agosto 2022

Impacto

Las deudas ambientales de Duque y los retos del gobierno Petro

RPV Publicado el 26 agosto, 2022

David Tarazona / Mongabay Latam

“Lo que hoy nos demuestran las cifras es que el gobierno del presidente Duque cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia, que había logrado su pico más reciente en el año 2017 con 219 552 hectáreas deforestadas”, dijo el exministro de Ambiente Carlos Correa en julio de 2022.

No obstante, especialistas como el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez consideran que la política en materia de deforestación de Duque fue un fracaso. Con una deforestación de 700 mil hectáreas durante su cuatrienio, la problemática empeoró en un 5 % durante el gobierno de Duque en comparación con el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Gustavo Petro se comprometió a reducirla como uno de los puntos de su decálogo de objetivos estratégicos.

La pérdida de bosque es uno de los muchos puntos resaltados por expertos, organizaciones ambientales y exfuncionarios entrevistados para este artículo que analiza lasdeudas del gobierno de Duque y los retos que tendrá que enfrentar el gobierno entrante.

Los pendientes y desafíos en la deforestación

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez fue tajante en su evaluación: “Colombia en los últimos ocho años ha fracasado en el tema de la lucha contra la deforestación. Decir que se tuvo mucho éxito cuando lo que se hizo fue estacionarla (la deforestación), entre 170 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”.

Nicola Clerici, investigador académico de la deforestación en Colombia y conocedor de la importancia del corredor biológico Andes-Amazonía, también se refirió a la pérdida de bosque y cuestionó las cifras presentadas recientemente por el exministro de Ambiente Carlos Correa. “El IDEAM maneja un modelo de escenarios futuros de la deforestación que es como una caja negra, no es de fácil acceso entender cómo se ha construido y cuáles son los intervalos de incertidumbre asociados. El exministro Correa dijo: ‘contuvimos la deforestación (en 2021)’, pero yo no estaría tan feliz. Las cifras son en términos absolutos muy altas. Más allá del modelo del Gobierno, esto no representa un éxito”, dice el investigador de la Universidad del Rosario.

Una de las medidas del Gobierno Duque con las que trató de reparar la deforestación fue la siembra de 180 millones de árboles, iniciativa que fue anunciada en 2019. De esa meta, lograron sembrar 143 millones de árboles, es decir un 80 %.

Pero, según refiere el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, este programa tiene sus falencias. Primero, en su opinión, combatir la deforestación debería ser el primer objetivo, antes que la siembra. “Sí, yo creo que es la prioridad, si un país tiene recursos escasos (como Colombia), tiene que dedicarse a combatir la deforestación totalmente. Porque un bosque amazónico o de buena salud que se pierde, es irreversible. Se puede hacer seguramente alguna restauración, pero el bosque que va a restaurarse, pues no va a ser equivalente al que existía”. Y resalta, además, que la siembra no estaría siendo priorizada en las áreas de mayor deforestación o de bosques en vía de extinción, a lo que Silvia Gómez, directora de la organización Gaia Amazonas, añade que no hay que perder de vista que el número de árboles sembrados es mucho menor al de los deforestados.

En 2019, Duque anunció la que sería su principal política contra la deforestación, la operación militar y judicial Artemisa. Pero al cierre de su gobierno, los efectos de la operación han sido limitados, según los especialistas. “La operación Artemisa no ha dado significativamente con los grandes deforestadores, que tienen conexiones políticas en el territorio. Se ha ido sobre todo por los pequeños colonos, que son responsables pero en menor medida”, asegura Nicola Clerici.

Silvia Gómez de Gaia resalta que el enfoque punitivo de la operación Artemisa no es suficiente. “Se requieren acciones diferenciadas, preventivas, que pongan en el centro la coordinación de comunidades indígenas y pueblos que están en el centro de la deforestación. No ataca el origen del problema”.

La operación también tiene cuestionamientos por posibles violaciones de derechos humanos. Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y dirigente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), dijo en una entrevista con Mongabay Latam que la operación Artemisa los está victimizando. “Por la operación Artemisa está capturado un gobernador indígena. Está en la cárcel todavía. El presidente Duque lo señaló de ser el más grande deforestador en San Vicente del Caguán. Es un montaje”, indica Garay.

