28 enero, 2019
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enero 2019


Región
Homenaje a los guardianes de los parques nacionales
RPVRPV Publicado el 28 enero, 2019


La velatón #GuardaparquesPorLaVida rechaza las amenazas contra los protectores de la biodiversidad y hace memoria a quienes han fallecido ejerciendo su labor.

 

Se realizará en siete ciudades del país: Bogotá Bucaramanga, Cali, Santa Marta, Medellín, Villavicencio y Leticia; este martes 29 de enero, entre las cuatro y seis de la tarde.

“El objetivo es rendir un homenaje a los compañeros que han fallecido en los últimos años, así como unirse en una sola voz de rechazo por las amenazas que atemorizan a quienes realizan la labor de protección de la biodiversidad”, indicó la entidad.

La velatón también busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el trabajo que realizan los guardaparques para conservar las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Los siete puntos previstos  y a dónde puede acudir la ciudadanía, portando una vela y una camiseta blanca, son:

Bogotá: Parque Nacional, Carrera Séptima con calle 35.

Bucaramanga: Av. Quebrada Seca #30-12

Cali: Avenida 2 Norte –  Plazoleta de la Caleñidad “Jairo Varela”

Santa Marta: Plaza de la Catedral Basílica Santa Marta

Medellín: Plazoleta Central Torres de Bomboná

Villavicencio: Plazoleta los Libertadores centro de Villavicencio

Leticia: Parque Santander, frente a la iglesia principal

Guardaparques Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Parques Nacionales Naturales.

 

Funcionarios de Parques Nacionales ejercen funciones en 59 áreas protegidas del país. Foto: Vía Parque Isla de Salamanca.

 

Cuidan  59 áreas naturales

 

Colombia administra un Sistema de Parques Nacionales Naturales que comprende 59 áreas en 14´268.224 hectáreas (142,682 km2) de la superficie nacional.

De estas el 11,27% constituye  el área continental y 1,5% el área marina, 26 tienen presencia de comunidades indígenas y afro descendientes.

En muchas de estas zonas ha estado presente el conflicto armado y existen diferentes impactos como deforestación, actividades mineras, ocupación ilegal de predios, cultivos ilícitos, invasión por ganadería, entre otros.

Algunos de los parques con mayores conflictos son: Tinigua, Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Sanquianga, Nukak, La Paya, Picachos y Paramillo.

Parques Nacionales cuenta con 603 funcionarios y aproximadamente mil contratistas para todas las oficinas territoriales. Julia Miranda, directora de la entidad reportó a RCN Radio que existen 17 amenazas en contra de los trabajadores de los parques, ya sean individuales o grupales.

 

El pasado 15 de enero fue muerto por desconocidos, en el sector de Perico Aguao, zona rural de Santa Marta (Magdalena), Wilton Fauder Orrego León quien se desempeñaba como operario del Parque Nacional Natural  Sierra Nevada de Santa Marta.

El hecho motivó una serie de actividades de rechazo y acciones como la velatón nacional.

 

Fotografías: ©Parques Nacionales Naturales

 


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COLOMBIA EN PAISAJES
Honda, Tolima
RPVRPV Publicado el 25 enero, 2019


Fotografía: Olga Cecilia Guerrero.


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Mundo
«Retiro de Japón de CBI podría ser buena noticia para las ballenas”
RPVRPV Publicado el 25 enero, 2019


Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea explica por qué Japón ha sido un miembro nocivo para la Comisión Ballenera Internacional.  

 

Michelle Carrere / Mongabay Latam

 

Japón anunció en diciembre que se retirará de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para poder reanudar la caza comercial de ballenas, durante este 2019, dentro de sus aguas jurisdiccionales. La decisión se hará efectiva a partir del 29 de junio, llega luego de que, en septiembre 2018, la CBI rechazara la solicitud de Japón de reanudar la caza comercial de ballenas.

Esta es una entrevista con Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea y observadora acreditada en las reuniones de la CBI, para entender las implicancias de esta decisión.

 

 

¿Qué significa la salida de Japón de la Comisión Ballenera Internacional?

