En una vivienda de la localidad de Fontibón, en Bogotá, fue hallada una cría de mono aullador por las autoridades ambientales. El animal había sido víctima de tráfico ilegal y provenía de La Guajira, en el norte del país.
Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, explica que el animal ya recibe toda la protección y atención veterinaria, una vez haya cumplido con los protocolos, podría ser devuelto a su hábitat.
Consulta pública sobre el proyecto de resolución que declara el Bioma Amazónico como una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables, abrió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por los próximos 15 días.
El fin es que la ciudadanía acceda al documento y luego de su análisis realice comentarios, observaciones y propuestas mediante un formulario anexo http://bit.ly/4820jEj
“La medida busca proteger 483.164 km² del Bioma Amazónico, salvaguardando el agua, la biodiversidad y la estabilidad climática de millones de personas en Colombia y el mundo”, explica la entidad.
La ministra de ambiente, Irene Vélez aseguró que la decisión es un paso histórico para garantizar que la Amazonía no llegue al punto crítico de no retorno, escenario en el cual el ecosistema perdería su capacidad de regeneración y se desencadenarían procesos irreversibles de degradación.
“Esta medida es clara: buscamos restringir las actividades extractivas convencionales en departamentos como Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés. Lo hacemos para evitar la pérdida y degradación de bosques; el acaparamiento hídrico y la contaminación de nuestros ríos; la acumulación de impactos ambientales surgidos por décadas de explotación industrial de hidrocarburos y, en menor medida, minería en la Amazonía”.
El Ministerio argumenta que este bioma enfrenta crecientes presiones derivadas de la minería y los hidrocarburos, actividades que generan impactos acumulativos y riesgos estructurales: “La apertura de infraestructura en departamentos como Putumayo y Caquetá ha potenciado de manera directa e indirecta la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de cobertura boscosa, al tiempo que disminuye la calidad del agua y degrada los suelos. Estos efectos, al interactuar con el cambio climático, se amplifican en cascada, afectando la seguridad hídrica, alimentaria y la gobernanza territorial del país”.
La declaratoria hace parte del Plan Integral de Contención de la Deforestación en el país. Al restringir las actividades extractivas en la Amazonía, se fortalece la lucha contra uno de los motores de pérdida de cobertura boscosa y degradación de ecosistemas. La medida se articula con programas de control y monitoreo, restauración ecológica y gobernanza territorial, buscando reducir las presiones sobre el bosque amazónico y garantizar su papel como sumidero de carbono y regulador hídrico esencial para Colombia y el planeta, plantea la entidad.
Amazonia colombiana. Imagen: Minambiente.
Considera que permitir nuevas actividades extractivas incrementaría la vulnerabilidad de la Amazonía, debilitando fenómenos esenciales como los ‘ríos voladores’, grandes corrientes de vapor de agua que se originan en la selva y transportan humedad hacia otras regiones, abasteciendo de agua a Colombia y gran parte de Sudamérica.
Así, el Ministerio asegura que aplica los principios de precaución y prevención, restringiendo actividades de minería e hidrocarburos en la zona.
Advierte que el proyecto respeta las situaciones consolidadas y establece un régimen de transición, es decir que los títulos o contratos vigentes, que tengan licencia ambiental, podrán ejecutarse hasta el término del contrato.
Afirma que esta medida cuenta con respaldo técnico y científico, contenido en el Documento Técnico de Soporte que integra información sobre biodiversidad, recursos hídricos, cambio climático y presiones extractivas.
El Bioma Amazónico colombiano abarca 483.164 kilómetros cuadrados, lo que representa el 42,3% del territorio continental del país y el 7% de la superficie total de la gran Amazonía. Se trata de un ecosistema estratégico cuya magnitud lo convierte en un pilar para la regulación climática, la biodiversidad y la seguridad hídrica a escala nacional y regional.
Este territorio se distribuye en 10 departamentos: seis de ellos en su totalidad (Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés) y cuatro de manera parcial (Meta, Vichada, Cauca y Nariño). Está zona comprende 61 municipios, de los cuales 43 están incluidos completamente y 18 de manera parcial, además de 18 áreas no municipalizadas.
