30 septiembre, 2020
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septiembre 2020


Conservación  / En Cámara
Chingaza ingresa a la Lista Verde de la UICN
RPVRPV Publicado el 30 septiembre, 2020


Con este parque, son cinco áreas naturales de Colombia que hacen parte de la lista global.

 

El Programa Global Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluyó al Parque Nacional Natural Chingaza como una de las áreas bien manejadas y conservadas del continente.

Este programa es considerado como el primer estándar mundial en reconocer las mejores prácticas en áreas protegidas, una herramienta que busca mejorar la gestión y lograr resultados efectivos en la conservación de la naturaleza.

Con Chingaza son cinco las áreas bajo esta figura dado que en el año 2014 entraron los Parques Nacionales Naturales Gorgona, Tatamá, el Santuario de Flora y Fauna Galeras y en el mes de junio de este año el Santuario de Fauna y Flora Malpelo.

“Esto convierte al país en líder de América del Sur, al tener el mayor número de áreas protegidas bien manejadas y conservadas ya que cinco -de las siete existentes en Latinoamérica- son de Colombia”, explica Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales.

Chingaza tiene una superficie de 76.600 que incluye once municipios: Choachí, Fómeque, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina ubicados en el departamento de Cundinamarca. Se suman San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral, en el Meta.

El territorio se caracteriza por sus ecosistemas de páramo, bosque andino y por ser un Sitio Ramsar con un complejo de 20 lagunas y humedales que conservan especies endémicas de flora y fauna.

Adicional a esto, indica Parques Nacionales, Chingaza es un ejemplo de gestión integral del paisaje y de conectividad con el complejo de páramos Sumapaz, Cruz Verde, Cerros Orientales, Chingaza, Guerrero y Guacheneque.

Parques Nacionales considera que “conservar esta área protegida de forma efectiva no sólo asegura la conservación del hábitat de las diferentes especies, sino también garantiza que se mantenga el flujo de bienes y servicios ecosistémicos, especialmente con la provisión del agua, de la que las poblaciones de la zona de influencia se benefician y también la ciudad de Bogotá”.

 

La evaluación

 

Conservar espacios como este significa un arduo trabajo en gobernanza, identificar y considerar a todos los actores que se benefician de los recursos de esta área protegida, lograr acuerdos legítimos, espacios de participación funcionales, dice Julia Miranda. «Además, garantiza contar con un instrumento de planeación, o plan de manejo, que identifica claramente las amenazas del área protegida y todas las actividades necesarias para asegurar que su biodiversidad está siendo conservada de forma exitosa a largo plazo”.

Cuenta la funcionaria que dichos aspectos fueron valorados por el Estándar de la Lista Verde, que contempla cuatro componentes, 17 criterios, 50 indicadores y una evaluación de un grupo independiente de expertos. «El proceso de evaluación y de preparación fue un trabajo largo y en diferentes etapas e implicó el apoyo de muchos actores y organizaciones como WWF Colombia, explicó la entidad que cree que los parques que pertenecen a la Lista Verde son un ejemplo para todas las demás áreas protegidas del sistema colombiano».

La UICN anunció que con Chingaza también ingresaron a la Lista Verde este año: la Reserva Natural Van Long de Vietnam y la Reserva Natural Nacional Ile Du Grand-Connétable de Guyana Francesa. Dos áreas protegidas más de China, Mount Huangshan y Wudalianchi Geological Park, renovaron su estatus de Lista Verde , logrado por primera vez en el Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014 en Sydney (Australia).

 

Imágenes: Parque Nacionales

 


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Impacto  / Reportaje
Milena Flórez: el precio de defender el río Cauca
RPVRPV Publicado el 29 septiembre, 2020


La oposición al proyecto hidroeléctrico más grande del país convirtió a una campesina desplazada de Antioquia en una de las figuras más relevantes de la organización Ríos Vivos que se opone al funcionamiento de la represa.

 

María Clara Calle / Mongabay Latam

 

Desarrollo. Eso fue lo primero que pensó Milena Flórez cuando supo que en su territorio se construiría la represa de Hidroituango, la hidroeléctrica más ambiciosa de Colombia, que aspira a producir el doble de vatios que cualquier otra presa en el país. Flórez creía que eso significaba que por fin tendría luz en su casa en Alto de Chirí, una vereda del municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia. El casco urbano más cercano a donde vivía era el corregimiento de Valle de Toledo, a poco más de una hora a lomo de mula.Pero no sabía lo que le esperaba, como cuando huyó por primera vez de la guerra. “Yo era de Urabá [región costera de Antioquia] y salí desplazada en 1997, cuando tenía 15 años, porque los paramilitares iban a matar a mi mamá. A mi papá ya lo habían desaparecido”, recuerda Flórez. Vivió en Medellín durante dos años, hasta que se fue a Alto de Chirí con el que sería su primer esposo.Finalizaba la década de los noventa y la guerra no daba tregua en la región. El Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se disputaba esta zona alta de la cordillera occidental de los Andes con el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues es un corredor estratégico para cualquier grupo armado: lejos del control del Estado y con hoja de coca. Fue en este territorio de conflicto y violencia donde, años después, se sumó la preocupación por los impactos sociales y ambientales de Hidroituango.

 

La llegada a tierra de ‘cañoneros’

 

En Alto de Chirí, gran parte de los campesinos vivían de la agricultura, la pesca o la minería de oro artesanal, como explica María Adelaida Torres, quien estudió la zona durante cerca de cuatro años para realizar su tesis de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. El río era parte vital de la cultura de los ‘cañoneros’, quienes vivían en la parte media y baja del cañón del Cauca. Torres explica que había una cultura particular de comercio en la que el minero artesanal le entregaba el oro al arriero para que este lo negociara en el pueblo o lo intercambiara por dinero o comida con los campesinos.

Los cañoneros de la cuenca del río Cauca practican una minería artesanal con batea. Foto: cortesía Ríos Vivos.

Pero con la llegada de Empresas Públicas de Medellín (EPM) al territorio, en 2010, muchos pobladores  aseguran que se prohibieron esas actividades, la relación de los cañoneros con el río fue cada vez más distante y dicen que la empresa los desplazó de las playas donde pescaban. “Luego de que los predios se adquirieron, algunos de ellos fueron invadidos por foráneos, desarrollando procesos ilegales de minería y estableciendo ‘cambuches’ (viviendas improvisadas), en la mayoría de los casos, para obtener indemnizaciones que, claramente no aplicaban, pues no eran de la región o no ejercían la actividad productiva de acuerdo con nuestros censos e investigaciones”, puntualiza Robinson Miranda, director ambiental y social del Proyecto Hidroituango, al explicar la razón de los desalojos.

Por otro lado, EPM comenzó las primeras obras para desviar el río Cauca y construir un proyecto que aspira a producir el 17 % de la energía eléctrica de Colombia. Cerca de Chirí y de la casa de Milena Flórez hicieron un túnel para pasar la maquinaria y un puente para llegar a lo que actualmente es el muro de presa.

“Ellos empezaron a dañar los caminos y con las perforaciones, la montaña empezó a ceder y las aguas se profundizaron. Las casas que son hechas de tapia [barro prensado] se empezaron a abrir”, relata la lideresa. Todo esto impulsó a que su esposo, miembro de la junta de acción comunal, le pidiera compensaciones a EPM.

La presa de Hidroituango mide 225 metros de altura y tiene un volumen de 20 millones de metros cúbicos, según EPM. Foto: EPM.

 

Flórez empezó a vincularse con los reclamos. Su primera acción fue sumarse a una marcha que hubo el 27 de agosto de 2012 en el Valle de Toledo para protestar en contra de la represa. Cuatro años antes de esa movilización, ya habitantes de la zona habían unido fuerzas para crear Ríos Vivos en el norte de Antioquia, con el propósito de defender el territorio de los proyectos mineroenergéticos.

Pero en su casa no veían con buenos ojos que ella perteneciera al movimiento. Su esposo le decía que descuidaba el hogar por estar en la organización. Aunque ella continuó, reconoce que muchas mujeres dejaron Ríos Vivos por la presión de sus parejas, sus hijos o sus vecinos.

Hoy, paradójicamente, el rostro más visible de la asociación en el norte de Antioquia es una mujer: Isabel Cristina Zuleta, una socióloga que nació en el municipio de Ituango. Pero detrás hay un trabajo de más de 15 organizaciones y de personas como Milena Flórez, que actualmente es la vicepresidenta de Ríos Vivos y la presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos del Orejón, Chirí y Buenavista.

Zuleta describe que Flórez llegó a ser la vicepresidenta de la organización en 2019 por formular “preguntas claves” en los debates que sostenían con las autoridades, a la par que se comprometía con otras actividades más sencillas en las movilizaciones, desde cargar la leña hasta estar pendiente de las comidas. “Es de esos liderazgos que se ocupan de lo cotidiano y lo llevan a lo político, y eso se gana los corazones”, dice Zuleta.

