Las empresas controlan 8.5 % del territorio nicaragüense para la explotación de oro, plata, cobre y minerales críticos, de acuerdo con una investigación de la Fundación del Río. Al menos 29 de 72 lotes de concesión otorgados por el régimen de Nicaragua a empresas chinas están sobre territorios indígenas y afrodescendientes, sostiene el informe.
Gonzalo Ortuño López / Mongabay Latam
El mapa minero de Nicaragua está cambiando. El régimen encabezado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana ha facilitado la expansión de empresas mineras chinas, que han obtenido concesiones de explotación en un millón de hectáreas —esto representa el 8.5 % del territorio nicaragüense—, de acuerdo con un informe elaborado por la organización Fundación del Río.
De 72 lotes de concesión otorgados a 15 mineras chinas en los últimos cinco años, al menos 29 de ellos están sobre territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, sostiene el documento. Esta expansión se ha dado en contra del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas, de acuerdo con la investigación y con representantes de pueblos indígenas.
Además de los impactos socioambientales, el informe advierte sobre el tráfico ilegal de mercurio procedente de México y China, así como potenciales conflictos con Honduras y Costa Rica por la explotación minera en regiones fronterizas.
También señala presuntas irregularidades en exportaciones de minerales de Nicaragua y la falta de información de la mayoría de las empresas chinas beneficiadas con concesiones.
Autores del estudio y líderes indígenas consultados cuentan el impacto del auge de las mineras chinas en el territorio.
Antecedentes legales que aplanaron el camino
La investigación destaca que en los últimos tres años, las nuevas concesiones obtenidas por empresas chinas han desplazado a otras compañías de origen canadiense, británico y colombiano con relativa facilidad, las cuales incluso han renunciado a lotes obtenidos o han desistido de concesiones solicitadas.
Amaru Ruiz, biólogo, investigador y presidente de Fundación del Río, señala que hay una serie de modificaciones legales, impulsadas por el Gobierno nicaragüense, para beneficiar a empresas de capital chino o vinculadas a estas compañías. Esas reformas, explica, se han dado no solo en la Ley de Minas, sino también en la Ley Fronteriza, la Ley Ambiental y la del Sistema de Evaluación Ambiental.
“Hay una serie de modificaciones y nueva legislación que les asegura la obtención [de concesiones]. El fenómeno que estamos viendo es cómo el régimen ha facilitado la entrega de concesiones chinas a través de la modificación del marco jurídico”, explica a Mongabay Latam.
Una de estas modificaciones ocurrió en 2025, con la reforma a las leyes de protección para las áreas naturales del país, las cuales dejaron de ser sitios de preservación para ser zonas de “aprovechamiento”. Este cambio abrió la puerta a la exploración y explotación de los recursos naturales con fines económicos dentro de las zonas que antes estaban protegidas.
Mongabay Latam publicó estas modificaciones en mayo pasado, las cuales no sólo ignoraron las formas de organización de poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, sino que también pusieron en riesgo su autonomía y los territorios que habitan.
Una defensora de derechos humanos del pueblo rama, quien vive exiliada de Nicaragua y piden identificarse como Kuumakuala, señala que la invasión de tierras fue un claro antecedente para facilitar la llegada de empresas mineras chinas a los territorios.
“La incursión e invasión masiva hacia tierras indígenas rama y kriol y la reserva natural de Indio Maíz para la ganadería extensiva y la minería ilegal se da a partir del anuncio delproyecto del Gran Canal Interoceánico fallido por el gobierno sandinista de Nicaragua. Esto llevó al incremento de la violencia, despojo de tierras ancestrales y la explotación irracional de los bienes y recursos naturales existentes”, sostiene la defensora.
Pese a que el proyecto del Gran Canal Interoceánico retomado por el gobierno de Ortega no se concretó, la defensora rama señala que el despojo de territorios no se detuvo.
“Están realizando limpieza territorial dentro de las reservas naturales mediante detenciones, expulsiones y decomisos en zonas de alta prioridad ambiental. Sin embargo, estas tierras no están siendo regresadas a las comunidades indígenas, al contrario, el Gobierno las está confiscando para entregarlas a las empresas chinas para la explotación de los recursos”, explica Kuumakuala.
