La ausencia de protección estatal es aprovechada por la flota de Seatech -del atún Van Camps- y barcos panameños que aparentemente pescan allí a pesar de sus antecedentes de pesca ilegal. Familia Gerlein también está salpicada.
Daniel Pardo – David Tarazona / Mongabay Latam – Cuestión Pública
Tres años después de su creación (2017), el distrito de Yuruparí —un área marina protegida de amortiguación para el Santuario de Flora y Fauna (SFF) de Malpelo—, aún no cuenta con un plan de manejo que regule la pesca.
Lo que si está claro es que la resolución que creó el área protegida señaló que la pesca industrial no tiene cabida allí. Es decir, que los aparentes casos de pesca que revela esta investigación serían ilegales. La pasividad de Parques Nacionales (PNN), la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP) y el Ministerio de Ambiente (MinAmbiente) para diseñar el plan de manejo ha permitido pesca a escala industrial posiblemente ilegal en Yuruparí, donde habitan tiburones en peligro de extinción.
Una pesquisa realizada con la plataforma de posicionamiento satelital de embarcaciones Global Fishing Watch, arrojó que en el distrito Yuruparí —área marina protegida de amortiguación para el Santuario de Flora y Fauna (SFF) de Malpelo_ en el Pacífico colombiano, donde debe regularse la pesca industrial; desde junio de 2018 hasta hoy, se realizaron diez aparentes esfuerzos de pesca por parte de tres barcos colombianos, dos panameños y uno ecuatoriano.
También hallaron un aparente evento de pesca ilegal en el Santuario de Malpelo en 2017.
En el mapa, el rectángulo vertical corresponde a Yurupari-Malpelo. Pulsa play para reproducir el video y usa los botones + y – para alejar o acerca el mapa. Cada línea de color representa el trayecto de una nave.
Se habla de ‘aparente pesca’ puesto que, para afirmar con absoluta seguridad que se extrajeron recursos del área protegida, es necesario complementar los hallazgos hechos a partir de los sistemas satelitales, con una inspección en terreno que confirme presencialmente la pesca ilegal. De ahí, unas de las dificultades para rastrear este delito.
Las actividades detectadas en la investigación fueron confirmadas por dos analistas de sistemas especializados en la visualización satelital de barcos y, según Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), serán revisadas y de confirmarse, se abrirán investigaciones.
Riqueza en riesgo
El distrito de Yuruparí es un área protegida marina de 2,6 millones de hectáreas —similar al tamaño de Haití o Bélgica— contigua en su extremo oeste al SFF Malpelo, ubicado a 500 kilómetros de Buenaventura mar adentro. Fue creado como área de amortiguación para proteger las especies y la biodiversidad de Malpelo. Este SFF es una isla hermana del archipiélago ecuatoriano de Galápagos y conforman con Yuruparí un corredor vital para la conservación de la biodiversidad que va hasta la isla de Coiba en Panamá y la de Cocos en Costa Rica.
“Es una ruta migratoria para especies de mar abierto o depredadores pelágicos, entre ellos están los tiburones y las ballenas. La mayoría de estos tiburones están listados en categorías de amenaza. Proteger estos corredores biológicos es de gran importancia para conservar sus poblaciones”, dijo Diego Cardeñosa, biólogo, investigador y director de la Fundación Colombia Azul.
Desde 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Malpelo como patrimonio de la humanidad. Sus formaciones coralinas, paredes rocosas verticales, túneles y cuevas son admiradas por los aficionados al buceo. Es habitado por 1500 especies de animales —aves, reptiles, cangrejos, delfines, entre otros—, nueve de las cuales no se encuentran en otra parte del mundo. También viven o migran en la zona 40 especies amenazadas o vulnerables, como los tiburones martillo, en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), los tiburones zorro, sedoso y el pez mero, todos ellos catalogados como vulnerables.
Especialistas le confirmaron a este medio que Yuruparí y Malpelo son habitados por las mismas especies en peligro de extinción. Y que si estas se pescan en Yuruparí se capturan, en definitiva, las mismas de Malpelo.
Un distrito de manejo integrado como Yuruparí es diferente a un santuario de flora y fauna como Malpelo a pesar de que tengan objetivos de conservación similares. En Malpelo, toda actividad pesquera está prohibida. En distritos como Yuruparí se permite el “aprovechamiento racional” de los recursos y se prohíben las actividades diferentes a las del uso sostenible, preservación y restauración. En pocas palabras, en Yuruparí se podrá pescar, pero bajo condiciones que serán definidas por el plan de manejo. El problema es que dicho plan de manejo aún no ha sido creado.