Elsa Cabrera

Nos parece que es una amenaza al estado de derecho internacional y que Japón debería evidentemente cumplir con los acuerdos que ha alcanzado la Comisión Ballenera Internacional. Si no está satisfecho con ellos debería retirarse, pero no convertirse en la primera nación pirata que quiera sentar precedente de que se pueden cazar ballenas fuera del ámbito de la Comisión Ballenera.

Cuando el estado de derecho internacional comienza a ser utilizado simplemente como un menú con el que me quedo si me conviene o no me quedo si no me conviene, los beneficios para la comunidad internacional, que se une alrededor de estos acuerdos internacionales justamente para poder encontrar soluciones en conjunto, también se ven amenazados.

Foto: Susannah Buchan

Los costos diplomáticos de una acción como la de Japón deberían ser altos, porque de lo contrario envía un mensaje a otros países de que pueden salirse de los convenios, hacer lo que quieran y no recibir ningún tipo de sanción.

 

¿Qué tipo de costos diplomáticos?

Japón siempre ha aspirado a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso debería ser cuestionado. Así mismo el rol que ellos cumplen dentro de las comunidades como el G20. Estados Unidos tiene mecanismos de sanción relacionados con los accesos a derechos pesqueros cerca de sus costas.

¿Por qué dices que se convertiría en una nación pirata?

La ballenería está sujeta a las regulaciones de la Comisión Ballenera Internacional de la cual Japón dejaría de ser miembro. Entonces, estando fuera de la CBI, las cazas que Japón haga dentro de sus aguas jurisdiccionales pasarían a ser una cacería pirata, una caza ilegal.

Primero porque la moratoria global sobre la caza comercial se aplica a todas las aguas, incluyendo la zona económica exclusiva. Segundo, porque el artículo 65 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) establece que la caza de las ballenas debe ser conducida de acuerdo a los parámetros de los organismos competentes, en este caso, es la Comisión Ballenera Internacional. Japón, como miembro de las Naciones Unidas, estaría violando la Convemar en su artículo 65.

¿Que Japón salga de la CBI significa mayor cacería?

Japón anunció que solo va a cazar en aguas jurisdiccionales, es decir, dentro de su zona económica exclusiva. En la práctica, eso implicaría una reducción de ballenas cazadas.

Japón siempre apuntó a renovar la caza comercial en el océano Austral, por eso utilizaba el artículo 8° de permisos especiales para llevar permisos de caza científica.

La carne de los productos de las ballenas del hemisferio norte tienen unos niveles de contaminantes enormes porque las aguas donde se cazan, en el Pacífico Norte, están altamente contaminadas. No así por ejemplo las ballenas del océano Austral, de ahí también su interés por ese lugar.

Foto: Juan Capella

 

Desde la implementación de la moratoria, en 1986, que permite la caza de ballenas con fines de investigación, Japón ha eliminado más de 17 000 ballenas solo por la excusa de caza científica. Con su salida de la CBI ya no cazaría en aguas internacionales, por lo tanto no podría cazar en el océano Austral, y los programas de caza científica se eliminarían. Eso es una noticia positiva, dentro de lo que es este preocupante manejo diplomático.

Sí afectaría evidentemente a las poblaciones locales de ballenas de Japón, pero siguiendo las noticias y los artículos de la misma prensa japonesa, estamos evidenciando que hasta los mismos operadores balleneros no ven muy viable económicamente que se mantenga la industria.

 

¿Aún reanudando la caza comercial en la zona económica exclusiva?

La industria ballenera japonesa siempre ha recibido enormes subsidios del Estado para mantenerse activa. De hecho, la caza de ballenas tiene que ser subsidiada, de otra manera no existiría.

Realmente no se trata de una tradición cultural milenaria lo de consumir carne de ballena en Japón. Originalmente son cuatro las comunidades costeras que sí realizaban una caza de ballena para su consumo, pero cuando se masificó el consumo fue al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí cuando se decidió proveer fácilmente de proteína al pueblo japonés y para ello se reconvirtieron alguna de las naves de guerra en naves balleneras. Es ahí donde se produce esta masificación de consumo de carne de ballena, como resultado de una guerra que fue desastrosa para ellos. Posteriormente, a medida que la economía de Japón se fue estabilizando, este consumo se fue reduciendo drásticamente.

