diciembre 2017

Autores: Olga Cecilia Guerrero, Samuel López

 

Esta vez las autoridades de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) decidieron intentar una nueva forma de lucha para conservar el territorio ancestral.

Agotados por tantos trámites sin resultados en la última década, unos 2.000 hombres y mujeres arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo bajaron el primero de noviembre desde los cuatro puntos cardinales del macizo y se agruparon en Valledupar, capital del departamento del Cesar, para protestar a través de una minga.

“Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, exclamó la economista del pueblo arhuaco Saday Rosado.

Pedían solucionar el incumplimiento de fallos y sentencias de las altas cortes en 2009, 2010, 2014, 2016 para la salvaguardia de los grupos étnicos que sufren el desplazamiento forzado; la protección general de la Sierra y la ampliación de los resguardos.

El tema más álgido, y en el que se centró toda su energía, fue la petición de eliminar el licenciamiento minero en el territorio ancestral y la búsqueda de una herramienta jurídica que garantice que la Sierra estará libre de esta actividad a perpetuidad.

“Los Mamos dicen que los daños son tan grandes que si no logramos sacar este punto adelante ya no tendremos nada más que conversar”, aseguró a Mongabay Latam Gelver Zapata, líder arhuaco.

Después de varios días de manifestación, de proclamas virtuales, desencuentros con el gobierno, de mucha insistencia y de conocer los gases lacrimógenos, el 25 de noviembre una Mesa de Alto Nivel conformada por la Confederación Indígena Tayrona y los ministerios de Interior, Ambiente, Minas, Agricultura y las agencias del Estado se llegó a un acuerdo.

Las partes buscarán una figura jurídica, antes de finalizar el año, que proteja el territorio de megaproyectos, minería e hidrocarburos. Los garantes son la OEA, ONU, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Si no se da el acuerdo, los indígenas anunciaron que volverá una minga más grande.

 

Organismos como la ONU, OEA, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo son garantes del acuerdo que levantó la protesta en Valledupar. Foto de PGN

 

¿Qué pasa en la Sierra?

 

“Una buena parte del origen de las afectaciones en la Sierra Nevada es el desorden por una intervención institucional desarticulada, acompañada de los múltiples intereses que hay desde afuera. Esto genera en una vulneración y afectación muy fuerte sobre el ejercicio de la autonomía y el gobierno de los cuatro pueblos indígenas”, expresó a Mongabay Latam Tito Rodríguez, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).

Comentó que “todos los antecedentes históricos que ha tenido el macizo, llámese los diferentes momentos de conflicto armado, marihuana, coca, guerrilla y paramilitares, han generado en desorden y eso se traduce en lo que tenemos actualmente: un conflicto territorial”.

Un ejemplo claro -explica- es que muchas tierras que eran de los indígenas ya están ocupadas por población no nativa, además ahora se quiere generar una gran zona de cadenas productivas. Para el funcionario, los principales impactos ambientales que existen hoy en la Sierra son los megaproyectos, la minería y el turismo.

“La Sierra no da para eso y esa mirada que se hace desde fuera del territorio está en contravía de la visión de ordenamiento que tienen los pueblos, por eso la minga. Para nosotros desde el gobierno vemos y tenemos a la Sierra fragmentada, cada uno tiene su jurisdicción y para los indígenas es un solo territorio, eso es lo que más complica la situación, tener múltiples visiones sobre un lugar que es unificado para ellos”, relató Tito Rodríguez.

Entonces hay miradas distintas del departamento, del municipio, del Parque Nacional, de la Corporación Autónoma, de la reserva forestal por parte del Ministerio de Ambiente, y sigue la lista. Miradas que apuntan -desde lo político administrativo, ambiental, conservación, el uso del agua- a diferentes objetivos.

 

Entender la Línea Negra

 

Para las comunidades el único enfoque es la sierra misma, el ‘corazón del mundo’, regido por una Ley de Origen o un conjunto de normas sobre el orden social, cultural y territorial.

Una Ley enmarcada en la llamada Línea Negra que es la zona teológica o frontera invisible que delimita el territorio ancestral  y que comprende 17 municipios y un Distrito en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, con 3 millones de habitantes.

Dentro de la Línea están los sitios ceremoniales o espacios sagrados. “Es donde los mamos, las autoridades y comunidades tenemos que realizar los pagamentos (ofrendas en sitios específicos) dictados por la ley de origen para mantener la vida y el equilibrio. No se pueden privatizar y utilizar para fines personales, vender, comprar o comercializar”, consigna el estudio Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento del Territorio de la Sierra Nevada.