Por lo mismo no se han definido las actividades y artes de pesquería permitidas en el sector, las cuotas de pesca por especie, las medidas para proteger aquellas que están en peligro de extinción ni el personal y presupuesto de vigilancia.
Pero lo que sí está claro es que en Yurupari no está permitida la pesca industrial.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —a través de la Resolución 1908 de 2017— clasificó a Yuruparí en la categoría VI de áreas protegidas de la IUCN. Esta categoría “no está designada para permitir cosecha (pesca) industrial a gran escala”, dice el organismo internacional.
De hecho, la Armada y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) fueron más lejos y aseguraron que toda la pesca está prohibida en áreas reservadas como Yuruparí por el artículo 54 de la Ley 13 de 1990.
Para Melany Villate, bióloga especializada en tiburones, es irónico que existan áreas con una normativa tan estricta como Malpelo junto a zonas atrasadas en la definición de una normatividad clara. Al no existir la reglamentación de Yuruparí, “finalmente estás pescando las especies que viven en Malpelo. Esas especies no tienen un registro de a dónde pueden y no pueden ir”, afirmó Villate.
Y la pesca sigue con la flota colombiana
Mientras llega el plan de manejo, Yuruparí es una especie de viejo oeste oceánico, en el que barcos con antecedentes aprovechan para pescar en mar revuelto.
Cuestión Pública confirmó que tres embarcaciones operadas por Seatech —productora del atún Van Camps— han realizado cuatro aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí, según información de la base de datos de Global Fishing Watch. Las tres embarcaciones son operadas por Seatech, de acuerdo con una investigación periodística de La Liga Contra el Silencio —alianza de medios independientes colombianos a la que Cuestión Pública pertenece— y, en el Registro Nacional Pesquero, es Diego Canelos, gerente de esta empresa, quien aparece como operador de las tres naves. La operación de un barco significa que una compañía tiene un permiso con el fin de usarlo para la pesca, comercialización, transformación y extracción, como aseguró el director de la AUNAP.
El primer barco es Dominador I, que realizó aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí en noviembre 6 y 14 de 2018. Es una embarcación colombiana, propiedad de Tuna Atlantic Ltda, que ha sido investigada por pescar en 2009, 2010 y 2011 sin estar registrada en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) —el organismo que regula la pesca de este recurso—, a pesar de que dicho registro es obligatorio. Colombia revocó su licencia de pesca en 2012, pero en los registros de la CIAT está actualmente habilitada para esta actividad. También fue investigada por pescar en un espacio ocupado por delfines sin llevar a bordo un observador científico en 2015, como reporta la AUNAP.
Un segundo barco, Sea Gem, también de Tuna Atlantic Ltda, realizó aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí en junio de 2019. Sus antecedentes incluyen arrojar residuos, un descarte de atún —investigado por la AUNAP y cerrado por caducidad en 2013— y buscar peces en época prohibida en 2011, según la CIAT. Un descarte se presenta cuando un barco arroja muertos al mar una porción de los atunes que había capturado, lo cual es considerado un desperdicio de recursos pesqueros e inconsistente con la pesca responsable, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Un tercer barco de Tuna Atlantic, Cabo de Hornos, realizó aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí en 2017. En 2018 habría ejecutado un aparente apagado del sistema de detección satelital AIS. Los barcos llevan estos sistemas que son utilizados por las autoridades para vigilar sus trayectorias y así evitar la pesca ilegal. Si están apagados no es posible verlos. Otros antecedentes incluyen pescar y arrojar cadáveres de tiburones, atún y residuos al mar en 2011. De acuerdo con la AUNAP, la embarcación ha sido investigada por casos de descartes en 2011 y 2013.
El barco Cabo de Hornos además fue sancionado en 2012 y 2016 por aleteo —la práctica de cortar las aletas del tiburón y arrojar al mar el resto del cuerpo— y pesca ilegal respectivamente. En este último caso, se incautaron 70 toneladas de atún pescado ilegalmente en el área protegida Zona Exclusiva para la Pesca Artesanal (ZEPA) en Bahía Solano, en el departamento de Chocó, informó Agenda del Mar. Tuna Atlantic fue sancionada con $52 millones y, según el reporte de la AUNAP, solo se dio el “decomiso de 25 toneladas” de atún.
