diciembre 2017

diciembre 2017
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Impacto

Cuatro pueblos luchan para que la minería no cruce la Línea Negra

MongabayLatam Publicado el 11.12.2017

Autores: Olga Cecilia Guerrero, Samuel López

Esta vez las autoridades de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) decidieron intentar una nueva forma de lucha para conservar el territorio ancestral.

Agotados por tantos trámites sin resultados en la última década, unos 2.000 hombres y mujeres arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo bajaron el primero de noviembre desde los cuatro puntos cardinales del macizo y se agruparon en Valledupar, capital del departamento del Cesar, para protestar a través de una minga.

“Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, exclamó la economista del pueblo arhuaco Saday Rosado.

Pedían solucionar el incumplimiento de fallos y sentencias de las altas cortes en 2009, 2010, 2014, 2016 para la salvaguardia de los grupos étnicos que sufren el desplazamiento forzado; la protección general de la Sierra y la ampliación de los resguardos.

El tema más álgido, y en el que se centró toda su energía, fue la petición de eliminar el licenciamiento minero en el territorio ancestral y la búsqueda de una herramienta jurídica que garantice que la Sierra estará libre de esta actividad a perpetuidad.

“Los Mamos dicen que los daños son tan grandes que si no logramos sacar este punto adelante ya no tendremos nada más que conversar”, aseguró a Mongabay Latam Gelver Zapata, líder arhuaco.

Después de varios días de manifestación, de proclamas virtuales, desencuentros con el gobierno, de mucha insistencia y de conocer los gases lacrimógenos, el 25 de noviembre una Mesa de Alto Nivel conformada por la Confederación Indígena Tayrona y los ministerios de Interior, Ambiente, Minas, Agricultura y las agencias del Estado se llegó a un acuerdo.

Las partes buscarán una figura jurídica, antes de finalizar el año, que proteja el territorio de megaproyectos, minería e hidrocarburos. Los garantes son la OEA, ONU, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Si no se da el acuerdo, los indígenas anunciaron que volverá una minga más grande.

¿Qué pasa en la Sierra?

“Una buena parte del origen de las afectaciones en la Sierra Nevada es el desorden por una intervención institucional desarticulada, acompañada de los múltiples intereses que hay desde afuera. Esto genera en una vulneración y afectación muy fuerte sobre el ejercicio de la autonomía y el gobierno de los cuatro pueblos indígenas”, expresó a Mongabay Latam Tito Rodríguez, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).

Comentó que “todos los antecedentes históricos que ha tenido el macizo, llámese los diferentes momentos de conflicto armado, marihuana, coca, guerrilla y paramilitares, han generado en desorden y eso se traduce en lo que tenemos actualmente: un conflicto territorial”.

Un ejemplo claro -explica- es que muchas tierras que eran de los indígenas ya están ocupadas por población no nativa, además ahora se quiere generar una gran zona de cadenas productivas. Para el funcionario, los principales impactos ambientales que existen hoy en la Sierra son los megaproyectos, la minería y el turismo.

“La Sierra no da para eso y esa mirada que se hace desde fuera del territorio está en contravía de la visión de ordenamiento que tienen los pueblos, por eso la minga. Para nosotros desde el gobierno vemos y tenemos a la Sierra fragmentada, cada uno tiene su jurisdicción y para los indígenas es un solo territorio, eso es lo que más complica la situación, tener múltiples visiones sobre un lugar que es unificado para ellos”, relató Tito Rodríguez.

Entonces hay miradas distintas del departamento, del municipio, del Parque Nacional, de la Corporación Autónoma, de la reserva forestal por parte del Ministerio de Ambiente, y sigue la lista. Miradas que apuntan -desde lo político administrativo, ambiental, conservación, el uso del agua- a diferentes objetivos.

Entender la Línea Negra

Para las comunidades el único enfoque es la sierra misma, el ‘corazón del mundo’, regido por una Ley de Origen o un conjunto de normas sobre el orden social, cultural y territorial.

Una Ley enmarcada en la llamada Línea Negra que es la zona teológica o frontera invisible que delimita el territorio ancestral y que comprende 17 municipios y un Distrito en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, con 3 millones de habitantes.

Dentro de la Línea están los sitios ceremoniales o espacios sagrados. “Es donde los mamos, las autoridades y comunidades tenemos que realizar los pagamentos (ofrendas en sitios específicos) dictados por la ley de origen para mantener la vida y el equilibrio. No se pueden privatizar y utilizar para fines personales, vender, comprar o comercializar”, consigna el estudio Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento del Territorio de la Sierra Nevada.

“La Ley de origen establece que todo lo que existe en el mundo material como plantas, animales, agua (mar, ríos, lagunas, nieve), fuego, aire, tierra, cerros, piedras y el hombre, existieron primero en espíritu, eran como personas”. Así, cada uno de estos seres espirituales tiene una función y lugar. De ahí lo imprescindibles que son los sitios ceremoniales donde realizan pagamentos, refiere el estudio sobre Ordenamiento.

La otra ley, la de ‘hermanos menores’ como denominan al resto de colombianos, cita a la Línea Negra, en sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, como: “una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.

