Manglar en la bahía de Cispatá, San Antero, Córdoba, en el Mar Caribe
©Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde / 2019
©Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde / 2019
Con velas, carteles y flores, la Fundación Natura rindió un homenaje a los esposos Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, la noche del 23 de diciembre, frente a la estatua del Almirante Padilla, en el Park way, barrio Teusaquillo de Bogotá.
Compañeros y amigos de los ambientalistas recordaron su paso por la entidad y los momentos especiales vividos con la pareja, cuya muerte estremece a la comunidad ambiental y académica del país.
Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. Archivo particular.
“Hoy es un día profundamente triste y desolado, sobrepasa las fuerzas y la cordura; pero con este país tan bello, con nuestros hijos creciendo en él, ¿cómo no trabajar por esto?”, expresó en un tuit Clara Solano, directiva de la Fundación.
Los esposos fueron hallados muertos con tiros de gracia en la vereda Perico Aguao, de Guachaca, en Santa Marta, luego de ser reportados como desaparecidos, el pasado 20 de diciembre. Ese día, el padre de Natalia, Jairo Jiménez, advirtió a las autoridades sobre un posible atraco, cuando la pareja se desplazaba en un automóvil hacia el sector turístico de Palomino.
Natalia, de 37 años, se desempeñaba como gestora ambiental territorial de la región del Bajo Magdalena y el Caribe, en la Fundación Natura. Trabajaba en el proyecto GEF Magdalena Cauca VIVE: Conservación de la biodiversidad de los ecosistemas dulceacuícolas de la macrocuenca Magdalena-Cauca, cuyo centro de operaciones estaba el complejo cenagoso de Zapatosa, entre los departamentos de Cesar y Magdalena, y la ciénaga de Ayapel, en Córdoba. Un proyecto de la Fundación Natura en asocio con el Ministerio de Ambiente, el Ideam, el Fondo Adaptación y Cormagdalena.
Había estudiado Ecología en la Universidad Javeriana y Antropología en la Universidad Nacional, y una maestría en Desarrollo Rural y Cooperación Internacional en la Universidad de Lleida, Cataluña (España). Tenía 13 años de actividad laboral en organizaciones como Herencia Ambiental Caribe, el Fondo de Patrimonio Natural, Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente.
Por su parte Rodrigo Monsalve, era antropólogo egresado de la Universidad Nacional y en la actualidad se desempeñaba como DJ en Santa Marta.
Seis días antes de su desaparición, el 14 de diciembre, habían contraído matrimonio a través de un ritual celebrado por un mamo, en la playa Elizabeth, en Palomino, La Guajira, uno de los sitios favoritos de la ecóloga, según informó de El Tiempo en Santa Marta. Justamente, el ataque ocurrió cuando viajaban hacia Palomino, sector intrincado en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde pasarían su luna de miel, luego de 12 años de relación.
“Natalia y Rodrigo no tenían hijos, vivían en una casa finca por el sector de Pozos Colorados en Santa Marta, y su tiempo, además de trabajar y disfrutar con sus amigos, lo dedicaban a cuidar las mascotas que adoptaban de la calle. En su residencia vivían con nueve perros y cuatro gatos, que dejaron a cargo de un vecino de confianza”, reportó el periódico.
La Fundación Natura pidió a las autoridades hacer las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.
En las últimas horas, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez pidió al Ejército y la Policía realizar una ofensiva en el área y anunció la entrega de 50 millones de pesos como recompensa a quien dé información sobre los autores del crimen: «Exigimos a las autoridades policiacas y militares tomar la ofensiva en un territorio ahora amenazado por clan del golfo».
Estamos desconcertados; esperamos que las investigaciones permitan esclarecer que ocurrió y recobremos la tranquilidad de moradores y visitantes. Exigimos a las autoridades policiacas y militares tomar la ofensiva en un territorio ahora amenazado por clan del golfo. (3/3)
— Rafael Martinez (@mrafael70) December 23, 2019
Diversas reacciones generó la muerte de los profesionales, en redes sociales:
#Condolencias El ICANH lamenta la muerte de los antropólogos y ecologistas Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, expresa su preocupación por la violencia asociada con su fallecimiento y envía un mensaje de condolencia y solidaridad a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/htCKWvpHCD
— ICANH (@El_Icanh) December 24, 2019
Inviable sociedad consumida por enfermedad que no quiere reconocer. Narcotráfico y cómplices políticos siguen apropiándose de todo, corrompiendo todo, matando todo. Colombia no puede seguir sometida a lo que el norte impone #NataliayRodrigo vivieron defendian la vida, honrémoslos
— Brigitte LG Baptiste (@Brigittelgb) December 23, 2019
En plena zona turística, secuestran y asesinan a Natalia y Rodrigo. Ninguna "investigación exhaustiva", les devuelve la vida.
Se lavan las manos ofreciendo "recompensas" cuando saben donde están los asesinos!!
Estado fallido— Aída Avella E (@AidaAvellaE) December 24, 2019
Animalismo, antropología, desarrollo rural, música y ecología, ese era el mundo de #NataliayRodrigo.
Todo el conocimiento, la sensibilidad y la alegría fueron silenciadas en tierra de control paramilitar, justo cuando iban a celebrar la vida en Palomino.
Cómo duele Colombia. pic.twitter.com/ISoAK93G9l
— Jorge Rojas Rodríguez (@jerojasrodrigue) December 24, 2019
Defender la vida nos está costando la propia vida. Ahora Natalia y Rodrigo serán semillas de amor, cuidado, comunidad, naturaleza, música y resistencia. #NataliayRodrigo #EnLaMemoria pic.twitter.com/CmYvPvdxW4
— CENSAT Agua Viva (@CensatAguaViva) December 24, 2019
El 24 de Diciembre festeja la #Navidad #Fiesta del #MundoCristiano que revive la reconciliación por el nacimiento de #NiñoJesus Pero en #Colombia nos está recordando el #Holocausto qué se sufre por la protección de los #RecursosNaturales #NataliayRodrigo QEPD #NiUnoMas #Bastaya pic.twitter.com/Z1H2QlpfX8
— Miguelángel Sierra🇨🇴 (@biosierra) December 24, 2019
Hay situaciones que reviven los miedos, de los muertos, de los que tuvieron qué huir, de los que salimos huyendo. Hay dolores que recuerdan la tragedia de esta tierra, de esta bendita y tragica tierra, no hay palabras, solo solidaridad con familiares y amigos de #NataliayRodrigo
— Sandra Vilardy (@svilardyq) December 24, 2019
Estudiamos en semestres diferentes y hablamos poco, pero recuerdo que Natalia rescataba y cuidaba perros y gatos maltratados, y luchaba con el alma por ellos, como se ve en esta foto. NO ES JUSTO QUE PASEN ESTAS COSAS EN NUESTRO PAÍS. #NataliayRodrigo pic.twitter.com/MY6KEtGAD1
— Esteban Cruz Niño (@CruzEscribiente) December 24, 2019
Justin Catanoso / Mongabay Latam
Madrid, España. Los líderes de las 20 economías más grandes del mundo coincidieron en una cosa en la 25ª Cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el clima (COP25) en Madrid: no atenderán el llamado de los jóvenes del mundo que liderados por la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, protestaron implacablemente para exigir un futuro para ellos y el planeta.
En lo que los observadores han calificado como un fracaso sorprendente del proceso climático de la Naciones Unidas, los países se negaron a aumentar sus compromisos de reducción de carbono como parte del Acuerdo de París. No estuvieron de acuerdo en comprometer los miles de millones que prometieron a las naciones pobres que luchan con el aumento del calor, la sequía y los diluvios. No coincidieron en ver los derechos humanos como un deber moral —paralelamente, desplegaban maniobras para idear mercados de carbono que los enriquezcan más a ellos y a las empresas.
Medio millón de manifestantes climáticos toman las calles de Madrid mientras las delegaciones nacionales negocian dentro de la COP25. Foto: Camila Nobrega.
Y dejaron en claro que no harían prácticamente nada para frenar las emisiones que contribuyen al calentamiento de la tierra, al tiempo que bloqueaban todos los esfuerzos en la contabilidad de carbono, lo cual contribuiría a que el planeta sea aún más cálido.
Fue la COP o Conferencia de las Partes más larga de la historia, en un momento en que la naturaleza señala su ira en todos los rincones del mundo. Pero aquellos con el poder de actuar, eligieron —después de dos semanas de negociaciones infructuosas— no hacer casi nada mientras el mundo arde.
«¿Cuánto tiempo seguirán negociando?», les dijo una enojada Hilda Flavia Nakabuye, activista de 22 años de Uganda, que viajaba con Thunberg, a los ministros. «Han estado negociando por los últimos 25 años, incluso antes de que yo naciera. ¿Quieren que África muera antes de que ustedes actúen? Por favor, escuchen: si no saben cómo solucionarlo, dejen de dañarlo».
Las expectativas ya eran bajas en la COP25. Pero con Brasil, Australia, Arabia Saudita y Estados Unidos minando las negociaciones, poco salió de la conferencia, aparte de algunos aspectos técnicos para completar un resultado mixto en el libro de reglas para poner en marcha el Acuerdo de París. Este entrará en vigencia en 2020, incluso cuando Estados Unidos, el segundo mayor emisor de carbono del mundo, se convierta en la única nación en abandonar el acuerdo global.
«El Acuerdo de París puede haber sido la víctima de un golpe dirigido por un puñado de poderosas economías de carbono [basadas en combustibles fósiles]», dijo Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, «pero están en el lado equivocado de esta lucha, el lado equivocado de la historia, y el Acuerdo de París es solo una pieza del rompecabezas. Necesitamos un cambio sistémico en el que las personas puedan confiar ”.
La activista ugandesa Hilda Flavia Nakabuye suplica con enojo a los delegados de la COP25: «Escuchen: si no saben cómo solucionarlo, dejen de dañarlo». Foto: Justin Catanoso.
La lista de iniciativas bloqueadas y fallidas es larga y desmoralizadora:
Ambición: aunque no se esperaba que los principales emisores del mundo anunciaran promesas climáticas nuevas y significativas en la COP25, había alguna esperanza de que pudieran enviar colectivamente un fuerte mensaje de intención para el próximo año. Pero no lo hicieron. Brasil y China, los más grandes contaminadores del mundo, argumentaron en contra de hacer otra cosa que no sea «revisar» las mismas promesas de reducciones hechas en París en 2015. Ni siquiera el problema de la aceleración de la deforestación mundial estuvo en la agenda, fue muy poco lo que se discutió al respecto, aunque sigue siendo una prioridad dentro del Acuerdo. Sin políticas sólidas de conservación forestal, los científicos coinciden en que está fuera del alcance no superar los 2°C.