 

El desplazamiento al Valle de Toledo

 

Más Ejército y Policía para custodiar el megaproyecto mientras las Farc sembraban minas antipersonales. Según Ríos Vivos, ese era el panorama en el norte de Antioquia en diciembre de 2012. Milena Flórez dice que le tocó enfrentar las intimidaciones de hombres encapuchados, armados y vestidos con los uniformes de una empresa de vigilancia privada y que llegaban a los ríos a sacar a los barequeros (personas que practican minería de subsistencia en bateas) y pescadores. Según cuenta, quienes se oponían empezaron a recibir mensajes de texto con amenazas.

La situación escaló al punto que, en 2015, Milena Flórez prefirió abandonar Chirí y Playa Capitán, una de las zonas de pesca más cercanas a su vereda, para irse al Valle de Toledo —también en el municipio de Toledo— y pescar a 20 minutos de este corregimiento. Se fue con sus dos hijos, mientras que su esposo se quedó en la vereda Chirí, resguardándose de una orden de captura que la Fiscalía General de la Nación tenía en su contra. Lo acusaban de ser miembro del Frente 36 de las Farc, pero nueve meses después comprobaron que los cargos que le atribuían eran falsos.

Una vez en el Valle de Toledo, Flórez vivió del río Cauca con el oro y la pesca. Pero la tranquilidad no duró mucho. A los pocos meses, las amenazas llegaron nuevamente. La Corporación Jurídica Libertad, una organización de Medellín con más de 20 años de experiencia en derechos humanos, reportó diferentes intimidaciones al movimiento Ríos Vivos y el Valle de Toledo ya no fue un lugar seguro.

Un día, cuando estaba en su casa, encontró un papel arrugado, tirado por debajo de la puerta principal junto con un cuchillo pintado de rojo. Sabían cuándo iba a pescar y cuándo volvía. La activista pidió acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección —entidad estatal encargada de implementar medidas de protección para personas y colectivos en peligro—, y a cambio obtuvo un chaleco antibalas, un celular y las rondas ocasionales de la Policía por su casa.

Milena Flórez tuvo que desplazarse en varias ocasiones debido a amenazas en su contra. Foto: Milena Flórez.

Milena Flórez tuvo que desplazarse en varias ocasiones debido a amenazas en su contra. Foto: Milena Flórez.

En ese 2015  la fuerza pública desalojó la zona de pesca de Playa Capitán, pues ahora esas tierras pertenecían a EPM. Esta mujer de campo cambió los peces por un bar que creó en el Valle de Toledo, retomó la primaria en el colegio y siguió con Ríos Vivos. “Nos dedicamos a hacer denuncias por el daño a los bosques, al agua, a la migración de especies. Nos dedicamos a defender todo lo que teníamos en el territorio”, dice.

Su liderazgo se hizo más fuerte y siguió ganándose el respeto de los demás defensores de la región. Isabel Zuleta recalca el hecho de que Flórez terminara el colegio en esa etapa de su vida pues esto muestra que es una mujer dedicada y genera confianza en Ríos Vivos.

 

La tala del bosque seco tropical

 

La temporada entre 2015 y 2016 marcó a Milena Flórez no solo por las amenazas anónimas que seguía recibiendo sino porque EPM comenzó la tala del bosque seco tropical de la zona donde se ubicaría Hidroituango. Para construir la presa y preparar el terreno que se iba a inundar, la empresa necesitaba 4140 hectáreas, de las cuales 1839 pertenecían al bosque seco tropical, de acuerdo con la aprobación que le otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2009. Esto generó polémica pues el área del proyecto está dentro de la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca, declarada por la Corporación Ambiental Regional de Antioquia (Corantioquia) desde 1996 y a la que le quitaron 11 507 hectáreas en 2010 para dárselas a Hidroituango. Además, según el Instituto Alexander von Humboldt, en Colombia solo queda el 8 % de bosque seco y el cañón del Cauca es el tercer lugar con más hectáreas de este ecosistema en el país.

Por eso, la empresa debía compensar con un territorio cinco veces más grande al que iba a talar. Robinson Miranda, director ambiental y social del proyecto Hidroituango, dice que EPM debía compensar 17 500 hectáreas pero ha adquirido 24 140 hectáreas, es decir, 6000 más de las que estaba obligada por el proyecto.

Por su parte, Isabel Zuleta, presidenta de Ríos Vivos, duda que la empresa ya haya adquirido todas esas tierras pues, en sus recorridos, la organización identificó que solo algunas zonas de los municipios Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Sabanalarga y pequeños lugares de Ituango, Toledo y Briceño sirven para compensación de bosque seco tropical.

Milena Flórez dice que sintieron las afectaciones porque la tala hizo que muchos animales huyeran hacia la parte alta de la cuenca. Recuerda que, por ejemplo, las serpientes que vivían a orillas del río terminaron en los cafetales, mordiendo a los campesinos. En efecto, el desplazamiento de especies era una de las consecuencias esperadas, como lo planteó el biólogo y epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, Walter Zuluaga, en su ponencia ante la ANLA en 2009.

La versión de EPM es que todo fue un “mito urbano”, como lo señala Robinson Miranda, quien sostiene que nada de eso ocurrió y que la fauna se quedó en las áreas de compensación que adquirió la compañía en zonas inmediatamente aledañas al embalse. Aún así, la empresa tiene diferentes convenios con universidades e instituciones para analizar las posibles afectaciones que pudieron presentarse por la construcción del proyecto.

Miranda explica que no se tienen informes concluyentes, pues aún están en etapas de monitoreo en campo y análisis de datos. Organizaciones como el Instituto Alexander von Humboldt y la Pontificia Universidad Javeriana le dijeron a Mongabay Latam que preferían no dar declaraciones por el momento. Son estas entidades las que señalarán los efectos de las contingencias de 2018 y 2019, cuando se taponaron varios túneles y cuando tuvieron que retener durante más de una semana casi todo el caudal del río Cauca.

El 28 de abril de 2018 comenzó una pesadilla para EPM y para los habitantes de la región. Se tapó el túnel auxiliar, el único por donde se desviaba el río y que fue construido “para evitar el retraso en la entrada en operación del proyecto”. Era una carrera contra el tiempo: si el río Cauca se seguía represando aguas arriba, y superaba los niveles del embalse que aún no se había terminado, podría destruir la presa y generar olas de más de 20 metros de altura que impactarían hasta el municipio de Caucasia, ubicado a casi 200 km de la presa, afectando a casi 700 000 personas.

La premura disminuyó el 12 mayo, cuando se destapó de forma natural otro de los túneles, construido originalmente para desviar el río pero que se había sellado. La dicha no duró mucho y otra tragedia ocurrió: la fuerza del río causó una avalancha que sepultó de manera descontrolada la playa La Arenera donde Milena Flórez pescaba y el Puente Pescadero, el único que comunicaba a los municipios de Briceño e Ituango.

Mientras la región vivía una crisis por cuenta de los tropiezos de Hidroituango, los defensores ambientales en el territorio vivían una escalada de violencia. Flórez cree que se salvó “de milagro” por no asistir a una reunión de Ríos Vivos. Uno de sus compañeros recibió una llamada y del otro lado de la línea le preguntaban por qué ella no había ido, le pidieron el teléfono de Flórez y su número de identificación. Él se limitó a responder que no tenía ningún dato.

Cuando la activista se enteró, no lo pensó mucho. Sabía de qué se trataba. En  mayo de 2018 asesinaron a dos integrantes del movimiento y en junio saquearon la sede de Ríos Vivos para llevarse gran parte de la documentación que Milena Flórez y los otros líderes habían recopilado durante años. En una noche de agosto la activista ambiental ya no pudo más, empacó lo que pudo y, junto con sus dos hijos y un nuevo esposo, se desplazó una vez más hacia Medellín.

 

La transformación del río

 

Al estar en la capital antioqueña, Milena Flórez no presenció uno de los episodios que más lamentan los pobladores: el día en que uno de los ríos más grandes de Colombia se secó.

El 16 de enero de 2019, EPM detectó un socavón de 18 metros en la casa de máquinas, por donde había tenido que permitir el flujo del río para que la presa no colapsara. La nueva falla técnica hizo que la empresa cerrara las compuertas, pues la resistencia de la estructura era “totalmente incierta”, como lo dijo el entonces gerente de EPM, Jorge Londoño. En la práctica esto implicó que el río Cauca se secara por primera vez en la historia.

Aunque las compuertas abrieron desde febrero de ese mismo año, el Cauca nunca volvió a ser el mismo. “Ya no hay oro y el sedimento ya no está aguas abajo porque lo detiene el muro y, por eso, los pescados no tienen qué comer. Eso cambió el color de las aguas, ya no es el río mono [rubio], como le decíamos, sino el río zarco”, asegura Flórez.