Explica la Corte que fue georreferenciada, en un primer momento, en la Resolución 02 del 4 de enero de 1973 proferida por el entonces Ministerio de Gobierno y luego, en la Resolución 837 de 1995, emitida por el Ministerio del Interior.

La Sierra es Reserva Forestal y de la Biósfera de la UNESCO (1959 y 1979) y la montaña costera más grande del mundo, y representa todos los pisos térmicos y ecosistemas colombianos, desde el nivel del mar hasta los picos, algunos todavía nevados.

Dicho lugar es una ecorregión donde convergen tres tipos de áreas protegidas: la Línea Negra, los Resguardos Indígenas y tres Parques Nacionales Naturales: PNN Sierra Nevada (400 000 hectáreas), PNN Tayrona (12 000 hectáreas) y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (7600 hectáreas).

Fuente: Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Avalancha de solicitudes

La biodiversidad está en riesgo, dicen los indígenas. Luego de un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el último año, constataron que 132 títulos mineros ya están activos en territorio ancestral.

Adicionalmente, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Magdalena informó que con base en la Sentencia T849 de 2014, las comunidades fueron informadas de la existencia de 395 solicitudes de títulos de minería que debían ser objeto de consulta previa.

“Es toda una agenda con visión extractiva a futuro”, comentó el dirigente indígena Ati Quigua.

Estas solicitudes de títulos mineros para la explotación de calizas, hidrocarburos, níquel, cobre, entre otros minerales, se convirtieron en una avalancha durante 2017. Según Hermes Torres, secretario de la Confederación Arhuaca, se proyectarían a más de 1000 solicitudes.

Para el abogado Rodrigo Negrete, promotor de procesos de consulta previa en varias regiones del país, esas solicitudes mineras no debieron haberse tramitado por tres razones. La primera, “en virtud del principio de precaución las entidades correspondientes debieron suspender todos los trámites asociados a actividades mineras, petroleras de generación eléctrica y otras que vayan en contravía de la vocación de la Sierra”.

La segunda es que la Corte Constitucional en Sentencia C389 de 2016 ordenó que los indígenas son autoridades ambientales que se regulan por sus propias formas de manejo, por esto deberían tomar sus propias decisiones sobre su territorio.

Y la tercera, “los títulos mineros y los contratos petroleros son medidas administrativas que pueden afectar a estos pueblos, por tanto, antes de otorgarlos deberían surtir el proceso de consulta previa y no lo están haciendo. Todo eso debe llevar a que se suspendan los trámites y procesos de licenciamiento ambiental mientras se llega a un consenso con los pueblos. En la mirada del mundo indígena esos proyectos no caben”.

Fuente: Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada

Según la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, se conoce como consulta previa “al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se programe realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social, y económica y garantizar el derecho a la participación”.

Mercurio en sitio ceremonial

La comunidad denunció ante la Procuraduría y la Corte Constitucional el funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.

En el caso del río San Salvador, está ubicado dentro del cerro sagrado de la fertilidad y la procreación Ukumeizhi, en jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira. Sus aguas desembocan en otro sitio sagrado, Java Jan o Madre Vieja, un banco de mangle junto al mar.

“Los mangles son los ‘úteros de la naturaleza’, porque dan vida: allí los animales desovan, las aves migratorias llegan con las semillas y hacen crecer los bosques para generar el alimento que va al mar y que al cumplir el ciclo es consumido por humanos”, dicen los indígenas.

Para los mamos, acabar con el río San Salvador

El acuerdo entre indígenas y gobierno firmado el 25 de noviembre, da 30 días para que las partes busquen una figura jurídica que impida el desarrollo de proyectos mineros en la Sierra. Foto de Saday Rosado

es acabar con la madre vieja, y acabar con la madre vieja es acabar con la madre de todos los alimentos.

“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribieron a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Proyectos sin consulta previa

El Consejo Territorial de Cabildos (CTC) se quejó ante la PGN y la Corte Constitucional en agosto pasado por lo que considera la violación al derecho de consulta previa en diferentes proyectos realizados en años anteriores: “La construcción inconsulta de la primera fase de la Represa Ranchería, Puerto Brisas, el proyecto ecoturístico Los Ciruelos, la ampliación de la Ruta del Sol y la entrega de nuestro territorio a empresas mineras”.

Además de los mencionados, los cuatro pueblos suspendieron el proceso de consulta del proyecto de Línea Férrea y el Puerto Carbonífero MPX-CCX, en Mingueo, La Guajira, al considerar que no había garantías.

Denunciaron que tampoco se realizó consulta en el proyecto Canteras Pavimentos El Dorado y Agregados del Cesar E.U, en el que la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), por Resolución 1646 del 13 de diciembre de 2010, otorgó licencia ambiental global a la empresa Agregados del Cesar E.U para la explotación del yacimiento de materiales de construcción dentro de la Línea Negra.

Esto generó una acción de tutela en noviembre de 2013 debido a que, según la comunidad indígena, el Ministerio del Interior, Corpocesar y las empresas mineras Agregados del Cesar E.U y Pavimentos y Construcciones el Dorado no reconocieron la protección especial y constitucional de los aborígenes.