Promesas incumplidas: los países en desarrollo han estado enojados durante mucho tiempo con los países ricos por el hecho de que estos no han cumplido con la acción climática que prometieron para el 2020. China, India y otros se negaron a apoyar un mensaje fuerte dirigido a aumentar “la ambición” [en lo concerniente a las emisiones de gases de efecto invernadero], sin que antes no haya un llamado a los países ricos para que cumplan con proporcionar la financiación y el apoyo prometidos previamente a los países en desarrollo. Estados Unidos asumió el liderazgo de los que se negaron a comprometerse con esta ayuda financiera, a pesar de que su retirada del acuerdo de París puede significar que nunca tenga siquiera que hacerlo.
Pérdidas y daños: las naciones vulnerables y la sociedad civil han pedido durante mucho tiempo nuevas fuentes de financiación en términos de compensación por “pérdidas y daños” —término usado para los efectos adversos del cambio climático que no pueden adaptarse. En 2015, se prometió un fondo de $ 100 mil millones para 2020. Poco se ha recaudado hasta ahora. Se formó un grupo de trabajo para abordar nuevamente el tema el próximo año. Las naciones vulnerables se horrorizaron con la idea de que se forme otra vez un grupo sin que existan fondos de por medio.
Señal en la COP25 que indicaba la ubicación de las oficinas de la delegación oficial de los Estados Unidos. Las presencia de los negociadores de Trump se hizo evidente cuando obstruyeron el progreso en la discusión sobre «pérdidas y daños». Foto: Justin Catanoso.
El Artículo 6: Este fue el tema de más alto perfil de la COP25, crear un mecanismo a través del cual se establezcan mercados de carbono y se proporcione un incentivo monetario para que las naciones intensifiquen su ambición de reducción de emisiones. Los críticos temían lo peor; tenían razón al hacerlo. Las compañías de combustibles fósiles presionaron a las naciones del G20, en el período previo a la COP25, para asegurarse de que sus intereses lideraran las conversaciones. Naciones como Brasil (con abundantes selvas tropicales en venta), Australia (con mucho carbón para quemar) y Arabia Saudita (con abundante petróleo, también para quemar) dejaron en claro que cualquier objetivo honesto de mitigación del cambio climático sería minimizado. Finalmente, la Unión Europea, bajo la enorme presión de los países más pequeños, evitó que el Artículo 6 se completara en Madrid —atendiendo las advertencias de que ningún acuerdo sería mejor que un acuerdo que socavara París.
El “doble conteo”: a pesar de que los informes científicos de la ONU enfatizaron la urgencia de reducir de manera drástica y rápida las emisiones para evitar los peores impactos del cambio climático después de 2030, algunas naciones buscaron salidas para evitar cumplir con ellas, mientras aún tienen la oportunidad de hacerlo —la reducción de las emisiones de carbono está en papel, mientras el cielo se sigue llenando de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París es claro al señalar que si un país le vende a otro “bonos de carbono” o reducciones de emisiones medidas en toneladas de CO2, las dos naciones no pueden contabilizar esa reducción dentro de sus objetivos climáticos o planes de mitigación. Eso sería considerado un “doble conteo”, hacer trampa. Pero aunque casi todos los países están de acuerdo con esto, Brasil argumentó que este llamado «ajuste correspondiente» no es necesario considerarlo por ahora. Para los críticos, las trampas no engañan a la naturaleza. Este problema, finalmente, no se resolvió y los negociadores acordaron volver a revisar el tema en la COP26 en Glasgow, Escocia, cuando tengan una tercera oportunidad para completar el Artículo 6.
Créditos de transferencia de Kyoto: es un primo cercano al doble conteo, pues permite también las mismas trampas en el conteo de emisiones. El nuevo sistema en París permitiría que los créditos de reducción de emisiones se comercialicen en un mercado abierto de carbono. Sin embargo, algunas naciones, como Australia, Brasil e India quieren que todos los certificados de reducción de emisiones (CERs) generados a partir del protocolo de Kioto puedan ser utilizados ahora en el nuevo sistema. Los críticos temen, legítimamente, que terminen inundando el mercado de créditos baratos que no representan reducciones de emisiones reales, lo que hace que todo el sistema sea un fraude. Australia planea abiertamente usar los créditos de Kyoto para reducir su compromiso de reducción de emisiones de París en casi un 50 por ciento, sin que esto signifique reducirlo realmente, porque se trata de reducciones de emisiones que ya ocurrieron. El texto de la ONU sobre créditos transferidos sigue siendo vago, dejando la puerta abierta para su aprobación, a menos que surja un liderazgo en 2020 que bloquee este movimiento.
Derechos humanos: en su preámbulo, el Acuerdo de París original deja en claro que “las partes deben, al tomar medidas para abordar el cambio climático, respetar, promover y considerar sus respectivas obligaciones con los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas…”. En uno de los mayores retrocesos que indignaron a los activistas en la COP25, Brasil, Australia y Arabia Saudita eliminaron el lenguaje de los derechos humanos del Artículo 6 en defensa de la soberanía nacional. Queda fuera del texto, pero las naciones en desarrollo y la sociedad civil han prometido una lucha frontal en la COP26 para restaurar no solo este punto en el Artículo 6, sino para conseguir un compromiso honesto con los derechos humanos en la política climática.
Este mensaje colocado en los exteriores de la sala plenaria de la COP25 parecía burlarse de todo el proceso. El momento de la acción fue hace 30 años cuando los científicos describieron el cambio climático como una amenaza para el planeta. Foto: Justin Catanoso.
Algunos asistentes veteranos de la cumbre climática vieron la COP25 como la continuación de un desempeño cínico que se arrastra desde hace un cuarto de siglo, con naciones industriales ricas que ignoran la realidad de un acelerado calentamiento global que ellas en gran medida han causado, mientras aparentan buena fe en un proceso corrupto.
Pero esto pasa por un hecho histórico muy importante: el liderazgo agresivo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante sus últimos dos años en el cargo, cuando su reelección ya no estaba sobre la mesa. Obama desconcertó a los ambientalistas al promover la energía renovable y mejores estándares de economía de combustible para vehículos, al tiempo que permitió más fracking y exploración de petróleo. Aun así, muchos analistas coinciden en que ansiaba un legado ambiental y vio el camino a París como la respuesta
En la COP20 en Lima, Perú, en 2014, Obama y el Secretario de Estado de los EE. UU., John Kerry, lograron un gran avance, persuadiendo a China para que respalde un plan voluntario de reducción de emisiones globales que se firmaría en París (en la COP21 de 2015). China, un país que se resistió durante mucho tiempo a tomar esta decisión, aceptó. El resto del mundo se alineó y el Acuerdo de París se redactó en Lima.
El liderazgo de los Estados Unidos bajo Obama fue realzado en gran medida por dos figuras destacadas de la política climática internacional: el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de Corea del Sur, y Christina Figueres, de Costa Rica, la secretaria ejecutiva del Comité Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Juntos, estos respetados líderes ejercieron la influencia necesaria para obligar a los delegados del G20 a escuchar las quejas de las naciones vulnerables en París.
Un ejemplo de su contribución: el objetivo inicial de París era evitar el aumento de la temperatura global en 2°C para el 2100, sobre una línea de base de 1900 (las temperaturas han aumentado 1 grado centígrado desde entonces). Pero las naciones del Pacífico, ubicadas casi al nivel del mar, argumentaron que esos 2 grados terminarían por borrarlas del mapa; la meta debía ser 1,5 grados o no firmarían. Impulsados por Ban y Figueres, Estados Unidos aceptó a regañadientes; China y otras naciones industrializadas también aceptaron.
El miércoles pasado, cientos de jóvenes se manifestaron frente a la sala plenaria justo antes de que llegara el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La seguridad fue tomada por sorpresa cuando los activistas corearon consignas y tocaron tambores. Los guardias armados los sacaron del edificio después de unos 30 minutos. Foto: Justin Catanoso.
Se suponía que la COP21 y el Acuerdo de París, aunque dependían del cumplimiento voluntario y la cooperación internacional, eran el punto de partida para alcanzar reducciones significativas de emisiones; pero al final resultaron ser una valla muy alta en las negociaciones climáticas. Cualquier esperanza que generó, se desvaneció 11 meses después cuando Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2016, justo cuando la COP22 comenzaba en Marrakech, Marruecos. Los negociadores allí quedaron atónitos.
Desde el inicio, la pregunta que se repetía una y otra vez en Marrakech era: ¿Quién liderará el cumplimiento del Acuerdo de París? Mientras esta interrogante se mantenía vigente, Ban y Figueres daban por culminadas sus funciones. Los sucesores, Antonio Guterres de Portugal y Patricia Espinosa de México, no son considerados hoy tan influyentes o efectivos como sus predecesores.
La respuesta entonces sobre quién asumiría este liderazgo se reveló completamente en Madrid. No fue China, el mayor contaminador del mundo. Tampoco fue la Unión Europea, que está ocupada con el Brexit, la crisis de inmigración impulsada cada vez más por el clima y el surgimiento del nacionalismo.
Brasil, Australia y Arabia Saudita se mantuvieron al margen, no para sacar adelante el espíritu de París, sino cada uno con un fuerte interés económico enfocado en socavar el acuerdo global. En la COP25, sus delegados se mantuvieron firmes frente a la abrumadora evidencia de la ciencia, ignoraron los impactos climáticos que cada uno siente en casa y se mantuvieron sordos a las súplicas rotundas de un movimiento juvenil global liderado por Thunberg.
Envalentonados con la influencia negativa de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump, estos países no mostraron interés alguno en reconocer sus acciones como una amenaza para la vida en la tierra.
A menos que el liderazgo de EE. UU. vuelva a surgir después de las elecciones presidenciales del próximo noviembre, nada de esto es un buen augurio para la COP26 en Escocia y las negociaciones finales que lanzarán el Acuerdo de París en 2020, lo que podría sellar el destino de la humanidad y el planeta.
Los asistentes a la COP25 se reúnen alrededor de un monitor de televisión para escuchar a la activista adolescente Greta Thunberg. Foto: Justin Catanoso.
