No se sabe la fecha en que retomarán las negociaciones. Entre los logros de la COP16 están: creación del órgano subsidiario para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales; reconocimiento de comunidades afrodescendientes y creación del Fondo de Cali por uso de secuenciación digital de recursos genéticos. Sin embargo, no es claro cómo operará todo esto.
CALI, COLOMBIA. Eran cerca de las 9 de la mañana del sábado 2 de noviembre de 2024. A esa hora la falta de quórum impidió la continuidad de la última plenaria de negociaciones de la COP16 y la conferencia fue suspendida hasta una de las próximas sesiones intersesionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), sin que aún exista una fecha clara.
La reunión terminó con algunos logros importantes como la aprobación del “Fondo de Cali” para la Información de Secuencias Digitales (DSI, por sus siglas en inglés) sobre recursos genéticos. Se trata de un mecanismo de financiación único orientado a distribuir equitativamente los beneficios económicos del uso de esos recursos, muchas veces descubiertos y aprovechados inicialmente por comunidades indígenas o locales, y sus secuencias digitales.
También se logró el reconocimiento de los afrodescendientes dentro del CDB y la creación de un órgano subsidiario para los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro del convenio. Esto quiere decir que tendrán un puesto permanente en las negociaciones, el cual no dependerá de la voluntad de los gobiernos de turno. “Se reconoce el papel único de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sus innovaciones, prácticas y conocimientos tradicionales en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en sus protocolos y en el Marco Mundial sobre la Biodiversidad de Kunming-Montreal”, indica el documento oficial donde se creó el órgano subsidiario.
Estas dos decisiones se tomaron en la madrugada del 2 de noviembre y se sumaron a la aprobación de un acuerdo sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés) situadas en aguas internacionales, que establece un proceso científico y técnico para identificar esos espacios que están fuera de la jurisdicción marítima de cualquier país. Este tema se venía debatiendo desde la COP13 en 2016 y es esencial para implementar varios objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, al tiempo que respalda el Tratado de Alta Mar, que aún espera por ratificación.
Tiburón zorro pelágico. Foto: Oceana
Sin embargo, varios temas vitales quedaron estancados hasta la COP17 que se realizará en 2026 en Armenia. No hubo ningún acuerdo acerca del financiamiento para cumplir con las 23 metas del Acuerdo Kunming Montreal —este era quizás el tema más urgente para muchas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil—, tampoco se tomaron decisiones sobre el marco de monitoreo para determinar qué tan cerca o lejos del cumplimiento de esas metas están los países. Es más, al finalizar la reunión en Cali, sólo 44 países habían entregado sus Estrategias y Planes de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), es decir, el 22 % de todos las naciones que forman parte del CDB.
“La COP16 terminó sin una resolución clara y con la sensación de que este proceso ya no debe tratarse sólo de la conservación de la biodiversidad, sino de incluir las voces de aquellos que saben cómo conservarla mejor y dirigir fondos hacia quienes ya están realizando el trabajo sobre el terreno [pueblos indígenas y comunidades locales]. La obsesión por el dinero y los beneficios está desplazando la diplomacia y la cooperación necesarias para sacarnos de las crisis de biodiversidad y clima. Al final, todos perderemos porque hemos agotado el tiempo para detener el cambio irreversible”, dice Edda Fernández, asesora principal de Políticas de Avaaz y ex negociadora de biodiversidad para México.
En tanto Bernadette Fischler, directora de Incidencia Internacional de WWF Reino Unido, no disimuló su descontento con el tema de los recursos y aseguró que “seguir las discusiones sobre el financiamiento de la biodiversidad aquí en Cali fue tan agradable como una cirugía dental”.
Trabajos en la sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
La gran frustración vino por cuenta de la falta de consenso para la financiación de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal y para la creación de mecanismos de monitoreo que permitan verificar que los países las están cumpliendo. Al Marco Kunming Montreal sólo le quedan cinco años.
El constante fracaso del financiamiento
El tema del financiamiento era crucial en esta COP16, porque sin recursos es imposible superar la crisis de pérdida de biodiversidad y quedan menos de seis años para cumplir con las metas planteadas en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. Cada día que pasa sin que haya una ruta clara de financiamiento, disminuyen las probabilidades de alcanzar las metas.
En la meta 19 del Marco se propuso, para 2030, movilizar al menos 200 000 millones de dólares, con el compromiso de los países desarrollados de dar 20 000 millones anuales para 2025 y 30 000 millones anuales para 2030. Sin embargo, las naciones están rezagadas en sus compromisos.
Las propuestas sobre el mecanismo de financiamiento actual, el Fondo Marco Global para la Biodiversidad (GBFF), fueron escasas, y el fondo actualmente cuenta sólo con 407 millones de dólares. Además, las acciones para identificar y eliminar subsidios perjudiciales para la naturaleza han avanzado poco desde que se adoptó el Marco Kunming Montreal.
Todo esto es de preocupación ya que, aún si se cumpliera con la cifra de 200 000 millones de dólares, cifras del 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), muestran que el gasto en conservación de la biodiversidad oscila entre 124 000 millones y 143 000 millones de dólares por año, mientras que las necesidades totales estimadas para la protección de la biodiversidad se sitúan entre 722 000 millones y 967 000 millones de dólares anuales, muy por encima de lo que se plantea en el Marco Kunming Montreal. Esto deja una brecha actual de financiamiento para la biodiversidad que va desde los 598 000 millones hasta los 824 mil millones de dólares anuales.
Firma de un acuerdo entre el Banco Davivienda y la Corporación Financiera Internacional (IFC) para la emisión del primer bono de biodiversidad en Colombia. Foto: UN Biodiversity.
Maximiliano Bello, consultor en políticas oceánicas internacionales y quien durante más de dos décadas ha trabajado con diversas organizaciones ambientales, dice que muchas de las naciones en vía de desarrollo vienen a las COP con el discurso de cómo van a pagar por el funcionamiento de las nuevas áreas protegidas y proteger la biodiversidad. El experto asegura que los países tienen forma de pagarlo: “Hay dinero, porque esos subsidios que están puestos en actividades extractivas, en el fondo podríamos usarlos para proteger e, incluso, para generar recursos para comunidades locales” y añade que “tenemos que transformar esos dineros que hoy día están ayudando a destruir la biodiversidad, en dineros que van a apoyar a comunidades y a proyectos en áreas protegidas que nos dan oxígeno y alimento”.
Precisamente, la meta 18 que propone eliminar los subsidios e incentivos a las actividades que afectan a la biodiversidad, fue otro de los temas estancados en esta COP. “La COP16 en Cali debía ser un punto de inflexión para redefinir nuestra relación con la naturaleza. Sin embargo, la omisión de la salida necesaria y urgente de los fósiles en el texto final significa otra oportunidad perdida para enfrentar la causa común de la crisis climática y de biodiversidad. Esperamos que el liderazgo que Colombia ha demostrado con su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que fue bloqueado en esta COP, logre ser respaldado por otras naciones en la COP 29 [de clima] que está por comenzar”, afirma Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Para Bernadette Fischler, de WWF, la discordia entre los países donantes y los países en desarrollo, poco antes de la suspensión de la reunión, lamentablemente no es sorprendente, pero sí decepcionante. “Los países llevan años divididos y no han logrado encontrar una solución que funcione para todos. Esperar más para tomar la tan necesaria decisión sobre el fondo dedicado al Convenio de Diversidad Biológica amenaza el cumplimiento de los objetivos de naturaleza para 2030”.
En la COP16 se realizó un foro sobre negocios y biodiversidad. Foto: UN Biodiversity
Sin marco de monitoreo para metas Kunming Montreal
Las negociaciones avanzaron a lo largo de las últimas dos semanas centrándose en llenar los vacíos en el marco de seguimiento y en las modalidades para un proceso de evaluación global en 2026 y 2030, que ayudaría a responsabilizar a los países por la implementación del Marco Mundial sobre la Biodiversidad Kunming Montreal. Sin embargo, las negociaciones no pudieron concluir antes de que se suspendiera la COP.
“No podemos permitirnos ser complacientes en la medición del progreso. Métricas claras y responsabilidad son esenciales para convertir las promesas de Montreal [COP15] en realidad. Sin un seguimiento sólido tanto de la cantidad como de la calidad de las acciones de conservación, no podemos asegurarnos de que estamos en el camino correcto para lograr el Marco Mundial sobre la Biodiversidad”, asegura Martin Harper, director ejecutivo de Birdlife Internacional.
Para Rebeca Hubbard, directora de la Alianza de Altamar, fue decepcionante que, a pesar de la urgencia de la crisis global de biodiversidad, los países “se quedaran sin tiempo y la reunión se suspendiera antes de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones clave relacionadas con la movilización de recursos y el marco de monitoreo”. Hubbard asegura que apenas dos años después de comprometerse con este plan de acción global, los países están desviándose de alcanzar sus objetivos y muchos incumplieron con sus NBSAP antes de entrar a la COP16.
Mono cariblanco (Cebus versicolor). Foto: Felipe Villegas-Vélez.
En esto también coincide Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, quien asegura que “nadie debería estar de acuerdo con esto, porque nos afectará a todos. Cumplir la misión de detener y revertir la pérdida de naturaleza para 2030 nunca iba a ser fácil, pero ahora nos estamos desviando peligrosamente del camino”.
En el primer día de la COP, Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, le dijo a Mongabay Latam que era muy importante que los países llegaran con los NBSAP, “porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”.
La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta Oliveira.
El paujil de pico azul se encuentra en peligro crítico de extinción. Foto: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
Recursos genéticos y secuencias digitales, un espinoso tema
La meta 13 del Marco Mundial Kunming Montreal plantea la toma de medidas jurídicas, normativas y administrativas para lograr la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre las secuencias de esos recursos, así como de los conocimientos tradicionales asociados a ellos, “y lograr que para 2030 se haya propiciado un aumento significativo de beneficios compartidos”.
Había mucha expectativa en este tema, pues los ojos estaban puestos sobre grandes industrias como la farmacéutica, la cosmética y la de alimentos, que obtienen cuantiosos ingresos gracias las secuencias digitales de información de fauna, flora y microorganismos. Diversos expertos consideraban que el lobby empresarial podría hundir cualquier tipo de avance sobre el reparto justo de beneficios.
Sin embargo, uno de los grandes logros de la COP16, que muchos también atribuyen a la gestión de Colombia, fue la aprobación del Fondo de Cali, un mecanismo mundial para recaudar recursos económicos provenientes del uso de la información de secuencias digitales de recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés), es decir, el uso de los genomas digitalizados de las especies, que permite trabajar con información genética sin tener que ir a campo.
“Se logró el histórico Fondo de Cali para recoger las contribuciones de la empresa privada sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales. Esto es también un mecanismo innovador e importantísimo”, dijo la ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, Susana Muhamad.
Una de las amenazas para la matabuey es la pérdida de hábitat. Esta especie es clave para la elaboración de suero antiofídico. Foto: Alonso Tenorio / Imágenes en Costa Rica.
El Fondo de Cali ha propuesto un objetivo donde la mitad de los recursos se destinen directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, enfocándose en apoyar la creación de capacidades, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. “Sin embargo, el pago de las empresas es voluntario, y está incentivado principalmente por la oportunidad de ganar prestigio reputacional al aparecer en la lista de contribuyentes del fondo”, indica Óscar Soria, director de The Common Initiative, un colectivo que agrupa organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en biodiversidad, desarrollo sostenible y derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
Soria agrega que, aunque el fondo marca un paso importante hacia la distribución inclusiva de beneficios, podría enfrentar desafíos para asegurar contribuciones significativas, dado que depende de la buena voluntad de las empresas. “La efectividad del mecanismo probablemente dependerá de la disposición de la comunidad global para apoyarlo y de que las empresas consideren que existe una ganancia reputacional al hacer aportes”, comenta.
Edda Fernández, asesora principal de Políticas de Avaaz y ex negociadora de biodiversidad para México, afirma que siguen quedando muchas preguntas en el aire, por ejemplo, ¿Cómo llegarán los recursos a las comunidades?, ¿quién manejará el otro 50 % de los recursos que ingresen al fondo? y ¿cuándo empezará a operar?
Decenas de comunidades indígenas habitan en el Parque Nacional Yasuní. Foto: Anka Maldonado / Campaña Sí al Yasuní.
Participación de comunidades
Muy entrada la madrugada del 2 de noviembre, la plenaria de la COP16 acordó la creación de un órgano subsidiario permanente que le permitirá a los pueblos indígenas y comunidades locales fortalecer el trabajo en la definición de criterios, acciones y programas asociados a los conocimientos, innovaciones y prácticas ancestrales asociadas a la biodiversidad.
Para Lakpa Nuri Sherpa, copresidenta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), el nuevo órgano subsidiario fortalecerá significativamente la implementación, presentación de informes y monitoreo del Marco Mundial Kunming-Montreal y los NBSAP.
“Con esta medida sin precedentes, el CDB se ha convertido en el primer proceso ambiental de la ONU que crea un órgano subsidiario dedicado al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este paso histórico sienta un poderoso ejemplo para los pueblos indígenas que participan en la Convención sobre el Cambio Climático y otros mecanismos, inspirando el establecimiento de espacios permanentes similares”, asegura Sherpa.
Aunque la creación del órgano subsidiario es un logro, aún no hay consenso sobre cómo se implementará. Se espera que el tema se aborde en la COP17 de Armenia.
La lideresa waorani Nemonte Nenquimo junto a un derrame de petróleo cerca de Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 26 de junio del 2023. Foto: Sophie Pinchetti / Amazon Frontlines.
Los pueblos indígenas de la Amazonía aseguran que la COP16 les dejó un sabor agridulce. Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), manifiesta su preocupación porque los combustibles fósiles y otras actividades extractivas quedaron fuera de la agenda, debido a la presión de algunos países para eliminar las referencias a estos temas en los textos. “Intentan lavar el lenguaje de derechos humanos, pretendiendo discutir terminología ya consensuada y establecida, eso es vergonzoso”, y agregó que en la COP16 el mundo habló de la Amazonía, pero no dio soluciones concretas para la crisis que se vive en el territorio. “Las COP se transformaron en un Mundial de Fútbol, en un espectáculo al que los gobiernos llegan sin verdaderos compromisos ni respuestas. Ojalá la COP29 [de Clima en Bakú, Azerbaiyán, que se celebrará entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024] nos permita ver algo distinto”, comenta Bay.
La Guardia Indígena del Cauca está conformada principalmente por indígenas Nasa. Foto: Front Line Defenders.
¿Qué pasó con los demás temas de negociación?
Durante la COP16 se desarrollaron las directrices para la gestión de especies exóticas invasoras. Las nuevas bases de datos, la mejora de las reglamentaciones sobre el comercio transfronterizo y la mejora de la coordinación con las plataformas de comercio electrónico fueron algunos de los temas clave en los que se pudo avanzar para contrarrestar las deficiencias en la gestión de los riesgos de las especies invasoras y alinearse así con los objetivos del Marco de Acción de Kioto para el Clima. Sin embargo, la aplicación de lo acordado es voluntaria, lo que puede restar eficiencia a la lucha contra una de las cinco principales causas de pérdida de biodiversidad mundial.
Otro de los puntos cruciales presentes en las discusiones fue la protección de las especies silvestres. Las negociaciones destacaron la necesidad de monitoreo, desarrollo de capacidades y la participación inclusiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres para asegurar dicha protección. Además se pidió la cooperación de organismos internacionales como la CITES y la FAO para ayudar a cumplir la meta.
El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande. Es una especie invasora que no tiene depredadores en Colombia. Foto: Fundación Zoológico Santa Cruz.
Además, en la COP 16 se asumió el compromiso de alinear los esfuerzos de conservación de las plantas con el marco de monitoreo del Marco Kunming Montreal. Esto incluye la actualización de la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas con indicadores específicos y una plantilla de informes estandarizada, asegurando que el progreso en la protección de las plantas sea medible y consistente con los objetivos globales de biodiversidad.
Finalmente, los países parte del CDB aprobaron un Plan de Acción Global sobre Biodiversidad y Saludpara ayudar a frenar la aparición de enfermedades zoonóticas, prevenir enfermedades no transmisibles y promover ecosistemas sostenibles.
En el centro del plan se encuentra un marco de colaboración que reúne a profesionales de la salud, conservacionistas y responsables de la formulación de políticas. Nuevamente, temas como este no pasan del plano de hacer sugerencias, pues el documento desarrollado para este tema simplemente “invita a las naciones a designar puntos focales nacionales para la biodiversidad y la salud, y a desarrollar políticas que reflejen estas interconexiones”.
Imagen superior: Sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
Tras ocho años de negociaciones, se aprobó el acuerdo para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales.También se dio luz verde al programa de trabajo sobre el Artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), para la participación activa de los pueblos indígenas y comunidades locales. Los temas de financiamiento y de recursos genéticos y secuenciación digital continúan estancados. Expertos y organizaciones de la sociedad civil piden una mayor conexión entre las agendas de clima y biodiversidad.
CALI, COLOMBIA. En la recta final de la COP16 los temas de financiamiento, participación de pueblos indígenas y comunidades locales, así como el de recursos genéticos y secuenciaciones digitales siguen estancados en las negociaciones.
El tema de canje de deuda por naturaleza, propuesto por Colombia, salió del texto de discusión, al igual que la frase “financiamiento directo”, lo cual causó bastante molestía a los representantes de los pueblos indígenas que vienen abogando, desde hace ya varios años, para que los recursos lleguen directamente a ellos.
Otro tema que tampoco deja un balance positivo es la falta de cumplimiento de las naciones por entregar sus estrategias y planes de acción de biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés). Antes de que iniciara la COP16, sólo 34 países presentaron sus NBSAP y después de casi dos semanas de la cumbre, sólo seis naciones más han cumplido con su tarea.
Ministros de ambiente que participaron en la COP16. Foto: UN Biodiversity
“Las posiciones (de los países) se están volviendo más duras, no más suaves”, dijo unos de los observadores que tiene acceso a las reuniones privadas. Eso augura que las conversaciones se extenderán en las noches del 31 de octubre y del 1 de noviembre.
Áreas protegidas en alta mar
En medio de la falta de consenso en los temas más sensibles (financiamiento y recursos genéticos), los países aprobaron un acuerdo sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés), que establece un proceso científico y técnico para identificar estas áreas que se encuentran fuera de la jurisdicción marítima de cualquier país.
Se trata de un momento significativo, ya que este tema se viene debatiendo desde la COP13 en 2016, y enfrenta desafíos políticos, técnicos y legales. La decisión será esencial para implementar varios objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, al tiempo que respalda el Tratado de Alta Mar.
En la COP16 se aprobó un acuerdo sobre las áreas marinas en alta mar. Foto: Greenpeace.
La presidenta de la COP16 y ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, celebró el acuerdo como un primer gran paso en los objetivos de la conferencia: “El compromiso que hoy hemos asumido representa el espíritu de cooperación y responsabilidad que impulsa la COP16. Este acuerdo nos permitirá proteger áreas clave para el planeta, asegurando que los océanos, nuestros grandes reguladores climáticos y fuente de vida, tengan una defensa sólida y global”.
El Grupo Asesor Internacional EBSA, creado con el acuerdo, deberá establecer directrices científicas de revisión voluntaria para garantizar transparencia en la identificación de áreas de interés ecológico.
Algunos de los puntos más importantes tienen que ver con el reconocimiento del carácter técnico del proceso. Esto quiere decir que la descripción de estas áreas marinas se realizará exclusivamente bajo criterios científicos y técnicos, sin implicaciones sobre soberanía territorial, manteniendo la neutralidad y respeto entre las naciones. También deberá promover la participación activa de pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes en los análisis y la toma de decisiones, integrando conocimientos tradicionales fundamentales.
Para lograr estos objetivos, países como Alemania, Bélgica, Canadá, Noruega y Suecia, realizarán talleres científicos y técnicos que reunirán a científicos y representantes comunitarios para ajustar las descripciones de las EBSA.
Sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
La participación indígena
Otro avance de las negociaciones en Cali ha sido la aprobación del programa de trabajo sobre el Artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), donde se establece que cada país respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Además de promover una aplicación más amplia de estos conocimientos y la distribución equitativa de sus beneficios derivados.
Sin embargo, Ramiro Batzín, indígena maya kaqchikel de Guatemala y coordinador del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), asegura que es crucial que el nuevo programa de trabajo esté ligado fuertemente a un órgano subsidiario permanente que permita hacer recomendaciones al CDB, para garantizar la inclusión de las opiniones indígenas en todas las decisiones.
El problema es que, en el documento que desarrolla el artículo 8J y que se discutirá en plenaria para aprobación final, todo lo relacionado con el órgano subsidiario está en paréntesis. Es decir, tendrá que pasar a votación y ahí es donde hay altas probabilidades de que no haya consenso, por lo que existe el riesgo de que todas las referencias al órgano subsidiario terminen eliminándose.
“En los dos últimos días habitualmente hay crisis, porque es bien difícil lograr el consenso de casi 200 países. Ahí es donde veremos la mano de la Presidencia de la COP. Susana [Muhamad] tendrá el reto de liderar bien el proceso, conducirlo y generar el consenso”, asegura Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder de la Práctica Global de Clima y Energía de WWF.
La colombiana María Yolanda Campo es una de las autoridades indígenas presentes en la COP16. Foto: UN Biodiversity
Conexión entre clima y biodiversidad
A lo largo de la Cumbre de Biodiversidad en Cali, científicos y organizaciones de la sociedad civil han manifestado la urgencia de crear una convergencia entre las agendas de clima y biodiversidad.
Manuel Pulgar recuerda que en 1992, en la Cumbre de Río, se suscribieron convenios fragmentados y hubo muchas críticas al respecto. “Es decir, cambio climático por un lado, diversidad biológica por otro y, el mismo año un poco más tarde, el convenio sobre desertificación. Estábamos hablando de temas que recién llegaban a la mesa, hay que recordar que para 1992 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático recién tenía cuatro años de existencia”.
Sin embargo, Pulgar cree que teniendo en cuenta el contexto actual, es necesario que las agendas de clima y biodiversidad conversen entre sí. De hecho, cree que ya se han dado algunos pasos, pues la meta 8 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal hace referencia al cambio climático.
“Cambio climático y biodiversidad deben conectarse pero no unirse, porque no estamos en un momento de maduración suficiente como para decir que podemos hacer una sola convención de las tres que existen [cambio climático, biodiversidad y desertificación]. Las convenciones todavía requieren seguir su camino independiente”, dice Pulgar.
En la COP16 también se discutió sobre la trazabilidad de la actividad minera. Foto: UN Biodiversity
Como un argumento para insistir en la independencia de las convenciones, Pulgar menciona un ejemplo: si América Latina no tiene suficientes recursos para ejecutar los planes de acción de las tres agendas de manera fragmentada, es mucho más difícil que tenga los recursos para abordar todo al tiempo en una sola agenda.
Por su parte, Paula Caballero, directora ejecutiva para América Latina de TNC y considerada la creadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está convencida de que las tres agendas deben unirse.
“Los humanos tenemos una tendencia a poner todo en compartimientos, a encerrar todo, y esa no es la manera como funciona el mundo, la naturaleza y las economías”, comenta Caballero.
Para ella, la razón de que existan tres agendas distintas es que surgieron de procesos muy diferentes, “pero son la misma agenda y la realidad es que todo lo que hagamos para mejorar el tema de la catástrofe climática realmente va a redundar en beneficios para la biodiversidad y viceversa”.
Imagen superior: sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
Los observatorios de la Tierra Copernicus de la Unión Europea y el norteamericano NASA reportan imágenes de la zona inundada y devastada en Valencia, España, durante el evento atmosférico ocurrido el 29 de octubre.
Las intensas lluvias caídas en el este de España, el pasado martes 29 de octubre, provocaron inundaciones repentinas mortales y destructivas en la provincia de Valencia, debido al fenómeno conocido como DANA (Depresión aislada en Niveles Altos) que deja hasta ahora más de 200 personas fallecidas, —entre estos un ciudadano colombiano oriundo de Bucaramanga— y un número incierto de desaparecidos.
El martes 29 de octubre de 2024 cayeron más de 300 milímetros de lluvia en algunas zonas de la provincia, informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en la localidad de Chiva, casi 500 milímetros en 8 horas.
El OLI (Operational Land Imager) del satélite Landsat 8 de la NASA captó la imagen que muestra la inundación generalizada de tierras urbanas y agrícolas en la ciudad costera de Valencia y sus alrededores el 30 de octubre.
Las aguas cargadas de sedimentos también llenaron el canal del río Turia, que desemboca en el mar Balear (parte del Mediterráneo) y los humedales costeros de L’Albufera, al sur de la ciudad, se informó.
Como consecuencia de la devastación, Las inundaciones afectaron el servicio ferroviario, el tráfico aéreo, vial y dejaron sin electricidad a más de 100.000 hogares de Valencia.
Más de 1.000 soldados de las unidades de respuesta a emergencias de España fueron desplegados para apoyar a las comunidades afectadas.
La enorme cantidad de sedimentos vertidos en el mar Mediterráneo por los ríos de la comunidad Valenciana es visible en esta imagen de Copernicus Sentinel-3 tomada el 30 de octubre.
El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) se ha activado para proporcionar evaluaciones de la magnitud de las inundaciones y los daños de la situación en Valencia.
A modo de comparación, la imagen de la izquierda, también adquirida por Landsat 8, muestra la misma zona a finales de octubre de 2022.
Comparativo de la zona de Valencia, España en 25 de octubre de 2022 con la afectación por extremas lluvias el 29 de octubre de 2024. Imagen de Landsat 8 / NASA
Las lluvias se opriginaron en un sistema meteorológico de bajas presiones a gran altitud que quedó aislado de la corriente en chorro, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Estos sistemas tormentosos se denominan bajo las siglas DANA o, de forma más general, como bajas cortadas. “Se producen donde los frentes fríos se encuentran con masas de aire cálido y húmedo, como sobre el mar Mediterráneo. Las tormentas pueden permanecer relativamente estacionarias antes de disiparse, lo que amplifica su potencial de inundación”.
La embajada de Colombia en España reportó que activará en próximas horas los mecanismos de ayuda a conciudadanos que requieran retornar al país, a través de un fondo para migrantes. Igualmente, prepararán diferentes mecanismos de apoyo a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
IMAGEN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024
Inundaciones del 29 de octubre de 2024 captadas por OLI (Operational Land Imager) del satélite Landsat 8 / NASA.
IMAGEN DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022
Valencia en octubre 25 de 2022. Imagen de Landsat 8 / NASA.
Un informe mundial sobre océanos revela que el área marina global bajo alguna forma de protección solo ha aumentado un 0.5 % desde el 2022, cuando se firmó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. A ese ritmo, únicamente el 9.7 % de los océanos estará protegido a 2030. Se espera que durante la COP16 los países muestren sus avances en la ratificación del Tratado sobre la Diversidad Biológica en Alta Mar para proteger las zonas de aguas internacionales.
CALI, COLOMBIA. Superar la crisis de biodiversidad es imposible si no se tiene en cuenta a los océanos. Restaurar y proteger el 30 % del mar, combatir la contaminación plástica y reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos en la diversidad biológica son tareas que están presentes en las metas 2, 3, 7 y 8 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. Los avances que se han tenido en estos temas se valoran durante la Conferencia de las Partes (COP16), del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se realiza en esta ciudad colombiana.
Maximiliano Bello, consultor en políticas oceánicas internacionales y quien durante más de dos décadas ha trabajado con diversas organizaciones ambientales, comenta que en cuanto a las metas de protección del 30 % hay noticias buenas y otras no tanto. La negativa es que, según dice, el planeta está muy lejos de alcanzar esa meta: “Acordémonos que es la protección del 30 % del océano en su totalidad, no sólo lo que le corresponde a cada uno de los países [las primeras 200 millas náuticas]”. La positiva es que Latinoamérica lidera la protección oceánica, sobrepasando en muchos casos el 30 %. Chile va en un 45 % y Panamá tiene el 54 % de sus mares protegidos. Además, hace sólo un par de semanas Panamá creó una nueva área marina protegida. Sin embargo, Bello insiste en que falta avanzar más rápido.
Mar de Juan Fernández, a 670 kilómetros de la costa de Valparaíso, un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en Chile. Foto: Oceana I Manu San Félix.
El informe ¿En camino o fuera de curso?, publicado días antes de que iniciara la COP16 por varias organizaciones no gubernamentales internacionales, revela que sólo el 2.8 % del océano se evalúa como probablemente protegido de manera efectiva. Otra cifra preocupante es que sólo el 8.3 % del océano está designado como Áreas Marinas Protegidas (AMP), y la mayoría de ellas son de “papel” o están pobremente reguladas.
Además, el reporte advierte que la definición amplia de AMP se aplica de manera inconsistente por los países, dejando margen para el “lavado azul”, ya que muchas AMP permiten la continuidad de actividades que son incompatibles con la conservación efectiva de la biodiversidad, como la pesca a escala industrial y métodos de pesca perjudiciales para la fauna marina, la extracción de petróleo y gas, la minería, el dragado y el vertido de sustancias.
El objetivo 30×30 del Marco Mundial Kunming Montreal es el compromiso de conservación más ambicioso jamás alcanzado, sin embargo, dicen las organizaciones en su informe que el área marina global bajo alguna forma de protección ha aumentado sólo un 0.5 % desde el 2022 “y a ese ritmo de progreso, sólo el 9.7 % del océano estará protegido para 2030”.
Avistamiento de ballenas en el departamento de Chocó, en el Pacífico colombiano. Foto: Mar Viva.
Beth Pike, directora del Atlas de Protección Marina en el Instituto de Conservación Marina, asegura que “la calidad continúa rezagada respecto a la cantidad: menos del 3 % de las áreas marinas están verdaderamente protegidas. La brecha entre compromiso y acción es enorme, y sin protección urgente y significativa, el objetivo 30×30 seguirá sin alcanzarse. Es el momento de convertir los compromisos en un cambio real y significativo ahora, porque nuestro océano no puede esperar”.
Jason Schatz, director de Tecnología de SkyTruth, una organización sin fines de lucro dedicada a la tecnología de conservación y coautora del informe, comenta que “es vital que los datos del 30×30 sean accesibles, transparentes y fáciles de usar, para que todos los interesados puedan ver claramente hasta dónde hemos llegado y cómo acelerar el impulso hacia la protección de la biodiversidad mundial. Cuando todos tienen acceso a la misma información, podemos tomar decisiones colectivas sobre cómo avanzar de una manera inclusiva y efectiva”.
El informe ¿En camino o fuera de curso? también revela que sólo 14 países han designado más del 30 % de sus aguas como áreas protegidas. El punto crucial para los investigadores es que la mayoría de esas declaraciones no contiene estudios sólidos que revelen que esa protección es efectiva y que, lo que pretenden conservar, efectivamente esté siendo protegido.
Final del día en la Reserva marina de Puerto Cabuyal y Punta de San Clemente, Cantón de San Vicente, Ecuador. Crédito: Cassandra Garduño
Alta mar y financiación
Un tema que los expertos esperan que esté presente en esta segunda semana de negociaciones de la COP16 es el avance en la ratificación del Tratado sobre la Diversidad Biológica en Alta Mar, un acuerdo internacional que tiene como objetivo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales [200 millas náuticas], es decir, en aguas internacionales. Este tratado es importante porque las zonas de alta mar constituyen aproximadamente el 64 % del océano.
Maximiliano Bello comenta que para que este acuerdo internacional entre en vigor, al menos 60 países deben ratificarlo. “Actualmente tenemos alrededor de 14 países. Con la ratificación vamos a tener la posibilidad de crear áreas marinas en alta mar. Muchos países vienen a la COP16 a contar que están próximos a ratificar el tratado”.
El tema de financiamiento para océanos también es motivo de debate. Bello dice que muchas de las naciones en vía de desarrollo vienen a las COP con el discurso de cómo van a pagar por el funcionamiento de las nuevas áreas protegidas. El experto asegura que los países tienen forma de pagarlo: “Hay dinero, porque esos subsidios que están puestos en actividades extractivas, en el fondo podríamos usarlos para proteger e, incluso, para generar recursos para comunidades locales” y añade que “tenemos que transformar esos dineros que hoy día están ayudando a destruir la biodiversidad, en dineros que van a apoyar a comunidades y a proyectos en áreas protegidas que nos dan oxígeno y alimento”.
Foto: Pok Rie
Por su parte, Juan Pablo Caldas, director de Sostenibilidad de recursos marinos y pesqueros de Conservación Internacional Colombia, asegura que es importante que reflexionemos sobre los alcances de los mecanismos financieros, que no sólo se enfoquen en el cumplimiento de las metas de biodiversidad sino que, a su vez, se concentren en promover una justicia social y ambiental. “Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que las comunidades más vulnerables se encuentran en los lugares más biodiversos”.
