Perenco es la petrolera que más ha sancionado la autoridad ambiental Corporinoquia. Sus afectaciones han sido hacia la flora, la fauna y la vida humana principalmente en el Casanare.
Catalina Sanabria Devia/Mongabay Latam-Rutas del Conflicto
Perenco es una compañía anglo francesa que posee más de tres mil pozos petroleros distribuidos a lo largo de 14 países. Sus actividades en Colombia iniciaron oficialmente en 1993, pero los activos de Aquitaine Colombia S.A que adquirió en la Cuenca de los Llanos estaban en operación desde los setentas. En 2014, la empresa también compró Petrobras, incluyendo 11 bloques de exploración y producción en tierra. Así, con los años, Perenco se ha abierto camino en el país, llegando a producir hasta 21 mil barriles de petróleo por día calendario.
Según datos otorgados por Corporinoquia, debido a daños al medio ambiente la empresa ha sido sancionada con multas monetarias que superan los 547 millones de pesos colombianos, lo que actualmente equivale a más de 144 mil dólares. Los tipos de afectaciones ambientales por las que estas multas se dictaron tienen que ver con contaminación del suelo, vulneración a la normativa ambiental y desvíos o acaparamiento de agua.
La de mayor valor fue por alrededor de 47 mil dólares. El 2 de agosto de 2019, Corporinoquia emitió un fallo en instancia final penalizando a Perenco por afectación al recurso hídrico, pues habría vertido aguas residuales y captado aguas subterráneas para uso doméstico en la Hacienda Guarataro, cerca al casco urbano de Yopal.
Hernán, cuyo nombre fue cambiado para mantenerlo en el anonimato y garantizar su integridad, es un líder comunal formado en temas medioambientales que asegura haber sido perjudicado directamente por Perenco. En sus tierras se encuentran varios pozos petroleros que, según él, han afectado el aire de su finca. El olor a hidrocarburos es bastante fuerte y perceptible debido a la quema de gas que sale de los pozos profundos a través de una tubería. Además, los generadores producen tanto ruido que a pesar de que Hernán ha pedido que se ponga una barrera auditiva con árboles, señala que Perenco no ha tomado la iniciativa.
También denuncia que la construcción de una pista de aterrizaje sobre el cauce hídrico del caño tradicional y popularmente conocido como “Mojaculos” ha envenenado el agua con el crudo que se saca de cada pozo y se transporta. “Se llenan los canales perimetrales de químicos y en invierno, con la lluvia, se rebosan e inundan mis tierras. Eso me ha ocasionado pérdidas de cultivos de arroz, plátano, yuca, todo. También muchas otras fincas se alimentan del caño y cuando llega el agua, está contaminada”, expresa.
Según Hernán, esta pista de aterrizaje construida en los 90 por Perenco también ocasionó la pérdida de fauna en zonas aledañas al municipio de Aguazul. “Iguanas, venados, especies de río nativas como las guavinas o los curitos practicamente han desaparecido, ya no se ven. El cambio ha sido impresionante”, sostiene.
La defensa por el territorio
La Fundación La Palmita es una organización que nació en el municipio de Trinidad. Desde hace ocho años trabaja en la Orinoquia y se está expandiendo hacia la región amazónica. Esta organización se enfoca en el reconocimiento de la biodiversidad, los mercados verdes, el fortalecimiento de capacidades ambientales comunitarias y programas de manejo de recursos hídricos. También tiene un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencias de la Tecnología y la Innovación.
Su directora, Carolina Mora, afirma que Perenco ha sido una de las empresas más antiguas y estables en el Casanare. La mayoría de sus pozos petroleros han permanecido bajo su concesión, a diferencia de otros que adjudica la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que con el tiempo son vendidos entre distintas compañías. Perenco ha sido la excepción porque es la única petrolera de Casanare que tiene oleoducto.
En el departamento la compañía ha firmado varios contratos, uno de ellos llamado Yalea. Otros cinco han sido de colaboración con Ecopetrol, denominados Casanare, Estero, Garcero, Corocora y Orocué. Con la ANH, la empresa tiene tres convenios por los bloques Oropendola, Balay y Cerrero. Según el Atlas de Justicia Ambiental, la adjudicación de varios de estos campos petroleros por parte de la ANH ha generado gran impacto en el departamento.