El Tribunal de Valledupar negó las pretensiones de los indígenas. Y el fallo pasó a revisión en la Corte Constitucional, que en noviembre de 2014 profirió la sentencia T 849/ 2014 y concedió “los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a la diversidad étnica y a la consulta previa de las comunidades étnicas diferenciadas, objeto de especial protección constitucional, que habitan el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Este fallo es hoy un referente normativo para los indígenas.

A raíz de la tutela, la sentencia revocó la mencionada licencia ambiental otorgada por Corpocesar para la explotación de materiales de construcción dentro de la Línea Negra y dio orden al Ministerio del Interior para que agote el procedimiento de consulta previa. En adelante deberá incorporar las solicitudes de certificación de presencia de comunidades indígenas en la Línea Negra, so pena de incurrir en desconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades.

También advirtió a Corpocesar que las certificaciones que señalen la ausencia de comunidades indígenas, para desarrollar proyectos que afecten el territorio dentro de la Línea Negra, no constituyen razón suficiente para otorgar permisos o concesiones.

Este y algunos de los casos arriba mencionados hicieron que el 13 de febrero de 2016 los pueblos suspendieran los procesos de consulta previa por considerar que no existen garantías, hasta lograr un acuerdo con el gobierno. A la fecha son 130 las solicitudes de consulta previa que están pendientes por realizar.

Mongabay Latam intentó recoger la versión de la empresa Pavimentos y Construcciones El Dorado, sin embargo funcionarios de la misma indicaron que los directivos se encontraban fuera del país. Tampoco se obtuvo respuesta de Corpocesar frente a este caso y a otros interrogantes.

Por su parte la empresa Agregados del Cesar indicó que a la fecha ya se cumplieron los requisitos solicitados, como la consulta previa con los indígenas, y que en este momento aspiran a entregar otros requerimientos a Corpocesar para obtener una nueva licencia.

Para Ati Quigua, tantas consultas aumentan la presión y desbordan la capacidad operativa de las autoridades tradicionales, que ya no tienen vida espiritual y cultural.

“Asumirlas no va a solucionar el problema de la minería, por el contrario es una carga desproporcionada porque no contamos con la gente, los técnicos y el tiempo para hacerlo. Debido a esa avalancha de consultas hemos ocupado nuestro tiempo en asumir asuntos externos derivados del gobierno y privados, lo cual ha afectado la cohesión, autonomía y gobierno propio. Atenderlas, así como hacer relacionamiento político, nos ha dividido internamente y va debilitando nuestra cultura y supervivencia”, expresó el Consejo Territorial de Cabildos, al insistir a la Corte y a la PGN que analicen este punto en especial.

‘Sujeto de Especial Protección’

El primero de agosto la Procuraduría General de la Nación convocó una audiencia con las cuatro comunidades indígenas y los nueve magistrados de la Corte Constitucional, en Nabusímake.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y los miembros de la Corte Constitucional en visita a Nabusímake, en agosto pasado, recibieron la solicitud de declarar la sierra como Sujeto de Especial Protección. Foto PGN

Fue la primera vez en la historia que la Corte sesionó en pleno fuera de Bogotá. “El diálogo no tiene antecedentes, ayudó mucho a la comprensión, porque ver esto desde Bogotá en un escritorio es muy distinto a verlo en los territorios”, expresó Fernando Carrillo, procurador general, quien se comprometió a proteger las 36 fuentes hídricas que nacen en la Sierra.

Los pueblos reclamaron por autos y sentencias de la Corte que no se han cumplido y les entregaron el Informe que elaboraron sobre afectaciones culturales y ambientales por el modelo de desarrollo minero-extractivista. Un extenso documento que expone su forma de ver el mundo y una a una las problemáticas, sustentadas jurídicamente.

En él inscribieron dos solicitudes específicas. La primera, la declaratoria como Sujeto de Especial Protección a la SNSM, con el fin de que se adopten medidas para la conservación del ecosistema y paren las acciones que lo están destruyendo. Una medida similar a la Sentencia T622 de 2016 que la Corte Constitucional profirió para declarar al río Atrato como Sujeto de derecho con efectos de protección, conservación y restauración.

La segunda es la construcción de una Política Pública para garantizar la protección cultural y ambiental de la SNSM que realice un ordenamiento desde la visión ancestral y ambiental. Para este punto hacen dos propuestas: replantear el modelo de desarrollo para la Sierra, fijar garantías para las consultas previas con el fin de que se exija el ‘consentimiento’ y no sea un mero requisito. También realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para la Línea Negra y de impactos ambientales y culturales, acumulativos del pasado, así como los que se pueden causar por proyectos en el futuro.

¿En qué va la Procuraduría?

La entidad creó un grupo interno de acompañamiento y respuesta para atender el caso (Delegadas Ambientales, Étnica, Entidades Territoriales, Restitución y Agraria), en el Caribe y Bogotá.