En la COP16 se hizo un anuncio que puede impulsar que el sector privado y financiero también se vincule más con los temas de financiamiento de los océanos.
Las organizaciones Arcadia, Becht Foundation, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Blue Action Fund, Blue Nature Alliance, Gordon and Betty Moore Foundation, Oceans 5, Paul M Angell Family Foundation, Schmidt Ocean Institute y Vere Initiatives anunciaron un compromiso de 51.7 millones de dólares para acelerar el desarrollo de AMP de alta calidad en alta mar.
La nueva financiación —el mayor compromiso de la filantropía privada en alta mar hasta la fecha— también apoyará la creación de un consenso internacional sobre los procesos de gobernanza necesarios para garantizar la rápida adopción de las AMP de alta mar.
Imagen superior: Uno de los temas que se tratan en la COP16 es la situación de los océanos. Foto: UN Biodiversity
Por riesgo de colapso piden permiso para retirar 32 palmas sembradas en los separadores de las vías del centro de la ciudad. Un grupo ambientalista se opone a la tala de los árboles que tienen entre 40 y 45 años.
La solicitud del alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, a la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (Corpoboyacá) para el aprovechamiento de 32 palmas datileras (P.dactylifera) por posible riesgo de colapso, generó controversia.
Las palmas que la Alcaldía busca remover acudiendo a una ‘acción preventiva’ son adultas, oscilan entre 40 a 45 años de haber sido sembradas y están ubicadas a lo largo de la carrera 11, en el centro de la ciudad.
El colectivo ambiental denominado ‘Las Palmas hablan’ se opuso a la tala o traslado por considerar que se trata de un patrimonio urbano. «Son palmas canarias (Phoenix canariensis) no datileras, ya que fueron mal identificadas, la Alcaldía no se puede basar en una inspección ocular».
Además criticó la falta de un peritaje científico, afirmando que la Personería Municipal se opone al mismo, esta entidad inició una Acción Popular.
«Creemos que para decidir es necesario tener un concepto técnico idóneo y que la sociedad sea informada y pueda participar del debate. Se insta a las autoridades a reconsiderar su decisión y a la ciudadanía a informarse y participar en la discusión. La tala equivaldría a la muerte de las palmas porque su traslado es inviable», declaró el líder del colectivo ‘Las Palmas Hablan’, Felipe Velazco.
También denunció el desmonte de su campaña educativa: «¡Nos Quieren Matar!» compuesta por 27 láminas, distribuidas en 55 pendones informativos, desarrollada como expresión Pre-COP 16 de Biodiversidad e instalada en la carrera 11 de Sogamoso, el 18 de octubre. Esta fue removida siete horas después de su instalación por las autoridades.
Red Prensa Verde espera el pronunciamiento de la Alcaldía respecto al sustento técnico de la propuesta y de Corpoboyacá frente a los trámites, viabilidad de la solicitud y atención al llamado del colectivo ambientalista.
Campaña del coletivo ‘Las Palmas hablan’ en Sogamoso, Boyacá Foto: Fundación Montecitos.
Organizaciones mundiales hacen un llamado desde la COP16, ante avance del cuarto evento masivo de blanqueamiento de coral, que los tiene al borde del colapso. Cerca del 80% de los arrecifes coralinos del planeta están afectados por el estrés térmico.
CALI, COLOMBIA*. Convocada por la ONU, se realizó en las últimas horas la Sesión Especial de Emergencia sobre el estado de los arrecifes de coral, a instancias de la Conferencia de Biodiversidad (COP 16), para discutir los últimas investigaciones científicas y llamar a acciones urgentes para financiar la lucha contra la extinción de los arrecifes de coral en ambos hemisferios.
La sesión, que usualmente es convocada por la ONU para abordar conflictos crecientes o desastres naturales, busca que los líderes mundiales intensifiquen los esfuerzos para proteger y mantener la existencia funcional de los arrecifes de coral, incluyendo acciones políticas contundentes y la capitalización del Fondo Global para los Arrecifes de Coral (GFCR por sus siglas en inglés).
El Fondo, reconocido por del Marco Global de Biodiversidad— acuerdo histórico que compromete a las naciones a detener y revertir la pérdida de la naturaleza para 2030—busca recaudar 150 millones de dólares adicionales para movilizar un capital de inversión significativo antes de la próxima Conferencia de los Océanos de la ONU en junio de 2025. Para 2030, busca apalancar hasta 3 mil millones de dólares en financiamiento público y privado destinados a la conservación de los arrecifes de coral más resilientes al cambio climático y para ayudar en la transición de las economías costeras hacia ’sistemas positivos para los arrecifes’.
El encuentro concertó ‘la necesidad crítica de tomar acciones inmediatas’, ya que el monitoreo científico más reciente reveló que los corales del Gran Caribe están experimentando un segundo año consecutivo de estrés térmico acumulado sin precedentes, alcanzando en varias zonas la alerta máxima de blanqueamiento. Es decir el ‘Nivel 5’, lo cual podría resultar en una mortalidad catastrófica, informó la ONU.
En este sentido la Sesión de Emergencia también convocó a actores públicos y privados que incrementen los compromisos para salvaguardar los arrecifes de coral de mira a la próxima Conferencia de los Océanos de la ONU en 2025, donde se llevará a un evento dedicado a iniciativas para los arrecifes de coral.
“Los arrecifes de coral son una parte integral de nuestra forma de vida e identidad cultural. Sin acciones urgentes, se encaminan rápidamente hacia la extinción”, comentó Surangel S. Whipps, Jr., presidente de la República de Palaos.
“El Fondo Global para los Arrecifes de Coral ha sido un socio invaluable en nuestros esfuerzos para proteger este recurso crucial y actuar como un escudo vital contra las marejadas, la erosión costera y otras amenazas relacionadas con el clima. Insto a los estados miembros, organizaciones filantrópicas e inversores de impacto a aumentar su apoyo para ayudar al GFCR a alcanzar sus urgentes objetivos para 2030 destinados a la protección de los corales y la resiliencia de nuestras comunidades”.
Foto: Francisco Úngaro/Pexels
Se comunicó que como respúesta a este llamado, los gobiernos de Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania y Francia, así como la Fundación UBS Optimus, anunciaron compromisos de financiamiento para catalizar recursos adicionales de otros gobiernos, filántropos e inversionistas privados.
“El Gobierno de Nueva Zelanda se compromete a aportar 10 millones de dólares al Fondo Global para los Arrecifes de Coral para apalancar financiamiento adicional y apoyar acciones urgentes. Animamos a otros a unirse a nosotros y ayudar a salvaguardar estos ecosistemas vitales para las generaciones futuras”, declaró E. Winston Peters, ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda.
Más de mil millones de personas, entre comunidades costeras vulnerables, dependen de arrecifes de coral saludables para su seguridad alimentaria, protección costera y medios de subsistencia. Estos ecosistemas, aunque cubren menos del 1% del fondo marino, albergan aproximadamente el 25% de toda la vida en los océanos, sin embargo, se encuentran al borde del colapso.
Ante las sombrías proyecciones científicas para los arrecifes, en 2020, la ONU, la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral (ICRI) y una coalición de socios públicos y privados establecieron el GFCR como la plataforma financiera global para los arrecifes de coral, con el objetivo de prevenir su extinción funcional y sus consecuencias devastadoras. El financiamiento sigue siendo una barrera crítica para proteger tanto los refugios de coral resilientes como para mitigar las amenazas locales.
Arrecife coralino
“La vitalidad del océano y las vidas de más de mil millones de personas están inextricablemente vinculadas a los arrecifes de coral”, comentó elEmbajador Peter Thomson, Enviado Especial de la ONU para el Océano. “En 2024, el cambio climático e impactos humanos desencadenaron el cuarto evento masivo de blanqueamiento de arrecifes de coral, el más extenso y devastador registrado. Con el tiempo para proteger estos ecosistemas agotándose rápidamente, los líderes mundiales deben actuar ahora. “Debemos asegurar un futuro sostenible para los arrecifes de coral y las innumerables vidas que dependen de ellos, antes de que sea demasiado tarde”.
La ONU indicó que el Fondo ayuda a más de 400 empresas positivas para los arrecifes y mecanismos financieros sostenibles. A 2030 tienen como meta incluyen facilitar al menos 30,000 empleos, mejorar la resiliencia de más de 20 millones de miembros de la comunidad y aumentar la resiliencia de más de 3 millones de hectáreas de arrecifes de coral, representando aproximadamente el 12.5 por ciento de los arrecifes que quedan en la Tierra.
Sin embargo, la ONU afirma que aún queda mucho por hacer para reforzar la resiliencia de los arrecifes de coral y evitar el colapso funcional, una amenaza inminente que sería devastadora para los países tanto del Norte como del Sur global.
Menos del 50 % de las aves migratorias completan sus viajes. La pérdida de hábitat es una de las mayores amenazas que enfrentan, sin embargo, nuevos peligros se suman a la lista: las torres de comunicación y los altos edificios, la contaminación lumínica los desorienta. Algunos hábitats artificiales, como las piscinas de las salineras, se han convertido en refugio y zona de alimentación para muchas especies de aves playeras.
El cambio climático, la destrucción de hábitats y los cambios en la disponibilidad de recursos para alimentarse son algunos de los mayores problemas para las aves migratorias que viajan en grupos de miles, y que son importantes para la subsistencia de muchas especies que habitan en los lugares donde ellas se congregan durante sus extensas travesías.
A esos problemas se han sumado otros en los últimos años. Uno de ellos es la contaminación lumínica, que afecta la visibilidad y las rutas de muchas de estas aves que terminan perdidas o muertas en colisiones con edificios y otras infraestructuras.
La CMS afirma que las aves migratorias a menudo programan sus viajes para que coincidan con la abundancia de insectos y que dependen de ellos para alimentarse durante sus paradas, para tener éxito reproductivo y para alimentar a sus crías.
“La cruda realidad, descubierta en los últimos años, es que las poblaciones de insectos están disminuyendo, en correlación con el declive de las especies de aves que dependen de ellos para sobrevivir. Un análisis publicado en la revista Science reveló que estamos perdiendo aproximadamente el 9 % de la población mundial de insectos cada década. La deforestación, la agricultura industrial, el uso excesivo de pesticidas, la contaminación lumínica y el cambio climático son los principales factores de esta tendencia”, indica la organización.
Los países tropicales de América son un lugar clave para las especies boreales y australes que huyen de las inclemencias del clima cada año. En estas naciones hay grandes vacíos de información sobre las poblaciones de aves y sus aportes a los ecosistemas de la región. Ese es el caso de Ecuador, donde actualmente se desarrollan iniciativas para fortalecer el monitoreo y la conservación de las aves playeras y de varias especies que llegan a la zona andina y al Chocó biogeográfico.
Ecuador tiene registros oficiales de 1699 especies de aves y es el cuarto país en el mundo con mayor diversidad de estos animales. Alrededor de un 8,7 % de las aves visitan esta nación todos los años y ocupan hábitats diferentes, ya sea como sitios de paso y recarga de alimento en su ruta migratoria, o como lugares donde establecen sus cuarteles de invernada.
La mayoría de aves migratorias en Ecuador vienen desde el hemisferio norte. Cuando llega el invierno en esa zona, se dirigen al sur (migración boreal) y arriban a partir de octubre, luego de una travesía de al menos 2 500 kilómetros. En este tiempo, las aves se recuperan de su viaje y se dedican a comer, formando parte de las comunidades de aves tropicales durante cinco a seis meses.
A partir de marzo o abril, emprenden su viaje de retorno hacia el norte, donde existen mejores condiciones para su reproducción, y donde la primavera marca el inicio a una estación abundante en insectos, un tiempo en el que las plantas empiezan a retoñar y hay disponibilidad de sitios de anidación.
Paisaje del Chocó Andino, Ecuador: Foto: Cortesía Aves y Conservación.
Tatiana Santander, directora de conservación de la ONG Aves y Conservación en Ecuador, asegura que las poblaciones de aves migratorias presentan declinaciones importantes. Además, resalta que muchos aspectos de la ecología de las especies son desconocidos e, incluso, no hay información suficiente sobre la cantidad de individuos.
¿Qué pasaría si se interrumpen las migraciones de las aves? Para Santander, esta es una pregunta sobre la que tratan de obtener respuestas todo el tiempo. Por ejemplo, se sabe que pueden ser importantes dispersoras de semillas, y en el caso de las que se alimentan de insectos, pueden ser eficientes controladoras de plagas. También se conocen casos de aves que cambian su dieta de frugívoras a insectivoras, dependiendo de la época del año. Sin embargo, la experta insiste en que falta mucha información para tener un panorama más completo y detallado.
El investigador explica que, “Si vamos perdiendo las aves migratorias, o si es que estas no pueden completar sus migraciones, se puede dar un desequilibrio en los ecosistemas, porque muchas funciones o roles no van a ser cubiertos por las aves residentes”..
En el documento Protocolo Participativo para el Registro de Aves Migratorias, publicado por Aves y Conservación en el 2022, se menciona que la habilidad de volar que poseen las aves, sus sistemas nerviosos altamente desarrollados y la posibilidad de realizar ajustes fisiológicos de manera rápida han permitido a las aves estar bien adaptadas para sacar ventaja de las variaciones en la abundancia de los recursos estacionales a través de la migración.
Sin embargo, a pesar de los beneficios, también hay una gran desventaja. Los vuelos extensos y los lugares de parada a lo largo de las rutas migratorias suponen un costo muy alto: el riesgo de morir.
El documento menciona que más del 50 % de los individuos que migran, mueren en el viaje. Las principales causas de esas muertes tienen que ver con atravesar áreas desconocidas que pueden poner en peligro su capacidad de encontrar comida y evitar predadores, debido al agotamiento extremo que presentan, así como jornadas en las que atraviesan océanos, montañas y desiertos, situaciones en las que pueden quedarse sin energía y no encontrar un lugar donde reposar.
Las aves migratorias también son vulnerables ante fenómenos naturales como huracanes que pueden provocar una muerte masiva, la escasez de alimento en los lugares de parada críticos, enfermedades y actividades antrópicas como la cacería.
El protocolo de Aves y Conservación resalta el hecho de que a finales de la década de los ochenta aparecieron algunos reportes que daban cuenta del alarmante decrecimiento poblacional que experimentaban las aves migratorias. “También existen problemas con la cacería y la contaminación del agua y suelos por uso de agroquímicos”, se lee en el documento.
Precisamente, el uso de agroquímicos es uno de los temas que más preocupa actualmente a la CMS. “Los insectos son clave para la supervivencia y el éxito reproductivo de muchas aves migratorias. Entre ellas se encuentran algunas aves acuáticas migratorias como el Ibis calvo septentrional (Geronticus eremita) y la avefría sociable (Vanellus gregarius), ambas especies en peligro de extinción. El uso intensivo de plaguicidas es una de las principales causas del declive de las poblaciones de insectos. Protegiendo a los insectos, protegemos a nuestras aves migratorias”, dijo Amy Fraenkel, secretaria ejecutiva de la CMS, en un comunicado oficial.
Tatiana Santander también destaca que recientemente se ha visto que las torres de comunicación y los altos edificios representan una amenaza en aumento; al igual que la contaminación lumínica asociada que puede alterar los patrones de migración de las aves, su comportamiento de búsqueda de alimento y su comunicación vocal, provocando desorientación y colisiones.
Ana Agreda, coordinadora del programa Conservando Áreas Prioritarias para Aves Acuáticas Migratorias en Ecuador, en la ONG Aves y Conservación, lleva 15 años trabajando con aves playeras en el país. Agreda destaca que estas especies suelen tener poblaciones con muchos individuos, por lo que se suele pensar que no están en peligro. Sin embargo, asegura que en muchos casos hace falta un monitoreo y que, a pesar de que se tienen datos sobre algunas especies, al existir un faltante histórico de información, es muy difícil establecer un comparativo. “Es probable que hoy digamos, ‘hay muchas aves’, pero no sabemos si hace décadas esas poblaciones eran aún más grandes, y en realidad tenemos un declive”, dice.
De acuerdo con el Plan de Conservación para Aves Playeras en Ecuador, publicado en el 2017, en el país se registran 59 aves playeras y 28 de ellas son migratorias de largas distancias que han visto impactados algunos de sus hábitats.
Para Ágreda, la pérdida de hábitat por el desarrollo industrial, urbanístico y turístico está transformando los ecosistemas de una forma dramática. “Hemos perdido una enorme cantidad de hábitats y algunas de las más afectadas son las poblaciones de aves playeras migratorias. Como muchas de ellas tienen distribuciones bastante amplias dentro del continente americano, y tienen poblaciones relativamente grandes, es difícil entender que están declinando. Es por eso que se necesitan indicadores y programas de monitoreo. Sabemos que sus poblaciones se están reduciendo, pero no entendemos exactamente de qué manera está ocurriendo”, asegura.
Falaropo de Wilson o tricolor (Phalaropus tricolor). Foto: David Rodríguez Arias – Flickr.
Agreda trabaja desde hace varios años en las zonas de producción de una importante salinera en Ecuador, que se ha convertido en refugio y centro de alimentación para estos animales, dada la reducción de ecosistemas naturales como estuarios, salitrales y manglares.
La experta comenta que monitorea cada mes unas piscinas salineras de aproximadamente 1 500 hectáreas desde el año 2007. “Las piscinas se han convertido en una pequeña isla, un pequeño refugio para estas especies migratorias. Es un sitio seguro donde la comida se concentra en grandes cantidades. Algunos hábitats artificiales pueden verse como una alternativa importante en las rutas migratorias, considerando que muchos paisajes naturales están siendo destruidos”.
Por su parte, Tatiana Santander y otros expertos siguen trabajando en el Protocolo Participativo para el Registro de Aves Migratorias, con énfasis en el Chocó ecuatoriano.
El monitoreo es uno de los puntos clave en los que han centrado sus esfuerzos, ya que es una alternativa para llenar vacíos de información sobre las necesidades de las aves migratorias, así como de sitios y hábitats clave donde se puedan establecer estrategias adecuadas para su conservación. Al mismo tiempo, esperan que el monitoreo a largo plazo les permita medir el éxito de las acciones que se implementen.
Los expertos escogieron nueve sitios clave entre las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha, que forman parte de la región Chocó-Andes, y cubrieron zonas en alturas entre 0-1000 metros, 1000-2000 metros, y 2000-3000 metros.
Con base en esa experiencia diseñaron una metodología, en la realizaron visitas mensuales a todos los sitios, “contando y llevando a cabo el registro visual y auditivo de todas las especies de aves; además se anotó la distancia de observación aproximada para las aves encontradas (…) Cuando fue posible, se registró el sexo de las aves y si se encontraban solas o en bandadas”, dice el documento.
Los investigadores aseguran que el monitoreo es fácil de replicar, y con él esperan conseguir datos suficientes para identificar tendencias sobre tres especies focales: reinita de Canadá (Cardellina canadensis), reinita cerúlea (Setophaga cerulea) y Pibí Boreal (Contopus cooperi).
“Es importante siempre trabajar en colaboración con los actores locales, compartir la información generada, mantener la comunicación e involucrarles en el monitoreo”, destaca el documento.
Al final, lo que les interesa a los científicos es la conservación de las aves y sus hábitats.
Cuando Tatiana Santander trabaja con niños, y en campañas de educación ambiental, siempre menciona que las especies migratorias tienen dos hogares que están siendo degradados y les pregunta: “¿Qué pasaría si tú te vas y, cuando regresas, tu casa ya no está?”.
Paisaje del Chocó Andino, Ecuador: Foto: Cortesía Aves y Conservación.
Investigadores llaman la atención de la ciudadanía para que no agreda a estos mamíferos, son polinizadores y controladores de plagas, además de cumplir otras funciones en los ecosistemas.
Eptesicus miradorensis es su nombre científico, una subespecie de murciélago que fue ascendido de categoría porque un grupo de investigadores encontró que sus características morfológicas y morfométricas son distintas a otros de su género.
Este animal es vital para los ecosistemas donde habita porque consume insectos, algunos de los cuales son considerados como plagas, es decir, es un controlador natural en zonas naturales y áreas de producción agrícola.
Su presencia se asocia a zonas de alta montaña, más de mil metros de altura, y de bosque seco, se puede hallar en el Valle del Cauca, el macizo colombiano y en general el suroccidente del país.
Además de Colombia, se distribuye en México y Venezuela; pero también tiene poblaciones intermitentes en otros países de la región.
Para este género estaban descritas 11 especies en Sudamérica; poniendo especial énfasis en la especie Eptesicus fuscus o murciélago pardo, especie que, a su vez, estaba dividida en 10 subespecies.
Poco a poco los investigadores fueron evidenciando que entre las subespecies de este murciélago existían varias diferencias.
“Empezamos a notar que entre las 10 subespecies del Eptesicus fuscus existía una alta variabilidad morfológica (estructura) y morfométrica (forma), es decir, que de unos individuos a otros se presentaban diferencias importantes en características como el tamaño y el color; lo que nos llevó a considerar que alguna subespecie podría tratarse de una especie”, explica Elkin Noguera Urbano, investigador de la Gerencia de Información Científica del Instituto Humboldt, uno de los autores de la investigación.
A partir de estas observaciones, revisaron muestras genéticas, tomaron medidas morfológicas y evaluaron partes como el cráneo y la piel, comparándolas hasta con 14 medidas externas y craneales de ejemplares distribuidos a lo largo de América.
“Luego de sumar toda la evidencia, obtener la secuencia genética de la subespecie analizada y compararla con otras secuencias, comprobamos que era un taxón diferente, es decir, que sí se trataba de una especie y no de una subespecie”, explica el investigador.
La especie resultó ser la más grande de todos los Eptesicus, mide entre 48 a 51 milímetros en su antebrazo y presenta un cráneo entre 19 a 20 milímetros.
También presenta una cresta sagital muy desarrollada en la parte posterior del cráneo y otra lambdoidea, es decir, en la cresta extendida en la parte posterior del cráneo, aspectos que no son tan destacados en otras especies.
Con lo anterior, la subespecie Eptesicus fuscus miradorensis pasó a convertirse en la especie Eptesicus miradorensis, la número 12 del género Eptesicus en Sudamérica y una nueva especie para Colombia.
El artículo fue publicado en la revista Therya, de la Asociación Mexicana de Mastología A.C., que difunde conocimiento sobre mamíferos, especialmente en Latinoamérica.
El investigador Elkin Noguera Urbano revela que, “Uno de los aspectos para tener en cuenta es que, al pasar de ser una subespecie a especie, se aumenta la riqueza de este grupo y también se constituye en un llamado de atención sobre el cuidado y preservación de estos animales”.
Está integrada por investigadores, entidades y comunidades que conviven con la especie. Los ciudadanos podrán reportar casos de animales que requieran un rescate.
Desde enero del 2010 y hasta julio de 2023, se han contabilizado 40 varamientos de manatíes (Trinchechus manatus manatus) en diferentes ciénegas del Magdalena Medio.
Estos mamíferos a lo largo de su historia han tenido muchos obstáculos. No solo fueron cazados durante décadas para consumir su carne, sino que muchos otros han muerto al tener accidentes por choques con embarcaciones o al enredarse con mallas de pesca.
Pero, según las autoridades ambientales, el mayor conflicto que viven estos animales es la transformación y el secamiento de las ciénagas —su principal hábitat— debido a la ganadería y agricultura.
También, los fenómenos de variabilidad climática, como El Niño, han llevado a que esos enormes cuerpos de agua presenten disminuciones drásticas en sus niveles, aumentando el riesgo de que los manatíes enfrenten atascos o varamientos inesperados.
31 manatíes han muerto
Los reportes de estos varamientos se han reportado especialmente en la Ciénaga de Paredes, situada entre los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres, en Santander, con el 52,5 por ciento de los casos. También en Barrancabermeja, Cimitarra y Puerto Parra.
Antioquia ocupa el segundo lugar, con el 17,5 por ciento, especialmente en Yondó. Le sigue Bolívar, con el 17,5 por ciento, en Simití; y Cesar, con el 12 por ciento, en Aguachica y San Martín.
El 12,5 por ciento de los incidentes fueron clasificados como varamientos masivos, lo que significa que dos o más manatíes fueron hallados sin poder nadar.
El mayor número de animales en esta situación se registró en 2020, en el Complejo Cenagoso El Totumo (Antioquia), con 36 animales vivos empozados.
A su vez, el segundo más alto se reportó en 2010 en Ciénaga de Paredes (Santander), con 12 animales varados. Las autoridades conocieron que cuatro animales habían sido atrapados intencionadamente por lugareños con redes de pesca, quienes luego los liberaron.
En total, de estos 40 varamientos, 31 manatíes murieron. Carlos Saavedra, coordinador del Proyecto Vida Silvestre (PVS), explica que cualquier esfuerzo que se haga, por salvar un solo manatí, es importante, ya que este es un animal que tiene una baja escala de reproducción. Su periodo de gestación es de al menos 13 meses y el cuidado parental dura dos años, y hay muchos machos y hembras que han quedado aislados, generando dificultades para la persistencia de las poblaciones:
“En este caso estamos hablando de salvar individuos para, posteriormente, lograr proteger poblaciones. Tener una herramienta de gestión a favor de ellos, así no sea perfecta, y que facilite la organización de los rescates y la comunicación en esos procesos, resulta definitiva”.
Comunidad por los mataníes
La red nace a partir de las cifras de incidentes y ante la necesidad de que el manatí recupere sus escenarios naturales.
Funciona como un 911, es decir, es una línea de emergencia a la que cualquier persona puede llamar para reportar un individuo en aprietos.
El número principal es 322-9838738. Al hacer un reporte y explicar las características de una situación específica, tres comités que la conforman: operativo, técnico-científico y de difusión, serán los encargados de determinar las acciones a seguir.
Luego definirán, dependiendo de la ubicación del ejemplar en dificultades, quiénes serían los expertos encargados de liderar esa asistencia.
La Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia), reportó que las comunidades que apoyan esta tarea, han sido capacitadas para ejecutar un protocolo de primeros auxilios a los manatíes, que incluye reubicar al animal herido o encallado en un sitio donde se pueda mantener húmedo, o también darle sombra si aparece fuera del agua.
Entrenamiento a comunidades del Magdalena Medio para atención de varamientos de manatíes. Foto: Cabildo Verde Sabana de Torres.
Han sido entrenados, habitantes de las veredas El Totumo y el Descanso (Yondó, Antioquia), Riberas del San Juan (Cimitarra-Santander), Bocas del Carare, La Sierra (Puerto Parra-Santander) y Campo Amalia, en Aguachica (Cesar), o en sitios cercanos a ciénagas como la de Paredes (entre Puerto Wilches y Sabana de Torres, en Santander).
En todo este proceso de asistencia, la observación es clave antes de actuar, explican las autoridades ambientales. Por ejemplo, si el manatí está enredado en una malla, no es recomendable tratar de cortarla para liberarlo. “A veces es mejor esperar la ayuda de un experto para saber si es necesario prestarle algún tipo de atención antes de soltarlo completamente, ya sea por una herida o un deterioro evidente. Hay que desempeñarse con mucho tacto, y es lo que hemos inculcado a los miembros de las comunidades que hacen parte de la red”, explica Katerin Arévalo González, bióloga experta en manatíes de la Fundación Cabildo Verde y gestora de la Red.
Las personas saben que otra buena acción es tomar fotografías y enviarlas por WhatsApp al número ya indicado. De esta forma, los profesionales comenzarán a tener una idea más clara de la situación y planearán las acciones necesarias.
Del total de incidentes entre 2010 y 2023, el 87,5 por ciento de estos eventos fueron reportados por comunidades, así como por instituciones gubernamentales, o no gubernamentales, presentes en el territorio.
Esto demuestra que el trabajo en equipo sí puede dar resultados y hacer la diferencia en momentos en que la especies busca y necesita de oportunidades para sobrevivir.
Ana María Jiménez, profesional ambiental de Ecopetrol en Barrancabermeja, advierte: “Promoveremos, la socialización de esta Red para ayudar a los manatíes. Se gesta un trabajo articulado entre las instituciones y las comunidades, para salvaguardar y mantener las condiciones de vida de una especie trascendental para el Magdalena Medio, que desde hace muchos años reclama amparo y larga vida”.
La Red está conformada por: comunidades de pescadores, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Alcaldía de Barrancabermeja, la Fundación Cabildo Verde y WCS Colombia, estas dos últimas organizaciones han hecho aportes desde el Proyecto Vida Silvestre (PVS), iniciativa que financian Ecopetrol y el Fondo Acción.
Se suman la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y las alcaldías de Puerto Parra y Sabana de Torres, en Santander, y Simití (sur de Bolívar). Desde el exterior participan, la Red de Varamientos de Quintana Roo, en México, y del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, en Puerto Rico.
Tres investigadores colombianos, asentados en Florencia Caquetá y Bogotá, desarrollan desde hace dos años un proyecto de investigación para conocer el estado real del águila harpía (Harpia harpyja).
Viajan a lugares recónditos para encontrar y monitorear los nidos. ¿Qué los motiva realizar este trabajo? Los altos índices de deforestación, los reportes constantes de ataques directos hacia estos individuos y los vacíos de información científica que presenta la especie tanto en la región amazónica como en todo su rango de distribución.
Acompañamos a una familia monitora y llegamos hasta el nido de un águila harpía en el norte de la Amazonia colombiana, para conocer este proyecto científico que integra a comunidades indígenas y campesinas que contribuyen a su estudio y protección.
Es en La Macarena, Meta donde está uno de los nodos de este trabajo que vincula a la reserva privada Santuario Mayor, un bosque de 13 años de restauración natural, de surge el reportaje: Macarena, un milagro que crece en la selva.
El Proyecto Soy Harpía Amazonia trabaja en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo y en sus dos años de labores cuenta con importantes resultados sobre caracterización de la especie, ataques de humanos, monitoreo de nidos, entre otros.
Viaja con nosotros a La Macarena, de allí a Cartagena del Chairá, en Caquetá y luego al resguardo Lagartococha en Puerto Leguízamo, Putumayo a conocer este trabajo de los jóvenes biólogos.
Comenzamos a preparar este especial en marzo pasado, con el apoyo de Earth Journalism Network.
Encuéntralo aquí y encuéntralo también en nuestra sección Impacto y En Cámara.
Macarena, polluelo de águila harpía. Foto: Adriano Ortíz
Deforestación, tala selectiva de grandes árboles, caza no sostenible, minería y tráfico ilegal, acaban con las poblaciones de águila harpía. Es una especie emblemática y vulnerable a la extinción.
En Colombia se reportan cerca de 50 ataques directos de humanos a estas aves, muchos de los cuales mueren y otros quedan sin la posibilidad de retornar a su entorno natural.
La cacería furtiva, impulsada por el desconocimiento, el temor o la curiosidad, también ocasiona la pérdida de individuos en campo.
Acompañamos a una familia conservacionista en el monitoreo a un nido. Comunidades e investigadores del Proyecto Soy Harpía Amazonia, estudian y protegen a la ‘reina’ de las aves.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
LA MACARENA. META, COLOMBIA. El ruido de las hojas trituradas devela el paso de los caminantes. Se escuchan silbidos, cantos de pájaros e insectos. De vez en cuando aparece un claro de luz a la orilla del angosto camino.
Es 12 de agosto de 2023, pronto serán las tres de la tarde. Afuera el día está fresco, dentro el bosque la humedad es penetrante. Ha llovido en las últimas horas, del dosel caen gotas de agua y en el suelo se ven algunos charcos.
Quince minutos después de haber iniciado el recorrido por la Reserva Natural Santuario Mayor, los caminantes se detienen. Los ojos del guía Adriano Ortiz Ramos -que segundos antes deambulaban de rama en rama- se fijan en un árbol de cedro achapo donde posa un copo emplumado. El guía elonga su cuello al máximo, centra toda su atención y expresa: ¡Ahí está ‘Macarena’!
Es el polluelo de águila harpía, motivo de la expedición. Tiene diez meses de vida, su cuerpo es blanco como la nieve y sus alas destilan tonos tierra. A esta especie se le conoce también como águila churuquera porque parte de su dieta son los monos churucos. Su nombre científico es (Harpia harpyja).
Adriano Ortíz, guía de la reserva Santuario mayora a su ingreso al bosque. Foto: OlgaCGuerrero
Macarena vuela a un árbol de vainillo, entonces los observadores esquivan enormes hojas de palma para relocalizarla tratando de no hacer ruido en la tupida hojarasca. Miguel Ángel, hijo del guía, la encuentra y todos corren a enfocarla. Entre tanto, Flor, esposa de Adriano, aparece con algo en las manos, señala una hoja y explica: este es excremento de ayer, aquí hay restos de comida y una pluma. Desde arriba, perchada en el mismo palo, Macarena tuerce su cuello y los mira con curiosidad.