*Imagen superior: ©Justin Catanoso.
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
UNAM/DICYT
La reproducción de tortugas marinas podría verse afectada por el cambio climático, pues la temperatura define su sexo: por debajo de los 28 grados se producen machos, y arriba de los 29 grados, hembras. “Las altas temperaturas parecen provocar un sesgo hacia la producción de más hembras”, afirmó Raquel Briseño Dueñas, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM.
El cambio climático, junto con la pesca incidental, el saqueo de nidos, la destrucción y contaminación de su hábitat, así como el incremento en el nivel del mar, son las principales amenazas para estos animales, dijo la coordinadora del Banco de Información de Tortugas Marinas (BITMAR) de esa entidad universitaria: “Desde la UNAM apoyamos iniciativas locales, intervenimos en centros de poblaciones rurales que siempre han estado cerca de las playas y de las tortugas, con la intención de orientar, fortalecer y empoderar a estos grupos comunitarios, para que valoren este patrimonio natural, lideren iniciativas de protección y obtengan beneficios desde la conservación de especies y hábitats” .
El BITMAR investiga el impacto del incremento de la temperatura en el desarrollo de embriones de los quelonios, y para ello ha instalado sensores térmicos en playa Las Cabras, en el municipio de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa. La investigadora aseguró que han tenido que reubicar las nidadas, pues en meses de mayor anidación tenemos temperaturas que son letales”.
En el campamento tortuguero FONATUR-Sinaloa también se aplican marcadores satelitales a especímenes adultos, pues mediante telemetría es posible conocer los lugares a donde migran después de que se reproducen y anidan sus huevos.
“Queremos saber si la migración es selectiva por género, o si hembras y machos concurren a los mismos sitios”, expuso Briseño.
Debido a estudios sobre su comportamiento, se sabe que las tortugas ocupan diferentes entornos, por lo que es necesario cuidar tanto las playas como los hábitats marino-costeros.
Raquel Briseño Dueñas – Foto UNAM
La especialista indicó que las tortugas quedan atrapadas en redes o palangres usados para la pesca de otras especies, pero también son capturadas de manera ilegal. “Se debe hacer conciencia entre los pescadores para que entiendan que si no respetan vedas y épocas de reproducción, acabarán con las especies”.
En México existen seis de las siete especies de tortugas marinas existentes en el mundo. Las laúd (Dermochelys coriácea) y carey (Eretmochelys imbricata) son las más vulnerables y requieren ser una prioridad.
Actualmente, nuestro país participa en iniciativas a nivel continental para su preservación. “Tiene la obligación de informar la condición de las poblaciones de tortugas, las acciones que realiza para disminuir sus amenazas y las medidas para su recuperación, pues ha suscrito acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, y la Convención sobre la Diversidad Biológica, entre otras.
Este año Raquel Briseño Dueñas obtuvo mención honorífica del Premio Nacional de la Conservación 2019, en la categoría de Área Académica e Investigación, que otorga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), por su labor de más de cuatro décadas para preservar las tortugas marinas.
El reconocimiento es también por establecer el Banco de Información de Tortugas Marinas(BITMAR) en 1988, esfuerzo pionero para sistematizar datos al respecto, así como las acciones de distintas universidades en las playas mexicanas para cuidar los hábitats de reproducción. Además, por elaborar un directorio de personas e instituciones que participan en su cuidado. Hoy esta información ya es recabada por el gobierno mexicano.
En 1994, la investigadora Briseño Dueñas obtuvo financiamiento de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) para elaborar un inventario de las playas de anidación de las tortugas en México.
Es cofundadora del primer campamento tortuguero en Sinaloa. Desde 1975 a 2019 ha realizado gestiones, como proponer la inclusión de la playa El Verde, en el Decreto de Zonas de Reserva de Tortugas Marinas de 1986, así como en la elaboración de la ficha para la declaratoria como sitio Ramsar 1349.
ALIANZA INFORMATIVA
DICYT – RED PRENSA VERDE
‘Robertico’ caminaba con unos documentos en la mano desde el despacho del parque hacia el restaurante y desde allí a la sala de visitantes.
En este último lugar, hacía una charla introductoria para los ecoturistas y se desplazaba con propiedad por el salón, mientras describía serpientes marinas exhibidas en frascos con alcohol. Luego explicaba cómo actuar en caso de encontrar un reptil en cualquiera de los senderos de la isla y hablaba sobre corales, ballenas, playas, el antiguo centro penitenciario y demás secretos de la ‘Bruja’, la isla Gorgona.
Después se refería a las raticas espinosas, esos roedores grandes como conejos, que tenían sus nidos en los árboles; enseñaba sobre basiliscos (reptiles) y deseaba a los turistas que ojalá tuvieran la fortuna de ver al esquivo lagarto azul.
Roberto Pardo Ángel. Archivo particular.
‘Robertico’ es Roberto Pardo Ángel, biólogo marino de la Universidad del Valle, un funcionario que impresionaba a finales de los 90, no tanto por su estatura de 97 centímetros, sino por sus conocimientos y capacidad para ejercer como director encargado del Parque Nacional Natural Gorgona.
Ataviado con el clásico uniforme azul de la Unidad de Parques Nacionales, en ese lejano lugar, sin luz, sin comunicación -excepto un radioteléfono oficial que a veces funcionaba- coordinaba el personal, imponía el orden, hacía cumplir el reglamento de Parques a los turistas y desarrollaba los procesos de educación ambiental.
Este hombre que desde entonces ha dedicado su vida a enseñar a los demás sobre la naturaleza colombiana, hoy enfrenta una crítica situación de salud que no ha sido solventada por la EPS a la que pertenece.
Comenzó su carrera dictando clases sobre Ecología en el jardín Infantil ‘Críos’, en Cali. Al tiempo, y por 14 años, apoyó el proceso educativo en un hotel para el avistamiento de ballenas en el Pacífico, cuando esta actividad apenas empezaba.
Fue Jefe de Educación Ambiental en el Zoológico de Cali, la CVC, la Alcaldía y después se vinculó a Parques Nacionales Naturales, donde ya lleva 15 años como un carismático contratista dedicado a la educación ambiental.
Ha trabajado en los parques naturales de Gorgona y Farallones, en las sedes de Bogotá y Barranquilla y ha viajado por diferentes regiones para mostrar la riqueza natural de Colombia y su vulnerabilidad. Parte de su tarea es realizar capacitaciones en colegios, universidades, entidades del Estado y desarrollar procesos de comunicación y educación ambiental para las áreas protegidas.
Roberto tiene 56 años. Presenta lordosis y escoliosis (curvatura y desviación de columna). En 2008 comenzó a sentir fuertes dolores y le diagnosticaron artrosis degenerativa severa.
A pesar de esto no dejó de laborar y el teletrabajo se convirtió en una salida gracias al apoyo de sus jefes y compañeros. Hace tres años fue trasladado a la territorial Caribe para que pudiera alejarse del frío y así mejorar su calidad de vida, debido a una displasia de cadera.
En 2010 su Empresa Prestadora de Salud (EPS) le ofreció una operación, pero 12 horas antes de la cirugía le informaron que la prótesis traída de Alemania era unos centímetros más grande de lo que requería, por tanto no hubo cirugía.
Los dolores siguieron y la movilidad empeoró. Tiempo después, el biólogo recibió de la Nueva EPS, una silla de ruedas eléctrica, hecha a la medida, por la que está muy agradecido. Sin embargo, se queja de que no hubo una opción para operarse.
Hace seis meses se complicó su estado de salud. Buena parte su salario lo destina a los gastos que le demanda su tratamiento como al pago de una fisioterapeuta particular que lo atiende una vez por semana. “En cada salida médica que hago debo pagar a una persona para que me acompañe, me suba a la silla, me espere, y me regrese a la casa. Todo eso tiene un costo”.
Le mandaron pastillas, colágeno y otros medicamentos paliativos. Luego el ortopedista que lo atendía le dijo que sus huesos estaban tan frágiles por lo que lo remitiría a otro especialista para calmar el dolor. Lo trasladó, pero le cerró el caso. Otra médica le advirtió que en esa entidad no tendría la posibilidad de operarlo. En noviembre pasado, el neurocirujano le recetó medicamentos por seis meses más y lo citó hasta mayo del 2020.
Roberto, quien ha enseñado a muchos colombianos a interesarse por la vida silvestre, afirma que debido a los dolores cada vez más insoportables, no le quedó más opción que consultar con un médico particular especializado en displasia de cadera que le recomendó su Tía, quien sufre la misma enfermedad. Este, le dijo que debía operarse pronto porque cualquier mal movimiento le podría generar una fractura, o un episodio de espasmo, nada conveniente para su salud. También le aseguró que esa intervención le daba muchas posibilidades para deshacerse del dolor.
La cirugía quedó programada para mediados de enero de 2020. El médico es Iván Donado Arce, quien ya trajo prótesis de un laboratorio de China. Cuenta que es una de las más pequeñas que hay en el mundo. El procedimiento tiene un costo entre 30 y 40 millones. Sin embargo, no están los recursos.
“Yo no puedo esperar más porque cada día estoy peor, el dolor es muy fuerte a veces estoy bien, a veces mal. El dolor no me deja concentrar en mis actividades laborales. Es muy difícil depender de otras personas para movilizarme”.
Es por esto que ‘Robertico’, a quien nada le ha quedado grande en la vida, emprendió una campaña interna con sus compañeros de Parques Nacionales para conseguir recursos y cubrir el monto de la cirugía. Igualmente lo apoyan en la CVC y algunos de sus amigos cercanos iniciaron un recaudo virtual que hoy convoca a los colombianos: https://vaki.co/vaki/roberto-pardo-angel
Queda un mes para la cita en el quirófano, él espera recolectar el dinero o parte de este. Sabe que seguramente no volverá a caminar largos tramos como los que hacía en Gorgona y los Farallones de Cali, pero si aspira a que ya no tenga dolor permanente.
Mientras realizaba esta entrevista recibió una llamada de la EPS anunciando que revisaría el caso y lo llamaría próximamente. Él espera que la entidad de salud asuma los costos de la cirugía, la clínica, el posoperatorio y las 60 terapias para recuperar la movilidad.
“Necesito resolver esto para seguir trabajando en lo que más me gusta: divulgar y enseñar a los niños, las empresas, los jóvenes sobre la importancia de cuidar los recursos naturales del país. Es que no se trata solo de mi salud, sino de ayudar a preparar a las nuevas generaciones para que puedan asumir estos retos ambientales que se vienen con el cambio climático”.
