Ratificación del Acuerdo de Escazú, prohibición de fumigación con glifosato sobre cultivos de uso ilícito y freno a la deforestación en la Amazonia son tres de las ocho reivindicaciones a concertar.
Más de cien organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas ambientales, defensoras y defensores de la vida y del territorio, firmaron una especie de pliego ambiental para presentarle al Gobierno en desarrollo del paro nacional.
Nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, el cual ha dejado a la naturaleza como víctima del mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales, y vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes los habitamos, humanos y no humanos: modelos económicos extractivistas y desarrollistas que pretenden implementarse, ahora utilizando como justificación la recuperación económica post pandemia.
En carta abierta advierten no estar de acuerdo con el ‘Gran Diálogo‘ propuesto por el presidente Iván Duque como parte de la búsqueda de soluciones a las protestas.
Con los aprendizajes de la fracasada mesa ambiental de la “Conversación Nacional” del Paro Nacional del 21N de 2019, que no tuvo otro propósito que dividirnos sin llegar a acuerdos o soluciones concretas a nuestras demandas y necesidades, le exigimos hoy al gobierno que no continúe imponiendo su visión, ahora a través de lo que ha denominado el “Gran diálogo”, con el que se mantiene oídos sordos a los cambios estructurales que millones de colombianas y colombianos estamos reclamando en las calles y en las ruralidades.
Exigen que cualquier escenario de diálogo entre los sectores populares y el gobierno nacional debe ser: amplio, transparente y enmarcado en el respeto por el derecho fundamental a la vida, con garantías reales al desarrollo de la protesta y, fundamentalmente, cesando la masacre promovida por la fuerza pública, la cual, hasta el 10 de mayo ha tomado la vida de 52 personas, 435 personas desaparecidas, 15 casos documentados de violencia sexual y 1365 detenciones arbitrarias todo el país, según datos de la campaña Defender La Libertad.
Manifiestan su apoyo a la movilización que se realiza desde el 28 de abril, a la protesta en el Valle del Cauca, a Cali y a la Minga Indígena, por lo que piden se investigue y judicialice el ataque perpetrado por civiles, policiales y militares a la Guardia Indígena del Cauca, el pasado 9 de mayo en Cali, donde varios ciudadanos fueron heridos. Al tiempo rechazan el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes que ha dejado víctimas en la fuerza pública.
Las peticiones
Afirman que en un primer ejercicio de construcción colectiva y retomando aportes del paro de 2019, identificaron las luchas más importantes del ambientalismo y generaron un pliego ambiental de ocho puntos:
- Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza, en el país que según Global Witness lidera la cifra de ambientalistas asesinados. Exhortamos además al Congreso a la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.
- Prohibir la aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito, garantizando la implementación de los puntos 1. Reforma Rural Integral y 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz, que permitan la dignificación de la labor y los proyectos de vida de quienes trabajan la tierra para la seguridad y soberanía alimentaria, a partir de prácticas agroecológicas, protegiendo las semillas como bienes comunes y reconociendo la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
- Detener de manera urgente la deforestación y frenar su principal foco de avance en la Amazonia. Evitando la expansión de la frontera agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma africana y otros hacia áreas protegidas (jurídicas como comunitarias), sin que eso implique la militarización de las zonas de protección ambiental y la criminalización del campesinado.
- Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en el territorio nacional, como los que se pretenden hacer en el Suroeste Antioqueño, el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano y Cajamarca, Tolima, que generan impactos irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se viven actualmente en la explotación de carbón en La Guajira y Cesar ante el inminente cierre.
- Prohibir el fracking, la explotación de yacimientos no convencionales y de nuevos yacimientos costa afuera; sustituir en el corto plazo la explotación de combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas termoeléctricas para avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente ante la emergencia climática.
- Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación, autonomía territorial y decisión de las comunidades sobre el destino de sus territorios.
- Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, océanos, glaciares, páramos, etc) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua.
- Desescalar el avance de megaproyectos hidroeléctricos, de turismo, navegabilidad, puertos e infraestructura, que puedan impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades de su entorno.
La carta está firmada por: Movimiento Nacional Ambiental, Alianza Colombia Libre de Fracking, Extinction Rebellion Colombia, Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Censat Agua Viva, Corporación Compromiso / Santander, Corporación Regional Yariguíes, Comité Ambiental en Defensa de la Vida / Tolima, Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán / Santander, Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio del Cauca / Caucal, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y Red por la Justicia Ambiental en Colombia. En total son 154 organizaciones nacionales, regionales y locales dedicadas a la protección de los recursos naturales, que han firmado hasta el momento.
Información actualizada