La harpía es un ave emblemática del bosque tropical, conocida como la ‘reina de las aves’, no solo por su porte y belleza sino porque es la más grande del hemisferio occidental y la rapaz más fuerte del mundo.
Su importancia también radica en que es depredador tope, se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia y su presencia indica la buena salud de los ecosistemas.
El águila ejerce control de poblaciones de mamíferos como monos, puerco espines, grandes roedores; reptiles como serpientes y otras aves de menor tamaño. Si no existiera podría generarse un desequilibrio por el aumento de esa fauna.
UNA REGIÓN ESTRATÉGICA
El Santuario Mayor es una reserva natural privada de 160 hectáreas que se encuentra en el municipio de La Macarena, Meta, a 233 metros de altura y 225 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento.
Hace parte de la Serranía de La Macarena un área estratégica por su alta biodiversidad y por ser zona de transición entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia colombiana.
Es mundialmente conocida por tener el río más bello del mundo, Caño Cristales, que le ha dado un giro a su economía a través del ecoturismo.
También, porque en 1999 hizo parte de la llamada zona de despeje o distención en el fallido proceso de paz entre el gobierno de la época y las entonces Farc-Ep, junto con Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe y San Vicente del Caguán en Caquetá.
Se accede por carretera, río y trocha y por aire desde Bogotá y Medellín en dos vuelos semanales.
La Macarena tiene 27 mil habitantes, de los cuales 4000 están en zona urbana. El área hace parte de la Sierra de la Macarena e integra el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) que integra los parques nacionales Macarena, Tinigua y parte de Sumapaz y Los Picachos, este último el más impactado por deforestación en el país.
El retorno de la fauna
“Es un milagro de la naturaleza que el águila esté allí, es la única parte en toda la región donde se ha visto, esto hace parte del proceso de restauración natural que lleva 13 años en la zona”, explica el exdirector del Parque Nacional Natural La Macarena, Fernando Sacristán.
Aplaude el proceso de conservación comunitaria porque en algún momento puede ayudar a la subsistencia de varias familias y cree que esto aportará a que el pueblo se enfoque cada día más en ser un destino obligado para el avistamiento de aves. El municipio ganó dos recientes Global Big Day con más de 727 especies diferentes vistas en un mismo día.
Fernando Sacristán, exdirector de PNN La Macarena. Foto: RPV
Fernando asegura que a la par con el águila, a Caño Cristales -zona vecina al Santuario- han retornado mamíferos como venados, osos palmeros mieleros, pumas o la poco vista pantera negra.
La presencia del águila se detectó después de que Adriano recordó que la había visto por última vez 12 años atrás en ese bosque.
Sin mucha esperanza y como para salir de dudas, en septiembre del año pasado organizaron una búsqueda con los dueños del predio, Mónica López y Juan José CasasFranco, dos convencidos de la conservación.
Ese día se llevaron una sorpresa cuando Miguel Ángel, hijo de Adriano, la encontró y no solo estaba con su pareja, sino que en el nido había una cría.
Las harpías son monógamas, pueden estar siempre con el mismo compañero. Su vida se puede extender hasta los 40 o 50 años.
Desde entonces las aves son monitoreadas y los propietarios de la reserva establecieron una serie de medidas de control para su cuidado, con ayuda de los vecinos de la vereda Santa Teresa. Juntos quieren demostrar las bondades de conservar la fauna y enseñar a la población macarenense que es necesario y posible convivir con la especie.
El guía, de 43 años, relata que cuando estaba pequeño y vivía con su familia en el campo, todo era bosque. «Las águilas se veían a la vera del camino. Hoy son praderas de pasto con ganadería y carreteras atiborradas de carros y motos. Había muchas águilas y teníamos la mentalidad de que ellas se comían las gallinas y tocaba matarlas. Eso no es así. Vemos que mientras ellas tengan un bosque y comida no buscan alimento en las fincas. Yo le agradezco a los vecinos que ayudan a cuidarlas porque comprendieron que el águila no es una amenaza, por el contrario, es una aliada de la comunidad”.
En este sentido piensa que los jóvenes del pueblo deben prepararse porque se necesitan ciudadanos que ayuden a conservar estas especies porque ese es el futuro de la región.
Monitorear un ave
Para Adriano, el águila representa la fuerza de la naturaleza:“Cuando llega a un árbol todos los animales, entre estos los micos, comienzan a aullar y los demás se ponen nerviosos. Le tienen miedo, así como el jaguar es el terror en el suelo, ella lo es en el aire”.
La familia custodia del ave ya conoce el monte a la perfección, ha aprendido a resistir los feroces mosquitos a punta de chimú, remedio tradicional elaborado con tabaco y alcohol. A imitar los murmullos del bosque, los sonidos de las aves, a reconocer los rastros de animales y a colectar muestras.
Antes de salir de casa, en su mochila empacan la cámara, el insecticida natural, la ‘preparada’ que es la limonada casera con panela, los hules, algunas galguerías y el fiambre -almuerzo envuelto en hojas de plátano- soporte de la jornada.
Luego prenden las motocicletas y por carretera destapada se dirigen a ‘la montaña’, como denominan el bosque de 160 hectáreas en proceso de restauración, un relicto que se destaca en medio de la extensa sabana ganadera.
Adriano y su familia dicen que el ave les ha cambiado la vida. Ahora están en constante aprendizaje. Han conocido a muchas personas amantes de la naturaleza como los biólogos del ´’Proyecto Soy Harpía Amazonia’, quienes entre otras coasas les han enseñado cómo no
perturbar al animal. Por observación directa han comprendido cómo es que las aves construyen el nido, cómo cazan, en qué horarios la madre suministra comida al polluelo y muchos secretos más del águila y el bosque.
A contemplar a la rapaz han llevado a los niños del colegio, a los vecinos de la vereda, al grupo juvenil de estudiantes avistadores y guías de aves que prepara el profesor-pajarero Henry Abaunza en el colegio Nuestra Señora de La Macarena a varios extranjeros, a turistas extranjeros y a expertos como Fernando Ayerbe autor de guías de aves de La Macarena y de Colombia.
Este ejercicio único de conservación en el país está abierto al público especializado que conoce las normas para hacer aviturismo. El dueño de la reserva la cuida con recelo, aún así, hasta hoy no ha tenido la atención de ninguna autoridad ambiental de la región.
El impacto en el pueblo no solo ha sido ver a algunos niños llorando porque la lluvia no dejó ver al águila ‘in situ’, es decir en su hábitat, sino que comunidades de otra veredas y municipios han manifestado su interés por realizar el mismo proceso de conservación.
Adriano y familia terminan sus registros, se aseguran de que todo esté bien, y retornan felices. No vieron a los padres de Macarena porque cada vez tardan más tiempo en llevarle comida para obligarla a salir del nido y aprender a defenderse sola, volando y cazando.
Flor, dice que Macarena pronto crecerá y se irá de ese bosque. Cuando alcance su desarrollo sexual, en cuatro años, formará una familia. Entre tanto los padres retornarán al nido para traer una nueva vida en dos años.
Ese es el tiempo que las referencias biológicas dan a la reproducción de esta rapaz. Estas aves solo ponen uno o dos huevos cada 2,5 a 3 años, de los cuales solo uno sale adelante. A veces, el exceso de lluvias, factores ambientales o humanos como cacería, ataques, tala de árboles donde anidan; hacen que no prospere. Por eso las poblaciones son escasas y los biólogos y ornitólogos (estudiosos de las aves) insisten en su urgente protección.
Mientras avanza el proyecto de turismo especializado en el Santuario Mayor que permita una sostenibilidad gracias a la conservación de este ecosistema, la familia Ortíz Chacón continuará como monitora voluntaria de ‘Macarena’.
Así, antes de partir por la vía destapada a la vereda a buscarla, seguirán alistando el chimú, la preparada, las galguerías y el fiambre para mantener la vigilia -mañana, tarde y noche- de sus entrañables amigas, las águilas churuqueras.
UNA ESPECIE VULNERABLE
El Libro Rojo de Aves de Colombia clasifica al águila harpía como una especie Casi Amenazada (NT).Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la categorizó a nivel mundial como Vulnerable (VU) a la extinción. Esto ante el avance de destrucción de los bosques donde habita.
El investigador Camilo Yasnó explicó a Red Prensa Verdeque a pesar de que en el país no existe información científica sólida respecto al estado actual del águila harpía, de continuar la tendencia de deforestación y ataques hacia estos individuos, su densidad poblacional tenderá a disminuir, lo cual pondrá en grave riesgo la permanencia y conservación de esta águila no solo en la Amazonia sino en todo su rango de distribución nacional.
Para el experto, la falta de investigación científica puede representar otra seria amenaza para la especie, por lo cual se incurriría en un error al considerarla como una especie ‘Casi Amenazada’. “La realidad de la especie en el país no es ajena a la de todo su rango de distribución en el neotrópico donde las amenazas ya mencionadas han afectado considerablemente sus índices poblacionales en países pioneros como Brasil, Venezuela, Panamá y Ecuador”.
CAUSAS DEL DECLIVE
Hemos encontrado que las principales amenazas que ponen en riesgo la estabilidad de la especie en la Amazonia colombiana son, en primer lugar, la pérdida de hábitat.
Este factor a su vez es impulsado por acciones antrópicas como la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la minería ilegal e incluso la tala selectiva de árboles maderables.
Así mismo, acciones como la cacería furtiva, impulsada mayormente por el desconocimiento, el temor, pero paradójicamente también por la curiosidad. En muchos casos estos son los argumentos que justifican la muerte de estos individuos en campo.
No obstante, también se presentan casos de retaliación, debido a la pérdida de animales de granja como gallinas, cerdos, o cabras, en muchos casos injustificada.
Actualmente, se tiene reporte de más 50 ataques directos, los cuales una buena parte ha terminado en muerte y en individuos heridos con cero posibilidades de retornar a su entorno natural.
Por último, el tráfico ilegal de fauna a partir de la comercialización de sus partes como plumas, picos, garras e incluso su carne, son otra de las amenazas locales que presenta la especie, teniendo en cuenta que pueden llegar a representar un alto valor económico dentro del mercado negro; un par de garras de águila harpía pueden llegar a valer un millón de pesos (U$250 )”.
Desde Florencia, Caquetá, tres biólogos se desplazan por todo el occidente amazónico para investigar ‘eventos de anidación’. Este trabajo vincula a comunidades indígenas y campesinas de territorios marginales, que conviven con la especie.
Llegar a zonas distantes -cargados con pesados equipos- por carretera, trocha, río o caminando largas jornadas, con tal de encontrar un nido. Visitar territorios complejos como son los de la Amazonia, con altos costos de movilización, dificultades en la comunicación y orden público latente. Gestionar recursos y realziar actividades como la venta de camisetas, para poder cumplirle a las comunidades en las salidas de campo y las jornadas de monitoreo a las águilas, son algunos de los aspectos que sortea a diario el Proyecto Soy Harpía Amazonia (PSHA). Esta es una iniciativa de conservación científico-comunitaria creda en 2021 por los biólogos Camilo Yasnó y Dayana Ospina y Leidy Cardona, de la Universidad de la Amazonia.
La idea surgió desde la Asociación Ornitológica del Caquetá (AOC) y su meta es generar aportes en el estudio, conocimiento y conservación de esta especie en ese departamento, Meta y Putumayo, zona occidental de la Amazonia colombiana.
Su meta es generar aportes en el estudio, conocimiento y conservación de esta especie en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo, zona occidental de la Amazonia colombiana.
Hasta el momento se han centrado en la búsqueda de nidos y registros de águila harpía de la mano de las comunidades locales, a través del monitoreo participativo, que consiste en generar redes de comunicación con indígenas y campesinos que conviven con el animal.
Para esto utilizan la educación ambiental con los vecinos de las águilas y la complementan con el pilar científico como denominan al monitoreo de nidos. Utilizan metodologías como la observación directa, la colecta de muestras y la instalación de cámaras trampa en el dosel.
“Algunos de los nidos monitoreados se encuentran en Puerto Leguizamo, Putumayo; La Macarena, Meta y Bajo Caguán, Caquetá; estos dos últimos con polluelos de aproximadamente 10 meses. Estos nidos son custodiados por las propias comunidades, eje del proceso. Esto ha permitido que uno de los nidos (La Macarena) esté abierto al turismo”, relatan los investigadores.
Al preguntarle a Camilo sobre el origen de su organización, argumenta que es una respuesta a tres problemas históricos en la Amazonia colombiana:
Los altos índices de deforestación.
Los reportes constantes de ataques directos hacia estos individuos.
Los vacíos de información científica que presenta la especie tanto en la región amazónica como en todo su rango de distribución.
Camilo Yasnó y Dayana Ospina, durante el trabajo de campo.
NIDO EN EL CAQUETÁ
Chairá, el primer polluelo monitoreado
Ocurrió en el Bajo Caguán, Caquetá, en 2019, gracias a la labor de Little Oiden y Fabian Suaza, quienes encontraron y reportaron para aquel momento el primer nido de águila harpía para la Amazonia colombiana.
A partir de allí y con ayuda de la Asociación Ornitológica del Caquetá enlazaron esfuerzos para hacer el monitoreo de un nido desde el suelo, a través de visitas e información entregada por la comunidad local.
“Se logró recopilar información valiosa de ese evento de anidación, que duró aproximadamente dos años y medio. Obtuvimos datos respecto a la dieta, movimientos (dispersión) del polluelo y sus dos parentales (padres), aspectos como los cambios de plumaje en ‘Chaira’, el juvenil bautizado así por la comunidad de la vereda Lobitos en Cartagena del Chairá, Caquetá”.
Sin embargo, al terminar el evento completo, una de las ramas principales del árbol se cayó, junto a ella el nido —algo que suele ocurrir— y este no fue reconstruido en la siguiente anidación.
Igualmente, la fuerte deforestación e incluso los incendios del verano del 2022, afectaron notablemente ese bosque de menos de cinco hectáreas y los parches alternos de los cuales esta pareja se alimentaba. Ante esto el nido cambió, y hasta el momento no ha sido ubicado. La buena noticia, dicen los investigadores, es que los avistamientos ocasionales de estos adultos han continuado en el territorio y la comunidad es consciente de su importancia.
En los primeros días de agosto, Adriano Ortíz y y familia acompañaron por tercera vez a los biólogos Camilo Yasnó y Dayana Ospina a monitorear el nido de ‘Macarena’, el polluelo de águila harpía que crece en la reserva Santuario Mayor del Meta.
Para realizar este trabajo de campo que buscaba analizar la evolución de la cría, viajaron desde Florencia, hasta San Vicente del Caguán, en Caquetá, durante cuatro horas. Desde allí, siguieron cinco horas más por la ruta 65 hasta La Macarena.
La primera tarea era llegar al bosque antes de las seis de la mañana para verificar si la cría había dormido en el nido o si ya está utilizando zonas alternas.
Posteriormente, instalaron equipos como cámaras fotográficas, celulares, distanciómetro, entre otros, y se ubicaron en la parte baja del nido a observar.
De esta forma, examinaron el patrón de actividad, comportamiento y dieta del polluelo, además de realizar una colecta de material orgánico.
Cada una de las visitas lleva métodos diferentes. Una de estas es la vía acústica a partir de micrófonos para caracterizar la actividad sonora de las aves.
El biólogo explica que se aprovecha toda la información hasta las 6 de la tarde y se archiva en formatos escritos y digitales. Las muestras de la dieta son entregadas a la Universidad de la Amazonia.
Cuando llegaron por primera vez al Santuario, la tarea inicial consistió en caracterizar el árbol-nido, sus medidas, ecología, botánica y muestras de la dieta. Justamente en esa visita colectaron restos de un erizo consumido el día anterior.
La experiencia les dice que por lo general estas aves utilizan árboles como achapos y ceibas, pero pueden llegar a ocupar otras especies.
En otros nidos que estudia el proyecto, dependiendo del avance del evento de anidación, se determina el ascenso al árbol o al nido.
Para esto, es necesario que la actividad de los parentales haya disminuido notoriamente. En el caso de Macarena, la reserva decidió temporalmente no llevar a cabo el ascenso a los árboles, por eso todo el monitoreo se realiza desde el suelo
Para ir al Putumayo se necesita hacer todo un proceso logístico porque el viaje es más largo que a La Macarena o al Bajo Caguán.
Arranca a las 7 de la mañana desde Puerto Arango, en el río Orteguaza, para bajar al río Caquetá durante siete horas. Llegan a La Tagua y de allí toman un carro a Puerto Leguízamo por media hora más.
Una lancha los lleva hasta el Resguardo Indígena Lagartococha de la comunidad indígena Murui Muina y ahí se embarcan por 50 minutos al río Putumayo.
Al llegar al resguardo caminan por tres horas, selva adentro, hasta divisar el nido.
En este caso se realiza un estudio desde la parte alta del árbol, donde se instalaron cámaras trampa. También, se realizan ascensos al nido -con equipos especiales- para tomar las diferentes muestras.
“Son dos experiencias diferentes, muy contrastantes. Una en un contexto indígena, de saberes ancestrales como es el pueblo Murui Muina en límites con Perú y la otra en un contexto de comunidades campesinas que tienen un manejo y una perspectiva diferente de su territorio como es la del Meta. Sin embargo, coinciden en el deseo de trabajar por la conservación de la selva. Dos experiencias y esfuerzos diferentes que evidencian lo que es estudiar y seguir águilas harpías en la Amazonia colombiana”, comentan los biólogos de Soy Harpía Amazonia.
A pesar de los logros, el proyecto debe afrontar la falta de presupuesto, teniendo en cuenta que no cuentan con un músculo financiero permanente. El águila harpía y sus nidos suelen encontrarse en territorios bastante alejados y llegar hasta allí implica una logística grande y costosa porque los desplazamientos se dan por vías terciarias lejanas y grandes ríos.
Los investigadores afirman que, adicionalmente, “estos territorios convergen con contextos sociales muy diferentes al centro del país y en ocasiones esto puede convertirse en una barrera de acceso a estas zonas apartadas”.
“Es necesario cambiar la imagen del investigador e involucrar directamente y de manera honesta a miembros de las comunidades. Otro limitante, no menos importante, ha sido la falta de equipos como binoculares y cámaras trampa para los monitores locales, los cuales son costosos y necesarios para el desarrollo óptimo del monitoreo”.
¿A dónde quieren volar?
El reto de los investigadores es llegar a nuevos territorios, sumar otros nidos y más información científica para la especie en la región, y así mismo, poder involucrar a más comunidades en estos ejercicios científicos.
Camilo, Dayana y Leydy advierten que les queda mucho por hacer y esperan poder consolidar los esfuerzos de las comunidades que actualmente cuidan sus nidos, para lo cual será necesario no solo promover la investigación científica sino también estrategias productivas sostenibles a través de las cuales se involucren directamente las comunidades y sus frutos amazónicos, porque esto favorecerá la conservación del bosque tropical y el desarrollo social, económico y educativo de estos territorios.
Quieren aliarse con propuestas productivas basadas en el uso sostenible de los recursos no maderables que puedan brindar otras alternativas económicas a cambio de cuidar el bosque.
“Esperamos que el águila harpía se convierta en una embajadora de la conservación, al ser una especie sombrilla no solo la conservamos a ella, sino al bosque húmedo tropical amazónico y todas las especies de fauna y flora que allí habitan”.
HARPÍA EN LOS PAÍSES AMAZÓNICOS
Ecuador
Existe el Programa de conservación del Águila Harpía, creado por la bióloga española Ruth Muñiz, quien la estudia hace más de dos décadas.
Gracias a este han detectado 27 nidos activos en las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Morona Santiago, con avistamientos en Esmeraldas.
Con equipos de rastreo han mapeado las trayectorias del ave, incluso cerca a poblaciones humanas.
Cuando esto ocurre, el Ministerio de Ambiente y el equipo del Programa se desplazan a capacitar a las comunidades para que no la cacen.
Existen programas de investigación y rescatede harpías en varias universidades.
Perú
Se destaca la Iniciativa HarpyCam del proyecto Wired Amazon que ha desplegado más de 100 cámaras trampa para registrarla desde el refugio Amazonas hasta el Tambopata Research Center, ellos estudian la vida el animal desde su nacimiento hasta que abandona el nido.
En este país el águila no es una especie en peligro, pero los investigadores están alerta por la tala ilegal de grandes árboles.
Brasil
La organización ‘Proyecto Harpía’ ha desarrollado estudios e investigaciones desde hace más de 20 años, con ayuda de comunidades locales. Se reconocen investigaciones de seguimiento satelital, programas ‘in situ’ y ‘ex situ’ en varias regiones de la Amazonia.
World Land Trust también ha desarrollado programas que se extienden a Belice y Ecuador.
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Nos internamos en un refugio para la rehabilitación de aves rapaces maltratadas o enfermas, donde a través de técnicas de cetrería —desde hace dos décadas— las recuperan. Algunas pueden volver a los bosques, otras se pierden para los ecosistemas.
Olga Cecilia Guerrero/ Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
Una hembra de halcón pechinaranja (Falco deiroleicus) apareció herida de gravedad en una calle de Rionegro, Antioquia. Mientras cazaba se estrelló contra una estructura y quedó tendida en el suelo. La diagnosticaron con trauma craneoencefálico y fractura de escápula, el canal óseo por donde pasa el músculo pectoral. Una veterinaria de la Corporación de las Cuencas de los Ríos negro y Nare (Cornare) la operó de emergencia. Se trató de una cirugía compleja, pero dejó buenos resultados: el halcón pudo volver a volar. Sin embargo, el trauma craneoencefálico le produjo ceguera en el ojo izquierdo.
Felix es un macho de águila penachuda (Spizaetus ornatus) galana, elegante o coronada. Estaba siendo traficada a Ecuador cuando agentes de la Policía Nacional la hallaron en un escondite dentro del baúl de un carro, durante un retén en El Patía, Cauca. Iba a ser sacrificada para preparar una ‘medicina natural’ contra el cáncer. En ese momento era juvenil.
Morita es un águila de páramo (Geranoaetus melanoleucus) que habita en toda Suramérica. Fue decomisada a un narcotraficante en Norte de Santander, cuando estaba en su etapa juvenil, hace unos doce años. Se le conoce también como águila paramuna, mora, pechinegro o escudada. Se destaca por su coloración gris, blanca y negra.
Entre samanes, frutales, guayacanes y palmas se convierte en un lugar único en su género en Colombia, por su especialización en este tipo de fauna.
Hasta allí son enviadas, desde diferentes regiones del país, especímenes afectados por accidentes, tráfico de fauna, tenencia ilegal o cacería. Es por esto que los huéspedes del Centro tienen una característica común: un historial de sufrimiento y maltrato.
Fotografías: Ignacio Galán
Centro de Rehabilitación Rapaces ‘Crarsi’ en Pereira, Risaralda, Colombia. Foto: OlgaCGuerrero / Red Prensa Verde
Las aves llegan con fracturas, lesiones en alas, proyectiles incrustados, traumas oculares, pododermatitis o clavos en sus patas, malestares respiratorios, infecciones, deshidratación y otras afecciones. Algunos ejemplares han sido transportados por la Fuerza Aérea, vuelos comerciales o en carro, y protegidos en guacales caninos, en canastas de esterilla, cajas de madera o de cartón.
Otras no han alcanzado a recibir los primeros auxilios debido a la gravedad de las heridas, a la demora en los trámites para el transporte, al desinterés o la falta de recursos de algunas Corporaciones Autónomas.
Las primeras, como en un hospital de humanos, son atendidas según su diagnóstico y cada una tiene un tiempo distinto para su tratamiento y recuperación. Además de los cuidados básicos, pueden requerir medicamentos, generalmente costosos como el Voriconazol que puede superar los dos millones de pesos o vitaminas como el VitaHawk, Provital, Carnivore y complementos nutricionales que debe ser importados.
Este refugio para las aves está certificado como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) ante la autoridad ambiental y actualmente hospeda a pacientes, residentes y aves para control de fauna.Las primeras, como en un hospital de humanos, son atendidas según su diagnóstico y cada una tiene un tiempo distinto para su tratamiento y recuperación. Además de los cuidados básicos, pueden requerir medicamentos, generalmente costosos como el Voriconazol que puede superar los dos millones de pesos o vitaminas como el VitaHawk, Provital, Carnivore y complementos nutricionales que debe ser importados.
Cada especie tiene una alimentación específica, basada en su dieta silvestre. Esta debe ser fresca, pesada por porción, según el tamaño y requerimientos del ave. En los refrigeradores de Crarsi se encuentra codorniz, conejo, pollo o roedor. Las aves que logran superar sus problemas de salud, reciben un entrenamiento especial en vuelo y caza, para su posterior liberación en un área cercana de dónde fueron extraídas. En las dos últimas décadas han sido rehabilitadas y liberadas más de 700, en diferentes bosques de Colombia. Algunas de estas se les ha hecho seguimiento con telemetría y otras tecnologías adaptadas a los cuerpos de las aves.
Equipos de telemetría Aves Crarsi – OCGR RedPrensaVerde
Equipos de telemetría para aves utilizados en el Centro Crarsi. Foto RedPrensaVerde
Aves perdidas
El segundo grupo es el de las aves residentes y dentro de estas se encuentran las que pueden volar y las que no. Estas últimas han sido víctimas de maltrato humano, ya sea ataque con disparos o que adquirieron enfermedades osteomusculares que nos les permiten llevar una vida normal, declara Ana María Morales, bióloga de fauna silvestre e investigadora de Crarsi.Explica las que pueden volar han sido víctimas de la tenencia ilegal de fauna y están improntadas en los humanos, porque han sido sacadas desde muy chiquitas del nido: “Para las aves, quien los alimenta y protege es su propia especie y eso les causa un daño de por vida”.
Son aves que no van a ser liberadas por sus problemas permanentes de salud y se quedan allí como insignias de su especie haciendo parte del programa de educación ambiental.
Justamente algunas de las que ya no tienen posibilidad de retornar a su área natural y están perdidas para los ecosistemas son las tres aves que se mencionaron al inicio de este reportaje, el halcón y las dos águilas:El halcón Pechinaranja accidentado en Rionegro no ha terminado su entrenamiento, probablemente no pueda ser liberado, no se ha tomado la decisión si se queda como residente. Su lesión ocular le impide ver por el ojo izquierdo.
Este pájaro es considerado como uno de los más raros del mundo, de población escasa y poco estudiado en Colombia. “Antes se creía que era selvático, de la Amazonía y de alguna parte del Chocó, pero resulta que estos pájaros se han vuelto urbanos, tal vez persiguiendo a las palomas torcazas (Zenaida auriculata) que crecen altamente en la urbe”, explica Alex Ospina, director de la Fundación Águilas de los Andes.
“Hemos encontrado esta especie en Bogotá, Tunja, Medellín, Cali y Pereira o sea ya no son halcones exclusivamente de selva. Por este boom del avistamiento de aves se han tomado fotos en estos lugares y eso es sorprendente porque están desde tierras bajas hasta Bogotá”.El águila penachuda tampoco cumplirá su función como depredadora en un ecosistema de bosque por su impronta. Lo mismo ocurre con Morita, el águila de páramo, no se puede liberar porque, aunque vuela y caza, tiene una dependencia humana bastante marcada.
“Es una ave perdida para los ecosistemas. Si se dejara libre buscaría a la gente inmediatamente y volvería a estar en peligro. Al llegar a su madurez se ha tornado agresiva porque busca aparearse con quienes considera su familia, los humanos”, enfatiza la bióloga Morales.
Debido a los daños que sufrieron estas aves, ahora cumplen una tarea distinta a su naturaleza, la lucha contra del tráfico de fauna y la tenencia de aves como mascotas. Entre tanto, pacientes como cernícala, águila arpía, halcón peregrino o las águilas reales de montaña y muchas más, siguen sanando sus heridas en medio de cantos y vocalizaciones.
Graznidos de ayuda
Con todo el trabajo que tiene la organización para la atención diaria a las rapaces, también lucha a diario para su sobrevivencia. No es fácil mantener a tantas aves las 24 horas durante los 7 días a la semana. Alex Ospina, su fundador, afirma que además de ser una pasión, este ejercicio de conservación genera costos que van desde el pago del arriendo, la alimentación los medicamentos, el personal, hasta la adecuación de las cámaras donde se alojan las aves, que deben ser de una madera especial para que no se lastimen.
Para suplir sus gastos, Crarsi gestiona recursos, acude a la venta de camisetas, tiene un programa de apadrinamiento de pacientes, hace crowdfunding para reparar las instalaciones y busca el apoyo de entidades gubernamentales y privadas que quieran unirse a la labor de restaurar a las víctimas del tráfico ilegal.Su trabajo es una forma de vida para que las aves que llegan con las alas rotas, con ayuda de los especialistas, puedan emprender el largo camino a la libertad.
Plumas nuevas
Injerto de plumas a un águila real de páramo en Crarsi. Alex Ospina, Ana María Moreno y Alejandro Henao. Foto: OlgaCGuerrero / RedPrensaVerde 2023
Uno los procesos especializados que desarrollan en Crarsi para la recuperación de la avifauna consiste en restablecer el plumaje de las aves. Alex Ospina, director de la Fundación Águilas de los Andes (FADA) es quien realiza el injerto de plumas dañadas para dejarlas en condiciones óptimas.
Las plumas rotas son reparadas con otras de este u otros animales, técnica que aprendió hace muchos años y que ha sido efectiva para que los animales no pierdan su capacidad de vuelo.
A la luz del día, con la ayuda de dos asistentes, por más de dos horas realiza la intervención no invasiva, no causa dolor al animal. Comienza con la selección de las plumas en un banco que tiene el Centro, recopiladas de diferentes especies, colores y tamaños. Cada ave tiene alrededor de 50 y 52 y durante el proceso van siendo reparadas según el orden que cada una ocupa en el plumaje.
Acompañamos a Crarsi en el procedimiento de injerto de plumas a Morgan, un águila real de Montaña, especie emblemática para esta organización.
La minería ilegal que causó un desastre ambiental en el río Jatunyacu, provincia de Napo, se ha trasladado a Huambuno y Ahuano, con efectos de contaminación y deforestación. Hasta la minería legal ha operado sin todos los permisos ambientales, hoy está en funcionamiento una polémica concesión para extracción de material pétreo.
Por favor, no diga mi nombre ―esta frase se repite entre la gente de la zona que ha denunciado las operaciones de la minería ilegal y los incumplimientos de la legal en la provincia de Napo―.
Alberto* es oriundo de la zona del río Huambuno. Trabaja en el turismo ecológico y es parte de una comunidad ancestral que no está de acuerdo con la minería. Frente a su propiedad, al otro lado del río, desde hace varios años ha visto cómo se ha incrementado la presencia de retroexcavadoras que van desfondando el suelo más de 10 metros para extraer oro, destruyendo todo lo que está a su paso.
El hombre ha venido documentando con fotos y videos esta actividad hasta que, una tarde de 2022, fue encañonado en la sien.
―Vino un hombre, me apuntó y me dijo que si sigo denunciando me va a matar y me va a dejar botado como perro, en la calle o en el río. Yo, en ese momento, pensé que me disparó, pero no me disparó.
El caso es complicado y está siendo investigado por la Fiscalía. Alberto ha documentado la presencia de 18 frentes mineros con más de 80 retroexcavadoras en el trayecto Dorado-Huambuno-Cashayaco-San Pedro de Huambuno, Alto Huambuno y Río Blanco. Dice que las máquinas trabajan de día y de noche.
Maquinaria pesada de la Prefectura de Napo trabaja día y noche en la extracción de material pétreo en la zona de Balzachikta, a orillas del río Napo, aun cuando la concesión todavía no contaba con todos los permisos. Foto: Cortesía.
―Están destruyendo el río del que bebíamos y que usábamos para bañarnos. El agua comenzó a contaminarse. Se afectan las ranas, las aves, toda la biodiversidad. Nunca hubo socialización, ni capacitación, sino que de la noche a la mañana aparecieron las máquinas. Yo tengo puesta una denuncia y mis tíos también pusieron siete denuncias más pero nunca hicieron el peritaje y está todo en la Fiscalía de Quito― dice Alberto con voz nostálgica.
Un estudio de la Universidad Ikiam, además de demostrar que en Napo hay ríos muertos como el caso del Chumbiyaku, que tiene 500 veces más metales pesados de los límites permitidos, indica que en las áreas afectadas por la extracción aurífera, el suelo se erosiona, pierde materia orgánica y el drenaje gradual de los desechos contaminantes baja hacia capas inferiores del suelo, convirtiendo en tóxicas e inservibles las tierras.
Familias de la zona de Ahuano, cercanas a las poblaciones de Huambuno Alto y Río Blanco, han denunciado afectaciones en su piel por bañarse en el río Napo.
¿Quiénes manejan las concesiones?