El consumo por persona, calculado hace unos 3 años atrás, es solo de 30 gramos al año. Además, desde la última década, el valor de la carne de ballena ha bajado más del 40 %. Entonces, los mismos operadores han expresado que no ven muy viable que esta industria se pueda mantener o que pueda ser revitalizada. Así es que lo que nosotros esperamos es que, de retirarse efectivamente Japón de la CBI, las operaciones balleneras vayan muriendo.

Una ballena de Groenlandia en la Reserva Nacional del Puente de Beringia. Foto de Kate Stafford vía de Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0.)

Una ballena de Groenlandia en la Reserva Nacional del Puente de Beringia. Foto de Kate Stafford vía de Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0.)

 

Entonces, que Japón salga de la Comisión Ballenera Internacional, ¿podría ser una buena noticia?

Nosotros creemos que a nivel de la diplomacia internacional es una mala noticia, porque los acuerdos multilaterales son justamente para trabajar de manera multilateral, no para tratar de imponer intereses propios de manera unilateral y si no me gusta, me voy. Creemos que es un pésimo ejemplo, al igual que Estados Unidos con el tema de los Acuerdos de París sobre cambio climático y lo vemos como una tendencia que podría aumentar. Eso nos parece grave, porque ya son dos países que están haciendo esto. Quizás Japón siguiendo el ejemplo de Estados Unidos se sintió con más libertades. En ese sentido, creemos que es negativo.

En el sentido de la caza de ballenas, como Centro de Conservación Cetacea, lo vemos como un anuncio positivo. Japón ha sido un miembro nocivo para la Comisión Ballenera Internacional, no solamente porque ha continuado cazando ballenas, bajo el alero de la caza de investigación científica que terminan siendo comercializadas, sino porque también ha obstruido el trabajo de la Comisión.

Japón ha ocupado su poder económico para comprar los votos de países, generalmente muy vulnerables de África y el Caribe, también algunos de Centroamérica, como es el caso de Nicaragua el año pasado, que están en situaciones políticas vulnerables y también económicas. Compran sus votos, a cambio de programas de financiamiento pesquero, para que vayan a votar con Japón en bloque y detener medidas como la creación del santuario de ballenas del océano Atlántico Sur. Esa es una medida que lleva años siendo discutida. Está sobre la mesa cada vez que se reúne la Comisión en reunión y nunca ha podido alcanzar el 75 % de los votos, debido a los países que votan en bloque con Japón. Países que no tienen ningún interés en la ballenería, pero que reciben estos programas de financiamiento pesquero.

Foto: Luis Turi

Foto: Luis Turi

Esperamos que, al abandonar Japón la CBI, este tipo de financiamientos se terminen y la Comisión se vea libre de esta captura que ha tenido, de no poder tomar realmente las decisiones que la mayoría de los miembros sí desean, por el bloqueo de Japón.

Si los balleneros tienen dudas respecto a la supervivencia de la actividad, debido a un débil mercado de consumo y a la disminución de ballenas cazadas, ¿cuál sería el interés de Japón en retirarse de la CBI?

Los que llevamos varios años trabajando en este tema, incluso en la Comisión misma, hemos visto a Japón durante años amenazar con que va a dejar la Comisión. Un poco para presionar y conseguir negociar la reapertura de la caza comercial. Nosotros, como Centro de Conservación Cetacea, junto con otros colegas que trabajan en este tema, lo vemos como una salida elegante de la actividad. Japón dice “bueno, yo no acepto esta imposición cultural de que las ballenas no se pueden cazar para comercializarlas. Me voy sabiendo que, eventualmente, esto puede generar el cierre definitivo de las operaciones balleneras en pocos años más, pero nunca acepté algo con lo que yo no estoy de acuerdo”. Es decir, no dan su brazo a torcer y mandan esta señal a los otros organismos de que pueden retirarse si es que ciertas tradiciones, o lo que ellos consideran tradiciones, no les acomodan.