Investigadores descubrieron que en las plantaciones de palma la diversidad de mamíferos era mucho menor que en la sabana cercana. Tras la promesa del gobierno de aumentar drásticamente sus tierras de cultivo, los científicos temen que las sabanas y humedales puedan estar en peligro.
Megan Stannard /Mongabay Latam – Traducción: María Ángeles Salazar
A medida que las plantaciones de palma aceitera se expanden en el mundo, arrasando con franjas de selva tropical a su paso, los temores por el efecto que puedan tener en el medio ambiente también han aumentado. En las plantaciones de Colombia, un nuevo estudio ha descubierto otra forma en que están alterando la biodiversidad global: el impacto en la diversidad de mamíferos.
“Algunas especies viven muy bien” en las plantaciones de palma aceitera, dice Lain Pardo, uno de los autores del estudio publicado en la revista PLOS ONE. Entre esas especies se encuentran el zorro cangrejero (Cerdocyon thous), el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) y el hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla).
“Nuestros resultados sugieren que incluso dentro del grupo de mamíferos terrestres hay mucha variabilidad”, dice el investigador Lain e. Pardo.
Especies relativamente comunes, sobre todo depredadores pequeños y medianos, seguramente se alimenten de roedores y otras plagas agrícolas que abundan en las plantaciones de palma aceitera. Para los hormigueros gigantes, la fuente principal de alimento también se encuentra en los habitantes de las plantaciones. Sin embargo, otros mamíferos como, por ejemplo, grandes roedores como el agutí (Dasyprocta fuliginosa), la rata espinosa (Proechimys spp.) y la paca (Cuniculus paca) tienen problemas para encontrar comida y refugio en el monocultivo. Los científicos descubrieron que estas especies se encuentran pocas veces, o nunca, en las plantaciones. Incluso las que aparecían allí habitualmente lo hacían para alimentarse y volvían al bosque a dormir.
Imágenes de cámara trampa de un zorro, a la izquierda, y dos hormigueros gigantes captados durante el estudio. Imagen cortesía de Lain Pardo.
Los investigadores llevaron a cabo el estudio en plantaciones de palma aceitera que anteriormente habían sido pastos en la región de los Llanos Orientales de Colombia, lo cual significa que especies sensibles como el tapir (Tapirus spp.) y el armadillo gigante (Priodontes maximus), ambas clasificadas como vulnerables por la UICN, habían dejado de estar allí hace tiempo.
La pérdida de mamíferos tan grandes puede haber hecho que la riqueza de especies entre las plantaciones y los fragmentos de bosque que quedan sea menos pronunciada de lo que habría sido en un área previamente intacta, según el estudio. Los científicos solo detectaron pumas (Puma concolor), tayras (Nasua nasua) y pecaríes de collar (Pecari tajacu) —todas especies importantes ecológicamente— en áreas de palma aceitera que limitaban con sabana menos alterada y con los corredores biológicos Meta-Casanare y Alto Río Meta.
Los resultados del estudio están respaldados por un artículo de 2007 de investigadores de la Sociedad Zoológica de Londres que se centró en la abundancia de especies de mamíferos en el sureste asiático. Los investigadores descubrieron que solo cuatro mamíferos —un escaso 10 por ciento de las especies conocidas en ese entorno— utilizaban las plantaciones de palma aceitera. Como en el estudio de Colombia, ninguna de las especies que se encontraron en la plantación era una especie prioritaria para la conservación.
Ambos estudios llegaron a conclusiones parecidas.
“Estos resultados muestran que la expansión para aceite de palma a gran escala tiene graves impactos en los mamíferos autóctonos”, dijo William Laurance, coautor del estudio de Colombia y profesor de la Universidad de James Cook en Australia.
También reconoció que mantener corredores adyacentes de bosque y permitir que haya sotobosque en las plantaciones podría aumentar la diversidad de especies de forma sustancial.
“Queremos evitar a todo coste las plantaciones ‘estériles’ que no tengan nada más que árboles de palma aceitera”, dijo Laurance. “Eso es poco más que un desierto biológico”.
Los investigadores eligieron estudiar a los mamíferos debido a su sensibilidad a la calidad del ecosistema y porque son un indicador excelente de la biodiversidad general.
“La vegetación dentro de las plantaciones ayuda a crear ambientes más complejos y promover la presencia de otras especies como arañas, mariposas, crustáceos e incluso otros vertebrados (serpientes, aves), lo cual atrae a otros mamíferos”, dijo Pardo.
Los investigadores también escriben que el ganado libre afecta de forma negativa a la biodiversidad dentro de las plantaciones, algo que sugiere que es importante que haya mejor gestión del ganado y recintos apropiados.
Una anaconda (Eunectes spp.) muerta después de eliminar la vegetación de sotobosque en una plantación de palma aceitera. Imagen cortesía de Lain Pardo.
El aceite de palma ha sido un cultivo principal en la zona oeste de África desde hace 5000 años, pero cuando los comerciantes europeos lo introdujeron en el sureste asiático a principios del siglo XIX, les pareció que el clima húmedo era tan adecuado que, hoy en día, Indonesia y Malasia producen el 85 por ciento del aceite de palma de todo el mundo.
En la actualidad América del Sur solo produce el 6 por ciento del aceite de palma comerciado en el mundo.
El gobierno colombiano ha prometido expandir los territorios que se dedican a plantaciones y otros cultivos comerciales hasta los 7 millones de hectáreas para 2020, un área de casi del tamaño de Irlanda. La cifra es casi 14 veces más alta que las 516 000 hectáreas que Colombia destinó al aceite de palma en 2017, y en ese momento la extensión se había triplicado de las 157 000 hectáreas que se destinaban al cultivo de palma aceitera en el 2000.
Pardo advierte que las sabanas y humedales de Colombia podrían ser los más afectados por esta expansión. Dijo que la sabana “podría estar bajo una gran presión” de la agricultura, en parte por el aceite de palma, y las compañías petroleras. Puede que no se trate de la deforestación que se suele asociar al aceite de palma, pero podría tener los mismos efectos devastadores.
A pesar del impacto ambiental del aceite de palma, el producto se utiliza tanto que, según WWF, está presente en casi el 50 por ciento de los productos que encontramos en el supermercado.
En todo el mundo, las plantaciones de palma aceitera cubren un total de 27 millones de hectáreas, un área algo más grande que Nueva Zelanda.
Vista aérea de una plantación monocultivo de palma aceitera en Colombia. Imagen cortesía de Lain Pardo.
En 2018, la UICN concluyó que el aceite de palma había “llegado para quedarse”, pero hay formas, como indica este estudio, de reducir sus efectos negativos.
*Nota de la redacción: William Laurance es miembro de la junta de asesores de Mongabay.
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
El Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ya fue firmado por Colombia.
Con fecha del 11 de noviembre de 2019, un día antes de lo anunciado por el presidente Iván Duque, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, lo suscribió en Nueva York.
Así, después de ser adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 22 de los 33 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Colombia.
Entrará en vigencia cuando sea ratificado por 11 países, proceso que hasta el momento han cumplido cinco naciones: Uruguay, Bolivia, Guyana, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
Gracias #Colombia Embajador Guillermo Fernández por firmar el #AcuerdoDeEscazu celebro el gran compromiso del presidente @IvanDuque con el acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación https://t.co/2GqaLy0VKy
— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) December 11, 2019
La Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia expresó que recibe con agrado el anuncio del presidente Iván Duque sobre la firma del Acuerdo, pero pide avanzar con su ratificación.
Para cumplir con este proceso, a partir de la firma, se deben cumplir cinco etapas:
“Con fundamento en nuestra intención de diálogo constante con el Gobierno, las organizaciones que hicimos seguimiento a la negociación del Acuerdo de Escazú y que participamos activamente en su aprobación, solicitamos la inmediata puesta en marcha y fortalecimiento de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA)”.
Este espacio de gobernanza fue promovido conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la sociedad civil y, finalmente, formalizado mediante la Resolución 1496 de 2018.
Entre sus funciones, la MIDA es una plataforma para promover y hacer seguimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú.
“El Acuerdo es una herramienta para el fortalecimiento de la participación ciudadana, por esta razón consideramos que el anuncio de su firma, constituye un reconocimiento al valor de las demandas expuestas por la sociedad civil y manifestantes en el marco del paro nacional y a las discusiones de la mesa ambiental. Por lo que, recordamos que la democracia ambiental se fortalece con el diálogo honesto sobre las diversas exigencias y preocupaciones de los manifestantes que aún no han sido resueltas o tenidas en cuenta”, expresaron.
La Alianza por el Acuerdo de Escazú está integrada por 11 entidades y organizaciones: WWF, Asociación Ambiente y Sociedad y la Universidad del Rosario con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, Justicia Ambiental, la Red por los Derechos de la Información Ambiental, Aida, entre otras.
Este mecanismo de carácter regional fue creado para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Firma del Acuerdo de Escazú en Nueva York, 11 de diciembre de 2019. Foto Cancillería de Colombia
Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo para la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La Alianza indicó que el Acuerdo busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles:
– Acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.
– Participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud.
– Acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al medio ambiente y los derechos humanos.
– Incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.
⇓
Imagen superior: Cancillería de Colombia ante la ONU. Firma del Acuerdo de Escazú
MÁS SOBRE ESTE TEMA EN:
Cepal insta a países de América Latina y el Caribe a firmar el Acuerdo de Escazú
Vladimir Puentes Granada PhD / Fundación AMANO
Con ocasión de una Resolución que normalmente se expide anualmente y de la cual ningún medio de comunicación se había percatado que desde hace muchos años existe, estalló una polémica porque se ha pensado que “se induce a la caza de tiburones” (¡que no se “cazan”, se pescan!). El hecho ha despertado sentimientos de ambientalistas, y la reacción de la academia, ONGs, periodistas, políticos, pescadores y hasta comediantes.
Lo cierto es que este revolcón ha servido, no solo para desinformar intencionalmente, sino también para poner de nuevo en la mesa el aprovechamiento de los recursos pesqueros (entre ellos, los tiburones). La intención entonces es explicar, sin pasiones de un lado u otro, cuáles son los hechos y cuáles los problemas reales que hay que abordar para buscar soluciones, teniendo en cuenta la necesidad de conservar y proteger el medio ambiente, las especies amenazadas, pero también reivindicar el uso sostenible de estos recursos en el contexto social y económico de quienes los aprovechan.
