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Mundo
Descubren en Argentina un ave que convivió con los últimos dinosaurios
RPVRPV Publicado el 24 enero, 2023


Los fósiles de la nueva especie, bautizada como Yatenavis ieujensis, fueron encontrados por científicos del CONICET en rocas de 70 millones de años.

 

DICYT

 

Un equipo de paleontólogos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET dio a conocer el reciente hallazgo en la Provincia de Santa Cruz de restos de una nueva especie de ave de alrededor de 70 millones de antigüedad. Se trata de un ave pequeña, del tamaño de un gorrión, perteneciente al extinto grupo de los enantiornites.

El fósil fue encontrado a comienzos de 2022 en la Estancia La Anita, ubicada a pocos kilómetros al sur de El Calafate, en donde aflora la Formación Chorrillo. La nueva especie, bautizada como Yatenavis ieujensis, se describe en la revista especializada Cretaceous Research.

Los enantiornites son un grupo de aves antiguas que, a diferencia de las aves modernas y al igual que los dinosaurios, no logró sobrevivir al meteorito que cayó en la Tierra hace unos 66 millones de años y que produjo lo que conoce como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Sin embargo, antes de extinguirse, este grupo de aves, que se diferencia de las actuales principalmente por características primitivas como la presencia de dientes y de manos con garras agudas, alcanzó un importante grado de diversificación que se desplegó a lo largo de todo el Período Cretácico, dando lugar a especies voladoras, acuáticas, e incluso buceadoras, algunas de las cuales superaron la envergadura de un ganso.

No obstante, dada la naturaleza frágil de sus huesos, los restos conocidos de este grupo de aves no son representativos de toda la diversidad que lo caracterizó. Por este motivo, el hallazgo de cualquier elemento de estos vertebrados del Cretácico posee un gran valor científico.

 

Alta capacidad de vuelo y maniobrabilidad

 

“Aunque solo se encontró la mitad distal de un húmero derecho, podemos saber que Yatenavis combina una serie de características que lo hacen único dentro de los enantiornites y que nos permiten asignar los restos encontrados no solo a una nueva especie sino también a un nuevo género”, señala Gerardo Álvarez Herrera, primer autor del artículo y becario doctoral del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET), bajo la dirección del paleontólogo Fernando Novas.

De acuerdo con los investigadores, hay marcas de músculos en el húmero que son indicadoras de que Yatenavis tenía una alta capacidad de vuelo y maniobrabilidad, rasgo que lo asemeja a los pájaros modernos que habitan bosques y selvas, y que son excelentes acróbatas a la hora de esquivar árboles y arbustos mientras vuelan a gran velocidad.

“En este sentido, es importante tener en cuenta que hace 70 millones de años el ambiente patagónico era muy distinto al de la actualidad. La cordillera de los Andes no existía y donde hoy predominan mesetas y desiertos, había bosques y cuerpos de agua que albergaban peces, ranas, tortugas, serpientes y cocodrilos enormes”, afirma Álvarez Herrera.

 

Uno de los enantiornites más australes

 

Yatenavis es hasta el momento uno de los enantiornites más australes de los que se tenga registro y que se haya podido nombrar.

“Parte de la importancia del descubrimiento se desprende del hecho de que hasta el momento se dudaba que este grupo de aves primitivas hubiera podido tolerar el clima templado que imperaba en el sur de la Patagonia a fines del Cretácico. El hallazgo del Yatenavis demuestra que algunas de estas aves se encontraban bien adaptadas a soportar temperaturas más bajas que las de los trópicos, en donde existía una gran diversidad de enantiornites”, señala Álvarez Herrera.

En las rocas cretácicas que afloran en la Formación Chorrillo, ya se habían descubierto dinosaurios como Maip macrothorax, el megaraptor más grande conocido hasta el momento, el herbívoro gigante Nullotitan glaciaris e Isasicursor santacrucensis, un ornitópodo bípedo del tamaño de un caballo, además de restos de otras aves, mamíferos, tortugas, serpientes, anuros y caracoles terrestres y de agua dulce. Todos estos hallazgos tuvieron lugar a partir del 2019, año en que se descubrió el yacimiento.

“El objetivo principal de nuestro equipo, a cargo de Fernando Novas, es conseguir la mayor información posible sobre cómo fueron los últimos cinco millones de años de la historia de los dinosaurios en el hemisferio Sur, dado que lo poco que sabemos de aquella época proviene de localidades fosilíferas de Estados Unidos relativamente cercanas al cráter de Chixulub (México), donde cayó el meteorito hace 66 millones de años. En este sentido, los hallazgos en la Formación Chorrillo constituyen un tesoro que por primera vez nos permite indagar qué ocurrió con los dinosaurios y otras especies extintas en el extremo sur de nuestro continente, y contrastarlo con lo que se conoce del norte”, concluye Álvarez Herrera.

Del hallazgo también participaron científicos de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y del Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio (Japón). Los restos de Yatenavis, al igual que otros fósiles hallados en la Estancia La Anita, se encuentran en el Museo Padre Jesús Molina, en Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz).

 

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Investigación  / Mundo
Aumento de olas de calor marinas impactaría sobre organismos base de la cadena alimentaria
RPVRPV Publicado el 24 enero, 2023


Es importante diferenciar dichos episodios marítimos de las olas de calor atmosféricas, que tienden a ser más intensas aún, pero que afectan fundamentalmente al ambiente terrestre, incluso a las ciudades.

 

AGENCIA FAPESP/DICYT

 

El aumento de las olas de calor marinas durante las próximas décadas, producto de los cambios climáticos globales, afectaría considerablemente a las formas de vida de este ambiente, incluso a aquellas que se ubican en la base de la cadena alimentaria. Esto es lo que se consigna en un estudio publicado en la revista Estuarine, Coastal and Shelf Science por científicos brasileños que trabajan en Brasil, Noruega y Estados Unidos.

Las olas de calor marinas se caracterizan por sus períodos de más de cinco días con la temperatura del agua un 90 % superior a la media histórica para de la región relevada. Las estimaciones para el área de Santos y de São Vicente, en Brasil, en donde se realizó el estudio, apuntan un aumento de un 35 % en la frecuencia de estos eventos para el año 2100.

Es importante diferenciar dichos episodios marítimos de las olas de calor atmosféricas, que tienden a ser más intensas aún, pero que afectan fundamentalmente al ambiente terrestre, incluso a las ciudades.

“Aun cuando las larvas hayan sobrevivido a un aumento de la acidez del agua, la elevación de 2 °C en la temperatura durante los primeros tres o cuatro días de vida derivó en una merma de un 15 % en la tasa de supervivencia en comparación con las que estaban a la temperatura media de la zona. Un aumento de 4 °C llevó a una mortalidad un 34 % mayor”, informa Murilo Zanetti Marochi, primer autor del estudio realizado durante una pasantía posdoctoral en el Instituto de Biociencias del campus Litoral de la Universidade Estadual Paulista (IB-CLP-Unesp), en la localidad costera de São Vicente.