“La Ley de origen establece que todo lo que existe en el mundo material como plantas, animales, agua (mar, ríos, lagunas, nieve), fuego, aire, tierra, cerros, piedras y el hombre, existieron primero en espíritu, eran como personas”. Así, cada uno de estos seres espirituales tiene una función y lugar. De ahí lo imprescindibles que son los sitios ceremoniales donde realizan pagamentos, refiere el estudio sobre Ordenamiento.

La otra ley, la de ‘hermanos menores’ como denominan al resto de colombianos, cita a la Línea Negra, en sentencia T849-14  de la Corte Constitucional, como: “una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.

Explica la Corte que fue georreferenciada, en un primer momento, en la Resolución 02 del 4 de enero de 1973 proferida por el entonces Ministerio de Gobierno y luego, en la Resolución 837 de 1995, emitida por el Ministerio del Interior.

 

La Sierra es Reserva Forestal y de la Biósfera de la UNESCO (1959 y 1979) y la montaña costera más grande del mundo, y representa todos los pisos térmicos y ecosistemas colombianos, desde el nivel del mar hasta los picos, algunos todavía nevados.

Dicho lugar es una ecorregión donde convergen tres tipos de áreas protegidas: la Línea Negra, los Resguardos Indígenas y tres Parques Nacionales Naturales: PNN Sierra Nevada (400 000 hectáreas), PNN Tayrona (12 000 hectáreas) y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (7600 hectáreas).

 

Avalancha de solicitudes

 

La biodiversidad está en riesgo, dicen los indígenas. Luego de un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el último año, constataron que 132 títulos mineros ya están activos en territorio ancestral.

Adicionalmente, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Magdalena informó que con base en la Sentencia T849 de 2014, las comunidades fueron informadas  de la existencia de 395 solicitudes de títulos de minería que debían ser objeto de consulta previa.

“Es toda una agenda con visión extractiva a futuro”, comentó el dirigente indígena Ati Quigua.

Estas solicitudes de títulos mineros para la explotación de calizas, hidrocarburos, níquel, cobre, entre otros minerales, se convirtieron en una avalancha durante 2017. Según Hermes Torres, secretario de la Confederación Arhuaca, se proyectarían a más de 1000 solicitudes.

Para el abogado Rodrigo Negrete, promotor de procesos de consulta previa en varias regiones del país, esas solicitudes mineras no debieron haberse tramitado por tres razones. La primera, “en virtud del principio de precaución las entidades correspondientes debieron suspender todos los trámites asociados a actividades mineras, petroleras de generación eléctrica y otras que vayan en contravía de la vocación de la Sierra”.

La segunda es que la Corte Constitucional en Sentencia C389 de 2016 ordenó que los indígenas son autoridades ambientales que se regulan por sus propias formas de manejo, por esto deberían tomar sus propias decisiones sobre su territorio.

Y la tercera, “los títulos mineros y los contratos petroleros son medidas administrativas que pueden afectar a estos pueblos, por tanto, antes de otorgarlos deberían surtir el proceso de consulta previa y no lo están haciendo. Todo eso debe llevar a que se suspendan los trámites y procesos de licenciamiento ambiental mientras se llega a un consenso con los pueblos. En la mirada del mundo indígena esos proyectos no caben”.

Según la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, se conoce como consulta previa “al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se programe realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta  manera proteger su integridad cultural, social, y económica y garantizar el derecho a la participación”.

 

Mercurio en sitio ceremonial

 

La comunidad denunció ante la Procuraduría y la Corte Constitucional el funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.

En el caso del río San Salvador, está ubicado dentro del cerro sagrado de la fertilidad y la procreación Ukumeizhi, en jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira. Sus aguas desembocan en otro sitio sagrado, Java Jan o Madre Vieja, un banco de mangle junto al mar.

“Los mangles son los ‘úteros de la naturaleza’, porque dan vida: allí los animales desovan, las aves migratorias llegan con las semillas y hacen crecer los bosques para generar el alimento que va al mar y que al cumplir el ciclo es consumido por humanos”, dicen los indígenas.

Para los mamos, acabar con el río San Salvador

es acabar con la madre vieja, y acabar con la madre vieja es acabar con la madre de todos los alimentos.

“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribieron a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

 

Proyectos sin consulta previa

 

El Consejo Territorial de Cabildos (CTC) se quejó ante  la PGN y la Corte Constitucional en agosto pasado  por lo que considera la violación al derecho de consulta previa en diferentes proyectos realizados en años anteriores: “La construcción inconsulta de la primera fase de la Represa Ranchería, Puerto Brisas, el proyecto ecoturístico Los Ciruelos, la ampliación de la Ruta del Sol y la entrega de nuestro territorio a empresas mineras”.

Además de los mencionados, los cuatro pueblos suspendieron el proceso de consulta del proyecto de Línea Férrea y el Puerto Carbonífero MPX-CCX, en Mingueo, La Guajira, al considerar que no había garantías.