Ante ello distintas comunidades se han organizado por la defensa del territorio. En noviembre de 2018, por ejemplo, indígenas del Resguardo El Duya se declararon en resistencia pacífica por la falta de reparación y respuestas de Perenco frente al derrame de petróleo en el caño Ocumo, municipio de Orocué, ocurrido en 2014. Esta fuente hídrica servía de sustento para la comunidad indígena y aseguran que el crudo la contaminó. Según relató el medio local Prensa Libre Casanare, el derrame pudo deberse a la acumulación de gases en la tubería que terminaron presurizándola.
Por su parte, desde el 15 de diciembre de 2020 y durante varias semanas, habitantes de los municipios Trinidad y Paz de Ariporo se reunieron para protestar en contra de Perenco e impedir el acceso a su bloque petrolero ‘Caño Garza’, de fuerte influencia en la zona y que ha estado activo por alrededor de 40 años. Esta fue la medida a la que tuvieron que acudir, pues aseguraban que Perenco no había atendido a sus quejas y solicitudes.
Con arengas como “no hay escasez de recursos, hay escasez de conciencia”, decenas de familias exigieron el pago de compensaciones por modificación del paisaje. Alejandro López, diputado de la asamblea del Casanare, explica que durante la construcción de vías cercanas al bloque petrolero ‘Estero A’, ubicado en la vereda Centro Gaitán, Paz de Ariporo, se perjudicó el hábitat de muchas especies como el Hydrochoerus hydrochaeris, el chigüiro.
Carolina Mora y el diputado López concuerdan en que el problema es que las petroleras toman decisiones con sus consultores y expiden licencias desde Bogotá sin tener en cuenta las necesidades del territorio. “Las comunidades buscamos que esas inversiones se hagan pero que no se construyan afuera en un escritorio, sino que sea de manera conjunta. Ese es el llamado que se hace en los paros y manifestaciones”, expresa la directora de la fundación.
Tal como cuenta Hernán, desde 2002 existen los Autos de Requerimiento expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con los cuales se hace un recuento de las infracciones al cumplimiento ambiental ICA y se les da término a las empresas para solucionar sus problemas. “Los de Perenco, desde el primero hasta el del 2020, todos dicen lo mismo: riego de material contaminado, utilización de pozos como desagüe, falta de permisos, etcétera. Ahora tienen cuatro procesos abiertos, pero ahí siguen, no pasa nada”, afirma.
Falta de voluntad
El diputado Alejandro López también menciona que las empresas, por voluntad propia, no responden por sus acciones, mucho menos si el Estado no hace presencia en el territorio y no hay autoridades ambientales que las supervisen y sancionen. Un caso es el del 18 de mayo de 2017, cuando se dio un vertimiento de petróleo de Perenco en la vereda Sirivana, en Nunchía. Caracol Radio informó que, por el presunto desgaste en la infraestructura y su falta de mantenimiento, se rompió el tubo del oleoducto entre las estaciones Barquereña y Araguaney.
Aunque la compañía debió informar sobre el suceso dentro de las 24 horas siguientes al mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó que Perenco lo reportó a Corporinoquia y a la ANLA hasta cuatro y cinco días después de lo ocurrido. Tal como relata Caracol Radio, la lluvia de esos días hizo que el petróleo se esparciera aún más y llegara hasta el caño El Espino. Aunque en la zona no habitaran tantas familias, el agua para su uso y sus cultivos de arroz se perjudicaron. Entre más tiempo transcurre sin que se informe y se contenga el problema, más graves pueden ser las afectaciones.
Trabajo no hay, indemnización tampoco
La protesta de Trinidad y Paz de Ariporo en 2020 también se refirió a las afectaciones sociales por parte de Perenco. “Que llegue una industria de hidrocarburos a una región netamente ganadera y campesina, indudablemente impacta el relacionamiento entre comunidades. Empiezan a haber disputas por las ganancias que deja este tipo de empresas, cambia la forma de pensar la vida y hay conflictos por las pocas oportunidades que se les da a la gente”, sostiene Alejandro López.
En 2014, por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Tesoro de Bubuy, Milton Cárdenas Sanabria, interpuso una queja en contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo, pues aseguraba que Perenco no estaba cumpliendo los acuerdos de contratar a personas, estuviesen calificadas o no. Como se lee en el documento del reclamo, le correspondía al Tesoro de Bubuy un 50% del personal, a Coralia el 30% y a Salitico el 20% restante, todas ellas veredas del municipio de Aguazul que están en el área de influencia de la petrolera. Hernán cuenta que en 38 años Perenco no ha patrocinado la formación profesional de ningún habitante del Tesoro de Bubuy para que trabajen en su empresa.