Tenemos otras cosas más importantes para el país. Nosotros con el Gobierno hicimos eso (la aprobación del distrito de Yuruparí) porque Colombia debía responder con unas áreas protegidas ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Nicolás del Castillo, director Aunap.
Según la CIAT, el barco es propiedad de la empresa panameña Los Caobos Internacional SA, pero en el Registro Nacional de Barcos Pesqueros no solo ha aparecido a nombre de la anterior, sino también de Tuna Atlantic Ltda.
Al preguntar al director de la AUNAP, Nicolás del Castillo, por qué este barco estaba circulando en Yuruparí después de esta conducta y dijo: “seguramente hubo una investigación administrativa. Desconozco el caso. Al verlo que llegó a Bahía Solano se hizo la denuncia y esa denuncia de pronto terminó en nada y por eso está pescando hoy”.
Todas estas embarcaciones con antecedentes por malas prácticas estarían operando en un área protegida donde la pesca a gran escala no está permitida.
Para Del Castillo, el plan de manejo de Yuruparí no es prioritario: “Tenemos otras cosas más importantes para el país. Nosotros con el Gobierno hicimos eso (la aprobación del distrito de Yuruparí) porque Colombia debía responder con unas áreas protegidas ante la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.
Y añadió: “Yo pienso que las naves colombianas sí deberían pescar ahí, pero tenemos que conciliar entre todos. El sector privado es el que lo jalona a uno. No es que sin presión no trabajemos, pero se necesita. Los industriales llegan y dicen: ‘miren, queremos pescar en esa área’. Si ellos no lo han dicho, no les abran las intenciones”.
El plan de manejo, que evitaría que pesquerías industriales capturen los recursos naturales, podría tardar dos o tres años más, pues no lo han empezado con Parques Nacionales y MinAmbiente, explicó Del Castillo.
“(Sin plan de manejo, el distrito) se vuelve como un papel que dice que no se puede pescar, pero si no se hace un control y vigilancia efectivo es muy poco probable que las pesquerías industriales respeten eso”, comentó el biólogo Diego Cardeñosa sobre el retraso del plan de manejo.
Yo te aporto, tú me aportas: Seatech (Van Camps) y el poder
Seatech, la empresa que opera los barcos de Tuna Atlantic, tiene como gerente a Diego Canelos Velasco, como suplente del gerente a Augusto Zárate Gutiérrez y como representante legal judicial a Jaime Dávila Pestana, todos financiadores de campañas del uribismo.
Cuestión Pública encontró que Seatech International donó $400 millones (104 462 dólares) al partido de gobierno Centro Democrático en 2018. A su vez, la Liga Contra el Silencio reveló que Diego Canelos donó $80 millones (20 892 dólares) a la campaña presidencial de Iván Duque.
La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros quedó exenta del IVA en el Artículo 11 de la reforma tributaria firmada por Iván Duque en diciembre de 2019. Esto sería un posible conflicto de interés, como denunció el representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, ya que la bancada uribista aprobó esta reforma, a pesar de las donaciones mencionadas.
Adicionalmente, como contó La Liga, directivos de Seatech, sus familiares o empresas relacionadas con ellos donaron a otras tres campañas políticas del uribismo —incluida la del expresidente Uribe— desde 2006 hasta 2014 por un monto total de $175 millones (45 703 dólares).
Seatech es una compañía registrada en Cartagena y en Islas Vírgenes Británicas que cuenta con un patrimonio de $167 mil millones (43,6 millones de dólares) y sus dueños son los mismos de Tuna Atlantic: Altman Corporation y Andean Trading. Esta última es una sociedad panameña que ha tenido a Augusto Zárate como director y secretario y que ha sido representada por Diego Canelos. Recordemos que Zárate y Canelos son respectivamente el suplente del gerente y gerente de Seatech. Zárate, a su vez, es hijo del fallecido Gabriel Humberto Zárate Sánchez, cofundador del tercer banco más grande del país, Davivienda.
