II INFORME ESPECIAL
Desde que se tiene memoria, las islas del archipiélago han sido deforestadas sin control ante la ausencia institucional. Pero fue durante la pandemia que se aceleró la venta de lotes especialmente en la Isla Tintipán. La ciudadanía reclama acciones contundentes de las autoridades para evitar que el bosque que queda siga siendo destruido.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
El negocio de compraventa ilegal de lotes es hoy el principal motor de deforestación en el archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiano.
Los otrora exuberantes bosques de manglar de este escenario natural, localizado entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han sido sometidos a una tala continua y a la ocupación ilegal por nativos y foráneos.
El archipiélago está conformado por nueve islas: Múcura, Tintipán, Ceycén, Mangle, Panda, Palma, Boquerón y Cabruna. Además, por el Islote de San Bernardo o Santa Cruz del Islote, como se le conoce ahora, una isla artificial de apenas 1,57 hectáreas, construida por una antigua comunidad afrodescendiente cuya población oscila entre los 700 y mil habitantes.
El problema más grave hoy, explica la Agencia Nacional de Tierras (ANT), es la tala de mangle y relleno que realizan invasores para conformar terreno consolidado y así poder construir sus viviendas.También retiran grandes cantidades de arena de sitios conservados, para llevarlas a zonas de construcción y crear playas artificiales por encargo.
El modus operandi de los ‘loteros’ como se les conoce a los comerciantes furtivos de los baldíos, no ha cambiado desde hace 40 años, cuando durante la ‘bonanza marimbera’, a la zona llegaban traficantes y contrabandistas, quienes fueron los primeros poseedores ilegales.
La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT explica que la venta se da a través de “la invasión directa de los nativos del Islote o de la financiación de un tercero que los contrata, en su mayoría, mediante la modalidad de tala y compactado para posteriormente construir o simplemente vender el lote sin ningún tipo de edificación”.
Los terrenos los ofrecen a través de un contacto, visita a la zona o por el envío de fotografías en medios digitales. En las islas afirman que a lo largo de los años, muchos ocupantes se han aprovechado de los nativos para montar sus negocios turísticos.
Un lote básico para una cabaña, se consigue entre 25 y 50 millones de pesos. Si es ‘calzado’ como dicen los isleños, es decir listo para construir, tiene un costo adicional. Si es elevado, con playa artificial o más metros cuadrados, la cifra comienza a subir.
Áreas donde se ha removido el manglar en Isla Tintipán. Imagen: Ignacio Galán
El virus de la invasión
Durante la pandemia por coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, se disparó la deforestación del manglar en las islas, especialmente en Tintipán, la más grande del archipiélago. Aparecieron decenas de parches blancos en el bosque y luego nuevas cabañas, hospedajes y hoteles.
Ahora son parte de la cadena de turismo que se promociona en internet y que se traduce en cientos de visitantes anuales, a quienes ofrecen toda clase de planes: deportivos, rumba, descanso o desconexión. Promueven alojamientos desde hamacas, posadas sobre el mar y suits. Paseos nocturnos, piscinas de agua dulce o playa nudista. Los turistas comparten sus recorridos en redes sociales y dicen que es el destino de moda.
Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.
Llama la atención el alto flujo de visitantes de distintos países y que algunos extranjeros estén al frente de negocios turísticos en los baldíos de la Nación y en pequeñas islas artificiales levantadas sobre vestigios de arrecifes coralinos. Sin embargo, detrás de esa realidad, aparece el verdadero conflicto social y ambiental. Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.
En áreas deforestadas y playas donde se ha retirado material, se aceleran procesos de erosión e intrusión marina, donde el mar penetra, inunda y afecta irreversiblemente los litorales. El interior de las islas está conformado por pantanos de mangle, que a raíz de la tala se están dividiendo e incluso desapareciendo con los impactos del cambio climático.
Los ecosistemas más afectados son: bosques de manglar, arrecifes de coral, bosque seco, praderas de pastos marinos, lagunas costeras y litoral arenoso.