La comunidad de Río Blanco está dividida. Cinco familias crearon una nueva llamada Ñucanchi Urku y dieron paso a la minería. Alberto nombra las concesiones Napu Kury, Huambuno 1, Huambuno 2, Huambuno 3 y el Emprendimiento Minero Familia Romero.
Napu Kury no está en la lista de operadoras inscritas en el Ministerio de Energía y Minas y el Emprendimiento Minero Familia Romero está concesionado al señor Iván Romero.
Huambuno 1, Huambuno 2 y Huambuno 3 están concesionadas a la empresa Transconmi Construcciones Cía. Ltda. El actual representante legal es Nelson Ashanga. El fundador, gerente general y accionista de esta empresa de 2010 a 2021 fue Telmo Andrés Bonilla Abril, alcalde del cantón Archidona, en la provincia de Napo.
Maquinaria pesada se ve cerca de los ríos de Napo. Foto: Cortesía.
De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, la empresa Transconmi no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras. Esta alianza periodística intentó comunicarse con el exalcalde Bonilla, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco hubo respuesta por parte de la empresa a través de los teléfonos y correo que tienen registrados en la Superintendencia de Compañías y que, coincidencialmente, es el mismo correo de contacto de la empresa Terraearth Resources.
Terraearth Resources es una empresa minera de capital chino que tiene varias concesiones para la extracción de oro dentro de la provincia de Napo. Sin embargo, ha tenido varios llamados de atención y notificaciones por parte del Ministerio de Ambiente debido a incumplimientos ambientales. Aun así, sigue operando.
En el Sistema Único de Información Ambiental (SIUA) del Ministerio de Ambiente se registran tres pedidos de licencia ambiental para las tres concesiones Huambuno. La última es reciente, tiene fecha del 23 de abril de 2023. Todas fueron archivadas, lo que significa que no cumplieron los parámetros para obtener el permiso ambiental. Sin embargo, en el terreno hay máquinas operando.
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022. Entre enero de 2022 y enero de 2023 se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino, donde la minería se expandió en 55 hectáreas entre enero y diciembre de 2022, según un nuevo cálculo de MAAP.
Mapa Monitoreo Caso Yutzupino. Datos: EcoCiencia; ARCERNNR; Planet.
Para muchas personas en la región, si Yutzupino fue un biocidio, Huambuno es uno más grande. Por eso, Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de Ecuador y miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Naturaleza, cree que el Estado debe declarar la emergencia ambiental en la provincia de Napo.
Sin embargo, hasta el momento no hay importantes operativos en esa zona, y ya no llegan los ministros, ni los policías, ni los militares. Quienes denuncian viven entre amenazas.
La Agencia de Regulación Minera realizó 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país en el 2022. De esos, sólo 20 fueron en Napo, a pesar del crecimiento desbordante de los frentes mineros en esta provincia. La cifra total de controles es 17 % menor que 2019, año en el que se realizaron 418 operativos a nivel nacional.
Dentro de las causas que Fiodor Mena nombra para el desastre de los ríos de Napo está la debilidad institucional. De acuerdo con el informe de la Comisión de Biodiversidad de la exAsamblea Nacional, hasta 2022 se contaba con sólo un especialista técnico minero que debía controlar 552 concesiones mineras inscritas y 171 en trámite distribuidas en tres provincias: Napo, Orellana y Pichincha. Además, este técnico tenía que realizar trámites administrativos e informes. Muchos informes.
El mismo documento de la Asamblea da cuenta de que existe una gran cantidad de trámites represados en la Agencia de Regulación Minera: 275 trámites pendientes en el sistema Quipux, 190 informaciones semestrales de producción, 165 informes anuales de explotación y producción, además de las denuncias ciudadanas y los acompañamientos a los operativos de control solicitados por el Ministerio de Ambiente, Fiscalía, municipios, entre otras instituciones.
Para Michelle Báez, ecóloga política y profesora en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), el Estado está en alianza con el sector minero. “El Estado defiende los intereses del capital minero y viceversa. De hecho, hay recompensas como cargos importantes en las empresas luego de salir del sector público. Es una práctica muy común que empleados de empresas extractivas vayan a cargos públicos y luego regresen a mejores posiciones en las privadas. Esto se llama dinámica de puertas giratorias. En estos intercambios, el Estado y la minería viven en constante contubernio”, asegura.
En Ecuador se propuso una Ley de control de las puertas giratorias. El debate sobre el proyecto de ley se dio en el Pleno de la Asamblea, duró menos de dos horas y se archivó por mayoría el 24 de marzo de 2022.
Nada de esto es nuevo
Esto ya sucedió.
Napo vive un indeseado dejavú.
En Ecuador, la noticia de la pérdida masiva y acelerada de bosque, así como la contaminación del río Jatunyaku, en la zona de Yutzupino, causó controversia nacional. Entre octubre de 2021 y enero de 2022, la minería ilegal en esa zona se expandió en 70 hectáreas, lo equivalente a 99 canchas de fútbol profesional.
A partir de la presión social de las comunidades y las organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza, el 13 de febrero de 2022 se llevó a cabo un gran operativo de control en lo que quedaba del río. Hasta el lugar llegaron la ministra del Interior, el ministro de Defensa y 1600 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Entre los enormes cráteres de roca y las montañas de escombros, en lo que antes era un cristalino afluente del río Napo, esa madrugada se incautaron 148 retroexcavadoras; 97 motores de succión de agua; 16 bombas de agua; 80 máquinas de separación de minerales, llamadas “Zetas”; 41 tanques de plástico de 1000 litros con combustible, y otros bienes que se utilizaron para extraer oro.
En la mañana de ese día de febrero circularon fotos, videos y las imágenes aéreas del desastre ecológico, del biocidio. Hubo personas arrestadas que luego fueron dejadas en libertad.
En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira.
En mayo de 2023, a la entrada de Tena, la puerta a la selva amazónica de Ecuador, las retroexcavadoras incautadas y varadas seguían en pie, como dando la bienvenida a los visitantes.
Tena es la capital y ciudad más grande de la provincia de Napo, una región de rica biodiversidad, rodeada de exuberantes colinas tropicales y ríos que atraen a los turistas que buscan aventuras en kayak y caminatas por la selva.
Según el Ministerio de Turismo (MINTUR), en Napo existen 318 atractivos turísticos, la mayoría son sitios arqueológicos (81), seguido por 68 cascadas, 15 miradores y 14 cavernas como la conocida Jumandy. Esto hace que la actividad turística sea el segundo rubro de ingresos económicos de la provincia, luego de la agricultura. Una de las principales actividades es el canoping que se practicaba en ríos como el casi desaparecido Jatunyaku.
De acuerdo con las organizaciones sociales y defensores de la naturaleza, más de dos mil personas trabajaron, entre octubre de 2021 y febrero de 2022, en la extracción ilegal de oro. A pesar de que, en noviembre de 2021, la extraña aparición de las primeras cuatro retroexcavadoras en las orillas del Jatunyaku llamó la atención de activistas ambientales que denunciaron la situación en la Gobernación del Napo, y hasta por redes sociales, pero no tuvieron respuesta. Desde el mirador Los Ceibos se veía claramente el avance de las máquinas naranjas que de 4 pasaron a 10, a 50, a 100 a 148.
El mirador fue el primero en ser clausurado. Nadie alrededor sabe quién exactamente puso las cintas amarillas con la palabra peligro en letras negras a la entrada y, si lo saben, no lo dirán. Por ahí pasaron las retroexcavadoras para entrar de manera clandestina al río Jatunyaku. Actualmente, en la unión de la carretera Troncal Amazónica con la vía secundaria donde se encuentra el mirador hay un control policial, pero el miedo, la duda y la desconfianza se mantienen entre los pobladores.
Personas de la zona cuentan que les pagaron entre 2000 y 2500 dólares por el paso de cada una de las máquinas retroexcavadoras por sus terrenos. A cambio, debieron mantenerse en silencio.
Oliver* tenía 17 años cuando comenzó la destrucción del río Jatunyaku en el 2021.
―Si uno se ponía debajo de las “retros”, por donde caminaba encontraba oro ―cuenta como si fuese una de sus primeras hazañas de juventud―. A veces nos hacían pagar 1 dólar para entrar a minar, pero valía la pena. Eso fue al inicio, luego comenzó a llegar más y más gente, por ahí dicen que fueron miles. Yo vi mujeres embarazadas, niños, adultos. Nos empujábamos para coger el oro. Yo tuve suerte, me gané unos miles de dólares― dice Oliver con sonrisa todavía inocente.
En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira.
―¿Y cómo era el proceso? ¿Quién te compraba el oro?
―Un señor, un viejito que tenía un local en Tena. Solo a él le podías cambiar el oro y te daba dinero en efectivo.
―Eras joven. Tenías 17 años cuando se saqueó el Jatunyaku. ¿No tuviste miedo?
Con la picardía de la adolescencia, Oliver sonríe y acepta que tuvo miedo al inicio pero que después reflexionó para sí mismo: “Si todos lo hacen, ¿por qué me voy a quedar sin oro?”.
―Mi mamá me decía que no fuera. Pero nosotros éramos una familia pobre, y de un momento a otro teníamos mucho dinero bajo el colchón.
―¿Y qué hicieron con ese dinero?
―Mandamos a mis hermanas a otra ciudad para que se compren una casa y salgan de aquí. Yo no me voy porque no quiero dejar a mis padres solos. Aquí no podíamos tener mucho dinero porque solían venir a requisarnos cuando empezaron a hacer operativos.
―¿Tanto dinero hicieron?
―Uf, sí. Imagínese que en un buen día se sacaban varios gramos de oro. Teníamos que andar ‘pilas’ porque si no, te podían seguir para robarte. Hubo casos de que entre vecinos se estafaron.
―¿Te robaron alguna vez?
―No porque aprendí a ser precavido. Una noche encontré un pedazo de oro así de grande (con sus manos tersas por la edad y bronceadas del sol, separa el aire unos 10 centímetros). Y, ¿sabe qué hice? Me fui al bosque, alrededor de las 11 de la noche. Despacito para no hacer bulla. Mirando a todos lados. Me fui bien profundo y me quedé escondido entre un árbol haciendo silencio y con el oro en las manos. Me mantuve casi como una estatua. ¡Por tres horas! Hasta estar segurísimo que nadie me siguió. Ahí, como a las 2 de la mañana, con la luz de la luna, enterré mi oro. Sólo yo sé dónde está.
Mientras continúa la caminata y conversación con Oliver, intentando llegar al nuevo mirador que se construyó unos metros a la izquierda del antiguo, un hombre aparece. Oliver inmediatamente empieza a hablar de aves y de qué lugar turístico recomienda visitar en la zona.
El hombre se interna en el mirador. Cuando desaparece, el joven susurra que esa persona es del “grupo de inteligencia de los mineros”, que ellos andan en todos lados y le “avisan todo al patrón”. Que no les gusta que vengan personas o periodistas a preguntar mucho.
La inacción del Estado
En marzo de 2022, días después del operativo en Yutzupino, doce colectivos de Napo interpusieron una Acción de Protección al Estado ecuatoriano por falta de control a las concesiones mineras. Ganaron en primera y segunda instancia. El 13 de abril de 2022, el juez de la Corte Provincial de Napo obligó al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) a presentar, en 180 días, un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal de toda la provincia, causada por la falta de control.
Las autoridades no han cumplido con la sentencia.
Los colectivos interpusieron, en enero de 2023, una nueva demanda por incumplimiento de la demanda anterior. Nuevamente, el juez de la Corte de Justicia de Napo les dio la razón y ordenó la destitución de los tres ministros, la reparación de las zonas afectadas y 48 horas para presentar el plan de reforestación.
Sigue sin haber respuestas estatales y nadie fue destituido.
Poco más de un año después, el 13 de abril de 2023, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría (121 de 137 votos) el Informe de Fiscalización y Seguimiento de la minería ilegal en Napo, en la zona de Yutzupino y emitió una resolución. En el documento se reconoce la inoperancia del Estado y los grandes daños sociales y ambientales en un radio de 20 kilómetros alrededor del río Jatunyaku, llamado “Punto cero”. La resolución de la Asamblea Nacional es vinculante e incluye 36 obligaciones y acciones inmediatas que varios Ministerios debieron cumplir para parar el biocidio de Yutzupino.
Exigencias como que en 60 días el Presidente de Ecuador reforme los Decretos Ejecutivos 754 y 151 relacionados con la minería.
El 1 de marzo de 2023 el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica revocó el permiso de funcionamiento de las maquinarias de la Prefectura de Napo. Foto: Cortesía.
Al Ministerio de Minas le obligó a reestructurar la Agencia de Regulación en un máximo de 60 días. Esto no ocurrió. Solo cambiaron de director, quien dijo, a través de su dirección de Comunicación, que dará entrevistas cuando esté más empapado de los temas.
El Ministerio de Minas tenía 90 días para entregar a la Asamblea Nacional un informe geológico y una nueva normativa que mejore los procesos de control. Y, en ese mismo tiempo, debía solicitar los informes técnicos y legales a la Agencia de Regulación para la extinción de los derechos mineros.
A la Agencia de Regulación le obligó, en menos de 30 días, a contratar seis especialistas de seguimiento y control minero, solo para la provincia de Napo. Al Ministerio de Ambiente le dio 30 días para crear los procesos de determinación de daño ambiental. Al Ministerio de Salud le dio 30 días para lograr un estudio del nivel de afectación de la población derivado de la actividad minera. Al Ministerio de Transporte le dio 30 días para regularizar todas las maquinarias y retroexcavadoras, y asegurarse que tengan su certificado de instalación de GPS.
“Nada se ha cumplido. Nada. A veces me decepciona tanto circo y novela que no termina en nada concreto, medible y tangible”, dijo por teléfono el Defensor del Pueblo de Napo, Andrés Rojas, el 18 de mayo de 2023, el día que se clausuró la Asamblea Nacional, luego de la muerte cruzada invocada por el presidente Lasso.
Rojas está haciendo el seguimiento del cumplimiento de la resolución de la Asamblea por la que tanto lucharon. Cuenta que, desde la Presidencia, lo último que le dijeron fue que no les llegaba todavía la notificación.
Imagen Skysat Caso Huambuno. Datos: Planet.
El Ministerio de Ambiente respondió para esta investigación que están analizando la situación y que es todo lo que pueden decir. La respuesta fue parecida en el Ministerio de Minas. La Agencia de Regulación alega que casi está naciendo de nuevo y no sabe de esta resolución y el Ministerio de Transporte no ha brindado respuesta hasta el momento.
El desorden estatal es tan grande que varios responsables de las instituciones públicas nombradas no conocían la resolución que surgió a partir del informe de Fiscalización de la Asamblea Nacional y pidieron copia del documento para saber de qué se trata.
Gustavo Redín, abogado experto en temas ambientales y parte de la organización CEDENMA ―que agrupa a varias organizaciones ambientalistas ecuatorianas― recordó que, no se puede esperar mucho si, para colmo, el ente de fiscalización que emitió esta resolución, la Asamblea Nacional, ya no existe luego de la Muerte Cruzada.
La minería de la prefectura de Napo
―Tengo miedo― dijo con la voz doblegada Gonzalo*, quien vivía en la comunidad de Balzachicta, 10 minutos río abajo de la comunidad de Alberto.
Gonzalo era operador turístico y comenzó a observar, en septiembre de 2022, entre las salidas y llegadas de los turistas en lanchas que, frente a su propiedad, maquinaria pesada desviaba abiertamente el río Napo en la desembocadura del río Arajuno. Los visitantes comenzaron a quejarse del estruendoso sonido de la maquinaria que no paraba las 24 horas. Algunos salieron molestos, otros, sorprendidos.
Gonzalo tomaba fotos y videos, y los subía a las redes sociales. La zona que estaba siendo removida era un banco de arena, que era parte de la comunidad de Balzachicta, en la que existe una concesión para la extracción de material pétreo que pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y que utilizaba el material para una importante obra: “los 14 kilómetros de asfaltado de la vía Río Pusuno – Ahuano tercera etapa, anhelada por muchos moradores”.
Los lingotes de oro son la última etapa del refinamiento del oro. Para esto, debió pasar por el uso de mercurio que está prohibido en Ecuador su uso para minería desde 2013. Foto: Cortesía Pepe Moreno / Napo Ama la Vida.
Esta concesión no tenía todavía los permisos ambientales para operar y el registro en el Ministerio de Energía y Minas aún estaba en trámite. Sin embargo, desde septiembre de 2022 las volquetas, retroexcavadoras, y clasificadoras de material llegaron con más frecuencia al lecho del río.
Gonzalo siguió día a día los avances de la extracción de material pétreo. Mandó cartas a los ministerios de Turismo, Ambiente, Minas, y a la Fiscalía, hasta que el 5 de diciembre de 2022, la Dirección Zonal del Ambiente suspendió las operaciones de la concesión debido a infracciones como no contar con Registro Generador de Desechos Peligrosos, la contaminación y desvió del cauce del río Napo y no contar con los permisos administrativos.
Fiódor Mena era el director regional del Ministerio de Ambiente en ese momento y confirma que estas concesiones no tenían todos los actos administrativos al día. Por eso dio la orden de suspensión.
Sin embargo, las máquinas siguieron en funcionamiento.
El 1 de marzo de 2023, con las insistentes denuncias en redes sociales de algunos pobladores como Gonzalo, el Estado hizo un gran operativo y clausuró las máquinas de la Prefectura por incumplimientos administrativos y ambientales. A pesar de esto, el 2 de marzo las máquinas siguieron funcionando.
―Nosotros no impedimos totalmente la extracción de material, pero que se haga una minería responsable, lo que estamos viendo es que minan como les da la gana. Hay gente que no quiere comprometerse [exigiendo minería responsable] porque tienen miedo. Mis dos vecinos no firmaron la denuncia, me dijeron que no querían tener problemas―, dice José Punzhi, habitante de la comunidad de Balzachicta.
A pesar de toda la controversia, en abril de 2023 finalmente se aprobaron los permisos de funcionamiento para la concesión de la Prefectura de Napo: “ya les dimos el permiso, habían cumplido con los papeles que debían presentar y era un pedido de algunos pobladores, dueños de hoteles y lodges que decían que se beneficiarían de la carretera”, comenta Mena con una sonrisa decepcionada. Luego, con los cambios de autoridades (el 2 de abril de 2023 el viceministro de Ambiente, José Antonio Dávalos pasó a liderar esta cartera), Mena fue removido de su cargo.
“Lo que no se toma en cuenta es que, a gran, mediana o pequeña escala, la minería siempre traerá conflictos porque es posesión forzosa de la tierra, del agua, de los recursos naturales. En nuestros estudios hemos podido ver que los mismos problemas de las pequeñas mineras, los hay en las megamineras. Hay derechos igual de vulnerados. Empezando con que ninguna empresa en el país ha cumplido con el mandato de la Consulta Ambiental ni la Consulta Previa, libre e informada”, concluye Báez.
A pesar de las resoluciones, de los operativos, de las noticias, de las demandas, de la fuga de oro y de la devastación ambiental, Napo está viviendo un segundo biocidio.
*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.
Imagen de apertura: A pesar de que el 1 de marzo de 2023 miembros de la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía paralizaron las actividades de la concesión de la Prefectura, al día siguiente, las máquinas volvieron a trabajar. Foto: Cortesía.
***Este proyecto de Montañas y Selva fue desarrollado en alianza periodística con InquireFirst y con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation.
Para revertir este panorama, es necesario en primera instancia identificar y monitorear las tierras indígenas en donde la minería ilegal ha aumentado en forma más significativa durante los últimos años. Asimismo, urge cohibir la deforestación.
AGENCIA FAPESP/DICYT.
La minería en las tierras indígenas de la denominada Amazonia Legal Brasileña (un concepto jurídico que delimita el bioma en Brasil que pasa por nueve estados) ha aumentado un 1.217 % durante los últimos 35 años, al trepar de 7,45 kilómetros cuadrados (km²) ocupados por esa actividad en el año 1985 a 102,16 km² en 2020. Casi la totalidad (un 95 %) de esas áreas de actividad ilegal de garimpeiros se concentra en tres tierras indígenas: el área Kayapó en primer lugar, seguida por el área Munduruku y el área Yanomami.
Estos datos surgen de un estudio a cargo de científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil y de la Universidad del Sur de Alabama, Estados Unidos. Y los resultados de dicho trabajo salieron publicados en la revista Remote Sensing.
“Observamos un crecimiento constante de la minería en tierras indígenas entre 1985 y 2020, que se agravó a partir de 2017. Ese año, la actividad ilegal de los garimpeiros ocupaba 35 km² en tierras indígenas, en tanto que en 2020 trepó a casi 103 km²”, dice Guilherme Augusto Verola Mataveli, posdoctorando en la División de Observación de la Tierra y Geoinformática del Inpe, becario de la FAPESP y primer autor del estudio. Otros autores del artículo son Michel Eustáquio Dantas Chaves, también investigador del Inpe, y Elton Vicente Escobar Silva, doctorando en dicha institución.
Con el objetivo de identificar las áreas de minería en tierras indígenas, los investigadores utilizaron un conjunto de datos referentes al período comprendido entre 1985 y 2020 suministrado por el proyecto MapBiomas, una red colaborativa conformada por organizaciones no gubernamentales, universidades y startups de tecnología que releva la cobertura y el uso del suelo en Brasil.
Esta iniciativa clasifica el tipo de uso y la cobertura de la tierra en todo Brasil mediante análisis automáticos realizados por algoritmos de imágenes obtenidas vía satélite, con una resolución espacial de 30 metros. “Con base en la clasificación automática de las imágenes, el sistema es capaz de distinguir entre un área de selva y otra con minería consolidada, cuyo suelo se encuentra expuesto y posee características muy diferentes de la cobertura vegetal”, explica Verola Mataveli.
Con todo, una de las limitaciones del sistema para detectar la minería en tierras indígenas reside en la imposibilidad de clasificar a la actividad que se realiza en embarcaciones ancladas en ríos o en pequeñas áreas donde no se ha concretado la conversión de la selva hacia esa actividad. “Esta cifra alarmante del avance de la minería en las tierras indígenas de la Amazonia Legal Brasileña que relevamos probablemente es aún mayor si tenemos en cuenta esas limitaciones del conjunto de datos utilizados”, afirma Verola Mataveli.
Una nueva frontera de la minería ilegal
De acuerdo con datos de este estudio, la mayor parte de la minería ilegal dentro de las tierras indígenas en la Amazonia Legal Brasileña corresponde al oro (el 99,5 %) y solamente el 0,5 % al estaño. Esta actividad es más intensa en la tierra indígena Kayapó, en donde la estimación de la ocupación del área por garimpeiros en 2020 –de 77,1 km²– fue casi un 1.000 % superior a la detectada en 1985, de 7,2 km².
En tanto, en la tierra indígena Munduruku, la actividad minera experimentó un fuerte incremento a partir de 2016, al trepar de 4,6 km² a 15,6 km² en tan solo cinco años. Ese mismo patrón se detectó en la tierra indígena Yanomami, en donde la minería ilegal ocupaba 0,1 km² en 2016 y saltó a 4,2 km² en 2020. “En esas tres tierras indígenas el poder público debe actuar efectivamente mediante la intensificación de las acciones de inspección para impedir el avance de la minería ilegal”, sostiene Verola Mataveli.
De acuerdo con el investigador, la tierra indígena Yanomami, demarcada en 1992, es la más aislada de las tres. Este aislamiento dificultó durante mucho tiempo el acceso de los garimpeiros ilegales. Pero el aumento de la cotización del oro en el mercado internacional y el debilitamiento de la protección de la Amazonia Legal Brasileña en los últimos años han estimulado las inversiones en infraestructura de acceso a esa área protegida.
“Esta combinación de factores culminó en la transformación de la tierra indígena Yanomami en una nueva frontera de la minería”, afirma Verola Mataveli. De acuerdo con datos de este estudio, en 2018, la minería superó por primera vez los 2 km² en la tierra indígena Yanomami. Desde entonces, el aumento exponencial de esa ilegalidad resultó en un escenario de invasiones y violaciones de los derechos humanos.
La minería en tierras indígenas amazónicas brasileñas aumentó un 1.217 % durante los últimos 35 años
Para revertir este panorama, es necesario en primera instancia identificar y monitorear las tierras indígenas en donde la minería ilegal ha aumentado en forma más significativa durante los últimos años. Asimismo, urge cohibir la deforestación
Más de 2600 personas se unieron para investigar alrededor de 36 000 plantas y hongos que podrían tener alguna utilidad social en Colombia. Con los resultados del estudio se crearon herramientas de una bioeconomía que impulse el desarrollo sostenible en las comunidades. Además, se crearon tres sitios web en donde se comparte la información recolectada, libros, manuscritos y reportes científicos.
Astrid Arellano / Momgabay Latam
Colombia es el segundo país más diverso en plantas y hongos del mundo, su variedad de especies de flora alcanza las 28 947, además de contar con al menos 7 140 especies que representan al reino fungi. La nación sudamericana también se ha descrito entre las que mayor diversidad étnica tiene en su territorio, con al menos 85 grupos étnicos y 68 lenguas nativas reconocidas. Por ello, un reciente estudio afirma que el conocimiento asociado con plantas y hongos útiles puede ser tan rico como la variedad cultural.
A pesar de su riqueza biocultural, especialistas del Jardín Botánico Real de Kew y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt afirman que el país sigue marcado por una gran desigualdad social y pobreza rural. El Acuerdo de Paz de 2016, luego de décadas de conflicto armado interno, ha brindado nuevas oportunidades para el crecimiento socioeconómico. Sin embargo, para los expertos esto también tiene dos caras: ser una oportunidad para un desarrollo sostenible basado en sus recursos naturales o una amenaza para la biodiversidad colombiana si no se hace de forma adecuada.
Fruto cosechado de Cacao (Theobroma cacao) en Otanche, Boyacá. Foto: Sabina Bernal Galeano
Para cerrarle la puerta a la segunda posibilidad, se creó el proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia (UPFC). Se trata de una iniciativa que busca mejorar la contribución y beneficios de la naturaleza a las personas en Colombia. Para ello se toma el conocimiento sobre las plantas y los hongos como base para lograr su uso, comercialización y, en especial, su conservación. Lo que se busca es promover un mercado para especies autóctonas útiles y contar con productos de alto valor elaborados con estos bienes naturales.
Entre los resultados que hasta ahora tiene el proyecto están más de 140 productos de difusión, en donde destacan tres sitios web que reúnen —en un formato de amplios catálogos— la información recopilada entre la academia y las propias comunidades locales colombianas sobre más de 36 000 plantas y hongos.
“En estos catálogos de plantas y hongos útiles se profundiza y se va hacia la utilidad: no solamente conocemos cuál es la diversidad en Colombia, sino sus usos”, explica Tatiana Rojas, investigadora especializada en bioeconomía del Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y coautora del estudio e iniciativas.
Tatiana Rojas investigadora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Foto: Cortesía Tatiana Rojas
¿Qué es la bioeconomía?
En Colombia, la bioeconomía ha sido definida como un sistema económico y de producción que utiliza de manera eficiente y sostenible la biodiversidad y la biomasa, para generar servicios y productos de alto valor agregado. Utiliza como base el conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Hay dos elementos muy importantes: el primero, es que en nuestra estrategia de bioeconomía se recalca la importancia de la biodiversidad. Si ves, por ejemplo, las más de 50 estrategias de bioeconomía que actualmente existen, muy pocas —y yo diría que casi ninguna— resaltan la biodiversidad, pero sí resaltan la biomasa de productos agrícolas. Esto pone en el panorama internacional a Colombia como el segundo país más biodiverso del planeta y nos especializa, nos hace diferentes.
En segundo lugar, está el conocimiento —no solamente científico, sino el inmenso acervo que tenemos en términos de conocimiento tradicional— con el que, a través de la ciencia y tecnología de innovación, podemos hacer transiciones hacia la bioeconomía.
Los términos de negocios verdes, crecimiento verde y bioeconomía han sido utilizados como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son. Se habla de la bioeconomía cuando ya existe una capa de ciencia y tecnología de innovación en la transformación de estos productos y servicios que provienen de los recursos biológicos. Entonces, sí hay una diferencia muy importante entre negocios verdes y bioeconomía. Colombia, además de ser biodiverso, es un país también culturalmente diverso, por ello existen tantas bioeconomías como territorios.
Frutos cosechados de la palma de Chontaduro (Bactris gasipaes) en Bahía Solano, Chocó. Foto: Luis Javier Mosquera
¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes de su investigación y qué información lograron reunir?
Los resultados del proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia fueron significativos no sólo para las comunidades locales, sino también para el país, para el público en general, que realmente no conoce la biodiversidad y el potencial que tiene nuestra nación. Este proyecto, que duró aproximadamente dos años y medio, tuvo grandes contribuciones para comunidades locales, para público general, para el sector académico y para el sector productivo, es decir, para gran diversidad de actores.
Las contribuciones más significativas en términos de impacto fueron la generación de tres portales nuevos: el primero es ColPlanta; el segundo, es ColFungi; y el tercero, es la Red de Ingredientes Naturales de Colombia. Los primeros dos, básicamente, muestran información biológica y ecológica de las especies. Si busco una especie, como el asaí (Euterpe oleracea), que se conoce relativamente a nivel mundial y lo pongo en el portal, me aparece dónde está la especie, aspectos de fenología —es decir, cuál es su productividad y en qué épocas aflora— y también información muy importante que no existe en casi ninguna base de datos, que son los usos.
ColPlanta ya existía antes de este proyecto, pero lo que se hizo fue enriquecer los perfiles. Lo que no existía era ColFungi. Antes de este proyecto en el país no existía una plataforma en la cual se pudieran ver qué hongos o qué información de registros de hongos existía en Colombia. Finalmente, la Red de Ingredientes Naturales de Colombia significó un gran esfuerzo al unir la oferta y la demanda de especies nativas de Colombia que no son exclusivamente cultivadas, sino que también tienen manejos silvestres. En el pasado, muchos productores se nos acercaron y nos decían: “Si yo quiero emprender en Colombia para fortalecer una cadena de valor como esta, que es nativa, silvestre o semisilvestre, ¿qué puedo hacer?”
Expedición biológica con co-investigadores miembros de la comunidad en Otanche, Boyacá. Foto: Germán Torres Morales
La Red une la oferta con la demanda, tiene visores geográficos que permiten identificar dónde se encuentran estos actores y también es un espacio para publicar anuncios. Por así decirlo, es una red social para impulsar las cadenas de valor de sus productos no maderables del bosque.
Así mismo, logramos enriquecer y actualizar más de 160 000 perfiles de plantas y de hongos. Publicamos, a lo largo de estos dos años y medio, más de seis libros y cinco librillos; generamos más de siete reportes científicos y 13 manuscritos. Colaboraron más de 120 investigadores, no solo en Colombia sino también en el Reino Unido y de otras nacionalidades. Generamos también más de 76 colecciones no solo con el sector académico, sino también con el sector productivo de Colombia y con comunidades locales.
Así se registraron más de 1 760 usos para las 650 especies de plantascolectadas en campo. Analizamos cuatro cadenas de valor para especies estratégicas del país, como el asaí y la vainilla del Pacífico colombiano, el guáimaro en el bosque seco tropical, y variedades de cacao nativas, en Boyacá. Podemos decir que más de 2 657 personas participaron en este proyecto y brindamos alrededor de 80 actividades de fortalecimiento de capacidades a comunidades locales.
Taller participativo de priorización de especies potenciales de plantas nativas útiles para la bioeconomía en el municipio de Otache, Boyacá. Foto: Edgar Padilla
¿Por qué es importante que las comunidades locales tengan estos datos disponibles para su uso?
Este proyecto, más que compartir información hacia las comunidades, fue sobre cómo instituciones académicas —tanto el Instituto Humboldt como el Jardín Botánico Real de Kew— podíamos estar insertas dentro de estas dinámicas territoriales y poder contribuir a sus visiones de desarrollo. Esto es muy importante, porque finalmente las comunidades —y más en un país como Colombia en donde existen diversidad de entidades étnico territoriales— son dueñas de los recursos biológicos.
Este proceso de cómo empezamos a relacionarnos con las comunidades empezó incluso un año antes de poder trabajar con ellas. Fue un proceso bastante lento, porque primero se debía socializar el proyecto y ajustarlo a las necesidades de los territorios.
Para las colectas botánicas, las comunidades participaron como coinvestigadoras y, para hacer todos estos análisis de red de valor, básicamente fueron ellas quienes priorizaron qué especies podrían ser potenciales para la bioeconomía. Se hicieron bastantes encuentros participativos para que fueran ellas quienes decidieran qué especies debían ser utilizadas y que cumplieran con criterios de sostenibilidad, es decir, donde se consideraban aspectos biológicos y ecológicos de las especies, además de aspectos socioculturales, como los sistemas de gobernanza y los medios y modos de vida locales y, finalmente, los circuitos de comercialización y las iniciativas que existían en los territorios. Las comunidades ya tienen ese conocimiento y nosotros simplemente somos un medio para poder fortalecer eso.