La Fundación la Palmita tampoco ha podido obtener contratos con ninguna compañía de hidrocarburos. Aunque esta sea de la zona, de una familia casanareña y con reserva natural, no se le ha dado la opción de trabajar en el sector de compensaciones ambientales. “Las petroleras tienen intereses propios y es muy difícil mediarlos. Nosotros reconocemos que las personas de la región tienen un conocimiento igual de valioso que el de quienes llegan y entre todos podemos buscar la mejor manera para solucionar necesidades. Las empresas tienen que hacer propuestas construidas con las comunidades desde el ámbito técnico, científico, financiero, de gobernanza, etcétera. Deben tener en cuenta a las organizaciones y empresas locales y contratar gente del territorio”, menciona la directora.
La inversión social, con la que se remunera a la gente por el hecho de que las actividades industriales se desarrollen en su territorio, está regulada por el acuerdo 005 del 2011, emitido por la ANH. En un inicio se daba de forma voluntaria, pero ahora es obligatoria: “Todas las petroleras están corriendo a invertir porque les toca o los multan, y terminan debiéndole más al país”, dice Carolina Mora. A pesar de esto, de 2014 a 2016, Perenco no cumplió con los pagos a la comunidad que debía entregar en los municipios de Trinidad y Paz de Ariporo.
Además Mora afirma que, como Perenco posee oleoducto propio, no aporta al mantenimiento de vías y no solicita un servicio de transporte a la comunidad como si lo hacen otras petroleras. Las veredas, cansadas de que no se les tenga en cuenta para tomar decisiones sobre las actividades que les afectan como territorio, tomaron la decisión de hacer la mencionada movilización a finales de 2020. Una de las solicitudes del pliego presentado en la mesa de concertación entre Perenco y la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo contempla un pago anual por parte de la empresa de 570 salarios mínimos, lo que en la actualidad sería equivalente a aproximadamente 152 mil dólares, para distribuirlos en estas zonas afectadas.
Después de 44 días de manifestación pacífica se pudo llegar a algunos acuerdos y compromisos que la petrolera ha cumplido parcialmente. Por ejemplo, mejoró la vinculación de mano de obra local. “Esto se logró gracias a mucha presión social, no ha sido fácil. De cierto modo ganó la comunidad porque luchó por exigir equidad social y se unificó en torno a un extraño, a un mal vecino como lo es Perenco”, asegura López.
¿Nexos paramilitares?
En sus declaraciones ante la justicia, Nelson Vargas Gordillo, ex integrante de las Autodefensas Unidas del Casanare, señaló a Perenco de apoyar y financiar al grupo armado. Según cuenta El Espectador, Vargas afirmó que entre 2001 y 2002 la empresa les aportaba mensualmente a los paramilitares barriles de gasolina, les colaboraba en la restauración de vías y les pagaba 500 mil pesos por cada camión de crudo que escoltaran. Tras la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2016, se exhortó a la Fiscalía para investigar a la empresa por nexos paramilitares.
Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, señalado como narcotraficante y presunto jefe de finanzas del Bloque Centauros, testificó: “me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales (…) yo le manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se los fuera a tomar. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera, en un municipio que se llama Paz de Ariporo”.
En 2015 el líder ambiental de Trinidad, Daniel Abril Fuentes, fue asesinado por actores armados no identificados. Según ha documentado Rutas del Conflicto, el crimen podría estar relacionado con el liderazgo de Abril frente a procesos que buscaban comprometer a las empresas petroleras Ecopetrol y Perenco en cuanto a sus perjuicios al territorio. A pesar de estos hechos y testimonios, Perenco no tiene sentencias por parte de la Fiscalía y sigue operando con normalidad en el Casanare.
Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a Corporinoquia para obtener información sobre comunidades afectadas y las resoluciones de sus multas a Perenco. Sin embargo, la respuesta no fue detallada ni profunda. La entidad envió una tabla con datos con los que ya se contaba. También buscó por distintos medios lograr una entrevista con Perenco pero no se logró establecer contacto con ningún funcionario de la empresa.
Imagen principal: Comunidad de influencia del bloque petrolero Caño Garza unida en protestas contra Perenco. Imagen cortesía de Martha Cifuentes.
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