Las consecuencias no se podrán calcular a ciencia cierta por lo menos durante los próximos 10 años, según cuenta Luz Fernanda Jiménez, la bióloga que coordina el convenio de la Universidad de Antioquia con EPM para monitorear la vida de los peces cerca de Hidroituango.

Ante la sequía del río Cauca en 2019, la Fiscalía imputó a Hidroituango por los delitos de daño en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los mismos. Foto: Fiscalía Colombia.

Iván Mojica, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y experto en ecología de peces, dice que en las subiendas los peces migratorios alcanzaban a nadar río arriba hasta 1300 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), pero que ahora no podrán hacerlo porque la boca de presa está poco más abajo de los 300 m.s.n.m.

En efecto, Luz Fernanda Jiménez ya ha visto que las especies estacionales como el bocachico (Prochilodus magdalenae), los comelones (Leporinus muyscorum), las picudas (Salminus affinis), el bagre sapo (Pseudopimelodus schultzi), los jetudos o patalós (Ichthyoelephas longirostris) y las doradas (Brycon moorei) llegan a la presa y se quedan ahí. No pueden avanzar más.

Además, el profesor Mojica cree que cuando Hidroituango regule el caudal del Cauca, es decir, cuando la presa ya pueda almacenar agua en temporadas lluviosas y liberar parte de ella para generar energía, afectará los niveles naturales de agua que tiene el complejo cenagoso de La Mojana y la depresión momposina —en el Caribe colombiano—. Las especies estacionales van allá a tener sus crías y estas zonas producen gran parte de la pesca del río Magdalena, que recibe del río Cauca el 40 % de su caudal final.

Mojica dice que uno de los mayores problemas es la “posición de la presa respecto a la cuenca del río”, pues se ubica en un punto tan bajo que el único afluente importante que nutre al Cauca después del muro es el Nechí, un río cuyos flujos ya están afectados con otras tres hidroeléctricas de EPM y que, además, está contaminado con el níquel y el mercurio de la minería y con los desechos del área metropolitana de Medellín.

Esta combinación sería la tormenta perfecta en contra de los peces de la zona, sobre los que ya se han notado hechos inusuales. Jiménez asegura que entre julio y noviembre de 2019 hubo una gran mortandad de bagres rayados del Magdalena que aparecieron con el vientre naranja, aunque los expertos todavía no se explican por qué sucedió. Esta es una especie endémica en peligro crítico de extinción según el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de 2012 pero muy apetecida por los pescadores.

Como este, cientos de bagres rayados del Magdalena aparecieron muertos entre julio y noviembre de 2019. Foto: cortesía de Ríos Vivos.

 

A comienzos de agosto de este año, personas a más de 400 kilómetros de la represa hicieron una protesta por el río y señalaron a Hidroituango como el responsable de la sequía del Cauca y el Magdalena. Además, en 2018 la ANLA le impuso a la empresa 17 limitaciones ambientales encaminadas principalmente a suspender la construcción del proyecto y atender solo la emergencia, y posteriormente la sancionó con una multa de más de 1700 millones de pesos (cerca de 455 000 dólares) por haber construido uno de los túneles sin su autorización.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Contraloría están indagando sobre el proyecto en diferentes investigaciones, que van desde presuntas irregularidades en la contratación de la obra hasta las posibles afectaciones al medio ambiente a causa de las fallas en los túneles.

 

Del Valle de Toledo al activismo en Europa

 

Que cerraron las compuertas, que el río se secó, que muchos peces murieron. Milena Flórez supo de todo esto cuando estaba en Medellín, pues las amenazas persistían aunque las autoridades no han señalado a un responsable. En 2019, Colombia fue el país donde más defensores ambientales y de la tierra asesinaron, con un total de 64 homicidios, según el más reciente informe de Global Witness.

El exrelator especial de la ONU, Michel Forst, aseguró que, después del proceso de paz con las Farc, quienes corren más riesgo son los líderes sociales, comunitarios y de sustitución de cultivos. Además, Antioquia es uno de los departamentos con más líderes amenazados, según la ONG colombiana Somos Defensores.

Flórez cumple todos los requisitos de riesgo pues además de pertenecer a Ríos Vivos, lidera la organización de base Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, que presta asistencia técnica al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito del proceso de paz que se implementa en 10 veredas de Briceño, incluida la vereda Chirí.

Medellín parecía la mejor opción para ella hasta que se presentó al Programa Catalán de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que la seleccionó, junto con otros dos líderes en el 2019, para ir a Barcelona.

Los seis meses de exilio los dedicó al activismo. Se reunió con la Generalitat catalana, fue a los ayuntamientos, gestionó reuniones con organizaciones internacionales de derechos humanos, con el Parlamento Europeo y con bancos que prestaron dinero a Hidroituango, como el BBVA. Su discurso no cambiaba, su objetivo era convencerlos de que no apoyaran a la hidroeléctrica y contar la difícil situación que han vivido las comunidades en el territorio.

Contrario a lo que ocurría hace ocho años, esta vez era ella quien iba de reunión en reunión, mientras su esposo atendía la casa o la acompañaba a las citas. Por primera vez se sentía segura caminando por las calles, le impresionaba lo accesibles que eran ciertos políticos en Europa y disfrutaba de comodidades como tener internet todo el día. Sin embargo, todo el tiempo añoraba su Valle de Toledo. “Montañero no pega en pueblo”, dice para explicar por qué siempre quiere volver al territorio.

Y volvió. El 3 febrero de 2020, Milena Flórez y su familia ya estaban de vuelta en el cañón del Cauca, en su Valle de Toledo, justo antes de que la mayoría de los aeropuertos del mundo cerraran por la pandemia del COVID-19.

El coronavirus trajo nuevos retos a la región, especialmente porque la mayoría de los casos se concentran en trabajadores dentro de Hidroituango y las restricciones de la cuarentena se sumaron a la imposibilidad de pescar o barequear en un río que antes era rico en recursos. Milena asegura que las amenazas disminuyeron durante la cuarentena y que por ahora está tranquila. Pero no sabe cuánto tiempo durará esa dicha, y como no todo es felicidad, lo que más le duele es ver cómo las aguas de su “río mono” son cada vez más claras.

 

Esta publicación de Mongabay Latam hace parte del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en Colombia, México, Honduras, Guatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso. 

 

Foto superior: Milena Flórez, presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) y vicepresidenta de Ríos Vivos. Foto: Milena Flórez.

 

ALIANZA INFORMATIVA 

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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COLOMBIA EN PAISAJES
Comunidad arhuaca, Sierra Nevada de Santa Marta
RPVRPV Publicado el 27 septiembre, 2020


Nevada Paisaje desde la comunidad indígena arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta

 

Autor: Oliverio Villafañe


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Región
Las poblaciones de aves más abundantes del Parque natural Gorgona
RPVRPV Publicado el 24 septiembre, 2020


El programa de monitoreo de especies silvestres del Parque Natural Gorgona analizó la dinámica poblacional de aves en la isla.

De esta forma el parque logró establecer que son cuatro las especies de aves que conforman la mayor población en el área protegida.

Los resultados indican que el Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis murphyi) podría tener una población estimada de 5.000 individuos; el Piquero café (Sula leucogaster etesiaca) 400 individuos; la Fragata (Fregata magnificens), con 3000 individuos y el Piquero de patas azules (Sula nebouxii), entre los 6000 y 7000 individuos.

Sin embargo, afirma un reporte de Parques Nacional Naturales, se han registrado abundancias hasta de 13000 individuos en el área. El estudio también les permitió identificar las temporadas de reproducción de cada especie y en general sus dinámicas propias.

Fragata - Héctor Chirimia

Fragata – Héctor Chirimia

Los resultados de este análisis se dan luego de un trabajo de monitoreo de varios años por un grupo de guardaparques que “han podido representar la mayor línea de tiempo continua de información de aves marinas en Colombia, resaltando la presencia de grandes poblaciones de estas cuatro especies”.

Para hacer un monitoreo de aves se utiliza un bote tripulado por el equipo de investigación que recorre la isla entre 6:00 y 8:00 de la mañana durante dos días consecutivos, cubriendo en un día la parte norte y al otro día la parte sur de la isla.

El avistamiento se realiza en horas de la mañana porque es la hora en que se puede observar la mayor cantidad de aves marinas posadas antes de que alcen vuelo y se dificulte el conteo, explica Parques Nacionales.

Para la observación se utilizan binoculares, contadores de aves y tablas de acrílico donde se registra la información. Posteriormente la información registrada es ingresada a una base de datos digital donde se dispone para el posterior análisis.

 

Piquero café Foto Luis Payán

Piquero café Foto Luis Payán

 

En 2005, el Parque Nacional Natural Gorgona fue declarado Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), por mantener poblaciones reproductivas de aves marinas y congregatorias.