En cuanto a figuras de protección y manejo, el 22,9% del Bioma Amazónico es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), mientras que el 55% del territorio corresponde a resguardos indígenas, con una superficie cercana a los 26,8 millones de hectáreas. Estas características reflejan la importancia de este territorio como espacio de conservación, de vida y de salvaguarda de la diversidad cultural y natural del país.
Este afloramiento ofrece beneficios ecológicos y económicos críticos: las aguas profundas ricas en nutrientes alimentan el fitoplancton (organismos acuáticos marinos que soportan la fotosíntesis) que sustenta las redes alimentarias productivas y las pesquerías, mientras que las aguas frías de afloramiento generan una especie de amortiguadores térmicos que moderan los eventos de blanqueamiento de corales.
Sin embargo, en 2025, por primera vez desde que comenzaron los registros, este afloramiento no ocurrió. El análisis científico atribuye esto a la reducción de la actividad de los vientos alisios, que generalmente impulsa el afloramiento a través de los chorros de viento costeros.
Los datos sugieren que la causa fue una reducción en la frecuencia, duración y fuerza de los chorros de viento de Panamá, posiblemente relacionada con la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) durante La Niña 2024-2025, aunque los mecanismos siguen sin estar claros.
Esta zona está ubicada en zona ecuatorial es clave en la meteorología mundial global donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte y sur, generando un cinturón de baja presión que provoca lluvias intensa o tormentas.
Sin embargo, es probable que su ausencia traiga consecuencias significativas, incluida la disminución de la productividad pesquera y el estrés térmico exacerbado en los corales que generalmente se benefician del enfriamiento del afloramiento, dice el Programa Espacial de la Unión Eiuropea Copérnicus. «Este evento subraya cómo la alteración del clima puede amenazar los sistemas de afloramiento tropical impulsados por el viento, que siguen siendo poco monitoreados y estudiados a pesar de su importancia para la ecología y las economías costeras».
La ausencia de surgencias puede tener importantes implicaciones ecológicas, incluida una menor disponibilidad de nutrientes y un mayor estrés en los ecosistemas marinos.
Esta imagen, derivada de los datos proporcionados por el Servicio Marino de Copernicus, muestra la temperatura de la superficie del mar (SST) en el área en marzo de 2024 y marzo de 2025. La comparación revela aguas superficiales más cálidas en marzo de 2025, consistentes con la ausencia de intrusión de agua fría normalmente asociada con el afloramiento.
Los datos marinos de Copernicus permiten un seguimiento continuo de los cambios oceánicos y proporcionan información clave para la investigación climática y la política medioambiental en las regiones costeras.
CALI. Luego del avistamiento de un oso de anteojos en el área rural de palmira, Valle, las autoridades ambientales piden a la comunidad, en caso de hallarlo, tener precaución.
La Dirección de Gestión de Medio Ambiente del municipio y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) hacen un llamado para no atacarlo.
“Importantísimo este avistamiento porque desde el 2016 a la fecha han aumentado los corredores de conservación del Oso andino. Ahora bien, a las personas que de alguna manera lo observen, les pedimos que lo admiren, que lo respeten pero que sobre todo lo protejan, que no se acerquen para darle alimento, que no le tiren ningún tipo de objeto para lastimarlo”, dijo Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC, resaltando que el avistamiento se realizó en una de las áreas protegidas que tiene la corporación.
Fue un agricultor de la zona alta de Palmira quién lo encontró mientras el animal disfrutaba de las semillas y forrajes que ofrece esta zona boscosa, y dio aviso a las autoridades.
El oso andino (k), también conocido como oso de anteojos, es una especie «sombrilla», debido a que su conservación lleva a que muchas otras especies sobrevivan. Adicionalmente, es una especie que ayuda a conservar el agua, esparce semillas y ayuda a la regeneración natural de los páramos y bosques andinos de nuestro país. Está clasificado como especie vulnerable a la extinción.