Taller participativo de priorización de especies potenciales de plantas nativas útiles para la Bioeconomía en el municipio de Becerril, Cesar. Foto: Sabina Bernal Galeano.
¿Cómo es que todo este trabajo conjunto entre instituciones y las comunidades no solo apoya al desarrollo comunitario, sino también a la conservación de las especies?
Cuando hacíamos esos encuentros de priorización de especies para ser potencializadas en el marco de la bioeconomía, siempre les pedimos a las personas que dijeran todas las especies que se les ocurrieran y que estaban actualmente usando en sus territorios. A partir de eso, clasificaron esas especies dentro de tres criterios de sostenibilidad: primero, únicamente aquellas en las cuales ellos evidenciaran que efectivamente sus sistemas de aprovechamiento respetaran los límites de la naturaleza; lo segundo, que también fueran parte de sus medios y modos de vida; y tercero, que ya existieran organizaciones locales que las estuvieran promoviendo y que también ya existieran circuitos de autoconsumo y de producción en los sitios o a nivel regional y nacional.
Acá es cuando efectivamente veíamos cómo esas especies que ellos mismos priorizaron podían conservar los bosques y contribuir al desarrollo de sus comunidades. No todas las especies cumplen con estos criterios. La vainilla (Vanilla planifolia), el guáimaro (Brosimum alicatrum) y el cacao (Theobroma cacao) son especies que ya tienen procesos locales organizativos y que no son netamente cultivos o monocultivos, sino que tienen arreglos agrobiodiversos y que hacen parte de los aspectos culturales de estas comunidades. Eso garantiza definitivamente la sostenibilidad de una cadena de valor, porque es muy difícil imponer ciertas especies cuando las personas nunca las han utilizado o no saben cómo utilizarlas. Es mejor contribuir a esa recuperación de sus saberes para que se dé una sostenibilidad en el tiempo de estas redes y cadenas de valor.
En plantas como el guáimaro —que se le conoce como Ramón en México y en Centroamérica— no solo se usa la semilla para producir harina, sino también las hojas para generar infusiones o para forraje. Ahí nos damos cuenta de cómo estas plantas son multipropósito, cumplen diversas cadenas y se vuelven muy importantes en la bioeconomía. Disminuyen el riesgo de solamente enfocarse en un producto y de no ver la diversidad de productos que podría ofrecer esta especie. Sin embargo, esto debe ser visto de manera muy cautelosa, porque deben existir protocolos de uso y aprovechamiento para que este tipo de especies, que son silvestres, no se pongan en riesgo. Si el guáimaro desaparece, al ser una especie sombrilla, implica que otra especie icónica como el mono tití (Saguinus oedipus) desaparezca.
Plántula de Guáimaro (Brosimum alicatrum) colectada por miembros de ASOVECAB (Asociación Verde de Campesinos de Becerril) para la restauración de la especie en viveros comunitarios del municipio de Becerril, Cesar. Foto: Germán Torres Morales
¿Por qué ha resultado importante la colaboración entre los científicos y las comunidades frente a temas como la expansión de la agroindustria, la minería y el desarrollo urbano que, como apuntan en el estudio, están provocando deforestación en los territorios colombianos?
Las comunidades ven a estos aliados académicos —como el Instituto Humboldt o el Jardín Botánico Real de Kew— como instituciones de alta credibilidad que, como aportan datos científicos robustos, pueden entrar a mediar con otro tipo de entidades para que se aseguren sus derechos. Esa es nuestra labor desde una visión muy objetiva de lo que está pasando en los territorios. Este uso del suelo que puede llamarse minería, ganadería extensiva o diferentes usos del suelo, efectivamente, no están contribuyendo. No solamente a los medios de vida de las poblaciones locales, sino que también en otros estudios que hemos logrado realizar no son tan costo-efectivos. Nuestro papel es evidenciar —a estas autoridades locales— cómo los sistemas agrobiodiversos, que incorporan las visiones de vida de estas personas, terminan siendo más beneficiosos para el entorno natural, además de que diversifican la canasta de las familias, recuperan saberes tradicionales y son costo-efectivos en el tiempo.
Criterios de sostenibilidad (dimensiones biológica-ecológica, socio-cultural y socio-económica) para priorizar de manera participativa especies con potencial de aprovechamiento silvestre. Foto: Sabina Bernal Galeano
¿Cuáles serían los alcances y los logros del proyecto específicamente para las mujeres y los jóvenes?
En cuanto a mujeres, básicamente, lo que logramos evidenciar fue una participación mucho menor que la de los hombres. En el total de participantes, el 44 % eran mujeres y el 56 % eran hombres, es decir, a pesar de que tratamos de incluir a una población de mujeres, en Colombia todavía existe el paradigma de que el hombre es quien participa en las acciones o toma de decisiones de los hogares rurales. A pesar de que el porcentaje no es tan asimétrico, hay que decir que todavía en Colombia, y sobre todo en las zonas rurales, la participación es exclusivamente masculina. Eso se veía muy reflejado en el caso del asaí, donde la acción de recolectar es de hombres, porque tocaba meterse al monte, hay culebras y es un trabajo físico. Las mismas mujeres decían que no se podían meter allá. Recolectar, cargar, transformar, hacer con las manos trabajos muy pesados, sigue siendo una acción muy masculina.
Siempre que hacíamos las convocatorias incitábamos a los actores locales a que abrieran estos espacios a las mujeres y sí se vio una participación grande. Digamos que el foco del proyecto no estaba en fortalecer a una población de mujeres, sino en ser equitativos, en tratar de incluir no solamente a mujeres, sino también a jóvenes, porque vemos que en los territorios el campo está olvidado y los jóvenes lo que quieren es migrar a las ciudades. No quieren trabajar en el campo por todos los problemas que hemos tenido en Colombia, también por el conflicto armado. El campo ya no representa una alternativa futura. Estaba muy enfocado hacia diversos sectores: comunidades indígenas, comunidades afro, diferentes sectores y hacia la diversidad que tiene el país en términos de estas poblaciones.
Los resultados específicamente para las comunidades fueron que, primero, todo eso que hicimos en las colecciones biológicas, en las expediciones, fue devuelto. Hicimos una publicación con todas las especies de plantas y hongos útiles en los tres sitios piloto y devolvimos toda esa información botánica de usos y conocimientos ancestrales a través de unas herramientas que llamamos plastic cards, para que ellos mismos las tuvieran.
Sobre el análisis de cadenas de valor, todos esos diagnósticos los entregamos. Una vez que finalizó el proyecto, volvimos a los tres sitios piloto en donde trabajamos, que eran Bahía Solano, Becerril y Otanche, para entregar toda la información y decirles cómo se podía consultar. Dimos recomendaciones de cómo esos sistemas podrían ser mejorados en términos tecnológicos, económicos y organizativos. Finalmente, también hicimos capacitaciones en negocios verdes: cómo establecer el propósito del modelo de negocios y la propuesta de valor, cuáles eran los canales de comercialización, los competidores y los costos para hacer esa propuesta.
Los resultados de mayor impacto para las comunidades fueron no solamente esa transferencia de conocimiento de lo que se recolectó y las recomendaciones para mejorar los sistemas, sino además capacitaciones para que ellos tuvieran herramientas que puedan replicar en el tiempo en términos de negocios verdes.
Proceso de selección y pesaje del fruto de la palma de Naidí (Euterpe oleracea) por las comunidades del Consejo Comunitario Río Cajambre, Valle del Cauca. Foto: Juan Carlos Copete
¿Cómo estos proyectos y bancos de datos ayudan al objetivo de políticas verdes para 2030 en Colombia?
Consideramos que ayuda muchísimo porque, si no tenemos conocimiento de qué es lo que hay en lo nativo colombiano, si no sabemos qué es útil, no podemos potenciar ciertas especies dentro de cada territorio para que esto sea una realidad; sería como ir a ciegas. Estos estudios no solamente tienen en cuenta el criterio económico. Por lo general, los estudios que se han hecho en Colombia para priorizar especies potenciales en la bioeconomía, se basaban únicamente en criterios de demanda: veamos qué está pasando en el mundo y qué ingredientes naturales debemos potenciar según la demanda para potenciarlos.
Entonces, lo bueno de estos estudios es que también reconocen cuáles son los límites biológicos y ecológicos del ecosistema, cuáles son los sistemas de gobernanza, cuáles son los medios y modos de vida, cuáles son los circuitos de comercialización y de consumo locales, para poder priorizar de una manera mucho más sostenible y justa con los territorios. Ese también es el valor agregado de estas investigaciones que hemos realizado: que tienen en cuenta a las personas, a los territorios y a todos los problemas que han enfrentado en términos de conflicto armado, de desplazamiento, y que no tienen una visión netamente económica y de demanda.
Flor de la Vainilla (Vanilla planifolia), orquídea nativa de Colombia en Bahía Solano, Chocó. Foto: Diego Arturo Granados
Imagen superior: Expedición biológica con co-investigadores miembros del Consejo Comunitario Río Valle en Bahía Solano, Chocó. Foto: Mónica Flórez
Durante una actividad exploratoria y reconocimiento en la zona marina, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y Conservación Internacional, confirmaron la presencia de corales .
Los individuos de coral duro de las especies estrella, mostaza y estrella masiva, y algunas especies de corales blandos como gorgonaceas y varias especies de erizos, fueron hallados en un bajo marino en el municipio de Tubará, Atlántico.
El encuentro de estas especies sorprendió a los investigadores no solo porque es un área que no se había explorado, sino porque está ubicada dentro de un secor invadido por los sedimentos que llegan del interior del país a través del caudal del río Magdanela a su encuentro con el mar Caribe.
La entidad infomó que este hallazgo significa un paso para el inicio de la implementación de programas para el manejo y la protección de estos ecosistemas en el Atlántico, que han sobrevivido en una línea de costa caracterizada por tener un alto grado de sedimentación. «Tenemos unos corales resilientes», comentó el director de la entidad, Jesús León Insignares.
La zona presenta alta pluvisidad, pero la autoridad ambiental confirmó que una vez disminuyan las lluvias y mejoren las condiciones de visibilidad, continuará explorando nuevos bajos a lo largo de la costa del Atlántico en la búsqueda de nuevas formaciones coralinas.
«Es importante resaltar que los organismos de corales prestan valiosos servicios ecosistémicos a la infraestructura costera y a las comunidades, es por esto que para el departamento es una excelente noticia que tengamos la presencia de colonias de corales en buen estado, con una alta resistencia a la sedimentación, que podrían convertirse en ecosistemas determinantes para procesos de restauración no solo de la zona, sino del resto del país» afirmó León Insignares.
Desde que se tiene memoria, las islas del archipiélago han sido deforestadas sin control ante la ausencia institucional. Pero fue durante la pandemia que se aceleró la venta de lotes especialmente en la Isla Tintipán. La ciudadanía reclama acciones contundentes de las autoridades para evitar que el bosque que queda siga siendo destruido.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
El negocio de compraventa ilegal de lotes es hoy el principal motor de deforestación en el archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiano.
Los otrora exuberantes bosques de manglar de este escenario natural, localizado entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han sido sometidos a una tala continua y a la ocupación ilegal por nativos y foráneos.
El archipiélago está conformado por nueve islas: Múcura, Tintipán, Ceycén, Mangle, Panda, Palma, Boquerón y Cabruna. Además, por el Islote de San Bernardo o Santa Cruz del Islote, como se le conoce ahora, una isla artificial de apenas 1,57 hectáreas, construida por una antigua comunidad afrodescendiente cuya población oscila entre los 700 y mil habitantes.
El problema más grave hoy, explica la Agencia Nacional de Tierras (ANT), es la tala de mangle y relleno que realizan invasores para conformar terreno consolidado y así poder construir sus viviendas.También retiran grandes cantidades de arena de sitios conservados, para llevarlas a zonas de construcción y crear playas artificiales por encargo.
Actualmente son 126 los baldíos reservados de la Nación ocupados de manera ilegal en las islas, reporta la ANT. Al tiempo que hay lotes ya listos para negociar. De esta forma, tener un terreno a orillas del transparente mar de Tintipán es un privilegio que conlleva una apropiación indebida del patrimonio nacional.
El modus operandi de los ‘loteros’ como se les conoce a los comerciantes furtivos de los baldíos, no ha cambiado desde hace 40 años, cuando durante la ‘bonanza marimbera’, a la zona llegaban traficantes y contrabandistas, quienes fueron los primeros poseedores ilegales.
La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT explica que la venta se da a través de “la invasión directa de los nativos del Islote o de la financiación de un tercero que los contrata, en su mayoría, mediante la modalidad de tala y compactado para posteriormente construir o simplemente vender el lote sin ningún tipo de edificación”.
Los terrenos los ofrecen a través de un contacto, visita a la zona o por el envío de fotografías en medios digitales. En las islas afirman que a lo largo de los años, muchos ocupantes se han aprovechado de los nativos para montar sus negocios turísticos.
Un lote básico para una cabaña, se consigue entre 25 y 50 millones de pesos. Si es ‘calzado’ como dicen los isleños, es decir listo para construir, tiene un costo adicional. Si es elevado, con playa artificial o más metros cuadrados, la cifra comienza a subir.
Áreas donde se ha removido el manglar en Isla Tintipán. Imagen: Ignacio Galán
El virus de la invasión
Durante la pandemia por coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, se disparó la deforestación del manglar en las islas, especialmente en Tintipán, la más grande del archipiélago. Aparecieron decenas de parches blancos en el bosque y luego nuevas cabañas, hospedajes y hoteles.
Ahora son parte de la cadena de turismo que se promociona en internet y que se traduce en cientos de visitantes anuales, a quienes ofrecen toda clase de planes: deportivos, rumba, descanso o desconexión. Promueven alojamientos desde hamacas, posadas sobre el mar y suits. Paseos nocturnos, piscinas de agua dulce o playa nudista. Los turistas comparten sus recorridos en redes sociales y dicen que es el destino de moda.
Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.
Llama la atención el alto flujo de visitantes de distintos países y que algunos extranjeros estén al frente de negocios turísticos en los baldíos de la Nación y en pequeñas islas artificiales levantadas sobre vestigios de arrecifes coralinos. Sin embargo, detrás de esa realidad, aparece el verdadero conflicto social y ambiental. Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.
En áreas deforestadas y playas donde se ha retirado material, se aceleran procesos de erosión e intrusión marina, donde el mar penetra, inunda y afecta irreversiblemente los litorales. El interior de las islas está conformado por pantanos de mangle, que a raíz de la tala se están dividiendo e incluso desapareciendo con los impactos del cambio climático.
Los ecosistemas más afectados son: bosques de manglar, arrecifes de coral, bosque seco, praderas de pastos marinos, lagunas costeras y litoral arenoso.
Santa Cruz del Islote, isla artificial construida por nativos sobre una plataforma coralina. Imagen: Ignacio Galán
Adicionalmente, opinan los propios pobladores, se ha desconocido el Artículo 63 de la Constitución Política Nacional, según el cual: “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables».
En décadas recientes la invasión al litoral y los bajos coralinos, es realizada a veces por interpuesta persona, por familias poderosas, personalidades, empresarios, políticos, artistas, turistas y hasta, explican nativos, funcionarios públicos. En algunos casos es difícil identificar a los dueños porque cuando las autoridades visitan el lugar, solo encuentran a los encargados de cuidar las construcciones, quienes impiden el acceso al área.
Hoteles de lujo bordean la línea de costa de Tintipán, otros más fueron construidos directamente sobre la plataforma arrecifal. Imagen: IgnacioGalán
Un ejemplo de lo que ocurre en las islas, es el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien al parecer construyó y rellenó sobre una terraza coralina una casa de descanso (techo azul), en 650 metros de obra, frente a la Isla Tintipán.Cuando Noticias Uno hizo la denuncia en 2016, era conocida como Las Gaviotas. Recientemente fue reformada como hotel-isla 5 estrellas, La Gaviota, con playa elevada, piscina dentro del mar, ocho habitaciones y una capacidad para 25 personas.
Miguel Samper, ex director de la Agencia Nacional de Tierras le dijo a El Espectador en 2018 que el exmagistrado Pretelt estaba siendo investigado por ocupar sin autorización dicha propiedad de la Nación. El hotel no ha dejado de funcionar.
Isla Tintipán es la más grande del archipiélago de San Bernardo y la más afectadas por la tala de manglar. Imagen: Ignacio Galán.
Atacan a Parques Nacionales
El archipiélago depende administrativamente del Distrito de Cartagena y desde hace tres años no designa un inspector de Policía presencial, el que está nombrado despacha desde la ciudad, debido a que fue amenazado.
Un funcionario de Parques Nacionales, ―quien pidió omitir su nombre― comentó a Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, que la tala de mangle es el principal problema del parque. Como no tienen facultad policiva, cuando se presenta un caso se reporta a las instituciones correspondientes. “Lo que pasa es que el territorio es muy grande y a veces cuando volvemos a pasar por una zona ya hay sitios impactados. Después de que se le haga el debido proceso hay que emprender proyectos de restauración para mitigar y corregir ese problema”.
En efecto, el área protegida tiene 120 mil hectáreas marinas y en el sector de San Bernardo patrullan cuatro guardaparques en turnos quincenales. Ellos habitan una cabaña como sede, preparan su comida, atienden diferentes tareas a diario, entre estas desplazarse a las ocho islas. Son la única representación del gobierno las 24 horas.
Vigilar el parque es complejo. A mediados de este año dicha sede de Parques Nacionales, ubicada en Isla Múcura, fue atacada después de un operativo de la Armada Nacional y otras autoridades, en el que fue atrapado un nativo mientras ocasionaba daños al ambiente en la Isla Tintipán.
Como represalia, un grupo de personas desembarcó en la sede de Parques y realizó una especie de asonada. Rompieron la casa e intentaron quemarla pese a que allí se encontraba un funcionario.
El infractor, quien había sido trasladado a Cartagena, quedó libre a los tres días luego de que hoteleros de la mencionada isla ayudaran en su defensa. No es la primera vez que ocurre una situación como esta. Hace un año y medio la cabaña también fue atacada.
Reparaciones en la cabaña de Parques después de los daños ocasionados por miembros de la comunidad.
A raíz de esta situación, habitantes de la zona insular se pronuncian en contra de las ocupaciones ilegales. Argumentan que el archipiélago sin autoridades presentes es proclive a toda clase de delitos.
Por tanto, reclaman a las entidades de control, al alcalde de Cartagena William Daw, a la ministra de Ambiente Susana Muhamad y al mismo presidente Gustavo Petro, ―quien visitó las islas durante su campaña― apersonarse, tomar acciones y resolver las problemáticas de seguridad y orden.
A cargo del cuidado del archipiélago, por ley y por fallo del Consejo de Estado, existe una confluencia de funciones en diferentes entidades: Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Cardique, Distrito de Cartagena, Carsucre, Parques Nacionales y Dirección General Marítima (Dimar).
Esta última tiene como tarea específica regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público, como controlar la construcción y el uso de islas artificiales. Adicionalmente, adelantar y fallar las investigaciones y sancionar por contaminación, construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos de su jurisdicción.
Dicha entidad, Cardique y Parques Nacionales no atendieron a las repetidas solicitudes de información sobre las problemáticas que afronta el archipiélago y su gestión para resolverlas.
Hablan habitantes del archipiélago
Al abordar a algunos habitantes sobre los procesos de deforestación, manifestaron que fue un error talar los manglares porque las islas se han desestabilizado irremediablemente. Aunque accedieron a dar sus declaraciones, los entrevistados requirieron no publicar su nombre.“Le pedimos a las autoridades que actúen con decisión y eficiencia porque si siguen a este ritmo, cuando vayan a actuar ya no habrá nada que proteger. Este año terminarán de vender los lotes que quedan. Sabemos que hemos hecho un uso inadecuado, pero hacen falta acciones puntuales del Distrito de Cartagena. La misma parte institucional no lo permite. Son muchas entidades a cargo y todas se tiran la pelota, al final nadie responde”.
Consideran que Tintipán cada día se deteriora más y a medida que pasa el tiempo se hace menos factible arreglar los daños: “Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario. El Estado nunca las reconoció como valores ecosistémicos desde el punto de vista integral donde las comunidades son sujeto de derechos”.
Otro más piensa que faltan políticas articuladas desde y hacia la comunidad, porque existe un vacío y además una falta de organización y conocimiento interno sobre estos temas: “Hay choque y un proceso muy grande por parte de foráneos que esclavizan. Se han venido apoderando de los territorios y han deteriorado más de lo que estaba el ecosistema manglar y las playas. Los controles se deben extender a Sucre donde hay un fuerte nexo de comercio y turismo”.
“Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario”
Sobre el trabajo gubernamental, indican: “Están ahí y no hay acciones reales, que serían demoler y devolver esos predios como terrenos colectivos. Ha sido negligencia del Estado, no ha habido procesos, lo único que puede blindar lo que queda es la titulación colectiva, políticas ambientales concretas y la educación para que todos hablen el mismo lenguaje”.
Mientras las autoridades toman el control de los bosques, la comunidad y algunos hoteleros crearon un vivero con especies de mangle rojo y blanco, en Isla Múcura. Con ayuda de guardaparques, los niños del colegio recogen semillas, apoyan en el cuidado de las plántulas y realizan siembras periódicas en las áreas afectadas. Aclaran, que se necesitan fuertes inversiones y sostenidos procesos de restauración en todas las islas.
Esos brotes sembrados por los niños isleños son la esperanza de que un día, cuando sean adultos, eso de ‘la compraventa de lotes en el manglar’ sea una más de tantas historias que se cuentan en las noches de luna en las islas de San Bernardo.
Retoños de mangle rojo.
¿Cómo están las demás islas?
Isla Mangle. Imagen: IgnacioGalán
Isla Mangle: de gran belleza natural, es ‘Patrimonio Intangible de la Nación’ por ser un ecosistema de particular significado ecológico. Allí existe una colonia de aves y alta riqueza hidrobiológica. Aún así, pescadores instalan rancherías de paso para realizar sus faenas, afectando los manglares. Tiene menos de una hectárea y presenta erosión e intrusión marina. Al momento de ser visitada por Red Prensa Verde y Shots de Ciencia presentaba acumulación de basuras plásticas depositadas posiblemente por las corrientes marinas.
Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán
Isla Múcura: A la fecha registra 38 ocupaciones ilegales entre estas, viviendas, hoteles comunitarios, un hostal y tres hoteles de lujo. Estos últimos privatizaron las playas y no permiten el tránsito de personas distintas a sus huéspedes en sus zonas cercadas. Un constructor rompió la playa de El Cholo para abrir un canal y entrar sus botes.
La isla tiene la única playa pública del archipiélago. Su antiguo bosque fue quemado hace más de 100 años y convertido en toneladas de carbón, que se vendió en Cartagena y Montería. Luego el área fue utilizada para realizar una siembra intensiva de coco, que a esta fecha ya desapareció.
Isla Ceyzén. Imagen Ignacio Galán
Isla Ceycén: está dividida en dos. Perdió una laguna ubicada en el centro de la isla, debido a la continua tala de mangle, que junto al aumento del nivel del mar incrementaron los procesos erosivos. Existen algunos tramos donde la isla está a punto de volverse a dividir. Además, actualmente se reportan nueve procesos de ocupación ilegal, entre estos una construcción de tres pisos en uno de sus extremos y en el otro un poblado de pescadores, informó la Agencia Nacional de Tierras.
Isla Panda. Imagen Ignacio Galán
Isla Panda: deforestada y fragmentada por la erosión marina y el incremento del nivel del mar, está destinada a desaparecer. El tramo más grande está ocupado con una vivienda desde hace mucho tiempo. La otra fracción más pequeña está inundada y en avanzado deterioro, es frecuentada por pescadores que tiene allí dos alojamientos de madera y plástico. Tanto Panda, como Mangle y Cabruna, fueron utilizadas como polígono y centro de operaciones militares por parte de la Armada Nacional y el programa Unitas en 1963. Los disparos de cañón generaron daños en el ecosistema terrestre insular.
Isla Palma: excluida del Parque Nacional, registra diferentes ocupantes ilegales. Hace varias décadas funcionarios de la Universidad Nacional pensaron en crear un instituto de Investigación marina, pero la isla fue vendida por su ocupante a un narcotraficante, quien la llamó ‘La isla de la Maravilla’ y construyó un zoológico y acuario con especies exóticas como leones, flamencos y otros más. Años después en otra parte de la isla funcionó el desaparecido hotel Decameron. Después de esta firma la isla ha pasado por varios dueños y ahora presenta diferentes instalaciones hoteleras.
Isla Boquerón:Ha sido tomada por hoteleros, procesos que lleva actualmente la ANT. Es la isla más próxima al continente, se ubica frente a San Onofre y cerca de Tolú, Sucre, por lo que registra un alto flujo de visitantes.
RECUPERAR Y CONTROLAR LOS BALDÍOS, ¿UNA MISIÓN POSIBLE?
Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceyzén, Palma, Múcura y Tintipán. De estos, 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos. ¿Qué tan fácil es articular a las entidades encargadas de proteger las islas?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) heredó del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el seguimiento y control a los predios baldíos reservados de la Nación, en los archipiélagos de Corales del Rosario y San Bernardo, zona insular de Cartagena.Para asumir esta labor, creó en 2015 el Grupo de islas, islotes y cayos de la Nación dependiente de la Subdirección Tierras de la Nación que, desde el 2018 hasta agosto de este año, ha realizado 392 inspecciones para evaluar el estado de los predios y detectar invasiones.
Lo hace en cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que amparó el derecho a un ambiente sano a las comunidades de Santa Cruz del Islote e Isla Múcura, ─dado el deterioro y ocupación ilegal de las islas─ según la Acción Popular instaurada en 2003 por el ciudadano Reynaldo Muñoz.
Pese a esto el deterioro de las islas continúa. La entidad no tiene competencia sancionatoria y cada vez que evidencia la posible comisión de una infracción ambiental o urbanística en sus inspecciones oculares, debe remitir las quejas o denuncias a las demás entidades también obligadas por el fallo a conservar las islas: Parques Nacionales, Dirección General Marítima (Dimar), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Distrito de Cartagena y Corporación Autónoma Regional del Sucre (Carsucre).
Después de siete años de haber recibido la misión, la entidad reporta cinco reuniones con las mencionadas entidades, cuatro en 2021 y una en 2022. También afirma que la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas es la falta de articulación interinstitucional.
Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, preguntaron cómo ha sido la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Archipiélago de San Bernardo (ASB) en los últimos años.
Hotel en Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán
¿Cómo son las visitas al ASB para realizar el seguimiento y control en las islas?
A través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (SATN), se realizan visitas técnicas con ‘factor sorpresa’ a los baldíos reservados de la Nación. El fin es evidenciar las actividades desarrolladas en los predios por los ocupantes y verificar si se ajustan a la normatividad.
¿De qué manera la ANT cumple con el fallo del Consejo de Estado?
Para el cumplimiento de esta orden judicial, la Agencia estructuró un nuevo reglamento que se ajustara a la realidad de la situación socio jurídica de las islas, es el Acuerdo 106 de 2019 alineado con el Modelo de Desarrollo Sostenible (MOS) del Plan de Manejo del Área Marina Protegida. Este permite a los arrendatarios realizar obras, proyectos o actividades con permiso o licencia ambiental. También estableció el pago en especie como un incentivo o compensación a los cánones de arriendo hasta por el 75% mensual, frente a obras de protección costera y proyectos ambientales que se realicen los poseedores en los predios baldíos reservados.
Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceycén, Palma, Múcura y Tintipán. 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos.
¿Cuál es el área invadida en las islas?
Se ha evidenciado que la mayor parte de los predios baldíos reservados de la Nación, ubicados en las archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, tienen un área de ocupación de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, según los planos y georreferenciación, del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
¿Cuál es el número de terrenos ocupados ilegalmente?
Según el proceso de caracterización en el archipiélago, los datos son: uno en Isla Panda, 9 en Ceycén, 3 en Palma, 38 en Múcura y 75 en Tintipán.Es importante aclarar que todos los predios ubicados en las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, sobre los cuales no haya una regularización a través de contrato de arrendamiento, comodato o uso, en derecho están indebidamente ocupados.
Este es el listado de los predios ocupados según la caracterización realizada por el Grupo de islas, islotes y cayos de la Subdirección de Tierras de la Nación de la ANT.
A partir de las comunicaciones enviadas a los ocupantes ilegales, ¿cuántos tienen intención de arrendar o entregar los terrenos?
Han manifestado la intención de regularizar su ocupación varios de los ocupantes (14 con 18 terrenos) que en su momento suscribieron contrato con el extinto Incoder o que están ocupando los predios, pero nunca han suscrito contrato, de manera verbal o escrita.
¿Cuáles considera la ANT son las causas directas del incremento del fenómeno de ocupación ilegal?
Si bien es una pregunta relativa a un criterio, objetivamente puede afirmarse que las causas son múltiples. La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el ASB se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
Solo un predio ocupado en isla Múcura paga arriendo, ¿por qué los demás no lo hacen?
Según información que reposa en la entidad, ningún predio baldío ubicado en el archipiélago de San Bernardo, tiene contrato de arrendamiento vigente, hasta tanto se lleven a cabo los levantamientos topográficos que excluyan del perímetro las zonas de uso público o bajamar, para poder entregar el uso y aprovechamiento de administración.
Evidencias de deforestación y ocupación ilegal de baldíos. Crédito: Subdirección de Tierras de la Nación.
Las comunidades dicen que una forma de blindar el territorio es titularlo a los nativos. ¿Es viable esta propuesta?
No existe reglamentación específica para lograr la titulación de comunidades negras en las áreas inadjudicables, siendo estos bienes de la Nación. Pese al ‘título atípico’ que otorgó Incoder (Resolución 3393 de 2014) al Consejo Comunitario de Islas del Rosario Orika, de un baldío de 400 hectáreas para 319 familias, afirmando que la comunidad las ha ocupado ancestralmente.El Consejo Comunitario del lslote presentó petición de titulación colectiva, al lncoder, de un folio, debe volverlo a presentar porque así no reúne los requisitos.
La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el archipiélago se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
Quienes están en contra de la ocupación de las islas, reclaman más agilidad y decisión para controlar la desenfrenada invasión en las islas. ¿Que deberían hacer ANT y las demás instituciones en este sentido?
Las acciones que se han tomado por iniciativa de la ANT, frente a la Isla de Tintipán, han sido cuatro encuentros en 2021 y uno en 2022, con el Parque Nacional, el Centro de lnvestigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), La DIMAR, Cardique y ANT: el 11 de mayo, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 16 de noviembre de 2021 y 25 de enero de 2022.La entidad realizó visitas de inspección ocular a los 79 predios ubicados en Tintipán e hizo requerimientos al CIOH del envío de estudios que se han desarrollado en la Isla Tintipán, sin obtener respuesta hasta la fecha. También entregamos informes con 24 quejas y evidencias de zonas taladas, compactadas y rellenadas en el archipiélago de San Bernardo, al Parque Nacional Natural y a Cardique.
¿Finalmente, a partir de la nueva dirección de la ANT se intensificará el trabajo en este territorio?
Las propuestas de trabajo para el territorio por parte del Gobierno Nacional serán incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Privados se han apoderado de los baldíos de la Nación en el archipiélago de San Bernardo.
Este informe especial fue financiado con recursos de la beca otorgada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) como proyecto de la iniciativa Unidos por los Bosques, con el apoyo de la Embajada de Noruega.
Este Informe especial está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace.
Los yurí-passé están en riesgo de entrar en contacto con mineros ilegales y narcotraficantes, violando su derecho y autodeterminación a estar aislados del mundo occidental. Un estudio señala que las comunidades del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, presentan un índice mucho más alto del promedio de mercurio en sangre. Aunque el río Puré es área protegida, la minería se ha incrementado tras amenazas de disidencias y pese a los operativos militares.
