Grupo de seguimiento a CAR reporta 398 acciones preventivas y disciplinarias

Según estadísticas de la Procuraduría, la mayor tendencia en investigaciones está en las corporaciones ubicadas en Boyacá, Magdalena, Chocó, Cesar y Valle del Cauca.

El Grupo de Seguimiento y Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales reportó 398 acciones preventivas y disciplinarias, frente a la actuación de estas entidades.

Este equipo, creado hace seis meses – mediante Resolución 066 – está adscrito a la Viceprocuraduría General de la Nación, y su objetivo es conocer, hacer seguimiento y ejercer la vigilancia sobre las actividades de las corporaciones y el actuar de los funcionarios, en relación a posibles irregularidades o riesgos de corrupción.

Catalina Balcázar Salamanca, procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, explicó en el programa institucional Somos Procuradores, que hasta el momento han trabajado en dos ejes: el preventivo, que se ejerce a través de la Procuraduría Ambiental relativo a evitar que se generen daños al ambiente; y el disciplinario, desarrollado por la Procuraduría Primera Delegada, cuando algún servidor público haya infringido su deber misional.

El Grupo está conformado por los dos procuradores y algunos asesores que forman parte de dichas dependencias. Sus hallazgos pueden tener connotaciones en lo penal, administrativo, disciplinario y fiscal, que son remitidas a al área disciplinaria de la PGN o a la Fiscalía, según competencia. El trabajo investigativo lo realizan entre las dependencias provinciales, regionales y las delegadas del nivel central.

En lo preventivo

María Alejandra Ocaña, asesora de la Procuraduría para Asuntos Ambientales, dijo que a la fecha, en lo preventivo «se han evidenciado irregularidades como la falta de ejecución de planes y programas en materia ambiental, falta rigurosidad científica en la toma de decisiones que se extienden al otorgamiento de permisos, procesos de licenciamiento ambiental y procesos sancionatorios ambientales”.

La funcionaria manifestó que le preocupa a esta dependencia, la falta de seguimiento y control a los proyectos obras o actividades que se desarrollan en las jurisdicciones, ya que se han podido identificar que los problemas relacionados con temas ambientales son evidenciados por otras autoridades. Por ejemplo, en la explotación de un título minero, donde la Agencia Nacional es la que reporta los hallazgos de índole ambiental, pese a que las corporaciones han adelantado visitas previas y técnicas en la zona.

«Se trata de un escenario de falta de control y de falta de rigurosidad, donde el control ciudadano adquiere especial importancia, en la medida en que son las personas conocedoras de sus territorios, las que deben asumir los impactos por una inadecuada gestión ambiental”.

Explicó que continuamente llegan casos, y a través de la función preventiva, hay algunos que permiten actuar de manera anticipada y hacer recomendaciones a las Corporaciones.

Actualmente dicha dependencia adelanta un seguimiento al proceso de participación de estas entidades en los planes de ordenamiento territorial, procesos de formulación, creación y adopción de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, autos de apertura y procesos sancionatorios ambientales, instrumentos utilizados para la movilización, aprovechamiento y comercialización de flora y fauna silvestre.

Mapa: Ministerio de Ambiente

En lo disciplinario

La labor en este campo, según la procuradora delegada Catalina Balcázar Salamanca, está encaminada a «establecer responsabilidades de los servidores públicos de las CAR, por el quebrantamiento misional y legal, enmarcados en temas de trascendencia social y ambiental, es decir, elecciones de directivos, conformación de juntas directivas, concesiones, otorgamiento de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y procedimientos sancionatorios, al ser la primera autoridad ambiental en el territorio».

En consecuencia, la funcionaria reportó un estado del arte sobre las posibles acciones preventivas que ha venido adelantando y de los procesos disciplinarios. «El inventario es de 72 quejas a nivel nacional, 256 indagaciones preliminares, 43 investigaciones disciplinarias y 27 acciones preventivas, para un total de 398 acciones».

Sin querer violentar la reserva de los procesos, dijo, se han detectado irregularidades administrativas, irregularidades ambientales, contractuales, nombramiento de personal sin el lleno de los requisitos, indebido manejo de los recursos públicos, participación en política, entre otros.

“No queremos caer en estigmatizaciones que puedan afectar el devenir disciplinario que adelantamos en este instante, pero por estadísticas que se hemos obtenido, podemos definir que hay unas corporaciones que tienen mayor tendencia tener asuntos más delicados, podríamos encontrarlos en las corporaciones ubicadas en Boyacá, Magdalena, Chocó, Cesar y Valle del Cauca, entre otras, reveló la procuradora,  Balcázar Salamanca.

Colombia tiene que hacer un gran debate sobre el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales, unas instituciones que hoy en día están infectadas de altos niveles de politización, pocos resultados, una capacidad institucional mínima, puede que con escasos recursos, pero sobre las cuales se va a necesitar voluntad política para hacer grandes transformaciones. Las CAR están en deuda con los ciudadanos, están en deuda con el agua, los recursos hídricos y las posibilidades de desarrollo territorial:

Fernando Carrillo, procurador general.

Carta a Asocars

Conocido el informe del Grupo, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, envío una carta al director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), Ramón Leal Leal, en la que expresa su preocupación por el manejo que algunas CAR están dando a los licenciamientos ambientales, a los procesos sancionatorios, al otorgamiento de permisos y al seguimiento a los proyectos que se ejecutan dentro de sus jurisdicciones.

Procurador Fernando Carrillo F. Foto: PGN

“La Procuraduría permanentemente debe atender asuntos que reflejan diversas problemáticas, relacionadas principalmente con la inaplicación de los principios que deben regir toda actuación administrativa, tales como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”.

Lo anterior se suma a los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en 10 corporaciones sobre las deficiencias en la administración de los recursos públicos por parte de las CAR que manejan los mayores recursos presupuestales (70% del presupuesto total), “lo cual pone en inminente riesgo los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas”, expresó en la carta Carrillo Flórez.

Según la definición del Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, son entes corporativos de carácter público, creados por ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente, una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio, y encargados de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y el desarrollo sostenible, según las disposiciones legales y las políticas de dicho Ministerio.

Además, son la máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, deben ejecutar las políticas, planes en materia ambiental y tienen el deber de participar en el ordenamiento y planificación territorial, realizar estudios técnicos y el otorgamiento de permisos y licencias ambientales.