Este estudio forma parte de un proyecto que apunta a entender los impactos de los cambios climáticos sobre la fauna de estuarios del estado de São Paulo, en el ámbito del Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales (PFPMCG). Y se lleva a cabo en colaboración con Álvaro Montenegro, docente de la Ohio State University, en Estados Unidos.

“Esta especie es muy abundante en ese estuario, la zona situada entre el mar y el río. Después de que los huevos hacen eclosión, las larvas pasan algunos días en esa área y migran hacia el océano. Menos de un 1 % regresan para completar el ciclo de vida, pues en buena medida se convierten en alimento de otras especies. Por eso son fundamentales para el ecosistema”, comenta Tânia Marcia Costa, docente del IB-CLP-Unesp que coordinó o proyecto.

 

Un futuro más caluroso

 

En un estudio anterior, Costa y el en ese momento maestrando Juan Carlos Farias Pardo demostraron el efecto de la elevación de temperatura sobre los embriones de la misma especie (Leptuca thayeri). En la actualidad, Farias Pardo es doctorando en la Universidad de Agder, en Noruega. En esa oportunidad, los investigadores observaron que en la referida etapa de la vida, no solamente el agua más caliente, sino también la mayor acidez, disminuyen la sobrevivencia (lea más en: agencia.fapesp.br/36130/).

En el estudio actual, del cual Farias Pardo también es coautor, no se observó una diferencia significativa en la supervivencia de las larvas debido al aumento de la acidez del agua, pero sí se notaron alteraciones fisiológicas. Los pronósticos para las próximas décadas apuntan una disminución del pH marino, lo que ha de afectar a muchas especies. “Por estar en los estuarios, ambientes que naturalmente experimentan grandes variaciones de acidez, probablemente esta especie soporta algún incremento de ese parámetro”, estima Marochi, actualmente profesor colaborador en la Universidad del Estado de Paraná (Unespar), en la localidad de Paranaguá (Brasil).

No obstante, y al igual que el aumento de temperatura, la acidez elevada acelera los latidos cardíacos, una señal de estrés fisiológico, y disminuye la movilidad de esos organismos. “Nadan menos y pueden no lograr permanecer en la capa de agua más cercana a la superficie, donde viven las microalgas con las cuales se alimentan”, explica. Por ende, los efectos de las olas de calor marinas serían perjudiciales para esta especie y para las que se alimentan de la misma, lo que podría traer aparejadas pérdidas económicas en la pesca, por ejemplo. Así y todo, no existen estudios que confirmen una merma de las existencias de Leptuca thayeri durante los últimos 20 años.

Para los autores del estudio, esto puede ser el resultado de otros factores que compensan esas alteraciones. Por ejemplo, el hecho de que el aumento de la temperatura del agua puede acortar el tiempo de desarrollo larvario de estos crustáceos y exponerlos así durante menos tiempo a sus predadores y a condiciones ambientales severas. Además, el aumento de la temperatura puede acarrear una mayor producción de las microalgas y los microorganismos que les sirven de alimento a las larvas de Leptuca thayeri y de otras especies. No obstante, nuevos estudios deberán analizar si este factor puede o no compensar el aumento de la mortalidad de las larvas.

 

ALIANZA COLABORATIVA

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Impacto
La lucha misak contra una papelera multinacional para recuperar su territorio
RPVRPV Publicado el 24 enero, 2023


Smurfit Kappa Colombia (SKC), una empresa papelera con plantaciones certificadas con la etiqueta de silvicultura ética FSC, se enfrenta a la oposición de los agricultores locales e indígenas por disputas de tierras e impactos medioambientales. Las comunidades que viven cerca de sus plantaciones dicen que estas son las responsables de la escasez de agua y de una disminución en la biodiversidad y fertilidad del suelo.

 

Natalia Torres / Mongabay Latam

 

A vista de pájaro, el verdor se expande en el horizonte tropical andino del departamento colombiano del Cauca. Una imagen que podría confundirse con un extenso bosque natural. Sin embargo, las comunidades indígenas misak y los agricultores que viven en la región saben que esos árboles conforman una plantación de pinos perteneciente a una de las empresas productoras de pulpa y empaques de papel más grandes de Colombia.

Smurfit Kappa Colombia es el nombre comercial de Cartón de Colombia S.A., empresa que nació en 1944 y cuya mayoría accionaria pertenece hoy a la multinacional  irlandesa Smurfit Kappa Group PLC. En 1986 el grupo Smurfit comenzó la compra accionaria hasta que en 2019 consolidó el control de la compañía con el 97%. Hoy ya tiene el 99%  de las acciones.

La operación en Colombia es una de las seis más importantes del gigante internacional, que va desde las plantaciones forestales que producen la materia prima para las fábricas de pulpa, luego va a las máquinas de papel y termina en las plantas en donde se hacen los empaques. Una operación que en 2021 alcanzó ventas netas por cerca de 257 millones de dólares.

Los productos derivan de árboles como el pino pátula (Pinus patula) y el eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), especies que no son nativas de la región. Sus plantaciones se localizan en 33 municipios de seis departamentos colombianos y suman un total de 63.500 hectáreas (22 500 de bosques naturales y 41 000 de plantaciones forestales.

Panoramic view of the pine and eucalyptus monoculture plantations of the Irish multinational Smurfit Kappa Cartón de Colombia in Cajibío, Cauca.
Vista panorámica de las plantaciones monocultivo de pino y eucalipto de la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia en Cajibío, Cauca. Foto cortesía de Antonio Cascio. 

Según los datos recolectados en el Atlas de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, la compañía llegó al Cauca en la década de los setenta con la siembra de árboles en algunas tierras arrendadas y otras compradas. Actualmente, el departamento es importante para la empresa, ya que allí se encuentra casi un tercio de sus plantaciones en el país, con alrededor de 3 000 hectáreas en el municipio de Cajibío. Esta plantación cuenta con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), una etiqueta de silvicultura ética que promueve la gestión responsable de los bosques y que SKC tiene desde 2003.

Sin embargo, existen conflictos socioambientales y los miembros de las comunidades local e indígena misak de Cajibío (gente del agua) han expresado su enojo acusando a la empresa de acaparamiento de tierras. Pedro Josse Velasco, uno de los líderes misak, dijo a Mongabay Latam que SKC ha legalizado la propiedad de los predios mediante arrendamientos de territorios  ancestrales que termina comprando a precios bajos, legalizaciones de tierras que fueron despojadas y otras que les han sido cedidas por el Estado a partir de baldíos.

Los líderes de la comunidad denuncian afectaciones ambientales y solicitan a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura que respeten el acuerdo de paz de 2016, que en sus capítulos étnico y de reforma rural, promete distribuir tierras a las comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales afectadas por el conflicto armado que ha azotado al país por más de 50 años.