La actividad pesquera se rige por el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) reglamentada por el Decreto 2256 de 1991. Este creó el Comité Ejecutivo para la Pesca conformado por el Ministerio de Agricultura (MADR), Ministerio de ambiente (MADS) y la Autoridad Pesquera (hoy AUNAP). Estas entidades deben reunirse cada año, y sí o sí, con la mejor información disponible, establecer las cuotas globales de Pesca como la ley lo indica. De 2006 a la actualidad, estas instituciones han permitido cada vez mayor participación de otras (institutos de investigación, ONGs, universidades, expertos) con lo cual se pretende que aquella “información disponible” sea mayor y mejor, inclusive haciendo reuniones en diferentes partes del país. La información ha mejorado, aunque algunas entidades solo muestran sus resultados sin poder articularlos a un análisis conjunto.
Cachuda amarilla (Sphyrna corona) Tomado de: https://tiposdetiburones.com/tiburon-martillo/coronada/
En el caso de los tiburones, la Resolución 1743 de 2017, recopiló actos administrativos previos del 2012 y 2013, ajustando algunas cosas:
1. Se prohíbe la captura dirigida a tiburones y rayas en pesca industrial.
2. Establece un porcentaje de captura incidental en pesquerías industriales (35%).
3. Se permite el aprovechamiento en pesca artesanal de acuerdo con la cuota global establecida cada año para seguridad alimentaria y comercialización de sus subproductos.
4. Prohíbe la comercialización y distribución de subproductos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
5. Prohíbe la guaya de acero que sujeta el anzuelo, para evitar que el tiburón se escape (captura dirigida). 6. Prohíbe la modificación de la carnada para atraer tiburones.
7. Prohíbe el aleteo (capturar tiburones, cortar las aletas y devolver el cuerpo al mar en faenas de pesca), entre otras disposiciones.
La cuota global es una medida de regulación del esfuerzo de pesca dispuesto en la ley vigente, y no de “autorización de pesca” como se ha malinterpretado. La base para establecerlas es esa “mejor información disponible” con la cual se elabora un documento técnico que las soporta. Lo ideal es que esa información comprenda evaluaciones integrales del estado de los recursos, pero no siempre es así, de manera que se establecen con la información que se tiene. Si las cuotas no se establecen, el MADR, MADS y AUNAP incurrirían en el incumplimiento de la ley.
Sin embargo, es una medida que requiere un seguimiento estricto de las capturas por cada especie, que puede darse en pesquerías industriales, pero es muy complejo en pesquerías artesanales por la dispersión y acceso a los lugares de desembarque, y la capacidad todavía limitada de seguimiento a los mismos. Es por esto que la medida ha sido poco efectiva, y en los pocos casos que se ha aplicado (cerrar la pesquería por copar la cuota – Ej. peces ornamentales), es difícil hacer seguimiento para confirmar que en efecto se cerró en la región de pesca, por lo que es posible que se mantenga la actividad y la comercialización a través de países vecinos.
Las cuotas globales no son una medida eficaz para pesquerías artesanales, donde parte de sus capturas son comerciales y otras de subsistencia. Es posible también, que la cuota que se otorgue sea tan alta, que las pesquerías sobre ese recurso nunca lleguen al tope que se otorga, por lo que la medida pierde su motivación principal cual es regular el esfuerzo.
Un ejemplo exitoso de la aplicación de cuotas globales es Perú con la pesquería de Anchoveta (ver: https://www.connuestroperu.com/economia/54157-historia-y-balance-como-se-ha-manejado-la-pesca-de-anchoveta-en-el-peru) y aun así tiene todavía varios retos en su aplicación.
Los pescadores escogen los lugares de pesca, pero no escogen lo que sus aparejos capturan, más aún cuando estos capturan varias especies, aunque el objetivo sean unas pocas. En la pesca con red de enmalle artesanal (trasmallo), el objetivo podría ser el camarón y otras especies comerciales (pargos, corvinas, robalos, etc.), pero se capturan otras de poco valor para el consumo familiar, y otras que se descartan. En la pesca de línea de anzuelos de superficie (palangre, espinel), se busca capturar atún, sierra, dorado, pero también se capturan tortugas marinas y tiburones. La pesca industrial con red de cerco busca capturar atún, pero también captura tiburones, sierras y dorados, y hasta delfines (para estos últimos hay un programa exitoso para evitar su mortalidad).
Reinal de acero. Tomado de https://www.pewtrusts.org/es
Aunque existen maneras de reducir capturas incidentales para otras especies (tortugas, delfines, peces), modificando aparejos de pesca (dispositivos excluidores, modificación de anzuelos, programas de rescate), todavía no hay una para tiburones que sea efectiva, exceptuando la prohibición de la guaya de acero, cuyo uso indica la intención de capturarlos.
Para comercializar productos pesqueros, es necesarios tramitar un Permiso de comercialización ante la autoridad pesquera (AUNAP). No será suficiente tener solo el permiso y la patente de pesca, si quiere comercializar estos productos, deberá tramitar el de comercialización, siguiendo los requisitos para ello. De otro lado, el MADS es la Autoridad Nacional de la Convención Internacional CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas (Ley 17 de 1981). Especies del apéndice I son especies amenazadas de extinción y su comercialización es prohibida (2 especies de tiburones en Colombia – Peces Sierra). Las especies del apéndice II -CITES II- (8 especies de tiburones y 3 de mantas en Colombia), no están amenazadas de extinción, pero podrían estarlo si el comercio internacional no es regulado. La autoridad CITES requiere de un Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP), que es un estudio que concluye que la exportación no impactará la sobrevivencia de la especie en el medio natural, y es requerido antes de realizar alguna exportación por primera vez y revisarse anualmente (ver:
https://www.cites.org/esp/prog/ndf/current_policies). Vale la pena mencionar que países vecinos como Costa Rica, Ecuador y Perú ya tienen los DENP de especies de tiburones (dos de ellas –A. pelagicus y A. supercilliosus– incluidas en cuotas de aletas en la resolución 350 de 2019 en Colombia).
Hay productos de la pesca sujetos de comercio internacional en Colombia. Si las especies no están en CITES, se exportan a través de los canales dispuestos por MinComercio (MinCIT) según el caso, como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Si son especies en CITES II, se surte un trámite adicional en el MADS antes de continuar el proceso por VUCE. Sobre la base del DENP para cada especie, la autoridad CITES autoriza la exportación, con base en una cuota de exportación, que se va reduciendo conforme se hagan las exportaciones. De esta manera se aplicó para el Caracol Pala (CITES II) en Colombia, aquel que mucha gente pone para trancar puertas. Se estableció una cuota global de pesca basada en la evaluación del estado del recurso que hicieron la Secretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, con la Autoridad Ambiental Regional (Coralina), que además sirvió para elaborar el DENP con el apoyo del MADS y la NOAA. Se estableció una cuota de consumo local (En archipiélago se consume – Ej. Rondón), una cuota de exportación de carne, y una cuota de exportación de sus perlas, las dos últimas para efectos de cumplir con la CITES.
Aunque la Ley y su decreto reglamentario (Pesca) fueron bien estructurados, están desactualizados y descontextualizados de la realidad actual de la pesca en el país. Hoy la pesca es artesanal y solo la pesca industrial de atún se mantiene. Es tiempo de modificarla o expedir una nueva, que replantee muchos de los conceptos en ella (Ej. cuotas globales, la división de la gestión de los recursos hidrobiológicos entre pesqueros y no pesqueros, manejo participativo, y la reivindicación de la acuicultura -hoy clara alternativa-, entre otras). Hay ya un proceso en este sentido y debe apoyarse para que sea de alta participación, exitoso y en pro del bien común.
La intención de iniciar una regulación del comercio internacional de aletas de especies CITES II, fue seguramente lo que motivó a establecer una cuota global a este subproducto (tres de las cuatro especies son CITES II), y si bien la intención es consecuente, no se han realizado los DENP para las especies CITES, y mientras eso no suceda, no se podría exportar ninguna aleta de esas especies incluidas en la resolución 350. La elaboración de los DENP será más fácil si se hacen conjuntamente entre las autoridades competentes, tal como se hizo con el Caracol Pala.
La opción de prohibir la comercialización internacional de aletas debe mirarse con mucho cuidado; puede ser un incentivo perverso que ocasione un mercado ilegal de aletas que hace perder los registros del producto en el país, que puede incentivar el aleteo y llevar las aletas a países vecinos donde es posible comercializarlas internacionalmente, y hasta inducir el aumento de su precio (economía de oferta y demanda), y todo esto va en detrimento del bienestar de los tiburones al final. Hay reportes que mencionan como aletas en Tumaco se van al comercio ecuatoriano.
Pero esto es aún más complejo; hay más especies de tiburones NO CITES que también son susceptibles de comercialización internacional de aletas en Colombia. Para esas especies, las aletas se pueden exportar según el procedimiento mencionado anteriormente (VUCE). Aunque ya hay códigos arancelarios específicos para las especies CITES, es pertinente ver si los hay para las especies NO CITES, o si es un código arancelario general (Ej. aletas de tiburón) o si hay todavía códigos arancelarios que sean tan amplios que las aletas se puedan incluir allí, y no se identifiquen en el proceso de exportación. Hay que recalcar que hasta ahora, no se había hecho nada por regular el comercio internacional de aletas de tiburón en Colombia.
El mercado ha estado abierto y sin restricciones por años, y la intención de regularlo, ocasionó en la opinión de algunas ONGs, universidades, expertos y público en general, que se entendiera que lo que sucedió fue “abrir una puerta” para incentivar el aleteo, o la captura dirigida. La intención estuvo lejos de eso y es de hecho todo lo contrario, aunque es necesario construir capacidades en la identificación de las aletas (Ej. https://cites.unia.es/cites/file.php/1/files/identifyingsharkfins_guide_s.pdf) y buscar una regulación en el tamaño de la aleta a exportar según la especie, para buscar que no sean aletas de ejemplares juveniles las que se exporten.