Milton Reyes, biólogo de la regional Suroriente de la CVC comentó que es importante resaltar los avistamientos de oso de anteojos que se están dando en las zonas rurales. “Esta es una especie que tiene problemas de conservación, su distribución, aunque inicialmente cubría hasta la parte plana del departamento, hoy solamente se presenta hacia las zonas altas que representan el límite de su distribución”.Por eso, el llamado que hoy hace la entidad a los campesinos y comunidades en general, asentadas en zonas donde posiblemente pueden presentarse estos avistamientos, es a conservar esta especie tan importante en los ecosistemas, sobre todo de páramo y alto andino, es una especie emblemática, por eso se resalta la necesidad de su conservación.
“A los campesinos decirles que no tengan miedo al oso, porque esta es una especie que no tiene reportes de ataques al ser humano”, agregó el biólogo Reyes. Esta especie dispersa las semillas de los frutos que consume, también recolecta polen en su pelo y lo dispersa en las plantas y permite la renovación del bosque al derribar arbustos y ramas para alimentarse, favoreciendo el crecimiento de nuevos árboles.
Además, es una especie clave para la conservación de los ecosistemas, porque vive en un amplio hábitat natural ubicado en las tres cordilleras que atraviesan el país. Su movilidad abarca grandes extensiones que van desde los cero metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud donde se encuentran ecosistemas como selvas húmedas, bosques andinos y páramos.
Oso de anteojos o andino, avistado en palmira. Imagen: CVC
Esta es la región con más asesinatos de personas defensoras del mundo, con el 82 % de los casos en 2024, de acuerdo con el último informe de la organización Global Witness. Por tercer año consecutivo, Colombia es el país con más asesinatos de defensores en el mundo.
La violencia contra personas defensoras ambientales y del territorio está fuera de control en Latinoamérica, donde al menos 120 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas durante 2024, de acuerdo con un reciente informe elaborado por Global Witness.
El reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” detecta que al menos 146 personas fueron asesinadas o desaparecidas en todo el mundo el año pasado, mientras protegían su territorio, su comunidad y el ambiente. El 82 % de los casos ocurrieron en Latinoamérica, que se mantiene como la región con el mayor número de agresiones.
Colombia lidera este registro por tercer año consecutivo como el país con el mayor número de homicidios, con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, país que prácticamente quintuplicó sus casos al pasar de cuatro asesinatos a 20 en un año.
México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En Honduras se documentaron cinco casos, mientras que Nicaragua y Perú tuvieron cuatro cada uno.
Ecuador registró el asesinato de tres personas defensoras del territorio. Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.
Desde 2012 —año en que Global Witness inició este monitoreo— se han cometido 2253 asesinatos y desapariciones contra defensores, de los cuales el 72 % se cometieron en Latinoamérica.
El informe global registró 50 casos menos que en 2023 y pese a que la cifra a nivel mundial es la más baja en diez años, sus autores advierten que esto no significa que la violencia contra defensores se esté reduciendo. Al contrario, señalan que otras agresiones están en ascenso.
“La criminalización, las amenazas, otro tipo de ataques no letales, incluso los ataques online están haciendo la vida a las personas muy difícil, aunque no les priven de la vida”, dice Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.
Para Furones, la violencia contra defensores ambientales está evolucionando a formas más sofisticadas que buscan silenciar a las personas que protegen comunidades y territorios. La organización expone casos concretos en Latinoamérica que lo reflejan.
Pese a registrar 31 asesinatos menos que en 2023, Colombia lidera el registro de agresiones con 48 casos, un tercio de los documentados a nivel mundial en 2024.
Son 19 las víctimas que pertenecían a comunidades indígenas y 20 más eran campesinas, de acuerdo con el reporte que este año examinó también el papel de los mecanismos de protección en el país para prevenir la violencia.
