Foto: Olga Cecilia Guerrero / RPV
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Francisco Parra / Programa Latinoamericano de Cobertura Periodística COP25
Greta Thunberg, la cara más reconocible del movimiento por la acción climática, pasó el último año recorriendo el mundo con su mensaje: desde Katowice, Polonia (COP24), cuando pocos la conocían, la algarabía que desató en Nueva York con su “¿cómo se atreven?” en Naciones Unidas, su mediático viaje de vuelta a Europa en un barco cero emisiones y su premio como ‘Persona del Año’ de la revista Time. Greta fue la estrella del año en el que todos hablaron del cambio climático.
En cada uno de sus discursos antes de la COP25, Thunberg habló de la ciencia, de los últimos informes del IPCC que nos advierten de la catástrofe a la que nos adentramos cada vez más y de cómo el presupuesto de carbono que tenemos se agota cada día más por culpa de las grandes empresas contaminantes.
De pie ante el plenario de la COP25, el mensaje de la joven de 16 años fue otro: “la política que necesitamos no existe hoy día, pese a lo que digan los líderes mundiales. Creo que el mayor peligro no es la inacción, el verdadero peligro es cuando políticos y CEOs dicen que la acción real está pasando cuando en realidad no hacen nada más que contabilizaciones inteligentes y relaciones públicas creativas”.
¿Entendió Thunberg que la respuesta a la crisis climática no saldría de ese espacio?
El miércoles 11 de diciembre, Carolina Schmidt, presidenta de la COP25, dijo que “el gran legado de Chile será generar el ‘turning point’ o cambio de rumbo que permita implementar el Acuerdo de París, aumentando la ambición, transversalizando la acción climática y subiendo nuevos actores a la mesa”.
Cuatro días después, la opinión transversal era que la Cumbre del Clima en Madrid había fracasado. Y es que nadie está abiertamente conforme con los resultados de la cita. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo sentirse “decepcionado” del resultado. La propia ministra de Medio Ambiente chilena dijo que los acuerdos alcanzados “no eran suficientes”.
El gobierno chileno fue uno de los principales focos de críticas al ser incapaz de liderar las negociaciones hacia un resultado que avance concretamente a limitar el calentamiento global. Y si bien se enfrentó con la oposición sostenida de unos pocos países -quienes desde el primer día se negaron a negociar-, la manera en cómo se relacionó con sus pares, desoyendo sugerencias y negociando solo con los grandes contaminantes, marcó la molestia de varios países hacia el final de la cita.
En junio de 2019, en la Conferencia Intersesional de Cambio Climático que se desarrolló en Bonn, Alemania -donde los países adelantan algunas negociaciones que después continúan en la COP-, Carolina Schmidt dijo que el objetivo número uno de la COP era “aumentar la ambición en tres áreas: mitigación, adaptación y términos de implementación. Será la COP de la implementación. Debemos pasar de la implementación a la acción”.
¿Cómo se traduce la demanda por una mayor ambición climática que millones de ciudadanos han demandado a lo largo del mundo?
En los primeros días de la cumbre, una periodista le consultó a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cómo se podía entender la tan repetida ambición.
“No tenemos un ítem en la agenda que se llame ambición. Por lo tanto, no es que esperamos tener una decisión específica al respecto. Sin embargo, hay muchos elementos de la agenda y hay muchos eventos y diálogos de alto nivel en los que se espera que se aborde el tema de aumentar la ambición”, respondió.
El Acuerdo de París, firmado en 2015 por todos los países que son parte de la CMNUCC, establece la meta de limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C e idealmente a 1,5°C. Hace más de un año, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) dio cuenta con evidencia certera de que los objetivos del Acuerdo de París eran insuficientes: si la principal meta es evitar que la tierra supere los 1,5°C desde la era pre industrial, con los compromisos de los países vamos rumbo a los 3,2°C.
La principal herramienta para combatir el cambio climático que creó el Acuerdo son las “contribuciones nacionalmente determinadas” de cada país (NDC, por sus siglas en inglés), un compromiso de cada Parte en el marco del Acuerdo de París para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de cumplir con los objetivos del tratado.
El Acuerdo de París no regula el contenido de las NDC, pues Naciones Unidas no interfiere en la política interna de los países. Cada parte debe presentar sus compromisos, pero hay bastante ambigüedad para conocer los detalles, partiendo del hecho de que no hay obligación alguna en cumplirlos o no. Y ese es uno de los problemas con el resultado de la COP.
El texto final de la COP25 -titulado “Santiago-Madrid Time for Action”- reconoce que hay una “significante brecha” existente entre lo que los países han comprometido hasta el momento y lo que la ciencia dice que es necesario para detener el calentamiento global.
2020 es el año clave para París. El Acuerdo comienza su vigencia después de cinco años donde no hubo mayores avances, pero al mismo tiempo creció la presión y las expectativas de que los gobiernos se hagan cargo de la crisis. Este año, todas las Partes están llamadas a comunicar nuevas NDC que sean progresivas en sus metas respecto de las anteriores. Los que se trazaron una meta para 2025, deben entregar una nueva NDC; los que lo hicieron para 2030, deben actualizar. Para la COP26 en Glasgow podremos proyectar los compromisos y las emisiones de la década. Y estos compromisos valdrán por cinco años.
Una alianza de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, que representan solo el 15% de las emisiones globales, se han comprometido a ser carbono neutral ante el silencio de las potencias mundiales.
Sue Biniaz fue una de las articuladoras del texto del Acuerdo como negociadora de Estados Unidos. Ella misma reconoce que, en verdad, no hay obligación legal para que los países aumenten su ambición. “Es la ciencia, más que París per se, el porqué los países deben mejorar sus NDC”, dijo a Climate Home News. El texto lo que dice es que las Partes deben “recomunicar” sus compromisos. Nada impide que presenten el mismo plan que hace cinco años.
Desde antes de la COP se sabía que los grandes emisores -China, Estados Unidos, India y Brasil- no iban a comprometerse a nada nuevo. Sí se esperaba un emplazamiento fuerte a que en 2020 lo hicieran y es por eso que el borrador presentado por la presidencia chilena el sábado antes de concluir la COP causó tanta molestia en la sociedad civil. No se avanzaba nada respecto de lo acordado en 2015.