Tiburón zorro (Alopias supercilliosus) Tomado de: http://combine.ncscm.res.in/combine/details?cid=12948
Sin embargo, esta intención hace reflexionar sobre algo clave: ¿cómo asegurar que las aletas a exportar provengan realmente de capturas incidentales?. En la pesca industrial de atún (barcos de bandera extranjera) que pescan en aguas jurisdiccionales colombianas (zarpan y arriban a Tumaco), es relativamente fácil registrar capturas incidentales y certificar el no aleteo, haciendo inspecciones a los barcos que arriban a puerto, además de asegurar un observador pesquero en cada motonave durante su faena en aguas colombianas. Pero, ¿La captura incidental (incluyendo tiburones) se desembarca en su totalidad en Tumaco?. En barcos industriales atuneros de bandera colombiana, su primer arribo a puerto es en Ecuador (pero por su bandera están regulados por leyes colombianas); el reporte de capturas incidentales y certificación de no aleteo se puede hacer a través de observadores pesqueros de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y los del Acuerdo Programa Internacional para la Conservación de Delfines (APICD) que tiene un programa nacional de observadores para estos barcos. Se espera que esto se esté dando y es cuestión de confirmar, y de ver como se discriminan los reportes de tiburones capturados incidentalmente en aguas internacionales y los capturados en aguas colombianas en esta flota.
También es importante confirmar si las capturas incidentales de esta flota (incluyendo tiburones), se quedan en Ecuador y allí se comercializan, o se transportan con buque de carga a Colombia junto con el atún a su planta procesadora en la costa atlántica. Hay que mencionar que estas flotas industriales están bajo las regulaciones de la CIAT, y esta organización regional de ordenamiento pesquero (OROP) ha expedido varias resoluciones con respecto a tiburones y Mantas (C-19-06, C-19-05, C-16-06, C-16-04, C-15-04, C-11-10) que propenden por la liberación de estos peces vivos en lo posible, limitación de captura incidental (palangre -20%), prohibición de pesca en zonas de alumbramiento, prohibición de retención a bordo, retención únicamente entero, prohibición de comercialización (Tiburón Sedoso), y promoción de la investigación en estos animales. Sin embargo, es pertinente recordar que la resolución C-05-03, en su punto 4, podría llegar a interpretarse como permitir cierto porcentaje de aleteo (ver resoluciones en: https://www.iattc.org/ResolutionsActiveSPN.htm).
Para la pesca artesanal, el control es mucho más complejo. Aunque ha mejorado, la mayor parte del registro se hace en grandes centros de acopio, pues es muy difícil tener registros en cada poblado de pescadores, que asegure que los tiburones llegan a tierra con sus aletas y que provienen de capturas incidentales. Y se complica más: la carne de tiburón no es de alto valor comercial en un gran centro de acopio (Ej. Buenaventura), por lo que es posible que una parte de la carne se quede para consumo familiar en el poblado, llevando solo, las aletas para su comercialización al gran centro de acopio. Sin embargo, hay que decir que una muy buena parte de pescadores artesanales cumplen las disposiciones establecidas, y esto puede ser mucho más efectivo, si las medidas de manejo se establecen de manera participativa, y no como dicen varios de ellos que las medidas les “caen de 2600 metros más cerca de las estrellas”, sin incluir el contexto ambiental, pesquero, social, económico y hasta cultural de sus poblaciones.
Es evidente lo complejo (desde lo pesquero) establecer una cuota global a un recurso de captura incidental, aunque en este caso puede haber una motivación por el comercio internacional de las aletas. Pero, ¿por qué a lo largo de los años se ha mantenido una misma cuota de tiburones (o de otros recursos)?. Es posible que no haya nueva información que permita modificar la cuota, y esto quiere decir que la información que tiene la AUNAP, MADR o MADS, pero también la que puedan proporcionar las otras instituciones invitadas al proceso (Institutos, ONGs, Universidades), no sea suficiente para cambiar el valor de la cuota. Esto evidencia que es simplemente imprescindible hacer evaluaciones integrales del estado de los recursos con cierta periodicidad preestablecida, y determinar indicadores de estado de estos.
Esto permite monitorear los recursos entre una evaluación y otra, desde una aproximación ecosistémica y aplicando el principio de precaución (solo si es necesario!), para aquellos recursos, que por su historia de vida sean más vulnerables. Se ha reportado que las capturas incidentales de tiburones (en pesquerías industriales y artesanales) son cada vez más de ejemplares juveniles que no llegan a reproducirse. No es necesario ser experto para entender desde el sentido común, que esta condición va en detrimento de sus poblaciones; se sabe además que los tiburones, en general, crecen lento, tienen madurez sexual tardía, pocas crías, y alcanzan tallas comerciales cuando no han madurado. Si esto es así, ¿no sería esto un buen indicador de estado, y por tanto, razonable para próximas ocasiones, revaluar el valor de la cuota global? Desde lo ambiental-comercial (CITES), aun si la medida no fuera la de cuotas globales, el DENP (que debería ser una evaluación integral del recurso) permitirá establecer la cuota de exportación a las especies CITES II.
Carcharhinus falciformis – Tiburón sedoso Tomado de: https://animalplanetsthemostextreme.fandom.com/wiki/File:Silky_Shark.jpg
Pero surge una gran pregunta: ¿Cómo hacer con el resto de las especies de tiburones NO CITES cuyas aletas también son comerciales internacionalmente? (Ej. una especie en la resolución 350 – S. corona). También será necesario tener buenas evaluaciones, y el principal aliado para esto será sin duda alguna, quienes lo aprovechan: los pescadores. Es bueno tener de referencia el contexto internacional, donde expertos han demostrado que Colombia no aporta más del 0.2% del comercio de aletas en Hong Kong (50% del comercio mundial), y países vecinos (México, Costa Rica, Ecuador, Perú) pueden exportar muchas veces más aletas de prácticamente las mismas especies que se proponen para Colombia. También hay que entender que varias especies de tiburones son migratorias, y hoy están aquí y mañana en otros países. ¿No sería entonces un esfuerzo regional el que hay que hacer estos casos? (Ej. Comisión Permanente del Pacífico Sur-CPPS-, Corredor Marino del Pacífico Este Tropical –CMAR-, CITES). No olvidar que Colombia es parte del Memorando de Entendimiento de Tiburones Migratorios de la Convención de Especies Migratorias -CMS-.
Aunque algunas pesquerías han sido afectadas por falta de capacidad en su manejo, cada vez es más notable la conciencia de los pescadores sobre los recursos que aprovechan, sin dejar de lado las afectaciones a la pesca por otros factores diferentes a la misma (fenómenos climáticos, contaminación por fuentes terrestres, minería, grandes obras de infraestructura, etc.). La desinformación y estigmatización de uno u otro lado, no aporta en nada a resolver los retos que presentan la actividad pesquera y la conservación de especies.
Hay que mejorar la gestión, no solamente sobre tiburones, sino sobre todas las pesquerías en general, y es el reto que siempre se ha tenido, aunque el presupuesto no ayude. Hay que buscar alternativas para que el pescador ejerza sosteniblemente su actividad, y para que se regule adecuadamente el esfuerzo pesquero para su propio bienestar. Hay que ver si hay caladeros de pesca reconocidos con altas capturas en tiburones, o áreas que merezcan cierto manejo (¿áreas de crianza?), así como mejorar la gestión en áreas protegidas y de manejo integrado, teniendo en cuenta siempre a las poblaciones costeras. Hay que reivindicar la pesca artesanal como una de las actividades agropecuarias que más aporta a la seguridad alimentaria del país, y los tiburones, se quiera o no, hacen parte de ello. Algunas respuestas pueden estar en la distribución más equitativa de la renta en la pesca, en sistemas de comercialización que apunten a un manejo pesquero más regulado y a la tecnificación de la actividad para hacerla más selectiva, teniendo siempre en cuenta el medio ambiente, porque si el mar está sano, habrá pesca. Se puede hacer un aprovechamiento sostenible, conservando.
OPINIÓN
NOTICIAS RELACIONADAS:
Ocho toneladas de aleta de tiburón están almacenadas en Cartagena
Es resultado del diálogo generado en desarrollo del Paro Nacional. El Acuerdo busca la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El Gobierno de Colombia anunció la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y único derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ‘Río+20’, y también, primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Se abrió a la firma de los 33 países, el 27 de septiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York.
En noviembre de 2018, la Cancillería colombiana, al ser consultada por este medio, dijo que el gobierno se tomaría su tiempo mientras analizaba con todos los sectores e instancias gubernamentales, la conveniencia de adherirse o no.
En los últimos meses, la firma de este Acuerdo fue solicitada de manera insistente por diferentes organizaciones ambientales y sociales, dados los asesinatos registrados, ataques y vulnerabilidad que presentan líderes en diferentes regiones de Colombia.
#ParoNacional21Nov contra el asesinato de defensores y defensoras del ambiente #EscazuAhora pic.twitter.com/VDLaEIP11C
— Ambiente y Sociedad 🌳 (@ambienteysoc) November 20, 2019
#EscazúAhora NO podemos esperar más. En Colombia los conflictos por el agua, la tierra, los bosques continúan aumentando, así como los asesinatos contra quienes defienden el ambiente y DDHH
Alianza por el #AcuerdodeEscazú pide al gobierno de @IvanDuque que lo firme y ratifique pic.twitter.com/1OGuZG6xKt— ForoNacionaAmbiental (@FNAmbiental) December 9, 2019
A esto se sumó la exigencia del Acuerdo como uno de los puntos fundamentales del Paro Nacional #21N y en los recientes acercamientos entre líderes, ambientalistas y comunidades con el presidente Duque y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.
Ayer en #ConversacionNacional pedí a Vicepresidenta @mluciaramirez la firma y ratificación del #AcuerdoDeEscazú x Colombia. Ambientalismo nacional planteó el tema reiteradamente y lo posicionó en la agenda. Ella se comprometió a priorizarlo y a involucrarse. Haremos seguimiento pic.twitter.com/oyPqROvttT
— Lina Muñoz-Ávila (@linamunozavila) November 30, 2019
«Como resultado de los intercambios realizados en la Mesa Ambiental que se desarrolla en el marco de la Gran Conversación Nacional, se suscribirá el Acuerdo de Escazú, el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Se conversa y se actúa, expresó el presidente Duque al anunciar la noticia.
El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano Picón, lo ratificó: «es una muestra del compromiso y la voluntad del gobierno nacional de escuchar el sentir de todos los actores del sector ambiental y construir entre todos, soluciones que garanticen la sostenibilidad del país”.
