febrero 2023

Además, Gutiérrez explica que la energía eléctrica es muy difícil de almacenar y que las baterías de litio resuelven ese gran problema. “Son las que guardan más energía por unidad de peso, siendo la forma de almacenamiento más barata y eficiente que se ha visto hasta ahora”, asegura el científico.

Por todo ello, la demanda crece de modo exponencial y Chile, considerado el país con la mayor proporción de reservas mundiales de litio, es el principal escenario de esa demanda. Además, en este país, el mineral se encuentra principalmente en las salmueras de los salares, es decir, en el agua con sal, y no en rocas sedimentarias lo que hace que su explotación sea más simple y, por ende, económicamente más viable, explica Ingrid Garcés, doctora en Ciencias y académica del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antofagasta.

Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en el norte de Chile existen alrededor de 60 salares y 20 de ellos poseen una cantidad suficiente de litio para ser explotado. Hasta ahora solo se explota el salar de Atacama y solo lo hacen dos empresas privadas: la chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y Albermarle Chile, filial de la empresa estadounidense Albermale Corporation.

El interés por ampliar el campo de acción de la minería del litio y comenzar a explotar la zona norte del salar de Maricunga, la segunda reserva más grande de litio en el país después del salar de Atacama, está en la mira de tres compañías: la empresa Minera Salar Blanco (MSB) que busca explotar litio con su Proyecto Blanco; Simco SpA (del Grupo Errázuriz, unos de los principales grupos empresariales del país) que busca implementar el proyecto de explotación Producción Sales de Maricunga; y la estatal Codelco, con su proyecto exploración Salar de Maricunga.

Su entrada en acción, sin embargo, amenaza con transformar definitivamente los parajes desérticos que envuelven a los salares, ya que la extracción de salmuera para obtener el litio puede afectar los niveles freáticos de estos frágiles ecosistemas donde las lluvias no superan los 200 milímetros anuales, aseguran los expertos.

El salar de Maricunga, bajo amenaza

El salar de Maricunga, ubicado a 3 760 metros sobre el nivel del mar, es parte del territorio ancestral y hogar de comunidades indígenas Collas como Pai Ote, donde Ercilia Araya nació y se crió. Formada por 70 familias, esta comunidad es reconocida a nivel regional por la práctica de la trashumancia, un tipo de pastoreo de movimiento continuo entre invernadas —en la época de invierno— y veranadas –—en la época de verano—. Las distancias recorridas entre las invernadas y las veranadas, y viceversa, son extensas y abarcan un amplio territorio que incluye el salar de Maricunga.

Tiene una superficie de 146 kilómetros cuadrados y su ancho, de diez kilómetros en el lado norte, se estrecha abruptamente hacia el sur donde se une a la laguna Santa Rosa, considerada sitio Ramsar, es decir, un humedal designado como de importancia internacional por la Convención que lleva ese mismo nombre.

Esa unión que se genera entre el empalme de la laguna Santa Rosa con el lado sur del salar de Maricunga es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces (PN NTC), la mayor figura de protección a nivel nacional.

César Pizarro, jefe de la sección de Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal de Atacama (Conaf A), el organismo en Chile encargado de la administración de las áreas protegidas terrestres, explica que la parte sur del salar es la única zona protegida, pero que la parte norte no está resguardada y es ahí, justamente, donde las empresas pretenden extraer litio. Además, en las inmediaciones del parque, también hay otros cinco proyectos mineros de oro.

Según las compañías, sus proyectos “no son parte del área de influencia de las áreas protegidas y, por lo tanto, no dañan la flora y fauna del lugar”. Pero lo cierto es que, según los científicos, no es posible asegurar que los proyectos de litio presentes en Maricunga no impactarán al salar, puesto que no existe hasta ahora un conocimiento acabado de cómo funcionan estos ecosistemas. “Se sabe parcialmente”, asegura la bióloga Cristina Dorador, quien se ha especializado en estudiar la microbiología de los salares y es una de las científicas que más conoce acerca de estos ecosistemas. Incluso, en 2019, una sentencia del Primer Tribunal Ambiental reconoció justamente esta falta de información científica y la necesidad de actuar bajo el principio precautorio porque, lo que sí se sabe con certeza, es que se trata de sistemas muy frágiles, indica Dorador.