Igualmente, Gorgona hace parte del Complejo Marino-Costero Iscuandé – Sanquianga – Gorgona, territorio más importante para aves playeras y marinas de Colombia.

Fotografía superior. Piquero-de-patas-azules.  Autor: Luis-Payán


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COLOMBIA EN PAISAJES
Tortuguillos se hacen a la mar en Acandí, Chocó
RPVRPV Publicado el 24 septiembre, 2020


 

La fotografía en la que decenas de tortugas carey salen de los nidos a su encuentro con el mar, ocurrió en las playas de Los Balsos, Los Coquitos y Maniburro del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, ubicado en el municipio de Acandí, Chocó.

Guardaparques hallaron siete nidos de los que eclosionaron 910 neonatos de tortuga carey que de inmediato y por instinto salieron a buscar el océano.

En esta área protegida que presenta ecosistemas marinos costeros  como arrecifes de coral, manglares y humedales costeros. Se destaca además su bosque húmedo tropical y los bosques de cordillera, y la fertilidad del territorio, producto de los depósitos sedimentarios de los ríos de alto caudal en la zona costera.

 

Fotografía: Parques Nacionales Naturales de Colombia

 

MÁS SOBRE TORTUGA CAREY:

Un largo camino contra el tráfico de carey en Cartagena

 

 


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Pandemia
Desarrollan recubrimientos para reducir la presencia del coronavirus en superficies
RPVRPV Publicado el 23 septiembre, 2020


Un proyecto busca materiales que reduzcan la supervivencia del SARS-CoV-2 o su inactivación en pomos, barandillas, reposabrazos o mostradores.

 

CSIC/DICYT

 

Limitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19, mediante el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos que reduzcan su supervivencia o consigan inactivarlo. Este es el objetivo de un proyecto impulsado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que estudia aditivos antimicrobianos inorgánicos para aplicarlos en superficies de pomos, barandillas, mostradores y reposabrazos. De este modo, contribuirían a impedir el contagio indirecto, que es el que se produce por contacto con superficies.

Todavía no existe información concluyente sobre el tiempo en el que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo sobre una superficie y cuáles son los parámetros que controlan su tiempo de supervivencia. Las superficies contaminadas pueden actuar, por tanto, como reservorios del virus, facilitando su propagación y favoreciendo el contagio tanto en entornos hospitalarios, como en ambientes comunitarios.

Actualmente, la única medida disponible para controlar el contagio indirecto es la limpieza y desinfección de los lugares más transitados. “Estas medidas van dirigidas a eliminar o reducir la carga viral en estas superficies para garantizar unos niveles adecuados de protección de la salud de la población. Lamentablemente, aunque estas medidas son necesarias, aún no son suficientes para limitar la propagación del virus por contagio indirecto”, advierte el investigador del CSIC Adolfo Fernández, del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN, CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias).

 

Nuevas formas de prevención y control

 

Para hacer frente a este problema, los investigadores del CINN han optado por los aditivos antimicrobianos inorgánicos, los cuales presentan nuevas posibilidades para prevenir y combatir enfermedades infecciosas. Además, son más resistentes a las altas temperaturas, más respetuosas con el medio ambiente, y su costo es más bajo que el de las sustancias de origen orgánico.

Los investigadores están comprobando qué tipo de materiales antimicrobianos inorgánicos son capaces de actuar frente a virus estructuralmente similares al coronavirus. “Se trata de un grupo de aditivos basados en vidrios y materiales vitrocristalinos con alto contenido en óxido de calcio u óxido de zinc, así como en nanopartículas soportadas de plata o cobre. Por ahora hemos visto que, en presencia de algunos de los materiales, se produce la caída de la carga viral”, indica Fernández.

La segunda fase del proyecto servirá para buscar la mejor manera de aplicar los aditivos sobre las superficies con mayor contacto. “Evaluaremos cuál es la forma óptima de aplicación del material, ya sea integrándolo en siliconas o pinturas o empleando técnicas de proyección”, destaca Belén Cabal, otra de las impulsoras de la iniciativa. Estos materiales antivirales podrían tener numerosas aplicaciones y varias empresas ya han mostrado su interés.

COLABORACIÓN PERIODÍSTICA DICYT – RED PRENSA VERDE


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Región
Este 22 de septiembre inicia el Foro Mundial Low Carbon City
RPVRPV Publicado el 15 septiembre, 2020


El evento -liderado por ciudadanos- nació en Medellín en el 2016 y ha reunido a más de 10.000 personas desde su creación.

 

En la quinta versión del Foro Mundial Low Carbon City el enfoque será la reconstrucción climática y socialmente sostenible.

Debido a la pandemia, se realizará de manera virtual entre el 22 al 25 de septiembre e interactuarán 50 expertos e innovadores de 20 países, dedicados a construir soluciones para enfrentar el cambio climático.

“Frente a la grave crisis mundial generada por el COVID-19 y ante la cancelación de la COP 26 en Glasgow creemos que este es el momento clave para que la ciudadanía potencie su participación en la gobernanza climática internacional y pueda exigir a sus representantes mayores niveles de ambición en las metas nacionales e internacionales”, indicaron sus organizadores.

Los temas de este año son: desarrollo regenerativo; economía circular; resiliencia y recuperación post Covid-19, ciudadanía transformadora; las voces de niñas y niños; salud planetaria; slow cities; y tecnología de vanguardia. Vea la agenda aquí

En los espacios virtuales intervendrán invitados como: Jinfeng Zhou, secretario General de la Fundación China para la Biodiversidad y la Conservación, miembro del Club de Roma y codirector del centro para la civilización Ecológica.

También, Ana María Hernández, presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES); Katherine Foster, directora de Estrategia en Open Earth from Yale University; Edie Mukiibi, vicepresidente de Slow Food International; Marta Santamaría, directora de Políticas de Natural Capital Coalition; Suh-Yong Chung, director del Centro para Leyes y Políticas del Clima de Corea.

Low Carbon City se ha realizado en Medellín, México, París y Costa Rica. Este año es apoyado por Ruta N, el Parque Explora, y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia; en alianza estratégica con la Universidad Técnica de Berlín, el DAAD, el Ministerio Alemán de Educación e Investigación, Urban Oasis, Proantioquia, COMFAMA, SIER Sistemas Inteligentes En Red, la Universidad CES, Corantioquia, la Universidad EAFIT, entre otras entidades.

Foto: Pixabay

 

 


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Pandemia
Madereros ilegales arrasan la Amazonia ecuatoriana en medio de la pandemia
RPVRPV Publicado el 14 septiembre, 2020


Por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

 

Daniela Aguilar / Mongabay Latam

 

“No recuerdo un periodo en el que se haya talado tanto”. “Es como el principio del fin”. “Una terrible conjunción de condiciones”. Así, algunos expertos consultados por Mongabay Latam expresan su preocupación por la tala desaforada que se viene dando en la Amazonía del Ecuador en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre las principales causas, mencionan la falta de control de la autoridad ambiental y el creciente interés de los madereros ilegales que se aprovechan de las circunstancias.

“La pandemia lo que ha hecho es exacerbar la tala”, sostiene en diálogo con Mongabay Latam, Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka con sede en la ciudad de El Coca, provincia de Orellana, que trabaja con comunidades indígenas de la zona e intenta crear una cultura de paz en torno a los pueblos aislados. Para Solís “hay una falta de sensibilización en el tema de en qué lugares se puede talar, y sobre todo, en el cuidado de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”.

Algunas comunidades indígenas se han convertido, además, en blanco de los madereros ilegales. Estos han llegado hasta sus territorios para convencerlos de que vendan la madera balsa de sus bosques. El que hayan accedido en algunos casos, explica Solís, es consecuencia de la ausencia del Estado durante la emergencia y la falta de asesoría técnica para aprovechar legalmente sus recursos sin convertirse en víctimas de los intermediarios.

Solís comenta que es un secreto a voces que el río Shiripuno, en Orellana, se ha convertido en vehículo para la movilización de los troncos que se talan en territorios de las comunidades ribereñas, principalmente waorani. La intersección del afluente con la vía Auca —a la altura de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), establecida por el Estado para la preservación de los pueblos indígenas en aislamiento— se ha convertido en sitio de acopio de madera obtenida ilegalmente. Y no solo pasa allí. “En el caso de los kichwas, hay varias comunas en los márgenes del río Napo que están en esa situación y que son las más afectadas. El transporte se hace a través del río y la madera llega hasta Puerto Providencia [provincia de Sucumbíos], que conecta con Shushufindi, luego con Lago Agrio y por allí salen los camiones”, señala el abogado.

Tala ilegal en Ecuador. En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana
En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana

La incursión desmesurada de los madereros ilegales tuvo su punto más álgido durante los primeros meses de la pandemia, cuando “frente al puesto de control del Ministerio de Ambiente (MAE), que es la entidad que debería controlar la tala ilegal, se ubicó un aserradero”, indica Solís en referencia a la Estación de Monitoreo de la ZITT. “El Ejército hizo un operativo en el lugar y lo retiró, pero son aserraderos móviles que se pueden reubicar luego”, dice y agrega que a lo largo de la vía Auca, que es la entrada al Parque Nacional Yasuní, existen varios de esos aserraderos.

