Durante la audiencia en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó en contra de esta actividad por considerarla inadecuada y en contravía de las acciones frente a la crisis climática.
Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), oficina permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos OEA, invitó al Congreso de Colombia a prohibir las actividades de fracking en el país.
La exposición de la relatora se dio durante la audiencia realizada este 11 de marzo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, citada a partir de los proyectos de ley que buscan la prohibición del fracking en Colombia.
Afirmó que la emergencia climática que afronta el planeta es cada vez más alarmante y en este sentido, su relación con el fracking genera fuertes impactos de las industrias extractivas:
«Según la Universidad de Cornell el aumento de gases como el metano, en un periodo de 20 años, ha tenido un potencial de calentamiento global 86 veces más que el CO2 cuyos orígenes devienen en un porcentaje importante en las emisiones de gas del fracking, las cuales constituyen más de la mitad de las emisiones de combustible fósil».
Además, expresó que la Comisión en sus monitoreos ha observado afectaciones por el derecho al agua como contaminación de fuentes hídricas, falta de acceso al agua o cortes del servicio a personas en condiciones de pobreza, hecho agudizado con la presencia del COVID – 19. A la audiencia, además de la CIDH, acudieron otros invitados internacionales expertos en el tema de hidrocarburos y fracking.
La decisión del Consejo de Estado
La declaración de la CIDH se da a la espera de una decisión a favor o en contra de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales mediante fracking en el país.
La sentencia corresponde al proceso judicial iniciado por el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte en contra del Decreto 3004 y la Resolución 90341.
Para la Alianza Colombia Libre de Fracking esta técnica debe ser censurada porque contradice la Constitución ecológica de 1991, el Acuerdo de París, el Convenio de Río de Janeiro, la Convención Ramsar, entre otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos: “Los jueces deben controlar la constitucionalidad y legalidad de las normas y deben recordarle a la Rama Ejecutiva que en este país se legisla y se administra respetando los derechos humanos de los colombianos y del ambiente».
Indica la Alianza que “la Rama Judicial, hoy por hoy, constituye una de las últimas esperanzas que tenemos los colombianos para ser escuchados y participar en los asuntos ambientales que nos afectan. A pesar del llamado de dos relatores de Naciones Unidas al Congreso de la República en el sentido de prohibir el Fracking, la aprobación de una ley que lo materialice seguirá siendo una utopía, mientras el legislativo siga siendo, con notables excepciones, portavoz del Gobierno y las corporaciones”.
En comunicado emitido en las últimas horas, esta organización de la sociedad civil indica que las comunidades ribereñas del Magdalena Medio, jóvenes, pescadores, aquellas, y aquellos que han sufrido por más de un siglo la explotación petrolera en su región, fijan todas sus esperanzas en el Consejo de Estado. “Confiamos en que no desaprovechen esta oportunidad única que tienen para tomar una decisión que garantice los derechos fundamentales de las actuales y futuras generaciones y atienda de manera efectiva los llamados de los organismos internacionales, de la academia y de las comunidades, sobre la necesidad de ponerle freno, no a una técnica, sino a un modelo que profundiza la crisis climática, los conflictos ambientales, la degradación de los ecosistemas, la desigualdad y la pobreza. Por su trascendencia ambiental, social y climática, la decisión que está en sus manos, honorables magistrados, es histórica: ustedes podrán guiarnos en el sendero de un nuevo país donde la valoración de nuestra megadiversidad se abra paso sobre los intereses que pretenden atar nuestro destino al modelo que nos tiene al borde del colapso».