Así es que creemos que puede ser una estrategia para terminar con una actividad que le genera bastante problemas diplomáticos con aliados importantes como Australia, Nueva Zelanda, muchas veces con Estados Unidos, cuando tenía otro tipo de gobierno.

Aleta caudal de Ballena Jorobada (Megaptera novaengliae). Foto: Juan Capella

Aleta caudal de Ballena Jorobada (Megaptera novaengliae). Foto: Juan Capella

También vemos que puede ser una presión de los grupos asociados con el Primer Ministro Shinzō Abe. El municipio electoral de Shinzō Abe es uno de los puertos balleneros más importantes de Japón y su partido, el Democrático Liberal, está asociado a importantes municipios balleneros que han hecho un lobby muy fuerte para que Japón reanude la caza comercial de ballenas. Puede ser así que se trate de una decisión que busque beneficios políticos a corto plazo.

 

Si es que Japón sale finalmente de la CBI, ¿cómo se puede fiscalizar que efectivamente capture ballenas únicamente dentro de su territorio marítimo?

Ese monitoreo va a depender prácticamente de la voluntad de Japón y el reporte que quiera entregar. La responsabilidad tendría que caer también sobre las organizaciones civiles y de investigación de ballenas a nivel mundial, para poder hacer un seguimiento de qué se está vendiendo en el mercado. Existen bases de datos genéticas de las poblaciones de ballenas del mundo y teniendo muestras de lo que se vende en el mercado, podríamos determinar a qué especie corresponde y a qué población pertenece esa muestra.

Sobre la posibilidad de que haya flotas piratas de aguas distantes o aguas internacionales lo veo un poco más complejo, porque la flota ballenera de Japón de aguas distantes tendría que haber sido renovada para seguir operando. Japón no cuenta con barcos que tengan la infraestructura que se requiere. De hecho, en el 2018, hace justamente un año, las autoridades japonesas intentaron un plan para conseguir financiamiento para la renovación de la flota de aguas distantes y, al parecer, no lo lograron. Después de que, en septiembre, la Comisión Ballenera Internacional simplemente les dijo que no al plan de reabrir la caza comercial de ballenas bajo el alero de la CBI, esta propuesta de renovación se quedó sin garantías jurídicas y financieras, como para asegurarle a los inversores que esa inversión iba a tener retornos. Así es que también creemos que por ahí puede ir la decisión de dejar la caza en aguas internacionales.

 

¿Cuáles son las especies que están en aguas jurisdiccionales japonesas y que serían cazadas?

Se concentraría en la ballena Minke. Esta especie no está clasificada en peligro, pero en el área de la costa de Japón hay dos poblaciones genéticamente distintas, una de las cuales se encuentra en peligro crítico y podría extinguirse si es que se continúa con su caza. El problema es que no se puede distinguir hasta que se realizan las pruebas genéticas. En el agua no hay cómo distinguirla.

Otras especies como la Sei, la Jorobada eran cazadas, pero bajo la excusa de fines científicos por lo que ahora no deberían ser el objetivo de Japón.

Gorgona, en Colombia, es una isla reconocida por el avistamiento de ballenas jorobadas. Foto de Michael Dawes, PNN.

Gorgona, en Colombia, es una isla reconocida por el avistamiento de ballenas jorobadas. Foto de Michael Dawes, PNN.

Son muchas las razones para mantener la moratoria más allá de si consideras que las ballenas son carismáticas, inteligentes o bonitas. Es algo que va mucho más allá, que tiene que ver con la conservación de los océanos. El rol que juegan las ballenas para la salud de los océanos en temas tan contingentes como el cambio climático o que a mayor número de ballenas tendríamos mayor productividad marina, mayores stock de peces. No es una imposición cultural.

 

¿De qué manera las ballenas contribuyen a la lucha contra el cambio climático?

Las ballenas son secuestradoras de CO2 y de otras partículas de carbono. Secuestradoras quiere decir que capturan el CO2 por largos periodos de tiempo.