Aunque los expertos consultados señalan la falta de fiscalización del Estado, el Ministerio de Ambiente asegura que ha mantenido los puestos fijos de control forestal en carreteras desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, el 11 de marzo, y que desde julio ha retomado las acciones de vigilancia que se hacen a las industrias forestales, que incluyen operativos de control en aserraderos y depósitos de madera. El resultado, señala el Ministerio en respuesta a un pedido de información hecho por Mongabay Latam, es de 181 retenciones de madera a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, que representan 3176 metros cúbicos. Solo entre julio y agosto ocurrieron 84 retenciones (46,4 %).

Fuentes:Policía, Ministerio de Ambiente y Fuerzas Armadas.

*En algunas retenciones no se informó el volumen de madera decomisado o el tipo de madera encontrado.

Fue en julio cuando se dispararon los reportes de la Policía y las oficinas provinciales de Ambiente sobre retenciones de madera ilegal. Se registraron 51 retenciones solo en ese mes y varias de ellas fueron realizadas en el puesto de control fijo ubicado a la altura del puente sobre el río Coca, en la ciudad de El Coca, capital de la provincia de Orellana. Pero ese punto de inspección se evade fácilmente, comenta Xavier Solís. “Hay varias rutas alternativas como una que se llama la vía Zorros, que conecta con Tena [provincia de Napo] a través de un camino de segundo nivel, una parte asfaltada y la otra de tierra. Por allí también transitan los camiones”, indica.

 

Extrayendo balsa sin control

 

“De verdad no hay mucho empleo, no hay empresa, no hay lugar que dé trabajo”, sostiene el presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Gilberto Nenquimo, para explicar por qué varias comunidades han sido sorprendidas por madereros que han llegado hasta sus territorios para ofrecerles dinero a cambio de sus árboles de balsa. Según señala, son once las comunas de su nacionalidad que han sido visitadas por los ilegales: tres en la provincia de Orellana, tres en Napo y cinco en Pastaza. Además, menciona los puertos fluviales por donde sacan los troncos extraídos del territorio waorani: Puerto Pitacocha en Pastaza, Puerto Coninpare en Napo y Shiripuno en Orellana.

Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.

No es una actividad colectiva, señala Gilberto Nenquimo, sino decisiones individuales que han generado conflictos al interior de las comunidades. Nenquimo reconoce que esta dinámica ha sido impulsada por los madereros, y que lo que ha hecho falta es la orientación del Estado en la extracción de balsa, un maderable que es permitido bajo regulación. “Antes era así: llegaban los balseros, conversaban con los waorani y comenzaban a talar. Por árbol pagaban entre tres y ocho dólares. Ahorita me están diciendo que ya bajó la balsa y que solo van a pagar dos dólares. Eso se llama aprovecharse”, sostiene. “Otro problema se crea porque ellos [los madereros] llevan licor a las comunidades, un licor que llamamos puro, y negocian: tanto de dinero [por la madera] y dos galones de puro”, agrega Nenquimo.

No solo los pueblos waorani y kichwa han sido enredados por los ilegales que han llegado a arrasar con todo. También ha sido el caso de la nacionalidad achuar, cuyo territorio abarca 800 000 hectáreas comprendidas entre las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago. “Hay apenas dos licencias [forestales] para las miles de balsas que se han talado en los últimos seis meses. Estoy hablando de 20 000 [árboles] que es el dato que tenemos, aunque algunos dicen que son más de 35 000 solo en territorio achuar. Es un volumen importante”, sostiene Belén Páez, directora ejecutiva de la Fundación Pachamama, quien conoce de cerca el caso de este pueblo indígena.

Tala ilegal en Ecuador. Madereros usan el río Shiripuno para movilizar balsa que talan ilegalmente de territorios de comunidades waorani que viven en el margen del afluente. Los troncos llegan hasta el puente en la vía Auca, donde son represados a la espera de ser cargados para su comercialización. Foto: Amazon Frontlines.
Madereros usan el río Shiripuno para movilizar balsa que talan ilegalmente de territorios de comunidades waorani que viven en el margen del afluente. Los troncos llegan hasta el puente en la vía Auca, donde son represados a la espera de ser cargados para su comercialización. Foto: Amazon Frontlines.

“El precio de venta de un tablar [de balsa] de exportación que pasa por varias fases de corte está en 0,85 dólares, pero se están vendiendo árboles de balsa de dimensiones gigantescas en cinco dólares. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la pérdida a largo plazo para las familias que están dentro de este juego de especulación”, asegura Páez.

Hace un año, con la construcción de la vía a Copataza, que conecta al puerto fluvial de igual nombre con Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, el pueblo achuar comenzó a afrontar la problemática de la tala. Según la Fundación Pachamama, esta situación se ha agravado durante estos últimos meses de pandemia. En este caso, los madereros se han servido de los ríos Copataza, Pastaza y sus afluentes para transportar la madera. Su blanco principal ha sido una serie de islas de balsa ubicadas en esa zona.

“Esta entrada desde Copataza hasta el bajo Pastaza es un recorrido donde hay más de 21 comunidades. Frente a estas comunidades hay islas de balsa y han entrado ya sea por necesidad, negligencia o falta de acuerdos de la nacionalidad. Según dice, el problema no acaba ahí pues una situación similar viven los indígenas shuar de Morona Santiago, al lado del río Upano.

Más pérdidas que beneficios para los indígenas

 

Gilberto Nenquimo, presidente de la nacionalidad waorani, dice que es consciente de las cuantiosas pérdidas que ha significado para su pueblo la participación de intermediarios en la venta de la madera. Por eso, asegura que solicitó por escrito la presencia del Ministerio del Ambiente (MAE) en territorio, para que les ayuden a establecer directrices en el aprovechamiento de balsa. Incluso, se ofreció a pagar los vuelos para movilizar a los delegados de la entidad. Pero nada se ha podido concretar. “Imagínate lo que hacen, cuando uno ofrece todo, pagado el vuelo, todo coordinado y que digan que han cambiado la agenda”, se queja Nenquimo y agrega que están luchando contra reloj para regular la situación.

Tala ilegal en Ecuador. Inspecciones en la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la provincia de Esmeraldas, llevaron al decomiso de madera talada ilegalmente en el área protegida el 5 de junio 2020. Foto: Policía Ecuador.
Inspecciones en la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la provincia de Esmeraldas, llevaron al decomiso de madera talada ilegalmente en el área protegida el 5 de junio 2020. Foto: Policía Ecuador.
Tala ilegal en Ecuador. Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizados por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Google Earth
Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizados por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Google Earth.

El MAE afirma que conoce de la existencia de “una gran demanda para el aprovechamiento de balsa en el país, presumiblemente debido a su valor comercial”. A pesar de lo que afirma Nenquimo, esa cartera de Estado asegura que, a través de sus Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas distribuidas a lo largo del país, “generan procesos constantes de capacitación a comunidades indígenas, con la finalidad de dar a conocer los requisitos que establece la normativa forestal para que se haga un correcto aprovechamiento y movilización del recurso y de esta manera reducir el aprovechamiento ilegal de la balsa”. Sin embargo, el MAE no le especificó a Mongabay Latam cuáles comunidades han sido atendidas.

Por su parte, la directora de la Fundación Pachamama, Belén Páez, comenta que a través de la Defensoría del Pueblo están emprendiendo acciones encaminadas “a generar medidas de protección administrativas frente a la ilegalidad que ocurre en el aprovechamiento-deforestación de balsa en la provincia de Pastaza”. Según dice, se trata de acciones que cuestionan a los ministerios de Ambiente y Agricultura y a programas de políticas públicas que, incluso, tienen financiamiento internacional para trabajar esos temas, como es el caso de Proamazonia. Básicamente quieren saber qué es lo que están haciendo las entidades frente a esta situación.

Así mismo, Páez explica que la forma legal y técnica de talar la balsa incluye el establecimiento de un plan de manejo, la obtención de las debidas licencias ambientales y la incorporación de un plan de monitoreo para la debida restauración y reforestación, la cual debe ser inmediata. “Si es que no hay un manejo adecuado, ese pueblo o comunidad puede perder la oportunidad de volver a incursionar en esta actividad”, Recal.

 

Degradación: un fenómeno del que no se habla

 

Aunque la balsa no es una especie en peligro y, por sus características, crece en zonas secundarias en donde ha habido inundaciones de ríos o deslaves de tierra, su función no es menos importante para los bosques amazónicos. Así lo indica la directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia, Carmen Josse, quien además menciona que “se están perdiendo estos rodales [conjunto grande de árboles] de balsa que son muy importantes para mitigar el tema de las inundaciones cuando hay crecidas”, indica.