Al mismo tiempo, precisa, se realizan consultas “manipuladas e ilegales” para aprobar las concesiones a favor de empresas chinas mediante instancias y operadores del oficialismo.
No se tuvo respuest de Blue Owl Attorneys and Counselors, principal bufete de abogados de las empresas chinas en Nicaragua para conocer su versión sobre el informe, ni de los ministerios de Medio Ambiente y Minas. Este medio también buscó a la Embajada de China en Nicaragua para saber su posición ante los hallazgos del informe y las posibles violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, sin que haya habido alguna respuesta hasta la publicación de este texto.
Oro, plata y minerales críticos para China
La investigación advierte que los intereses de las empresas chinas no solo se concentran en la minería metálica de oro y plata, sino que buscan también los llamados minerales críticos, aquellos con gran capacidad de almacenamiento y conducción de energía que son claves para la transición a energías renovables y en las cuales China es potencia mundial.
El análisis de Fundación del Río sobre los lotes concesionados señala que entre los minerales estratégicos para las compañías chinas están el cobre, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel, entre otros.
“Esta diversificación de intereses podría resultar en una mayor asignación de lotes de concesión favorables a estos actores, incluso algunos de los lotes concedidos se encuentran ubicados precisamente sobre depósitos polimetálicos”, señala el documento.
Para Ruiz, estos intereses permiten entender la dinámica minera que está viviendo Nicaragua y la entrega masiva de concesiones a empresas chinas, las cuales coinciden con depósitos de varios metales explotables. Incluso, sostiene que hallaron concesiones en donde no se tienen registros oficiales de algún tipo de yacimiento estratégico. “Eso nos dice que no sabemos todo el potencial minero del país”, explica el investigador a Mongabay Latam.
Desplazamientos, territorios indígenas invadidos y sin consulta
Además de los cambios legales de 2025, el presidente Ortega emitió también un decreto para eliminar la consulta pública en el Sistema de Evaluación Ambiental de permisos y autorizaciones para el uso de los recursos naturales.
Un exconcejal regional y defensor indígena del pueblo miskito en el Caribe Norte de Nicaragua cuenta que, hasta hace unos años, todos los procesos de las concesiones mineras tenían que pasar por las autoridades comunales. Sin embargo sostiene que en los últimos años se ha debilitado y cooptado a ciertos gobiernos indígenas para aceptar los proyectos sin consultar a las comunidades.
“A las empresas chinas se les entrega sin hacer consulta. No hay un documento del proyecto en el Concejo regional ni en el Concejo municipal. La gente no sabe qué beneficio va a tener, qué es lo que firma. Las autoridades tradicionales ya no funcionan porque se le quitó todo ese poder a los líderes comunales”, afirma el dirigente indígena, quien desde el exilio en Costa Rica pide el anonimato por su seguridad.
El defensor miskito señala que la invasión de colonos y el desplazamiento forzado de comunidades están vinculados con la actividad minera. Asegura que se utiliza esta fuerza para facilitar el uso de las tierras comunales.
“Miles de indígenas han sido desplazados y en ese desplazamiento hay violencia asociada. Hasta ahora, más de 70 indígenas han sido asesinados en conflictos territoriales”, comenta el dirigente..
Esto también se traduce en amenazas, secuestros y criminalización, de acuerdo con el defensor que menciona casos recientes de guardabosques indígenas violentados en el país.
Uno de esos casos es el de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena miskitu y diputado regional de la organización Yatama, quien fue detenido y golpeado en septiembre de 2023 por agentes de la Policía Nacional, de acuerdo con un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Actualmente se desconoce su localización. Su colega y diputada suplente, Nancy Henríquez, también fue detenida días después, de acuerdo con colectivos de derechos humanos de Nicaragua.
Un defensor mayangna de Nicaragua, quien también pide reservar su identidad, comenta que la minería artesanal de oro, de la cual subsistían varias comunidades indígenas, también está siendo desplazada por las compañías chinas que obtuvieron concesiones dentro de territorios ancestrales.
“Nosotros como indígenas no trabajamos como ellos [las empresas chinas] trabajan, nosotros trabajamos minería artesanal, pero sin dañar la naturaleza, sin químicos, pero ahora ya con estos impactos van a terminar de destruir la naturaleza, nuestras aguas, lo último que tenemos protegido”, cuenta a Mongabay Latam.
