El más reciente informe de Global Witness destaca que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.
Thelma Gómez Durán / Mongabay latam
La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.
Poco más de la mitad de esos homicidios se registraron en tan solo dos países: Colombia y Filipinas, como se resalta en el más reciente informe de la organización internacional Global Witness, titulado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.
En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes.
De los diez países con el mayor número de asesinatos, siete se localizan en Latinoamérica: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
Petrona Ramon Martín, de la comunidad de San Francisco, donde se oponen al proyecto de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, Guatemala. Foto: James-Rodriguez/Global Witness.
La documentación que realiza Global Witness pone sobre la mesa una tendencia nada alentadora: la violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes; para el 2019 el número se elevó a 212.
Ben Leather, de Global Witness, explica algunas de las razones de ese aumento: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.
La corrupción, considera Ben Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.
El protagonismo de la minería
En América Latina, pero también en Asia y África, incluso con comunidades nativas de Estados Unidos que han sido afectadas por la imposición de megaproyectos se repiten las mismas historias: “Cuando estas comunidades denuncian los abusos y la destrucción causada por los proyectos —señala Ben Leather— comienzan a recibir amenazas, agresiones y, en algunos casos, asesinatos”.
El informe de Global Witness resalta que la gama de violencias en contra de los defensores ambientales es amplia; incluye ataques, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. El documento no se limita a documentar el número de asesinatos, también señala a las industrias contra las cuales se manifestaron los defensores ambientales.
Como en otros años, la minería fue el sector vinculado al mayor número de agresiones; en 2019 se le relaciona con los asesinatos de 50 defensores. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina.
También se documentó que 34 asesinatos fueron contra defensores que se oponían a la agricultura a gran escala, ese número representa un aumento de más del 60 % si se compara con los datos de 2018.
Otros de los sectores que denunciaron los defensores ambientales que fueron asesinados son la explotación forestal, la caza ilegal y la pesca.
Ante esta situación, Ben Leather resalta que “las empresas tienen que implementar políticas que permitan asegurar que sus inversiones y sus operaciones no afectan los derechos de las comunidades y no están contribuyendo a que se realicen ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra”.
Ben Lather señala que se ha demostrado que los compromisos voluntarios de las empresas no están funcionando, por lo que es necesario impulsar leyes que obliguen a las empresas a realizar la debida diligencia, para que demuestren que no están contribuyendo a los abusos de derechos humanos y ambientales.
En el informe de Global Witness se resalta que en 37 de los asesinatos se pudo vincular a fuerzas estatales como perpetradores. “También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados”.
De las víctimas asesinadas, 19 eran funcionarios estatales o guardaparques, personas contratadas para proteger el medio ambiente. Estos ataques se documentaron en ocho países; Guatemala, Brasil, Filipinas, Rumania, Kazajstán, República Democrática del Congo, Uganda y Ghana.
Además, una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres.
A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, México. Foto: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos.
Territorios donde reina la impunidad
Colombia y Filipinas sobresalen por el alto número de asesinatos contra defensores ambientales, pero también porque durante los últimos años su tendencia es al alza.
Colombia, por ejemplo, registró 64 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Si esa cifra se compara con los 24 casos del 2018, el país sudamericano presentó un aumento de más del 150 %, destaca el informe de Global Witness.
En Filipinas, se documentaron 43 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Ben Leather destaca que si se comparan los tres primeros años del gobierno del presidente Rodrigo Duterte, con los tres años anteriores, se tiene que “el número de asesinatos de defensores es el doble”.
Colombia y Filipinas —explica Leather— también coinciden en que no han logrado resolver antiquísimos problemas relacionados con el derecho a la tierra, sufren por la presencia de grupos armados que son legado de conflictos internos, poseen una política de seguridad militarizada y una regulación inadecuada de las empresas.
Niños pemones juegan en las calles de Kumarakapay. Decenas de familias indígenas debieron huir tras el asalto militar a este pueblo en febrero de 2019 y se encuentran en refugios en la frontera con Brasil. Foto: Lorena Meléndez.
Pero además, los dos países tienen un factor que también está presente en otras naciones donde la violencia contra los defensores ambientales es crítica: altos niveles de impunidad.
“La gran mayoría de los ataques contra defensores ambientales continúan en la impunidad; eso actúa como una especie de luz verde para quienes quieren silenciar a los defensores”, resalta Ben Leather, de Global Witness.
Una verdadera justicia, destaca Leather, es “una rendición de cuentas que se aplica tanto a las empresas que están actuando con irresponsabilidad, como a quienes están llevando a cabo estos asesinatos”.
