Los procesos inadecuados de implementación, la falta de una regulación clara y el cambio climático han limitado el desarrollo del potencial micro y minihidroeléctrico del país.
Carlos Ernesto Hernández
MÉXICO – México busca acelerar su transición energética con una matriz más limpia y diversificada, pero buena parte de la discusión pública se ha concentrado en proyectos solares o eólicos, dejando de lado otras opciones. Entre ellas destacan las micro y minihidroeléctricas, sistemas capaces de generar electricidad a partir de corrientes de agua sin represar ríos ni modificar de forma significativa los ecosistemas, y que podrían ser una pieza clave para la descentralización energética en comunidades rurales.
Los procesos inadecuados de implementación, la falta de una regulación clara y el cambio climático han limitado el desarrollo del potencial micro y minihidroeléctrico del país.
Esto a pesar de contar con un potencial identificado de 2800 megavatios (MW), así como la posibilidad de uso de 2916 instalaciones “no concebidas originalmente para la generación de energía eléctrica”, entre las cuales destacan los distritos de riego y sus canales de irrigación.
En México este tipo de proyectos se han topado con una regulación poco clara, limitaciones ante el cambio climático y la oposición de comunidades anteriormente afectadas por proyectos de mayor calado.
Aun así, expertos recomiendan el impulso a este tipo de proyectos destacando su papel para llevar energía a zonas rurales y comunidades con difícil acceso a la energía, impulsando la justicia energética.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las pequeñas centrales hidroeléctricas son una tecnología madura, versátil y efectiva para dar acceso a electricidad limpia y sostenible.
Esto, indica el Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2019, las hace adecuadas para zonas rurales remotas de baja demanda, regiones donde incluso pueden convertirse en una oportunidad de empoderamiento para mujeres y niñas a través de la electrificación de la vida diaria, la reducción de su labor y mejoras económicas.
Pero, aunque la ONU cataloga como pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) aquellas infraestructuras de hasta 10 MW de capacidad, no hay un consenso general sobre cómo catalogar a las pequeñas, mini y micro plantas hidroeléctricas.
Mientras que la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) clasifica como micro a las de hasta 50 kW, mini de entre 50 y 500 kW, y pequeñas de 500 a 5000 mil kW.
La Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) clasifica como micro a las menores a 1,0 MW, mini de entre 1,0 y 5 MW y pequeñas a las de entre 5 y 30 MW, coincidiendo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta).
La diferencia es relevante porque las más pequeñas no requieren de grandes obras de represamiento y pueden construirse incluso en el cauce de canales de riego, como en el caso de una propuesta para una mini hidroeléctrica de 1,0 MW en el cauce del canal San Lorenzo, al sur de Culiacán, dentro del distrito de riego 10.
Grandes presas, grandes impactos
Como toda obra de infraestructura, la construcción de una presa tiene impactos en el paisaje, la naturaleza y la comunidad.
Algunos de estos son la acumulación de sedimentos, cambios en la calidad del agua y diferencia de recarga en acuíferos a nivel de presa y aguas abajo. Otros, la pérdida de riqueza arqueológica y cultural, desplazamientos de la población y cambios en el uso de suelo tras la puesta en operación del embalse.
Para la construcción de la presa Sanalona, la primera construida en el norteño estado de Sinaloa, 10 pueblos fueron desplazados y reubicados en uno solo.
En el caso de la presa Humaya, fueron 44 los poblados reducidos a una sola comunidad. También es común que, durante temporadas de sequías, al vaciarse los embalses, edificaciones y panteones vuelvan a surgir de entre las aguas.
Desde la presa Sanalona, hasta la presa Santa María, entre 1948 y 2024, 201 pueblos fueron reubicados en tan solo 18 lugares.
“Se ha demostrado que las grandes presas generan más perjuicios que beneficios”, indicó Omar Mancera. Una vida útil “corta”, de 50 años, no justifica para el antropólogo la devastación de zonas enteras de vegetación y el desplazamiento obligado de pueblos. Ante este reconocimiento, añadió, la tendencia ahora es hacer minipresas o pequeñas hidroeléctricas a lo largo de la vega de un río.