Ahora esta deuda la hereda el gobierno de Gustavo Petro. La deforestación es sin duda el gran reto, destaca Rodríguez, por ello recomienda a la nueva gestión empezar por “examinar con mucho cuidado las causas o cuáles fueron las debilidades de la política antideforestación del gobierno Duque y del gobierno Santos. La ventaja del nuevo gobierno es que en la cúpula del Ministerio (de Ambiente) hay gente que sabe por primera vez en años”.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), dijo que dado que la ganadería y el acaparamiento de tierras son un factor clave de deforestación en la Amazonía colombiana es necesario que el nuevo gobierno impulse el seguimiento a la cadena de suministro del ganado colombiano. “Es la posibilidad de hacerle seguimiento a la cadena cárnica o láctea desde el sitio de origen hasta su disposición final en la cadena comercial, lo cual permite saber si en algún momento se utilizan áreas deforestadas o que se deforesten, lo que les debería generar un impedimento legal para comercializar y una sanción”. Al respecto, hay un proyecto de ley de los representantes Juan Carlos Losada y Julia Miranda que busca impulsar el tema de la trazabilidad en la ganadería.

¿Áreas desprotegidas?

Una semana antes de dejar el Gobierno, el exministro de Ambiente Carlos Correa tuiteó: “Colombia ya cuenta con más del 30 % de sus áreas marinas y terrestres protegidas y conservadas”. Esto iba en línea con uno de los compromisos de Duque asumidos ante la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, y es que cada país declare como protegidas al menos el 30 % de sus áreas marinas y terrestres.

Sin embargo, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez cuestiona nuevamente estos supuestos logros. “Hay información falsa. Es cierto que Colombia ya cumplió la meta para el año 2030 en áreas marítimas. En lo continental, las que se crearon (para llegar al supuesto 30 %) fueron unas áreas complementarias que son distintas a las áreas protegidas. En Colombia, las únicas áreas protegidas son los parques naturales nacionales y los santuarios de flora y fauna. Es una farsa”.

También conversamos con la ex alta consejera presidencial para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático del gobierno de Santos y actual directora de la Fundación Malpelo, Sandra Bessudo, quien celebró la ampliación de las áreas protegidas marítimas. “Hay zonas que para mí se debieron haber creado como zonas de no pesca, que quedaron como de pesca y lo digo basados en la información científica. Se hizo un gran esfuerzo en la ampliación de áreas marinas protegidas y en la consecución de recursos financieros para apoyar la implementación de estas. La implementación, ese reto, ya le queda al gobierno Petro y las entidades ambientales, particularmente a Parques Nacionales”.

Manuel Rodríguez duda de la implementación. “Existe un muy bajo control de Colombia sobre sus áreas (protegidas). En las zonas costeras hay un manejo muy insuficiente que vea todo el tema de control y vigilancia de la pesca. ¿Quién va a vigilar esas áreas marinas?, ¿con qué recursos? Yo creo que el presidente por mostrar resultados, se precipitó a crear todas las áreas marinas y que, estratégicamente, eso fue un error”.

Si bien para Nicola Clerici, investigador de la Universidad del Rosario, fue bueno ampliar las áreas continentales, le preocupa que se trate de una protección más en el papel. “Pensamos, por ejemplo, en el Parque Natural Nacional Tinigua, con altas tasas recientes de deforestación, nadie lo está controlando de manera efectiva. Y hay situaciones parecidas que se verifican en el PNN Catatumbo o Sierra de la Macarena, entre otros. No se está invirtiendo en un manejo efectivo del parque”, señala el experto, quien resalta la falta de vigilancia y control como un grave problema.

Por eso, el tema de las áreas protegidas presenta importantes retos para el gobierno entrante. Rodríguez marca como punto de partida la urgencia de fiscalizar: “En primer término, deben asegurar el control estatal sobre los parques nacionales que hoy no lo hay en al menos nueve de los once parques naturales de la Amazonía. No hay presencia del gobierno porque los expulsaron las fuerzas subversivas”.

Protección de líderes sociales y ambientales

De acuerdo con los especialistas, el gobierno de Petro inició con el pie derecho sus políticas en materia de protección de los líderes ambientales. Antes de la posesión de Petro, la bancada de Gobierno en el Senado aprobó en segundo debate el Acuerdo de Escazú, cuyo uno de sus principales objetivos es la protección de la integridad de defensores del medio ambiente. Este acuerdo había sido rechazado por la bancada del uribismo en el Congreso durante el cuatrienio de Duque.

También, el sábado 27 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro anunció el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en Cauca, una iniciativa entre el Gobierno, congresistas, las fuerzas policiales y militares, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por reducir la violencia contra líderes sociales.

Esta política para proteger a los líderes se ha construido de la mano de la sociedad civil. Un documento titulado Plan de Emergencia, coordinado por la organización Somos Defensores, ha sido socializado con el Gobierno y este lo ha acogido. La coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro, se mostró esperanzada en la llegada del nuevo gobierno y espera que los líderes sociales puedan recuperar la confianza en la institucionalidad.

