Defensores ambientales asesinados en Colombia

Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

“No vaya a irse tan tarde, quédese en el pueblo [Orocué, Casanare]”, le dijo el 12 de enero una vecina a Luz Marina Arteaga, una lideresa social y ambiental en los departamentos de Meta y Casanare. “Mija, tengo una cita y no puedo quedar mal”, le contestó Arteaga. Desde ese día nadie volvió a verla hasta que encontraron su cuerpo, abandonado y en alto grado de descomposición, en uno de los pozos que se forman en verano en la ribera del río Meta.

El 14 de enero la tragedia llegó al norte del departamento del Cauca donde varias autoridades y guardias indígenas se enfrentaron a un grupo armado que apareció en el resguardo Las Delicias del pueblo Nasa, en la vereda San Gregorio, zona rural del municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento. Después de pedirles que abandonaran el territorio y de que estos se negaran, procedieron a expulsarlos. Los armados emprendieron el fuego indiscriminado, hirieron a la autoridad indígena Fabián Camayo y asesinaron a los guardias Guillermo Chicame y Breiner David Cucuñame, este último de tan solo 14 años.

El asesinato de líderes sociales, indígenas, ambientales y de derechos humanos no para en Colombia. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 y el 20 de enero de 2022 ya se habían registrado nueve líderes asesinados. En 2021 la cifra fue de 168 homicidios y, según datos de la organización internacional Global Witness, el país lleva dos años consecutivos siendo el más peligroso del mundo para defensores ambientales. En lo que va de 2022, Guillermo Chicana, Breiner David Cucuñame, Nilson Antonio Velásquez y Libardo Castillo fueron asesinados en la región Pacífica. José Avelino Pérez, Miguel Carrillo y Luz Marina Arteaga fueron asesinados en la región Orinoquía; a Wilson Cortez lo mataron en la Amazonía y a Mario Jonathan Palomino en la región Andina.

Los llanos orientales se quedan sin la lideresa que los defendía

Luz Marina Arteaga Henao se encontraba desaparecida desde el miércoles 12 de enero. Según información de la comunidad de la vereda Matarratón, del municipio de Puerto Gaitán (Meta) donde ella tenía un predio, ese día Arteaga salió de su finca ‘El Raudal’ hacia el casco urbano del municipio de Orocué, Casanare, lugar donde vivía. La lideresa pasó hacia las 3:00 de la tarde por una finca vecina, allí realizó dos llamadas telefónicas: una a un señor para que la transportara de Matarratón a Orocué y la otra se desconoce la persona. A las 4:30 de la tarde desembarcó de una lancha en el lugar conocido como el paso de pelencho en Orocué, a orillas del río Meta, allí fue vista por última vez hablando con un señor de una motocicleta, del cual se desconoce su identidad y paradero.

Nadie volvió a ver a la lideresa hasta que el 17 de enero encontraron un cuerpo en alto estado de descomposición tirado a orillas del río. “Ese lunes decidimos irnos hasta Orocué para buscarla directamente y, antes de salir, nos informaron de un cuerpo encontrado en el río entre las 6 y las 7 de la mañana. Nos fuimos casi con la seguridad que se trataba de ella porque nos enviaron fotos y la ropa era de ella, la reconocíamos”, cuenta Jaime León, amigo de Luz Marina Arteaga y director de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que lleva varios años trabajando con comunidades campesinas e indígenas en esta región de la altillanura colombiana.

El cuerpo fue encontrado a 8 kilómetros del casco urbano de Orocué y después de hacer el reconocimiento se comprobó que se trataba de la lideresa, oriunda de Medellín, Antioquia.

Luz Marina Arteaga era médico de la Universidad de Antioquia y llegó al departamento de Casanare a finales de la década de los ochenta, luego de que grupos paramilitares la desplazaran de la región del Urabá antioqueño.

Llegó a la ciudad de Yopal y empezó a trabajar como médico. Posteriormente le ofrecieron un puesto en la Secretaría de Salud de Orocué, donde se desempeñó en sanidad pública. Trabajó con campesinos e indígenas, allí los atendía como médico pero también empezó a asesorarlos en temas políticos y de derechos humanos.