Santa Cruz del Islote, isla artificial construida por nativos sobre una plataforma coralina. Imagen: Ignacio Galán
Adicionalmente, opinan los propios pobladores, se ha desconocido el Artículo 63 de la Constitución Política Nacional, según el cual: “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables».
En décadas recientes la invasión al litoral y los bajos coralinos, es realizada a veces por interpuesta persona, por familias poderosas, personalidades, empresarios, políticos, artistas, turistas y hasta, explican nativos, funcionarios públicos. En algunos casos es difícil identificar a los dueños porque cuando las autoridades visitan el lugar, solo encuentran a los encargados de cuidar las construcciones, quienes impiden el acceso al área.
Hoteles de lujo bordean la línea de costa de Tintipán, otros más fueron construidos directamente sobre la plataforma arrecifal. Imagen: IgnacioGalán
Un ejemplo de lo que ocurre en las islas, es el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien al parecer construyó y rellenó sobre una terraza coralina una casa de descanso (techo azul), en 650 metros de obra, frente a la Isla Tintipán.Cuando Noticias Uno hizo la denuncia en 2016, era conocida como Las Gaviotas. Recientemente fue reformada como hotel-isla 5 estrellas, La Gaviota, con playa elevada, piscina dentro del mar, ocho habitaciones y una capacidad para 25 personas.
Miguel Samper, ex director de la Agencia Nacional de Tierras le dijo a El Espectador en 2018 que el exmagistrado Pretelt estaba siendo investigado por ocupar sin autorización dicha propiedad de la Nación. El hotel no ha dejado de funcionar.
Isla Tintipán es la más grande del archipiélago de San Bernardo y la más afectadas por la tala de manglar. Imagen: Ignacio Galán.
Atacan a Parques Nacionales
El archipiélago depende administrativamente del Distrito de Cartagena y desde hace tres años no designa un inspector de Policía presencial, el que está nombrado despacha desde la ciudad, debido a que fue amenazado.
Un funcionario de Parques Nacionales, ―quien pidió omitir su nombre― comentó a Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, que la tala de mangle es el principal problema del parque. Como no tienen facultad policiva, cuando se presenta un caso se reporta a las instituciones correspondientes. “Lo que pasa es que el territorio es muy grande y a veces cuando volvemos a pasar por una zona ya hay sitios impactados. Después de que se le haga el debido proceso hay que emprender proyectos de restauración para mitigar y corregir ese problema”.
En efecto, el área protegida tiene 120 mil hectáreas marinas y en el sector de San Bernardo patrullan cuatro guardaparques en turnos quincenales. Ellos habitan una cabaña como sede, preparan su comida, atienden diferentes tareas a diario, entre estas desplazarse a las ocho islas. Son la única representación del gobierno las 24 horas.
Vigilar el parque es complejo. A mediados de este año dicha sede de Parques Nacionales, ubicada en Isla Múcura, fue atacada después de un operativo de la Armada Nacional y otras autoridades, en el que fue atrapado un nativo mientras ocasionaba daños al ambiente en la Isla Tintipán.
Como represalia, un grupo de personas desembarcó en la sede de Parques y realizó una especie de asonada. Rompieron la casa e intentaron quemarla pese a que allí se encontraba un funcionario.
El infractor, quien había sido trasladado a Cartagena, quedó libre a los tres días luego de que hoteleros de la mencionada isla ayudaran en su defensa. No es la primera vez que ocurre una situación como esta. Hace un año y medio la cabaña también fue atacada.
Reparaciones en la cabaña de Parques después de los daños ocasionados por miembros de la comunidad.
A raíz de esta situación, habitantes de la zona insular se pronuncian en contra de las ocupaciones ilegales. Argumentan que el archipiélago sin autoridades presentes es proclive a toda clase de delitos.
Por tanto, reclaman a las entidades de control, al alcalde de Cartagena William Daw, a la ministra de Ambiente Susana Muhamad y al mismo presidente Gustavo Petro, ―quien visitó las islas durante su campaña― apersonarse, tomar acciones y resolver las problemáticas de seguridad y orden.