El discurso de la ambición era prioridad para la gran mayoría de los grupos negociadores que funcionan bajo la convención: para los africanos, latinoamericanos, los menos desarrollados, las pequeñas islas insulares e incluso para la Unión Europea.
Sin un mayor llamado a la ambición en el texto, las negociaciones tampoco dejaron un buen recuerdo en la materia, sobretodo en el avance progresivo que suponen las NDC. Desde hace años que los países discuten la agenda de “common metrics”: cómo medir y reportar las emisiones de gases que no son el CO2 -como el metano o el óxido nitroso-, cómo convertirlas a la unidad conocida como “CO2 equivalente” y después reportarla, a fin de tener un registro cada vez más preciso sobre la situación.
Este es uno de los tantos temas que año a año se negocian en las COP. Y es el reflejo de que en lo “técnico” de las discusiones se esconde un micro-mundo de negociaciones políticas y juegos de poder. En la COP25, China bloqueó las principales discusiones relativas al ítem “Transparencia”, sobre cómo se reportan las NDC, cómo llevar adelante las mediciones y cómo informarlas a la Convención. La idea es que haya un parámetro común para todos, pero eso no existe hasta ahora. La negociación, que tiene que ver a fin de cuentas con cómo se implementan las promesas, quedó suspendida. Se volverá a discutir en la COP26.
Otro tema tiene que ver directamente con las NDC son los llamados “tiempos comunes”. Hay un acuerdo, cerrado en la COP24, de que todos los países presentarán sus NDC al mismo tiempo. ¿El problema? No está definido cada cuánto. Lo que parecía una decisión simple -o eran cinco o eran 10 años- se transformó en un problema. Llegaron a existir ocho opciones de votación en la mesa de negociación, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y el grupo árabe pidiendo que se decida recién en 2023. Finalmente, tras petición de China, la discusión se aplazó para el próximo año.
Sin tiempos fijos para la NDC, resulta sumamente difícil crear un nuevo compromiso, pues se desconoce cuál será el año común de objetivo de todos. Y más se dificulta al no existir reglas claras sobre cómo medir e informar sobre las emisiones. Mientras más se demoran los países en decidir, más tarde se hacen las planificaciones de mediano y largo plazo. Y mientras tanto seguimos bombeando la atmósfera de gases contaminantes que seguirán ahí por años calentando el planeta.
Chile quiso desde el primer minuto hacer de esta la “COP de la ambición”, reflejado incluso en el hashtag creado por la presidencia: #TiempoDeActuar (#TimeForAction). Con la muy entrecomillada “obligación” de los países de enviar nuevas y mejores NDC para 2020, la apuesta que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le encargó al presidente chileno Sebastián Piñera, fue la de impulsar una “Alianza por la Ambición”.
Lanzada en septiembre durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se trata de una coalición de países, ciudades y empresas comprometidas con alcanzar la carbono neutralidad en 2050.
Liberada casi un mes después del fin de la COP, la lista sigue demostrando que los países que lideran en la materia son precisamente los que más sufren la crisis climática. El listado publicado por el gobierno de Chile, sumado al conteo que lleva el Climate Watch del World Resources Institute, muestra que hay 108 países comprometidos con actualizar sus NDC este año. Además, 94 países (considerando que la Unión Europea funciona como una Parte en estos procesos) están por la carbono neutralidad para el 2050. Ambos listados rondan el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
“Son muchos países y pocas emisiones. Pero si fuera fácil no estaríamos en esto. Lo importante es que hemos sumado a varios, está Canadá, la Unión Europea”, dice Gonzalo Muñoz, el “High-level Champion” de la COP25. El cargo consiste en integrar a actores no estatales en el proceso de la Convención. Chile es el primer país de la historia que ostenta la presidencia, en nombrar a un empresario en el cargo. Ingeniero comercial, Muñoz es dueño de Tri-ciclos, una empresa de reciclaje.
“Esto se trata de acelerar el tranco. La ambición es cuán rápidamente estamos dispuestos a resolver el problema. La ciencia y la calle nos piden que sigamos el informe del IPCC. Eso es para nosotros la ambición”, afirma.
A la alianza de carbono neutralidad también se sumaron cientos de ciudades y empresas alrededor del mundo.
Contrario a lo que puede parecer en primera instancia, la ‘carbono neutralidad’ no significa que la emisión de gases de efecto invernadero sea cero; significa que si a las emisiones se les descuenta la captura de carbono por parte de los sumideros naturales, se llega a cero. Es un “neteo” que puede incluso permitir que se sigan quemando combustibles fósiles que son “compensados” en otros lugares del mundo.
En la COP25, Ana Patricia Botín, presidenta del banco Santander, tuvo un lugar estelar en el plenario principal al mostrar los planes del banco español para convertirse en carbono neutral en los próximos años. El banco español aportó 1 millón de euros al desarrollo del evento, según un estudio de Corporate Europe, y además invirtió 6.733 millones de euros en proyectos de combustibles fósiles en 2018.
Y ahí está otra de las grandes contradicciones: un banco puede ser “carbono neutral” invirtiendo en proyectos renovables en América Latina mientras sigue financiando el petróleo en Asia.
La palabra “combustible fósil” no está en ningún lugar del Acuerdo de París. Leo Roberts, investigador del Overseas Development Institute, resume así el verdadero desafío de París:
“Hasta que los países y las partes interesadas (particularmente las empresas) se comprometan a dejar los combustibles fósiles en el suelo, las posibilidades de mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 ° C son escasas”.
Ya en las primeras semanas del año clave para nuestro futuro, resuena la ira con la que Mohamed Adow, activista climático de Kenya, se refirió a los resultados de la COP25: “si hubo un momento en la historia en que los gobiernos la cagaron (fucked up), diría que es aquí en Madrid. Es la gente alrededor del mundo la que debe levantarse ahora y salvar el planeta”.
UN/DICYT
Según los resultados obtenidos, seis extractos presentaron actividad, tres de los cuales se clasificaron como “activos” y tres con “actividad moderada”. Estos se obtuvieron de las especies Miconia theaezans, Leandra subseriata y Austroeupatorium inulifolium, las dos primeras de la familia Melastomataceae y la última de Asteraceae.
Especies como L. subseriata tienen una amplia diversidad de nombres comunes, entre ellos mortiñoVista previa (abre en una nueva pestaña) lanudo o nigüitos, en Caldas; munchirero o mortiño de monte, en Nariño, y nigüito en Antioquia y Risaralda.