Barcos panameños
Pero no solo embarcaciones colombianas han actuado en Yuruparí. El primer barco panameño, Templario I, propiedad de Tuna Liner Corporation y con permiso de pesca bajo la compañía colombiana N Y N Shipping SAS, registró en 2019, según la plataforma Global Fishing Watch, cuatro aparentes esfuerzos de pesca. Antecedentes de la nave incluyen realizar una presunta pesca ilegal de atún en el área protegida ZEPA del Chocó en 2008, otra en época de veda en 2011 y la sospecha de vertimiento de combustible en 2016 en aguas chocoanas. También tuvo una queja de pesca en la Zona Especial de Manejo Pesquero del Chocó en 2018, un aparente apagado de su sistema de localización AIS en abril —antes de ingresar al área protegida y realizar una posible pesca— y octubre de 2019.
En abril de 2019, Templario I aparentemente apagó su sistema de localización internacional (AIS) poco después de entrar a Yuruparí y luego realizó un movimiento de aparente pesca. ¿Cómo lo sabemos? Global Fishing Watch muestra dos recorridos que se superponen y que corresponden a la misma nave, Templario I. En rojo, el sistema satelital AIS dejó de transmitir, mientras que el segundo, en azul, continuó funcionando.
El gerente de N Y N Shipping SAS, la empresa con el permiso de pesca, es Miguel José Navas Trucco y el subgerente es Enrique Miguel Gerlein Navas, sobrino del exsenador barranquillero Roberto Gerlein y del empresario Julio Gerlein, investigado en el escándalo de compra de votos de la excongresista Aída Merlano. Como informó El Confidencial de España, Gerlein Navas ha sido accionista minoritario de Inassa, el ‘holding’ para inversiones en Colombia y Suramérica del Canal de Isabel II —empresa pública española que realiza el manejo de aguas en Madrid—, conglomerado investigado en España y Colombia por un caso de corrupción y desfalco entre los años 2000 y 2017. Según El Español, informes del de la agencia antidrogas estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration) relacionaron a Gerlein con presuntas actividades de blanqueo de capitales.
El segundo barco panameño que habría ejecutado un aparente evento de pesca en Yuruparí es Baraka, propiedad de la compañía del país del istmo Navatún SA y con permiso de pesca en Colombia bajo la empresa Agencia Marítima Colombian Seas SAS (ACOLSEAS). Realizó un aparente esfuerzo de pesca en Yuruparí en marzo de 2020. Los antecedentes de la nave incluyen un posible esfuerzo de pesca en el Santuario de Malpelo, cuatro días después de su ampliación en octubre de 2017; es decir que habría sido ilegal. Y un proceso preliminar por un lance sobre delfines en 2018.
Un tercer barco, pero no panameño, sino con bandera ecuatoriana y licencia peruana con nombre Maria Isabel, registró un aparente evento de pesca en Yuruparí en agosto de 2018. Maria Isabel no está en el Registro Nacional de Barcos Pesqueros, aunque sí cuenta con permiso de pesca de la Dirección General Marítima (DIMAR) para Balvino Gutierrez Martínez SAS y en Perú y la CIAT bajo la compañía Corporación Ecuatoriana de Pesca Ecuaoceánica SA.
Los seis barcos mencionados en esta investigación, tanto colombianos como panameños y ecuatorianos, tienen trayectos hacia el puerto de Manta en Ecuador.
La pesca ilegal en Malpelo
En el Santuario de Malpelo toda pesca es ilegal desde 1995. Pero hay barcos costarricenses y ecuatorianos pequeños y medianos que pescan tiburones allí. Estas embarcaciones suelen ser fantasmas, es decir, que no tienen ningún dispositivo satelital que permita rastrearlas.
Estos animales son usados para abastecer el mercado de aletas en China, Taiwán y Hong Kong para producir una sopa que la población considera “un símbolo de estatus económico y prosperidad”, explicó el biólogo Cardeñosa. La sopa puede costar hasta 200 dólares por unidad y un kilo de aleta puede costar hasta 300.
Un estudio genético de Cardeñosa próximo a publicarse demostró que hasta el 85 % de aletas de tiburón martillo y zorro que se consumen en Asia provienen del océano Pacífico Oriental, incluido Yuruparí. Parte de estas aletas proviene del aleteo.
Felipe Ladino, ecólogo de la Fundación Malpelo, le dijo a Cuestión Pública que de 2009 a 2019 la población de tiburón martillo en el Pacífico Tropical colombiano disminuyó hasta en 90 %.