With his face covered, a Misak indigenous guard patrols the pine and eucalyptus monoculture area of the Irish multinational.
Con el rostro cubierto y un machete, un manifestante indígena misak patrulla la zona del monocultivo de pinos y eucaliptos. Foto cortesía de Antonio Cascio.

Aproximadamente el 55 % de las familias colombianas perdieron acceso a sus tierras durante el conflicto. Los líderes locales argumentan que la redistribución de tierras se ha atrasado considerablemente, aunque con los representantes del gobierno de Gustavo Petro se han logrado acercamientos para lograr la reparación colectiva de las comunidades afectadas por el conflicto, según explicó Velasco.

La empresa multinacional, por su parte, niega todas las acusaciones de acaparamiento de tierras y negligencia. “Antes de consolidar procesos como la compra de tierras, realizamos rigurosos análisis legales y de antecedentes de las propiedades para asegurarnos de que todo respete los criterios de la ley”, le dijo a Mongabay Nicolás Pombo, gerente de la División Forestal de Smurfit Kappa.

Monoculture plantations planted right next to water sources.
Plantaciones ubicadas  junto a fuentes de agua. Foto cortesía de Antonio Cascio.

 

Un mandato de los pueblos indígenas

 

En 2017, en asamblea los pueblos misak, nasa y pijao que ocupan el occidente del país decidieron fortalecer las acciones de“recuperación de la memoria colectiva, territorial y ancestral de territorios; fue un mandato y por ello en 2020 comenzamos las acciones para entrar a tomar las tierras”, explicó el taita (líder) Pedro Velasco.

El epicentro de esas acciones bajo el lema “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” está en el municipio de Cajibío, en donde se encuentra la plantación más grande de SKC, con 3 100 hectáreas cultivadas, según el cálculo de los misak. En julio del 2021, agricultores locales e indígenas ocuparon las plantaciones de la empresa en protesta y talaron unas 1 000 hectáreas de pinos y eucaliptos rosados. Las reemplazaron con cultivos de alimentos y establecieron un campamento en el límite de las plantaciones.

“Arrancamos sus pinos tal como ellos hacen con nuestros cultivos de maíz, frijoles y mandioca [en las plantaciones]”, dijo David Yalanda, agricultor misak.

En comunicado de prensa, Smurfit Kappa Colombia, expresó su preocupación por la que llamó invasión a sus predios, y alertó por los “impactos negativos para un gran colectivo” y el riesgo para 180 empleos en Cajibío.

“Esta tierra pertenecía a Leónidas Paz, y mis padres y tíos solían plantar alimentos en asociación con él. Él les daba la tierra, las semillas y mi familia proporcionaba la mano de obra, y parte de los insumos agrícolas”, explicó Juan, miembro de la comunidad misak que vive cerca de los cultivos forestales, quien pidió que no se revelara su nombre real por motivos de seguridad. Durante las manifestaciones del 2021, los habitantes locales informaron que habían sido atacados por trabajadores de SKC y que uno fue ilegalmente arrestado por las fuerzas armadas cuando conducía a su casa.

El primer muerto que dejó esta confrontación, en agosto de 2021, fue el joven comunero, Huber Samir Camayo, quien recibió un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento con la policía cuando intentaban desalojar a su grupo de una ocupación en la vereda la Laguna en Cajibío. El más reciente fue Juvencio Cerquera, quien el 9 de noviembre de 2022,  murió por una bala presuntamente disparada por un trabajador de la multinacional, en el municipio de Sotará.

A Misak man and a girl look at a cross placed where a young protester was reportedly killed by a policeman.
Un hombre y una niña misak contemplan una cruz ubicada en el lugar en donde, aparentemente, un joven manifestante murió a manos de un policía. Foto cortesía de Antonio Cascio. 

Las acciones de recuperación son permanentes y se dan en varios sitios del departamento. En noviembre 19 de 2022, hicieron la “toma y posesión” de la casa matriz de Smurfit Kappa en Cajibío. “Con el canto y medicina ancestral la casa queda sanada y armonizada: ahora es la casa matriz de los territorios de vida interétnicos e interculturales”, aseguró en su twitter, el taita Velasco.

En este momento hay tensión entre los líderes indígenas y los representantes del Gobierno por las promesas hechas durante la campaña del actual presidente y las acciones que anuncian.

Esta lucha ha dejado amenazas de muerte. Después de las acciones de recuperación, grupos paramilitares enviaron panfletos dando un ultimátum a quienes insistan en ocupar tierras privadas. Los líderes han recibido amenazas directas y por ello la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, instó investigar las amenazas contra Pedro Velasco por su participación en la lucha contra Smurfit Kappa.

Panoramic view of the pine and eucalyptus monoculture plantations of the Irish multinational Smurfit Kappa Cartón de Colombia in Cajibío, Cauca.
Vista panorámica de las plantaciones de pino y eucalipto de la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia en Cajibío, Cauca. Foto cortesía de Antonio Cascio.

 

Tierras ancestrales 

 

Los misak solían habitar las tierras bajas de la región de Cauca, pero cuando llegaron los colonizadores españoles, la comunidad fue desplazada a las montañas, a unos 40 kilómetros  de Cajibío. Luego de numerosas luchas por las tierras, se asentaron en la reserva de Guambia, en donde vive la mayor parte de su población de 23 000 habitantes.

Debido a la falta de suficientes tierras productivas para todos, se restablecieron otros asentamientos misak en las tierras bajas. En Cajibío, dos de estos asentamientos, que suman un total de 110 familias misak, están junto a las plantaciones de SKC. “Aquí, una familia de ocho o diez integrantes sobrevive con el cultivo de alimentos en una o dos hectáreas, pero esto no alcanza”, afirmó un líder del Cabildo Misak la Laguna, asentamiento cerca de las plantaciones de SKC en Cajibío, en donde la unidad familiar agrícola (la mínima requerida para la subsistencia de una familia campesina) es de entre 4 y 6 hectáreas.

En 2017, se ordenó a la multinacional restituir un terreno de 78 hectáreas en el Valle del Cauca a la familia Rivera, luego de que el  Tribunal de Sustitución de Tierras de Cali determinara que SKC había obtenido ganancias con el conflicto armado, adquiriendo tierras a un precio bajo. Este es el único caso exitoso de restitución de tierras contra la multinacional.

La población local y los activistas del departamento del Cauca también acusaron a la empresa de pagar precios deslealmente bajos por tierras en su región. SKC se incluye en la lista de empresas extranjeras que contribuyen al acceso desigual de tierras en Colombia elaborada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), organización no gubernamental (ONG) colombiana que defiende los derechos humanos.