En reporte a Mongabay Latam y Red Prensa Verde, la PGN informó que ya se hizo una primera intervención judicial por parte de la Procuraduría Ambiental del Magdalena al solicitar que “de acuerdo a la Sentencia T622 de 2016 se tenga el territorio de la Sierra, incluso más allá de lo comprendido al interior de la Línea negra como Sujeto de derecho, multicultural y necesario no solo para los pueblos indígenas que lo habitan sino para los pobladores de los tres departamentos… que dependen en su totalidad del recursos hídricos que dicha estrella fluvial provee, vital para las actividades económicas, la supervivencia de la especie humana, la fauna y la flora”.

Consultado sobre la solicitud de las comunidades para que la Sierra sea declarada como Sujeto de derechos, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, explicó que existe un sinnúmero de acciones constitucionales que han intentado defender los ecosistemas de la Sierra, pero han sido insuficientes. “Eso me obligaría a trasladarme a lo que pasó con el río Atrato, en el que a pesar de muchas decisiones trataron de descontaminar la cuenca y todos sus afluentes pero no tuvieron el impacto esperado”.

Recordó que dicha situación generó en su momento que la Corte Constitucional en una decisión histórica, el 22 de noviembre de 2016, declarara el río Atrato y todos sus afluentes como Sujeto de derechos. Mencionó que las comunidades anidadas en la Sierra requieren una decisión similar para que haya un orden estructural en el nivel central y local en la recuperación real del ecosistema.

“Ya hay una intervención judicial, como se mencionó, pero no se ha elevado a la Corte Constitucional, cuando llegue a esa instancia y después de revisar el informe entregado por los indígenas se decidirá en qué sentido vamos a intervenir”, dijo el Procurador.

La PGN adelanta el levantamiento de información con 22 autoridades del área y busca recursos de cooperación para desarrollar la línea base ambiental del diagnóstico de la SNSM, monitoreo y seguimiento de títulos y licencias mineras.

Recientemente requirió a la Presidencia de la República sobre el estado de construcción del Decreto de Línea Negra, según lo ordenado por el Auto 189 de 2013 de la Corte Constitucional, en el que se insta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que inicie de inmediato, la revisión de las resoluciones y normas para redefinir o actualizar la Línea Negra.

Foto: Saday Rosado

En espera del acuerdo

La ilusión de los cuatro pueblos, dicen los voceros indígenas, está ahora en el cumplimiento del acuerdo.

“Siempre hemos confiado en la buena fe y el gobierno nos ha incumplido. Veíamos remoto tomar una acción de estas, pero el gobierno funciona con presión y nos movilizamos. Costó mucho llegar a este punto, ahora esperemos que se materialice ese instrumento jurídico, pero eso ya no depende de nosotros. Nuestra lucha no es por los cuatro pueblos indígenas, es por la humanidad”, afirmó Hermes Torres, secretario General de la Confederación Indígena Arhuaca el domingo 26, una vez que firmó el acuerdo con el Ministerio del Interior.

El dirigente manifestó el que Ministerio de Ambiente ofreció declarar 585 000 hectáreas más de ampliación del parque. “Es un proceso que se lleva independiente y no está en el marco del acuerdo, lo dejamos a voluntad”.

Saday Rosado, piensa que este es un momento crucial. “Sentimos tristeza porque el gobierno de ‘Yugayinna’ no le cumplió las promesas a una cultura viva que no está en libros o museos. Ahora esperamos que no nos falle”.

Para los arhuacos, ‘Yugayinna’ es la máxima autoridad del país, el presidente Juan Manuel Santos, quien previo a su posesión, el 7 de agosto de 2010, subió a la Sierra y recibió la protección de los mamos como símbolo de su compromiso para cuidar la naturaleza.

Tito Rodríguez, el jefe del parque nacional SNSN, no pierde la esperanza. “Yo soy muy positivo, pero esa es la radiografía. Creo que la Sierra presenta una ventaja muy importante y es que está resguardada por cuatro pueblos indígenas muy fuertes. Tienen muchísimos problemas y debilidades, pero su convicción de conservación y protección es poderosa, y esa es la esperanza que nos permite soñar”.

Foto Superior: ©Resguardo Kankuamo.

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE

Seguir leyendo

2.6K Vistas

En el terreno por el que vamos caminando, hace unos meses había ejemplares de Rosul (Dalbergia Retusa), un árbol protegido en Guatemala. También había especies maderables como el cedro, el canchán, el palo de San Juan y palo Santa María. Había pericos y monos. Así lo asegura *Alfonso, un líder comunitario y autoridad ancestral maya de la aldea Ranchón Carolina, en Chisec, al noreste de Guatemala.

Bajo una fina lluvia, este poblador nos guía por la última parcela que se resiste al avance del cultivo de palma africana. Se trata de dos manzanas de un terreno comunal que conservaba bosque en pie hasta febrero de 2017, después de esa fecha casi la totalidad del área fue arrasada. Sin embargo, hace tres meses, el 25 agosto de 2017, 75 comunitarios ocuparon estas dos manzanas de bosque para impedir que fueran sembradas con palma.

—La palma ahí está, ¿ve? —muestra Alfonso, apuntando con el brazo derecho un terreno.

—Allá está, mire, verde, verde. Esto lo quieren poner también aquí. Eso es palma —explica este líder comunitario.