Tan pronto se conoció la decisión, muchas de las organizaciones se expresaron:
Celebramos que hoy #Colombia se compromete a firmar el #AcuerdodeEscazú
🌱🌳!Con la firma del #AcuerdodeEscazú tenemos una nueva herramienta para trabajar por la #AcciónClimática #EscazúAhora
— WWF Colombia (@WWFColombia) December 10, 2019
¡Celebramos esta gran noticia! 💚 El #AcuerdoDeEscazú es una oportunidad para reconocer la labor y proteger a los líderes ambientales. Ratificarlo es dar un gran paso hacia el camino correcto del ambientalismo y la paz del país🇨🇴🌎 pic.twitter.com/EzMNF3XyLL
— M. Ambientalista Col (@mambientalistac) December 9, 2019
¡El presidente @IvanDuque anuncia que Colombia hará parte de este gran acuerdo!
La alianza por el #AcuerdoDeEscazú impulsa al gobierno nacional a la ratificación del acuerdo y al diálogo activo con quienes hemos seguido la construcción de este instrumento internacional. pic.twitter.com/ymqg5AxoLx— Ambiente y Sociedad 🌳 (@ambienteysoc) December 9, 2019
“Es un acuerdo entre Estados, pero sobre todo, un pacto de cada Estado con sus sociedades. Es un acuerdo ciudadano, hecho por y para las personas de nuestra región. Recoge nuestras prioridades regionales, reconoce y desarrolla derechos democráticos fundamentales y pone la igualdad al centro del desarrollo, buscando incorporar a todos los sectores de la sociedad para afrontar desafíos ambientales de tal magnitud como el cambio climático, los desastres naturales, la desertificación o la pérdida de biodiversidad”.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), definió de esta forma el Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de un poblado de Costa Rica.
Algunos de los países que ya hacen parte del Acuerdo son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
Consulta aquí el texto completo del Acuerdo de Escazú
Video: Presidencia de la República
Antonio Paz Cardona / Mongabay Latam
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe de Colombia, llevan varios años oponiéndose a la minería que rodea su territorio y sus argumentos espirituales y tradicionales han trascendido hasta los estrados judiciales.
En 2014 la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se refirió a la minería en la Sierra y, en particular, a dos títulos mineros de canteras. El alto tribunal precisó que todos los títulos que no habían hecho consulta previa debían hacerla, incluso si se trataba de zonas fuera de los resguardos titulados, “dada la protección especial de áreas sagradas y su importancia cultural para las comunidades”. Sin embargo, a pesar de sugerir la consulta previa para todos los títulos mineros, en su parte resolutiva solo ordena la consulta para los dos demandados.
Dos años más tarde, los indígenas se vieron obligados a presentar una tutela —mecanismo jurídico en Colombia para la defensa de derechos fundamentales— para que la Corte defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala, que habrían violado la consulta previa.
A eso se suma el aumento, en este período de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.
Los pueblos kogui, malayo, arhuaco, kankuamo y wiwa han argumentado las afectaciones culturales de la minería pero, según Castañeda, esto siempre ha sido desvirtuado por el gobierno por “carecer de peso técnico”. Por eso, los indígenas buscaron ayuda para que se demostraran, técnicamente, no solo las afectaciones culturales y espirituales de esta actividad extractiva, sino las consecuencias negativas a escala ambiental en un territorio biodiverso y lleno de endemismos como la Sierra Nevada de Santa Marta.
Dos años más tarde, los indígenas se vieron obligados a presentar una tutela —mecanismo jurídico en Colombia para la defensa de derechos fundamentales— para que la Corte defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala, que habrían violado la consulta previa. A eso se suma el aumento, en este período de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financió el primer proyecto piloto que analiza estos temas en un territorio indígena en la Sierra. Los resultados de este estudio fueron publicados recientemente en el informe Identificación de impactos ambientales y culturales por minería sobre el territorio del pueblo wiwa.
El estudio se centró en el pueblo wiwa asentado en los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira. Y la investigación de campo abarcó las cuencas de los ríos Ranchería, Cesar, Tapias y Jerez.
Applied Biodiversity Foundation (ABF), es una organización especializada en conservación biológica y cultural, fue la encargada de hacer el trabajo. Diego Casallas-Pabón, PhD en Ciencias Biológicas, director de la organización y coordinador ambiental del informe, le dice a Mongabay Latam que los indígenas insistieron principalmente en su preocupación por la cuenca del río Jerez, pues allí se vive una problemática complicada por la minería ilegal en la que participan grupos armados que intimidan a las comunidades wiwa.
Allí los investigadores tomaron muestras de peces —principalmente de lo que quedaba de la pesca— y las llevaron a un laboratorio para realizar pruebas de bioacumulación de metales pesados dentro de los organismos. “Cuando en el agua hay metales pesados, estos entran a la cadena trófica, se acumulan en el músculo del pez y cuando la gente se lo come, estos elementos son consumidos por la comunidad”, afirma Casallas-Pabón.
Paisaje en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
En el informe quedó registrado que “el Cromo (Cr) y el Hierro (Fe) marcaron resultados positivos, con valores considerablemente altos para una estación de muestreo ubicada en el río Jerez, asociado a quebradas afectadas por vertimientos de minería ilegal ubicada en la comunidad de Arimaka (Seyamake), la bioacumulación se detectó en el músculo de la especie de pez llamado mantecatufrente (Salminus affinis), con valores respectivos de 1866,5 µg/Kg y 17200 µg/Kg”, señala el documento.
Por su parte, el Cadmio (Cd) se presenta debajo de los límites en todas las estaciones de muestreo, con excepción de la ubicada en el río Jerez, aledaña a la comunidad Arimaka. “Se presenta una concentración de 2,26 µg/Kg de Cadmio bioacumulado en la mojarra (Geophagus steindachneri), comúnmente consumida por la comunidad en este punto del río”, se lee en la publicación. De igual forma se reportó un nivel positivo para Arsénico (As) en los peces mantecatufrente y mojarra en dos de las estaciones de muestreo sobre el río Jerez, aguas abajo de los vertimientos de minería ilegal.
Casallas-Pabón asegura que este es un primer paso para que se levanten más estudios y se tomen más muestras. “En otros sitios más arriba, donde la minería no está presente, el agua salió limpia y los peces también. El objetivo era hacer este análisis de manera comparativa”, afirma.
El biólogo es cauteloso y asegura que, aunque aún no se puede concluir si la contaminación por metales pesados afecta la salud de los indígenas, son necesarios estudios futuros que probablemente evidencien este tipo de afectaciones. “Lo que sí podemos asegurar es que los peces están cargando en su carne una serie de metales pesados que no deberían estar ahí y que no fueron reportados en sitios sin minería”.
Jornadas de trabajo de los investigadores con los indígenas wiwa. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
Los problemas no solo se hicieron evidentes en los peces. Los análisis químicos del agua confirmaron la contaminación. En el punto de vertimiento de la mina ilegal, el valor del pH superó el límite máximo permisible para consumo (10,01 unidades de pH). El informe destaca que esto es consecuencia de los procesos de extracción de minerales, cuyos desechos son vertidos en el suelo y terminan por llegar a las aguas del río Jerez, “que atraviesa el asentamiento dejando a su paso sus residuos, los cuales pueden afectar la salud y calidad de vida de la comunidad, junto con el deterioro de los recursos naturales y afectación de la biota”, destaca el informe.
“Hay 180 títulos mineros otorgados, cinco bloques de minería en funcionamiento, dos proyectos de hidrocarburos y esto afecta gravemente a la Sierra Nevada de Santa Marta, sin contar con la minería ilegal que se desarrolla dentro del territorio. En un futuro todos estos proyectos convertirán a la Sierra en una especie de fogón, una gran fogata”, le dice José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, a Mongabay Latam, refiriéndose a la deforestación alrededor de la Sierra, que sumada a los efectos del cambio climático que ellos ya perciben, podrían generar múltiples incendios en esta región.
Para los wiwa, y demás indígenas que habitan en esta zona, la afectación ambiental impacta directamente su cultura y costumbres. El biólogo Diego Casallas-Pabón asegura que es muy interesante ver cómo lo cultural está entrelazado con lo ambiental y que durante el estudio levantaron información valiosa sobre la relación que tiene la comunidad con la flora y la fauna, “cada uno de los animales es un guardián de algo” y añade que “en la medida que se extinga alguna especie también se va perdiendo la información cultural ligada a ella. Y si eso se pierde también hay un impacto sobre sus actividades económicas y su percepción de la vida y en general su cosmovisión”.
Es por eso que preocupa la deforestación reciente que avanza en algunas zonas de la Sierra y que se suma al histórico impacto de actividades humanas en la región. Aún quedan zonas bien conservadas —donde habitan las comunidades indígenas más apartadas— y allí se dio hace poco el primer registro de jaguar en la zona, el felino más grande de América y que se encuentra en la categoría Casi Amenazado de la Lista Roja de especies de la UICN.
Jaguar captado por cámara trampa en territorio wiwa. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
La presencia del jaguar es una buena noticia para la salud del ecosistema. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
La preocupación de los indígenas y los científicos es que dentro de poco esto pase a ser solo un recuerdo, a pesar de que el animal también fue registrado por las cámaras trampa instaladas por los investigadores del informe. “Detectamos la presencia de jaguar. Esto significa que arriba el territorio está siendo protegido. Para que un animal de este porte esté en el ecosistema es porque hay alimento”, dice Casallas-Pabón.
Para él, esto muestra la importancia de la conservación de estos ecosistemas no solo para garantizar la biodiversidad sino el agua, en especial de las quebradas que alimentan al río Ranchería, del que se surten muchos de los centros poblados alrededor de la Sierra.
Otro de los focos de trabajo de los investigadores fueron las especies indicadoras, es decir, aquellas cuya presencia o ausencia permite generar conclusiones sobre el estado de salud del ecosistema. Como es el caso del jaguar. Los investigadores concluyeron que los ecosistemas más conservados suelen ser los que tienen menor contacto con la gente y los que están más arriba, donde habitan los indígenas que tienen mejor preservada su cultura.
“Hasta el momento este informe es la recopilación más completa que se ha hecho del pueblo wiwa en la Sierra Nevada, visto desde la unión de lo ambiental, lo cultural y lo social. Es un estudio que a futuro puede servir como un respaldo para mostrar cómo estaban los ecosistemas y tener un punto de comparación”, indica Diego Casallas-Pabón.