“Ella acompañaba a las comunidades campesinas e indígenas que se habían asentado allí y las que llevan un trabajo de defensa de su territorio ancestral en el Meta, Vichada y Casanare. Participaba en los encuentros que las comunidades impulsaban y siempre estuvo en la labor de fortalecimiento organizativo de las comunidades para la defensa del territorio y del ambiente”, le cuenta un funcionario de la Corporación Claretiana a Mongabay Latam. Incluso, Arteaga acompañaba procesos de constitución y ampliación de resguardos indígenas en el departamento de Vichada.

Siempre dispuesta a ayudar desinteresadamente. Eso es algo en lo que concuerdan aquellos que conocieron a Luz Marina Arteaga. Sus deseos de servir la llevaron a enfocar sus esfuerzos en una causa común en la zona: reclamar la titularidad de las tierras de los campesinos e indígenas que durante años habían vivido en las veredas de Matarratón y El Provenir en Puerto Gaitán, Meta.

Arteaga empezó a acompañar las denuncias que campesinos, indígenas y organizaciones como la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro, desde hace ya más de una década, han hecho ante el Estado. El principal reclamo era que el difunto esmeraldero boyacense Víctor Carranza había conseguido títulos de estas tierras de manera irregular, a pesar de que había comunidades que históricamente han vivido allí.

La lucha de la lideresa y sus compañeros llevó a que en 2014 el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), emitiera una resolución con la que le quitó los títulos a la familia Carranza por considerarlos fraudulentos.

La dicha fue momentánea porque, ese mismo año, testaferros del esmeraldero empezaron a invadir los predios. La lideresa fue una de las que denunció estos casos y de inmediato empezó a recibir amenazas. El asunto se complicó más pues el gobierno planteó la posibilidad de que esos predios que habían sido devueltos a la nación se convirtieran en una de las primeras Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), una figura donde en lugar de otorgar títulos de propiedad a los campesinos, se le entrega la tierra a empresas por mucho tiempo para que la exploten y den trabajo a los habitantes de la zona. Gracias a una tutela —acción legal en Colombia para la protección de derechos fundamentales—  que ella ayudó a promover, en noviembre de 2016 la Corte Constitucional le quitó al gobierno esa posibilidad y ordenó que se iniciara el proceso de titulación a sus habitantes ancestrales. Han pasado más de cinco años pero el Estado sigue sin titular las tierras.

Breiner David Cucuñame, de 14 años, era un niño guardia indígena que murió en manos de un grupo armado en el norte del Cauca. Luz Marina Arteaga era una médica que acompañaba los procesos de reclamación de tierras de campesinos e indígenas en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. Su cuerpo apareció sin vida en el río Meta luego de estar desaparecida durante varios días.

 

Una vez conocida la sentencia empezaron con más fuerza las amenazas. Todas estas han sido documentadas y denunciadas en la Fiscalía pero nada pasó. La Unidad Nacional de Protección le otorgó un botón de pánico y un chaleco antibalas a Arteaga pero estas medidas, según dicen quienes la conocieron, eran insuficientes para el contexto en el que vivía la lideresa. “Ella se movilizaba por muchos lugares. Hicimos muchas veces análisis de riesgo y ella sabía que estaba en riesgo alto”, le cuenta León a Mongabay Latam. El director de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello también ha recibido constantes amenazas contra su vida y la de otros funcionarios de la corporación.

León dice que esto no fue un ataque simple, sino premeditado y organizado, donde le tendieron alguna trampa a la lideresa o conocían muy bien sus rutas. “La gente en Orocué está muy dolida porque Luz Marina era muy querida. Unos dicen que la mataron porque estaba acompañando la revocatoria de mandato del alcalde de Orocué por actos de corrupción, otros dicen que fue por su lucha histórica por las tierras. Nosotros creemos que fue por todo lo que hacía”, comenta.