En lo que va del 2022, en Colombia se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Pururé. Este cuerpo de agua atraviesa la frontera y con él todo tipo de actividad ilegal.La primera vez que el país puso los ojos sobre este territorio en la selva amazónica fue para escuchar quiénes habitaban esas tierras a través de la historia ‘Perdido en el Amazonas’ de Germán Castro Caycedo. Este libro narra la desaparición y los intentos de rescate de Julián Gil, un comerciante de pieles, que decidió adentrarse en la selva entre Caquetá y Putumayo.Desde esa publicación no se tenían datos fidedignos sobre la existencia de estos pueblos indígenas hasta que Roberto Franco García, antropólogo y ambientalista, emprendió una investigación en el río Puré en 2010. Ahora se sabe que existen más de 200 personas de la etnia yuri y passé, que han caminado la selva amazónica entre los ríos Caquetá, Putumayo y Puré.No se tiene una cifra exacta de cuántos son porque no se ha realizado el Censo Nacional de Población respetando su derecho a permanecer en condición de aislamiento. Además que esa decisión nace para preservar su vida, sus costumbres y protegerse de la evangelización, la explotación y la presencia de grupos armados. De los aislados se sabe lo que pudo investigar Franco García antes de su muerte en un accidente aéreo en 2014, sobrevolando el Amazonas. Su conocimiento sobre estas comunidades quedó plasmado en su gran obra ‘Cariba Malo’, que demostró que hacia finales del siglo XIX, los pobladores indígenas migraron a la selva huyendo de los caucheros para alejarse definitivamente del mundo occidental.Sin embargo, están en riesgo por el crecimiento, tras la pandemia, de las actividades de minería ilegal y los caminos que se están abriendo en el territorio para el narcotráfico, volviendo a quedar a merced de la violencia.Como lo explicó Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Investigación Dinámicas Sostenibles del Instituto Sinchi, “las comunidades no están en aislamiento voluntario por el hecho de estar aisladas, sino por las dinámicas de violencia contra estas comunidades”. Es decir, que se vieron obligados para poder preservar su vida y su cultura.
La protección está en vilo
“Por instrucciones del Presidente Duque y después de un Consejo de Seguridad, se determinó que había amenaza contra el Parque Nacional Natural (PNN) Puré por la explotación de minería ilegal en Colombia con dragas que viene subiendo desde Brasil por el río y amenazando con la contaminación de este afluente”, afirmó el entonces ministro de defensa Diego Molano, en marzo del 2022. El operativo formaba parte de la estrategia militar conocida como ‘Operación Artemisa’ que buscaba frenar la deforestación y las actividades ilícitas en el Amazonas.
Una segunda operación en octubre de 2022 dio como resultado la quema de siete dragas sobre el río Puré y el río Cotuhé, además de la destrucción de tres motobombas y siete motores. Como lo explicó el coronel coronel William Castaño, director de carabineros y protección ambiental de la Policía Nacional, “[lo que] logramos recolectar en el marco de esta operación es que estarían vertiendo alrededor de entre cinco y siete gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes”.
El Parque Nacional Natural Río Puré está dividió en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
Como se conoció desde el inicio de la‘Operación Artemisa’, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ambientalistas han criticado que los operativos militares no son la única y exclusiva forma de proteger la Amazonía de las economías ilegales. En palabras de un investigador, que trabaja en la zona y que por razones de seguridad prefiere no decir su nombre, afirma que “la Operación Artemisa no soluciona nada. Hace unos meses que sobrevolamos la zona vimos una (draga) quemada y al lado de esa ya habían dos nuevas recuperando el esquema. Entonces los operativos no son efectivos”.
La operación Artemisa no soluciona nada. hace 8nos meses que somrebolamos lazoma vimos una (draga) quemada y al lado de esta ya había dos nuevas, recuperando el esquema. Entonces los operativosm no son efectivos». Testimonio anónimo, por seguridad.
A ello se suma una de las advertencias propuesta por la Fundación Ideas para la Paz, en su informe Fuerzas Militares y la protección del ambiente, en la que se afirma que las operaciones desplegadas han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles. “Así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales”, se lee en la publicación.
Para una fuente que prefiere mantenerse en reserva, los problemas en el río Puré son un tema transnacional que por los retos y obstáculos debe ser tratado de tal manera que exista una articulación entre los distintos gobiernos de la región amazónica como de las organizaciones que están en territorio. “Empezar con exigir que se persigan a los dueños de la minería porque siempre que hacen estos operativos cae la señora que hace la comida o los trabajadores que, en muchos casos, también son indígenas, pero nunca se capturan a los responsables”, dijo el experto.
Se destinaron 999 000 hectáreas, ubicadas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá en la frontera con la República Federativa de Brasil, para la constitución del PNN Puré. Una de las principales razones de la creación del parque fue la protección de los Yuri-Passe, bajo la Resolución 0764 de 2002. La otra, era controlar la minería ilegal y contaminación de los cuerpos de agua.
El PNN Puré se divide en dos: 529 000 hectáreas que corresponde a las tierras para los pueblos indígenas en aislamiento y donde no se permite ninguna actividad, y que es denominada la zona intangible. La segunda con 470 000 hectáreas, es la zona primitiva en la cual se desarrollan actividades de investigación y monitoreo de biodiversidad. Por ejemplo, como se contó en una nota anterior de Mongabay, solo se conoce hasta el momento el 0,6 % de la fauna del Parque Nacional Río Puré. En 2019, unas 30 especies fueron captadas por cámaras trampa, en el sector de Puerto Franco, donde estaba la cabaña de guardaparques y que lleva el nombre del antropólogo Roberto Franco.
«Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas. Ahora es como un pueblo flotando»: testimonio anónimo, por seguridad.
Parques Nacionales Naturales de Colombia construyó la cabaña en 2016 en un lugar estratégico para controlar el acceso a las cuencas del río Bernardo-Hilo y del río Puré y evitar el contacto con los pueblos en aislamiento. Gracias al trabajo de PNN se contuvieron los caminos del narcotráfico a la zona intangible y la presencia de grupos armados, especialmente del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, en 2020 la maloca en la que vivía el guardaparques Luis Rivas, un sabedor tradicional del pueblo cubé, fue incinerada. Los actores armados amenazaron a los 15 guardaparques de la Amazonía y tuvieron que ser desplazados de los territorios. En marzo de 2022, tras el operativo en el río se judicializaron a dueños de varias balsas y quienes estarían invadiendo el área protegida, según información suministrada por la Fiscalía. Dos años y medio después de declarada la pandemia, ninguna autoridad de PNN ha podido regresar.
En lo que va del 2022, en Colombia se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Pururé. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
“Parece un pueblo flotando en el río Puré”
La cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción de minería, tanto del lado colombiano como el brasileño. Esta actividad ha causado grandes daños en los pueblos indígenas que habitan estas tierras, no solo por los peligros a los que están expuestos por ser comunidades en aislamiento sino por la contaminación de mercurio, la degradación del medio ambiente y la deforestación.
Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales tales como Amazon Conservation Team, Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia, la WWF y Frankfurt Zoological Society—, que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó tras la salida de los guardaparques en 2020 y la quema de la cabaña en 2021, eventos que coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río. “Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas. Ahora es como un pueblo flotando”, afirmó una de las fuentes que trabaja en el área.
Como lo mostró la Alianza entre enero de 2019 a septiembre de 2022 se han afectado 620 hectáreas de bosques de la ribera del río Pururé en Brasil, según imágenes satelitales. Uno de los mayores impactos que causa la minería es la alteración de cauces y la dinámica fluvial. Esto se produce por la extracción misma del oro en el río trayendo como efectos la pérdida del cauce, desbordes e inundaciones, pérdida de hábitats acuáticos e interrupciones de procesos ecológicos, dado que se manipula el cuerpo de agua con químicos y máquinas.
Una de las organizaciones pertenecientes a la Alianza ha monitoreado cómo han cambiado las riberas del río Puré. En las imágenes satelitales se ven grandes parches de tierra cerca del agua. Se podría pensar que son playones naturales pero nacieron cuando tumbaron los árboles y erosionaron la tierra. Las mangueras de las dragas absorben la tierra y la devuelven al río destruida en montículos. Los mineros con guadañas van tumbando y tumbando los árboles al borde del río para prevenir accidentes de sus embarcaciones.
Algunos trabajadores pisan tierra para continuar deforestando y hacer pequeños asentamientos en los que funcionan también varios prostíbulos. En un sobrevuelo en septiembre de este año, el experto que trabaja en la zona desde hace varios años y que por seguridad no puede dar su nombre, pudo ver en una de las zonas del río Puré algo más de una hectárea y media deforestada, donde se presume que dentro de poco será un asentamiento donde lleguen las balsas a abastecerse.
Según esta misma fuente, en lo que va del 2022 se han deforestado 200 hectáreas de ribera del río Puré en el lado brasileño. “El río Puré del lado de Brasil tiene 370 kilómetros, tenemos imágenes de 137 kilómetros donde en este momento hay, por lo menos, unas 130 dragas. En los 200 kilómetros no tenemos imágenes recientes pero calculamos aproximadamente algo menos de 200 dragas. Eso nos da a casi mil personas sobre el río”, explicó el experto. Eso se traduce en un peligro para el ecosistema del lado de Colombia, considerando que la minería que se hace dentro del PNN Puré, lo que implica que se está cometiendo un delito ambiental. A ello se suma el riesgo para los pueblos en aislamiento, en la medida que los mineros ilegales pueden entrar en contacto con ellos, lo cual vulnera su derecho a permanecer en aislamiento.
Según la jurisprudencia colombiana se crea el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. En este se establecen los cordones de protección sanitaria, con el fin de evitar y detener la propagación de enfermedades entre las comunidades que viven cerca y los aislados. Como lo explicó el Instituto Sinchi, “los yuri-passé no tienen el mismo sistema inmunológico que nosotros. Quienes se encontrarán con los aislados no son precisamente personas que tengan un interés con ellos, hacia las comunidades en sí, ni al mantenimiento del medio ambiente. Un hombre de la sociedad mayoritaria podría llevarles un bulto de virus y poner en riesgo a toda la comunidad hasta la muerte”.
“No va a poder crecer nada en el río”
Para el río Puré la presencia de minería se traduce en la generación de sedimentos, que ocurre en dos momentos: el primero cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. El segundo, cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte sobre el agua. Como lo explicó la Alianza, esto trae consigo varias consecuencias como lo es el incremento de la turbidez, lo que impide el paso del sol a las algas, plantas y microorganismos. Vuelve al río estéril y en el que no es posible que puedan sustentar formas de vida.
Cada año, desde 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, publica el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota’. Este año el informe arrojó que el río Caquetá y el río Puré presentan unas de las mayores explotaciones de oro en aluvión. (ver historia). Además, el Puré está en la lista de los ríos con mayor número de alertas de minería ilegal en la Amazonía colombiana.
“Densidad de alertas por presencia de EVOA en agua por segmentación del río”. Tomado: UNODC, 2022, pág. 71.
Sumado a la carga de sedimentos está el mercurio, utilizado para separar el oro, contaminando el ambiente y la salud de las personas. Como lo explicó uno de los investigadores de la Alianza, que omite su nombre por razones de seguridad, “los impactos ambientales descritos afectan de manera directa al derecho a la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas siendo especialmente lesivos para pueblos indígenas en situación de aislamiento, dada su absoluta dependencia de los recursos de la naturaleza para su supervivencia”.
Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía, la autoridad ambiental encargada de esa zona del país, y PNN, encontraron que las comunidades indígenas del río Caquetá —el río Puré es uno de sus afluentes— tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha determinado que el consumo de este metal puede ser tóxico y que provoca grandes trastornos neurológicos como también causa alteraciones en fetos y en los niños. Este panorama se complejiza por dos razones, como explica Sergio Vásquez, asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas de Gaia. La primera, para las comunidades indígenas no existe ni siquiera una palabra en su lengua que traduzca lo que está pasando por el consumo de alimentos contaminados. Lo segundo, no se tienen cifras e impactos claros sobre la población que está en aislamiento. Como lo enunciaron las distintas organizaciones de la Alianza, la contaminación puede ser mucho mayor dado que el río Puré a diferencia del Caquetá es mucho más angosto y tiene más balsas ilegales, lo que se traduce en una mayor concentración de mercurio.
Según estudio sobre los impactos generados por la minería, de la Secretaría de Salud del Amazonas, Corpoamazonía y PNN, indígenas del río Caquetá —el río Puré es uno de sus afluentes— tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
“Están en constante riesgo”
El mercurio está afectando la vida de las comunidades indígenas en el Amazonas. Gaia ha determinado impactos a las comunidades por las actividades de mercurio y unas consecuencias especiales a las mujeres, a los ancianos y a los niños indígenas. El investigador divide los impactos en varias categorías, empezando con las consecuencias de la minería en los derechos culturales y organizativos. Sin embargo, los impactos negativos en sujetos que cumplen una doble protección constitucional —como ser mujer e indígena, por ejemplo— se incrementan. En voz de Sergio Vásquez desde Gaia, la contaminación por mercurio y los cambios en el ecosistema tienen un impacto diferencial en la mujer.
Otros de los impactos que genera la minería, como lo explicó una de las organizaciones de la Alianza es que los actores ilegales y sus dinámicas están arrinconando a los aislados y haciendo cada vez más pequeño el área intangible. Un segundo factor que está afectando la vida de los indígenas en el río Puré y en la zona protegida es la presencia del narcotráfico. Como también lo narró una fuente que trabaja en terreno, los caminos que se están abriendo para pasar mercancía ilegal en el PNN río Puré al lado de Brasil, están atravesando el territorio de los indígenas. Estos grupos armados pasan por el el río Caquetá y según investigaciones de InSight Crime provienen de las bandas de Brasil (Familia del Norte UN, Comando Rojo o Comando Vermelho – CV, Primer Comando Capital o Primeiro Comando da Capital – PCC) quienes controlan el comercio en su país y las rutas de tráfico hacia Europa. Esto trae consigo la violación al derecho de los yurí-passé a no ser contactados.
Por otro lado, las miles de personas que trabajan en las balsas y las dragas compiten por alimentos con los indígenas en la selva amazónica. Los mineros también cazan y pescan, lo que se traduce en menor recursos para los yuri-passe, además como lo explica uno de los investigadores en terreno, “ni siquiera sabemos si los mineros están consumiendo también pescado y agua contaminada de mercurio. Seguramente sí”.
Imágenes MAXAR que muestran las afectaciones sobre río Puré en Brasil debido al uso de dragas y otras herramientas usadas en la minería ilegal. Comparación entre A) Sensor WV2 fecha captura 25/07/2014 y B) Sensor WV2 fecha captura 10/08/2021. Comparación entre C) Sensor WV2 fecha captura 19/09/2002 y D) Sensor WV2 fecha captura 25/08/2022. Tras las amenazas a funcionarios de PNN y la quema de la cabaña en Puerto Franco, la minería ilegal aumentó el río Puré. Crédito de imágenes: MAXAR, y la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
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A la fecha no existe un ejercicio de prevención y control minero ambiental eficiente por parte del Estado colombiano. La entidad encargada del área, Parques Nacionales Naturales, no puede tener una presencia constante en el territorio por las amenazas y hostigamientos a sus guardaparques. De hecho, en respuesta a un derecho de petición, reconoció las constantes amenazas de grupos armados ilegales en el PNN. Dos de las organizaciones de la Alianza concuerdan que esta actividad aumentó drásticamente en 2019 y que tras la quema de la cabaña de Puerto Franco, todo empeoró.
Las actividades ilícitas transitan el río Puré sin ningún control pasando al lado de Brasil. No existe una frontera que cambié las dinámicas del río. Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, las 112 toneladas de oro producidas en Brasil en 2021, al menos 7 % eran de origen ilegal y 25 % de origen potencialmente ilícito. Las comunidades continúan en riesgo de ser contactadas por los grupos armados o los mineros, además de las amenazas a la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad. No se sabe qué estarán pensando y analizando los pueblos Yuri-Passé sobre las consecuencias por la contaminación de mercurio cuando en su lengua no existen palabras para ese “veneno”.
Imagen superior: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
*Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.
Era una colonia de avifauna marina y refugio de pescadores. La erosión, el ascenso del nivel del mar, la acidificación del océano y el abandono del Estado, aceleraron su pérdida. Comunidades afro de esa región insular de Cartagena hablan de su ausencia. Las demás islas del Archipiélago de San Bernardo presentan avanzado deterioro.
La madrugada del 17 de mayo llovió tanto que el techo de madera y zinc parecía romperse. El aguacero anunciaba el fin de la temporada seca y el comienzo de meses de humedad. Amainó hacia las 2 de la tarde y el cielo más despejado permitió zarpar desde la Isla Múcura en el archipiélago de San Bernardo.
Yeison Macías Campo, experimentado piloto nativo, salió del muelle occidental, bordeó lentamente la zona de playa y giró hacia el sur. Poco a poco, mientras remontaba las olas, aumentó la velocidad.
Después de navegar durante 25 minutos apareció un objeto en la distancia. Una especie de bandera, pero no era el tricolor nacional. El piloto se acercó lo más que pudo, apagó el motor, respiró profundo y con rostro de duelo exclamó:
-Es aquí. Debajo de estos palos está Isla Maravilla.
Dos varas emergentes sostenían un banderín de plástico, raído de tanto ondear. Una señal para pescadores y viajeros de que ahí se hallaba el punto exacto donde Colombia perdió años atrás una porción de su territorio. Era también un recordatorio permanente de la velocidad con la que los efectos del cambio climático golpean desde hace tiempo al Caribe.
Bajo Maravilla, donde hasta hace algunos años se encontraba Isla Maravilla. Al fondo Isla Tintipán. Fotografía: Ignacio Galán/Shots de Ciencia
Maravilla tenía menos de una hectárea y estaba asentada sobre una antigua formación coralina. Hacía parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y Archipiélago de San Bernardo (PNNCRSB), creado en 1977, localizado a dos horas en lancha rápida desde Cartagena (Bolívar) y a 45 minutos desde Tolú (Sucre).
Cuentan los nativos que su suelo desprendía mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle bobo (Laguncularia racemosa) y unos cuantos arbustos de mangle zaragoza (Conocarpus erectus). De sus encantos el que más la destacaba era ser ‘la isla de las aves’.
Desde allí despegaban y aterrizaban en un interminable revoloteo, fragatas, pelícanos, maría mulatas, gaviotas, cormoratas, alcatraces, tijeretas de mar, garzas y tantas más, que habían elegido ese pedazo de suelo como hábitat. Allí pernoctaban. Una vida aérea que se compaginaba con la abundancia acuática, la microfauna, el arrecife coralino, los pastos marinos y una alta productividad biológica.
“Por los aportes de materia fecal de las aves como fertilizante acuático, sus alrededores fueron un verdadero acuario natural. Yo lo vi, y las responsables eran las aves, también había toda una variedad de crustáceos, peces, y corales”, relata el profesor Fabio Flórez, habitante de Isla Múcura y estudioso del archipiélago.
Isla Maravilla, años atrás. Foto: José Moreno.
Su valor ecosistémico era de tal magnitud que fue caracterizada, junto con isla Mangle, a 25 minutos de allí, como ‘Patrimonio Intangible de la Nación’. Ese calificativo, intangible, según Parques Nacionales, se le da a “aquel ecosistema de alto significado ecológico, que presenta un buen estado de conservación o un mínimo de alteración y debe ser protegido con el fin de que sus condiciones se preserven a perpetuidad”.
Sí, a perpetuidad. Por esta razón, Parque Nacionales diseñó un Plan de Manejo para orientar la gestión de conservación en 2006. Dispuso que la isla estaba destinada exclusivamente a la investigación. Las únicas acciones permitidas eran recorridos de vigilancia, señalización y monitoreo. Se prohibían actividades de recreación, turismo, tránsito, extracción, aprovechamiento de recursos y vivienda. Nada se podía tocar, nada se podía llevar, debía ser objeto de riguroso estudio. Eso decía el papel.
En efecto, el archipiélago fue escenario para un sinfín de investigaciones científicas. Un ejemplo es el inventario de avifauna que realizaron en 1982, José Gregorio Moreno y Ricardo Antonio López de la Universidad Nacional, en cuatro de las islas del archipiélago: Tintipán, Múcura, Ceycén y Maravilla. En ese entonces reportaron 53 especies de aves ubicadas en 26 familias, de las cuales el 15% eran aves playeras y 5% de hábitos marinos, 38% residentes y 62% migratorias.
Además, revelaron la presencia abundante de la paloma cabeciblanca (Columba leucocephala), que hasta entonces solo se había observado en San Andrés y Providencia; el primer registro en Colombia de la anidación de la garcita verde (Butorides virescens maculatus), los segundos registros para el país de reinita de magnolia (Dendroica magnolia) y chipe suelero (Seiurus aurocapillus) y así, muchas otras especies.
Los investigadores colectaron 256 especímenes que luego disecaron y conservaron con su caracterización y descripciones. Hoy están depositados en la Colección Ornitológica del Instituto de Ciencias Naturales en Bogotá.
Isla Maravilla, ya deteriorada. – Foto: José Moreno
En ese tiempo no todos los estudios llegaban a manos de la administración del Parque. El Plan del Manejo advertía que había una pérdida de información relevante, ya que no existía una compilación de todas las investigaciones que pudieran aportar datos para las decisiones que se debían tomar sobre esta área protegida.
También, decía el documento, el Parque enfrentaba graves problemas para su preservación desde lo social, lo político y económico, incluyendo poderosos conflictos de intereses en lo regional y nacional. Se hablaba de la falta de personal, porque solo trabajaban siete personas de planta y siete contratistas para 120 mil hectáreas. Y aclaraba que el archipiélago de Corales del Rosario y la península de Barú, que también hace parte del área, concentraba todos los programas y proyectos, con un énfasis turístico.
Este Plan, carta de navegación para la administración del Parque, fue demandado en 2011 por no haber tenido en cuenta a las comunidades isleñas. Comenzó entonces un proceso jurídico que finalizó siete años después en una concertación con la comunidad.
Entre tanto, Isla Maravilla permaneció durante mucho tiempo con baja presencia institucional y pasó a ser escenario de pesca, turismo, recreación y extracción.
Hacia 2012 un estudio del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar (2012), retrató cómo Maravilla ya estaba deteriorada:
“Corresponde a un pequeño islote de 0.004 km2 constituido por arrecife coralino y sustrato biogénico (restos de conchas y fósiles calcáreos) con una cobertura escasa de manglar en mal estado por el fuerte oleaje, que funcionaba como resguardo para una diversidad de especies marinas (peces y esponjas), así como lugar de anidamiento para algunas especies de aves”.
En 2020, finalmente Parques Nacionales publicó la nueva versión del Plan de Manejo que, según miembros de la comunidad de Múcura, a la fecha no ha sido socializado.
En este documento Isla Maravilla ya no aparece como Patrimonio Intangible. Fue reclasificada como “Zona de manejo especial con las comunidades o Subzona de conservación y restauración participativa ‘Bajo Maravilla’ antiguamente denominada Isla Maravilla”. Lo curioso es que era tarde para ponerle títulos a la isla: para ese año ya había desaparecido.
La fecha exacta en que el islote desapareció no es clara. Voceros de las comunidades que conviven con el hoy bajo Maravilla, aseguran que fue hace cinco años, es decir en 2017. Invemar, al citar a Parques Nacionales, reporta que fue en 2006-2007. La bióloga Karem Acero en su investigación para la Universidad Nacional Efectos del ascenso del nivel medio del mar en isla Múcura indica que el comienzo de su pérdida fue en 2015 y adiciona una evidencia fotográfica comparativa entre 2011 y 2019:
“Esta es la mayor prueba de desaparición de las Islas en el archipiélago y de la pérdida de servicios ecosistémicos. Actualmente se pueden pisar los restos de litoral rocoso de Maravilla, que están inundados entre 30 cm y 50 cm. Durante el último trabajo de campo (2019), se realizó la visita a Isla Maravilla para comparar el terreno inundado actualmente, que hasta hace 4 años (2015) era sitio de paso para aves migratorias. En la imagen de la derecha se observa el litoral rocoso y lo que queda de base de la Isla, en la imagen izquierda se observan los últimos relictos de manglar perdiendo terreno por la intrusión del mar”.
«Mire, la verdad que cuando hablo de eso siento tristeza. Porque, primeramente, Maravilla, que fue la última en desaparecer, era una isla que era un punto de referencia y era donde anidaban variedad de aves. En esa infancia nosotros íbamos allá y no teníamos el flujo de turismo que hay ahora. Venían incluso hasta velas, no venían motores, sino a vela. Nosotros los llevábamos allá remando, ahí estaban todas las tijeretas, alcatraces, fragatas…»
Años después de su desaparición, muchos nativos recuerdan a Maravilla como si fuera un familiar que partió. Hay miradas de dolor y añoranza cada vez que preguntan por ella. Un líder local, que pide no mencionar su nombre, así lo siente:
«Queríamos a Isla Maravilla, era la isla de los pájaros, muchos vivían ahí y muchos llegaban en octubre cuando vienen las migratorias. Hoy en día… ¿a dónde lo van a hacer? Allá nadie las molestaba. Nosotros como pescadores, cuando estábamos en mal tiempo también nos refugiábamos ahí. Tenía un gran valor para nosotros, allí íbamos a ver nuestra pesca. Las dos poblaciones que existimos aquí, Santa Cruz del Islote y Puerto Caracol en Isla Múcura, hacíamos uso de ella, también era nuestro refugio.»
Juvenal Julio Berrío, líder, navegante y antiguo pescador de Santa Cruz del Islote (Q.P.D.) Foto: Ignacio Galán.
Para intentar alargar la vida de la isla, los pescadores quisieron construir una muralla en piedra de cantera. El fin era frenar el impacto del oleaje y protegerla de la erosión. Cuentan que Parques Nacionales les advirtió que no podían intervenirla. “Lo que el mar trae, el mar se lleva”, es la frase que retumba en la comunidad con ironía, ya que era la respuesta que los funcionarios les daban cuando insistían en ‘salvar’ la isla.
«Nosotros vimos el proceso desde que comenzó hasta que finalizó, cuenta el líder. Se fue erosionando poco a poco. En un momento la gente quiso protegerla, pero no lo permitieron. Si íbamos a poner una piedra para que la isla aguantara un poco más, nos atacaban las autoridades. Nos causó un gran impacto, tristeza, mucha impotencia porque nosotros pudiendo hacer algo no podíamos hacer nada. Esto es como perder un órgano de nuestro cuerpo, como perder un riñón, la isla era fundamental para nosotros. Esa es la prueba de que el gobierno no está haciendo nada por este territorio.»
También explica que cuando se vive en medio del mar, los habitantes solo pueden transitar de isla en isla para ganarse la vida, por eso la extrañan. El piloto, Yeison, lo confirma.
Yeison Macías Campo
Actualmente, el área sumergida sigue siendo utilizada como antes. Los pescadores extraen caracol pala, langosta y otros mariscos a pulmón. También pescan en sus alrededores con extensas redes conocidas como trasmallos o boliches. Cuando atrapan langostas las guardan vivas en jaulones instalados a la orilla del mar, frente a sus casas. Ahí las almacenan hasta que pueden venderlas a los hoteles locales o compradores de Tolú o Cartagena. En Múcura, solo hay luz entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana gracias a un sistema solar donado por Japón, por lo tanto, este método es mejor que mantenerlas refrigeradas. Y es que uno de estos crustáceos puede valer desde 70 mil pesos en adelante.
Maravilla también sigue siendo utilizada para el turismo. Ahora, los promotores turísticos de Tolú y Coveñas la ofrecen como parte del plan: “Visita a la isla que desapareció”. No es extraño ver visitantes careteando y buceando en esas aguas.
Yerlis Paola Berrío, representante del Consejo Comunitario de San Bernardo cuenta que los ancianos y sabedores del lugar insisten en que la isla se puede recuperar. Quieren que vuelva a emerger. Para esto proponen hacer un relleno y una protección costera a partir de la siembra de manglar y que este sirva de protección costera natural. También saben que es solo una propuesta dado que la autoridad ambiental no lo permite.
¿Por qué desapareció Maravilla?
La investigadora Karem Acero, en sus estudios, ha encontrado que la pérdida de Isla Maravilla se dio por inundación y pérdida de terreno, ambos procesos derivados del aumento del nivel del mar y de la intensificación de los procesos erosivos.
Una idea que comparte con Juan Manuel Díaz, director científico de la Fundación MarViva, quien asegura que es un fenómeno completamente natural, que se ha venido acelerando con el aumento gradual del nivel del mar causado por el calentamiento global.
“Esos antiguos arrecifes, al bajar el nivel del mar, quedaron emergidos de uno a tres metros por encima del nivel del mar, formando las islas. Desde ese momento, hace unos 5.000 años, las islas quedaron expuestas a la acción erosiva de las olas, las corrientes y el viento. Dicha erosión natural hace que las islas, desde aquel entonces, vengan reduciendo su tamaño y algunas hayan desaparecido ya».
“Estos ocasionan su disolución parcial y consecuente fracturamiento, caída de bloques y el retroceso de la línea de costa. En islas como Ceycén y Maravilla el proceso erosivo se ha acelerado por la tala indiscriminada de manglar y la extracción de coral”.
En la misma línea, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), confirma que, en el escenario del cambio climático, los efectos inducidos por el aumento del nivel del mar son esencialmente importantes para definir el grado de vulnerabilidad de una zona o población.
Y, agrega, estos archipiélagos (Rosario y San Bernardo), caracterizados por tener un sistema hidrodinámico, que funciona mediante la acción del oleaje y los vientos alisios del noreste, han sido objeto de monitoreo por más de 50 años, debido a las variaciones del nivel del mar y al incremento en la tasa de erosión.
Adicionalmente, el estudio Visión integral de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, desarrollado por Incoder y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 2014, argumenta que, dichos procesos erosivos, también están relacionados con el deterioro que sufre la terraza coralina ante su exposición a agentes atmosféricos y marinos como la escorrentía y el oleaje. San Bernardo recibe la carga de sedimentos del río Sinú y del Magdalena por el canal de Dique.
Los nativos reconocen las consecuencias de la deforestación. Admiten que fue un error talar el manglar, haber pescado con dinamita y sobreexplotar el caracol pala ante la falta de una veda y de una autoridad regulatoria. Pero aseguran que no sabían que todo eso traería consecuencias graves para su territorio, porque no existía la conciencia ambiental de hoy. Aclaran que no sólo fueron ellos los responsables de estas actividades.
Un elemento adicional sobre el colapso de Maravilla es la acidificación del océano. Sandra Vilardy, exdirectora de Parques Cómo Vamos y hoy viceministra de Ambiente, agrega que la isla, al estar compuesta de roca coralina, se torna muy frágil y, como el mar se está acidificando, es abrasivo con el coral, que está destinado a diluirse.
Otras islas han desaparecido
La disolución no fue solo en la ‘Isla de las Aves’; otras del archipiélago de San Bernardo ya se han extinguido. De eso conoce muy bien Juvenal Julio Berrío, ´El Tiburón’, uno de los líderes más antiguos del archipiélago. Ha sido pescador, navegante y conocedor del territorio. Sus padres fueron descendientes directos de los primeros pobladores de Santa Cruz del Islote.
Mientras caminaba por las angostas calles de su caserío, con una bolsa de caracoles y mariscos para llevar a Cartagena, narró sus recuerdos de infancia. Enumeró, una a una, las 16 islas del archipiélago de las cuales, según su conocimiento, ya no están seis: Galera, Arena, Isla de Jesús, Mogote, Mogote el Medio y la más reciente, Maravilla.
«Hombre, esas islas se perdieron por la tala de manglar anteriormente. Porque anteriormente venían -no sólamente los nativos, venía gente del continente- a llevarse barcos de madera. A largo plazo el resultado es que las islas pierden toda la vegetación, la erosión y el nivel del mar cada día van subiendo, se las va tragando…
Por ejemplo: Maravilla, que fue la última. Galera. Hay dos que no las conocí que eran Isla Arena e Isla de Jesús. Y acá estaban Mogote y Mogote el Medio y había otro Mogote más que era otra isla. Por todo, eran 16 islas, hoy en día mire las que hay: está -del golfo, para acá- Punta de San Bernardo -que eso pertenece a Bolívar, eso no pertenece a Sucre, porque Sucre nunca ha tenido islas-, Punta de San Bernardo, le llaman Boquerón, Cabruna -que queda frente al Rincón del Mar-, Isla de Palma -donde estaba el zoológico-, Mangle, Panda, Ceycén, Múcura, Islote -que es la capital de las islas- y Tintipán -que es la más grande del archipiélago-.»
“De seguir la tendencia actual de aumento del nivel del mar y de la erosión, estimo que todas las islas del archipiélago habrán desaparecido («hundido») antes de terminar el siglo XXI, o sea en unos 75 años. Las próximas en desaparecer serán probablemente Isla Mangle e Isla Panda”.
Caravanita y Pérdida son islas que también desaparecieron hace unos 60 años debido al alto grado de exposición a la acción de las corrientes y el oleaje, cuenta en su estudio Karem Acero.
Según testimonio de pescadores, también desapareció la isla Ahogada, frente a Rincón del Mar, en Sucre.
Por esto surge una pregunta obvia. ¿Cuál es el futuro de las islas? Juan Manuel Díaz, asesor científico de la Fundación MarViva tiene parte de la respuesta.