Por su parte, M. theaezans se conoce como tuno en Santander y como tuno blanco en Boyacá, mientras en Ecuador se conoce como cerrac, laichi, amarillo, sacha, colca o cebolleta.
Entre tanto, A. inulifolium se conoce en Colombia como salvia pegapega, marubio, jarilla, cadillo, chilco, gavilana, aromático, chicharrón, indio viejo blanco, almoraduz, salvio amargo, salvia blanca, salvia amarga y salvia.
Los hallazgos obedecen al trabajo del químico farmacéutico Wilmar Esteban Sosa Puerto, magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), como parte de los estudios que se adelantan desde el grupo de investigación “Principios bioactivos en plantas medicinales”, y su investigación fue dirigida por la profesora Yoshie Adriana Hata Uribe, del Departamento de Farmacia.
Las plantas se seleccionaron con base en un estudio previo –en el que participó la UNAL– realizado por centros de investigación de Colombia, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua y la Organización de Estados Americanos, en el cual se evaluó la actividad de los extractos de plantas de la región contra los parásitos que causan enfermedades como leishmaniasis, chagas y malaria.
Esa referencia le permitió al investigador preseleccionar las plantas sobre las que ya se conocía su potencial y seleccionar especies de las mismas familias para recolectar muestras en campo, a partir de las cuales se obtendrían los extractos a evaluar. “Eso se llama escoger por el criterio taxonómico; esperábamos que al pertenecer a la misma familia tuvieran metabolitos similares, los cuales podrían presentar también la actividad”, explica el investigador Sosa.
Después de colectar muestras de las partes aéreas de las especies L. subseriata, M. theaezans, M. aeruginosa y A. inulifolium, se limpiaron, se secaron por tres días en una estufa de aire recirculante a 40 °C, se molieron y se prepararon los extractos a partir de dos técnicas, usando solventes de diferentes polaridades.
La primera técnica fue la maceración, en la cual se deja el material vegetal en un recipiente de cerámica o vidrio cerrado en contacto con el solvente y luego este se separa y se concentra hasta obtener el extracto; el segundo fue el método conocido como “percolación”, en el cual se deja el material en un percolador de vidrio donde el solvente circula permanentemente y se van cambiando los solventes de menor a mayor polaridad para obtener los respectivos extractos.
La actividad de los extractos obtenidos a partir de este proceso se probó en el modelo in vitro contra el modelo de P. falciparum, sensible a cloroquina (uno de los fármacos con los que se trata la malaria). Los extractos más activos fueron el clorofórmico y el metanólico de M. theaezans y el clorofórmico de A. inulifolium.
A pesar de que en la literatura se ha reportado que otros compuestos flavonoides podrían estar relacionados con la actividad antiplasmodial, cuando se evaluaron los obtenidos en la investigación en el mismo modelo in vitro, estos resultaron inactivos para inhibir el desarrollo del parásito dentro de los glóbulos rojos.
Por eso se necesitarán de estudios posteriores para identificar si estos compuestos pueden actuar sobre otra parte del ciclo de vida del microorganismo, y además se realizarán ensayos para buscar si la actividad se conserva en otras de las fracciones obtenidas en el fraccionamiento.
Por primera vez en 42 años de creación del Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo fue reportado un ejemplar de ballena de aleta (Balaenoptera physalus) en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, en el mar Caribe. Desde la creación del área protegida, hace 42 años, no se había tenido reporte de la especie.
La ballena de aleta se caracteriza por ser la segunda de mayor tamaño y la más rápida de las grandes ballenas del mundo. Se alimenta de peces y crustáceos.
“Jamás en la historia del Parque Nacional habían visto o reportado un individuo de esta especie, razón por la cual, es tan importante registrar este hecho, más porque estas ballenas son de distribución cosmopolita, es decir, que se encuentran en todos los océanos y no es atípica su presencia en el mar Caribe”, explicó Parques Nacionales.
La entidad a través de sus funcionarios con apoyo de otras instituciones, informó que monitorean los movimientos del mamífero para verificar que se ubique en zonas profundas y evitar un encallamiento.
Parques Nacionales recomienda a los visitantes del área protegida no acosar al ejemplar para evitarle estrés y permitir su paso por el Caribe.
El Parque Corales del Rosario es un archipiélago, ubicado a 45 kilómetros de la bahía de Cartagena. Fue creado en 1977 y tiene una extensión de 120.000 hectáreas terrestres y submarinas.
La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indica que las ballenas de aleta, en la categoría de Vulnerable en la escala global, se encuentran en todo el mundo, principalmente, pero no exclusivamente, en aguas costeras de las zonas templadas y subpolares.
“Muestran cierta migración hacia los polos en verano, pero parecen estar presentes en algún nivel a lo largo de su rango durante todo el año. Las ballenas de aleta se consideran raras o ausentes en la mayoría de los trópicos, pero fueron cazadas en Perú y Ecuador y en el Golfo de Guinea en el siglo XX, y todavía se observan ocasionalmente en los trópicos, por ejemplo, en Perú y las Seychelles”.
El avistamiento de este individuo cobra importancia por su historia de vida. Según la evaluación de la la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN, esta especie presentó una reducción de su población por caza comercial, en el siglo XX, cuya recuperación es reversible y ha sido puesta bajo control.
“El tamaño actual de la población mundial es incierto debido a la falta de datos de las principales partes del rango, especialmente de latitudes medias en el hemisferio sur. Por lo tanto, no es posible una evaluación rigurosa contra los criterios. Sin embargo, las proyecciones plausibles del tamaño de la población madura mundial indican que probablemente se ha recuperado a más del 30% del nivel de hace tres generaciones 1940, (es decir, una reducción de <70% en las últimas tres generaciones) pero no necesariamente ha alcanzado todavía 50% de ese nivel. En este sentido, la categoría de la Lista Roja es como Vulnerable”.
Reconociendo que la información actual es incompleta, y con una tendencia de la población creciente, la UICN reporta a 2018 una cifra de 100.000 ejemplares maduros en los mares del mundo.
Este es el cuadro de rango de distribución de la ballena de aleta, avaistada en las islas frente a Cartagena (Bolívar).