El informe destaca el caso de Jani Silva, una de las defensoras del territorio más reconocidas en Colombia. La lideresa social y figura central del movimiento campesino colombiano lleva más de 11 años bajo el mecanismo de protección, ante las amenazas e intentos de asesinato que ha recibido por defender laZona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en Putumayo, una de las primeras reservas campesinas protegidas de Colombia.
La defensora y fundadora de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) relató a Global Witness los retos de sobrevivir con este mecanismo en el país donde más se asesina a personas defensoras.
Silva destaca que al menos 22 personas defensoras han sido asesinadas o han desaparecido en la región de Putumayo desde 2015, donde asegura que el extractivismo y la militarización “van de la mano”.
“Llevo mucho tiempo oponiendo resistencia a la intrusión de las empresas mineras y petroleras, así como a los grupos armados que intentan controlar nuestros territorios y los corredores del narcotráfico del suroeste de Colombia. Su férreo control nos ha afectado a todos”, expuso la defensora.
Aunque ha recibido medidas de protección, Silva señala el desgaste que implica el mecanismo, sin que la presión o el peligro disminuyan.
“Plantarles cara a las empresas y agentes ilícitos ya es bastante complicado. Pero tener que hacerlo lejos de mi comunidad, mientras estoy permanentemente preocupada por miseguridad, supone un desgaste emocional. Echo de menos la tranquilidad, el aire fresco y estar rodeada de naturaleza”, aclara la defensora. Silva también cuestionó la falta de acceso a medidas de protección para el resto de su organización.
La defensora plantea que el mecanismo debe proteger física y emocionalmente a los defensores y a sus comunidades. “En Putumayo, una zona de conflicto armado, todos sufrimos los riesgos. Si el funcionario gubernamental viniera a hacer sus evaluaciones, vería con sus propios ojos las amenazas que enfrentamos y diseñaría medidas adaptadas a la realidad que vivimos”, sostuvo.
Global Witness destaca la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia como el sistema de protección más grande del mundo, donde solo en 2024 se concedieron más de 4000 medidas de protección (apenas el 31 % de todas las solicitudes recibidas). Sin embargo, eso no evitó que al menos cinco personas defensoras que solicitaron o recibieron protección fueran asesinadas el año pasado.
Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, sostiene que una de las fallas de este mecanismo es que no está deteniendo la violencia letal porque no tiene un enfoque preventivo sino exclusivamente reactivo.
“Los mecanismos de protección estatal son importantes porque están íntimamente ligados con el tema de la justicia efectiva y de la lucha contra la impunidad”, advirtió la defensora durante la presentación del informe y agregó: “No es posible que cada año contemos asesinatos y desapariciones y los Estados no detengan, investiguen y sancionen a los responsables, lo que hace que el ciclo se repita”.
Además, subrayó que el Estado colombiano está dejando de hacer su deber en estos mecanismos al colocar la responsabilidad en organizaciones civiles e indígenas.
Torres también mencionó el caso de 11 defensores del territorio y campesinos criminalizados por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona, en el municipio cafetalero de Jericó, departamento de Antioquia. La propietaria AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial, los acusó de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Por ahora, enfrentan el proceso en libertad. Este medio se comunicó a finales de julio con la sede local de la minera para conocer su versión de los hechos pero no recibió respuesta hasta el momento.
De acuerdo con el informe, en 2024 la violencia se mantuvo de forma desproporcionada precisamente contra defensores indígenas y campesinos, con 45 casos en cada categoría, de acuerdo con el informe.
Furones señala que estos grupos están en especial vulnerabilidad al verse obligados a actuar después de que actores gubernamentales, corporativos o grupos armados tratan de controlar, invadir o explotar sus territorios.
La autora del informe destaca que en muchos otros casos no logran tener información suficiente para vincular los asesinatos con las luchas por el territorio, lo que también contribuye a la impunidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, comenta que la minería e industrias extractivas fueron el sector más mortífero en 2024, con al menos 29 ataques contra defensores.
