienen derechos de ley para participar en esquemas de planeación y desarrollo local y regional, como Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Ordenación Cuencas, participación en procesos de planes de desarrollo, en Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas (SIRAP), ‘consentimiento previo’, para la ejecución de inversiones públicas que las afecten y derechos a incentivos.

Adicional a los anteriores, existen otros de manera dispersa en la normatividad colombiana como posibilidad de descuento del impuesto predial, según los acuerdos municipales, exención en renta por servicios ecoturísticos —Ley 788/02, Decreto 2755/03, Resolución 890/05— y ser parte de Amigos de la Fauna, lo mismo que el derecho a compensaciones.

En cuanto al Pago por Servicios Ambientales (PSA), explica Parques Nacionales, “en 2013 se reglamentó el esquema asociado al recurso hídrico, consistente en dinero o en especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación de los ecosistemas naturales y, en consecuencia, la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico”.

 

Sin embargo, muchos de los propietarios y entidades con los que conversó Mongabay Latam, coinciden en que son mínimos los incentivos.

Es el caso de Juan David Gutiérrez, fundador de la reserva El Amparo, de 1300 hectáreas, en Puerto López, Meta.

Hace 26 años protege con su familia varias lagunas, los ríos Yucao y Yucaito, morichales (poblaciones de palma de moriche), serranías, practica la apicultura y educa niños campesinos e indígenas con énfasis ambiental en los internados de la región.

“No ha sido fácil porque en la región no se tiene clara la conciencia ambiental y la tendencia es el modelo del monocultivo extensivo y los megaproyectos. Predominan prácticas que afectan al suelo como quemas de sabana, deforestación de bosques de galería, cultivos de maderables a escala, mal manejo del agua entre otras”.

Él, quien ha cuidado uno de los pocos predios que mantienen el agua en la región, lamenta que cada año debe pagar un oneroso impuesto predial, pese a la facultad de los municipios para exonerar a quienes conserven los ecosistemas.

“El Estado no le entrega nada a este tipo de propuestas, todo lo contrario, hay cero beneficios y sí persecución en el tema de prediales. Nos gravan con impuestos absolutamente difíciles de manejar y cuando se habla ante el Concejo y la Alcaldía no hay eco”, argumenta.

Juan David dice que todavía no hay conciencia estatal de lo importante que es cuidar esas áreas. “Es el Estado el que debería llegar a la reserva a ver en qué puede apoyar y no los ciudadanos tener que someterse a trámites complejos para buscar un incentivo”.

Frente esta situación, Daniel Manrique, director de Resnatur dice que “La normatividad ha hecho progresos importantes para reconocer las reservas, pero hace falta avanzar en desplegar herramientas administrativas y financieras que estimulen la conservación y la producción sostenible. Se necesita ampliar el abanico de opciones financieras para que se conviertan en un real estímulo y haya un ingreso decoroso para las familias que habitan las reservas y adopten buenas prácticas de uso y producción”.

En efecto, desde el Instituto Humboldt, Clara Matallana afirma que “los beneficios de ley respecto a la exención de predial no están bien reglamentados. En ninguna norma aparecen y depende más del municipio. Se está dando en muy pocos, no es extendido”.

En el mismo sentido, Felipe Rubio Torgler advierte que no ha empatado el apoyo estatal a las reservas porque según las normas, estas pueden acceder a proyectos e incentivos, pero al tiempo hay un desajuste entre los avances normativos para incentivos e incluso los Pagos por Servicios Ambientales (PPS) y las prioridades de las reservas de la sociedad civil.

“En algunos casos las Corporaciones en el marco de sus análisis, favorecen a algunos propietarios y lugares de prioridad ambiental y están dejando de lado a las reservas de la sociedad civil porque estas no las solicitan o porque hay escasos recursos”, sostuvo Rubio Torgler.

 

‘Abriendo trocha’

 

Clara Solano dice tener mucha experiencia en el tema y por eso concluye que “lo más difícil de conservar ha sido generar procesos de articulación con el Estado. Nos ha tomado un tiempo trabajar con la institucionalidad formal para posicionar y hacer que crean que las estrategias de conservación privada realmente aportan a las metas de país”.

Insiste en que la institucionalidad “En momentos históricos ha sido reticente, dura. Pero como ya se dieron cuenta que la conservación dentro de las áreas protegidas está en entredicho, porque ni siquiera podemos asegurar una protección efectiva dentro del Sinap, saben que cuando un dueño de finca está comprometido, se puede hablar de conservación a largo plazo”.

Asegura que en cambio ha sido fácil trabajar con la comunidad porque cuando ésta ve los beneficios directos de cuidar, aporta enseguida.

“En muchas reservas ni siquiera están esperando una retribución económica. Por eso los incentivos hay que mirarlos con cuidado y aplicarlos cuando haya acompañamiento y monitoreo. Pero el reconocimiento a la gente sí es muy importante”.

Al indagar por qué la poca credibilidad en las acciones de la sociedad civil, Clara explica que Colombia tuvo una época muy ortodoxa en los conceptos de conservación. “Se creía que los recursos, la construcción de pensamiento y la academia eran para la estrategia más importante: los parques nacionales naturales. Lo demás era menos importante”.

 

 

Estrategias complementarias

 

Desde 2010 varias entidades están estudiando y promoviendo el debate sobre las ‘Estrategias complementarias de conservación’.

El tema se origina a partir del Decreto 2372 de 2010, que reglamenta el Sinap y en el que algunas categorías de conservación quedaron por fuera del Runap.

Son áreas municipales, reservas forestales, zonas comunitarias con enfoque productivo, terrenos de comunidades indígenas, territorios afrocolombianos, instrumentos de conservación privada como las servidumbres ecológicas (zonas que se reservan para conservación), acuerdos de conservación-producción, río protegido para el caso del Bita (Vichada), entre otros.

 

“Con una resolución no se hace nada. Vemos con preocupación que la gestión se está quedando corta en muchas áreas regionales y hay un llamado a que veamos esas otras figuras donde haya más participación de actores y más apropiación, de lo contrario no va a pasar nada y las áreas se van a seguir perdiendo”, dice Clara Matallana.

Otra parte del debate es con los municipios que han declarado sus áreas protegidas municipales, pero no son reconocidas por el Runap, eso significa que no están en las cuentas de la totalidad de áreas protegidas.

El ejemplo es con Bogotá, que tienen su sistema de áreas protegidas, pero las que no están declaradas bajo figuras del Decreto 2372, como los humedales, áreas de la zona sur, los cerros de Suba y otras más, están cumpliendo una función ecológica, pero no son cuantificadas por el Estado.

Felipe Rubio cree que el país necesita participación activa con sus predios en zonas muy afectadas que requieren transformación ecológica y en las últimas áreas que quedan para conectar ecosistemas degradados. Un modelo sería utilizar las figuras de conservación comunitaria o privadas por ejemplo en el Magdalena Medio, con ciénagas, caños, el río Grande y las manchas de selva para ir conectando zonas restauradas.

“No es que todo deba ser selva pero si se pueden tener procesos productivos con cacao, café, forestales, nativos, agroforestales o silvopastroriles. No es necesario incluso ser reserva, es tener el enfoque de juntar elementos de biodiversidad nativa”.

En la actualidad el Ministerio de Ambiente impulsa un decreto para la creación de una figura denominada: Áreas Comunitarias de Conservación.

También puede leer este reportaje en Mongabay Latam

---

 

 

---

---