La caca de las ballenas es riquísima en nutrientes, particularmente en nitrógeno y hierro, y es fundamental para el florecimiento del fitoplancton, que son todas estas plantas microscópicas que habitan en el océano.

Estas plantas tienen un florecimiento enorme, más del 70 % del planeta es agua, y absorben muchas toneladas de CO2 de la atmósfera para convertirlo en alimento. En este proceso desechan oxígeno. Cumple así la función que cumplen también los bosques alrededor del mundo. El fitoplancton y las algas marinas generan, se calcula, más del 50 % del oxígeno que nosotros respiramos. Es decir que el oxígeno que toma nuestro cuerpo en una de cada dos respiraciones proviene justamente de esas pequeñas plantas y de las algas.

El crecimiento del fitoplancton depende entonces justamente de los nutrientes que entregan las ballenas como fertilizadoras del océano y otras especies marinas por supuesto, pero donde ellas juegan un rol bastante importante.

Además, las ballenas absorben en sus cuerpos el dióxido de carbono y una vez que mueren, sus restos caen al fondo marino donde el CO2 es atrapado de manera prácticamente permanente. Entonces también se calcula que una ballena, a lo largo de su vida, puede capturar miles de toneladas de CO2. Cuando las matan y las procesan, este CO2 es liberado a la atmósfera ayudando a aumentar el CO2 en el medio ambientes.

 

ALIANZA PERIODÍSTICA 

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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Impacto
La peor devastación en la historia de la Amazonía
RPVRPV Publicado el 23 enero, 2019


Un mapa con más de 2000 puntos identifica el avance de la minería ilegal en 96 áreas naturales protegidas de la cuenca amazónica.

 

Ivette Sierra / Mongabay Latam

 

La Amazonía está siendo arrasada por el oro. Un metal que era sagrado para muchos pueblos indígenas porque representaba al sol en la tierra, ahora se ha convertido en una amenaza para sus territorios y para la vida misma de la selva tropical de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, seis de los países amazónicos de América del Sur.

El especial Amazonía saqueada reporta 2312 sitios con actividad minera ilegal y 245 áreas de extracción no autorizadas en las que se explota oro, diamantes y coltán. La información ha sido puesta en un mapa interactivo en el que se puede explorar cada uno de los lugares que han sido identificados gracias a la recopilación de imágenes satelitales, reportes de comunidades indígenas de la zona, informes de organizaciones que monitorean los bosques y noticias publicadas en la prensa.

Imágenes de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Charles Brewer Carias

Imágenes de la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Charles Brewer Carias

De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela (1899), seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24), precisa el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en coordinación con otras ocho instituciones latinoamericanas.

En cuanto a las áreas, Brasil está en el primer lugar con 132 seguido por Perú con 110, todas ubicadas en Madre de Dios, la región de la Amazonía que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro.

La diferencia entre puntos y áreas consiste en que los primeros no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica la actividad ilegal. En cambio las áreas si tienen contornos definidos de tal manera que se puede ver su extensión desde el aire, explica Julia Jacomini, investigadora de la RAISG. “Estas precisiones han sido importantes para el mapa, pero en el campo, todas son zonas de minería ilegal”.

 

El mapa de la devastación

 

Por primera vez, Latinoamérica cuenta con una plataforma regional sobre este problema. El mapa interactivo permite conocer la ubicación exacta de cada uno de los más de 2000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se extrae de este lugar, si ya ha sido cerrado, si aún está activo y qué maquinarias o insumos se utilizan, entre otros datos.

Mapa muestra más de dos mil puntos identificados con presencia de minería ilegal en la Amazonía. Fuente: RAISG / InfoAmazonía.

Mapa muestra más de dos mil puntos identificados con presencia de minería ilegal en la Amazonía. Fuente: RAISG / InfoAmazonía.

“Tener un mapa con todos los lugares identificados de minería ilegal en la Amazonia es una gran conquista. Por primera vez tenemos una visión panamazónica de este problema y entendemos que la minería ilegal es un problema transfronterizo”, agrega Jacomni.