Además, la Comisión Nacional del Litio, creada en 2014 para proponer políticas públicas en la materia, alertó sobre los impactos de esta industria en los salares al afectar el recurso hídrico de su entorno por la extracción de salmueras “lo que repercute negativamente en los grupos humanos asentados en los alrededores de los salares”, asegura Garcés.

Ercilia Araya da un sorbo de la taza de té que, cada cierto tiempo, bebe para mantener la temperatura corporal en esa fría mañana de comienzos de primavera. Hace una pausa, respira hondo y dice que no permitirá que la industria del litio destruya el territorio tal como lo hace en el salar de Atacama. “El daño que se ve allá cala profundo, es como saber que te van a matar y que en algún momento llegará la hora y el día”.

El historial de infracciones de la minería

Los habitantes de las comunidades indígenas del salar de Atacama llevan años denunciando los impactos generados por la extracción del litio. Han visto secarse los algarrobos, los bofedales donde pastorean sus animales y también las lagunas.

De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) —organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales— abrió en 2016 un proceso sancionatorio contra la empresa que extrae litio del salar de Atacama, SQM, luego de comprobar que había extraído más salmuera de la permitida, lo cual provocó daños en el ecosistema. Además, en marzo del año pasado, la SMA también formuló cargos en contra de la segunda minera que opera en ese salar, Minera Albemarle Ltda.

Para Ercilia Araya, el historial de infracciones de algunas empresas que operan en las inmediaciones del salar de Maricunga son también razones suficientes para desconfiar.

En 2009, por ejemplo, la empresa Kinross, a través de su filial, Minera Maricunga, y bajo el proyecto de extracción de oro, El Refugio, protagonizó el mayor desastre medioambiental registrado hasta ahora en la zona cuando secó la vega Pantanillo, un humedal altoandino ubicado en el corredor biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda. Según Eric Díaz, administrador del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, fueron aproximadamente 70 hectáreas las que se secaron debido a la extracción de aguas subterráneas por parte de la minera.

En 2014, Ercilia Araya realizó una denuncia a nombre de su comunidad por la contaminación producida por los relaves mineros de la empresa canadiense Yámana Gold. La Policía de Investigaciones visitó su residencia, pero “en lugar de investigar la denuncia por daño ambiental, la acusaron, junto con sus familiares, por poseer artefactos arqueológicos y fósiles”, sostiene el Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa, promoción y documentación de derechos humanos en Chile. “Denuncié a las mineras por contaminar el agua, y salí presa yo; se llevaron a mi hijo de 12 años detenido, y se llevaron a mi padre de 76 años detenido”, le dijo Araya a Mongabay Latam. La investigación duró hasta 2017, año en que la Fiscalía desestimó el caso.

Por todo eso, acceder a conversar con la lideresa colla no es fácil. Cuando el equipo periodístico de Mongabay Latam se contactó por primera vez con ella, Araya respondió: “Nada de entrevistas. Ya han venido personas que dicen ser periodistas y al final no lo son”.

Su paso por la cárcel, sin embargo, no logró acallarla. Actualmente, los proyectos de las tres empresas interesadas en explotar litio en el salar de Maricunga han sido cuestionados por la comunidad de Pai Ote. Lo que solicitan es que el Servicio de Evaluación Ambiental realice una Consulta Indígena, tal como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del cual Chile es firmante.

Sin Consulta Indígena

El lunes 9 de julio de 2018, en la ciudad de Copiapó, funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) prepararon una sala con motivo de una Participación Ciudadana (PAC). La cita era para informar sobre el proyecto de explotación de litio en el salar de Maricunga, promovido por la empresa Simco, del grupo Errázuriz.

A las cuatro de la tarde, Ercilia Araya viajó hasta Copiapó para ser parte de la actividad, pero no la dejaron entrar. ¿El motivo? Hasta hoy ella no tiene explicación. «Fue como un portazo en la cara. No hubo Consulta Indígena, y ni siquiera me dejaron entrar a la Participación Ciudadana”.

Desde Simco aseguraron a este medio no estar enterados de que a Araya se le negara el ingreso a la reunión y precisaron que el SEA no les exigió la realización de una Consulta Indígena.