La UICN indica que antes del advenimiento de la caza de ballenas moderna a fines del siglo XIX, las ballenas de aleta no estaban sujetas a mucha depredación humana porque eran difíciles de atrapar, pero se agotaron en todo el mundo por la caza comercial de ballenas en el siglo XX.
Y relata que han sido protegidas en el hemisferio sur y el Pacífico norte desde 1976, y las capturas cesaron en el Atlántico norte en 1990, a excepción de las pequeñas capturas de «subsistencia aborigen» en Groenlandia.
“Las capturas comerciales se reanudaron en Islandia en 2006, pero ninguna se ha capturado en 2016 o 2017. Una flota japonesa reanudó las capturas experimentales de ballenas de aleta en la Antártida en 2005, pero esto también se suspendió. Parece poco probable que la captura de ballenas de aleta regrese a los altos niveles de años anteriores, entre otras cosas debido a la limitada demanda del mercado de productos de ballenas”.
A lo largo de la costa de Chile las ballenas de aleta fueron capturadas en varias estaciones desde principios del siglo XX hasta 1983, pero muy pocas fueron atrapadas después de 1970, informa la entidad. En la zona costera del Perú, se registraron principalmente en el invierno austral, hasta que las capturas se agotaron a principios de la década de 1970.
Los avistamientos de ballenas de aleta en el Pacífico ecuatorial oriental desde que la caza de ballenas terminó en 1976 han sido relativamente pocos, en contraste con las ballenas azules que continuaron siendo vistas con frecuencia.
Dado el historial de captura, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) estableció límites de captura en cero para las ballenas de aleta en el Pacífico norte y el hemisferio sur a partir de 1976.
Explica la UICN que la CBI adoptó una disposición (conocida popularmente como la moratoria comercial de la caza de ballenas) en 1982 para establecer todos los límites de captura para la caza comercial de ballenas a cero desde 1986, pero Islandia, Noruega y la Federación de Rusia han presentado objeciones o reservas a la disposición.
La caza limitada de ballenas de aleta en el oeste de Groenlandia está permitida con fines de «subsistencia aborigen».
Colombia es miembro de la CBI desde el 22 de marzo de 2011, cuando ratificó la Convención mediante Ley 1348 de 2009 y Sentencia C-379 de 2010. Por tanto defiende una posición conservacionista de uso no letal ni extractivo de los cetáceos.
Las ballenas de aleta figuran en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), pero esto no se aplica a Islandia, Noruega y Japón, que tienen reservas.
Dicho Apéndice I incluye las especies con mayor grado de peligro de extinción por lo que la CITES prohíbe el comercio internacional de estos especímenes, salvo cuando la importación se realice con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica.
También figuran en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Manejo de Especies Migratorias (CMS). Según el Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en los mares Negro y Mediterráneo, las ballenas de aleta en el Mediterráneo, junto con otros cetáceos, están protegidas de la muerte deliberada por parte de los firmantes del acuerdo.
Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam
Durante 2019 el gobierno colombiano fue duramente criticado por los sectores ambientalistas. La meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 ─la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, que determina los programas, inversiones y metas para el cuatrienio─ era considerada “poco ambiciosa”.
El PND planteaba un incremento cero en la tasa de deforestación. En otras palabras, la tasa anual no subiría pero tampoco bajaría. El gobierno nacional estaría tolerando una pérdida de bosque de cerca de 220 000 hectáreas al año, es decir, cerca de 900 000 hectáreas en el cuatrienio.
Sin embargo, a finales del año pasado Colombia firmó un documento, conocido como Declaración Conjunta de Intención, con los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido en el que se comprometió a una meta de deforestación de 155 000 hectáreas para 2022 y de 100 000 para 2025, gracias a un apoyo de 366 millones de dólares por parte de estos tres países. Además, las metas en cantidad de hectáreas protegidas y gestión de bosques y territorios también cambiaron.
El pago de este dinero estará sujeto a los resultados que Colombia muestre en la reducción de emisiones de carbono provenientes de la deforestación y de los esfuerzos que haga para cumplir ese máximo objetivo. ¿Qué acciones se tomarán y en qué áreas se trabajará?
Según el último reporte oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación se ubicó en 197 159 hectáreas durante 2018, donde la Amazonía concentró el 70 % de la pérdida de bosques. A pesar de los obstáculos que enfrenta el país para atacar este problema ─entre los que se cuentan el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la falta de control territorial y los conflictos con grupos armados ilegales y de narcotráfico─ la tasa de deforestación se redujo en un 10 % respecto a la de 2017 (219 973 hectáreas).
Esta fue una de las principales razones para que Noruega, Alemania y Reino Unido renovaran la Declaración que se había firmado por primera vez en 2015 durante la COP 21 en París. En el documento se establece que el principal objetivo de la alianza es “contribuir a la reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de los bosques en Colombia”.
“Cuando se firmó la declaración se eligió a Colombia país socio porque todavía tiene mucho de su bosque tropical intacto y hubo buena recepción del gobierno y por parte de la sociedad civil en trabajar con nosotros en su conservación”, le dice Ole Reidar Bergum, consejero para el Clima y Bosques de la Embajada de Noruega en Colombia, a Mongabay Latam.
Según la declaración recién firmada, se tiene como meta reducir la deforestación a 155 000 hectáreas para 2022 y a 100 000 para 2025. Además, se confirma la intención de poner fin a la pérdida de bosques naturales para 2030. Bergum asegura que cumplir con las nuevas metas no será para nada fácil, pero está convencido que Colombia va por buen camino y espera que la ayuda, no solo financiera sino política, técnica y científica, que pueden brindar los tres países cooperantes, permitirá alcanzar el ambicioso objetivo.
“Este proceso de negociación comenzó la segunda mitad del año pasado [2019]. Como donantes dejamos muy claro que queríamos apoyar las ambiciones de Colombia con la firma de una nueva declaración conjunta pero para firmarla solicitamos al Gobierno subir el nivel de ambición, no solo de la meta de deforestación, sino de otras metas que también son más ambiciosas que las que ya existían”, dice Bergum.
El apoyo corresponde a un esquema de pago por resultados donde el gobierno colombiano también se comprometió a implementar planes de intervención en al menos tres de las zonas más deforestadas del país, restaurar 200 000 hectáreas, incluir 147 000 hectáreas en sistemas de ganadería sostenible e incorporar 750 000 hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La ministra de Ambiente de Alemania, Svenja Schulze, asegura que los países donantes están unidos en los esfuerzos para reducir la creciente presión de los bosques y que la Declaración Conjunta “demuestra los compromisos de nuestras naciones para impulsar acciones climáticas ambiciosas. Estamos convencidos que las economías prósperas y los ecosistemas saludables son interdependientes”.