Nos encontramos en el municipio de Chisec, al norte del departamento de Alta Verapaz, un área de bosque tropical lluvioso fronterizo con el departamento de Petén. Chisec es uno de los cinco municipios que conforman la Franja Transversal del Norte, un área selvática y apenas habitada hasta los años 70, cuando comenzó a colonizarse. Actualmente, aunque con la cobertura boscosa ya muy mermada, constituye un corredor que conduce hacia la Reserva Biológica San Román y la Reserva de Vida Silvestre Petexbatún, parques nacionales que llevan a la Reserva de la Biósfera Maya.

Sin embargo, esta zona no ha logrado salvarse del avance del cultivo de palma africana en Guatemala. Después de Sayaxché, en Petén, los municipios que conforman la Franja Transversal del Norte, son los que mayor pérdida de árboles nativos reportan por el ingreso de la palma.

La zona que más pérdida de bosque ha sufrido se encuentra entre los municipios de Raxruhá y Chisec, en un valle ubicado al sur de la sierra de Chinajá. Estos terrenos, ocupados por diferentes comunidades maya q’eqchi, comenzaron a comprarse a partir de 2011 para expandir la palma africana por toda la llanura. Al día de hoy se encuentran acaparados, casi en su totalidad, por este monocultivo.

La palmicultora que opera en el área se llama Industrias Chiquibul, que según información proporcionada por la propia empresa, comenzó a acaparar parcelas en esta área a partir de 2011. Según la revista guatemalteca El Observador, esta compañía le pertenece a Suhel Abel Turjuman Miguel, presidente del Banco Inmobiliario y de la empresa de fertilizantes Mayafer.

Los bosques perdidos

Aunque Industrias Chiquibul niega que se haya deforestado esta área para introducir palma africana, argumentando que eran terrenos que ya no tenían árboles cuando fueron adquiridos, las imágenes satelitales muestran cómo los remanentes de bosque han ido desapareciendo desde la entrada de este monocultivo.

En base a un análisis realizado por el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad San Carlos y tomando como base dos imágenes satelitales, una de 2006 y otra de 2017, se ha podido establecer que de los 1670 kilómetros cuadrados de bosques nativos que existían —en parte de Chisec, Raxruhá y Sayaxché— se perdieron 164 kilómetros cuadrados. Y estos han sido reemplazados, casi en su totalidad, por monocultivos de palma africana. Hablamos de un espacio comparable con 64 campos de fútbol.

Pero el área de palma africana cultivada en esta extensión alcanza, en realidad, los 225 kilómetros cuadrados, si tomamos en cuenta que un porcentaje de las tierras ya habían sido transformadas años atrás por la actividad ganadera. El análisis que hizo el CECON, sobre el cambio de uso de suelo entre el 2006 y 2017, muestra entonces que 225 kilómetros cuadrados han sido ocupados por palma y añade a sus hallazgos 154 kilómetros cuadrados más que son tierras ya despejadas y listas para cultivar.

La pérdida se ha registrado, sobre todo, en una llanura ubicada bajo la Sierra de Chinajá, que alberga las aldeas de Xuctzul, Setzaj, Candelaria, las Mercedes y Caoba. Estas se encuentran hoy ocupadas, casi en su totalidad, por plantaciones de palma, tal como puede verse en las imágenes satelitales y comprobarse visitando el área.

Otras comunidades cercanas, como Santa Rosa, Ranchón Carolina y Vista Hermosa, están desde 2016 en conflicto con Industrias Chiquibul porque se oponen a la tala de árboles en las tierras que ya han sido vendidas. Hay otras aldeas como la de Canaan que, a pesar de haberse opuesto a la palma en un inicio, finalmente optaron por firmar acuerdos de venta de sus tierras con intermediarios de la palmera.

El problema de la falta de datos

Según informó a Mongabay Latam Pedro Silvestre, coordinador técnico del Instituto Nacional de Bosques de Alta Verapaz, un 60 % del terreno ocupado actualmente por Industrias Chiquibul en el área de Chisec y Raxruhá, ya había sido convertido por la actividad ganadera antes del 2011, y un 40 % sí estaba ocupado por bosques y cultivos. “Yo considero que entre un 40 o un 50 % de la extensión de esos municipios de la Franja Transversal del Norte —Chisec, Raxruhá, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas—, ya está abarcada por la palma”, señaló Silvestre.

El total de hectáreas ocupadas por palma africana en Guatemala no se encuentra cuantificado desde el año 2012, cuando se publicó el último mapa de cobertura forestal. Según información del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), en aquel momento 111 000 hectáreas de la superficie del país estaban ocupadas por plantaciones de este monocultivo. Una superficie que se ha multiplicado por cinco desde 2001.

En base al perfil ambiental de Guatemala 2010-2012, realizado por la Universidad Rafael Landívar, en ese momento, de las 93 513 hectáreas destinadas en el país para sembrar palma, un 25 % de esta extensión se habría deforestado desde el 2001 y un 65 % eran tierras que habían perdido superficie boscosa antes de 1991.