Esta confianza se perdió durante el Gobierno Duque. Entre 2016 y 2022, según Indepaz, el país ha visto1341 agresiones contra líderes sociales, 329 masacres y 337 ataques a firmantes del Acuerdo de Paz. “Durante los cuatro años del gobierno Duque, los espacios de interlocución que había para discutir estos temas quedaron de lado. No hubo un diálogo fluido con el gobierno para analizar conjuntamente la situación y qué medidas tomar. Además, los órganos de control, de alguna manera estuvieron tomando partido hacia los planteamientos del gobierno, hablo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Se constató un comportamiento negacionista de parte de las autoridades para asumir la gravedad de la situación”, precisa Lourdes Castro.

También criticó el enfoque militarista. “Durante el pasado gobierno la respuesta fue la militarización. Esta por lo general lleva a que en muchos casos se eleven los riesgos y la vulnerabilidad de los liderazgos en vez de la protección”, indica la coordinadora de Somos Defensores.

Volviendo al nuevo gobierno, Castro se muestra positiva. “Habrá un trabajo del gobierno Petro con representantes de las organizaciones sociales, en territorios priorizados, con autoridades indígenas y afro. Por ejemplo, que se reivindique en los planes de acción las guardias indígenas”, complementa Castro.

Precisamente, entre los mayores defensores del medioambiente y los bosques en Colombia están los pueblos indígenas. El líder indígena Carlos Garay, de la OPIAC, nos dio su balance de la era Duque: “Como pueblos amazónicos, vemos con mucha preocupación la desprotección de los territorios indígenas y de sus líderes durante el gobierno de Iván Duque. Los indígenas amazónicos que estamos considerados protectores de la Amazonía colombiana y sus dirigentes que interlocutarían como autoridades tradicionales hacia el Estado colombiano fueron prácticamente desconocidos por el gobierno anterior. No hubo una estrategia de protección”.

También hizo un balance de cifras de indígenas asesinados y agresiones. “Tuvimos un docente asesinado en Caquetá, más de 12 compañeros indígenas asesinados en el Putumayo, incluido el gobernador del pueblo kichwa muerto en la vereda alto remanso, de Puerto Leguízamo, en una aparente ejecución extrajudicial. Cuatro compañeros asesinados del pueblo awa en Nariño, que también ha sido víctima en Putumayo. Un compañero awa que está desaparecido por la misma fuerza pública. En total en la Amazonía, hubo 13 personas asesinadas”. También mencionó que hay comunidades indígenas en confinamiento, que ni pueden ir a comprar utensilios por órdenes de los grupos armados ilegales.

El líder indígena además aseguró que tienen expectativas en el nuevo gobierno. “Tenemos una esperanza. Se debe crear política de protección al medio ambiente, consolidar una estrategia de trabajo entre el Gobierno y los pueblos indígenas”.

Delitos ambientales y economías ilegales

El representante de la OPIAC, Carlos Garay, denunció cómo el gobierno anterior no hizo mayor esfuerzo para contener la minería ilegal en la Amazonía colombiana, particularmente en Inírida, Guainía. “La minería ilegal en los territorios se incrementó y realmente no hubo tampoco una política de Estado que combatiera la minería ilegal. No sabemos cuál fue la intención del gobierno, siempre los operativos militares iban en contra de casi de la minería tradicional. Pero contra los grandes mineros nunca se combatió. Esto perjudicó mucho a los territorios indígenas”.

Manuel Rodríguez también dijo que el gobierno de Iván Duque no redujo el problema, pero admitió que se trata de una problemática regional y alimentada por el precio internacional del oro. “Se avanzó muy poco. Hay que reconocer que el problema está descontrolado en América Latina en general. El mismo problema lo encuentras en Perú, en Brasil. Es una actividad altamente rentable y a diferencia de la coca, se comercializa legalmente. Los proyectos de trazabilidad del oro han fracasado”, precisó el exministro, quien además se declaró escéptico frente a las soluciones para combatir el narcotráfico o la minería ilegal, ya que dependen de dinámicas globales.

Rodríguez también resaltó los retos que representan los cultivos ilícitos y la economía del narcotráfico. “Colombia sigue atrapada en la tragedia que ha estado más de 40 años, la de los cultivos ilícitos”, dijo Rodríguez. Además relacionó los asesinatos de lideres sociales a retaliaciones o represalias de grupos armados ilegales.

