Corte rechaza Plan de Manejo para aspersión con glifosato

Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam

La Corte Constitucional de Colombia dejó al gobierno del presidente Iván Duque sin la posibilidad de ejecutar la fumigación aérea con glifosato durante su mandato, cuando esta había sido una de las principales promesas y metas de su gobierno.

El alto tribunal lo dejó en claro hace menos de un mes, cuando dio a conocer la sentencia con la que rechazó y dejó sin efecto la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le había autorizado, en abril de 2021, a la Policía Nacional para reanudar la aspersión aérea en el país.

En resumen, la decisión judicial se sustenta en que la audiencia pública ambiental, que terminó en la aprobación del PMA para el retorno de la aspersión con glifosato en Colombia, vulneró el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, se resalta que en el proceso no se tuvo en cuenta que en muchas zonas se requiere consulta previa con comunidades indígenas y afro.

Sin garantías de participación

“La decisión de la Corte dejó sin efectos el plan de manejo ambiental y una resolución del Ministerio del Interior que decía que no se requería consulta previa. Ambas resoluciones quedan suspendidas y le ordenan al gobierno que tiene que rehacer todo el proceso participativo, tanto el de consulta previa con comunidades étnicas como el de la audiencia ambiental para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental”, le dijo Isabel Pereira, coordinadora de investigaciones de la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), a Mongabay Latam.

Varios sectores políticos de oposición al gobierno celebraron la decisión de la Corte. Humberto de la Calle, exnegociador del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en La Habana, comentó en su cuenta de Twitter: “Aplausos Corte Constitucional. Se cae el proceso de fumigación con glifosato. Se le da valor a la voz de las comunidades. Este gobierno se queda sin política. Era mejor haber seguido el camino señalado en el Acuerdo. Por ahí es la cosa”.

Sin embargo, esta decisión, como era de esperarse, no cayó muy bien en los sectores de derecha y del partido político del presidente Iván Duque. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que “la Corte Constitucional condena a Colombia a vivir en medio del narcotráfico. La fumigación no es la única herramienta pero sí una muy importante. El combate al narcotráfico debería unir al país. En cambio, promueven ilusorios pero imposibles discursos de legalización” y, en respuesta a Humberto de la Calle, añadió que el camino del Acuerdo de la Habana llevó al país a producir 200 mil hectáreas de coca y que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Penis) llevó al alza de asesinatos de líderes sociales.

Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que el gobierno acata la decisión de la Corte “aunque se estarían limitando las herramientas que el país requiere para enfrentar este delito [cultivos de uso ilícito]”.

Más allá de los desacuerdos políticos en torno al tema y a la decisión de la Corte, la sentencia resalta que el problema fue la falta de garantías de participación en la audiencia ambiental, trámite previo a la aprobación que la Anla hizo del Plan de Manejo Ambiental para la aspersión presentado por la Policía Nacional. “La Corte revisó cuatro tutelas [mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia]. Tres alegaban que no hubo garantías para la participación porque la audiencia se hizo en formato virtual y por las condiciones de 2020, donde todavía había confinamiento. La cuarta tutela tenía los mismos argumentos pero le sumaba el tema de consulta previa y demostraba que sí había territorios étnicos en varios de los lugares donde se pretendía asperjar”, comenta Pereira.

Para la investigadora de Dejusticia, el hecho de que hubiera una transmisión por Facebook o Youtube no contaba como participación debido a la enorme brecha digital que hay en Colombia, sobre todo en los territorios de las poblaciones interesadas, donde no hay acceso a internet y, en muchos casos, ni siquiera señal de celular.

A los expertos les preocupa que el gobierno nacional, en los menos de siete meses que le quedan en el poder, no promueva la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito sino que impulse la erradicación forzada por parte del Ejército, lo cual podría traer más violencia en los territorios.

 

La Corte Constitucional, entonces, le dio al gobierno nacional un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, para realizar las consultas previas a que hubiera lugar y para repetir la audiencia ambiental para el Plan de Manejo Ambiental (PMA). En lo que coinciden los expertos es que los menos de siete meses que le quedan a Duque en el poder no alcanzarán para dar trámite a lo solicitado y que, definitivamente, el PMA aprobado por la Anla “era muy deficiente”.