El apoyo de los tres gobiernos forma parte de un clásico esquema de pago por resultados, que en este caso tiene dos modalidades. En la primera se destinan pagos para que Colombia establezca los mecanismos para preparar al país para las acciones concretas que permitan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, más una serie de intervenciones concretas en territorio en materia de restauración, pago por servicios ambientales, hectáreas bajo sistemas de ganadería sostenible, catastro e incorporación de áreas adicionales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La segunda es el pago por la reducción real de emisiones, verificada por una tercera parte, donde el país puede recibir hasta 260 millones de dólares.
Noruega, Reino Unido, Alemania y Colombia, según confirmaron fuentes de los países cooperantes, tendrán reuniones en el primer trimestre de este año, en las que fijarán los hitos, o metas más pequeñas que permitan medir el avance anual de las acciones que se establezcan para reducir las emisiones. El alcance de esos hitos representará pagos por hasta 51 millones de dólares y, adicionalmente se apoyará, con 55 millones de dólares, los proyectos dirigidos al logro de los objetivos de Colombia.
En caso de que Colombia no cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta de Intención, los países donantes no pagarán. “Nos vamos a sentar con el gobierno a determinar unos hitos de cumplimiento que serán anuales. Por citar solo un ejemplo, es importante la actualización catastral de un millón de hectáreas. Basados en esos cumplimientos anuales haremos pagos”, dice Bergum.
Además de las reuniones anuales, constantemente representantes de los cuatro gobiernos estarán en comunicación para analizar cómo se avanza y si se requieren medidas adicionales. Colombia además deberá entregar, hasta 2025, informes anuales sobre cómo va la implementación de los objetivos.
Si bien la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero es el fin último de la cooperación, la ayuda de 366 millones de dólares no solo se enfoca en frenar la deforestación para lograr dicha reducción.
Una de las metas más próximas es que este año se deben implementar y desarrollar planes estratégicos de intervención integral en al menos tres áreas de alta deforestación.
El ministro de Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, indicó que el país continuará fortaleciendo su capacidad para reducir las tendencias de deforestación a nivel local, fomentando los beneficios sociales y económicos. Los núcleos de deforestación son una preocupación para los cooperantes y uno de los primeros temas que se deben trabajar desde este año, según la Declaración Conjunta.
Bergum afirma que adicionalmente a lo que está estipulado en la declaración, la intención de Noruega en particular es apoyar a determinados departamentos y municipios con alta deforestación con asesoría y expertos técnicos. Cabe recordar que, según el informe de deforestación 2018 del Ideam, municipios amazónicos como La Macarena, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Guaviare se encuentran entre los más deforestados.
Uno de los objetivos de este tipo de apoyo técnico es que estos departamentos y municipios puedan incluir en sus planes de desarrollo fuertes elementos de lucha contra la deforestación y desarrollo sostenible. “Los municipios que presentan alta deforestación por lo general no tienen muchos recursos para priorizar esos ejes de trabajo y, justamente, por eso queremos impulsarlos”.
Como un 70 % de la deforestación de 2018 se localizó en el bioma amazónico, donde también está ubicada la mayor parte del bosque tropical de Colombia, esas zonas son el principal foco de la cooperación. Sin embargo, dice Bergum, eso no quiere decir que se excluyan otras regiones importantes como el Pacífico y Catatumbo.
“Si se miran los boletines de alertas tempranas del Ideam se ve que, en los dos últimos, ya no aparece ningún núcleo rojo [el más fuerte] en la Amazonía. Eso nos permite ver que vamos por el camino correcto pero no bajaremos la guardia y seguiremos con las intervenciones”, asegura María Claudia García, viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente.
Uno de los temas de mayor urgencia es la necesidad de una actualización catastral, en especial para los predios de la Amazonía. Así se lo ha manifestado varias veces Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) a Mongabay Latam. De hecho, el tema forma parte de uno de los objetivos de la Declaración Conjunta, donde se plantea que “para 2025, se desarrollará la formación y actualización catastral en al menos 1 millón de hectáreas en zonas de alta deforestación”.
La viceministra García asegura que el catastro multipropósito ─un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales─ es una de las apuestas más grandes e importantes para el Gobierno que implica transformaciones en el mediano y largo plazo. “La meta es pasar de un 5 % a un 60 % de predios con información. La claridad en la propiedad, responsabilidad y uso del territorio es una de las principales herramientas para reducir la deforestación porque gran parte de esta se genera por especulación con la tierra, sobre todo en la región amazónica”.
Se espera que este año quede listo el catastro. El gobierno piensa usar parte de los pagos para avanzar, principalmente, en los núcleos de deforestación de la Amazonía en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.
Aunque algunos sectores han dicho que la política de catastro permitirá el aprovechamiento desmedido de la región amazónica, la viceministra García lo niega categóricamente. Asegura que se busca fortalecer y aplicar la normatividad, establecer los predios que son para aprovechamiento sostenible, los de preservación y los de restauración. “Que se tengan unas reglas de juego claras. Es muy difícil tomar una decisión de desarrollo cuando no conoces la situación física y jurídica del 90 % del territorio”.
La Declaración Conjunta también establece que para 2022 se incorporarán 750 000 hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde el Ministerio de Ambiente aseguran estar trabajando en esta meta, incluso desde antes de la firma de este acuerdo.
La viceministra García resalta el avance, a nivel nacional, en la declaratoria de la Serranía de San Lucas entre los departamentos de Bolívar y Antioquia; la serranía de Manacacías en el Meta; un área de sabanas inundables en Arauca y la ampliación del Santuario de fauna Acandí, Playón y Playona. A nivel regional se trabaja en la serranía del Perijá y en otra área en la transición Andes – Amazonía. “Se focalizan nuevas áreas protegidas en donde hay ecosistemas no representados o subrepresentados”, informa García.
Otras de las metas que se fijaron en el acuerdo entre Colombia, Alemania, Reino Unido y Noruega son: 195 000 hectáreas adicionales bajo pago por servicios ambientales, incluyendo aquellas que estén en territorios de grupos étnicos; procesos de restauración en 200 000 hectáreas de alta deforestación y, 147 000 hectáreas adicionales bajo sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación.