Mancera, académico de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ha estudiado los efectos socioambientales de la construcción de grandes presas en la entidad, también desde su relación con la actividad agrícola industrial y la contaminación por agroquímicos que genera está industria.
Por otro lado, el menor flujo de agua dulce hacia las costas y esteros provoca que las zonas cambien su salinidad y contenido nutricional, afectando directamente la reproducción de especies, muchas de ellas relevantes para la pesca artesanal.
“Los ríos aportan a los estuarios agua dulce y el mar aporta agua salada y el agua salobre sirve para que cientos de especies marinas nazcan ahí. Al cortarles el aporte de agua dulce a esos sistemas de estuarios, los está salando y si se salan se mueren las especies”, cuenta Mancera.
En el sur de Sinaloa, este efecto asociado a la más reciente presa, la Santa María, quitaría el sustento a 2.000 familias que dependen de los esteros de Teacapán y Huizache-Caimanero, destaca el investigador. Al mismo tiempo, indica, posibilitando el aprovechamiento de estas costas para otros usos.
Energía que “ahí está”
A nivel nacional el país cuenta con 337 sitios potenciales para mini (81) y microhidroeléctricas (256) que sumarían 162,25 MW y 42.31 MW, respectivamente, indica el Imta.
Sin embargo, el recientemente anunciado Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 no toma en cuenta a la energía hidroeléctrica, pues solo se plantea entregar 16 proyectos ya iniciados por la anterior administración que ampliarán la capacidad de generación en 535 MW.
En adelante, el gobierno federal impulsará en su mayoría proyectos fotovoltaicos, de ciclo combinado o eólicos, así como también de combustión interna.
En Sinaloa, el director de la Facultad de Ingeniería de la UAS destaca el potencial de estas minihidroeléctricas que pueden aprovechar los afluentes no solo de los 11 ríos en la entidad, sino de toda la red de canales utilizados por los distritos de riego para la irrigación de tierras agrícolas.
El académico diseñó el procedimiento de construcción de una minihidroeléctrica en un canal de riego al sur de la capital sinaloense, en medio de grandes extensiones de tierras de cultivo.
La producción de 1,0 MW, añade, equivale a quemar 95 508 litros u 85,99 kg de petróleo cada hora, y la energía generada podría iluminar hasta mil hogares. Al día de hoy, la Facultad de Ingeniería ofrece el servicio de diseño de mini hidráulicas.
“El generar energía eléctrica a través de fuentes renovables como la energía minihidráulica para el estado de Sinaloa, México, es posible, por lo tanto, deben aprovecharse los sitios potenciales”, concluye en su estudio, el cual identifica hasta 20 sitios potenciales para la instalación de esta tecnología.
“Es energía que ahí está”, coincide al respecto Valeria Amezcuna, consultora en energía y miembro de la Alianza por la Transición Energética Justa.
“En países como el nuestro, donde hay tanta pobreza energética y tanta pobreza en general, no podemos dejar de lado estos proyectos por más chiquitos que sean. Aunque en el panorama general contribuyan 0,0001%, sin importancia podríamos decirlo para el conteo global de emisiones, pero con mucha importancia para esa comunidad porque es lo que les puede cambiar la vida”, indicó.
“Las minihidroeléctricas, que ahorita están de moda por el mundo, son bastante buenas. Al final es usar un recurso que ahí está, es agua y la usan en cantidades tan pequeñas que, si se hace de manera adecuada, puede darle energía a una comunidad con un impacto ambiental muy controlado”, añadió.
Sobre todo, enfatizó Amezcua, en un contexto donde, hasta hace poco la mayoría de las comunidades podían producir por su cuenta la energía para realizar todas sus actividades a través de la madera o el carbón.
Pero, además, la experta ve mayor posibilidad para el avance de este tipo de proyectos con las nuevas Leyes del Sector Eléctrico y de Planeación y Transición Energética, por las cuales el país ahora toma la obligación de que las actividades del sector eléctrico se realicen bajo criterios de sostenibilidad y justicia energética.
