Asocars reportó que, después de 50 días del secuestro, no se tiene información sobre el funcionario. Trabajadores oficiales, ciudadanía chocoana y ambientalistas de diferentes regiones del país, piden a sus captores un trato digno, atención médica e inmediata liberación. Jorge Gracía fue designado como director (e) de la entidad.
Arnold Alexander Rincón López, director de la Corporación Autónoma Regional de Chocó (Codechocó), había denunciado amenazas en febrero de este año, ante la Fiscalía General de la Nación y solicitado un refuerzo de su seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Sus requerimientos no eran en vano. El pasado 26 de abril, un día después de participar con su equipo en un acto de rendición de cuentas en el municipio de Itsmina; la caravana que se dirigía a Quibdó, capital del departamento de Chocó, de la que el directivo hacía parte en un carro blindado, fue interceptada.
Un grupo de hombres armados obligaron al Director a bajar del vehículo y a separarse de sus compañeros. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Rancherías, sector de Yuto-Cértegui.
Imagen del sitio donde se produjo el secuestro, publicada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La coordinación regional de la UNP en Antioquia y Chocó explicó que “durante la operación de secuestro de Rincón López, perpetrada por siete personas que se identificaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), resultó herido el conductor del vehículo de protección». Fue trasladado a un hospital de la región, donde se recuperó”.
Desde entonces se desconoce la ubicación del funcionario.
Comienza la búsqueda
El domingo 27 de abril, la Gobernación de Chocó citó a las autoridades regionales a un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde se decidieron tres acciones: la activación de un puesto de mando permanente, el despliegue militar hacia el sector de San Juan y la entrega de una recompensa hasta de 100 millones de pesos a quien revele información clave sobre el caso.
El despliegue de la capacidad armada para encontrar al funcionario comprende: Ejército, Policía, Gaula Militar, Gaula Policial e Infantería de Marina.
Consejo de seguridad, 27 de abril. Imagen: Gobernación de Chocó.
El territorio que administra Rincón López
Arnold Alexander Rincón López nació en Cartagena, Bolívar, hace 57 años. Es ingeniero agroforestal, técnico profesional en gestión de recursos naturales con especialización y maestría en ordenamiento y gestión de cuencas hidrográficas.
Se vinculó a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) como contratista en 2003. En su orden, se ha desempeñado como subdirector de calidad, profesional especializado y subdirector, hasta llegar al cargo de director general en 2020. En 2024 fue reelegido por el Consejo Directivo hasta 2027.
Para administrar el territorio, Codechocó ejerce la autoridad ambiental a través de cuatro regionales: Atrato, con sede en Quibdo; San Juan, en Itsmina; Costa Pacífica con asiento en Bahía Solano y Urabá, con oficina en Riosucio.
Chocó es uno de los territorios más biodiversos del planeta. Se caracteriza por presentar ecosistemas de manglar, bosques inundables, ciénagas, bosques húmedos, secos y páramos, que contienen el 40% de las especies faunísticas de Colombia. Se destacan el bosque tropical lluvioso y su amplia área marina-sobre el océano Pacífico.
Según registros nacionales de áreas protegidas cuenta con 28 áreas declaradas en diferentes categorías: tres parques nacionales naturales, Utría, Katíos, Páramo del Duende y Tatama; siete distritos regionales de manejo integrado; 12 reservas naturales de la sociedad civil; cuatro reservas forestales nacionales protectoras y un santuario de fauna.
Una zona protegida que suma 402. 033.42 hectáreas en la que la entidad en alianza con otras autoridades debe combatir delitos como la minería ilegal para la producción de oro, el narcotráfico y el comercio ilícito de madera.
Reclaman su libertad
Desde que ocurrió el secuestro, familiares, funcionarios de la Corporación, miembros del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental y la ciudadanía chocoana, han desarrollado plantones, homenajes, siembra de árboles, marchas, actos litúrgicos o encuentros, para exigir a los captores, respeto, cuidados médicos y libertad para el funcionario.
La revista Chocó hizo el siguiente registro de la primera marcha realizada en Quibdó, cuatro días después de su secuestro.
El 29 de abril, Día Nacional del Árbol, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo Sostenible (Asocars), que reúne a las 33 corporaciones autónomas del país, organizó la actividad: Un árbol por la libertad de Arnold Rincón López.