Tala ilegal en Ecuador. En el sector Shiripuno de la parroquia Inés Arango, cantón Francisco de Orellana (Orellana), el Batallón de Operaciones Especiales Selva N° 54 desmanteló un aserradero ilegal a inicios de julio 2020. Foto: Cortesía.
En el sector Shiripuno de la parroquia Inés Arango, cantón Francisco de Orellana (Orellana), el Batallón de Operaciones Especiales Selva N° 54 desmanteló un aserradero ilegal a inicios de julio 2020. Foto: Cortesía.

En esa misma línea, Belén Páez agrega que “hay un balance perfecto en ese ecosistema amazónico, una red de conexiones que al momento de romperse genera varios tipos de eventos. En este caso, estamos viendo las inundaciones que se dieron hace pocos meses en la zona del [río] Bobonaza que afectaron a varias comunidades y que tienen que ver con esta pérdida de islas de balsa que son como barreras naturales”.

Páez destaca que la balsa no crece como mala hierba, como se dice popularmente. “Algunas pueden ser centenarias, van formando islas y meandros en los cauces de los ríos por cuestiones específicas de equilibrio”, comenta. Según dice, la tala de balsas provoca una inevitable pérdida de aves como el águila arpía y los papagayos, mamíferos como las nutrias de río, y una gran afectación de sitios de anidación de tortugas y caimanes.

Si bien es cierto que las islas de balsa del territorio achuar vienen siendo deforestadas durante la pandemia, en otros puntos de la Amazonía se está realizando su extracción selectiva, lo que lleva a un fenómeno de degradación. Según explica Josse, “la forma más común de medir las emisiones y pérdidas de áreas boscosas es la deforestación. Pero hay todo un tema de degradación que es distinto. En ese caso, la tecnología de medición y monitoreo no está enfocada en identificar la pérdida de un área determinada de bosque sino la disminución de su biomasa, de su densidad”, explica y añade que la selva amazónica “está perdiendo su calidad, su integridad y sus árboles semilleros porque estamos sacando todo lo que podemos sacar: madera vendible, comerciable”.

Para Josse es preocupante que las mediciones ambientales que realiza el Estado no tengan en consideración el fenómeno de degradación. “Todos nuestros esfuerzos, toda la cooperación que recibe el país por los temas de cambio climático, todo está enfocado en detener la deforestación pero no estamos haciendo lo suficiente por entender, monitorear y enfrentar la degradación, que es mucho más importante en términos de emisiones forestales”.

Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Tala ilegal en Ecuador. En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana
En un operativo en el que participaron Guardaparques del Yasuní, Fuerzas Armadas y Policía Ambiental, fue retenido un camión con 25 metros cúbicos de balsa en la parroquia Pompeya a mediados de junio 2020. Foto: MAE Orellana

La directora ejecutiva de Ecociencia explica que del total de biomasa forestal que ha perdido el Ecuador en un periodo de 14 años (2003 – 2016), el 78% se debe a degradación y el 22% restante a deforestación. Esto en referencia al estudio regional en el que participó Ecociencia junto a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). “En términos porcentuales, Ecuador es uno de los países con el índice más alto de degradación”, agrega

Otro punto importante que destaca Josse, y con el que coinciden algunos de los expertos consultados, es que la política forestal ecuatoriana no considera las complejidades del país, que tiene su mayor patrimonio forestal en la Amazonía en manos de los pueblos y comunidades indígenas. “¿Cómo debemos manejar ese patrimonio? No es lógico que se trate a esos bosques con esa riqueza como se trata a cualquier plantación forestal de eucalipto, pino o teca […] debe dimensionarse el problema y debe hacerse un proceso adecuado que incluya una política coherente y consciente. No se puede simplemente cerrar los ojos”, sostiene.

Por ejemplo, en el caso de la balsa en territorio achuar, “no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) pero cabe la casualidad de que son territorios en mejor estado de conservación porque no ha habido carreteras que expandan la frontera petrolera y minera”, comenta Belén Páez, pero enfatiza en que eso está cambiando con la vía a Copataza, promovida por el gobierno local de Pastaza dentro de su plan de conectividad.

El peligro ronda las áreas protegidas y los pueblos aislados

 

Algunos expertos piensan que las áreas protegidas están en riesgo debido al acelerado aumento de la tala en medio de la pandemia, la osadía de los madereros y el debilitamiento institucional del Ministerio de Ambiente; como consecuencia de la disminución presupuestaria que mantiene en incertidumbre a cerca de 200 guardaparques cuyos contratos ocasionales vencen a finales del 2020.

Tala ilegal en Ecuador. Signos de tala el Parque Nacional Cotacachi Cayapas. Foto: Cortesía.
Signos de tala el Parque Nacional Cotacachi Cayapas. Foto: Cortesía.

El pasado 5 de junio se retuvieron 18,65 m3 de madera que había sido talada de la Reserva Ecológica Mache – Chindul de Quinindé, provincia de Esmeraldas. El 17 de julio se registró la retención de 13,5 m3 de madera de balsa, cortada y apilada, al interior de la Reserva Biológica de Limoncocha en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Pocos días después, el 23 de julio, una inspección en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en Esmeraldas, detectó zonas de tala, aunque no se registró ninguna incautación.

“Hay un fenómeno que no es oculto y es que la madera, como la balsa, se está terminando en los territorios comunitarios. Si no existe en territorios comunitarios, van a entrar en los parques nacionales, en las zonas intangibles”, señala Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka y agrega que en El Coca, provincia de Orellana, los madereros  lograron talar en terrenos que pertenenecen a las Fuerzas Armadas. “Si es que pueden entrar a estos lugares de los militares, entran en cualquier lugar”, dice. Mongabay Latam consultó con los militares para confirmar si interpusieron una denuncia por este hecho, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.

Con Solís coincide un guardaparque del Yasuní que accedió a hablar con Mongabay Latam bajo la premisa de ocultar su identidad, por temor a represalias en época de recortes. “Cuando encuentran el mercado para el aprovechamiento de madera, [los taladores] no ven límites y se dan los modos para llegar hasta los puntos donde existe el recurso”, comenta. En el Yasuní existen 45 guardaparques que tienen a su cargo la protección de un millón de hectáreas, con la complejidad que implica la coexistencia de varias nacionalidades indígenas, actividades petroleras y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.

Tala ilegal en Ecuador. Seis camiones que transportaban 203 metros cúbicos de madera de balsa ilegal fueron retenidos el 18 de julio de 2020 en el sector de Puerto Providencia, Shushufindi (Sucumbíos). Justo a un extremo del río Napo, por donde es transportada madera talada de comunidades kichwa. Foto: MAE Sucumbíos.
Seis camiones que transportaban 203 metros cúbicos de madera de balsa ilegal fueron retenidos el 18 de julio de 2020 en el sector de Puerto Providencia, Shushufindi (Sucumbíos). Justo a un extremo del río Napo, por donde es transportada madera talada de comunidades kichwa. Foto: MAE Sucumbíos.

Aunque los guardaparques del Yasuní no han registrado retenciones de madera ilegal durante la emergencia sanitaria, el funcionario entrevistado reconoce que “por esta cuestión de la pandemia no se ha podido movilizar mucho el personal”.

En este contexto de tala en medio de la pandemia, hay especial preocupación por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que podrían ser afectados por las actividades madereras en los territorios waorani de las riberas del río Shiripuno, en la franja de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT). “A lo largo de la historia están registrados los enfrentamientos que han existido entre madereros y pueblos aislados, incluso algunos madereros han sido lanceados, pero no sabemos cuántos de los aislados han muerto a manos de madereros que entran armados a la selva”, sostiene Xavier Solís. Y a eso se suma la construcción de una vía petrolera en el corazón del Parque Nacional Yasuní y al borde de la ZITT. “No es un sendero ecológico, sino una carretera de 4,4 kilómetros que está llegando al lugar donde transitan y viven los pueblos en aislamiento voluntario. Es clarísimo el impacto de la deforestación”, asegura la integrante del Colectivo Geografía Crítica, Amanda Yépez.

Imagen superior: Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizado por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Policía Ecuador.

 


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Biodiversidad  / Impacto  / Reportaje
Informe Planeta Vivo: América Latina y el Caribe enfrentan reducción de especies
RPVRPV Publicado el 14 septiembre, 2020


La región ha sufrido una reducción del 94 % de las poblaciones de animales analizadas para este estudio. La mayor parte de las pérdidas de poblaciones se está registrando en anfibios, reptiles y peces de agua dulce.

 

Ivette Sierra Praeli / Mongabay Latam

 

El planeta se está transformando más rápido que nunca. Las cifras de pérdida de ecosistemas, biodiversidad y degradación que se acaban de presentar en el informe Planeta Vivo 2020 son, nuevamente, una alerta que evidencia cómo se están sobreexplotando los recursos en todo el mundo.