Sin embargo, estos mapas, debido a su antigüedad, impiden comprobar el avance de la palma africana y la consiguiente tala de bosque en la Franja Transversal del Norte. Industrias Chiquibul informó a Mongabay Latam que la cantidad de hectáreas adquiridas es un dato confidencial. Por lo tanto, la única información con la que se puede contar por el momento, es la brindada por los propios comunitarios.

Según los líderes de estas comunidades, en Ranchón Carolina la empresa Chiquibul compró un total de 40 manzanas (27.6 hectáreas) de terreno comunal, en Vista Hermosa fueron 135 hectáreas. En el caso del caserío Setzaj fueron 99 caballerías comunales (4470 hectáreas). Y las comunidades Mercedes vendieron 12 caballerías.

Los comunitarios sostienen, además, y puede corroborarse en el Registro Catastral, que esas parcelas no se compraron a nombre de la empresa y que esta no figura como propietaria de ningún terreno en Chisec o Raxruhá. Lo que ocurrió, señalan, es que esas tierras fueron adquiridas por terceras personas y que luego Industria Chiquibul se encargó de trabajarlas, y de contratar al personal que labora en el área.

Un árbol protegido en peligro

El rosul es una de las especies nativas más afectadas. El técnico del Instituto Nacional de Bosques de Alta Verapaz, Pedro Silvestre, informó en una entrevista con Mongabay Latam que en la zona invadida por la palma existen varias reservas naturales y “es un corredor biológico natural, un área de transición de varias especies de animales, y también de plantas”. “El daño ambiental es alto. Esta zona está llena de Rosul, que es una especie protegida. Y la cobertura forestal que se pierde no se recupera, es un daño irremediable”, explicó.

Otras de las especies de árboles que caracterizan al área intervenida por los cultivos de palma son el canchán, (Terminalia Amazonia), el chichipate (Sweetia, Panamensis) zapote (pouteria sapota), zapotón (Pachira Acuática) y el chico zapote, de donde se extraía la resina de chicle natural. También existen especies protegidas como el cola de coche, (Santofilum), el palo de San Juan, (Vochysia Guatemalensis) o el palo bálsamo (Liquidambar Barbata).

Según información proporcionada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la presión de las plantaciones de palma africana, y sus extractoras, en las zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas del Sur de Petén (APSP), ha provocado la fragmentación de los ecosistemas de estas áreas. El documento enviado por CONAP a Mongabay Latam también menciona “la pérdida de cobertura boscosa por talas ilegales, desplazamiento de diferentes grupos de animales, como aves y mamíferos por pérdida de hábitat (…), y las zonas núcleo que empiezan a desconectarse, viéndose afectado el flujo de las especies y el flujo genético de las mismas, dando como resultado la pérdida de diversidad biológica en la zona”.

Denuncias contra la palmera

Según el Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala, Industrias Chiquibul no cuenta con licencia de tala para deforestar. Pedro Silvestre dijo a Mongabay Latam que, de las cinco palmeras que operan en el área, solo una ha solicitado una licencia de tala, y que el resto de pérdida de cobertura boscosa se ha producido de manera ilegal. Silvestre indicó que una de las formas que tienen las empresas palmeras de operar es pedir a los propietarios que talen los árboles antes de vender el terreno, para así no poder ser acusadas de tala ilegal.

INAB denunció en 2013 a industrias Chiquibul por haber deforestado 84 hectáreas en la aldea Xuctzul, ubicada bajo la Sierra de Chinajá. Esta demanda, sin embargo, nunca avanzó en el Ministerio Público.

El técnico de INAB confirmó, además, que las industrias palmeras continúan comprando tierras para avanzar con la siembra de este monocultivo. “Tenemos algunas fincas con remanente de bosque que la palma ya tiene bordeadas. El propietario de estas fincas no se puede deshacer de ellas, porque adquirieron un compromiso ante el INAB: un incentivo forestal, o un compromiso para un aprovechamiento. Pero hemos visto que presionan cada vez más, año tras año, para tener más área”.

Industrias Chiquibul ha sido denunciada también por no contar con la licencia de operaciones que debe otorgar la municipalidad de Chisec. “La licencia de construcción de la planta de procesamiento (de palma) la pidieron cuando ya habían construido. La municipalidad no la ha otorgado, pero igual siguen operando”, indicó un concejal, que tampoco quiso identificarse “por seguridad”. “Cuando entraron (Industrias Chiquibul), los compradores eran intermediarios, y nunca dieron a conocer que eran de la palmera. La gente vendió porque pensaban que era para sembrar sandía, papaya, para poner potreros”, explicó.

El 17 marzo de 2017, industria Chiquibul fue acusada también de la muerte de peces en el río San Román, cerca de la aldea Tierra Blanca, donde la empresa tiene construida su planta de procesamiento. En aquel momento, el Ministerio Público sindicó como responsable a esta empresa palmera, aunque más tarde fue desligada de la denuncia por no haber encontrado pesticidas en el río.

Resistencia maya para frenar la palma

Mientras tanto, los comunitarios que no han vendido sus tierras, las autoridades ancestrales y los miembros de los consejos de desarrollo de algunas de estas aldeas, se han constituido como un grupo de resistencia frente al avance de las plantaciones de palma. Este busca, a través de diferentes cauces, frenar los cultivos de palma africana y sus efectos en sus comunidades.