A cargo del cuidado del archipiélago, por ley y por fallo del Consejo de Estado, existe una confluencia de funciones en diferentes entidades: Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Cardique, Distrito de Cartagena, Carsucre, Parques Nacionales y Dirección General Marítima (Dimar).
Esta última tiene como tarea específica regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público, como controlar la construcción y el uso de islas artificiales. Adicionalmente, adelantar y fallar las investigaciones y sancionar por contaminación, construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos de su jurisdicción.
Dicha entidad, Cardique y Parques Nacionales no atendieron a las repetidas solicitudes de información sobre las problemáticas que afronta el archipiélago y su gestión para resolverlas.
Hablan habitantes del archipiélago
Al abordar a algunos habitantes sobre los procesos de deforestación, manifestaron que fue un error talar los manglares porque las islas se han desestabilizado irremediablemente. Aunque accedieron a dar sus declaraciones, los entrevistados requirieron no publicar su nombre.“Le pedimos a las autoridades que actúen con decisión y eficiencia porque si siguen a este ritmo, cuando vayan a actuar ya no habrá nada que proteger. Este año terminarán de vender los lotes que quedan. Sabemos que hemos hecho un uso inadecuado, pero hacen falta acciones puntuales del Distrito de Cartagena. La misma parte institucional no lo permite. Son muchas entidades a cargo y todas se tiran la pelota, al final nadie responde”.
Consideran que Tintipán cada día se deteriora más y a medida que pasa el tiempo se hace menos factible arreglar los daños: “Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario. El Estado nunca las reconoció como valores ecosistémicos desde el punto de vista integral donde las comunidades son sujeto de derechos”.
Otro más piensa que faltan políticas articuladas desde y hacia la comunidad, porque existe un vacío y además una falta de organización y conocimiento interno sobre estos temas: “Hay choque y un proceso muy grande por parte de foráneos que esclavizan. Se han venido apoderando de los territorios y han deteriorado más de lo que estaba el ecosistema manglar y las playas. Los controles se deben extender a Sucre donde hay un fuerte nexo de comercio y turismo”.
“Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario”
Sobre el trabajo gubernamental, indican: “Están ahí y no hay acciones reales, que serían demoler y devolver esos predios como terrenos colectivos. Ha sido negligencia del Estado, no ha habido procesos, lo único que puede blindar lo que queda es la titulación colectiva, políticas ambientales concretas y la educación para que todos hablen el mismo lenguaje”.
Mientras las autoridades toman el control de los bosques, la comunidad y algunos hoteleros crearon un vivero con especies de mangle rojo y blanco, en Isla Múcura. Con ayuda de guardaparques, los niños del colegio recogen semillas, apoyan en el cuidado de las plántulas y realizan siembras periódicas en las áreas afectadas. Aclaran, que se necesitan fuertes inversiones y sostenidos procesos de restauración en todas las islas.
Esos brotes sembrados por los niños isleños son la esperanza de que un día, cuando sean adultos, eso de ‘la compraventa de lotes en el manglar’ sea una más de tantas historias que se cuentan en las noches de luna en las islas de San Bernardo.
Retoños de mangle rojo.
¿Cómo están las demás islas?
Isla Mangle. Imagen: IgnacioGalán
Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán
Isla Múcura: A la fecha registra 38 ocupaciones ilegales entre estas, viviendas, hoteles comunitarios, un hostal y tres hoteles de lujo. Estos últimos privatizaron las playas y no permiten el tránsito de personas distintas a sus huéspedes en sus zonas cercadas. Un constructor rompió la playa de El Cholo para abrir un canal y entrar sus botes.
La isla tiene la única playa pública del archipiélago. Su antiguo bosque fue quemado hace más de 100 años y convertido en toneladas de carbón, que se vendió en Cartagena y Montería. Luego el área fue utilizada para realizar una siembra intensiva de coco, que a esta fecha ya desapareció.