De acuerdo con este informe, de las casi 21 000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios analizados en todo el planeta, el 68 % en promedio muestra un declive, un descenso registrado entre 1970 y 2016.

Planeta Vivo 2020
Latinoamérica y el Caribe son las zonas con mayor pérdida de poblaciones de animales. Foto Rodrigo Durán Bahamón.

En este escenario, las poblaciones de las especies de América Latina y el Caribe están entre las más golpeadas, según el índice de Planeta Vivo. Para ser más exactos, el 94 % ha sufrido una reducción. “La alteración de praderas, sabanas, bosques y humedales, la sobreexplotación de especies, el cambio climático y la introducción de especies exóticas constituyen las principales amenazas”, señala el informe.

“Estamos llegando a un punto de no retorno”, señala Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia y uno de los editores del informe, quien además agrega que la situación más grave se presenta en las especies de agua dulce, anfibios y reptiles.

El informe Planeta Vivo es un estudio bianual elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) que cuenta con la cooperación de la Sociedad Zoológica de Londres (SZL por sus siglas en inglés). “Es un informe que hacemos desde hace 22 años. Empezamos en 1988, buscando obtener una medida de cómo le está yendo a la biodiversidad en el planeta”, aclara María José Villanueva, directora de Conservación de WWF México.

 

Una región en problemas

 

“La biodiversidad de los ecosistemas dulceacuícolas está disminuyendo a un ritmo más rápido que en los mares o los bosques”, precisa Naranjo y explica que la declinación de los reptiles y peces se debe a la destrucción y fragmentación de sus hábitats, principalmente por el cambio de uso de suelo. “América Latina —indica— ha tenido una transformación acelerada a partir de finales de la década de 1960, y esa transformación de los ecosistemas no ha cesado desde entonces”.

Planeta Vivo 2020

La biodiversidad de los ríos se está reduciendo más rápido que las poblaciones de los mares y los bosques Foto: Franco Banfi / WWF.

Según el informe de WWF, de las 3471 poblaciones de agua dulce evaluadas por el índice Planeta Vivo, el 84 % en promedio se ha reducido desde el año 1970, es decir, alrededor de un por año. “La mayor parte de estas pérdidas se están dando entre los anfibios, reptiles y peces de agua dulce en todas las regiones del planeta, pero especialmente en Latinoamérica y el Caribe”, se lee en el documento.

El informe también precisa que, desde el siglo XVIII, casi el 90 % de los humedales del planeta ha desaparecido. “Al afectarse los sistemas de agua dulce no solo afectamos a las especies sino principalmente a nosotros mismos”, comenta Naranjo.

El índice de Planeta Vivo solo recoge datos de especies de vertebrados, debido a que han recibido mayor seguimiento. Sin embargo, los investigadores a cargo de esta evaluación proponen incorporar datos sobre especies de invertebrados. En comparación con el informe de 2018, el reporte de este año toma en cuenta a casi 400 especies nuevas, especialmente anfibios, y 4870 nuevas poblaciones.

“La pérdida de biodiversidad no es una mera cuestión ambiental, sino un auténtico desafío para la economía, el desarrollo y la seguridad global […]. Se trata de una cuestión de autoprotección”, precisa el reporte.

Fanny Cornejo, coordinadora regional del Grupo de Especialistas en Primates para la sección del Neotrópico de la UICN, considera que la reducción de las poblaciones es “una pérdida gravísima, entre otras cosas, por los roles de estas especies en la salud de los ecosistemas”.

Cornejo menciona que algunos de estos efectos no serán visibles de forma inmediata. “Muchas especies pueden haber perdido poblaciones importantes que en estos momentos no pareciera tener un efecto serio, pero está ocurriendo lo que se conoce como ‘deuda de extinción’. Y es cuestión de tiempo para su desaparición”, explica la también directora de Yunkawasi, una organización dedicada a la conservación de especies y hábitats en Perú.

Planeta Vivo 2020
La alteración de los ecosistemas es una de las principales causas de reducción de especies. Foto: Lynn M. Stone / WWF.

Renzo Piana, director de ciencia y conservación de la Sociedad de Conservación del Oso de Anteojos de Perú (SBC por sus siglas en inglés), explica que esta reducción de la diversidad biológica afecta también la provisión de los servicios ambientales que son fundamentales para la supervivencia del ser humano.

“Las personas que viven en zonas rurales dependen directamente de estos recursos cada vez más escasos”, comenta Piana, quien señala que, en general, todas las personas dependen de los servicios ambientales. Piana cita como ejemplo la costa peruana que depende directamente del agua de los glaciares de los Andes —actualmente en retroceso— que se traducirá en millones de habitantes con serios problemas para acceder a los servicios de agua.

“Todo está relacionado con los servicios ambientales, la provisión de agua, la industria, la agricultura. Y estos servicios ambientales están conectados con el mantenimiento de un ambiente saludable”, precisa Piana, quien también se refiere a la importancia de la polinización.

Planeta Vivo 2020
Anfibios, reptiles y peces enfrentan una disminución más grave de sus poblaciones. Foto: Jhonattan Vanegas / Keeping Nature.

El informe recuerda que “la biodiversidad desempeña un papel crucial para el aprovisionamiento de comida, fibra, agua, energía, medicinas y otras materias primas”. El reporte precisa que la biodiversidad resulta clave para la regulación del clima, calidad del agua, la polinización, el control de inundaciones y de grandes mareas.

 

La vegetación que desaparece

 

El informe Planeta Vivo 2020 también alerta sobre la pérdida de vegetación. “El número de plantas extinguidas documentadas es el doble que la de mamíferos, aves y anfibios juntos”, se precisa en el documento.

Planeta Vivo 2020

Se calcula que una de cada cinco especies de plantas está amenazada de extinción. Foto: Mauricio Granados / WWF.

El reporte también hace referencia al estudio Plantas verdes en rojo: una evaluación global de referencia para el Índice de Muestras de Plantas de la Lista Roja de la UICN, publicado en el año 2015, que analizó una muestra de miles de especies representativas de la biodiversidad vegetal global y demostró que una de cada cinco especies (22 %) estaba amenazada de extinción, en su mayoría en zonas tropicales.

“Existe el concepto denominado ‘plant blindness’, que se puede traducir como ceguera hacia las plantas”, comenta Reynaldo Linares, investigador del Instituto Smithsonian para la Biología de la Conservación, en referencia a que percibimos como biodiversidad principalmente a los animales y la mayoría de los estudios están enfocados en esta biodiversidad.

Linares explica que todo está basado en interrelaciones y en el intercambio de materia y energía entre las especies, por lo tanto, si se saca el componente vegetal clave en un ecosistema todo se cae. “La consecuencia última es el colapso”, precisa.

Planeta Vivo 2020
Algunas zonas de la Amazonía aún permanecen bien conservadas. Foto: Instituto del Bien Común.

“Las actividades humanas han ido degradando y destruyendo de forma creciente los bosques, praderas, humedales y otros ecosistemas importantes, amenazando el propio bienestar humano. Hasta un 75 % de la superficie terrestre no cubierta de hielo ya ha sido significativamente alterada”, señala el informe Planeta Vivo 2020.

Iván Arnold, director de la Fundación Naturaleza Tierra y Vida (Nativa), señala que se trata de una realidad totalmente alarmante “por el deterioro del planeta”. Al igual que Linares, Arnold considera que las plantas, a pesar de su importancia, tienen menos protagonismo que otras especies, por lo tanto, destaca que en este informe se haga énfasis en la situación de las plantas silvestres y los bosques.

América Latina y el Caribe también es señalada como la región donde la deforestación y fragmentación del hábitat avanzan de manera acelerada. “La mitad de la causa de la pérdida de diversidad se debe a la pérdida de hábitat”, señala Villanueva de WWF México.

Planeta Vivo 2020
El cambio de uso de suelo y la expansión de la agricultura y la ganadería está provocando la deforestación en América Latina. Foto: Greenpeace.

Naranjo de WWF Colombia señala que el cambio en los patrones de uso de la tierra y el avance de frontera agropecuaria son claves en la deforestación de los bosques y la Amazonía en América Latina.

“Los frentes de deforestación noroccidental y sur oriental de la Amazonía han estado activos. Estamos perdiendo la conectividad entre la Amazonía y Los Andes. La colonización del sur de Brasil también es alarmante. En Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela también se han dado cambios drásticos por la deforestación”, señala Naranjo.

Un poco de esperanza

 

Pese a las cifras alarmantes, el reporte también indica que existen ecosistemas que aún se mantienen prácticamente “sin huella humana”. Entre estos lugares se consideran algunos sectores de la Amazonía sudamericana, principalmente en Brasil. “Aún existen áreas de conservación muy grandes”, comenta Naranjo.

