Piden retirar proyecto que reglamentaría la consulta previa

Este mecanismo es una de las salvaguardas más importantes para la protección de los derechos humanos de más de 102 pueblos indígenas de Colombia, dice la OPIAC.

“Pensar en un país desde la plurietnicidad y multiculturalidad, sin lugar a dudas ha sido un reto complejo para el Estado Colombiano y los gobiernos que a partir de la Constitución de 1991, han ejercido sus mandatos.

Es precisamente en reconocimiento de las realidades humanas y territoriales de lo que desde occidente se denomina Estado Nación y desde nuestras cosmovisiones se revisa desde la ancestralidad y el territorio como sujeto mismo; que resulta importante garantizar la construcción de la política pública de planeación y delimitación de las prioridades de país concentradas en el Plan Nacional de Desarrollo, derechos de carácter fundamental como la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado…»

En este contexto se expresó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), en representación de cinco organizaciones indígenas de carácter nacional, al indicar  que “más allá de comprenderlo como una mera formalidad, el derecho fundamental a la consulta previa, a pesar de su satanización, es sin lugar a dudas una de las salvaguardas más importantes para la protección de los derechos humanos de los más de 102 pueblos indígenas de Colombia”.

A partir de esto, explica la OPIAC, que la Amazonía colombiana, reconocida como el ‘pulmón del mundo’ —alberga 64 pueblos indígenas con igual número de lenguas maternas en 6 departamentos del país, con 48 millones de hectáreas, 3 figuras de ordenamiento territorial, 6,4% del total del bioma y 178 resguardos indígenas— «es determinante no solo para nuestros pueblos sino para el futuro de la especie, en la Amazonia y en nuestros saberes ancestrales, se encuentran el núcleo de la pervivencia de la humanidad».

Los líderes indígenas afirmaron que existe una amenaza latente al derecho fundamental a la consulta previa,  que “implica en la práctica su regresividad y desconocimiento, y que pretender su estandarización es negar que los pueblos indígenas tienen tantas prácticas como cosmovisiones, razón por la cual no están dispuestos a renunciar a sus derechos”.

Solicitudes al gobierno

En consecuencia, las comunidades indicaron que están abiertas al diálogo e hicieron cuatro requerimientos al Gobierno Nacional:

1. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la consulta previa, promoviendo la participación efectiva de las comunidades, autoridades y líderes; para la construcción de aportes e insumos tenidos en cuenta para la consolidación del documento final del Plan Nacional de Desarrollo.

2. Propender por una capacidad de diálogo técnico y político que reconozca la diversidad cultural, la diferencia de pensamiento y las realidades locales y territoriales.

3. Propiciar un diálogo de alto nivel, de gobierno a gobierno, entre las autoridades indígenas y la Directora del Departamento Nacional de Planeación y la Ministra del Interior, donde participe la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH en Colombia.

4. Solicitar el retiro del proyecto de ley a través del cual se pretende reglamentar la Consulta Previa y dar continuidad a la hoja de ruta que se ha trazado sobre la materia desde 2017.

¿QUÉ ES LA CONSULTA PREVIA?

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad El Rosario define la Consulta Previa como «el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación».

Se fundamenta  en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.  

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