Misak men and women return from harvesting beans while crossing a community member's coffee farm. Monoculture pine and eucalyptus plantations bordering the land cultivated by the Misak can be seen in the background.
Los agricultores misak regresan a casa luego de cosechar frijoles, mientras cruzan la plantación de café de un miembro de la comunidad. En el fondo, se pueden ver los monocultivos de pinos y eucaliptos que colindan con las tierras cultivadas por los misak. Foto cortesía de Antonio Cascio. 

Certificación del FSC en donde se pierden bosques

 

Los productos de papel de SKC del Cauca presentan la etiqueta de FSC que acredita “normas sociales y medioambientales rigurosas” auditadas por un tercero independiente. Sin embargo, el FSC ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales por fallos sistemáticos que permiten que empresas con antecedentes cuestionables se beneficien de la certificación.

En el caso del Cauca, los agricultores locales y misak dicen que se enfrentan a la reducción de las fuentes hídricas, debido al alto volumen de agua que consumen las plantaciones.

De acuerdo con la legislación colombiana, los pinos y eucaliptos deben plantarse al menos a 30 metros de distancia de las cuencas hidrográficas para proteger el recurso. Sin embargo, durante las visitas a las plantaciones de Smurfit Kappa en el Cauca, Mongabay pudo constatar tres casos de árboles plantados junto a cursos de agua.

“El problema es que este modelo [de monocultivo] expulsa a las comunidades de su territorio y destruye sus ecosistemas”, explicó Diego Cardona, coordinador de bosques y biodiversidad de la organización no gubernamental CENSAT Agua Viva, en una entrevista para Mongabay.

A Misak woman poses in front of a water eye where multiple trees from the monoculture were planted by Smurfit Kappa Cartón de Colombia and later cut down by protesters.
Una mujer misak posa frente a un ojo de agua donde Smurfit Kappa  de Colombia plantó varios árboles del monocultivo, que luego fueron talados por los manifestantes. Foto cortesía de Antonio Cascio.

Los habitantes rurales que viven cerca de las plantaciones de SKC dependen parcialmente de sistemas de pozos y bombas de agua artesanales, ya que el acueducto rural no satisface las necesidades de la comunidad. A Mongabay le contaron sobre las  dificultades para acceder a suficiente agua durante las temporadas de sequías, debido al agotamiento del recurso en los acuíferos subterráneos.

“Hemos visto una reducción en las corrientes de agua a causa de los pinos año tras año. No se respetan nuestras fuentes de agua, ya que los eucaliptos se plantan precisamente junto a los ojos de agua. El problema es crítico”, afirmó un líder misak, quien nos pidió que no usáramos su nombre real por su seguridad.

Sin embargo, aún no se han llevado a cabo estudios para examinar la reducción de los niveles de agua subterránea a causa de las plantaciones de pinos y eucaliptos en Colombia.

El profesor Guillermo Vasquez, experto en hidrología forestal de la Universidad Nacional de Colombia, cuestiona la idea de que las plantaciones de estas especies deterioran las fuentes de agua. Sin embargo, reconoce que “en un bosque natural, [la hidrología] es mucho mejor. Tiene mayor cantidad, buena regularidad y excelente calidad”. Durante un estudio, Vasquez halló que las plantaciones de monocultivos forestales consumen un 15 % más de agua superficial que un bosque natural.

Soil in pine and eucalyptus monoculture plantations. Using a machete, a resident removes the pine litter and shows the quality of soil underneath, where no insects or wild plants can be found.
Suelo en las plantaciones de pinos y eucaliptos. Foto cortesía de Antonio Cascio.

Los ecologistas y la población local también alertan sobre el impacto medioambiental que estas plantaciones tienen en la biodiversidad y en la calidad del suelo en la región.

Pombo le dijo a Mongabay qué SKC solo usa herbicidas durante los dos primeros años del establecimiento de la forestación y según los requisitos legales pero no especificó qué herbicidas. Agregó que las actividades de SKC se llevan a cabo con responsabilidad y que los recursos hídricos se gestionan como corresponde.

La denuncia por afectaciones a las fuentes de agua llegó incluso al Tribunal del Cauca. En 2021, un fallo sancionó al representante legal de Smurfit Kappa y al director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) por desacatar una sentencia de 2009, que ordenaba la protección de fuentes hídricas en los municipios de Sotará y Timbío. De acuerdo a miembros de la comunidad la reducción en las afluentes llegó a un punto en que no se podía pescar. “[Estas plantaciones] son lugares muy estériles. He tomado muestras en bosques de pinos en la región andina y no encontré ni una especie de ranas […], en general, evitan ir allí porque la hojarasca y el suelo son muy ácidos”, explica Nicolás Urbina, especialista en biodiversidad y conservación en la Universidad Javeriana.

Una de las ranas que está muy amenazada en las zonas donde opera SKC es la ranita venenosa del Valle del Cauca (Andinobates bombetes), especie endémica de Colombia. Actualmente, la región andina se enfrenta a una tasa de deforestación del 75 % en sus bosques naturales.

“Si caminas por la plantación, no oyes ningún ave. Pero donde yo vivo, se ven muchos tipos que llegan todos los días. Es por eso que queremos que se vaya Cartón de Colombia. Para que vuelvan las aves”, dijo el líder misak.

A few meters from the monocultures of the multinational, an inhabitant keeps a small natural forest on his property. The fertility of the land has allowed diverse flora to grow and produce a prosperous biodiverse landscape. Residents say this is very different from monoculture pine and eucalyptus plantations where no plant diversity can be found.
A unos metros de las plantaciones de la multinacional, un habitante mantiene un pequeño bosque natural en su propiedad. La fertilidad de la tierra ha permitido el crecimiento de flora diversa y producir un próspero paisaje biodiverso. Foto cortesía de Antonio Cascio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) catalogó a este tipo de plantaciones como “bosques plantados”. Se trata de un término que ha generado desacuerdo entre las organizaciones ambientalistas. “Decir que una plantación es un bosque es como decir que un acuario es un océano”, dijo Cardona de CENSAT Agua Viva.

Cardona recordó el caso más controvertido de deforestación tropical asociado a SKC que tuvo lugar en Bajo Calima (ubicado en la costa del Pacífico, al norte de la región del Cauca) durante más de 30 años. “En Bajo Calima, se destruyó el ecosistema durante años a través de las prácticas de corta a tala rasa. Esto significa usar una cadena atada a dos tractores y barrer con todo, incluidos los animales”, explicó.

La confrontación llegó hasta el país cuna de la multinacional. En abril de 2022, el taita Velasco hizo presencia en la asamblea de accionistas de Smurfit Kappa en Dublín, donde visibilizó el conflicto entre las comunidades y la empresa. El gobierno irlandés pidió a la Embajada en Colombia intentar mediar en este conflicto; ya se dieron las primeras visitas y conversaciones.

Pedro Josse Velasco, uno de los líderes misak. Foto: Dora Montero.