A su vez, La Liga contra el Silencio informó que en el Pacífico colombiano se pescan aproximadamente 700 toneladas de tiburón al año. El registro estatal apenas reporta 117 toneladas de pesca incidental anual de tiburones.
Nicolás Bernal, jefe de área del Santuario de Flora y Fauna de PNN, nos confirmó que “naves nodrizas en aguas internacionales surten a estas embarcaciones con hielo y combustible día a día”. Esto lo hacen por lo lejos que se encuentra Malpelo de tierra firme.
Analistas de Global Fishing Watch encontraron un aparente caso de este tipo en agosto de 2019, en el que las inusuales luces nocturnas de un barco tanquero —embarcación que transporta combustible— de bandera maltesa podrían demostrar que estaba trabajando en labores de suministro de gasolina a naves en áreas próximas al Santuario.
Aparte de la captura por embarcaciones fantasmas, también está la pesca incidental por barcos atuneros —registrados legalmente y que viajan con observadores independientes— que cuando salen a pescar, de manera accidental —aunque en ocasiones intencional— capturan a los tiburones. Normalmente los devuelven sanos al mar. No obstante, según dijo en rueda de prensa Fabio Arjona, director de Conservación Internacional para Colombia, el programa de observadores “se ha deteriorado dramáticamente” en los últimos años.
Los barcos encontrados en esta investigación son atuneros y si aparentemente están pescando en Yuruparí, podrían estar capturando incidentalmente tiburones en peligro.
Para las autoridades, la lucha contra la pesca ilegal en Malpelo no es fácil. Las grandes naves son monitoreadas satelitalmente por las autoridades colombianas. Pero con las pequeñas embarcaciones se depende del alcance visual que da el monitoreo. Si el personal detecta alguna embarcación sospechosa, da aviso a la Armada que no siempre puede responder pues no tiene una embarcación disponible siempre. “Dependiendo de la disponibilidad, hacen la verificación”, dijo Robinson Galindo, director de la Territorial Pacífico de PNN, la división que administra Malpelo y Yuruparí.
La información suministrada por PNN evidencia que entre 2010 y 2019 se han realizado 20 operativos de interceptación e incautación de embarcaciones pescando ilegalmente. En Malpelo se han interceptado 25 embarcaciones con un total de 102 tripulantes y se han impuesto seis condenas y tres multas a los involucrados.
Con base en documentos de la Armada y notas de prensa, Cuestión Pública encontró 41 registros de pesca ilegal en el Santuario de Malpelo entre 2008 a 2019.
La falta de presupuesto y personal dificulta la vigilancia y control. De acuerdo con Robinson Galindo, “PNN no cuenta con embarcaciones permanentes para estar haciendo recorridos ni con tecnología para interceptar y hacer verificaciones de manera rápida. Hace falta mejorar la infraestructura y se necesitan recursos para aumentar la capacidad operativa”.
Nicolás Bernal coincidió con Galindo: “Se trabaja con las uñas. Yo diría que es una sexta parte de lo que se requeriría para hacer una gestión eficiente, sobre todo después de la ampliación (de Malpelo en 2017). Se amplió el área, pero no el presupuesto”.
A diferencia de Malpelo, la Armada le dijo a Cuestión Pública que no han realizado incautaciones por pesca ilegal en Yuruparí desde 2011, pese a nuestros hallazgos. Sin embargo, PNN informó que en marzo de 2020 retuvieron en Yuruparí un barco costarricense llamado Amanda M con 280 kilogramos de tiburón martillo y 70 de tiburón sedoso.
Con poco presupuesto y personal se dificulta vigilar las 2 667 908 hectáreas de Malpelo. Sin presupuesto, ni personal es imposible vigilar las 2 691 981 hectáreas de Yuruparí. Que esta área sea solo océano tampoco ayuda.
“En Yuruparí no existe un punto de referencia erigido como la Isla de Malpelo, sino una zona donde solo se ve agua. Aunque en radares sea fácil encontrar las embarcaciones, las distancias son bastantes amplias. Es un control difícil de realizar”, comentó Diego Cardeñosa.
Al cierre de esta publicación, ni el Ministerio de Ambiente, ni Seatech-Van Camps habían respondido las preguntas. Tampoco N y N Shipping de Gerlein, Acolseas, ni Balvino Gutiérrez, quien aseguró que las respondería en un correo que no llegó.
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