Volviendo al tema de la minería ilegal, aunque el gobierno de Petro parece decidido a combatirla, las técnicas mencionadas han sido criticadas por especialistas que las consideran de antaño. “Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata”, dijo Petro ya como presidente. El líder indígena Carlos Garay dice que esa estrategia es problemática: “Yo viví una experiencia en el departamento de Caquetá, donde combatir la minería ilegal era bombardear las balsas mineras o las dragas sobre los ríos, lo que hacía esto era contaminar más porque al bombardear la balsa, todo el combustible que se derramaba caía sobre el río Caquetá. La fuerza pública nunca admitía que ese combustible había contaminado el río”.

Petro además ha propuesto para evitar que la minería ilegal de oro sirva como lavado de activos, que haya de por medio un solo comprador de oro, que sería el Banco de la República.

Otra economía ilegal de alta relevancia fue señalada por Rodrigo Botero. Se trata del acaparamiento de tierras como factor de deforestación, fenómeno que necesita ser enfrentado y que el reciente fallo de la Corte Constitucional presenta un reto para el Gobierno de Petro. “Mientras no haya asignación de baldíos masiva y rápida, como lo declara el fallo de la Corte Constitucional, para generar derechos sobre las poblaciones campesinas, que son las más afectadas por esta indefinición jurídica, el mercado de tierras informal e ilegal va a seguir presionando para el tema de la deforestación porque es un gran negocio. Las relaciones que hay que generar inmediatamente son los derechos de comunidades campesinas de manera masiva y rápida que además mantenga la característica de reserva forestal, es decir que el único uso posible (de las tierras otorgadas) sea el mantenimiento de la cobertura forestal”.

Consulta previa y licenciamiento de proyectos

Otro aspecto importante a analizar es el de las consultas previas a pueblos afro e indígenas para proyectos extractivos en sus territorios, así como el tema de las licencias que se otorgan para la explotación de los recursos. Para el líder indígena Carlos Garay, el marco actual no es suficiente. “Lo que queremos realmente es una política de protección de la Amazonía directa con los pueblos indígenas, que haya un reconocimiento de la autoridad ambiental indígena”.

Silvia Gómez le recomendó a la administración Petro trabajar de la mano de los pueblos indígenas, proteger sus territorios y la consulta previa. “Yo no me atrevería a decir que (el reconocimiento de los pueblos indígenas) sea tan coyuntural como que lo haya empeorado el gobierno saliente, ni lo pueda solucionar el gobierno entrante. Es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano hace mucho tiempo, pero sin duda es una de las cosas pendientes que tiene el gobierno Petro es realmente asumir y ajustar la institucionalidad para implementar la descentralización efectiva y el reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales como gobierno autónomo en su territorio. Los gobiernos indígenas realmente pueden ser gobiernos autónomos y eficientes. Ya hay gobiernos indígenas sobre el 24 % de la Amazonía que mantienen casi que el 95 % o más de los bosques en pie. Ya están haciendo su parte. Se requiere realmente entender que los gobiernos indígenas son un actor clave”

Según Manuel Rodríguez, el tema de licenciamiento de proyectos fue manejado de manera correcta por el gobierno saliente. “Durante la administración Duque, se fortaleció la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Uno ve que esa agencia archivó dos solicitudes de licencia ambiental en Santurbán y otra en Jericó”, puntualizó Rodríguez.

Energías renovables, petróleo y fracking

Manuel Rodríguez se mostró favorable respecto a los resultados de Duque en materia de desarrollo de energías sostenibles como alternativa a los combustibles fósiles. En esta área, el gobierno Duque asegura haber triplicado en 15 meses la capacidad de energías renovables no convencionales, es decir eólica y solar. En magnitudes de capacidad energética, dice que antes de su gobierno el país tenía 60 megas y lo dejó con 2250. También celebró haber dejado 27 proyectos de energías limpias comprometidos por $16 billones de pesos colombianos (3687 millones de dólares) para “energías eólica, fotovoltaica y 9 líneas de transmisión”.

Respecto a la intención de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera por parte del gobierno de Petro, Rodríguez no está convencido. “Estoy en desacuerdo con eso. Obviamente en Colombia hay que disminuir el uso de combustibles fósiles como parte del proceso de descarbonización de la economía, es absolutamente clave en el sector transporte. Pero eso es distinto al negocio de exportación. Colombia debe seguir vendiendo petróleo porque tiene muchas necesidades que resolver”.

Sobre una de las primeras medidas del gobierno Petro de impulsar un proyecto de ley que prohíba el fracking, Silvia Gómez de Gaia celebró la decisión. “El Gobierno (Duque) fue muy terco en persistir en una propuesta de proyectos pilotos de fracking, a pesar de que está absolutamente comprobado que es una práctica cuya fracturación hidráulica genera muchísimas consecuencias en fuentes de aguas subterráneas y que genera movimientos sísmicos incontrolados”.

Incendios en la Amazonía colombiana. Febrero 2022. Foto: FCDS.