Durante el evento, Yesid González Duque, director ejecutivo de la agremiación, expresó: “Reiteramos el llamado para que estos actos de violencia que atentan contra la integridad de las personas no se repitan. Pedimos respeto por la vida del director Arnold y su inmediata liberación”.
En la sede de la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), también se hizo un petición por la vida del directivo.
El 15 de mayo, sesionó la Asamblea General de Asocars, en Bogotá, para gestionar acciones humanitarias hacia la liberación de Rincón López, con delegados la OEA, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Los delegados Mónica Arrieta, Andrés Harlin y Christian Rodríguez, de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtieron que continuarán coadyuvando la gestión humanitaria para su liberación.
Nicolás Murgueitio, de la Procuraduría General de la Nación, instó a los directores de las corporaciones a comunicar la situación y el nivel de riesgo y orden público en sus regiones.
Juan David Bello, de la Defensoría del Pueblo, socializó las acciones humanitarias adelantadas por la defensoría para salvaguardar la vida y salud de Arnold Rincón.
Asocars ofició al gobierno nacional su preocupación por la creciente ola de violencia e inseguridad que afecta a sus funcionarios en todo el territorio nacional. Desde febrero de 2024, la Asociación solicitó al Ministerio de Ambiente su intermediación para garantizar el ejercicio legítimo de la autoridad ambiental en zonas donde operan grupos armados ilegales, quienes han impuesto restricciones al acceso del personal de las CAR, poniendo en riesgo su integridad y limitando el cumplimiento de su misión institucional.
También solicitaron al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizar un análisis de riesgo y establecer esquemas de protección para los directores generales de las CAR, en territorios vulnerables y apartados del país.
“Más del 70% de los funcionarios de las CAR cumplen funciones operativas y de autoridad ambiental en campo, por lo que su vida e integridad deben ser protegidas como una prioridad del Estado. Es imperativo que se activen los protocolos de seguridad establecidos por la Constitución y la ley, para que podamos seguir cumpliendo nuestra misión de proteger el ambiente con garantías”, enfatizó Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima y presidenta de la junta directiva de Asocars.
Ese mismo día, en las sedes de las corporaciones se realizaron plantones, un ejemplo de estos es el realizado por la Corporación Autónoma del Quindío (Carder):
El 22 de mayo, durante el 57 aniversario de Codechocó, los compañeros de Arnold Rincón pidieron nuevamente la liberación del Director.
Expresaron que esta efeméride llegó de una manera diferente, en marco de una crisis nunca antes pensada por el secuestro del Director General. Indicaron que no se ha tenido información acerca de su paradero y de los autores.
En comunicado al país, agregaron: “La retención ilegal del Director, atenta contra sus derechos fundamentales como ser humano y obstaculiza el cumplimiento de sus funciones como líder de una entidad pública adscrita al Sistema Nacional Ambiental (SINA), que trabaja de la mano de las comunidades negras, indígenas y campesinas por la conservación y el equilibrio ecológico de los recursos naturales del departamento del Chocó”.
Este año el aniversario 57 de Codechocó, ocurrió en ausencia del Director, quien permanece secuestrado. Imagen: Codechocó.
Los compañeros del ingeniero Rincón López manifestaron que no permitirán que la misión ambiental sea silenciada por la violencia que enfrentan los territorios y reiteran la necesidad de establecer a nivel nacional procesos y procedimientos que protejan a quienes realizan la labor de proteger el ambiente y la vida.
“El secuestro es un flagelo que deja huellas y marcas no solo a quien lo padece; sino de aquellos que rodean a la víctima, en este caso, la familia Codechocó, quienes han compartido cerca de 25 años con el ingeniero”.
Se reúnen con Minambiente
El 23 de mayo, Asocars se reunió en Bogotá con Lena Estrada, ministra de Ambiente, para solicitar su intervención en el caso y en tres asuntos más:
- Seguridad y protección para directores y funcionarios en el desarrollo de sus labores en campo.
- Mayor agilidad y celeridad en el giro de recursos de proyectos del Fondo de Compensación Ambiental-FCA, Fondo para la vida y Sistema General de Regalías.
- Mayor articulación y planificación en temas de interés.
Encuentro de Asocars y el Ministerio de Ambiente. Imagen: Codechocó.
