La publicación busca contribuir a la reparación integral de los parques amazónicos y de sus funcionarios a través de la construcción y divulgación de memoria.
“El mensaje que nos dieron era claro, que nos iban a matar. Que si había que matar a alguno para que nosotros entendiéramos que no teníamos que estar ahí. Entonces los muchachos dijeron: salgamos, que tal nos quemen dentro. Esa noche que deciden no quedarse es que incendian la cabaña”.
Es un relato de un funcionario de Parques Nacionales Naturales (PNN) que recopila el libro Áreas Protegidas Amazónicas y sus Funcionarios Como Víctimas del Conflicto Armado, publicado por la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), con el apoyo del Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La publicación analiza desde distintos ángulos la realidad de los funcionarios de las áreas protegidas de Colombia y de los territorios que las constituyen. También hace un recorrido histórico, socio político y jurídico sobre la gestión de las áreas protegidas durante el conflicto armado colombiano y las implicaciones de esta condición tanto en las áreas protegidas como en sus funcionarios.
En el primer capítulo presenta un recuento de la legislación colombiana, desde la constitución del 91 hasta el Marco Jurídico para la Paz, como una oportunidad para la reparación y la no repetición de las situaciones de violencia en los funcionarios de los parques como para las áreas protegidas.
En el segundo capítulo analiza las situaciones que impiden el cumplimiento de las funciones de administración para la conservación de las áreas protegidas, que corresponde a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, institución que en muchos de los territorios es la única presencia del Estado.
Igualmente expone estudios de caso en los parques nacionales naturales que conforman la Amazonia.
Defensores de territorios
La investigación señala cómo los guardaparques son un grupo que enfrenta claros riesgos, pues su trabajo consiste proteger la vida salvaje y los recursos naturales de, por ejemplo, las personas que trafican animales y talan árboles de manera ilegal.
En este sentido, agrega que, tanto funcionarios de Parques Nacionales y contratistas se enmarcan dentro de este concepto de defensores ambientales, “por tanto quedan cubiertos por la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, lo que en Colombia amerita especial atención ya que debido al conflicto armado que ha sufrido el país durante más de 50 años, estos funcionarios han sido víctimas permanentes de violencia y de vulneración de varios de sus derechos, incluyendo la vida, que les ha sido segada a varios de ellos”.
Los hechos victimizantes que allí se exponen, están relacionados con amenazas a la libre locomoción y la movilidad; zozobra por posible reclutamiento de menores (hijos) por parte de actores armados; existencia de minas antipersonal o municiones sin explotar; toques de queda impuestos por actores armados; robos y decomisos; detenciones y secuestros, entre otras formas de agresión.
Advierten los autores que la labor de defensores de estos territorios, si bien son los más protegidos normativamente en el país, en la práctica sufren problemáticas que impiden o dificultan su adecuada administración: falta de gobernabilidad de las áreas afectadas por el conflicto armado o por actividades de grupos criminales que usurpan el poder del Estado y se apropian de los territorios.
Entre los trabajadores de parques que han sufrido muerte, atentados u otros hechos victimizantes están: Héctor Vargas, asesinado en el Parque Tayrona (1994); Daniel Moya desaparecido en el Parque Nacional Los Katíos (1996); Olimpo Jiménez asesinado en el Parque Los Katíos (1996); Alexander Barbosa asesinado en el Parque Tayrona; Laureano Sierra López asesinado en el Parque Los Katíos (2001); Efraín Rodríguez secuestrado en el Parque Utría (2002); Ligia Guardia Romaña (2003) asesinada en el Parque Isla de Salamanca; Marta Lucia Hernández, asesinada en el Parque Tayrona (2004) o José Martín Duarte Asesinado en el Parque La Macarena (2008), Ariel González herido en el Parque Puracé.
Parque Nacional Natural Picachos. Foto: PNN
El texto además de contribuir a la reparación integral de los parques amazónicos y de sus funcionarios a través de la construcción y divulgación de memoria, busca generar alertas tempranas para prevenir futuros escenarios de victimización a partir del análisis riguroso de riesgos actuales y potenciales.
Los autores del libro son los investigadores: Rodrigo Botero García, Francisco López, Harold Ospino, Catalina Riveros y Eugenia Ponce de León.
Justamente Rodrigo Botero, director de FCDS, concluye que la política institucional para el mejoramiento de condiciones de funcionarios que trabajan en condiciones de conflicto, debe ser un imperativo: “No será sostenible mantener funcionarios con malas condiciones salariales, dificultades de movilización, comunicación, apoyo psicosocial, acompañamiento familiar, y otros elementos, sin que esto se refleje en graves condiciones psicológicos y físicas. Su reconocimiento como trabajadores de alto riesgo, debe ser imperativo para los ministerios de Ambiente y de Trabajo”.