“En 2015 nosotros hicimos la denuncia, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio Público, en la Procuraduría de Derechos Humanos, para que no ingrese la empresa a botar árboles. Pero en 2016 cooptaron al Consejo de Desarrollo, por eso entraron. Todo 2016 estuvieron botando (bosque). La ley dice que tienen que dejar los árboles a la orilla del río pero todos estos los talaron”, explicó *Tomás, autoridad ancestral maya de la aldea Vista Hermosa, quien nos pide mantener en reserva su nombre por seguridad, mientras muestra otra parcela talada hace dos meses. “Casi todo lo han botado este año. En total 6 caballerías (270 hectáreas). Estamos en una lucha. Cuesta, hay amenazas y denuncias en contra de nosotros y las instituciones no responden”, añadió.

Tomás contó que actualmente participan en una mesa de diálogo integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y varias organizaciones que defienden a las comunidades, para solucionar varios problemas ambientales en Alta Verapaz, entre ellos la tala de árboles o la muerte de peces provocados por la palma africana, según los vecinos de estas aldeas. Sin embargo, explicó el líder de Vista Hermosa, hasta el momento no ha habido ningún avance. “Laurel (…) todo botado, palo Cuxil, palo Rosul, Jocote Frai, palo Madre Cacao”, enumera así las especies nativas que se han perdido.

Al igual que la aldea Vista Hermosa, las diferentes comunidades ubicadas bajo la Sierra Chinajá han presentado desde 2012 diferentes denuncias ante el Ministerio Público. Ranchón Carolina interpuso una demanda por la tala de 60 árboles de caoba, mientras que la aldea San Francisco Las Mercedes denunció a Industrias Chiquibul por inconformidades con el traspaso de tierras, además de señalar la contaminación de los ríos y la muerte de los peces en el arroyo San Román.

A este escenario se suman varios conflictos territoriales vinculados a esta empresa. La Secretaria de Asuntos Agrarios, según la misma institución, reporta un conflicto de tierras en la aldea Muqb’ilha II con Industrias Chiquibul (caso de disputa de derechos 702) y otro en la comunidad Casta La Linterna II (caso 803).

Una de las aldeas que más hectáreas ha perdido ha sido Sechaj, cuyo terreno comunal, de 99 caballerías (4470 hectáreas), actualmente se encuentra lleno de cultivos de palma africana. En el camino hacia la cooperativa Sechaj, pueden verse hectáreas recién cultivadas de palma y camionetas trasladando a trabajadores de Industrias Chiquibul, que acuden a recibir su pago quincenal. De pie, en un mirador que da a las montañas, un hombre contempla una inmensa llanura llena de este monocultivo.

Este hombre, de unos 60 años, quien tampoco quiere identificarse, le contó a Mongabay Latam que esa era tierra de la comunidad maya q’eqchi, cuyo título de propiedad consiguieron en 1978. En 2005 parcelaron el terreno y comenzaron a venderlo a los ganaderos, sin imaginar que acabaría repleto de ese cultivo extensivo. De 131 dueños de la tierra, el 90 % optó por vender sus parcelas. Este indica que ese terreno nunca fue fértil. “La tierra era muy pobre, muy navajuela. Todo era montaña. Aquí estaba lleno de palo chico (zapote)”.

Al lado de Sechaj se encuentra la comunidad Candelaria Campo Santo, que ha sufrido las consecuencias del monocultivo sin haber vendido su terreno. Candelaria, que posee la reserva natural Cuevas de Candelaria, parte de un reclamo turístico de la zona, denunció que el río que pasa bajo la cueva se ensució. Este se ve hoy de color marrón, cuando en fotos previas lucía una tonalidad azul turquesa. “Sacaron un canal del río para las plantas (de palma) y, ahora, el agua llega llena de químicos. Antes el río Candelaria era de agua clara, ahora se enturbió. Y en la comunidad usan el agua para usos múltiples y llega contaminada”, indicó un miembro del Consejo de Desarrollo de la Comunidad Candelaria.

Un joven de esta aldea se ofrece a mostrarnos el canal que la palmera construyó en el río para desviar el agua hacia una de sus parcelas. Al caminar entre las palmas, se puede ver cada pequeña mata rodeada de una masa de agua azulada y, de pronto, pasa una serpiente. “Es una barba amarilla. La palma trajo mucha barba amarilla, ahorita las culebras se meten en las casas, ayer picó la culebra a un señor”, afirmó este joven de 25 años. “Cuando un árbol hace sombra, lo botan, para que se quede solo la palma. Antes aquí estaba fresco. Aquí había árboles de Chico-zapote, de Santa María, Irrayoles, Cedro. Había tigres, venados, tepezcuintles, hasta coche de monte había, había loros, tucanes (…) A esta comunidad no le gusta la palma, pero no podemos hacer nada”, concluye.