Días después, el Ministerio de Ambiente les respondió con el anuncio de la activación de rutas para mejorar la seguridad del personal técnico y directivo de las CAR en campo. Pidió la vinculación de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. Y anunció que antes del 30 de julio, cada corporación deberá presentar un protocolo de prevención de riesgos.
El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, hubo un nuevo clamor de Asocars en diferentes regiones del país por la liberación del funcionario, al manifestar que no es posible hablar de protección del medio ambiente sin hablar de libertad, porque esta siendo vulnerada por hechos violentos.
«Hoy, alzamos la voz por nuestro planeta, y también por quienes lo defienden, en especial por el director general de Codechocó, Arnold Alexander Rincón López, quien cumple 41 días de secuestro, tiempo en el cual se desconoce su paradero y la autoría de sus captores. Hacemos un llamado urgente a quienes lo mantienen retenido, para que se respete su vida y lo dejen en libertad. Cuidar el medio ambiente también significa garantizar la libertad de quienes lo protegen«.
El 9 de junio, al cumplirse 45 días de la retención, Nubia Carolina Córdoba Cure, gobernadora del Chocó, reiteró: “No ha habido comunicación”. Junto a sus compañeros del Consejo Directivo de Codechocó enviaron un mensaje.
Al cumplirse 45 días de secuestro del Director general de @CodechocoCar @ArnoldRinconLop los miembros del Consejo Directivo de la corporación exigen su liberación inmediata y el respeto por su vida. #LibertadParaArnold pic.twitter.com/aOe2kPlVvK
— CODECHOCÓ (@CodechocoCar) June 9, 2025
La mandataria reportó que además de reclamar por la liberación de Rincón López, durante el consejo fue encargado de la dirección, el ingeniero Jorge Gracia.
Cronología de un conflicto
Las situaciones de conflicto e inseguridad en el departamento han incrementado en la última década.
Desde 2014 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Defensoría del Pueblo y la Iglesiacatólica, advertían al gobierno nacional sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos que se acrecentaba en ese territorio.
«La crisis se debe a la ineficiencia alimentaria, en temas de salud y educación, así como a la intensificación del conflicto armado y la violencia urbana».
Para ese momento, los indicadores registraban que el 48,7% del Chocó experimentaba condiciones de pobreza extrema, por la falta de oportunidades en materia de empleo y la ausencia del Estado para el desarrollo de actividades económicas formales.
«El 80% de las necesidades básicas de los habitantes se ven insatisfechas, frente a un 32% equivalente al promedio nacional. A la fecha han sido desplazadas 320 mil personas, víctimas de los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc, el ELN y las Bacrim. Y solo el 20% del territorio contaba con servicios de acueducto y alcantarillado».
Durante audiencia en 2021, la Cámara de Representantes reportó 195 homicidios, 27.701 personas confinadas (6.641 familias) y 2.311 familias desplazadas por la violencia. Astrid Sánchez Montes de Oca, representante por el departamento, explicaba que los detonantes de la crisis corresponden a la corrupción, el narcotráfico, los grupos al margen de la ley y la minería ilegal. «A esto se debe gran parte de la violencia, pero también el desempleo, la baja cobertura en educación, salud, servicios públicos y las escasas oportunidades de crecimiento para los jóvenes».
En la audiencia, Montes de Oca expresaba a Diego Molano, ministro de Defensa y a los altos mandos militares, la urgencia de acciones concretas “… no más consejos de seguridad, es el momento de actuar, se requieren estrategias efectivas, inversión social para dar oportunidad a los jóvenes y ofrecerles alternativas diferentes a las armas”.
En ese mismo escenario, jóvenes, estudiantes, líderes sociales, autoridades locales y departamentales, llamaron la atención del gobierno nacional para que haya inversión en el futuro de sus habitantes y advirtieron que de continuar la situación, Chocó sería un departamento inviable.
En consecuencia, entre el 2018 y 2023, la Defensoría del Pueblo emitió 31 alertas tempranas, para 27 de los 31 municipios, por acciones de diferentes grupos armados: Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.
Según la entidad, en ese cuatrienio aumentaron las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, es decir, los homicidios, amenazas, señalamientos, desaparición forzada y estigmatización contra líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas”.