La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte de Luz Marina Arteaga y aseguró que, a través de la regional del departamento del Meta, han venido acompañando a las comunidades en el ejercicio de reclamación de sus derechos, entre ellos a los reclamantes de tierras. “Para el caso concreto de la señora Arteaga Henao, habíamos advertido su situación de seguridad en la Alerta Temprana NO. 017-20 en 2020. Su riesgo estuvo relacionado con su trabajo como lideresa en la reclamación de los derechos de tierra en las veredas Porvenir y Matarratón. Exhortamos a las autoridades a agilizar las acciones que conduzcan a investigaciones exhaustivas para aclarar estos hechos”.

Por ahora, la Fiscalía ha dicho que se encuentra investigando. “Exigimos que haya justicia, que no se quede un caso más impune. Deben rastrear las llamadas”, comenta Jaime León.

La violencia alcanzó a la niñez indígena del Cauca

Si hay una palabra que define a los indígenas del Cauca es resistencia. Las autoridades ancestrales en Buenos Aires, junto con integrantes de la guardia indígena, acudieron en la tarde del 14 de enero al llamado que hizo una comunidad Nasa del resguardo Las Delicias, en la vereda San Gregorio, por la presencia de un grupo fuertemente armado en su territorio.

Según le dijo Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a Mongabay Latam, los indígenas empezaron a hablar con los actores armados para que abandonaran el territorio y luego de que estos se negaran, decidieron expulsarlos. Fue ahí cuando se presentaron los primeros disparos directos contra los indígenas. “Los disparos tan certeros a las víctimas nos dan cuenta de lo cerca que estaban. No hubo combate, lo que hubo fue ataques directos”, comenta Capaz.

La autoridad Fabián Camayo resultó herida e inmediatamente el guardia indígena Guillermo Chicame lo auxilió. Cuando estaba intentando sacarlo de la zona le dispararon al guardia por la espalda, causándole heridas de gravedad que condujeron a su muerte.

Según relató otro indígena del sector a Mongabay Latam, hubo al menos unos 20 minutos de disparos indiscriminados “a todo lo que se moviera”, con armamento de largo alcance. En esos hechos le dispararon al niño guardia indígena, Breiner David Cucuñame, que pasaba por el sector con su padre, luego de terminar su jornada de trabajo.

Breiner David tenía 14 años y esa tarde de enero recibió tres disparos en el tórax, los cuales le arrebataron la vida. Desde muy temprana edad se encaminó en el proceso organizativo indígena, motivado por la trayectoria de su familia como autoridades del pueblo Nasa.

Desde hace un año formaba parte de la escuela de formación de niños guardias indígenas que busca educarlos para la protección territorial, la promoción del cuidado de la naturaleza y las responsabilidades comunitarias frente a la protección del ambiente. Estos niños hacen jornadas de siembra de árboles, caminatas para conocer el territorio y, según cuentan los indígenas del norte del Cauca, generan propuestas de acciones novedosas para el cuidado de lo natural y el fortalecimiento de su identidad y costumbres alrededor de la importancia del territorio. “Por eso la característica de niño guardia ambientalista”, resalta Capaz.

Estas escuelas se crearon hace ocho años y actualmente hay entre 350 y 400 niños guardias indígenas en proceso de formación en el norte del Cauca.

Una vez se conocieron los hechos, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto. “La muerte del joven Breiner David Cucuñame, un abanderado de la protección ambiental en su comunidad en el Cauca, nos llena de tristeza. A su familia y a la comunidad indígena, mis más sentidas condolencias; apoyaremos a la Fiscalía para esclarecer con celeridad los hechos”, dijo.

Sin embargo, Edwin Mauricio Capaz asegura que al gobierno ya se le ha puesto en conocimiento de los altos niveles de vulnerabilidad y agresión en Buenos Aires, porque esta no es la primera vez que ocurren asesinatos de indígenas en este territorio. “Estas denuncias han sido constantes, la respuesta del Estado ha sido escasa, casi nula, y para nosotros hay complicidad por omisión. Esperamos que la presión internacional por lo que ha sucedido logre que el Estado cumpla con su deber de protección integral”.