El defensor coincide en que la invasión de colonos está poniendo en riesgo a las personas defensoras del territorio que se resisten o denuncian el despojo de sus tierras.
“Tenemos guardabosques que son perseguidos, que luchan dentro del territorio, que no llegan a su casa a dormir y se la pasan en la montaña”, describe el defensor.
Las personas defensoras consultadas coinciden también en impactos directos a la salud y a la alimentación de sus comunidades por el uso de mercurio y cianuro en la minería de oro, sustancias altamente tóxicas que se utilizan en el procesamiento del metal.
“Hay daños ambientales y sanitarios por la contaminación de los ríos, como el Coco, el Huanquí, el Prinzapolka. Hay un alto nivel de mercurio en las comunidades indígenas y eso tiene su efecto negativo porque la gente vive de la caza, de la pesca”, señala el dirigente miskito sobre las vías fluviales de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
La defensora del pueblo Rama sostiene que la expansión de la minería y la frontera agrícola han impactado drásticamente la vida comunitaria. Los pocos territorios que no han sido invadidos, cuenta, están contaminados e infértiles. Además, señala que la deforestación causada por estas industrias les ha impedido realizar cultivos tradicionales.
“No tenemos control ni autonomía sobre nuestro territorio ancestral. Hemos perdido hasta un 70 % de nuestro territorio y nos estamos quedando sin tierras para cultivar tradicionalmente. Nuestra fuente principal de alimentación la conseguimos del bosque con la semilla de almendro, muy especial para el pueblo rama”, lamenta.
El informe de la Fundación del Río advierte que en el país opera el tráfico ilegal de mercurio, calculado en más de 35.3 toneladas de consumo anual en Nicaragua, procedentes de México y China, de acuerdo con un reporte interno del Ministerio de Energía y Minas.
Esto, pese a que el Gobierno de Nicaragua declaró desde 2019 ante la Convención de Minamata— el tratado internacional que regula las emisiones por mercurio— que el país “no cuenta con registros de importación superiores a 10 toneladas”.
Exportaciones mineras en la opacidad
La investigación advierte que las empresas chinas no solo están explorando y explotando concesiones mineras a gran velocidad, sino que también ya están exportando minerales sin haber desarrollado infraestructura para procesar los minerales.
Ruiz agrega que hay una presunta subfacturación en los registros comerciales del país.
Por ejemplo, el informe asegura que las exportaciones de cobre que salen de Nicaragua hacia China son menores a lo que reporta China en la base de datos de Naciones Unidas. Asegura que en este caso existe una brecha de casi 32 millones de dólares que podría estar relacionado con la intención de reducir el pago de impuestos de exportación y ocultar el verdadero contenido de metales preciosos o estratégicos que salen del país.
El documento expone también que muchas de las empresas chinas beneficiadas con concesiones son de reciente creación, no cuentan con sitios web y no han probado su experiencia en el sector minero nacional o internacional, lo que dificulta conocer su estructura, inversiones, así como definir responsabilidades.
“Hace falta entender quiénes están detrás de esas empresas mineras chinas, quiénes son los accionistas, de dónde están viniendo los capitales, porque esto ha sido cercenado a la opinión pública y al pueblo nicaragüense”, comenta Ruiz.
*Nota del editor: la Embajada de China en Nicaragua respondió la consulta tras la publicación de la nota. En su respuesta, sostuvo que la escala de producción de las empresas chinas señaladas dista considerablemente de la de empresas provenientes de los Estados Unidos y Europa.
Además, sostuvo que estas empresas han desarrollado sus actividades “en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones locales” y desconoció alguna irregularidad o denuncia por falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.
“Antes de obtener las concesiones, han realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes y han conseguido la autorización de las autoridades nicaragüenses. Hasta la fecha, esta Embajada no ha recibido notificación alguna por parte del Gobierno ni de las autoridades judiciales de Nicaragua sobre conductas irregulares relacionadas con dichas empresas”, expuso.
Imagen superior: en el sector minero nicaragüense se ha incrementado la participación de empresas de origen chino, tanto en minería industrial como artesanal. Foto: cortesía Fundación del Río.
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