A lo anterior, Juvenal Julio refuta: Panda y Ceyzén colapsarán primero y en menos tiempo: diez años.
En el mapa elaborado por el profesor Flórez, publicado en 2003, aparece registrada la Isla Maravilla.
«Ceycén y Panda, conforme van, yo le digo que por ahí en 10 años más -si no le meten mano- desaparecen. Porque es que van desapareciendo pero rapidito, rapidito. De aquí, vamos ahora allá, para que vean, porque desde acá se ve.»
Otro testigo de este proceso de degradación ambiental es el profesor Fabio Flórez, un biólogo del interior del país que llegó hace cuatro décadas a isla Múcura y se quedó en el territorio. Conoce de cerca el avance del cambio climático porque los daños por erosión también han llegado a las puertas de su casa.
«Este otro mapa lo dirigí yo, no lo pinté, lo pintó una profesora de arte de la Universidad Nacional, pero yo lo dirigí en el año 2003. Ahí figuran ocho islas que componen el archipiélago. Hay islas que están ahí que ya desaparecieron. Ahí está la Isla Maravilla que ya no existe… todas las islas actualmente están divididas. La Isla Múcura: son dos islas, era una sola. La Isla Ceycén era una sola, son dos islas. Todas las islas son ahora dos islas. Divididas.
La máxima altura de las islas: 2 metros. En los valles los manglares, y si le quitamos los manglares, y si aumenta el nivel del mar, y si aumentan los mares de leva… todo en aumento. Las islas ahora son como 14, ya no son 8. Y ¿a quién le interesa? No será al gobierno, no será al Estado, no será a Parques Nacionales, no será la Agencia de Tierras, olvídese. Eso para mi es grave, de ahí parte mi gran preocupación».
Panda ya está colapsando
La angustia del profesor Flórez no es en vano. El piloto Yeison se dirigió a isla Panda, ubicada a 20 minutos del ahora Bajo Maravilla.
Desde la lancha se observa una cadena de islas regadas sobre el mar. Panda está dividida en dos islas grandes y una de estas, a su vez, en pequeñas partes. En el tramo de mayor tamaño hay una casa habitada, propiedad de un funcionario de la Armada, contaron pescadores. Aunque estas islas son baldíos de la Nación, como ocurrió en otros lugares del archipiélago, fueron ocupadas por privados.
La erosión y el aumento del nivel del mar fragmentaron a Isla Panda. Fotos: Ignacio Galán
Separada por un amplio boquete a unos 50 metros, está la otra parte de Panda. Yeison desembarca en ella. Amarra la lancha de un árbol, camina por el suelo marino que se hunde al pisar, cual arena movediza. Atraviesa un tapiz de centenares de conchas, caracoles y corales. Y llega a un rancho de madera en piso de tierra, amoblado con un catre. Afuera, posan sobre una estufa de leña dos lámparas de keroseno. Y detrás, un enorme tanque recoge agua lluvia del techo. Unos pasos más allá hay un cambuche de madera y plástico.
Es el refugio de dos pescadores que pasan allí faenas de hasta un mes. Cuando tienen pesca suficiente la venden a los compradores de las islas. También, viajan a Tolú, Berrugas o Rincón del Mar, en el departamento de Sucre, para hacer mercado y retornar otra temporada.
Aquí, esta vez sin permiso de la autoridad ambiental, los pescadores hicieron su propio rompeolas. Es una muralla en piedra que no supera un metro, construida alrededor de la isla. En algunos tramos el mar la derribó. Una nueva fue levantada con pequeñas conchas de caracol pala (Strombus gigas) que destaca sus tonalidades rosa. El tamaño de las caracolas parece sugerir que no llegaron a la madurez. Sobre el suelo arenoso quedan pocos mangles en pie. Otros más están al límite del agua, o ya dentro del mar.
Panda colapsa. Las huellas de la erosión se ven en los cuatro puntos cardinales, en la caída del rompeolas artesanal, en los árboles navegantes y en los espacios de playa inundados. La barrera desesperada de los nativos no logró contener el poder de la erosión y la fuerza del continuo oleaje.
Por eso el experto de MarViva, ‘El Tiburón’ y la gente de Múcura e Islote vaticinan que será la próxima isla que el archipiélago perderá para siempre. Se hunde ante la tristeza de los nativos y ante el silencio de las autoridades nacionales.
Isla Ceyzén sigue el mismo camino. La isla con mayor área de manglar, hace tiempo está partida en dos. Desde Islote o Múcura se ve un boquete suficientemente ancho como para que transiten varias embarcaciones.
La isla Mangle presenta daños por erosión y retroceso en su playa. Pese a ser patrimonio intangible, hace unas décadas fue convertida en blanco por la propia Armada Nacional. El programa Unitas ─que auspiciaba Estados Unidos ante la amenaza que le representaba la antigua Unión Soviética─ realizó allí maniobras tácticas con militares de varios países y la convirtió en polígono.
Sobre su frágil base coralina dispararon proyectiles de cañón. El profesor Flórez conserva las pruebas de estos ejercicios navales: dos enormes y pesadas ojivas fueron encontradas por pescadores en Panda y Mangle.
Ruptura en la Isla Ceyzén, provocada por la deforestación de una laguna, el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Foto: Ignacio Galán
La imagen satelital de Google Earth también muestra la división de la isla Ceyzén
Otro ángulo sobre la fragmentación de Ceycén. Foto: Ignacio Galán
Ojivas disparadfas por militares contra las islas, fueron encontradas por pescadores. Foto: Olga C. Guerrero
Lejos de allí se encuentra Isla Fuerte, que presenta el 50 % de su área erosionada. Múcura, Tintipán e islote también enfrentan el fenómeno.
¿Qué se puede hacer? ¿Existe alguna forma de detener por lo menos la erosión de estas islas? Para Juan Manuel Díaz, sí se pueden adoptar medidas de ingeniería que, si bien no impiden la erosión, logran mitigar o frenar sus efectos en el corto y mediano plazo. Sin embargo, se trata de intervenciones muy costosas y cuyos resultados no siempre resultan efectivos. Además, si bien tales obras – como diques, espolones y rompeolas – pueden frenar la erosión de las islas, también pueden causar desvío de corrientes y alterar patrones sedimentarios, con lo cual se pueden desencadenar impactos negativos para algunos ecosistemas marinos.
“En mi opinión, antes de emprender ese tipo de obras onerosas, deben implementarse medidas de reubicación de la población que habita las áreas insulares hacia el continente, para lo cual es necesario destinar espacios para atender su demanda de infraestructura, servicios y medios de vida. Las islas son parte de un sistema natural que es muy dinámico, luchar en contra de la tendencia de esa dinámica resulta generalmente y a largo plazo en una pérdida de tiempo y de dinero”.
La hoy viceministra Sandra Vilardy afirma que los parques marinos son los de mayor susceptibilidad a las diferentes dimensiones en las que se va a expresar el cambio climático, más cuando la tasa de aumento del ascenso del nivel del mar está tomando un carácter de curva exponencial, con graves efectos, sobre todo más en el mar Caribe que en la costa Pacífica.
“¿Que hizo el estado colombiano por estas islas? Nada. Colombia y su sistema de áreas protegidas está en mora de pronunciarse y hacer una planeación estratégica frente a la crisis climática. Van a ver pérdidas y daños. Es una realidad. Esto lo sabíamos, pero la prevención no está instalada. La atención nos ha fallado, la información estaba. La gestión de riesgo está dedicada a atender el desastre, no a prevenir. Es un enfoque muy complicado que está generando un efecto no deseado”
También lamenta que las zonas insulares no sean tan visibles porque el ascenso del nivel del mar causará problemas de manera exponencial, particularmente en el mar Caribe.
«En el país venimos hablando del ascenso del nivel del mar -de la mano del Invemar- hace ya más de una década. Ellos hicieron las primeras estimaciones de efectos de ascenso del nivel del mar, sobre todo, en el litoral y en ciudades costeras, pero esa ha sido una línea que tampoco ha tenido suficiente apoyo para poderla trabajar. Mucho menos en las zonas insulares, que lamentablemente no generan tanto impacto económico ni son tan visibles. Entonces tenemos un déficit importante de esa información, tenemos algunas modelaciones, pero por ejemplo las que se hicieron hace más de una década, [pero] con unos escenarios climáticos que ya -hoy en día- están completamente reajustados. Son orientadores, pero no son tan precisos.
Lo que sabemos, hoy en día, es que la tasa de ascenso del nivel del mar está tomando un carácter de curva exponencial y eso va a tener unos efectos más impactantes en el mar Caribe que en el océano Pacífico. El detalle de localización no lo tenemos a nivel nacional. Es una de las solicitudes que ha hecho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) a las Naciones: por favor cojan estos modelos y aterrícenlos a escala nacional. En la Tercera comunicación de cambio climático hay una aproximación cercana, pero los aspectos insulares quedan un poco invisibilizados. Pero el efecto en esas pequeñas islas no está medido, no está evidenciado, porque pareciera que no son tan importantes. Tenemos una nube de mala información, de información difusa y que no se ha podido concretar. Por ejemplo, es importante nuestra recomendación a Parques Nacionales de que se monitoreen los efectos del cambio climático de manera concreta para cada parque. Esa es una medida de manejo que tiene que ser incorporada. Ahorita con el nuevo CONPES de la nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), algo hay, pero no tiene la contundencia y la fuerza que uno podría estar esperando en estos tiempos de crisis climática.»
¿Qué piensa el gobierno de lo que ocurre en el archipiélago? El Ministerio de Ambiente del Gobierno Duque respondió a través de la oficina de prensa que el asunto es resorte de Parques Nacionales y la Unidad Nacional de Tierras.
El Jefe del Parque Nacional remitió a Orlando Molano, anterior Director Nacional y este no contestó el llamado, el derecho de petición y un cuestionario. La exdirectora de Parques Nacionales, Julia Miranda, tampoco respondió las preguntas sobre el manejo del parque en décadas anteriores.
Algunos de los líderes de San Bernardo critican la ausencia prolongada de las instituciones en la vida de los isleños. Uno de ellos es el profesor Alexander Atencio, director del colegio de Santa Cruz del Islote, quien a lo largo de 20 años ha emprendido batallas legales para hacer valer los derechos de la comunidad. Recalca que además del cambio climático, por el abandono de los gobiernos es que las islas han ido desapareciendo. Asegura que las instituciones han sido inoperantes en hacer una articulación con la comunidad porque no es solo dictar normas y prohibir, sino buscar el diálogo y promover actividades de co-manejo, como se hace en algunas regiones del Pacífico.
Por eso la investigadora Vilardy opina que, en tiempos de emergencia climática, con una aceleración de los impactos socioambientales, la respuesta del Estado es paquidérmica y ante esto las comunidades deben exigir más.
Refugio de Pescadores con una barrera de caracol pala para proteger a la isla contra el oleaje, en Isla Panda. Foto: Ignacio Galán
Desintegración de Isla Panda en la zona habitada. Foto: Ignacio Galán
Centenares de conchas de caracoles son utilizadas por los pescadores como rompeolas para proteger lo que queda de Isla Panda. Foto: Ignacio Galán.
“Hay países donde tienen una infraestructura y unas capacidades mayores ─donde la velocidad puede ser un poquito mayor─. En nuestro país atender la crisis climática está siendo extremadamente lento. La estrategia 2050, que es la estrategia a mediano y largo plazo, tiene una información robusta pero la posibilidad de que esa información sea incorporada a las alcaldías, a los municipios, a los diferentes actores productivos u otras instituciones, está siendo super lenta. Lo mismo pasó con la tercera comunicación de cambio climático, tú ves hoy en día los planes de desarrollo municipal, los planes de manejo de cualquier área protegida, no han logrado incorporar esa información.
Además de que el Estado responde muy lentamente con lo que ha logrado avanzar, la incorporación de estos ─los instrumentos de manejo y de gestión─ está siendo súper lento. Al Estado le cuesta mucho aprender lo poco que hace, la poca información que logra gestionar. Por eso ahí, en toda esta escena climática, es tan importante la acción ciudadana. Porque como es tan evidente en todo el mundo, a los ciudadanos les ha tocado ese papel de dinamizadores de la acción, de la incidencia, para poder acelerar un poquito las acciones del Estado que es mucho más rígido y paquidérmico. Por eso es tan importante, en estos temas climáticos, que la acción ciudadana sea decidida, porque al final son los ciudadanos los que tienen que darle la cara».
Terminado el recorrido por las islas, Yeison enciende el motor del bote y emprende el regreso. Atrás quedan Ceyzén, Mangle, Tintipán, Islote y Múcura. Ondeando sigue la hilacha siniestra del bajo Maravilla. Cualquier día el mar se la llevará, como pasa cada tanto. Entonces, un buen pescador correrá a buscar otras astas para enterrarlas en el lodo coralino ─y en ausencia de una boya que ice la bandera nacional─ amarrará un plástico nuevo. Así no se perderá la insignia, memoria insular contra el olvido.
En los pequeños poblados la vida seguirá, los pescadores volverán a faenar temprano. Las mujeres de Puerto Caracol barrerán, con escobas de esparto, los charcos que los aguaceros dejan. Se reunirán temprano los corrillos frente al mar para tomar café y hablar del inagotable asunto de la ‘islita’.
Fue en uno de esos corrillos que se formó el 17 de mayo, mientras caía el chubasco mañanero que, Andrés Julio, un joven pescador, dijo: Isla Maravilla todavía existe, lo que pasa es que ahora está bajo el mar.
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CREADORES
Este informe especial fue producido en una alianza periodística de la Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, como parte del proyecto Narrativas Climáticas del Periodismo Regional, bajo el patrocinio de la Fundación Heinrich Böll Colombia, CENSAT Agua Viva y el Ministerio de Medio Ambiente Alemán.
Este material está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace de la publicación original.
Delio Suárez es un líder indígena de la etnia tucano en la Estrella Fluvial del Inírida que realiza producción sostenible de miel de abejas. Habla de la importancia de la estrella Fluvial del Inírida, de extinción y la minería ilegal en el Guainía.
Es de la etnia tucano y la autoridad territorial en el resguardo Almidón la Ceiba, en Inírida, Guainía, departamento amazónico colombiano. Lleva más de 27 años liderando su comunidad y actualmente dirige la Corporación Mesa Ramsar Estrella Fluvial, encargada de proteger este ecosistema en el Guainía.
Este es un sitio Ramsar en donde confluyen tres grandes ríos, el Guaviare, el Atabapo y el Inírida. Cada uno llega con sus colores, lo cual genera paisajes únicos. Desde 2014 tiene la categoría Ramsar, por la importancia mundial de sus humedales, su biodiversidad y culturas indígenas. Esta designación busca que esos atributos sea preservados. Delio Suárez es quien hoy encabeza esta tarea.
Él fue invitado al lanzamiento de un libro sobre el Guainía del que hizo parte a través de las expediciones al río Guaviare y el Inírida, realizado por WWF y la Fundación Omacha y el Instituto Sinchi. También participó en el Plan de Manejo de la Estrella Fluvial del Inírida, entre 2015 y 2018.
Delio Suárez lleva más de 27 años cuidando e investigando la Estrella Fluvial del Inírida. Lidera proyectos productivos y de investigación de las abejas endémicas de la zona, también de pesca y turismo sostenible. Su experiencia, además, incluye el uso de cámaras trampa para estudiar especies amenazadas como el jaguar. Esta técnica la aprendió con la ayuda de investigadores de la Fundación Omacha. “Mi universidad ha sido la curiosidad. La selva. Todo lo que veo que otra persona sabe; me gusta seguirle, ver qué hace”.
Delio Suárez, líder indígena del resguardo Almidón La Ceiba, en Inírida, Guainía. Foto: Joaquín Castro/WWF Colombia.
¿Qué hace única a la Estrella fluvial del Inírida?
El río Inírida tiene un color de agua con PH diferente que el del Guaviare. Bajando más, está el río Atabapo. (En la Estrella) desembocan el Inírida, el Guaviare, el Atabapo y el Ventuari de Venezuela. De ahí para abajo se forma el Río Orinoco con todos esos colores de agua. Es un gran potencial de agua dulce. Es hermoso. Cuando usted viaja en el avión, ve la desembocadura del Guaviare y el Inírida. Se ve como una bandera porque el agua del Guaviare es turbia y las demás son negras, pero claritas.
¿Qué objetivo tuvo la designación de la Estrella Fluvial del Inírida como sitio Ramsar?
El objetivo de que la Estrella haya sido declarada como sitio Ramsar es conservar el uso y manejo sostenible de los territorios de nosotros. Entre biólogos, ictiólogos, el Instituto Sinchi. Que podamos utilizar esas especies de peces, los mamíferos para nuestro consumo, pero de manera responsable, sostenible. Que no se acaben esas especies.
¿Quiénes conforman la Corporación Mesa Ramsar Estrella Fluvial que administra el sitio? ¿Qué etnias?
Somos varias culturas indígenas. Yo represento el río Inírida. Camilo, otro amigo puinave representa el Cañobocón. Por el río Guaviare también hay un líder capitán sikuani. Somos diferentes etnias. Por Laguna negra, están los curripacos. También están los cubeos, guananos del Vaupés. Para la parte del río Atabapo, están los curripacos, los baniva y una parte de los yerales.
¿Qué iniciativas de producción sostenible lidera?
En mi resguardo Almidón La Ceiba, tengo un proyecto de abejas melíferas, meliponas. Ya llevamos ocho años. Estuvimos trabajando desde la investigación de un profesor que estuvo acá por cuatro años, un alemán. Nos dejó una formación que nosotros seguimos avanzando y hoy somos una asociación. En este momento tenemos 196 colmenas con seis especies. Estamos trabajando 30 familias. Eso nació con estudiantes de universidad que nos visitaron.
Paisaje en Inírida. Foto: Camilo Díaz/WWF Colombia.
¿Qué es una abeja melipona? ¿Qué tipo de miel dan?
Esto es meliponicultura, no apicultura. Porque las abejas no tienen aguijón, esas son las llamadas apis. Estas son nativas, amazónicas. La miel de las melíponas es diferente a la miel de apis (las de aguijón o abejas africanizadas). La de las abejas apis es viscosa. La de las abejas meliponas es líquida, transparente, con una acidez un poquito más alta que las de apis. Es una miel medicinal. La estamos comercializando a turistas que nos visitan. Hicimos la ruta de la miel, donde estamos trabajando con una empresa asociada y nos visitan muchos turistas. Les hacemos la ruta y luego les vendemos la miel. También se vende por encargo en Inírida. Para el año que viene, calculamos que vamos a tener buena producción y podemos vender a alguna empresa que contactemos. Vamos a hacer un estudio de extracción de propóleo y cera. Nosotros tenemos un producto orgánico.
¿Qué apoyo estatal han recibido?
Tenemos un apoyo de la corporación autónoma, CDA, por negocios verdes. Con la CDA estamos trabajando para sacar una licencia ambiental, eso es lo que nos falta. También contamos con un apoyo de la Gobernación, la Alcaldía y Visión Amazonía. Nos ayudan a fortalecer la parte de insumos. Este producto no necesita registro Invima—sello de calidad de una entidad estatal en Colombia; con ese nombre permite comercializar ciertos productos como garantía de seguridad para el consumo humano—, porque lo transforman las mismas abejas.
Colmena. Foto: Conservación Internacional Colombia.
El proyecto productivo de las abejas, ¿también le ha servido como insumo de investigación?
Sí. Estoy haciendo un libro sobre las abejas. Cómo se extraen de su vida silvestre, cuántos años vive la abeja. Una reina vive 3 años, las obreras 4 meses porque trabajan día y noche. Los zánganos, 8 meses. La reina se aparea con un zángano que ella escoge. Las obreras vuelan hasta dos kilómetros para polinizar. Es una polinización inmensa, es un trabajo importantísimo.
¿Están en riesgo las poblaciones de abejas de la zona?
Hay buena población, no hay riesgo. Estamos manejando seis especies. La angelita, la más chiquita, la más común. La otras son endémicas: la plebeya, la crinita, la compressipes, la eburnea, la walleriana y la Scaptotrigona eburrea. Son abejas amazónicas. No pican.
¿Cómo está la situación de conservación de especies?
Llevamos seis años y hemos logrado identificar qué especies hay que proteger. El bocachico (pez de agua dulce) está en todo lado, está seguro. Las demás especies sí están en un desequilibrio, porque casi todos sus individuos son juveniles.
¿Qué especies están en riesgo?
Aquí hay 48 especies de peces en ríos y lagunas. Algunas especies se están extinguiendo. El 70 % de peces ornamentales —de decoración, para acuarios— salen del Inírida. Falta cuidar las especies endémicas como el escalar (también conocido como pez ángel), que es de ornamentación. Espero que la comunidad científica nos ayude a conservar esa especie, a explotarla de manera sostenible, tanto los ornamentales, como los de consumo. En peces, la mojarras loras que tienen muy pocos huevos, la palometa y el bocón.
En mamíferos, la guagua o la lapa, un roedor nocturno. La carne es muy deliciosa, entonces la estábamos consumiendo mucho, pero ya la estamos conservando.El tapir (o danta), porque solo tienen sus hijos una vez al año.
Danta (Tapirus terrestris). Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Conservación Internacional y Amazon Conservation Team.
¿Qué proyectos productivos tiene con la pesca?
Vendemos peces ornamentales (para acuario) de las lagunas. El escalar, el pez endémico. Se trabaja por los lados del río Inírida, del Cañobocón. También por los lados de Venezuela, por el río Ventuari y por el Atabapo. Pero, en la pandemia todo se frenó.
La pesca deportiva también la tenemos. Aquí la pesca deportiva nació con el objetivo de conservar especies, como el pavón, la payara. Se pescaba y se soltaba. En la pandemia todo eso bajó. La Corte Constitucional decidió que (la pesca deportiva) es maltrato animal después de que unos ambientalistas dijeron eso. Nos reunimos parte de los pescadores de Colombia y vamos a mandarle un oficio a la Corte diciendo que eso no es maltrato. No estamos maltratando, estamos conservando los peces. En las lagunas estamos repoblando especies. No hubo consulta con las comunidades ni con los investigadores.
¿Qué tan activo está el turismo?
Está fuerte. Nos gusta mostrar lo que tenemos. Tenemos que formarnos en el turismo. La estrella fluvial tiene 24 comunidades.
¿Cómo está la situación de la minería ilegal?
Cerca de Inírida no hay problema. Ya más lejos, por la cabecera del río Inírida, como a 15 días, sí tienen problemas, eso dicen.
Hay comunidades en donde está la minería y (sus líderes) dicen que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Pero desde 1959 el Guainía está declarado como reserva forestal. No sé si conocerán esa ley. Pero no se puede pasar por encima de la Constitución. No se debería hacer.
Una draga de minería ilegal en el Chocó, Colombia, una región distinta al Guainía, donde también se vive la problemática con sus propias dinámicas. Foto: Cortesía Codechocó.
¿Hay problemas de mercurio con los peces o la salud humana?
Sí, está todo muy contaminado. No sé qué vamos a hacer. El río Inírida y el Atabapo. Hay información de que hay gente afectada con mercurio en Inírida. Eso es por la minería.
¿Cómo está la deforestación en la zona?
Por el río Inírida no hay problema. Con parte del campesinado del río Guaviare, sí había problemas, pero ya se está tomando consciencia, se está hablando para un manejo más técnico en ganadería, que sea menos agresiva. Sí estaban deforestando mucho.
¿En qué difieren las culturas indígenas de la occidental en el manejo del medio ambiente y el territorio?
Nuestra cultura es muy diferente. Tenemos diferentes formas de alimentación a la del campesino. Pero en la estrella fluvial también están los campesinos. Estamos trabajando juntos, cada uno con su cultura. Si no protegemos los ríos, las selvas y las lagunas nos quedaremos sin nada. Son nuestra fuente de alimentación.
¿Cómo inició su interés investigativo?
Mi universidad ha sido la curiosidad. La selva. Todo lo que veo que otra persona sabe, me gusta seguirle, ver qué hace. Hay biólogos que son personas muy colaboradoras. Personas muy interesadas en ver qué pasa en el planeta. También porque queremos escribir para que la siguiente juventud, tenga el conocimiento y siga conservando. Es el compromiso de nosotros mientras vivamos, dejarle (el conocimiento y la conservación) a la siguiente generación.
¿Qué le han dejado las interacciones con científicos y estudiantes?
Para nosotros ha sido un aprendizaje grande. Por ejemplo, el tema de las cámaras trampa. Así hemos visto si aún hay una especie que pensamos que ya no la había. De aves, mamíferos. Toman fotos de todo lo que se mueve. Ya conociendo (esa información), sabemos que hay que conservar más porque están amenazados, pero aún quedan individuos.
Así también se han tomado fotos del jaguar. El jaguar ataca cada 15 días o cada mes. Va por las especies que le gusta comer. Siempre está detrás de los cajuches o marranos de monte. Son poblaciones grandes de 60, 80 (cajuches). La mayoría son hembras. Hemos hecho la investigación y (los cajuches) ponen bebes cada tres meses. Cada hembra está poniendo entre cuatro y seis crías. Es una población sin peligro de extinción. (Lo de las cámaras trampa) nos lo enseñaron los de la Fundación Omacha, una profesional nos enseñó a manipularlas (las cámaras), a ponerles las pilas, cómo se encienden. A trabajarlos con GPS, para dejar las cámaras trampa cada dos kilómetros.
¿Cómo está la situación económica en su resguardo?
Aquí lo que se dice pobreza, pobreza no hay. Hay un equilibrio. Desde el Guaviare, el Inírida, trabajamos en estos proyectos (como el de las abejas), en artesanías, así como en cultivos de mañoco y casabe. Tenemos nuestras tierras, nuestros montes, el alimento no nos hace falta. Aquí hay 48 especies de peces en nuestros ríos. Hay mamíferos como la danta, el venado, la guagua o lapa, el picure, el armadillo. En aves tenemos el paujil, gallinetas y las pavas.
¿Cómo pescan?
Una de las técnicas es el kakure, para pesca de consumo. Es una trampa que se usa desde los ancestros, eso lo hizo el dios de nosotros. Él nos enseñó cómo poner las trampas. Esas trampas las pone uno para agarrar pescados, charapas o tortugas, les pone carnadas especiales y así solo entra esa especie. Depende de qué pepas (alimento o carnada) ponga, entra una especie específica de pez. El (kakure) es peligroso porque también puede entrar el buio (la anaconda), la piraña, la raya. Tiene que ver con la técnica cómo va a sacar el pez atrapada.
Es muy efectivo para conservar (las especies) porque tiene una estrategia muy buena. Están tejidas un poco anchas con bejuco para que solo entren (y queden atrapados) los (peces) adultos, los jóvenes así se salen. Los abuelos sabían mucho como conservar la especie a través del tejido de las trampas que ellos hacían.
Su resguardo participó de la iniciativa de recolectar información con los Índices de Bienestar Humano Indígena (Ibhi) de la mano del Instituto Sinchi. ¿Cómo vivieron ese proceso?
Sí, lo de los IBHI se hizo. Fue una entrevista de cómo estamos nosotros como pueblo indígena, qué hace falta, qué se ha perdido, cómo estamos los líderes. Un monitoreo. A veces uno no se da cuenta de qué está pasando con el territorio. (Los IBHI) hacen recordar mucho (caer en cuenta de la situación) como comunidad.
En la Amazonía oriental colombiana también habitan indígenas en aislamiento voluntario. Foto: Sergio Bartelsman, Fundación Gaia Amazonas.
¿Cómo está la situación de conservación de los dialectos y lenguas indígenas?
La mayor parte del dialecto indígena se conserva. Las lenguas puinave, el curripaco, el cubeo, el tucano todavía se conservan. Aún todos hablamos, pero también hablamos el español. Las comunidades volvieron a tomar consciencia. Hubo un momento en que sí hubo un peligro. Se está volviendo a rescatar la lengua materna.
¿Qué expectativas tiene en el nuevo gobierno?
Ha dado más importancia al campesinado, al pueblo indígena. En mi concepto tengo esperanzas de que se haga algo de lo que dijo él (el presidente Gustavo Petro).
Imagen superior: La Estrella Fluvial de Inírida se combinan ríos de aguas blancas como el Guaviare, claras y negras como el Inírida. Foto: Simón de Man/WWF Colombia.
Un lugar de especial belleza es Isla Múcura, en el Caribe Colombiano. Hace parte del archipiélago de San Bernardo, jurisdicción administrativa de Cartagena, Bolívar.
Esta área está siendo afectada por la intrusión marina, es decir, invadida por el mar que ha penetrado áreas terrestres. La intrusión podría terminar en la división de la isla, según explica la investigadora Karem Acero, tal y como ha ocurrido con las islas Ceyzén y Panda.
Antiguamente en este lugar cubierto por mangles había un camino que conectaba al poblado de Puerto Caracol con la Playa Pública, en el norte de la isla, pero ante la arremetida marina, los pobladores se vieron obligados a construir un paso en madera, que denominaron el Puente del Amor.
Contratos ficticios, malos manejos de la sobretasa ambiental y un carrusel de contratación forman parte de las irregularidades de la principal autoridad ambiental de Bolívar, durante la última década.
Pese a ser la autoridad ambiental de Bolívar, Cardique es más reconocida por las denuncias de corrupción que por su praxis técnica. También por los vasos comunicantes de varios de sus cargos clave con el investigado empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.
Estos son cinco hechos recientes que evidencian la profunda crisis que vive la entidad encargada de preservar los ecosistemas en 20 de los 46 municipios de Bolívar y con injerencia en Cartagena.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció, el 21 de septiembre, una sanción por $3.106 millones a 51 agentes de mercado y 19 personas naturales, que violaron la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por Cardique, autoridad ambiental de Bolívar.
La SIC encontró colusión en esos contratos, que buscaban la relimpia y el mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas de Bolívar. También el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 municipios.
La colusión es una práctica en la que empresas acuerdan ciertos precios para incrementar sus beneficios y asegurarse los contratos en detrimento de otras firmas y de la libre competencia.
Por esta razón, la SIC sancionó a seis funcionarios y exfuncionarios de Cardique, quienes “habrían facilitado y tolerado las conductas anticompetitivas” a favor de quienes participaban como proponentes. Entre esos sancionados está Ángelo Bacci Hernández, actual director de la entidad.
La sanción de la SIC partió de los resultados de una auditoría de la Contraloría General en 2017, que resaltó “la ausencia de planeación y de selección objetiva” en los procesos convocados por Cardique en 2016, “situación que presuntamente habría generado una indebida ejecución de los contratos y, por tanto, una posible malversación de los recursos públicos”.
Por esos contratos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 a los funcionarios Olaff Puello, Katherine Martelo, Saray Hernández y Dalis Esther Herrera, y a los contratistas Freddy Rodgers y Bernabé Maldonado.
2. El contrato fallido de la Ciénaga de la Virgen
La auditoría que la Contraloría General le hizo en 2017 a Cardique arrojó que no había fundamentos jurídicos ni técnicos para que esa entidad ambiental hubiese celebrado en 2007 un contrato con el Consorcio Ciénaga de la Virgen, por $33.259 millones.
Ese contrato terminó siendo fallido, pues la Contraloría señaló una desconexión entre los trabajos supuestamente hechos en el cuerpo de agua y los diseños contemplados en los pliegos de licitación, aunado al nulo monitoreo de Cardique.
La empresa AGM Desarrollos SAS (antes Hilsaca Construcciones) tuvo participación mayoritaria en el consorcio. Se trata de una firma que pertenece al investigado empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, a quien en Cartagena desde hace más de 20 años lo consideran el poder determinante de lo que pasa en Cardique.
Los vasos comunicantes de Hilsaca con quienes han ocupado puestos clave en esa entidad ambiental han sido una constante durante las últimas dos décadas.
De hecho, pese a ser la autoridad ambiental en 20 de los 46 municipios de Bolívar y tener incidencia en Cartagena, Cardique es más reconocida por el influjo de la corrupción casi desde su fundación que por su proceder técnico.
Además de la Contraloría, en 2018 la Procuraduría General pidió la suspensión del contrato de la Ciénaga de la Virgen debido al posible daño patrimonial. El acto de liquidación del contrato, en efecto, se firmó el 23 de noviembre de 2018, tres años antes de su vencimiento y sin mayores transformaciones ambientales para ese cuerpo de agua cartagenero, en estado terminal por su alta contaminación.
Panorama de caños y canales que desembocan en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena.
3. Manejo irregular de la sobretasa ambiental
La Contraloría encontró otra irregularidad en el contrato de recuperación de la Ciénaga de la Virgen. Aunque inicialmente fue firmado por $22.173 millones, ese proyecto terminó costándole al erario $33.259 millones, después de cuatro adiciones presupuestales y tres modificaciones al manejo administrativo de esos recursos.