La comunidad de Pai Ote decidió entonces demandar al SEA y a Simco por no haber realizado aquella consulta. En 2022, la sentencia de la Corte Suprema falló en favor de la comunidad y determinó que la empresa debía realizar ese paso. El fallo provocó un gran impacto. “El litio parecía intocable, pero demostramos lo contrario», dice Ariel León, asesor en materias mineras y ambientales de la comunidad colla de Pai Ote.

Según León, actualmente se está avanzando en las conversaciones con el SEA para que se lleve a cabo finalmente la Consulta Indígena.

El segundo proyecto de explotación, Proyecto Blanco, de la empresa Minera Salar Blanco (MSB), afronta siete recursos de reclamación en su contra, uno de ellos interpuesto por la comunidad Colla de Pai Ote por no haber realizado una Consulta Indígena.

En enero pasado, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad resolvió la situación en favor de la empresa. Frente a esa resolución, desfavorable para la comunidad colla de Pai Ote, León aseguró a Mongabay Latam que ya trabajan en una demanda que interpondrán ante el Tribunal Ambiental puesto que “no se cumplió con el estándar ambiental que una evaluación seria debe exigir”.

Minera Salar Blanco fue contactada para esta investigación, pero a través de un email respondió que no daba entrevistas.

Por último, el proyecto minero de litio de la estatal Codelco, tampoco pasó por una Consulta Indígena. Y es que al contrario de las otras dos iniciativas privadas, el proyecto de Codelco, que ya finalizó, era una exploración y no una explotación minera, es decir, buscaba explorar el territorio para analizar las características de las reservas de litio para una eventual extracción del mineral, por lo que ingresó al SEA mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no por medio de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El problema, aseguran abogados expertos consultados para este reportaje, es que la DIA es una evaluación más laxa.

Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco, aseguró a este medio que debido a que la compañía estatal realiza una exploración con una DIA, el SEA no le exigió realizar ni una Participación Ciudadana ni una Consulta Indígena.

Según San Martín, en el proyecto ”no hay cargas ambientales que puedan afectar a la naturaleza ni a las comunidades”. Sin embargo, Ercilia Araya denunció a Codelco ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por construir un camino “que dejó el salar de Maricunga partido en dos”, dice León, incumpliendo de esa manera con el permiso ambiental que tenía el proyecto, asegura el asesor de la comunera.

Mongabay Latam obtuvo fotografías del camino que fueron confirmadas por un funcionario que pidió mantener su nombre bajo reserva, y utilizadas por la comunidad colla de Pai Ote ante la denuncia en la SMA.

Los dardos de los comuneros apuntan contra el SEA ya que, según León, la Consulta Indígena “es la forma que tiene el Estado de dialogar con los pueblos originarios”. De hecho, Marcos Cabello, quien fue director regional del SEA en Atacama y es el actual jefe de División Fomento e Industria del Gobierno Regional de la misma región, reconoce como “deficiente” la Participación Ciudadana siendo la Consulta Indígena el camino más apropiado cuando hay comunidades indígenas involucradas, asegura.

«El salar de Maricunga es parte de la ruta de trashumancia de Pai Ote”, repite Ercilia Araya, pero eso, dice, no es considerado cuando le otorgan permisos a las mineras.

Un estudio realizado por Raúl Molina, geógrafo de la Universidad de Chile, da cuenta que la comunidad de Pai Ote —desde tiempos ancestrales—, realiza actividades económicas y productivas en zonas de quebradas y serranías de la precordillera de Los Andes y la Cordillera de Domeyko, lo que incluye la cuenca del salar de Maricunga.

Para Garcés, los pueblos originarios que han habitado por milenios estos aparentemente inhóspitos paisajes, conocen la variabilidad y cambios climáticos. “Parte natural de su existencia y permanencia, supone un conocimiento e interpretación de sus territorios, los que requieren ser conocidos y comprendidos antes de ser intervenidos”.  Además, agrega, “los efectos perversos (de los proyectos mineros) pueden terminar por exterminar a las comunidades indígenas”.

Según León, la comunidad Colla de Pai Ote ha sido muy abierta con las empresas de litio que llegan al territorio. “Les entregan información para que hagan un buen trabajo, pero a pesar de eso no realizan la Consulta Indígena”, dice. “Da rabia, impotencia y pena pues les das la mano y después te pega el bofetón”, se queja el asesor.