“También la tala, la agroindustria, grandes poderes económicos muchas veces ligados a poderes políticos que están detrás de los asesinatos”, agrega Furones. “Los proyectos de construcción de carreteras, infraestructura, la caza furtiva, energía hidroeléctrica. Todos estos poderes fácticos y económicos están detrás de los ataques”, sostuvo durante la presentación del informe.
Pese a la falta de información en casos de asesinatos de defensores, el estudio señala que poco menos de un tercio de los casos registrados a nivel global en 2024 están vinculados al crimen organizado.
“Esto es algo que estamos viendo en ascenso en muchos países: cómo el crimen organizado está permeando, ejerciendo un control brutal sobre el territorio, a veces incluso en alianzas con intereses corporativos”, dice Furones.
En el último año, Guatemala se posicionó como el país con mayor número de asesinatos de defensores del territorio per cápita, de acuerdo con Global Witness.
Entre los factores que destaca el informe está el desafío de la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a élites, así como la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.
De los 106 asesinatos y desapariciones de defensores documentados en Guatemala desde 2012, la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían su derecho sobre la tierra o se oponían a la extracción de recursos naturales.
“El aumento del crimen organizado es un gran factor que pone en riesgo a las personas defensoras en Guatemala. Entre 2012 y 2024, más de la mitad de todos los ataques ocurrieron solamente en cuatro departamentos regionales: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango”, sostuvo Furones durante la presentación.
También destacó el incremento de la violencia durante 2024 en la provincia costera de Escuintla, donde ocho defensores fueron asesinados.
“Seis de estos homicidios además estaban relacionados con el crimen organizado. No quiero dejar de remarcar que la proximidad de Escuintla y México a sus puertos de costa del Pacífico han convertido a esta región en una vía estratégica para el narcotráfico. Esto ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década y durante los últimos años”, expresó Furones.
De acuerdo con el reporte, seis de las personas defensoras asesinadas en Escuintla en 2024 estaban afiliadas al Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales.
Neydi Juracán, integrante de este comité, agrega que el aumento de los asesinatos ha venido acompañado también de hostigamiento, estigma y criminalización contra defensores comunitarios.
“Consideramos que se vincula fuertemente con la implementación del modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo, en la implementación de monocultivos, que busca el despojo de nuestros territorios”, expresa la defensora. Además, destaca el proceso de resistencia pacífica por el cuidado de los bosques, el agua, los cerros y bienes naturales.
Juracán también afirma que en las regiones donde hay mayor presión sobre los territorios, como en Alta Verapaz e Izabal, hay procesos de hostigamiento más violentos contra defensores, algo que ha continuado a lo largo incluso de 2025.
“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han capturado a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, denunció la defensora en la presentación del informe.
Global Witness documentó cuatro desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio en 2024. La mayoría de ellas ocurridas en Latinoamérica: Chile, Honduras y México registraron un caso por país.
El informe destaca el caso de Julia Chuñil, una defensora indígena mapuche de 72 años que desapareció en la región de Máfil, en Chile, en noviembre de 2024, tras acompañar la recuperación de espacios de profundo valor cultural y territorial.
Chuñil es presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil y trabajaba para obtener la tenencia de las tierras ancestrales de su pueblo en la Reserva Cora, una zona forestal en disputa, tras años de amenazas e intimidaciones por parte de personas interesadas en la explotación maderera de la región.
Karina Riquelme Viveros, abogada del Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) y quien acompaña a la familia de Chuñil en el caso, asegura que su historia refleja las dinámicas estructurales de racismo, discriminación y criminalización que enfrentan las personas defensoras mapuches en Chile, por el trato que ha recibido el caso.
“Esa criminalización tiene una doble mirada porque por un lado se persigue al pueblo mapuche y por otro lado se le abandona cuando son víctimas, y ese es el caso en particular que está viviendo hoy la familia de Julia Chuñil”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe.
En estos diez meses, Riquelme contó que la familia ha recibido acoso y ha sido objeto de filtraciones judiciales con información falsa en lugar de acciones de búsqueda para dar con Chuñil.