La Defensoría del Pueblo también rechazó el asesinato del niño. “En el seguimiento que hacemos a este lamentable caso, desde la entidad hemos conocido que la Fiscalía trabaja en la investigación. Nuevamente instamos a las autoridades del Estado para que se activen cuanto antes las rutas de protección y medidas colectivas para el resguardo Las Delicias. Cabe recordar que desde la Defensoría emitimos la alerta temprana 019- 2020 que advierte riesgo para la población civil de Buenos Aires, los líderes indígenas, afros, campesinos de la zona rural y personas en proceso de reincorporación por los nuevos grupos armados ilegales”.

Las comunidades indígenas del norte del Cauca realizan actividades de control territorial y justicia indígena. Según informó Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la justicia indígena ya hizo cuatro capturas, dos el 14 de enero y dos el 15, aunque todavía se investiga el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos frente a lo sucedido. Capaz afirma que ha habido nueve asesinatos de indígenas en Las Delicias en menos de un año y que, incluso, las autoridades indígenas, en su derecho a la autonomía, ya han condenado a algunos de los responsables de crímenes anteriores. El crimen de los dos guardias se lo atribuyeron los miembros de la columna Jaime Martínez, disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), pero las autoridades indígenas dicen que aún no tienen elementos para confirmarlo.

“Las comunidades se mantienen firmes en no abandonar el territorio, que es una de las pretensiones de estos actores armados que buscan desestabilizarnos para consolidar sus economías ilegales en nuestras tierras ancestrales”, comenta Capaz, quien además menciona que han pedido absoluta autonomía en la conducción de las investigaciones y que será la justicia indígena la que en algún momento dirá si es posible coordinar acciones con la justicia ordinaria, dependiendo de los niveles de riesgo, vulnerabilidad y agresiones que se encuentren en la investigación.

La violencia en Colombia ha seguido cobrando las vidas de quienes defienden el medio ambiente, el territorio y los derechos de las comunidades rurales en el país. “Cada líder que muere significa que la ilusión de toda una comunidad se apaga. Nadie va a querer hablar ni luchar. Es triste y doloroso cuando alguien lucha por una comunidad y su recompensa es la muerte”, le dice a Mongabay Latam una lideresa de los llanos orientales, que prefiere la reserva de su nombre, al referirse al asesinato de Luz Marina Arteaga y de los líderes indígenas en el Cauca.

Imagen superior: Luz Marina Arteaga era querida en los llanos orientales por el apoyo que le brindaba a las comunidades. Foto: Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

ACTUALIZACIÓN:

Poco después de publicado este reportaje se conoció el asesinato de José Albeiro Camayo, ex coordinador regional de la Guardia Indígena y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), también ocurrido en el resguardo Las Delicias, municipio de Buenos Aires, Cauca; donde el 14 de enero fueron asesinados los guardias Guillermo Chicame y Breiner David Cucuñame, este último de tan solo 14 años.

Según informó la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN), a las 3:15 de la tarde del 24 de enero se conoció que un grupo de hombres armados pertenecientes a la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se movilizaban entre los sectores El Cabuyo y La Primavera del resguardo Las Delicias. Las autoridades indígenas empezaron a exigir el respeto de la vida de los civiles pero hacia las 5:30 de la tarde los armados empezaron a disparar en contra de la comunidad que se encontraba reunida, asesinaron a José Albeiro Camayo y secuestraron a su hijo Arli Oliver Camayo Chicame.

Los indígenas hicieron un llamado al gobierno nacional, a los Organismos Nacionales e Internacionales defensores y garantes de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Mapp OEA y ONU, para que de manera urgente y prioritaria hagan seguimiento a las acciones violentas que afectan las comunidades  y se tomen medidas para garantizar sus vidas. El CRIC se declaró en asamblea permanente.

ALIANZA INFORMATIVA 

MONGABAY LATAM- RED PRENSA VERDE