Lo peor de todo, dice León, es que, de todos modos, la opinión de las comunidades consultadas no es vinculante. La Consulta Indígena “no es tomada en cuenta a la hora de permitir que proyectos mineros aterricen en la zona”. Por eso, aunque por ahora los proyectos de litio están frenados, la amenaza de que se reactiven es inminente. Prueba de ello es que las empresas libran actualmente una disputa por los derechos de explotación del salar de Maricunga que están dispuestas a llevar, incluso, a una instancia de resolución de conflictos del Banco Mundial.

La guerra de la empresas

El proyecto de explotación de litio, Producción Sales de Maricunga de Simco, contempla una inversión de 350 millones de dólares y una vida útil de 24 años. Francisco Javier Errázuriz Ovalle, titular del proyecto e hijo del excandidato a la presidencia de la República, Francisco Javier Errázuriz Talavera, cuenta que las pertenencias mineras en Maricunga fueron adquiridas antes de 1979 tras un remate: “Andábamos en busca de potasio y esos terrenos calificaron para ello”. Y asegura con un tono desafiante y seguro, que tienen la facultad de explotar litio pues ese mineral se encuentra en sus concesiones.

Sin embargo, Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de la estatal Codelco no está de acuerdo con esa afirmación. El profesional a cargo de la exploración “Salar de Maricunga”, que contempló una inversión de 15 millones de dólares y una vida útil de diez meses, afirma que el Estado es el único dueño del litio.

La disputa se origina debido a que el  régimen jurídico del litio es diferente al de todos los demás minerales. Esto porque en el año 1979, un decreto ley lo catalogó como “no concesible”, es decir que no puede ser concesionado y el Estado determina qué se hace con él.

Gonzalo Gutiérrez, asesor de litio y salares del Ministerio de Minería, cuenta que, sin embargo, esa clasificación no se incluyó en la Constitución de 1980, aunque sí se consideró en el Código de Minería de 1983. Este carácter excepcional que rodea al litio es objeto de debate entre los partidarios de darle mayor libertad de explotación, que argumentan “razones económicas por sobre las estratégicas”.

Por lo tanto, la categoría “no concesible”, más el marco jurídico “camaleónico” que regula el litio, abre diversos frentes sobre su propiedad.

Este conflicto dio paso a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), órgano que asume la defensa de entes públicos dentro del ámbito legal, interpusiera en 2021 un recurso de casación contra Simco pues asegura que la firma ligada al Grupo Errázuriz tiene concesiones para explotar potasio y no litio.

Simco, por su parte, alega que “Codelco actúa como el perro del hortelano”, aludiendo a la expresión popular de aquel que no disfruta de algo e impide que otros lo hagan.

San Martín, entre tanto, reconoce que sabían que esa zona era complicada, ya que tiene muchos propietarios con pertenencias mineras, pero aclara que “la estatal podría convertirse en la única empresa con permiso para extraer litio, pues el Ministerio de Minería acogió a trámite un recurso jurídico para modificar la interpretación legal del dominio del salar de Maricunga”.

Las reacciones de Simco no se han hecho esperar y la compañía privada no escatima en reclamar por los efectos que tendría un eventual cambio en la interpretación jurídica respecto a la propiedad minera. “La empresa confió en los actos del Estado de Chile e invirtió grandes recursos en el desarrollo de una tecnología que permitiera un uso sustentable del salar”, dicen. La firma del Grupo Errázuriz no descarta una futura presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), institución del Banco Mundial establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos e inversores o empresas.

Para San Martín, toda esta controversia se genera por la falta de una gobernanza en los salares. “No puede ser que en Maricunga, que es un salar tan pequeño, existan tres proyectos mineros paralelos”, dice el gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco. Eso es, en parte, lo que el Estado espera resolver con la creación de la Empresa Nacional del Litio, uno de los pilares del proyecto de gobierno de Gabriel Boric, que pretende concretarse en marzo de este 2023.

Que la propuesta de una empresa nacional del litio asegure la conservación de los salares, está por verse. Ercilia Araya, presidenta de la comunidad de Pai Ote, desconfía. “Las autoridades dicen que quieren que todos los chilenos seamos dueños del litio, pero van a dejar la embarrada como cualquier empresa privada”, sostiene, y agrega que “aún es peor, porque las estatales son las que más han contaminado el medioambiente”.