Planeta Vivo 2020
Reducir la curva de pérdida de biodiversidad es un problema que involucra a todos, dice María José Villanueva de WWF. Foto: Jhonattan Vanegas / Keeping Nature.

A esta esperanza se suma Villanueva, quien asegura que existen soluciones que pueden revertir estas pérdidas. “No se trata solo de un tema ambiental, ni de los conservacionistas y ministerios del ambiente, es un problema que involucra a todo el mundo”, agrega la directora de WWF México.

Según el informe, son tres los tipos de intervenciones centradas en revertir esta curva de pérdida de biodiversidad. La primera es el incremento del esfuerzo de conservación que incluye una mayor extensión y gestión de las áreas protegidas, así como más esfuerzos en restauración y planes de conservación a escala paisajística.

La segunda es una apuesta por una producción más sostenible, tanto en la producción como en el comercio de alimentos. Y la tercera se basa en un consumo más sostenible que contempla una reducción del desperdicio de alimentos e incluye cambios en la dieta, con miras a una menor ingesta de calorías de origen animal en los países con alto consumo de carne.

Planeta Vivo 2020
El informe Planeta Vivo 2020 presenta tres caminos para revertir la curva de pérdida de biodiversidad. Foto: Antonio Busiello / WWF USA.

Villanueva recuerda que la pérdida de hábitats y biodiversidad, así como la modificación de ambientes naturales son factores que han propagado enfermedades como el COVID-19. “Para prevenir futuras pandemias tenemos que cambiar y restaurar la relación de la humanidad con la naturaleza”, señala la directora de Conservación de WWF México.

“Son cambios profundos pero esta pandemia ha demostrado que querer es poder, porque hemos visto un vuelco de acciones para atender la emergencia de manera inmediata. Hace años que pedimos acciones para enfrentar el cambio climático, pero estos son lentos. Sin embargo, con un poco de voluntad política se puede lograr”, concluye Villanueva.

 


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Comunidad  / Región
Gavilán maltratado recibió un injerto de plumas y ya retomó su vuelo
RPVRPV Publicado el 14 septiembre, 2020


La travesía de un gavilán cuyas plumas habían sido cortadas, su pico y garras limados para que no pudiera volar. Una mujer lo rescató en San Agustín, luego fue injertado y liberado.

 

Johana González pagó por él para poderlo sacar de una casa en el barrio Siloé del municipio de  San Agustín (Huila), donde lo mantenían en cautiverio.

El ave rescatada fue llevada por Johana a la Estación de Carabineros de ese municipio y de allí trasladada al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Dirección Territorial Sur de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, para que fuera atendido.

El gavilán colicorto (Buteo brachyrus) llegó con síntomas de maltrato. Biólogos y veterinarios diagnosticaron que sufría desnutrición, sus garras y pico estaban limados, las plumas del ala izquierda habían sido mutiladas. Esto indicaba que llevaba un buen tiempo en cautiverio.

Durante 20 días fue atendido y restablecido anímicamente, luego, dada su situación de salud, fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces San Isidro de la Fundación Águilas de Los Andes en la ciudad de Pereira (Risaralda), con el fin de que pudiera tener una recuperación de sus alas.

“Al gavilán colicorto le realizamos un procedimiento que en cetrería se llama imping o injerto de plumas. Durante más de 20 años hemos almacenado plumas en un banco especial para poder realizar estos procedimientos, pues la estrategia que usan los traficantes, de cortar las plumas, les causan a las aves, traumas muy grandes que, de no ser por un procedimiento de implantes, no volverían a volar”, explicó Alexander Ospina, del director de FADA.

También recibió un tratamiento adicional para el mejoramiento de su pico y garras, con el fin de que pudiera valerse por sí mismo, una vez regresara a su hábitat natural, el ave volvió a viajar desde Risaralda al Huila.

Cumplido el tiempo de recuperación, con su injerto de plumas primarias y secundarias en sus alas y cola, el animal fue liberado en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, con el apoyo de del Fuerte de Carabineros de San Agustín.

Ahora el turno de espera es para un gavilán caraca (Caracara cheriway) proveniente del municipio de Villavieja (Huila), que también recibió implante de plumas en el Centro de rehabilitación de aves rapaces San Isidro. El ave se recupera en la CAM, para cuando sus cuidadores consideren que puede retornar a la libertad.

Las aves de presa o rapaces, en su mayoría, están dotadas de gran fuerza en garras y pico, son importantes en el equilibrio ecológico, pues se alimentan de otras especies como ratones, serpientes y de animales muertos, permitiendo controlar la materia orgánica en descomposición.

Fotografías: CAM


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En Cámara  / Fauna
Denuncian crueldad en la industria turística que utiliza delfines en cautiverio
RPVRPV Publicado el 14 septiembre, 2020


“Es un ciclo interminable de crueldad, la cría, captura y comercio de animales silvestres con fines de entretenimiento”: WAP.

 

Más de 3.000 delfines se encuentran en cautiverio en todo el mundo, debido al mercado del entretenimiento para turistas. De estos, una quinta parte se encuentra en El Caribe, Las Bermudas, Las Bahamas y México, este último con 250 delfines, situación que lo ubica entre los 10 países con mayor número de ejemplares bajo estas condiciones de vida. La denuncia es de la organización World  Animal  Protection (WAP), que acaba de publicar “El secreto detrás de su sonrisa”, un audiovisual sobre las afectaciones que trae el cautiverio a estos mamíferos.

Algunas de estas afectaciones son la falta de espacio, la obligación de trabajar para conseguir el alimento, ser protagonistas de espectáculos ajenos a su naturaleza, agresiones entre ejemplares de la misma especie, trabajo fuerte que genera estrés, problemas de piel, agresividad, malas condiciones del agua debido a los químicos con que las tratan, entre otros.

 

Trabajar para comer

 

El cautiverio es alimentado por la industria de viajes y turismo y se sostiene con la compra de boletos, explica Nick Stewart de World  Animal  Protection (WAP). Asegura que la investigación les permitió conocer que “los números que deben realizar los delfines frente al público son versiones exageradas de sus comportamientos naturales o no son del todo naturales. Han sido condicionados para hacer trucos porque saben que recibirán comida”.

El documental informa que además de esto, los  animales sufren por la mala calidad de agua a la que adicionan químicos que en ocasiones pueden traer problemas de piel.

La mayor preocupación de Stwart es la falta de espacio a la que estos animales se ven sometidos, ya que el promedio de las piscinas es de 444 metros, cuando en la vida silvestre tienen un rango entre 100 y 400 km2 para nadar, para vivir.

Cecilia Vega de la Fundación Hagehenbeck y De la Lama IAP, comenta que la diferencia entre una piscina y el mar es una cubeta (un balde). “El cautiverio se caracteriza por no tener un lugar donde esconderse, si hay una pelea entre ellos, no pueden huir y muchas veces estos encuentros son peleas que les causan daños severos o la muerte”.

Lorena López, quien trabajó como entrenadora de delfines durante diez años, cuenta que en el lugar donde ella laboraba había un problema de compatibilidad entre dos delfines, uno de ellos era un macho dominante. Siempre peleaban, uno era acosado por el otro y no tenía como escapar.

“Cuando están expuestos a grandes niveles de estrés por todo el trabajo a que son sometidos; como cualquier ser sintiente y pensante, su forma de sacar todo ese ese estrés es por la frustración y agresividad».

En el audiovisual Lorena dice que comenzó a los 17 años como entrenadora y a lo largo de una década vio como sufrían y en algunos casos morían los delfines: “Era fuerte emocionalmente, llegué a somatizarlo, varias veces me enfermé, ahí fue cuando dije esto no está bien, esto no es amor, no es conservación, no es educación y me retiré». Actualmente se desempeña como defensora de los derechos de los mamíferos marinos.

 

Otros problemas

 

Cecilia Vega de la Fundación Haghenbeck y De la Lama IAP, también reporta que en muchos de estos lugares reproducen a los animales en sus propios delfinarios: «También los venden, los rentan, tienen banco de semen y lo comercializan con otros sitios, es algo que no va a terminar nunca, están reproduciendo constantemente animales de manera inmoral. Sabemos que son muchos más los animales que mueren al año, que las cifras reportadas. Los propietarios de muchos de estos lugares ocultan la información sobre la muerte de los delfines en cautiverio, por algo será”.

Afirma que la gente ve a los delfines y creen que están bien porque hay bonitas instalaciones, lo que no saben es como viven ellos en vida silvestre y eso es lo que hay que mostrarle al público.

El audiovisual asegura que el turismo de entretenimiento con animales como los delfines, es una industria que contribuye poco a la conservación, “es mentira lo que la mayoría argumenta, la conservación. Por el contrario, es un negocio que genera 5,500 millones de dólares al año”.

Sobre lo anterior, Yolanda Alanis Pasini, de Conservación de Mamíferos de México (Comarino) dijo: “Hay que meditar, hay que evitar pagar por el sufrimiento de los animales”.

 


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