El análisis se concentró en las cuencas de los ríos Tapias, Ranchería, Jerez y Cesar. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
Entre las recomendaciones del estudio están: revisar las licencias ambientales emitidas a los proyectos de minería a cielo abierto sobre las coberturas vegetales actuales, ya que muchas de ellas son bosques altamente frágiles que requieren de medidas de protección para mantener las características ecológicas y los servicios ecosistémicos; reorganizar a través de nuevos actos jurídicos las acciones de cierre, saneamiento y restauración ecológica en los pasivos ambientales generados por las actividades mineras pues muchas suelen abandonarse sin las medidas adecuadas, generando puntos de erosión que se convierten en focos de contaminación por residuos urbanos e industriales.
A los indígenas wiwa les preocupan los títulos mineros —que insisten son ilegales pues no fueron consultados con ellos— así como la minería ilegal y hasta criminal que se apodera de territorios como la cuenca del río Jerez, donde se extraen minerales y materiales de construcción sin ningún tipo de permiso, según quedó consignado también en el informe. José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, asegura que en esta cuenca también hay minería ilegal de oro.
De acuerdo con la abogada Luisa Castañeda, el auge de proyectos de construcción en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira —donde se ubica la Sierra Nevada de Santa Marta— ha disparado las canteras ilegales que buscan suplir la enorme demanda de materiales de construcción en la región.
Todo esto ha hecho que los wiwa sean blanco de amenazas. Entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de este año, 155 líderes sociales e indígenas fueron asesinados en Colombia. Esta cifra sigue en aumento y desde octubre se ha incrementado exponencialmente con los múltiples asesinatos de indígenas en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Uno de los casos más impactantes fue la masacre de Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca, a finales de octubre.
Afectaciones a la comunidad wiwa de Arimaka: restos de la quema de casa del mamo ocurrida en agosto de 2018. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
“Todo es por la defensa y protección de nuestros territorios. Este es un tema de estigmatización sistemática a nivel nacional y más aún en este territorio [Sierra Nevada de Santa Marta], donde los intereses no son solamente por minería sino por otros megaproyectos como puertos, vías y turismo”, comenta Bolívar. Según el líder indígena, incluso la muerte del guardaparques de la Sierra Nevada, Wilton Orrego, a principios de este año, fue en represalia a que trabajaba en la protocolización de la consulta previa con los pueblos indígenas.
Actualmente los líderes del pueblo wiwa tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que cuentan con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, oponerse a la minería ilegal en el río Jerez, que es manejada por grupos armados ilegales les ha traído nuevas amenazas. “Hay muchos desmovilizados [de grupos paramilitares y guerrilleros] que nos ponen en riesgo acusándonos de oponernos al desarrollo”.
El panorama de la Sierra Nevada cada día se complica más pues no solo enfrenta amenazas a su gran riqueza natural y cultural, sino que los pueblos indígenas que habitan en la zona, como los wiwa, siguen expuestos a intimidaciones y homicidios. “Asesinaron a una persona cerca del territorio y ahí las Águilas Negras [presunto grupo a nombre del que se dan las intimidaciones] dejaron un panfleto haciendo amenazas a nuestras familias. Hay rearmamento de los exparamilitares y de las disidencias de las Farc y en este momento el gobierno no está fortaleciendo la institucionalidad indígena”, concluye Bolívar.
Imagen superior: Indígenas wiwa. Foto: Applied Biodiversity Foundation.
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM- RED PRENSA VERDE
El principal objetivo de la COP25 es que los países lleguen a un consenso para desarrollar lo que ya se aprobó en el Acuerdo de París de 2015. En ese momento, se pactó el camino a seguir para la reducción de emisiones hasta 2020, un plazo que se cumple dentro de un mes. Ahora es necesario diseñar la hoja de ruta para los próximos 5 años y, a ser posible, fijar un mecanismo que sirva para renovar automáticamente este compromiso de reducción cada quinquenio.
Estos son los objetivos que harán que la COP25 sea un éxito o un fracaso:
– El objetivo principal actualmente en la lucha contra la crisis climática es que no se alcancen los 2 ºC de subida de la temperatura del planeta, y conseguir mantener el límite del calentamiento global en los 1,5 ºC.
– Lograr el compromiso de las partes para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 50% en 2030 (el Acuerdo de París establecía un 45%), con un objetivo de cero emisiones para 2050. Totalmente delimitado, por escrito y firmado.
– Con el Acuerdo de París de 2015 se establecieron los objetivos de reducción para 5 años. Ahora deben acordarse los objetivos de los próximos 5 años, que deben ponerse en marcha en enero de 2020. Madrid es la última cita antes de esa fecha, por lo que el acuerdo es imperativo.
– Definir de manera concreta la regulación que impone el Acuerdo de París en el apartado relativo a los mecanismos del mercado de carbono y el sistema para contabilizar las emisiones, evitando dobles conteos (Por ejemplo, que un país venda su exceso de emisiones a otro y ambos contabilicen esa reducción). Es uno de los apartados en los que se pronostica una negociación más difícil, ya que estaba previsto resolverlo en la anterior COP 24 de Katowice, pero fue imposible llegar a un acuerdo, y tampoco se lograron avances en la última reunión de Bonn, en junio.
– Es perentorio acordar un sistema que suceda al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, un nuevo mecanismo para sistematizar el proceso de reconocimiento de los créditos de emisiones. No solo deberá comprobar que las reducciones han sido reales, sino que no se hubieran producido de otra manera.
El Acuerdo de París de 2015 estableció los objetivos de los próximos 5 años, que deben ponerse en marcha en enero de 2020. Madrid es la última cita antes de esa fecha.
– Además de las medidas adoptadas internamente por los gobiernos, también se espera que los Estados presenten proyectos para trabajar en la reducción fuera del mercado de emisiones, como por ejemplo con políticas fiscales que graven el carbono.
– Cumplir el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares para 2020 para el Fondo Verde para el Clima, (GCF, por las siglas en inglés de Green Climate Fund). El Fondo Verde se creó para ayudar a que los países en desarrollo limiten o reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se adapten al cambio climático.
– Además se debe establecer un nuevo objetivo de contribuciones al Fondo Verde para 2025. Un total de 43 países (entre los que se encuentra España) han dado su compromiso de realizar aportes al Fondo por un importe total de 10.210 millones de dólares. Alemania y Noruega fueron los primeros países en realizar aportaciones. España anunció una contribución de 150 millones al Fondo Verde en la cumbre por el clima celebrada en septiembre en Nueva York, que se añaden a los 120 millones comprometidos por España.
Cuchilla Negra y Guanaque
Fotografía: ©Corpochivor
La población actual de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en el Magdalena Medio colombiano, oscila entre los 65 y 80 individuos, sin embargo, en la siguiente década el número podría aumentar a 150 animales.
La proyección realizada por investigadores de la Universidad Javeriana, Cornare y el Instituto Humboldt, indica que el área de distribución actual de los hipopótamos es de 1.915 kilómetros cuadrados, pero la especie podría extenderse hasta los 13.587 km2.
Ese alto potencial de invasión está dado, entre otros factores, por la similitud de los valles y planos inundables estacionales de los grandes afluentes africanos —de donde son nativos— al hábitat que ofrece la cuenca media del río Magdalena, que habitan actualmente.
Dicha dispersión de hipopótamos en Colombia representa impactos para las comunidades locales, ecosistemas y especies nativas. Las áreas con mayor probabilidad de presencia y dispersión son: sistemas productivos ganaderos, ecosistemas de humedales temporales y áreas cercanas a asentamientos humanos.
La información corresponde al análisis publicado en el Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad Continental de Colombia (Bio 2018).
Foto: Felipe Villegas
Los investigadores detectaron alta probabilidad de invasión para los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca), Buenavista y La Dorada (Caldas), y Puerto Triunfo (Antioquia), que actualmente no reportan presencia del mamífero.
Lo mismo ocurriría en Puerto Boyacá, Puerto Niño y Dos y Medio (Boyacá); Puerto Perales Nuevo, Puerto Perales, Puerto Nare, el corregimiento de la Sierra en Puerto Berrío, San Miguel del Tigre y Casabel en Yondó (Antioquia); Puerto Olaya, Carare, San Rafael de Chucurí, Vijagual, Badillo, Carpintero, Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander); Cantagallo, Veracruz, Bodega Central, Las Pallas, El Dique, San Pablo y Santo Domingo (Bolívar); y Loma de Corredor, Puerto Mosquito, El Contento, Gamarra, Puerto Viejo y Palenquito (Cesar), municipios sin presencia de hipopótamos pero con alto potencial de invasión.
Las entidades mencionadas realizan acciones de manejo de estos especímenes como confinamiento, encierro, ceba y captura de los individuos, movilización a zoológicos y un plan de esterilización que cuesta alrededor de $10.500.000 por individuo.
“En la región donde se han establecido los hipopótamos, se presenta una mayor cercanía y percepción diferencial con la especie, factor probablemente asociado al interés turístico y económico que representa para las comunidades de la zona. No obstante, dicha situación dificulta aún más su manejo”, explican los investigadores.
En contraposición, aclaran, la comunidad de pescadores en otros municipios manifiesta una percepción negativa más acentuada y un temor ante eventuales encuentros con los hipopótamos, debido a posibles agresiones de las que puedan ser objeto en zonas de ríos y caños.
Se calculan entre 65 y 80 animales en estado silvestre habitando áreas de humedales y cuerpos de agua asociados al río Magdalena, en algunas áreas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Santander.
El estudio sugiere tener como herramienta clave los mapas identificando sitios donde podría establecerse la especie en un lapso de diez años. “Estos resultan útiles en el diseño de estrategias orientadas al monitoreo continuo de las áreas de distribución actual y potencial de los hipopótamos, y podrían, además, determinar el impacto de la especie en los ecosistemas y al interactuar con las comunidades, y en la formulación e implementación de un plan de manejo”.
Es urgente la consolidación de un plan de manejo y su articulación con el Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras, los institutos de investigación y el Ministerio de Ambiente.
En cualquier caso, las acciones sugeridas por este equipo de expertos requieren fortalecerse con recursos técnicos y financieros, con los que no se cuenta en la actualidad.
El grupo de expertos también sugiere continuar las labores de prevención de contacto con los hipopótamos, la creación de herramientas de detección y alerta temprana que integren análisis de relación con algunas especies nativas y el monitoreo participativo -con comunidades aledañas a las zonas ribereñas de influencia– de las poblaciones de estos mamíferos.
©Felipe Villegas