“Si esto marcha bien hasta 2025, queremos continuar la cooperación. A pesar de las dificultades que atraviesa Colombia, vemos un país que está produciendo resultados y donde hay una fuerte sociedad civil y un gobierno comprometido con este tema”, afirma Ole Reidar Bergum de la embajada de Noruega en Colombia.
*Imagen principal: Con la ampliación el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en 2018 se llegó a 4,3 millones de hectáreas protegidas. Foto: Amazon Conservation Team.
ALIANZA PERIODÍSTICA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
Quince campesinos integran un nuevo grupo de monitoreo de fauna y flora silvestre en el Parque Natural Regional El Dorado, área protegida ubicada entre los municipios de Saladoblanco, San José de Isnos, Oporapa, La Plata y La Argentina, en el departamento del Huila.
Para cumplir su misión, el grupo fue entrenado en técnicas de investigación, fototrampeo y avistamiento por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), entidad que lidera el programa.
A partir de la fecha, los pequeños agricultores que cohabitan el parque, identificarán y presentarán información primaria sobre la presencia de anfibios, mamíferos o aves, para lo cual recibieron una dotación de cámaras trampa, binoculares y otros equipos.
“La experiencia nos va a servir mucho para aprender a conocer un poco más nuestro territorio, a trabajar en comunidad y evitar la caza en la zona”, comenta Zaira Yiseth Caldón Vargas, representante legal del grupo de monitoreo.
El Parque El Dorado tiene 28.573 hectáreas de extensión, donde se destacan bosques andinos primarios y otras coberturas vegetales que albergan gran biodiversidad.
Según Parques Nacionales es un sistema montañoso de recarga hídrica que comprende un gran complejo de quebradas y ríos que pertenecen a la cuenca alta del río Magdalena.
El área permite la conectividad del Parque Nacional Natural Puracé con el Parque Natural Regional Serranía de las Minas y los Parques Naturales Municipales de La Argentina y Saladoblanco; así como de los ecosistemas de páramo con los Bosques Altoandinos.
“Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de estas organizaciones campesinas, pues, son ellas las que cohabitan con las áreas protegidas, donde podemos encontrar felinos tales como el puma y tigrillo y otros mamíferos como el oso de anteojos y la danta de montaña, tan sólo por mencionar algunos”, señaló Leidy Katherine Arenas, bióloga de la CAM.
Con el grupo El Dorado, el Huila ya son 16 grupos comunitarios de monitoreo que trabajan en áreas de preservación, integrados por 240 personas que hacen seguimiento y procesos de conservación de las especies de fauna y flora que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza.
CRIS FAGAN /MONGABAY LATAM
Pascual es de la etnia yine, una de la media docena de pueblos indígenas que viven en el río Sepahua, un afluente del Urubamba, en las lejanas cabeceras de río de la Amazonía peruana. Pascual es el coordinador del comité de vigilancia de Sepahua que está integrado por voluntarios que ayudan a los guardias a proteger la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Alto Purús. Hemos venido a verificar los rumores de una invasión masiva de tierras en la zona de amortiguamiento del parque. Durante la última semana, Pascual y otros tres hombres de la zona nos han llevado río arriba a través de una variedad de bosques maduros y claros recién despejados. El contraste es sorprendente e inquietante. Los guacamayos rojos llenan el cielo, y contamos huellas de tapir y ocelote en las orillas fangosas. En otro instante, ya no hay árboles y el aire se llena humo y cenizas que provienen de los campos en llamas que rodean nuestro bote.
Pascual tira la cuerda de arranque y el bote se tambalea hacia adelante. Un momento después, otro árbol gigante se cae en el río detrás de nosotros y ahoga el motor del bote.
Los hombres que cortan los árboles son del VRAEM, el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una región conocida por la presencia del terrorismo y por ser el mayor productor de cocaína en Perú. La migración de cocaleros desde zonas de cultivo tan concurridas como el VRAEM a las tierras bajas despobladas no es algo nuevo. Los programas de erradicación de coca han desplazado a los productores durante décadas; sin embargo, no a la escala y velocidad de ahora. En pocos meses, el Sepahua ha pasado de ser un tranquilo pueblo fronterizo a un bullicioso centro donde convergen desconocidos que se mueven río arriba y abajo en grandes botes de metal traídos de la ciudad de Atalaya. Los pueblos indígenas locales —yine, asháninka y amahuaca cuyos ancestros se establecieron aquí hace generaciones— viven atemorizados mientras miran impotentes cómo desaparece el bosque del que dependen.
Pero no son los únicos afectados. El Sepahua es parte del Corredor de Conservación Purús-Manu, un gran complejo de 10 millones de hectáreas de áreas protegidas y tierras indígenas que duplican el tamaño de Costa Rica. Esta área es uno de los lugares más biodiversos del planeta, y alberga un gran número de pueblos en aislamiento. El Sepahua proporciona acceso a los parques nacionales de Alto Purús y Manu, y dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento. A medida que los invasores avanzan río arriba hacia las áreas protegidas, el territorio de algunos de los últimos pueblos indígenas aislados del mundo continúa disminuyendo.
En nuestro primer día en el río pasamos el puesto de control del Parque Nacional Alto Purús, destinado a prevenir actividades ilegales en la zona de amortiguamiento. El frente de la edificación está cubierto por nidos de termitas y el bosque circundante ha sido cortado y reemplazado con árboles parcialmente quemados y arbustos de mandioca. El puesto no ha tenido personal en más de dos años y los agricultores han aprovechado esto. La situación es desalentadora y presagia nuestra próxima semana en el río.
Poco después de pasar el puesto de control, uno de nuestros guías de Amahuaca señala la orilla del río.
“Aquí es donde comienzan las parcelas”.
Recientemente se cortó un árbol grande para crear una abertura en el denso bosque perpendicular al río. “P1” está pintado en rojo en un árbol en pie al lado del claro, marcando este lugar como Parcela No. 1.