Denunciaron que tampoco se realizó consulta en el proyecto Canteras Pavimentos El Dorado y Agregados del Cesar E.U, en el que la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), por Resolución 1646 del 13 de diciembre de 2010, otorgó licencia ambiental global a la empresa Agregados del Cesar E.U para la explotación del yacimiento de materiales de construcción dentro de la Línea Negra.

Esto generó una acción de tutela en noviembre de 2013 debido a que, según la comunidad indígena, el Ministerio del Interior, Corpocesar y las empresas mineras Agregados del Cesar E.U y Pavimentos y Construcciones el Dorado no reconocieron la protección especial y constitucional de los aborígenes.

El Tribunal de Valledupar negó las pretensiones de los indígenas. Y el fallo pasó a revisión en la Corte Constitucional, que en noviembre de 2014 profirió la sentencia T 849/ 2014 y concedió “los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a la diversidad étnica y a la consulta previa de las comunidades étnicas diferenciadas, objeto de especial protección constitucional, que habitan el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Este fallo es hoy un referente normativo para los indígenas.

A raíz de la tutela, la sentencia revocó la mencionada licencia ambiental otorgada por Corpocesar para la explotación de materiales de construcción dentro de la Línea Negra y dio orden al Ministerio del Interior para que agote el procedimiento de consulta previa. En adelante deberá incorporar las solicitudes de certificación de presencia de comunidades indígenas en la Línea Negra, so pena de incurrir en desconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades.

También advirtió a Corpocesar que las certificaciones que señalen la ausencia de comunidades indígenas, para desarrollar proyectos que afecten el territorio dentro de la Línea Negra, no constituyen razón suficiente para otorgar permisos o concesiones.

Este y algunos de los casos arriba mencionados hicieron que el 13 de febrero de 2016 los pueblos suspendieran los procesos de consulta previa por considerar que no existen garantías, hasta lograr un acuerdo con el gobierno. A la fecha son 130 las solicitudes de consulta previa que están  pendientes por realizar.

Mongabay Latam intentó recoger la versión de la empresa Pavimentos y Construcciones El Dorado, sin embargo funcionarios de la misma indicaron que los directivos se encontraban fuera del país. Tampoco se obtuvo respuesta de Corpocesar frente a este caso y a otros interrogantes.

Por su parte la empresa Agregados del Cesar indicó que a la fecha ya se cumplieron los requisitos solicitados, como la consulta previa con los indígenas, y que en este momento aspiran a entregar otros requerimientos a Corpocesar para obtener una nueva licencia.

Para Ati Quigua, tantas consultas aumentan la presión y desbordan la capacidad operativa de las autoridades tradicionales, que ya no tienen vida espiritual y cultural.

“Asumirlas no va a solucionar el problema de la minería, por el contrario es una carga desproporcionada porque no contamos con la gente, los técnicos y el tiempo para hacerlo. Debido a esa avalancha de consultas hemos ocupado nuestro tiempo en asumir asuntos externos derivados del gobierno y privados, lo cual ha afectado la cohesión, autonomía y gobierno propio. Atenderlas, así como hacer relacionamiento político, nos ha dividido internamente y va debilitando nuestra cultura y supervivencia”, expresó el Consejo Territorial de Cabildos, al insistir a la Corte y a la PGN que analicen este punto en especial.

 

‘Sujeto de Especial Protección’

 

El primero de agosto la Procuraduría General de la Nación convocó una audiencia con las cuatro comunidades indígenas y los nueve magistrados de la Corte Constitucional, en Nabusímake.

Fue la primera vez en la historia que la Corte sesionó en pleno fuera de Bogotá. “El diálogo no tiene antecedentes, ayudó mucho a la comprensión, porque ver esto desde Bogotá en un escritorio es muy distinto a verlo en los territorios”, expresó Fernando Carrillo, procurador general, quien se comprometió a proteger las 36 fuentes hídricas que nacen en la Sierra.

Los pueblos reclamaron por autos y sentencias de la Corte que no se han cumplido y les entregaron el Informe que elaboraron sobre afectaciones culturales y ambientales por el modelo de desarrollo minero-extractivista. Un extenso documento que expone su forma de ver el mundo y una a una las problemáticas, sustentadas jurídicamente.

En él inscribieron dos solicitudes específicas. La primera, la declaratoria como Sujeto de Especial Protección a la SNSM, con el fin de que se adopten medidas para la conservación del ecosistema y paren las acciones que lo están destruyendo. Una medida similar a la Sentencia T622 de 2016 que la Corte Constitucional profirió para declarar al río Atrato como Sujeto de derecho con efectos de protección, conservación y restauración.