“Algo muy bueno es que ya incluye la justicia energética como algo que el sector energético tiene que atender y la accesibilidad a la energía como una característica que tiene que tener nuestro sistema eléctrico. Que sea accesible, es decir, que se pueda pagar”, adujo Amezcuna.
En este sentido, añadió, existe mucha posibilidad de que con la actual legislación y autoridades, este tipo de proyectos pueda salir adelante.
Sin embargo, en la práctica, este modelo ha enfrentado diversos retos, el principal, la negativa de las comunidades que se han sentido ajenas a los procesos de decisión sobre sus territorios.
Para el caso de Veracruz, un reciente estudio que analizó 20 proyectos presentados como minihidroeléctricas en el periodo 2008-2017, encontró que en México no existe un criterio que establezca los rangos mínimo o máximo de la superficie total de la central ni un marco normativo e institucional claro respecto a los requisitos que deben cumplir.
Una constante en los proyectos analizados fue que todos planteaban vender su energía directamente a la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin dejar un beneficio palpable en las comunidades aledañas que, por otro lado, no han sido consultadas ni integradas a los procesos de planeación de los proyectos.
Esto “a diferencia de otros países donde la energía generada se utiliza para las comunidades que no tienen acceso a la red eléctrica pública. Para lograr una mayor aceptación, las comunidades deberían ser las directamente beneficiadas”, señala el documento.
“No han mejorado los estándares de sostenibilidad ambiental y participación social de los proyectos hidroeléctricos y tampoco han mitigado el escenario de conflictividad social… Esta forma de gestión que ignora a los grupos que habitan el territorio, promueve la desconfianza y disminuye la probabilidad de obtener la licencia social para operar los proyectos”, indica el estudio.
La sequía, el reto de la producción hidroeléctrica
En el Reporte de Avances de Energías Limpias 2024 (Rael), la Secretaría (ministerio) de Energía (Sener) señala que, en el primer semestre del 2023, la generación hidroeléctrica alcanzó 10 840,6 GWh, 6,3% de la generación total del país.
Está cifra supuso una disminución en relación con los años inmediatos anteriores que la secretaría atribuye a “los crecientes periodos de sequía que el país ha experimentado en los últimos años”.
Durante el primer semestre del 2023, indica el reporte, la producción de 78 de las 101 centrales hidroeléctricas del país disminuyó en promedio 27,7 % respecto al 2022. Ante está situación la Sener se ha enfocado en modernizar, rehabilitar y repotenciar centrales ya existentes, mas no la construcción de nuevas.
Para Sandra Guido, directora de la Asociación Civil Conselva, la variabilidad en las temporadas de lluvia ha jugado en contra de esta forma de producir energía limpia. “Lo que sí está pasando es que las lluvias se están estableciendo más tarde”, comentó. Esto ha generado que durante temporadas de mayor calor haya menos agua disponible para la generación eléctrica en las grandes presas, resultando en mayor demanda durante periodos de menor capacidad de generación.
“Empieza mayo con mucho calor y mucha demanda en energía eléctrica, pero no hay agua. Eso ya pasó, en el centro del país tuvimos un apagón hace un año porque estábamos en sequía. Ahí las lluvias empiezan antes, en mayo. Pero empezaron hasta mediados de junio y las presas llegaron a estar al 4%”, explicó Guido.
Pero a pesar de este y otros retos, la minihidroeléctrica no está descartada ni siquiera por las autoridades. En una reciente edición de una revista de la CFE se destaca cómo un proyecto microhidroeléctrico de cinco mini turbinas de 1,5 kW, alimentado por un arroyo, dará energía a una cooperativa de café en la comunidad de Salvador Díaz Mirón, en Misantla Veracruz.
La microhidroeléctrica puede representar allí la oportunidad de una transición justa para una comunidad rural de poco más de mil habitantes. Con la energía del pequeño arroyo que la alimenta, esperan mayores rendimientos económicos para una actividad que hasta hace poco aún realizaban a mano.
Imagen superior: Minihidroelectrica de 7,5 Kw, situada en Misantla Veracruz, que dará energía a la producción de café. Imagen: Mario Cano
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Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