Durante la próxima semana contamos 180 parcelas en la orilla derecha y 74 en la izquierda. Son 100 por ciento ilegales, áreas despejadas en zonas forestales destinadas a la tala sostenible y selectiva y divididas en concesiones madereras. Algunas están separadas 200 metros, otras 300, y todas se extienden a lo largo de 1000 metros en el bosque, cubriendo así entre 20 y 30 hectáreas, respectivamente. Sin embargo, no todas las parcelas están ocupadas. De las 254 parcelas, 73 se encuentran en alguna etapa de desmonte. La mayoría ha sido despejada en los últimos meses, y parecen más recientes a medida que avanzamos. La última parcela que encontramos se encuentra a menos de 10 kilómetros del límite del parque.
No vemos cultivos de coca a lo largo del río, pero no lo esperábamos. La coca se cultiva más adentro del bosque, escondida de los botes que pasan, mientras que estas chacras al lado del río están plantadas con cultivos como el cacao, el maíz y la mandioca y, según los informes, sirven como un frente para justificar la presencia de los agricultores.
La migración de los cocaleros de las zonas de cultivo tradicionales como las estribaciones andinas a las tierras bajas comenzó hace décadas, pero se ha incrementado significativamente en los últimos 20 años. Las áreas protegidas son escogidas a menudo debido a su lejanía, suelo cultivable y la falta de presencia del gobierno. Además de destruir los campos de coca, los esfuerzos de erradicación incluyen servicios y programas gubernamentales mejorados para ayudar a los agricultores a hacer la transición a cultivos legales como el cacao y el café. Sin embargo, la disminución en los precios del café y retrasos en el proceso de certificación de granos orgánicos está haciendo que el café sea menos rentable y puede estar causando que los agricultores abandonen este cultivo para volver a la coca. Además, a los agricultores legales les resulta difícil cultivar en áreas donde la coca aún prevalece. A principios de noviembre, 3000 familias productoras de cacao y café en el VRAEM exigieron que el gobierno interviniera para evitar la contaminación química de las plantaciones ilegales de coca que obstaculizan el proceso de certificación de los granos y reducen los precios.
A pesar de los millones de dólares gastados en erradicación, la continua y sólida demanda de coca ha resultado en una producción continua. En 2018, Perú cultivó suficiente coca para producir 509 toneladas métricas de cocaína, un aumento con respecto a las 307 toneladas producidas en el 2012, según datos oficiales del Gobierno de EE.UU. Los agricultores continúan cultivando coca, pero en lugares nuevos y más lejanos.
Uno de nuestros guías, Guillermo, es mecánico y tiene una motosierra para uno de los nuevos agricultores, por lo que aprovechamos la oportunidad y lo seguimos por la empinada orilla del río hasta un nuevo claro. El claro parece haber sido cortado hace unos pocos meses y tener unas 2 hectáreas de tamaño. Dentro encontramos troncos parcialmente quemados entre la ceniza, plantas de mandioca y algunos árboles de papaya de poco grosor. Una pareja y dos chicas jóvenes están sentadas en los tablones de madera de una casa sin paredes y con techo de paja. Se puede observar una piel de venado en pleno secado junto a varios recipientes de plástico para gas y tres motosierras.
La niña más joven sostiene un loro frente a ella para ocultar su rostro sonriente, y el hombre, que dice llamarse Carlitos, parece bastante amable. Hablamos mientras Guillermo y Carlitos se encorvan sobre una motosierra. Tienen una historia típica. Llegaron hace seis meses del VRAEM. Les pregunto si la tierra es de ellos.
“No, no somos los dueños, [la tierra] es del estado”, dice Carlitos. “Escuchamos que estaba disponible, así que vinimos con el jefe de la asociación. Aquí van a construir dos pueblos, uno para cada asociación, con escuelas y todo. Pronto habrá 5000 personas viviendo aquí”.
Nos enteramos de que los agricultores fueron reclutados por los traficantes de tierras para unirse a las asociaciones agrícolas centradas en el cultivo de cacao, sin embargo, las asociaciones no tienen ningún derecho sobre la tierra. Carlitos nos dice que los ingenieros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), marcaron y mapearon las parcelas. Sin embargo, esto es falso ya que esa función no está dentro de la jurisdicción de esta oficina. Carlitos dijo que luego pagó una tarifa de 2400 soles para ocupar su parcela. Su esperanza es que el gobierno vea que las tierras están siendo utilizadas y finalmente le otorguen la propiedad. Este escenario podría ser posible en tierras que aún no están reservadas para otros usos, pero el Sepahua se divide en zonas para la silvicultura, como Unidades Forestales de Producción Permanente divididas en concesiones forestales. Desafortunadamente para Carlitos, la ley dicta que tiene casi cero posibilidades de ocupar legalmente su parcela.
El tono de nuestra conversación da un giro dramático cuando sacamos nuestras cámaras. La esposa y las niñas desaparecen, y Carlitos agarra una sudadera y se pone la capucha sobre la cabeza a pesar del calor sofocante. Luego, la mayor de las chicas aparece con un teléfono y me apunta a la cara para tomar fotos. Me doy cuenta de que Guillermo se está yendo. “Chris, ya es hora de irnos”, dice.
Más tarde ese día, le pregunto a Pascual sobre Carlitos.
“No conocemos a las personas de esa chacra”, dijo. “La verdad es que no entiendo cómo vinieron aquí, cómo alguien vendió esta tierra[…] si siguen viniendo, abriendo más chacras, no podremos pescar o cazar en este río. No quiero que venga más gente. Has visto lo que han destruido. ¿Quizás podrías ayudar a detener esto?»
El día anterior hablamos con dos pescadores del VRAEM que en dos días obtuvieron 160 peces (un total de más de 300 kilogramos) que vendieron en el pueblo. Si los peces, pecaríes y venados desaparecen, las personas como Pascual tendrán que abandonar los estilos de vida tradicionales de subsistencia y buscar trabajo asalariado en la ciudad o los campamentos de tala o, tal vez, en las chacras de coca. Mientras tanto, los pueblos indígenas que viven en la parte superior de Sepahua ya han sido desplazados por la tala, la construcción de carreteras y otras invasiones que ocurren en otras partes del corredor Purús-Manu. ¿A dónde irán cuando el Sepahua esté tomado por los cultivos ilícitos?
En su mayor parte, la población local trata de evitar a los mascho piro, el pueblo indígena aislado más grande de Perú, y no van río arriba en la estación seca de mayo a octubre, ya que el pueblo abandona el aislamiento para recolectar huevos de tortuga y, a menudo, defiende agresivamente su territorio. Entrevistamos a un hombre que hace dos años acordó llevar a una pareja europea río arriba durante la estación seca. Él y la mujer fueron impactados por flechas en el mismo lugar donde ahora vive Carlitos; ambos sobrevivieron.
