Seis pueblos indígenas temen la reactivación de proyecto hidroeléctrico

Iván Paredes Tamayo /Mongabay Latam

La tregua se terminó para los más de 5 mil pobladores indígenas que habitan en la puerta del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi y de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, al norte del departamento de La Paz, en Bolivia. La idea del Gobierno boliviano de consolidar el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala ha regresado y con ella la preocupación de seis naciones indígenas, que ahora anuncian vigilias en la zona en caso de que se inicie la construcción de dos megarrepresas cuyos embalses podrían provocar inundaciones y el posterior desplazamiento de sus territorios.

El Gobierno de Bolivia, liderado por Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, está siguiendo la misma hoja de ruta del gobierno del MAS, el mismo que declaró el proyecto hidroeléctrico, en julio de 2007, como una prioridad nacional.

La generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Beni, concretamente en el estrecho de El Bala, es un plan que nació hace más de 50 años y que fue descartado en varias oportunidades por su inviabilidad económica y alto costo ambiental. La última vez que fue rechazado por las comunidades indígenas fue durante el gobierno de Hugo Bánzer y la última vez que se trató de resucitar sin éxito fue durante el período de Morales.

Desde entonces, el tema del Chepete y El Bala había dejado de ser una preocupación para los seis pueblos indígenas que habitan en la zona: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona. Estas naciones denuncian que con la ejecución del proyecto hidroeléctrico se “cercenarán” tres ríos que son vitales para la existencia de estos pueblos. Se trata de los afluentes Beni, Tuichi y Quiquibey.

“Esto implicaría un desplazamiento forzoso y eso es quitarnos nuestro territorio. Estaríamos obligados a salir de nuestros espacios, de nuestros dominios ancestrales. Estaríamos renunciando a lo más vital: sin territorio no hay pueblos indígenas. Esto sería aceptar una muerte silenciosa. Donde nos lleven, jamás será igual”, expresó a Mongabay Latam Alex Villca, quien es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia.

El dirigente indígena va más allá. Villca detalló que en la serranía del Chepete existe un pueblo indígena en aislamiento voluntario —que se cree que son los mosetenes, pues faltan más estudios al respecto— y que serían afectados “totalmente” si es que las hidroeléctricas son construidas en su zona. “Conocemos por parte de nuestros hermanos que existe ahí, en las alturas del Chepete, de un pueblo en aislamiento voluntario y que debe desconocer de todos estos planes. Imagínese cómo será su afectación en caso de que se concrete el proyecto”, dijo.

Convocatoria a empresas

La semana pasada, la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Ende) retomó la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico del Chepete y El Bala. Lanzó una convocatoria a empresas para la investigación geológica y geotécnica. Según la invitación COR-GPP-BAL-22-2021, Ende convocó a presentar propuestas para el “Servicio de investigación geológica-geotécnica complementaria”.

La empresa estatal detalló que en el caso de la hidroeléctrica Chepete, el área de embalse será de 46 kilómetros cuadrados de un total de superficie de 3859 kilómetros cuadrados en la reserva de Pilón Lajas. Mientras que el proyecto de El Bala, según Ende, abarcaría 94 kilómetros cuadrados de las 18 895 que abarca el Madidi.

A esto se suma que el pasado 16 de agosto se vivió un día de división entre los pueblos indígenas de Bolivia. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) firmó un acuerdo con Ende para autorizar los proyectos en la etapa de Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y Chepete.

Este acuerdo establece que una de las obligaciones de Cpilap es “permitir el ingreso de Ende Cooperación y sus empresas contratadas a las áreas de influencia directa e indirecta para realizar trabajos de investigación, información, socialización y levantamiento de datos que permita realizar estudios, formular proyectos, a diseño final para implementar proyectos de generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica”.

Villca levantó la voz de alerta por la suscripción de este acuerdo. “Lo que nos preocupa en el tenor de este convenio es que se estaría dando no solo a la realización de estudios complementarios, sino se estaría permitiendo en un futuro que Ende inicie con la puesta en marcha y la construcción de las centrales hidroeléctricas Chepete y El Bala. Esto es mucho más grave”, afirmó.

La Cpilap es una organización regional que aglutina a diez organizaciones de pueblos indígenas del departamento de La Paz como el Consejo Indígena del Pueblo Tacana, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja, Organización del Pueblo Indígena Moseten, Pueblo Indígena de San José de Uchupiamonas, Comunidad Indígena Esse Ejja de Eiyoquibo, Consejo Regional T-simane Moseten de Pilón Lajas, Comunidad Agroecológica Originaria de Palos Blancos, Comunidades Indígenas Tacana II Rio Madre de Dios y Capitanía del Pueblo Indígena Araona. Todas estas organizaciones, según Villca, son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales y que ahora está en función de gobierno.

Gonzalo Oliver Terrazas es el presidente de Cpilap. El dirigente explicó que cinco de los seis pueblos indígenas afectados estarían de acuerdo con la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico. Se refirió al pueblo indígena Moseten, quien no firmó el pacto. “Este convenio no implica la construcción de represas. El objetivo es determinar la factibilidad o no del proyecto. Otros de los aspectos importantes que tiene el convenio es el componente social, que nosotros hemos incorporado para que pueda haber proyectos de electrificación y de vivienda”, detalló.