Para Francisco Román, director científico del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), institución que realiza investigaciones en Madre de Dios, también “es relevante que se plantee el problema de la minería ilegal como un tema regional, una amenaza al bosque amazónico al que se debe poner mucha atención porque está creciendo muy rápido”. El investigador agrega que el avance de esta actividad ilegal va por delante de la capacidad de los Estados para reaccionar. “El estudio deja ver, entre líneas, que los reflejos de los Estados no están siendo efectivos ni certeros”, dice.

Madre de Dios es la región de la Amazonía más devastada por efecto de la minería ilegal. Foto: CEVAN / FAP

Madre de Dios, en Perú, es la región de la Amazonía más devastada por efecto de la minería ilegal. Foto: CEVAN / FAP

La minería ilegal está causando efectos devastadores en la Amazonía por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso indiscriminado de mercurio que genera daños a la salud de las poblaciones locales ─principalmente indígenas─ y afecta a ríos y peces.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no están libres de las actividades ilegales, pues según el informe, de las 649 ANP identificadas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o balsas dentro de sus límites y 41 sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras.

Lo que está ocurriendo en la Amazonía se asemeja a una epidemia pues la avidez por minerales valiosos está por todas partes, dice el estudio. “El problema nunca ha sido peor en la historia”, comentó Alicia Rolla, una de las coordinadoras de RAISG.

Un sobrevuelo sobre la Reserva Nacional Tambopata demostró la presencia de minería ilegal dentro de la zona protegida. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Un sobrevuelo sobre la Reserva Nacional Tambopata demostró la presencia de minería ilegal dentro de la zona protegida. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Según la publicación La realidad de la minería ilegal en países amazónicos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para el 2014 ya había cerca de 600 000 personal dedicadas a esta actividad. Se presume que ahora esta cifra ha aumentado exponencialmente debido al alza del precio del mineral.

 

Extracción ilegal en la región

 

En Brasil, la presión de la minería ilegal es intensa sobre la región del río Tapajós donde, además, las comunidades indígenas son amenazadas cuando intentan oponerse a esta actividad no autorizada, según informa un artículo de la Deutsche Welle.

Las ANP ubicadas a lo largo de esta cuenca también están siendo impactadas. Según una investigación del Instituto Socioambiental (ISA) —citado en el estudio—, la Floresta Nacional de Altamira, una zona protegida situada al noroeste del estado de Pará, ha tenido una rápida transformación en los sectores de los ríos Novo, Branco y Jamanxim, donde se ha instalado un campamento minero de 6.5 kilómetros de extensión.

 

Vista aérea de zonas de extracción ilegal de oro en el territorio indígena Yanomami, cerca de la comunidad Ye’kwana, en Waikás, Brasil. Foto: Rogério Assis/ISA

Perú enfrenta la misma devastación. “La minería ilegal en Madre de Dios ha contribuido a que la deforestación en ese país alcance niveles jamás registrados”, se indica en Amazonía saqueada. Y en esta región, la destrucción también se ha internado en una de sus áreas protegidas: la Reserva Nacional Tambopata.

Informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) utilizados en este estudio dan cuenta de cómo esta actividad ilegal ingresó a la reserva a partir del año 2015. A través de imágenes satelitales se observa cómo en setiembre de ese año el territorio no había sido afectado y solo dos meses después ya mostraba zonas deforestadas dentro de la reserva causadas por minería ilegal. Otro análisis de MAAP presentado en abril del año pasado indica que la deforestación causada por la minería entre enero de 2017 y febrero de 2018 fue de 1320 hectáreas, en las áreas de La Pampa (sector Balata), Alto Malinowski y en la Reserva Nacional Tambopata.

Un análisis de imágenes satelitales en el año 2015 mostró cómo ingresó la minería ilegal a la Reserva Nacional de Tambopata. Fuente: MAAP.

Un análisis de imágenes satelitales en el año 2015 mostró cómo ingresó la minería ilegal a la Reserva Nacional de Tambopata. Fuente: MAAP.