Esta parte del Urubamba y el adyacente Parque Nacional Alto Purús han sido durante mucho tiempo una ruta de transporte de pasta de cocaína cruda desde las estribaciones andinas hasta campos de procesamiento clandestinos y pistas de aterrizaje en Brasil. Pero las actividades relacionadas con las drogas, como la invasión de Sepahua, han aumentado exponencialmente en los últimos años. Los campos y las pistas de aterrizaje están apareciendo en nuevas áreas, y las fuentes locales informan avistamientos más frecuentes de desconocidos a pie, probablemente mochileros o mochileros de coca en las comunidades nativas más remotas. En 2014, una comunidad que abandonó el aislamiento describió un ataque de hombres con armas automáticas que mataron a decenas de personas. La transformación de Sepahua y otros afluentes del Urubamba en una región productora de coca podría significar un aumento en estos conflictos mortales. Las flechas simplemente no son rival para las armas automáticas.
Los informes muestran que las invasiones son el resultado de una combinación de factores: los altos precios de la coca, pocas alternativas económicas para los agricultores pobres y la falta de presencia estatal. La supervisión de la región es compartida por una serie de agencias gubernamentales involucradas en el cumplimiento de la ley, el manejo forestal, la tenencia de la tierra, los derechos indígenas y las áreas protegidas. Sin embargo, el primer nivel de responsabilidad recae en las empresas madereras que trabajan en las concesiones que están siendo invadidas. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763 establece que los concesionarios son responsables de ser los custodios del bosque bajo su gestión, asegurando el uso adecuado y autorizado del bosque. Además, la ley dicta que las operaciones de tala ubicadas en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, como las de la parte superior de Sepahua, deben certificarse como gestionadas de forma sostenible y nunca deben ser despejadas en su totalidad.
Un representante de la compañía que administra varias de las concesiones de Sepahua afirma que presentó al gobierno una queja formal sobre la invasión. Sin embargo, otro maderero admitió: “esas personas no son nuestro problema. Queremos la madera dentro del bosque, no a lo largo del río. Además, esas personas son peligrosas”. La situación de Sepahua resalta los riesgos de un sistema de manejo forestal que depende de las compañías madereras para cumplir con las leyes de manejo forestal en áreas remotas que carecen de presencia estatal.
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y la Vida Silvestre (OSINFOR) es en última instancia responsable de garantizar que los concesionarios cumplan con la ley. Cuando se les mostró evidencia de las invasiones, los representantes de OSINFOR parecieron sorprendidos y preocupados por la deforestación a lo largo del Sepahua, y dijeron que no habían recibido ninguna queja de los concesionarios. Agregaron que para que OSINFOR organice una investigación, deben recibir evidencia en una queja formal firmada. Sin embargo, admitieron que es una tarea difícil esperar que cualquiera que viva o trabaje cerca del Sepahua firme su nombre en una queja contra personas que trabajan para narcotraficantes.
En nuestra última noche nos detenemos para acampar en una pequeña playa elevada sobre una orilla del río. Aquí el dosel es grueso y casi alcanza el otro lado del río, y por primera vez en días siento la maravilla relajante de estar en lo profundo del corazón de la Amazonía. Me siento al lado de la fogata y veo a Guillermo llevar la canoa a través del angosto río hasta la orilla lejana. En su primer intento de pesca con red, atrapa una doncella de un metro de largo (Pseudoplatystoma fasciatum) junto con varias especies de bagre más pequeñas, pirañas y una pequeña raya. Pasamos la tarde comiendo pescado frito y observando parejas de guacamayos vocalizando y volando encima de nosotros en busca de un árbol donde descansar.
Mis pensamientos se dirigen a una propuesta para proteger las cabeceras de ríos como una concesión de conservación, una idea respaldada con entusiasmo por los pueblos indígenas locales, pero no por el gobierno promaderero que se ha resistido a la reclasificación necesaria del área de de industria maderera a área de conservación. El área protegida cubriría 65 000 hectáreas en uno de los lugares desprotegidos más importantes para pueblos indígenas aislados del mundo. Proporcionaría conectividad protegida entre el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Indígena Mashco-Piro superpuesta con la Reserva Territorial Kugapakori y el Parque Nacional Manu.
La tranquilidad se ve interrumpida por el zumbido ensordecedor de un motor aguas abajo. Unos minutos más tarde, un bote grande llega rápidamente a la curva. Seis hombres están sentados alrededor de varias bolsas, cajas de cartón y contenedores de gasolina. Varios sostienen escopetas, probablemente para cazar caimanes. Con las mejillas llenas de hojas de coca, apenas parecen vernos y pasan a toda velocidad. Finalmente, el sonido del motor se desvanece en algún lugar aguas arriba pero pronto es reemplazo por el sonido más alto de una motosierra.
Volteo a ver a Pascual sentado a mi lado junto al fuego. “¿Por qué están usando una motosierra en medio de la noche?”
Sin dudarlo responde: “Están despejando un lugar para dormir en el bosque, en su nueva parcela”.
Fagan es fundador y director de Upper Amazon Conservancy. Ha estado trabajando para proteger a las personas y los bosques de la Amazonía peruana desde 2002. Se le puede contactar en cfagan@upperamazon.org. El financiamiento para este trabajo de campo fue proporcionado por el Andes Amazon Fund.
*Imagen principal: fotografía de un dron de deforestación destinada a la agricultura a lo largo del río Sepahua, Perú. Foto de Jason Houston/Upper Amazon Conservancy
Nota del editor: esta historia fue impulsada por Places to Watch, una iniciativa de Global Forest Watch (GFW) diseñada para identificar rápidamente la pérdida de bosques en todo el mundo y catalizar una mayor investigación de estas áreas. Places to Watch se basa en una combinación de datos satelitales casi en tiempo real, algoritmos automatizados e inteligencia de campo para identificar nuevas áreas cada mes. En asociación con Mongabay, GFW apoya el periodismo basado en datos al proporcionar datos y mapas generados por Places to Watch. Mongabay mantiene una independencia editorial completa sobre las historias reportadas utilizando estos datos. Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 9 noviembre de 2019.
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