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, organización que se gestó en el año 2001 para asumir la defensa de los territorios ancestrales de las seis naciones indígenas afectadas por la amenaza del proyecto, exige que se realice una consulta previa a las comunidades para aprobar o no la realización del proyecto hidroeléctrico. Estos pueblos se reunieron el fin de semana en una asamblea y determinaron rechazar la iniciativa del Gobierno, lo que demuestra que existen dirigencias que están en contra y a favor de por lo menos realizar los estudios de factibilidad del proyecto.

“Le recordamos [al Gobierno], que en 2016 se realizaron 12 días de vigilia y se logró la expulsión de las empresas Geodata y Servicons que habían iniciado trabajos y estudios en los territorios sin cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y de buena fe, para el consentimiento de los pueblos”, dice un punto del documento aprobado el domingo por las organizaciones de la Mancomunidad que están en contra del proyecto.

Oliver Terrazas, por su parte, insistió en que la firma del convenio con Ende no implica que sea inherente a una consulta previa a los pueblos indígenas. El dirigente aseguró que de aprobarse la factibilidad del proyecto recién se realizará una consulta a las comunidades para aprobar o no la construcción de las plantas hidroeléctricas.

En enero de 2018, Ende devolvió a la empresa italiana Geodata Engineering el estudio de prefactibilidad para el megaproyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala para que sea corregido. Ende había detectado varios puntos por solucionar en el estudio y Geodata respondió que recomendaba “aplazar el desarrollo de la central hidroeléctrica El Bala 220, hasta cuando las condiciones del mercado energético de Bolivia y del exterior indiquen la conveniencia de su puesta en marcha”.

Los daños de las represas

El proyecto, cuyas obras comenzarían luego de que se lance una licitación pública, prevé la construcción, según las comunidad indígenas, de dos represas que inundarían al menos 662 kilómetros cuadrados. Es decir, los dos embalses serían cinco veces más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Y si el Lago Poopó, en el departamento de Oruro, en Bolivia, no recupera su caudal, el Chepete y El Bala sería el segundo lago más grande de Bolivia, tras el Titicaca.

El proyecto está formado por dos hidroeléctricas sobre el río Beni: la primera de ellas estaría en la angostura del Chepete, 70 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, y la segunda se encuentra cerca a la angostura de El Bala, a 13,5 kilómetros aguas arriba de esa misma población.

La represa del Chepete elevaría el nivel del agua en 158 metros llegando a formar un lago a 400 metros sobre el nivel del mar. La represa de El Bala elevaría el nivel del agua en unos 20 metros y su embalse estará a 220 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la presa del Chepete, que sería un muro de concreto, la presa de El Bala estaría formada por compuertas y generadores que estarían en medio del río.

Según la Fundación Solón, en total deberían ser relocalizadas 5164 personas, en su absoluta mayoría indígenas. Esta cifra equivale a toda la población que vive de manera permanente en la ciudad de San Buenaventura, en La Paz. Además, en el área existen 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces. Las fichas ambientales no precisan que especies podrían desaparecer para siempre ni cuantos ejemplares de cada especie serían afectados.

El principal temor de los pueblos indígenas de la zona es que la construcción de ambas represas implicaría el desplazamiento forzoso de más de 5000 comuneros. Por ejemplo, en la ejecución del segundo embalse, que sería El Bala, según la Fundación Solón y las organizaciones indígenas que se oponen al proyecto, se inundaría toda la comunidad de San Miguel del Bala y no existe ninguna información oficial para el desplazamiento de sus habitantes, que son un poco más de 1000 personas.

Y con la construcción de la represa del Chepete habría que desplazar a un poco más de 4000 pobladores indígenas. Todas las áreas pobladas a las que afectaría este embalse, según Geodata, son terrenos de titulación colectiva que pertenecen a los pueblos indígenas tacanas, lecos y mosetenes. Además, al tocar los ríos de esta zona se estaría perjudicando a los principales modos de subsistencia de los pueblos: la pesca, la agricultura y, en este último tiempo, el turismo comunitario, muy afectado por la pandemia del coronavirus.

Valentín Luna es un líder indígena tacana y es dirigente durante varios años de la comunidad San Miguel del Bala. En la actualidad hay por lo menos una veintena de ecoalbergues que se instalaron en el eje de las reservas naturales Madidi y Pilón Lajas. La mayoría de estas iniciativas son gestionadas desde las propias comunidades indígenas. De ejecutarse el proyecto hidroeléctrico, según Luna, cuatro de los ecoalbergues serían impactados por inundaciones con la construcción de las represas: el albergue Chalalán de los uchupiamonas, el que conducen los comuneros de San Miguel de Bala, el de la comunidad de Villa Alcira y el que regentan los chimanes y mosetenes de Asunción del Quiquibey.

Los pobladores indígenas que no quieren las hidroeléctricas están convencidos de que la construcción del proyecto Chepete-El Bala sería el fin del turismo que se desarrolla ahora, pero también temen lo peor: que los seis pueblos indígenas de la zona desaparezcan.