 

Beneficios, incentivos y cambios

 

Aunque las comunidades que viven cerca de las plantaciones critican los efectos medioambientales ocasionados por SKC, algunos residentes locales celebran la presencia de la multinacional en una zona rural en donde hay poco empleo. En 2020, la división forestal de SKC generó 2 808 puestos de trabajo en el país.

“Cartón de Colombia proporciona educación, repara las carreteras y da trabajo a las personas. Es la única empresa que ofrece empleo por aquí”, explicó Osvaldo Yánez, exempleado de SKC y residente de Cajibío.

Desde que comenzaron nuestras actividades, en Smurfit Kappa, hemos creído en el respeto por el medio ambiente en las áreas donde tenemos el privilegio de operar y lo hemos puesto en práctica”, dijo Pombo.

SKC gestiona cerca de 22 000 hectáreas de bosques naturales en el país. Sin embargo este esfuerzo de conservación es financiado principalmente por el gobierno colombiano, a través del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), que busca fomentar la inversión de esta industria en el país. El gobierno no solo cubre el 75 % de los costos para conservar estos bosques, sino también la mitad de los costos de establecer una forestación y mantenerla durante los primeros cinco años.

Employees of the multinational Smurfit Kappa felling trees in the plantation.
Empleados de la multinacional Smurfit Kappa talando árboles en la forestación. Foto: cortesía de Antonio Cascio.

Los ecologistas argumentan que estos incentivos están concentrados en las manos de las grandes empresas como SKC y que benefician sobre todo los ingresos de las empresas.

“Creo que los incentivos se podrían implementar de otra manera. El CIF tiene tres categorías: para reforestar, para conservar y para propósitos comerciales. En la práctica, sin embargo, esos recursos solo se entregan a las forestaciones comerciales y se concentran en las manos de unas pocas empresas como Smurfit Cartón de Colombia”, dijo Cardona.

A pesar de las distintas perspectivas respecto a las plantaciones forestales, el déficit de tierras en el Cauca (y en Colombia en general) impulsa a los académicos y activistas a defender un cambio en el modelo forestal, basado en la gestión comunitaria de los bosques y territorios como una iniciativa para la protección.

“Reemplazar las zonas no productivas con sistemas agroforestales o silvopastoriles podría beneficiar a las comunidades y al medioambiente”, afirmó el profesor Jorge Ramirez, ingeniero forestal de la Universidad del Cauca. “Plantar y plantar más árboles sería muy fácil, pero la gente no come madera”.

 

Imagen superior:  Un hombre y una niña misak contemplan una cruz ubicada en el lugar en donde, aparentemente, un joven manifestante murió a manos de un policía. Foto cortesía de Antonio Cascio.

Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/08/fsc-certified-paper-plantation-faces-farmer-backlash-in-colombia/

 

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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Región
Desafíos ambientales en Colombia para el 2023: seguridad a líderes y detener la deforestación
RPVRPV Publicado el 24 enero, 2023


La lucha contra la deforestación y la protección de los líderes ambientales, sociales e indígenas son desafíos en 2023. También, establecer la hoja de ruta para la transición energética, hacer una gestión efectiva de sus áreas protegidas, brindar mayores espacios de participación para atacar delitos ambientales y definir qué va a pasar con los pasivos ambientales.

 

Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam 

 

Colombia escogió un nuevo gobierno en el segundo semestre de 2022 y ha sido testigo de cambios en las formas de abordar las problemáticas ambientales del país. Así que a lo largo del 2023 se comenzará a saber si los cambios en la lucha contra la deforestación están dando frutos, si se logra brindar protección a los líderes ambientales, sociales e indígenas y qué tan preparado está el país para abrir mayores espacios de participación a las comunidades indígenas y emprender el camino a la transición energética.

La cifra de deforestación del 2022 servirá como punto de partida para analizar qué tan bien está resultando el cambio de estrategia, de lo militar hacia los diálogos y acuerdos con sectores campesinos, sobre todo en las zonas de la Amazonía que tienen las cifras más altas de pérdida de bosque.

¿Qué pasará con la descarbonización de la economía, con el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, con la ley para los pasivos ambientales y con las garantías de participación y decisión de las comunidades cuando hay proyectos extractivos que quieren entrar en sus territorios?

Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar este 2023.

 

1. Ordenamiento de tierras y trazabilidad ganadera para frenar la deforestación

 

Cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicaron que en el 2021 se perdieron 174 103 hectáreas de bosque, lo que representó un incremento de 1,5 % comparado con el 2020(171 685 hectáreas)y en ese último año, comparado con el 2019, la pérdida de bosques aumentó un 8 %.

A pesar de estos datos, el exministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa, funcionario del gobierno del entonces presidente Iván Duque, expresó que el incremento de la deforestación había sido tan bajo que el fenómeno mostraba una tendencia a la estabilidad, y que la cifra seguía siendo muy inferior al récord alcanzado en el 2017, año en que el país reportó la deforestación más alta desde que hace mediciones. Estas declaraciones causaron malestar en los sectores ambientales.

Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, aseguró que “decir que se tuvo mucho éxito, cuando lo que se hizo fue estacionar la deforestación entre 170 000 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”.

Es por eso que uno de los principales desafíos que tiene el gobierno de Gustavo Petro en el 2023 es revertir esa situación y, como prometió en campaña, cambiar la estrategia militar de la Operación Artemisa con la que se venía combatiendo la pérdida de bosques en el país.

Colombia cuenta con unos 600 mil kilómetros cuadrados de bosques, casi el área de Ucrania. Foto: Andrés Bermúdez Liévano.

Los expertos consideran que buena parte de los esfuerzos deben ir al ordenamiento de tierras y a tener una trazabilidad ganadera, pues lafalta de información y claridad en estos dos puntos han disparado la deforestación para el acaparamiento de tierras.

Edwin Novoa, investigador de la Asociación Ambiente y Sociedad, comenta que ordenar y conocer cuántos y cuáles baldíos tiene la nación es uno de los pasos prioritarios para tener herramientas adecuadas que permitan combatir la deforestación. “Desde el punto de vista jurídico no tenemos cómo probar y enfrentar el acaparamiento de tierras, porque la mayoría de esas tierras son baldías y Colombia en su historia nunca ha tenido un inventario de tierras baldías. No se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son. No hay información catastral ni registral”, asegura con preocupación.

Uno de los problemas es que hacer el catastro resulta demasiado costoso, por lo que el esquema de financiación ha sido el de una especie de bolsa en donde los municipios, la cooperación internacional y el gobierno nacional aportan recursos. “¿Qué municipios están interesados en hacer eso? A los que les interesa recaudar plata en impuesto predial con el catastro. Sin embargo, en los municipios de alta deforestación como La Macarena, Meta, en donde hay gran parte del territorio dentro de áreas protegidas, pues no es de interés porque un parque nacional no paga impuestos. Por ahora no hay buenas expectativas sobre el catastro multipropósito como una forma de atacar la deforestación”, comenta Novoa.