Defender la “casa grande”
En Colombia, el informe de Global Witness, documentó que 14 de las 64 muertes de defensores ambientales ocurridas en 2019 se vinculan con la sustitución de cultivos ilícitos.
En los territorios previamente ocupados por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “ahora están entrando paramilitares y otros grupos armados, y están asesinado a cualquiera que se oponga a su llegada. Hay una implementación inadecuada de los acuerdos de paz, lo que ha tenido un impacto sobre los defensores”, señala Ben Lather.
Para Francia Márquez (foto) , una de las defensoras ambientales afrodescendientes más reconocidas en Colombia y quien en 2018 ganó el Premio Ambiental Goldman, la violencia contra los defensores es consecuencia de la acumulación del capital que “usa la violencia, el racismo estructural, el patriarcado para seguirse imponiendo […] En este país hay a quienes les interesa seguir impulsando la violencia para mantenerse en el poder, porque es la forma en como lo han hecho”.
La colombiana Francia Márquez, defensora ambiental, Premio Goldman 2018.
La defensora resalta el papel de la “minería ilegal pero también la minería inconstitucional, entendida como la que promueve el mismo gobierno nacional en los territorio ancestrales, en territorios de pueblos afrocolombianos e indígenas”.
Francia Márquez insiste en que hay “una política de muerte” que no toma en cuenta el cuidado de la “casa grande, el planeta”. Los defensores ambientales, de territorio, de derechos indígenas y afrodescendientes “estamos dificultando ese proyecto político. Por eso nos están matando, por eso nos asesinan”.
Francia Márquez sabe de lo que habla. En mayo de 2019, en la región del Cauca, ella y otros líderes ambientales y sociales fueron atacados por hombres armados quienes, incluso, lanzaron una granada contra el grupo. El ataque duró 15 minutos.
El Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el ambiente. En 2019, más de un tercio de todos los asesinatos de defensores ambientales en Colombia ocurrieron en esa región del suroeste del país.
Años antes, Francia ya había recibido otros ataques, sobre todo cuando participó en las acciones para detener la minería ilegal en La Toma.
Por su defensa de la naturaleza y su territorio, Patricia Gualinga —lideresa Sarayaku, un pueblo kichwa del Ecuador— ha recibido amenazas de muerte y ataques. Foto: Jonathan Rosas para GK.
Honduras: violencia que no cesa
El informe de Global Witness también incluye a los cinco países con más asesinatos per cápita. En esa lista sobresale Honduras, nación centroamericana que este año registró 14 homicidios.
Desde 2016, cuando fue asesinada la defensora ambiental Berta Cáceres, diversas organizaciones señalaron la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en Honduras. Este panorama no ha cambiado, al contrario, sigue agravándose, señala Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), organización que trabaja en la documentación de las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano.
Hedme Castro explica que 36 % del territorio de Honduras ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero para el desarrollo de minas, hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos y desarrollos turísticos; los cuales han provocado desplazamiento forzado, así como agresiones y represión contra comunidades y defensores ambientales.
“La situación en el país es terrible”, describe la defensora y como ejemplo recuerda lo que ha sucedido durante el mes de julio en Honduras. El 9 de julio, por ejemplo, allanaron las oficinas de ACI-Participa; dos días después desapareció Marvin Damián Castro Molina, presidente de la Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense-Honduras y miembro del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Su cuerpo, con signos de tortura, se encontró días después.
La defensora hondureña Consuelo Soto durante un plantón frente al Congreso Nacional en contra de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, en Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
El sábado 18 de julio, un grupo armado entró a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz y se llevó a Alberth Esnider Centeno Tomas, presidente del Patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Róchez. Hasta el martes 28 de julio, no se tenía noticias sobre ellos.
Hedme Castro explica que la comunidad del Triunfo de la Cruz lleva una larga lucha para que se le devuelvan sus derechos ancestrales sobre su territorio. Incluso, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en donde se exige al gobierno hondureño reconocer los derechos de los garífunas.
“Alberth Esnider encabezaba las exigencias contra el gobierno para que cumpliera con la sentencia de la Corte interamericana”, resalta Hedme Castro. La defensora comenta que “mientras al país lo sigan dirigiendo personas vinculadas a escándalos de corrupción, personas que están dispuestas a vender el país entero, seguirán los asesinatos, los desplazamientos forzados; no se respetarán las zonas protegidas ni los títulos ancestrales”.
Rosalina Domínguez, defensora hondureña que continúa la labor que inició Berta Cáceres, ha recibido amenazas de muerte. Foto: Rubén Escobar.