Para Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, son pocas las denuncias realizadas de manera formal, “La falta de confianza en la institucionalidad, la tardanza en las respuestas, la carencia en la valoración para la adopción de medidas de protección y la intimidación ejercida por los grupos ilegales hacen que el silencio reine entre quienes están amenazados, sus familias y las comunidades”.
Otra de las causas de esa violencia es la disputa territorial entre la Guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal) o mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones.
Entre enero y junio de 2023 fueron registrados 71 eventos, alrededor de 14.000 personas confinadas en 11 municipios; es decir, 71 comunidades resultaron afectadas. Se presentó un paro armado del ELN que generó el confinamiento de 52 comunidades en cinco municipios de la subregión del San Juan, aproximadamente 9.000 personas.
«En total, en 2023, 123 comunidades, unas 23.000 personas, mayoritariamente afro e indígenas sufieron el conflicto. Las graves afectaciones a sus derechos a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, libre movilidad, por mencionar algunos, tienen que llegar a su fin. Llamo a los entes competentes a establecer planes de acción, rutas efectivas de atención, para favorecer a las comunidades del Chocó”, expresaba el Defensor del Pueblo.
Camargo reconocia que aunque no se ve una solución de fondo, dados los problemas estructurales de hace décadas, el Estado debe volver la mirada hacia el Chocó: “La respuesta estatal ha sido precaria, en consecuencia, ha agudizado la crisis humanitaria que padece la población civil. Es un departamento que, pese a la violencia generalizada, ha resistido los embates de la indiferencia de las instituciones nacionales, que deben pasar cuanto antes por el departamento, establecer campamento permanente y adoptar medidas de fondo”.
Marcha en Quibdó. Imagen: Codechocó.
Grupos armados
En territorio chocoano actúan el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas, las Fuerzas Armadas (Rps) – Cartel del Norte.
Además, cinco bandas criminales que operan en Quibdó, tres de ellas han tenido acercamientos de diálogo con el gobierno: Los Mexicanos, Locos Yam y RPS. También están los Z y Revolución Cabí.
El 11 de octubre de 2024, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el grave deterioro de la seguridad en Quibdó, ante la escalada de violencia desatada por parte de grupos criminales. Reportó acciondes de los Loko Yam, Los Mexicanos y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo.
“Esta situación ha generado un aumento considerable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y graves restricciones a la movilidad de la población, afectando especialmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes”, informó la entidad.
En mayo de 2024 el departamento recibió un refuerzo de 120 soldados y un componente de Gaula.
Un año atrás las autoridades se movilizaron ante el secuestro de Jefferson Elías Murillo, registrador departamental, junto con su primo Blyderson Arboleda Montañez, coordinador de Formación Profesional Integral del Sena.
El evento ocurrió en condiciones similares a las de Rincón López: el mismo sitio, Rancherías, en la vía Itsmina-Quibdó. Cuatro hombres que portaban armas largas lo interceptaron el 6 de enero y le dijeron que debía ir a una reunión. Había recibido amenazas desde 2022, según lo informó El Colombiano.
Veinte días después el Registrador fue liberado en el municipio de Lloró, hasta donde llegó después de atravesar campamentos y tener largas caminatas por la selva bajo la vigilancia de hombres armados.
«Gracias a la presión social, las marchas, la prensa y también a que las autoridades sobrevolaron el sitio donde lo tenían y eso fue considerado como un factor importante para recuperar su libertad», dijo Murillo a los medios.
En diálogo con W Radio, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó expresó, que la región no alcanza a tener 300 km de vías entre Quibdó-Medelllín y en el tramo Quibdó – Itsmina, es donde han ocurrido los delitos. “A lo largo de estas carreteras han puesto banderas, cilindros, efectuado secuestros extorsivos y quemado vehículos”.
Expresa que en este sentido, uno de los mayores retos es mantener las vías seguras. Para evitar ser víctimas de extorsión y otros delitos, el transporte intermunicipal se protege a través de caravanas acompañadas con miembros del Ejército Nacional.
Este sábado 14 de junio, el equipo de trabajo de Codechocó recordó que ya son 50 días de la retención ilegal de su Director, sin que se tengan noticias de su ubicación. Sus compañeros anunciaron que seguirán movilizándose hasta que retorne a su hogar.