La deforestación con propósitos de ganadería en el PNN Cordillera de los Picachos se ha concentrado en el costado sur oriental del parque, donde se encuentra la entrada a las llanuras del Tinigua. Foto: Rutas del Conflicto.
La deforestación con propósitos de ganadería en el PNN Cordillera de los Picachos se ha concentrado en el costado sur oriental del parque, donde se encuentra la entrada a las llanuras del Tinigua. Foto: Rutas del Conflicto.

Otro de los grandes problemas asociado a la deforestación es la ganadería extensiva; es por eso que los expertos urgen por una trazabilidad de las vacas en pie y productos como la carne y la leche.

Recientemente el congresista Juan Carlos Losada, junto con las también congresistas Julia Miranda, Olga González y Leyla Rincón, presentó por segunda vez un proyecto de ley para crear mecanismos que permitan rastrear el ganado en Colombia y así evitar que esta actividad siga provocando deforestación.

El proyecto de ley propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada del manejo de los terrenos estatales o baldíos, implemente matrículas inmobiliarias para estos, como los que están en los parques naturales nacionales. Las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad son documentos que recogen información de los linderos o límites, así como la extensión de un terreno o el historial de transferencias de su titularidad.

Aunque las intenciones de esta ley son buenas, deberá pasar por varios debates en 2023 para ser aprobada y que no termine archivada.

El 79 % de los bosques amazónicos está en áreas protegidas o en territorios indígenas, sin embargo, estas áreas no son impenetrables. Foto. Armando Prado.

La ley de delitos ambientales, aprobada en 2021, pretendía ayudar en esa tarea. En esta norma, además de incluir a la deforestación, se crearon otros cinco nuevos delitos: promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el financiamiento de la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Sin embargo, la ley ha recibido críticas por parte de abogados ambientales. “Termina siendo un poco inocua. Primero, la mayoría de los delitos ya existían en el código penal, lo que se hace es un aumento de las penas e incluir la deforestación. En segundo lugar, el aumento de las penas sin una estructura de base que permita investigaciones sólidas, cargas de prueba e identificar a los perpetradores, lo único que gana es aplausos. Puede ser popular, pero no tiene ningún sustento en la materialidad”, asegura Natalia Escobar, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

Por otra parte, a pocos días de acabar el 2022 se conoció que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los delitos de apropiación y financiación ilegal de los baldíos de la nación. Por eso, los expertos insisten en que, para el 2023, sigue siendo un desafío lograr el fortalecimiento del sistema judicial y la captura de los verdaderos financiadores de la deforestación.

Área boscosa conservada por comunidades afro colombianas en el Pacífico. Foto: USAID Colombia.
Área boscosa conservada por comunidades afro colombianas en el Pacífico. Foto: USAID Colombia.

 

2. Aumentan las áreas protegidas y se necesita más apoyo para su gestión 

 

En el 2022, el gobierno del expresidente Iván Duque celebró que Colombia ya tenía el 34 % de su territorio bajo protección ambiental y reveló que el 37,6 % de las áreas marinas y el 31 % de las áreas terrestres del país estaban bajo protección y conservación, superando así su meta de proteger y conservar el30 % del territorio antes de finalizar ese año.

Sin embargo, los expertos consideran que estas ampliaciones y nuevas declaratorias de áreas protegidas suelen quedarse en el papel. Para Juan Manuel Díaz, coordinador de programas para Colombia de la Fundación MarViva, es necesario tener un mayor presupuesto y que este se destine en hacer una buena gestión de conservación, la cual es aún más desafiante para las áreas marinas.

“Controlar y vigilar un área marina implica unas aproximaciones diferentes en la relación con las comunidades. El mar tiene la particularidad de que no está titulado y muchos parques se declaran con comunidades que ya viven dentro, o en zonas aledañas, y que hacen uso de esos espacios. Son pescadores, navegantes, etcétera y controlar ese tipo de actividades es sumamente complicado y da origen a conflictos con estas personas. El mar, además, es la autopista de los narcotraficantes y estos utilizan las áreas protegidas porque son zonas en donde vive menos gente y pueden esconderse y cometer delitos”, dice Díaz.

Pescadores artesanales colombianos en un día laboral. Foto: Fundación Mar Viva.
Pescadores artesanales colombianos en un día laboral. Foto: Fundación MarViva.

Para el coordinador de programas de Mar Viva, otro reto en las áreas marinas es la gestión del turismo y pone como ejemplo la sobrecarga de visitantes que recibe el parque nacional Corales del Rosario y de San Bernardo que “se ha convertido más en un destino turístico que en un parque nacional”. La gran cantidad de personas que recibe trae problemas de basura y una excesiva demanda de especies como la langosta o el pargo, “que salen de las aguas de un parque nacional que se supone tiene que proteger a las especies que viven ahí. Se vuelve una cosa contradictoria”, comenta.

Carlos Mauricio Herrera, especialista en planeación de áreas protegidas de WWF Colombia, también resalta que uno de los principales retos del gobierno de Gustavo Petro en el 2023 es hacer una asignación adecuada de recursos para que haya una buena gestión de las áreas y que las organizaciones encargadas de su administración en Colombia, como Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), mejoren en la planificación y la ejecución de acciones.

Hasta el 2018, Colombia tenía el 85 % de sus ecosistemas representados dentro de áreas protegidas del orden nacional y regional. “Es importante completar ese porcentaje que hace falta, principalmente ecosistemas de bosques secos y selvas transicionales existentes entre la Orinoquía y la Amazonía; ecosistemas que son remanentes por algunas de sus particularidades ecológicas. Pero más que incluirlos en el sistema nacional de áreas protegidas, hay que generar las condiciones de manejo y los recursos para que sobrevivan en el tiempo”, afirma Herrera.

Entradas al bosque de Várzea por el río Mata Mata en el Parque Nacional Natural Amacayacu. Foto: Sebastián Ramírez.

Para el especialista de WWF Colombia, las áreas protegidas están en territorios en donde vive gente, “por lo tanto las áreas se van a mantener siempre y cuando las comunidades entiendan cuáles son los beneficios que reciben por la existencia de esas áreas. Tenemos que trabajar mucho en generar esa conexión y generar información clara de esos beneficios”.

Los expertos consideran que ya no hay lugares, aparte de algunas zonas marinas o algunas zonas boscosas muy recónditas, en donde se podrían establecer áreas sin usos productivos o sin personas, por lo que es necesario trabajar en hacer acuerdos con la gente para lograr objetivos de conservación, “y entender cómo esos territorios hacen parte de los sistemas de vida de las personas y viceversa”, destaca Herrera.