Las más afectadas: comunidades indígenas
Entre los nombres de los defensores ambientales asesinados en 2019 está el de Paulo Paulino, de 26 años y miembro de la comunidad indígena guajajara. En noviembre de 2019 fue asesinado a tiros por un grupo integrado por, al menos, cinco madereros ilegales, en el estado de Marañón, Brasil.
Paulo formaba parte de la organización “Guardianes del Bosque”, cuyo objetivo es combatir a los grupos de tala ilegal que invaden tierras indígenas en la Amazonía brasileña. El informe de Global Witness señala que 90 % de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.
Entre 2000 y 2018, 42 indígenas guajajara fueron asesinados por hacer frente a los madereros ilegales. Paulo no fue el último. Hasta abril de 2020, mataron a otros cuatro líderes de la comunidad.
“En Brasil —donde es urgente proteger la Amazonía— observamos que las comunidades indígenas están siendo muy vulnerables debido a las políticas de (Jair) Bolsonaro”, subraya Ben Lather. El presidente brasileño, se resalta en el informe, ha impulsado la expansión de la minería a escala industrial y la agroindustria en la Amazonía.
Miembros de la comunidad Guajajara. Fotografía: Global Witness.
Al igual que los guajajara, otras comunidades indígenas están mirando cómo se asesina o desaparece a los suyos por defender sus tierras, los bosques, los ríos o el agua.
En México, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara se ha registrado el asesinato de, por lo menos, 12 indígenas raramuri que se han opuesto y denunciado la tala ilegal de sus bosques. Dos de ellos fueron asesinados en 2019: Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, Gregorio Chaparro Cruz. Ambos eran familiares de Julián Carrillo, defensor de Coloradas de la Virgen, a quien le dispararon en octubre de 2018.
En 2019, 40 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, a pesar de que representan solo el 4.4 % de la población mundial, señala el informe de Global Witness. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques han sido contra pueblos indígenas, por lo que son una de las comunidades en mayor riesgo en todo el mundo.
El indígena rarámuri Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio en México, fue asesinado en octubre de 2018. Foto: Amnistía Internacional México.
Pandemia: aumentan la amenazas
Ben Lather resalta que no solo se está ante la urgencia de combatir la crisis climática, también se debe trabajar para detener las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la línea de batalla para proteger los recursos naturales: “¿Cómo vamos a proteger al planeta si no podemos proteger a quienes defienden el planeta?”
Los defensores ambientales no solo son vitales para combatir la crisis climática, “también son nuestros aliados para prevenir otra pandemia como la del COVID-19, porque ahora ya sabemos que se aumentan las probabilidades de tener otras pandemias si aumenta la deforestación y se afecta la naturaleza”, señala Ben Lather.
La defensora colombiana Francia Márquez resalta que la pandemia del COVID-19 mostró “la cara de una política que es inviable y de un ‘desarrollo’ que para lo único que ha servido es para enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa del sufrimiento de millones de millones de personas en el mundo, a costa del detrimento y del daño a ecosistemas frágiles y muchas especies”.
Adán Vez fue asesinado el 8 de abril de 2020, en Veracruz, México. Foto: Tomada de la página de Facebook de Adán.
Estos argumentos pareciera que no alcanzan a tener la fuerza suficiente, porque ni siquiera durante el confinamiento que se vivió por la pandemia del COVID-19 se logró detener las agresiones contra los defensores ambientales, como se ha visto en países como Honduras, Colombia, México o Brasil donde durante los últimos cuatro meses se registraron asesinatos de ambientalistas.
“Durante esta crisis del COVID-19 —apunta Ben Lather, de Global Witness— algunas empresas están ampliando su ataque contra las personas defensoras, y los gobiernos están reduciendo la protección”.
Además, la crisis económica que trae de la mano la pandemia del COVID-19 intensificó la presión sobre los territorios naturales, sobre todo en aquellos países en donde se impulsan megaproyectos que afectan el medio ambiente y a las comunidades que viven en esas zonas.
Francia Márquez comenta que es preocupante “ver a las personas que tienen el poder, que gobiernan nuestros países, tomando decisiones a nombre de la crisis económica; decisiones que plantean que seguirán, sin ningún pudor, profundizando la crisis en muchos territorios que van a seguir destruyendo”.
En el caso de Colombia, señala, “se plantea utilizar el fracking, la explotación petrolera y minera para sacar al país de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Eso, para nosotros implica seguir convirtiendo nuestros territorios en cementerios”.
Para Francia Márquez el gran desafío que tienen los defensores ambientales es “articular nuestras acciones a nivel global; así como la ‘política de la muerte’ se articula en un sistema global, nosotros tenemos que articular acciones de resistencia a favor de la vida. Salvar nuestra casa grande es la responsabilidad colectiva que hoy tenemos como humanidad”.
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