Francisco Román, de Cincia, señala que, otros países como Ecuador, Colombia y Venezuela, donde no se están haciendo investigaciones, están poniendo “mucha atención a la información que se está generando en Madre de Dios porque lo ven como un referente de lo que podría suceder en sus territorios”. Según una investigación de este centro, en apenas cinco años hubo una pérdida forestal de 170 mil hectáreas, una cifra 30 % mayor que la anunciada previamente por otros monitoreos.

Venezuela también es un país fuertemente impactado por la minería ilegal con más de 1800 lugares donde se visualiza la actividad. Uno de los casos más significativos corresponde a la presencia de la minería aurífera desde la década de 1980 en el Parque Nacional de Yapacana, entre los ríos Orinoco y Ventuari, una actividad cuya ilegalidad se hizo visible con las alianzas entre los mineros y los miembros disidentes de guerrillas colombianas. Un informe reciente de académicos, periodistas y autoridades del Estado de Amazonas ha denunciado que los disidentes de las guerrillas administran todas las minas.

Por su parte, en Colombia,  la extracción ilegal de oro y coltán de la región amazónica se desarrolla en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía e Inírida, entre otros. Esta actividad afecta áreas de manejo especial (territorios indígenas, parques nacionales, sitios Ramsar, reservas forestales y zonas fronterizas).

La minería ilegal avanza rapidamente en todos los países de la región. Foto: André Bärtschi / WWF Regional.

La minería ilegal avanza rapidamente en todos los países de la región. Foto: André Bärtschi / WWF Regional.

En Bolivia se presenta un problema para definir la ilegalidad de esta actividad, comenta Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El investigador dice que “en todos los países no se identifica de la misma forma la actividad ilegal” y menciona que en su país existe una situación compleja con las autorizaciones a las cooperativas mineras.

En el área del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, por ejemplo, existen 41 operaciones de minería y a pesar de la evidente amenaza causada por la explotación dentro del área protegida, el estudio indica que esta actividad fue legalizada por el gobierno.

Gandarillas recuerda que la minería ilegal está ligada a la criminalidad y a problemas de derechos humanos muy fuertes como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, un tema que ya ha sido recogido en un estudio de Unicef. “Que se haya centrado la atención en la minería ilegal a nivel regional ayuda a tener claridad sobre un fenómeno complejo. Es importante la dimensión geográfica del problema que ahora es visible en el mapa”, dice. Sin embargo, considera que, en conjunto, el saldo regional es negativo. “Los mapas muestran que se ha desbordado, que el control de los Estados es insuficiente y que está aumentando a niveles muy acelerados”, añade.

 

La presencia del mercurio

 

Un tema importante, sobre el que hace énfasis el estudio, es el uso del mercurio en la actividad ilegal y cómo este elemento está causando efectos severos en la salud de las personas y en el medio ambiente, principalmente a las comunidades indígenas.

El Centro de Innovación Científica Amazónica realiza investigaciones sobre la presencia de mercurio en peces Foto: Cortesía CINCIA.

El Centro de Innovación Científica Amazónica realiza investigaciones sobre la presencia de mercurio en peces Foto: Cortesía CINCIA.

Los peces, principal alimento de los pueblos nativos y ribereños, son también un problema de salud pública, pues estudios han revelado la acumulación de mercurio por encima de los niveles recomendados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un estudio hecho por Cincia en Perú, publicado en el 2018, revela que los niveles de mercurio en peces son 43 % mayores en pozos abandonados por la minería de oro que en áreas donde no existen campamentos mineros. En Venezuela se hizo un estudio en el año 2010 en los peces consumidos por las comunidades de la cuenca del río Caura y todas las muestras arrojaron valores medios más altos que el permitido por la OMS.

Una de las regiones más afectadas por el mercurio en la Amazonía es el territorio Yanomami, que se extiende entre Brasil y Venezuela. En esa zona se tomaron más de 200 muestras de cabello a la población indígena y el resultado más alarmante fue el caso de la comunidad Yanomami de Aracaçá, en la región de Waikás, en Brasil donde el 92 % del total de las muestras presentaron alto índice de contaminación.