 

3. Un cambio radical para brindar protección efectiva a los líderes

 

El 2022 no fue un buen año para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos en Colombia. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que entre el 1 de enero y el 10 de diciembre fueron asesinados 184 líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. El informe semestral enero-junio del Programa Somos Defensores registró un total de 439 agresiones en contra de 419 personas en ese periodo del 2022. Además, se presentaron 99 asesinatos. Es por eso que, nuevamente, la protección de los defensores es un enorme desafío para el país.

Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, destaca que el nuevo año empieza con el Acuerdo de Escazú ratificado por el Congreso. “Parece que hay una buena disposición a implementar herramientas que contribuyan a que realmente se cumpla con lo que estipula Escazú en materia de participación, del derecho a la información y con el tema de protección a líderes”, comenta.

defensores Colombia
Yuli Velázquez, representante legal de la organización ambientalista FEDEPESAN mira las fotos de defensores asesinados en Barrancabermeja, Colombia. Foto: Negrita Films/Global Witness.

Sin embargo, Castro asegura que la no implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido un factor importante en el aumento de violencia en los territorios.

Además de impulsar el Plan de emergencia para líderes y líderesas, la coordinadora de Somos Defensores señala que se debe trabajar en “sacar adelante la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales a cargo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es uno de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, y buscar la desactivación de todos los eslabones de las cadenas criminales que posibilitan que estas organizaciones armadas existan”.

También considera que “es muy importante el fortalecimiento de las acciones humanitarias en las regiones. Por ejemplo, en el departamento de Putumayo en donde están enfrentando crisis humanitarias graves como consecuencia de la disputa territorial de los actores armados”.

Castro agrega que “no pueden ser las comunidades las que tengan que cargar con la violencia que implica que los actores armados se quieran posicionar, de una u otra manera, frente a las posibles negociaciones con el gobierno”.

Indígenas Coreguaje, Resguardo Maticurú
Alex Duvan Fajardo García, danzador y profesor toca la tambora para despertar a los espíritus de la madre selva. Foto: Edilma Prada Céspedes.

Los líderes indígenas aparecen como los más agredidos entre enero y septiembre de 2022, según cifras del programa Somos Defensores, por lo que se necesitan acciones urgentes en 2023.

Para Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), después de la firma del Acuerdo de Paz han visto una reorganización de los grupos criminales que están en el departamento. “La violencia lo que hizo fue transformarse: nuevos actores, nuevas metodologías, nuevos discursos y nuevos protagonistas. Pero la violencia continúa y lo hace sustentada en economías ilegales poderosas que intentan deslegitimar y desestructurar la organización social indígena”.

A Capaz le preocupa que desde 2017 y hasta 2022 siete líderes indígenas del CRIC han sido asesinados. Las últimas tres víctimas han sido mujeres. En este nuevo año, el consejero asegura que para los indígenas del Cauca es clave que el gobierno reconozca la autoridad territorial ambiental de las comunidades y que es necesario una adecuación institucional alrededor del ejercicio de gobernanza de las autoridades indígenas, pues todo esto les brinda más herramientas para velar por su protección y la de sus territorios.

Estos son los bastones que tienen los miembros de la Guardia Indígena en Cauca. Foto de archivo y cortesía CRIC.
Estos son los bastones que tienen los miembros de la Guardia Indígena en Cauca. Foto de archivo y cortesía CRIC.

4. Una verdadera participación de las comunidades en los temas ambientales

 

El 2022 significó el fin de la Operación Artemisa como estrategia de enfoque militar para frenar la deforestación en la Amazonía, principalmente en parques nacionales y sus zonas circundantes.

Artemisa era la gran apuesta del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Nació en abril de 2019 y, entre ese año y el 2021, representó un gasto de poco más de 408 000 dólares. Entre el 2019 y el 2022 se ejecutaron 21 operaciones militares, 20 de ellas en parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal de la Amazonía colombiana, principalmente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Los resultados de estas operaciones, según el gobierno de Duque, se vieron reflejados en la cantidad de territorio arrebatado a los grupos ilegales, como lo anunció en junio del 2022 el entonces ministro del ambiente, Carlos Eduardo Correa, cuando habló de “la recuperación de 27 046 hectáreas a través de la campaña Artemisa”.

El Presidente Iván Duque explicó que restaurar las 120 hectáreas recuperadas en la Serranía de Chiribiquete, puede remover 22 mil toneladas de CO2 de la atmósfera en 8 años. Foto: Efraín Herrera - Presidencia de Colombia.
Una de las acciones de inspección realizadas durante la llamada Operación Artemisa. Foto: Efraín Herrera – Presidencia de Colombia.

Diversas voces del sector ambiental colombiano coinciden en que no se logró lo más importante: frenar la deforestación y dar con los responsables. Y las cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) mostraron que esas 27 000 hectáreas recuperadas palidecen ante los números de la pérdida de bosque del 2020 (171 685 hectáreas) y el 2021 (174 102 hectáreas).

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, el Ministerio de Ambiente aseguró que Artemisa sería reformada estructuralmente, dejando las acciones militares en un segundo plano y privilegiando los diálogos y acuerdos con sectores indígenas, afro y, principalmente, campesinos.

El Ministerio de Ambiente informó que durante 2022 realizaron diálogos exploratorios con líderes en el arco noroccidental de deforestación amazónica, para construir conjuntamente un acuerdo social y una hoja de ruta para contener la deforestación.

Además, de acuerdo con el Ministerio, se viene desarrollando una estrategia integral que incluye cinco puntos clave: “Acuerdos sociales con comunidades locales para hacer frente a la deforestación, la construcción de la paz total en los territorios, la investigación criminal a los determinadores de la deforestación, la contención con la fuerza pública en grandes bloques vinculados al acaparamiento de tierras y economías ilícitas donde ya se activó la flota aérea Guacamayas para la protección de la selva que, entre otros, trabajará de la mano de las comunidades, y el fortalecimiento de las autoridades ambientales y locales”.

Pequeñas casas en grandes extensiones de tierra deforestada. Se ve el inicio de cutivos. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
Pequeñas casas en grandes extensiones de tierra deforestada. Se ve el inicio de cutivos. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

Luz Mery Panche, lideresa indígena nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, considera que el 2023 debe ser el año en donde se escuche la voz de las comunidades y les permitan participar de las acciones y estrategias que quieren implementar en sus territorios.

“El Gobierno debe priorizar la legalización de territorios colectivos, especialmente las zonas de reserva campesina y ampliación de resguardos indígenas”, comenta Panche y agrega que uno de los principales desafíos sobre la participación de los pueblos indígenas es garantizar la realización de la consulta previa pues, según dice, muchos proyectos extractivos la han ignorado y las comunidades solo se enteran de afectaciones en sus territorios cuando las obras empiezan.

Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), pide una participación efectiva de las comunidades étnicas en la creación del Plan Nacional de Desarrollo —la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia—. “Los cambios estructurales deben contener algún nivel de participación amplia de las comunidades”, señala el líder indígena.