La segunda es la construcción de una Política Pública para garantizar la protección cultural y ambiental de la SNSM que realice un ordenamiento desde la visión ancestral y ambiental. Para este punto hacen dos propuestas: replantear el modelo de desarrollo para la Sierra, fijar garantías para las consultas previas con el fin de que se exija el ‘consentimiento’ y no sea un mero requisito.  También realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para la Línea Negra y de impactos ambientales y culturales, acumulativos del pasado, así como los que se pueden causar por proyectos en el futuro.

 

¿En qué va la Procuraduría?

 

La entidad creó un grupo interno de acompañamiento y respuesta para atender el caso (Delegadas Ambientales, Étnica, Entidades Territoriales, Restitución y Agraria), en el Caribe y Bogotá.

En reporte a Mongabay Latam y Red Prensa Verde, la PGN informó que ya se hizo una primera intervención judicial por parte de la Procuraduría Ambiental del Magdalena al solicitar que “de acuerdo a la Sentencia T622 de 2016 se tenga el territorio de la Sierra, incluso más allá de lo comprendido al interior de la Línea negra como Sujeto de derecho, multicultural y necesario no solo para los pueblos indígenas que lo habitan sino para los pobladores de los tres departamentos… que dependen en su totalidad del recursos hídricos que dicha estrella fluvial provee, vital para las actividades económicas, la supervivencia de la especie humana, la fauna y la flora”.  

Consultado sobre la solicitud de las comunidades para que la Sierra sea declarada como Sujeto de derechos, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, explicó que existe un sinnúmero de acciones constitucionales que han intentado defender los ecosistemas de la Sierra, pero han sido insuficientes. “Eso me obligaría a trasladarme a lo que pasó con el río Atrato, en el que a pesar de muchas decisiones trataron de descontaminar la cuenca y todos sus afluentes pero no tuvieron el impacto esperado”.

Recordó que dicha situación generó en su momento que la Corte Constitucional en una decisión histórica, el 22 de noviembre de 2016, declarara el río Atrato y todos sus afluentes como Sujeto de derechos.  Mencionó que las comunidades anidadas en la Sierra requieren una decisión similar para que haya un orden estructural en el nivel central y local en la recuperación real del ecosistema.

“Ya hay una intervención judicial, como se mencionó, pero no se ha elevado a la Corte Constitucional, cuando llegue a esa instancia y después de revisar el informe entregado por los indígenas se decidirá en qué sentido vamos a intervenir”, dijo el Procurador.

La PGN adelanta el levantamiento de información con 22 autoridades del área y busca recursos de cooperación para desarrollar la línea base ambiental del diagnóstico de la SNSM, monitoreo y seguimiento de títulos y licencias mineras.

Recientemente requirió a la Presidencia de la República sobre el estado de construcción del Decreto de Línea Negra, según lo ordenado por el Auto 189 de 2013 de la Corte Constitucional, en el que se insta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que inicie de inmediato, la revisión de las resoluciones y normas para redefinir o actualizar la Línea Negra.

 

En espera del acuerdo 

 

La ilusión de los cuatro pueblos, dicen los voceros indígenas, está ahora en el cumplimiento del acuerdo.

“Siempre hemos confiado en la buena fe y el gobierno nos ha incumplido. Veíamos remoto tomar una acción de estas, pero el gobierno funciona con presión y nos movilizamos. Costó mucho llegar a este punto, ahora esperemos que se materialice ese instrumento jurídico, pero eso ya no depende de nosotros. Nuestra lucha no es por los cuatro pueblos indígenas, es por la humanidad”, afirmó Hermes Torres, secretario General de la Confederación Indígena Arhuaca el domingo 26, una vez que firmó el acuerdo con el Ministerio del Interior.

El dirigente manifestó el que Ministerio de Ambiente ofreció declarar 585 000 hectáreas más de ampliación del parque. “Es un proceso que se lleva independiente y no está en el marco del acuerdo, lo dejamos a voluntad”.

Saday Rosado, piensa que este es un momento crucial. “Sentimos tristeza porque el gobierno de ‘Yugayinna’ no le cumplió las promesas a una cultura viva que no está en libros o museos. Ahora esperamos que no nos falle”.

Para los arhuacos, ‘Yugayinna’ es la máxima autoridad del país, el presidente Juan Manuel Santos, quien previo a su posesión, el 7 de agosto de 2010, subió a la Sierra y recibió la protección de los mamos como símbolo de su compromiso para cuidar la naturaleza.

Tito Rodríguez, el jefe del parque nacional SNSN, no pierde la esperanza. “Yo soy muy positivo, pero esa es la radiografía. Creo que la Sierra presenta una ventaja muy importante y es que está resguardada por cuatro pueblos indígenas muy fuertes. Tienen muchísimos problemas y debilidades, pero su convicción de conservación y protección es poderosa, y esa es la esperanza que nos permite soñar”.

 

Foto Superior: ©Resguardo Kankuamo.

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