En Colombia la zona más afectada por el mercurio es la cuenca del río Caquetá. Foto: Radiomacondo.fm

Las cuenca del río Caquetá es la zona más afectada por el mercurio en Colombia. Foto: Radiomacondo.fm

 

En Colombia la zona más afectada por este mineral es la cuenca del río Caquetá. En este país, un estudio del Instituto Nacional de Salud de Colombia en el río Apaporis reveló que hasta el 80 % de las poblaciones indígenas en esta región están contaminadas por mercurio.

Para el 2015 Bolivia registraba 20 veces más mercurio utilizado en el país, en comparación con el  2010, según cifras del CEDIB citadas en este informe. Una publicación del gobierno boliviano en 2016 da cuenta que, con 133 toneladas de mercurio liberadas al año, Bolivia es el tercer país de América en emisiones del mineral.

Debido a la grave situación de contaminación por mercurio en varios países, la Organización de las Naciones Unidas adoptó, en el año 2013, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de sus efectos adversos. El acuerdo firmado hasta ahora por 101 países prevé un mayor control de la importación, comercialización y descarte de mercurio. Salvo Colombia y Venezuela, todos los otros países amazónicos han suscrito y ratificado este convenio.

Lagunas de mercurio y gasolina destruyen los bosques. Foto: Ana Gisela Pérez.

Lagunas de mercurio y gasolina destruyen los bosques. Foto: Ana Gisela Pérez.

 

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, recuerda que los países firmantes están comprometidos a elaborar sus planes de acción para reducir o eliminar el uso del mercurio en las actividades mineras. Castro considera que el problema exige una respuesta regional y debe incluir tanto a los países productores como a los compradores del oro. “Se requieren estrategias convergentes y acuerdos internacionales que incluya corresponsabilidad de todas las partes”.

 

El problema en territorio indígena

 

Las comunidades indígenas también padecen la amenaza de la minería ilegal. Según el estudio de RAISG, de los 6207 territorios indígenas identificados 180 tienen actividad minera ilegal dentro de su territorio o en los límites de estos. De ellos, 64 están ubicados en Perú.

Se calcula que que cinco mil mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Se calcula que que cinco mil mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

 

Un caso preocupante es el de Puerto Luz, una de las diez comunidades de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la Amazonía peruana, que enfrenta la extracción indiscriminada de oro. Walter Qertehuari, presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, dice que su comunidad no solo enfrenta una situación crítica por la presencia de la minería ilegal. “Nuestros territorios corren peligro por las actividades extractivistas como la minería y la tala ilegal”, comenta.

En Brasil y Venezuela se estima que 5000 mineros operan ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. Entre 1987 y 1989 los Yanomami llegaron a contar 2003 balsas con dragas trabajando cerca de la comunidad de Waikas, para 1991 estas fueron cerradas. Sin embargo, en el 2010 los ilegales regresaron y para finales de 2013 las balsas ya eran 42. En el 2016, un sobrevuelo identificó 49.

Bosques arrasados por la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Javier Mesa.

Bosques arrasados por la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela. Foto: Javier Mesa.

En la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, el megaproyecto minero Mirador ya ha deforestado 1307 hectáreas entre el 2009 y el 2017. Se trata de una concesión minera otorgada por el gobierno, pero que en mayo de 2018 tuvo que suspender el 40 % de sus obras por incumplimientos ambientales.

Los impactos de la minería ilegal son graves violaciones a los derechos humanos. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos indígenas en aislamiento voluntario son algunos indicios de los daños al bien común. Además del impacto ambiental, existe un impacto cultural y económico en la perpetuación de la minería, se indica el estudio.

“Ahora tenemos una visión mayor de lo que sucede con la minería ilegal en la Amazonía y esperamos que exista coordinación entre los gobiernos para enfrentar este problema transfronterizo y lograr que el delito pueda combatirse”, precisa Jacomini de la RAISG.

Imagen : Tierra indígena Yanomami, Roraima, Brasil. Rogério Assis – Instituto Socioambiental.

ALIANZA PERIODÍSTICA 

MONGABAY LATAM – REDPRENSAVERDE


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