Carlos Castaño, exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia y director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, comenta que históricamente el Estado ha tenido un “mal entendimiento de la participación en el denominado modelo desarrollo” y asegura que es necesario tener en cuenta el conocimiento ancestral y las iniciativas que vienen de las comunidades étnicas.

Castaño destaca, por ejemplo, el plan de conectividad ecológica para la conservación de espacios sagrados y estratégicos para el jaguar en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se realizó entre la empresa privada (Grupo Isa), la Fundación Herencia Ambiental Caribe y el pueblo indígena arhuaco. “Los procesos de transformación son muy acelerados en la Sierra y las poblaciones de felinos están seriamente amenazadas. Era muy difícil que esas poblaciones de jaguares se mantuvieran si no se planteaba una estrategia como esta, apoyada en el entendimiento y las acciones de las propias comunidades indígenas”, asegura.

Fuertes incendios en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevaron a que el aguar se concentrara en la zona cafetera. Foto: ProCAT.
Fuertes incendios en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevaron a que el jaguar se concentrara en la zona cafetera. Foto: ProCAT.

5. Claridad sobre cómo hacer la transición energética y qué pasará con los pasivos ambientales

 

Irene Vélez, desde su posesión como ministra de Minas y Energía en el gobierno de Gustavo Petro, ha manifestado constantemente su intención de que Colombia avance rápidamente en el camino de la transición energética.

En la cuarta edición del Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, realizado a finales de octubre de 2022 en la Universidad del Valle, en Cali, Vélez aseguró que cuando va al Congreso y defiende la perspectiva de que se debe reducir o descarbonizar la economía, le dicen que la producción de gases de efecto invernadero en Colombia es menos del 1 %.

Algunas, dice, “nos preguntan: ¿para qué la descarbonización en el sector minero energético, si realmente ahí no se produce el impacto? Entonces la respuesta que ofrecemos es, por un lado, porque es un compromiso moral y aquí importa algo más que la economía, tenemos otros principios que también son importantes, pero también porque para nosotros las industrias extractivas han generado daños, no solo respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a las relaciones desiguales que se crean en el territorio”.

Palma de aceite en Colombia. Plantaciones de palma de aceite en Puerto Gaitán. Foto: Álvaro Avendaño.
Plantaciones de palma de aceite en Puerto Gaitán. Foto: Álvaro Avendaño.

Este tipo de declaraciones han creado fuertes polémicas y críticas por parte de sectores opositores al gobierno en Colombia, en especial cuando la viceministra de Minas y Energía dijo que no se promoverán nuevas exploraciones de petróleo. Poco después, el mismo presidente Petro tuvo que salir públicamente a decir que los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan.

“No se trata simplemente de cambiar combustible fósil por renovables, se necesita hacer una transformación en el consumo de energía, o sea, en la forma en cómo cada persona, cada empresa, cada centro urbano, consume esa energía”, asegura Jessica Arias, investigadora de la organización Transforma, centro de pensamiento colombiano que promueve la acción climática y las transiciones ecológicas.

Arias también menciona que hacer una transición completa a las energías renovables tomará bastante tiempo pues, aunque Colombia viene avanzando mucho en temas de generación de energía solar y eólica, esta oferta todavía está lejos de ser suficiente para suplir la demanda del país.

Entre las amenazas que enfrentan los Siona de Putumayo está la presencia de la compañía petrolera del Reino Unido, Amerisur Resources. Mateo Barriga / Amazon Frontlines.

“Es necesario que el gobierno le informe a los colombianos cuál es el criterio para tomar la decisión de suspender o continuar las exploraciones y explotaciones de petróleo y gas. ¿Cuál es el plan para el sector transporte que funciona en un 99 % con combustible fósil? ¿Hasta qué fecha vamos a necesitar petróleo? Tenemos que tener clara cuál es la meta y cuál es la fecha para lograr hacer esa transición”, comenta Arias.

La investigadora coincide con la ministra Vélez en que el hecho de que las emisiones de Colombia sean pocas no debe ser excusa para retrasar la transición energética. “Esas afirmaciones están muy alejadas de lo que dice la ciencia y creo que ya hay bastante consenso en que ya sea una tonelada o media, toda reducción nos acerca a evitar ese 1,5 grados centígrados en el aumento de la temperatura. Colombia no tiene por qué ser responsable de la reducción de emisiones de otros países, pero es responsable de sus propias emisiones”, comenta y añade que si todos los países siguieran el argumento de que emiten muy poco, nadie daría el primer paso para actuar.

Por otra parte, Arias considera que hoy en día las fuentes de energía renovables son las formas más económicas de generar energía y a largo plazo eso favorecerá a la economía del país. “Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener los combustibles fósiles subsidiados, creemos que son más baratos, pero en realidad ese costo lo está pagando el Estado y el costo ambiental también es enorme”.

Deforestación en parques nacionales. Deforestación por minería informal en Chocó. Foto: Pablo Negret.
Deforestación por minería informal en Chocó. Foto: Pablo Negret.

En el 2023 Colombia también tiene el desafío de tener una reglamentación clara para sus pasivos ambientales, es decir, para los daños a ecosistemas y comunidades que se encuentran abandonados tras el cierre de los proyectos mineros, extractivos, entre otros. El año pasado empezó el trámite en el Congreso un proyecto de ley que busca crearlos y definirlos legalmente en el país. Ya fue aprobado en dos de los cuatro debates, por los que debe pasar. Así que 2023 será clave para saber si finalmente se convertirá en una ley de la nación.

Entre otras cosas, el proyecto pretende crear el Registro Nacional de Pasivos Ambientales (REPA), un comité de seguimiento y establecer que estos daños sólo caduquen 20 años después de que se descubra su efecto negativo. “Este proyecto cuenta con 11 artículos, a través de los cuales se busca saldar una enorme deuda histórica con el patrimonio ecológico del país”, asegura la congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda.

Para Edwin Novoa, investigador de la Asociación Ambiente y Sociedad,los pasivos ambientales también provienen de delitos como la deforestación y no solo deben ser vistos desde el punto de vista ambiental, sino que deben considerar la reparación de las comunidades que habitan en los territorios impactados.

“La estrategia del gobierno se ha enfocado en lo penal, en capturar a los perpetradores de los delitos ambientales, y sabemos que muchas de esas capturas en realidad no corresponden a los grandes financiadores. El derecho penal debe ser la última instancia, a la que recurrimos cuando todo lo demás fracasó. Y es que todavía nos queda algo pendiente: ¿qué pasa con las comunidades indígenas que conservan los bosques y resultaron afectadas? De eso nunca se habló ni se ha planteado nada al respecto”, afirma Novoa.

 

Foto principal: Deforestación Amazonía norte colombiana. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

 

 

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MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE


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