Setzaj y Candelaria, aldeas que pertenecen a la municipalidad de Raxruhá, han publicado desde 2013 varios comunicados conjuntos, en los que denuncian la contaminación de ríos, la explotación laboral, usurpación de tierras, presión para la venta de tierras y destrucción de bosques y selvas. En mayo de 2016, nuevamente, varios consejos de desarrollo de Raxruhá solicitaron a la municipalidad que emita un dictamen desfavorable hacia Industrias Chiquibul. Hasta la fecha sin embargo, todas las acciones emprendidas por los Consejos de Desarrollo Comunitario de las aldeas no han logrado frenar el avance de la palma.

Las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, contra Industrias Chiquibul, no han logrado avanzar. En la sede distrital de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cobán, Verónica Maas, fiscal a cargo de esta instancia judicial, se defiende.

Con respecto a que la empresa esté operando sin licencia de tala, la titular del ente investigador dijo que no contaban con ninguna denuncia al respecto. Sobre la demanda interpuesta por la aldea Ranchón Carolina por la tala de 60 matas de caoba, informó que los comunitarios debieron hacer la denuncia en la sede de Cobán y no en la de Chisec. Y, en referencia a la falta de licencia de operaciones de Industrias Chiquibul para desarrollar sus actividades en la zona, si bien Maas confirmó que esto era cierto, dijo que este era un delito administrativo y no penal y que, por lo tanto, no lo conocía el Ministerio Público. Al cuestionar a la fiscalía por la falta de seguimiento a las denuncias presentadas, Maas respondió enérgicamente señalando que la culpa era de los comunitarios por vender sus terrenos.

La versión de Chiquibul

La gerente de comercio de Industrias Chiquibul, Mónica Figueroa, negó a Mongabay Latam a través de un correo electrónico que la empresa haya deforestado bosque para cultivar palma africana.

“Industria Chiquibul, S.A., inició la compra de tierras a finales de 2011. En ese entonces, las tierras ya no contaban con ese tipo de especies de árboles. Es importante reconocer que las tierras compradas habían sido explotadas forestalmente por los antiguos propietarios, quienes se agenciaban de dinero por medio de la tala de árboles como medio de subsistencia. Se tiene conocimiento de que dichas tierras habían sido taladas 40 años atrás, y en el momento de adquirir las tierras en ellas se encontraban guamiles, arbustos y pastizales”, indicó Figueroa y añadió que el número de hectáreas adquiridas por la empresa es información confidencial.

Sobre la denuncia que indica que la empresa está trabajando en la aldea Tierra Blanca sin licencia de operaciones para su planta de procesamiento, Figueroa confirmó que el alcalde les denegó la licencia. “Por temas políticos y burocráticos no fue concedida”, pero agregó que actualmente están operando mediante una acción de amparo.

Sobre las denuncias por coacción y usurpación agravada a los campesinos, Figueroa informó que Industrias Chiquibul “ha procedido legalmente únicamente en contra de personas invasoras que quieren apropiarse indebidamente de terrenos legalmente adquiridos por la empresa, estos expedientes se encuentran en procesos en los tribunales correspondientes”.

En el recorrido a través de la carretera, todavía es posible ver los remanentes de bosque que permanecen en pie, como un recuerdo de lo que antes fue una selva frondosa y que hoy está ocupada casi en su totalidad por plantaciones de palma. Los vecinos de las comunidades, que han presentado innumerables denuncias, ya no saben qué más hacer. A la dificultad de tramitar demandas en un idioma que no es el suyo, hay que sumarle la falta de apoyo del Estado. Durante el recorrido, estos líderes hablaron de violencia, de coacción y de amenazas, pero sobre todo hablaron de los árboles, los animales y de su cultura ancestral maya, además del respeto que tienen por la naturaleza.

*Los nombres de los líderes comunitarios que acompañaron esta visita de Mongabay Latam al área recientemente deforestada para cultivar palma africana fueron sustituidos para proteger su identidad, debido a las amenazas y hechos violentos suscitados en el área tras la llegada de los cultivos de palma.

Foto Principal:

La Franja Transversal del Norte fue la última área de Guatemala en ir perdiendo cobertura boscosa en favor de los cultivos de palma africana. El área ubicada entre Chisec y Raxruhá ha perdido 164 kilómetros cuadrados de cobertura boscosa desde 2006. Foto: Sandra Sebastián.

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE

Lo más leído

Entradas populares

Subscríbete

Sobre páramos e hidrocarburos

América del Sur, la región más afectada

Así lo apunta un estudio llevado a cabo en el sur de los Andes peruanos, donde la rabia mata a más de 500 reses al año y genera cuantiosas pérdidas a los ganaderos

La distancia, un factor clave

Corpochivor pide a la comunidad que proteja a los ejemplares que retornaron a su hábitat natural.

Más liberaciones

La especie pudo haber tenido una amplia distribución en aguas tropicales indica la investigación.

En 1911 culminó el viaje gracias a la financiación de Argentina. A este país volvió el promotor de la hazaña para escribir la crónica de su gran aventura.

Expectativa en Buenos Aires

Malpelo pasó de 950.000 hectáreas a 2.700.000. El el porcentaje de pesca ilegal en el Pacifico es del 84 %, con 152 eventos registrados en esta área protegida.

La biodiversidad de Malpelo

Los peligros de la pesca ilegal

18 años de trabajo

Ampliación del Santuario