Isla Ceyzén. Imagen Ignacio Galán
Isla Panda. Imagen Ignacio Galán
Isla Panda: deforestada y fragmentada por la erosión marina y el incremento del nivel del mar, está destinada a desaparecer. El tramo más grande está ocupado con una vivienda desde hace mucho tiempo. La otra fracción más pequeña está inundada y en avanzado deterioro, es frecuentada por pescadores que tiene allí dos alojamientos de madera y plástico. Tanto Panda, como Mangle y Cabruna, fueron utilizadas como polígono y centro de operaciones militares por parte de la Armada Nacional y el programa Unitas en 1963. Los disparos de cañón generaron daños en el ecosistema terrestre insular.
Isla Palma: excluida del Parque Nacional, registra diferentes ocupantes ilegales. Hace varias décadas funcionarios de la Universidad Nacional pensaron en crear un instituto de Investigación marina, pero la isla fue vendida por su ocupante a un narcotraficante, quien la llamó ‘La isla de la Maravilla’ y construyó un zoológico y acuario con especies exóticas como leones, flamencos y otros más. Años después en otra parte de la isla funcionó el desaparecido hotel Decameron. Después de esta firma la isla ha pasado por varios dueños y ahora presenta diferentes instalaciones hoteleras.
Isla Boquerón: Ha sido tomada por hoteleros, procesos que lleva actualmente la ANT. Es la isla más próxima al continente, se ubica frente a San Onofre y cerca de Tolú, Sucre, por lo que registra un alto flujo de visitantes.
RECUPERAR Y CONTROLAR LOS BALDÍOS, ¿UNA MISIÓN POSIBLE?
Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceyzén, Palma, Múcura y Tintipán. De estos, 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos. ¿Qué tan fácil es articular a las entidades encargadas de proteger las islas?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) heredó del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el seguimiento y control a los predios baldíos reservados de la Nación, en los archipiélagos de Corales del Rosario y San Bernardo, zona insular de Cartagena.Para asumir esta labor, creó en 2015 el Grupo de islas, islotes y cayos de la Nación dependiente de la Subdirección Tierras de la Nación que, desde el 2018 hasta agosto de este año, ha realizado 392 inspecciones para evaluar el estado de los predios y detectar invasiones.
Lo hace en cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que amparó el derecho a un ambiente sano a las comunidades de Santa Cruz del Islote e Isla Múcura, ─dado el deterioro y ocupación ilegal de las islas─ según la Acción Popular instaurada en 2003 por el ciudadano Reynaldo Muñoz.
Pese a esto el deterioro de las islas continúa. La entidad no tiene competencia sancionatoria y cada vez que evidencia la posible comisión de una infracción ambiental o urbanística en sus inspecciones oculares, debe remitir las quejas o denuncias a las demás entidades también obligadas por el fallo a conservar las islas: Parques Nacionales, Dirección General Marítima (Dimar), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Distrito de Cartagena y Corporación Autónoma Regional del Sucre (Carsucre).
Después de siete años de haber recibido la misión, la entidad reporta cinco reuniones con las mencionadas entidades, cuatro en 2021 y una en 2022. También afirma que la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas es la falta de articulación interinstitucional.
Hotel en Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán
¿Cómo son las visitas al ASB para realizar el seguimiento y control en las islas?
A través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (SATN), se realizan visitas técnicas con ‘factor sorpresa’ a los baldíos reservados de la Nación. El fin es evidenciar las actividades desarrolladas en los predios por los ocupantes y verificar si se ajustan a la normatividad.
¿De qué manera la ANT cumple con el fallo del Consejo de Estado?
Para el cumplimiento de esta orden judicial, la Agencia estructuró un nuevo reglamento que se ajustara a la realidad de la situación socio jurídica de las islas, es el Acuerdo 106 de 2019 alineado con el Modelo de Desarrollo Sostenible (MOS) del Plan de Manejo del Área Marina Protegida. Este permite a los arrendatarios realizar obras, proyectos o actividades con permiso o licencia ambiental. También estableció el pago en especie como un incentivo o compensación a los cánones de arriendo hasta por el 75% mensual, frente a obras de protección costera y proyectos ambientales que se realicen los poseedores en los predios baldíos reservados.
Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceycén, Palma, Múcura y Tintipán. 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos.
¿Cuál es el área invadida en las islas?