“El plan desconoce toda la conexión entre salud y medioambiente, por ejemplo, con el tema de aguas subterráneas que luego son de consumo humano. La evaluación ambiental también era muy deficiente. Asumían que la aspersión era efectiva y precisa, que la fumigación no iba a tener ningún desfase, que iba a caer en el punto planeado y que como había tal precisión, los costos ambientales eran cero”, le dijo María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes a La Silla Vacía.

Los procesos de participación serán largos en caso de que el gobierno, que llegue a la Casa de Nariño en agosto de este año, tenga en mente volver a las aspersiones aéreas. “Los mecanismos de concertación serían larguísimos, la mayoría de las poblaciones no están ni cerca de querer que se apruebe la fumigación. Tampoco se han cumplido los acuerdos de erradicación voluntaria y ahora quieren fumigar. Hay mucha desconfianza y desconcierto. Aunque la ruta es clara, es un proceso bastante enredado”, afirmó Vélez.

Isabel Pereira asegura que es importante estar pendiente de cuál será la actitud que tome el gobierno en los meses que le quedan en el poder, pues podrían incrementarse las erradicaciones forzadas a manos del Ejército, las cuales “han tenido muchos problemas y han terminado con heridos y muertos”.

El camino del gobierno para intentar reanudar las aspersiones

La aspersión aérea de glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito ha sido uno de los temas más espinosos en Colombia desde hace varias décadas y ha enfrentado a muchos de los gobiernos de turno con cientos de comunidades campesinas que viven en zonas con cultivos de coca, y que han manifestado que las fumigaciones afectan sus cultivos lícitos y les han traído problemas de salud y ambientales en sus territorios.

Desde 2015, el glifosato para erradicación de estos cultivos está prohibido en el país, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la aspersión aérea, cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional del año 2014.

En 2017 se dio otro hito judicial en torno al glifosato. Una sentencia de la Corte Constitucional ordenó reparar a la comunidad de Nóvita en el departamento de Chocó, por los daños causados por fumigaciones aéreas con glifosato en el 2013. La entidad también ratificó la suspensión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por medio de aspersiones aéreas en todo el país. Además, condicionó la reanudación del programa a la realización de un proceso de valoración de los riesgos de la utilización del químico en la salud humana y en la estabilidad del medio ambiente.

El intento del gobierno por reanudar el plan empezó a moverse con más fuerza el 30 de diciembre de 2019, en plenas festividades navideñas, cuando el Ministerio de Justicia presentó un decreto en el que se planteaban los mecanismos de control frente a los riesgos para la salud y el medio ambiente que trae esta práctica.

Hubo una primera citación a audiencia pública virtual en mao de 2020 para empezar a socializar el nuevo PMA pero una tutela —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— la frenó. El gobierno nacional insistió meses después, pero otra tutela volvió a tumbar la audiencia. Organizaciones sociales presentaron un incidente de desacato porque el gobierno volvió a citar la diligencia en medio de la pandemia y de manera virtual, pero esta vez el juez dijo que no había otra opción más que buscar una mezcla de virtualidad y presencialidad.

Fue entonces cuando la Anla citó nuevamente a audiencia, esta vez para el 19 de diciembre de 2020, cuando, por fin, se hicieron las reuniones virtuales. Finalmente, en abril de 2021 la Anla aprobó el PMA propuesto por la Policía Nacional, pero este fue objeto de varias tutelas que llevaron a que, en enero de 2022, la Corte Constitucional tumbara el PMA y alertara sobre la falta de participación en el proceso.

Isabel Pereira le dijo a Mongabay Latam que en Dejusticia están de acuerdo con la decisión de la Corte pero también admite que esta se quedó corta en algunos elementos que tienen que ver con acceso a la información. “La Corte da por sentado que hubo garantías y ahí no estamos de acuerdo. El plan de manejo ambiental es un documento de más de 3000 páginas. Solo descargarlo era casi imposible para alguien que no tiene un celular con datos y buena memoria. En él no hay una explicación clara de lo que está en juego. Además, al no estar en un lenguaje más cotidiano, no se puede garantizar una participación efectiva”, dice.

Finalmente, Pereira se pregunta: “¿Cuánto dinero gastaron la Anla y la Policía en todo este proceso del que, ya se había advertido, se iba a caer porque tenía errores graves en fondo y forma?”.

Imagen superior: Aspersión aérea de glifosato. Foto: ©ElCarlosJuan

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