“Hemos tenido que denunciar penalidades de la institucionalidad y eso evidentemente le da toda la gravedad a este caso. Quienes son víctimas han sido tratadas como imputados y tienen desesperación porque el Estado chileno no está dando el ancho en la investigación y no tenemos antecedentes ciertos de dónde está [Chuñil]”.
Imagen superior: Recuadro Latinoamérica concentró el 82 % de los asesinatos y desapariciones de defensores ambientales en 2024. Foto: cortesía Global Witness.
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
Destacar la importancia del enfoque biocultural en la conservación de ríos y cuerpos de agua es el propósito del encuentro Ciudadanos del Río: comunidades creadoras que se realizará este 2 de octubre, en Cali, Valle del Cauca.
Como parte de la semana de la Biodiversidad, el evento busca una reflexión de la conservación de estos ecosistemas, los saberes ancestrales, los conocimientos locales y las prácticas culturales de las comunidades alrededor de los ríos.
La actividad desarrollada por la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea), se realizará en auditorio del Museo La Tertulia de Cali.
Asistirán sabedores, mediadores, cooperantes internacionales, académicos, artistas, empresarios, comunidades creadoras y líderes de proyectos.
El evento abrirá con un concierto de marimba dulce, instrumento ancestral del Pacífico colombiano. Le siguen tres conversaciones con experiencias de varias regiones que mostrarán la contribución de la cultura a la conservación de la naturaleza.
La agenda contará con un componente académico y otro experiencial – abiertos al público- donde la conversación con líderes comunitarios, expertos y gestores culturales se unirá a la vivencia directa de prácticas que nacen en torno al río.
La primera es la conversación desde las orillas, diálogo entre diferentes actores del ecosistema CoCrea, sobre las ventajas y oportunidades de la implementación de este mecanismo. Participan: Juan Pablo Tovar, gerente de proyectos de valor compartido en Enlaza, filial del Grupo de Energía de Bogotá; Fernando Patiño, coordinador del proyecto Geoportal colaborativo de paisajes y prácticas bioculturales para el fortalecimiento de la gobernanza de los territorios del agua de la cuenca alta del río Cauca; y Silvia Romero, piangüera de la Asociación Agroindustrial Sostenible de la Costa Pacífica.
Siri Córdoba / Imagen: Cocrea
El segundo es el diálogo entre ciudadanos del río, basado en experiencias centrada en saberes ancestrales, conocimientos locales y prácticas culturales en la conservación de ríos y cuerpos de agua.
Están invitados, Siri Córdoba, lideresa comunitaria comprometida con la protección del río Atrato, en Quibdó, Chocó; Zully Santiz, mediadora de lectura de la Biblioteca Rural Itinerante “Pescando letras e ideas” de San Benito Abad, Sucre; y Sandra Chasoy, guardiana del agua de Colón, Putumayo.
El tercer y último diálogo fue denominado Palabras y músicas del Río. Nadar contracorriente: busca enviar “poderosos mensajes para proteger, valorar y resignificar los cuerpos de agua”. Participan: Herencia de Timbiquí, William Angulo, poeta, cantador y gestor cultural, y Begner Vásquez, cantautor y portador de saberes ancestrales; Fernando Trujillo, director científico y fundador de la Fundación Omacha; y Velia Vidal, escritora, activista, amante del mar, los ríos y de las lecturas compartidas, de Bahía Solano, Chocó.
Para María del Pilar Ordóñez Méndez, directora general de CoCrea En Colombia, la división político-administrativa a veces riñe con la división cultural de las regiones, pero si entendemos el agua como un criterio de ordenamiento territorial, se vuelve estratégico impulsar proyectos que trabajen por la preservación del agua y de los ríos, arterias que cruzan el territorio y construyen comunidad.
La Corporación Colombia Crea Talento (Cocrea), es una entidad mixta, sin ánimo de lucro, que trabaja en el ecosistema cultural y creativo para la generación de valor social, económico y ambiental. Están asociados el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, Comfama, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad del Valle.
Imagen superior: Río Sinú/ Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