Se ha evidenciado que la mayor parte de los predios baldíos reservados de la Nación, ubicados en las archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, tienen un área de ocupación de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, según los planos y georreferenciación, del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
¿Cuál es el número de terrenos ocupados ilegalmente?
Según el proceso de caracterización en el archipiélago, los datos son: uno en Isla Panda, 9 en Ceycén, 3 en Palma, 38 en Múcura y 75 en Tintipán.Es importante aclarar que todos los predios ubicados en las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, sobre los cuales no haya una regularización a través de contrato de arrendamiento, comodato o uso, en derecho están indebidamente ocupados.
Este es el listado de los predios ocupados según la caracterización realizada por el Grupo de islas, islotes y cayos de la Subdirección de Tierras de la Nación de la ANT.
A partir de las comunicaciones enviadas a los ocupantes ilegales, ¿cuántos tienen intención de arrendar o entregar los terrenos?
Han manifestado la intención de regularizar su ocupación varios de los ocupantes (14 con 18 terrenos) que en su momento suscribieron contrato con el extinto Incoder o que están ocupando los predios, pero nunca han suscrito contrato, de manera verbal o escrita.
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¿Cuáles considera la ANT son las causas directas del incremento del fenómeno de ocupación ilegal?
Si bien es una pregunta relativa a un criterio, objetivamente puede afirmarse que las causas son múltiples. La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el ASB se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
Solo un predio ocupado en isla Múcura paga arriendo, ¿por qué los demás no lo hacen?
Según información que reposa en la entidad, ningún predio baldío ubicado en el archipiélago de San Bernardo, tiene contrato de arrendamiento vigente, hasta tanto se lleven a cabo los levantamientos topográficos que excluyan del perímetro las zonas de uso público o bajamar, para poder entregar el uso y aprovechamiento de administración.
Evidencias de deforestación y ocupación ilegal de baldíos. Crédito: Subdirección de Tierras de la Nación.
Las comunidades dicen que una forma de blindar el territorio es titularlo a los nativos. ¿Es viable esta propuesta?
No existe reglamentación específica para lograr la titulación de comunidades negras en las áreas inadjudicables, siendo estos bienes de la Nación. Pese al ‘título atípico’ que otorgó Incoder (Resolución 3393 de 2014) al Consejo Comunitario de Islas del Rosario Orika, de un baldío de 400 hectáreas para 319 familias, afirmando que la comunidad las ha ocupado ancestralmente.El Consejo Comunitario del lslote presentó petición de titulación colectiva, al lncoder, de un folio, debe volverlo a presentar porque así no reúne los requisitos.
La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el archipiélago se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
Quienes están en contra de la ocupación de las islas, reclaman más agilidad y decisión para controlar la desenfrenada invasión en las islas. ¿Que deberían hacer ANT y las demás instituciones en este sentido?
Las acciones que se han tomado por iniciativa de la ANT, frente a la Isla de Tintipán, han sido cuatro encuentros en 2021 y uno en 2022, con el Parque Nacional, el Centro de lnvestigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), La DIMAR, Cardique y ANT: el 11 de mayo, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 16 de noviembre de 2021 y 25 de enero de 2022.La entidad realizó visitas de inspección ocular a los 79 predios ubicados en Tintipán e hizo requerimientos al CIOH del envío de estudios que se han desarrollado en la Isla Tintipán, sin obtener respuesta hasta la fecha. También entregamos informes con 24 quejas y evidencias de zonas taladas, compactadas y rellenadas en el archipiélago de San Bernardo, al Parque Nacional Natural y a Cardique.
¿Finalmente, a partir de la nueva dirección de la ANT se intensificará el trabajo en este territorio?
Las propuestas de trabajo para el territorio por parte del Gobierno Nacional serán incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
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Privados se han apoderado de los baldíos de la Nación en el archipiélago de San Bernardo.
CREADORES
Este informe especial fue financiado con recursos de la beca otorgada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) como proyecto de la iniciativa Unidos por los Bosques, con el apoyo de la Embajada de Noruega.
OLGA CECILIA GUERRERO
ocg@redprensabverde.org
IGNACIO GALÁN
Bogotá, octubre de 2022
Este Informe especial está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace.