Eso pasó porque a los cuatro meses de que Cardique adjudicó las obras, el Consorcio Ciénaga de la Virgen (Hilsaca Construcciones ⎼hoy AGM Desarrollos SAS⎼, 75 % de participación; Servicios de Dragados y Construcciones SAS, 25% restante) logró el control total sobre el encargo fiduciario al que eran transferidos los recaudos por la sobretasa ambiental, cobrada en el impuesto predial de los cartageneros y en los peajes Marahuaco y Puerto Colombia, en la vía Barranquilla–Cartagena.
Con esa plata fue que Cardique proyectó la financiación de los trabajos en la Ciénaga de la Virgen por 14 años.
Fue así como, después de una primera modificación firmada el 9 de octubre de 2007, ese privado comenzó a administrar unos dineros que por Ley debieron estar siempre bajo la batuta de Cardique, contó la organización periodística Consejo de Redacción en la investigación ‘El factor Hilsaca en la contratación de Cardique’.
El equipo auditor se encontró con la ausencia de fundamentos jurídicos y técnicos para la celebración de este contrato, especialmente por las condiciones en que se firmó: año a año Cardique y el contratista iban definiendo las obras a intervenir, según los millonarios recaudos por sobretasa ambiental.
En un año ese tributo por Impuesto Predial genera hasta $55.606 millones, como ocurrió en 2018, mientras que por peajes unos $1.641 millones, divulgó la Contraloría en una auditoría financiera que le hizo a Cardique en 2018 y publicó en noviembre de 2019.
La Contraloría de Bolívar además encontró un posible detrimento patrimonial en ese contrato por $54.817.503 y les abrió, en 2018, un proceso de responsabilidad fiscal al entonces director de Cardique Olaff Puello, al Consorcio y a los interventores Tecnogestiones Ltda y Consig Ltda.
El ente de control no encontró evidencias de que el Consorcio Ciénaga de la Virgen hubiese pagado todas las comisiones que le correspondían por ser el administrador de la fiducia. Por el contrario, los casi $55.000.000 salieron de dineros que le pertenecían a Cardique y no de los recursos propios del privado, como lo establecía el contrato.
4. Contratos ficticios para caños y arroyos
La Fiscalía dijo en 2018 que en Cardique hubo un entramado de contratos fantasmas, porque esa entidad adjudicó en 2016 unas 220 obras que nunca se hicieron, para la supuesta limpieza y mantenimiento de arroyos y caños con problemas de sedimentación. Contratos que causaron un detrimento patrimonial de al menos $27.900 millones.
Por esa contratación ficticia, soportada con facturas, planos topográficos y registros fotográficos falsos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 al exdirector de Cardique Olaff Puello Castillo, a tres de sus subalternos (Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos en la CAR) y a dos contratistas (Bernabé Maldonado Maldonado, contador, y Fredy Rodgers, topógrafo).
Durante la toma de bienes, la fiscal Catalina Noguera anunció que, después de Puello, la segunda funcionaria más importante en ese desangre de recursos era Luz Dary Benavides Piza. “Era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, informó la fiscal.
Benavides Piza es una ingeniera civil que trabajó en la Subdirección de Planeación de esa CAR hasta 2019, cuando la Fiscalía le perdió la pista. En su paso por Cardique (al menos 15 años) era reconocida por su cercanía con Hilsaca. Fue ella quien en 2007 recomendó la adjudicación de las millonarias obras para el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen, como se lee en la evaluación del proceso licitatorio.
5. Últimos lugares en Índice de Evaluación de Desempeño Institucional
En las evaluaciones de desempeño institucional, realizadas por el Ministerio de Ambiente, Cardique ha ocupado el último lugar o ha estado entre el pelotón de las 33 corporaciones ambientales de Colombia.
El Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI) muestra, año tras año, cómo funcionan los procesos administrativos, financieros y técnicos en esas entidades.
El Ministerio mide el Índice en una escala de 0 a 100 puntos posibles: cuando el resultado está entre el 40% y el 60%, el desempeño de la corporación es bajo. Menos del 40% es un desempeño crítico.
En la medición de 2021, la más reciente, Cardique quedó entre las tres corporaciones con evaluaciones más bajas: sacó 42,03%. En las mediciones de 2019 y 2020, la realidad no fue muy distinta: Cardique marcó 34,56 (crítico) y 46,27 puntos (bajo), respectivamente.
Al ser indagado por El Universal, el director de Cardique Angelo Bacci atribuyó el mal desempeño de la evaluación de 2019 a información incompleta de la que el Ministerio partió para medir a la institución a su cargo.
Aunque esa es la respuesta de Bacci, el indicador en rojo ha sido una constante los últimos años en esa corporación.
Foto superior: Ciénega de la Virgen / Archivo particular
Agua y biodiversidad es el tema de la XI edición del evento —organizado por la Universidad Central— que contará con más de 25 expositores.
Ocho universidades y más de 25 expositores se reúnen este jueves 29 de septiembre en el XI Foro Nacional de Agua, para discutir iniciativas y conocer proyectos relacionados con la temática ‘Agua y biodiversidad un asunto del desarrollo sostenible”.
El evento se enmarca en una discusión abierta sobre tres ejes alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Gestión sostenible del agua; agua y biodiversidad; y el rol del derecho y la economía en el acceso universal y equitativo al agua potable.
«El XI Foro Nacional del Agua es un evento sin ánimo de lucro, que involucra además del sector académico, a organizaciones e instituciones del sector público y privado, como actividad propia de la Universidad Central y su relación con la sociedad, el conocimiento y el desarrollo del país», explicó Carolina Espitia, directora del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central.
La agenda académica
La instalación del evento se realizará en el Teatro de Bogotá, de 8:00- 9:05 a.m. a cargo del rector Jaime Arias y directivas de la Universidad.
Como conferencista principal fue invitado el experto internacional: Pabel Antonio Cervantes Avilés, líder emergente de la Asociación Internacional del Agua (IWA) y profesor asistente del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, quien discertará sobre El valor del agua: una visión global y transdisciplinaria.
De 9:10 – 9:35 a.m.. Conferencia: Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales (PMAR) 2020-2050, con la expositora Alba Milena Zuluaga Castaño, ingeniera sanitaria y ambiental del Grupo Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bogotá, D. C..
Entre 9:40 y 10:00 a.m., se presentará la conferencia: Riqueza de la biodiversidad de la ciudad de Bogotá D.C. con los expositores Luisa Fernanda Moreno Panesso, directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, y Juliana Rodríguez Ortíz, coordinadora del Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad de la misma entidad.
Foro Nacional del Agua 2022
Panel temático
Participan, Pabel Antonio Cervantes Avilés, líder del International Water Association (IWA) y profesor asistente del Instituto Tecnológico de Monterrey de México; Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, director técnico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Luisa Fernanda Moreno Panesso, directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; Dora María Moncada Rasmussen, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Angie Carolina Martínez, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública, capítulo de Salud Ambiental y de Voces 2030, Apartado de Ordenamiento Territorial, consultora pública y privada en programas de espacios del agua y suministro de agua.
También participan, Jorge Enrique Muñóz Barragán, experto en manejo y evaluación del recurso hídrico continental y profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central; Eduard Sarmiento Hidalgo, presidente de la Comisión Legal de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Congreso de la República; Ana Carolina Santos Rocha, investigadora del Instituto Humboldt. Como moderadora estará Olga Cecilia Guerrero de Red Prensa Verde.
Proyectos desde la academia
3:30 a 3:45 p.m.. Se darán a conocer los proyectos: Análisis de la calidad del agua para la quebrada Barichara, como propuesta de reutilización de aguas para riego de cultivos en la vereda Chahuete en Santander, Colombia. Expositores: Ingrid Melisa Pérez Rodríguez, investigadora del Grupo de Investigación en Ingeniería Sanitaria (GIIS), Bogotá y Juan Sebastián de Plaza Solorzano Director del GIIS de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá
3:45 – 4:00 p.m.. Proyecto: El recurso hídrico en la región metropolitana de Bogotá: Desafíos para afrontarcon el expositor: Jair Preciado Beltrán, docente investigador de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
4:00 – 4:15 p.m.. Proyecto: Implementación de un sistema de tratamiento individual para mejorar la calidad de agua de La Vereda, Sabaneta, San Francisco, con los expositores, Tatiana López María Bohórquez, estudiantes de doble programa – Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia de Bogotá.
4:15 – 4:30 p.m.. Proyecto: Evaluación de la eficiencia del mucílago del tallo de pitaya como coagulante natural para el tratamiento de agua cruda. Expositor: Luis Fernando Bermúdez Uribe, egresado de la Universidad Católica de Colombia; Felipe Santamaría Alzate y Yuri Alejandra Caicedo Páez, docentes de la Universidad Piloto de Colombia, de Bogotá.
4:30 – 4:45 p.m.. Proyecto: Gobernanza del agua. Expositores: Alfonso Avellaneda Cusaría, director del programa de Ingeniería Ambiental y María Paula Quintero, docente de la Universidad El Bosque de Bogotá.
4:45 – 5:00 p.m.. Proyecto: Cálculo de vulnerabilidad por exposición asociada a las zonas de riesgo y amenaza de inundación del caño (río) Maizaro en el municipio de Villavicencio, Colombia. Expositor: Didier Camilo Sierra Director de la Escuela Territorial del Agua (ETA), de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá.
También se tendrán intertvenciones de la Universidad Manuela Beltrán y del Colegio Minuto de Dios de Bogotá. Habrá una sesión de preguntas moderadas por Maritza Paez Silva, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas Universidad Central y el evento cierra con la relatoría del Foro por Óscar Javier Medina González, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas Universidad Central.
El encuentro cuenta con la alianza de la agencia Ambiente y Comunicaciones y Red Prensa Verde.
Fotografía superior: Laguna La Calderona/Corpochivor.
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) publica el Primer reporte sobre el estado de los modos de vida y territorios aborígenes del departamento del Amazonas.
El documento da a conocer los Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI),herramienta no convencional creada desde el Instituto Sinchi como un sistema de información que permite valorar y seguir los cambios en la vida y los territorios indígenas de la Amazonia colombiana.
Según la entidad, se trata de 21 indicadores diseñados bajo un enfoque diferencial y se enmarcan en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas: “Se constituyen como instrumento para la gestión de información y el apoyo a la toma de decisiones de las Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Amazonas”.
Comprenden el análisis de los patrimonios ambientales, culturales, sociales y económicos y están estructurados en cinco grandes áreas: control colectivo del territorio, agencia cultural autónoma, autonomía alimentaria, ambiente tranquilo, autocuidado y reproducción.
“Cuando se aplican estos indicadores en las comunidades indígenas se puede comprender, por ejemplo, la vigencia de las autoridades tradicionales, las razones del flujo poblacional, el uso de la lengua propia, los niveles de educación formal como mecanismo de desarrollo e interactuación con las sociedades externas, la base natural sobre la que se sustenta la alimentación como el número de especies cultivadas, recolectadas, cazadas y pescadas disponibles”, explica el Sinchi.
Los indicadores también revelan los niveles de transformación y conservación de las especies y la disponibilidad de semillas propias; la existencia y las repercusiones de problemáticas sociales que afectan la tranquilidad en los territorios; la presencia del Estado y la prestación de servicios públicos como agua potable, disposición de las aguas servidas, recolección de basuras, energía eléctrica.
Y se reporta la atención preventiva y curativa de enfermedades por métodos tradicionales, el tipo de prácticas tradicionales deportivas o los niveles de desnutrición de la población, situaciones que trascienden en la calidad de vida de las comunidades indígenas.
Para Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Dinámicas socioambientales del Instituto Sinchi, “Los IBHI son más que insumo investigativo, son una herramienta y su aplicación ayuda a la planeación de las comunidades indígenas sobre sus propios planes de vida, dándole luces de sus fortalezas y debilidades. Así desde la caracterización hasta la verificación es un ejercicio de investigación propia, donde las comunidades indígenas se cuestionan sobre su bienestar, sus modos de gobernanza, de producción y de salud. De esta manera, los IBHI son una herramienta clave hoy en día para la planificación y toma de decisiones de las comunidades indígenas en la Amazonia”,
¿Cómo se origina?
Acosta, concluyó su Tesis Doctoral en 2013 con la investigación “Pueblos Indígenas de la Amazonia e Indicadores de Bienestar Humano en la encrucijada de la globalización: estudio de caso de la Amazonia Colombiana”. Tres años después, en 2016 el Instituto Sinchi empezó a implementar estos indicadores en los 22 pueblos indígenas del departamento del Amazonas, en sus 26 resguardos indígenas y con las 14 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs) del Amazonas, logrando levantar la línea base de 21 indicadores IBHI. En el año 2021 se aplicaron en el Guainía en las 25 comunidades del Sitio Ramsar EFI y actualmente se aplican en 15 comunidades del resguardo Gran Vaupés.
Junto al investigador Delio Mendoza, se conformó el Grupo de InvestigaciónDinámicas Socioambientales y Culturales, avalado por Colciencias en categoría B, y que hace parte del programa Dinámicas Socioambientales y Culturales del Instituto Sinchi, dirigido por el antropólogo Juan Felipe Guhl.
“Llevamos 20 años trabajando de la mano con Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas, Vaupés y Guainía, comprendiendo sus diversas cosmovisiones y desde el 2015 generamos la propuesta de Indicadores de Bienestar Humano Indígena. Hoy el Instituto Sinchi y el Dane cuentan con una mesa técnica que estudia las posibilidades para que se puedan levantar las líneas base, de esta larga investigación, en todos los departamentos y resguardos de la Amazonía”, afirma el investigador Acosta.
Preparándose para la fiesta, comunidades indígenas de Mitú, Vaupés Foto: Iván Montero /Instituto Sinchi
Conocer más a los pueblos aborígenes
En el departamento del Amazonas existen hoy 22 pueblos indígenas que representan el 57,7 % del total presente en la Amazonia colombiana que abarca los departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés; la Bota Caucana; y las vertientes amazónicas de Nariño y el Sur del Meta.
Según el investigador Acosta, hoy los colombianos sí sabemos cuántos indígenas hay gracias a los datos del Dane, que incluyen, desde el censo del 2018, un enfoque diferencial, pero es un hecho que los instrumentos aplicados para levantar esa información no tienen necesariamente en cuenta la realidad sociocultural, económica y territorial de cada uno de los pueblos indígenas.
Por esta razón era necesario crear una metodología específica para estos pueblos en la que participan dinamizadores o miembros de cada comunidad. El Instituto les retribuye económicamente y son elegidos por una asamblea general y delegados en el territorio. «Los hemos capacitado para que puedan aplicar los formatos de los 21 IBHI, ellos se encargan incluso de advertirnos que en esa comunidad que representan alguna variable debe ser ajustada. Ese es el nivel de detalle de nuestros indicadores».
Ya con los datos en mano, los dinamizadores locales consolidan la información hasta entregar su reporte al Instituto Sinchi, “en algunas comunidades hoy lo hacen desde su computador y nos envían la información digital, nuestra tarea es revisar formato por formato, luego ingresamos la información a nuestra base de datos general y realizamos un encuentro con dinamizadores para que ellos mismo generen una interpretación comunitaria de los datos y puedan socializarlos con su comunidad”, explica Acosta.
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“El proceso investigativo que hoy permite contar con los Indicadores de Bienestar Humano Indígenas (IBHI), ha recorrido un camino abierto desde el año 2003 junto a las Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas como guías espirituales”: Sinchi.
“La implementación de los IBHI ha sido un proceso de concertación permanente con los pueblos indígenas en el departamento de Amazonas, desde su conceptualización, el levantamiento de la línea base hasta el análisis de la información. Esta relación ha permitido la conformación de un marco metodológico que hace de este proceso una experiencia interdisciplinaria e intercultural donde confluyen aspectos técnicos del conocimiento científico y los aspectos culturales y sociales de los conocimientos tradicionales, así como los procesos de participación de las organizaciones de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas”.
Se habla de abundancia, no de pobreza
“Nosotros creemos que el concepto de bienestar está dado por la abundancia, más no por la pobreza. La abundancia es un concepto indígena de la “gente de centro” (uitoto, muinane, bora, andoque, nonuya, miraña y okaina) del departamento del Amazonas, que podría ser asimilado por otras etnias amazónicas desde sus propias perspectivas culturales y determina el apogeo del hombre indígena, al haber conseguido, para su beneficio y el de sus futuras generaciones diferentes elementos que les permitirían sobrevivir: alimento, conocimiento, consejos e identidad, todo enmarcado en un ambiente de relacionamiento espiritual con la naturaleza.
Así, el punto de partida de los IBHI es la abundancia, más no la pobreza, toda vez que el bienestar de los pueblos indígenas parte de la plenitud, en términos de territorio, alimentos y conocimientos, principalmente, mas no de la carencia de elementos, donde la lucha es obtenerlos mas no recuperarlos, como podría ser el caso de los pueblos indígenas.
“La pobreza lleva consigo un fondo material, mientras que el soporte de la abundancia es la reciprocidad y de respeto por la naturaleza. De esta manera los IBHI, se proponen como una forma diferencial para medir el bienestar de los pueblos indígenas”, afirma Delio Mendoza, investigador del Instituto Sinchi e indígena de la etnia uitoto – Gente de Canangucho.
De esta forma, el documento busca poner en conocimiento público los resultados de la evaluación de la información de línea base de cada uno de los indicadores, como punto de partida para posteriores mediciones.
Comunidad de San Martín, Amazonas. Foto: Paola Aponte/Instituto Sinchi
La cocaína es una de las drogas ilícitas más utilizadas en el mundo: se estima que en 2019 unos 20 millones de personas la consumieron, principalmente en América del Norte y Europa. La producción, transporte y consumo le están pasando factura al ambiente, ya que afectan las selvas tropicales, el agua dulce y los ecosistemas estuarinos. Efectos, como los que produce en las anguilas y otras especies acuáticas, se han documentado, pero muchos no se han investigado.
Sean Mowbray / Mongabay Latam / Traducido por Selene Follonier
El impacto medioambiental de la cocaína se conoce desde hace mucho tiempo. Ya en la década de los noventa algunos estudios llamaron la atención sobre la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación en América Latina producidas por las drogas. Hoy en día, los efectos a lo largo de toda la cadena de producción de las drogas ilegales se entienden mejor y están más documentados, pero no se los reconoce ni se los denuncia como se debería.
Mientras tanto, continúa la lucha entre quienes intentan frenar el consumo de drogas ilegales y aquellos que se empeñan en producir, traficar y consumir la droga, a la par que se contribuye a la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra, la contaminación de las aguas con productos químicos tóxicos y al impulso de otras actividades criminales como el tráfico de fauna y flora silvestre y la extracción de oro.
Tanto en los países productores como en los consumidores, el polvo blanco conocido como cocaína está dejando un rastro de destrucción medioambiental que contribuye a la desestabilización del “espacio operativo seguro” vital para que nuestro planeta siga siendo habitable.
Se estima que unos 20 millones de personas consumieron cocaína en 2019. Foto de Jernej Furman a través de Flickr (CC BY 2.0).
En el año 1985, Perú era el centro mundial de la producción de coca: ahí se cultivaba cerca del 65 % de la producción mundial de coca, mientras que en Bolivia se cultivaba el 25 % y en Colombia solo el 10 %. Con los años, el cultivo se concentró, sobre todo, en Colombia, una de las naciones más “megadiversas” del mundo, que alberga cerca del 10 % de la biodiversidad de la Tierra.
La producción de coca y cocaína son solo una parte de una compleja red de problemas que ponen a las riquezas biológicas de Colombia en riesgo. Entre las más graves se encuentra la deforestación: en 2020, se talaron cerca de 13 000 hectáreas (31 100 acres) de la selva colombiana para dar lugar al cultivo de coca. Esa cifra representa el 7.54 % de las 171 685 hectáreas (424 243 acres) totales de árboles que se perdieron en el país a causa de todas las actividades, entre ellas la expansión ganadera y agrícola, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
El mismo estudio halló que hubo un 22.4 % adicional de deforestación (38 449 hectáreas o 95 010 acres) dentro de 1 kilómetro (0.6 millas) de las plantaciones de coca a causa de actividades relacionadas, como la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y actividades tangencialmente relacionadas, como la contribución de la producción de coca al avance de la frontera agrícola.
Dos mujeres cosechan coca en América del Sur. Foto de RioPatuca Images a través de Adobe Stock.Personal colombiano de erradicación manual destruye campos de coca en 2018. Foto de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos a través de Wikimedia Commons (dominio público).
La coca como causa de la deforestación
Analizar cuál es la causa precisa de toda la deforestación adicional es complicado, dice Liliana Dávalos, de la Universidad Stony Brook, quien ha estudiado la relación entre la coca y la deforestación durante 20 años. “Quería descubrir si esto sucedía en lugares donde la deforestación no ocurriría de otra manera”, dice. “La respuesta es que depende”.
Dávalos explica que el grado en el que la producción de coca causa directamente la deforestación depende mucho del lugar. “En la región andina de Colombia, por ejemplo, que hemos estudiado de cerca, en lugares como San Lucas, vemos que la coca desempeña una función desproporcionada donde no se cultivan otras plantaciones o [donde no hay] tierras de pastoreo, o un nivel mucho más bajo de estas… Los efectos sobre la región andina de tierras altas son enormes, y el potencial de daño a la biodiversidad es muy, muy grande según la base de datos espacial con la que contamos”.
En los terrenos más bajos de la región amazónica el panorama es menos claro. “Nos encontramos con que, cuando tenemos en cuenta los factores sociales de la migración [humana], el crecimiento [y] la construcción… en realidad no encontramos una repercusión del cultivo de coca… En la Amazonía, la coca es más un pasajero que un conductor del proceso… se trata de un proceso de deforestación fronteriza que incorpora vastos tramos de terreno al sistema financiero”.
La producción de cocaína genera otros daños. Libera sustancias químicas tóxicas al medioambiente a través de los laboratorios de procesamiento. Entre las sustancias químicas que utilizan comúnmente los magalaboratorios se incluyen tolueno, ácido sulfúrico, acetona y gasolina. Se requieren 284 litros de gasolina para producir 1 kilogramo de cocaína y es probable que una parte significativa del suministro de gasolina de Colombia se desvíe para producir coca. Asimismo, solo se requiere una parte de petróleo vertido para contaminar 750 000 partes de agua subterránea.
Las estimaciones indican que, por año, se usan hasta 3.5 millones de toneladas de sustancias químicas por hectárea, lo que produce la degradación del suelo y más contaminación del agua. En un estudio del año 2014 se determinó que el 98.7 % de las plantaciones de coca también usa insecticidas o funguicidas, el 92.5 % aplica fertilizantes químicos y el 95.5 % usa herbicidas. Junto con el de la cocaína en sí —hallada en los cursos de agua de la cuenca amazónica— el posible efecto tóxico de la producción probablemente sea vasto, aunque se entiende y se controla poco.
La policía quema un laboratorio de coca en Tumaco, Colombia, en 2008. Foto de la Policía Nacional de Colombia a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).
La fumigación aérea sigue planteando interrogantes
La lucha contra los productores de cocaína también ha afectado al medioambiente. Los críticos de la fumigación aérea con el polémico herbicida glifosato, comúnmente conocido como Roundup, argumentan que esta ha dejado un legado de daños al ecosistema y a los seres humanos.
Fomentada y financiada durante mucho tiempo por las oficinas de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, la práctica que comenzó en Colombia en 1994 se prohibió allí mismo en 2015 por la preocupación sobre su papel como carcinógeno. No obstante, el gobierno actual bajo la presidencia de Iván Duque está ejerciendo presión para reintroducir la fumigación para abordar el problema de las drogas. El pasado marzo, incluso, aprobó el uso de drones que sobrevuelan para ese propósito. Aunque se consideran posiblemente eficaces a corto plazo para reducir los cultivos de coca en zonas específicas, dicha reincorporación no solo contaminaría, sino que daría continuidad a otros problemas.
“La fumigación aérea elimina los cultivos de coca rápidamente”, explica Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Instituto Brookings. “Pero lo hace de maneras que resultan problemáticas desde [una] perspectiva medioambiental y de la salud pública humana”.
El año pasado, el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia anunciaron una nueva estrategia antinarcóticos, que incluye un objetivo de protección medioambiental junto con la reducción del suministro de drogas, la seguridad rural y objetivos de desarrollo. “Estados Unidos ayudará al gobierno colombiano en sus esfuerzos para controlar y hacer frente a estos delitos medioambientales que sostienen e impulsan los grupos narcotraficantes que producen un profundo impacto negativo en el medioambiente de Colombia”, afirma un comunicado de presa.
Fumigación aérea con pesticidas. Los críticos de la fumigación con el polémico herbicida glifosato, comúnmente conocido como Roundup, argumentan que esta ha dejado un legado de daños al ecosistema y a los seres humanos. Foto de amissphotos a través de Pixabay.
Una plaga que afecta a pueblos indígenas, flora y fauna
El cultivo de la coca afecta los parques nacionales de Colombia: se estima que 7214 hectáreas (17 826 acres) en 12 reservas federales fueron testigo de la producción ilegal en 2020, un incremento del 6 % respecto del 2019. Catatumbo-Barí es la más afectada; esta área natural sufre la deforestación, la anarquía y una gran variedad de problemas relacionados con el tráfico de cocaína. Entre otros parques y zonas protegidas afectados se incluyen Sierra de la Macarena, la Reserva Nukak y el Nudo de Paramillo.
“Con la coca en los parques nacionales, la producción no es tan grande”, explica Ana María Rueda, investigadora principal de la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, “lo que [se está viendo] es el control territorial [por parte de delincuentes], por ejemplo, relacionado con las rutas de tráfico para sacar la cocaína de Colombia”.
Esta ampliación del cultivo de coca y el procesamiento de la cocaína en tierras protegidas representa un riesgo para la biodiversidad. Una actualización del Índice de la Lista Roja de Colombia en 2020 señaló que el cultivo de coca y su contribución a la pérdida forestal y a la fragmentación del hábitat aumentan el riesgo de extinción de especies de aves como el paujil de turbante (Crax daubentoni), el halcón montés plomizo (Micrastur plumbeus), el dacnis pechirrojo (Dacnis berlepschi) y el tucán andino piquilaminado (Andigena laminirostris). En el informe se observa que de las 13 especies cuyo estado de conservación se vio deteriorado, ocho resultaron afectadas por la expansión ilícita de la coca.
Secado de hojas de coca en el pueblo de Cruz Loma cerca de Coroico, Bolivia. Foto de Matyas Rehak a través de Adobe Stock.
Parque Nacional Paramillo en Colombia. Aunque el cultivo de coca en 12 zonas protegidas en 2019 representa solo una parte de los cultivos totales del país, la penetración en los parques nacionales amenaza la biodiversidad y expone zonas conservadas a una mayor explotación. Foto cortesía de la Agencia Prensa Rural a través de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
Las tierras y los pueblos indígenas también se ven gravemente afectados. Cerca del 50 % de la coca de Colombia se cultiva en zonas de gestión especial, entre ellas tierras indígenas, comunidades afrocaribeñas tradicionales, parques nacionales y otras áreas de relevancia medioambiental.
Esa actividad delictiva ha convertido a Colombia en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para los defensores ambientales: en 2020, hubo 17 ataques mortales contra activistas que apoyaban los programas de sustitución de cultivos de coca.
En la Amazonía peruana, la producción de cocaína y su tráfico amenaza la vida y el sustento de los pueblos indígenas, como los de los asediados shipibo-conibo a lo largo del río Ucayali. “Realmente hemos visto un aumento de las amenazas y el asesinato de líderes de la comunidad en la Amazonía peruana en los últimos años. No voy a decir que todos ellos se relacionan directamente con las mafias de las drogas”, dice Andrew Miller, de la organización no gubernamental Amazon Watch. “Pero creo que varios parecen estar obviamente relacionados con esta lucha más generalizada por el control del territorio”.
Según el gobierno peruano, la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) representaba el 43 % de la coca cultivada en el país en 2020, de un total de cultivos ilegales de 61 777 hectáreas (152 654 acres). En otras regiones peruanas también se ha visto un aumento. “Estamos trabajando con las comunidades, en… Ucayali y Huanaco. Los grupos indígenas de allí dicen: ‘somos el nuevo VRAEM… donde la producción de coca está explotando’”, dice Miller. El año pasado, Mongabay Latam identificó 16 comunidades indígenas amenazadas por la deforestación causada por el tráfico de drogas solo en Ucayali.
El tucán andino piquilaminado es una especie nativa de Ecuador y de una parte del departamento de Nariño de Colombia. El cultivo de coca en la región se considera una de las amenazas a su supervivencia en Colombia. Foto de Ben Tavener a través de Flickr (CC BY 2.0).
El narcotráfico provoca deforestación y degradación
En la década de los ochenta y a comienzos de los años noventa, la cocaína circulaba desde América del Sur hasta los Estados Unidos a través del Caribe. A medida en que los esfuerzos de control cerraban las rutas de tráfico allí, la droga se hacía pasar por los países centroamericanos en tránsito hacia México.
En un estudio realizado en 2022 se halló que la Reserva de la Biósfera Maya perdió unas 234 612 hectáreas (579 739 acres) de selva entre 2000 y 2018. Es uno de los lugares biodiversos más importantes de Guatemala. La pérdida forestal fue particularmente grave en el lado occidental de la reserva, afirma el autor del estudio, Jonathan Vidal Solórzano, lo que podría tener consecuencias para las especies icónicas en peligro de extinción como el jaguar.
“El escenario ideal sería tener grandes áreas donde estos jaguares puedan vivir y también… corredores para que puedan desplazarse de Guatemala a México”, explica. Sin embargo, en la actualidad, “prácticamente no queda superficie forestal o bosques normales, antiguos [en el lado guatemalteco de la frontera]. Ya no hay tanta conexión como solía haber”.
“Cabe destacar que, en Guatemala, 27 de las 86 [zonas protegidas] perdieron más del 30 % de la superficie forestal durante el periodo analizado, y ocho perdieron más del 50 %”, señala el estudio, y el Parque Nacional Laguna del Tigre, por ejemplo, perdió 93 858 hectáreas (231 928 acres). “Algo tiene que cambiar, particularmente la manera en que se gestionan las zonas protegidas con tasas elevadas de deforestación”, afirma Solórzano.
La Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala. La deforestación a gran escala en la región se ha vinculado, en parte, al narcotráfico, afirman los expertos. Foto cortesía de CIFOR a través de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
Aunque los investigadores subrayan que relacionar el transporte de drogas directamente con el cambio de la superficie es complejo, y que no siempre es posible rastrear la repercusión directa e indirecta, con los estudios se están atando cabos. Investigaciones realizadas en 2017, por ejemplo, determinaron que entre el 15 y el 30 % de la deforestación en Nicaragua, Honduras y Guatemala se vinculaba con el narcotráfico. Esta cifra aumentaba al 30-60 % en las zonas protegidas. Estas incluían la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala y la Reserva de la Biósfera Río Plátano de Honduras. Estas estadísticas, afirma Kendra McSweeney, profesora de geografía en la Universidad Estatal de Ohio y parte del equipo de investigación, probablemente estén infravaloradas.
McSweeney y otros científicos observan dos vínculos entre el tráfico de cocaína y el cambio en el uso del terreno, que identifican como narcodeforestación y narcodegradación. En el primer caso, se talan los bosques para despejar el terreno para las pistas de aterrizaje clandestinas. Ese terreno posteriormente se convierte en tierras de pastura para el lavado de dinero y el reclamo permanente del territorio. A continuación, puede producirse una afluencia de efectivo desestabilizadora, que crea una sinergia para la aparición de otras industrias, tanto lícitas como ilícitas. Esto intensifica una mayor degradación y desarrollo.
En un estudio publicado el año pasado se halló que “las pérdidas forestales sostenidas a gran escala” de 713 244 hectáreas (1.76 millones de acres) en Guatemala y 417 329 hectáreas (1.03 millones de acres) en Honduras “se corresponden con zonas cuyo control está pasando a manos de grandes terratenientes, por lo general relacionados con el narcotráfico”.
“No creo que sea exagerado afirmar que el tráfico de drogas es una de las preocupaciones medioambientales de América Central”, comenta Jennifer Devine, de la Universidad Estatal de Texas, quien investiga los impactos medioambientales del narcotráfico en América Central. “No solo por la narcoganadería, sino porque el narcotráfico socava los sistemas de gobernanza en toda la región”.
El debilitamiento de la gobernanza local genera un sinnúmero de problemas de delincuencia, entre ellos “el acaparamiento de tierras en zonas protegidas, el relleno de zonas de humedales, incendios forestales [iniciados por quienes acaparan tierras], actividades madereras ilegales, degradación de los manglares, tala ilegal, tráfico de flora y fauna, extracción de oro y construcción de carreteras”, escribieron Devine y otros en un artículo publicado en 2020 que analiza los efectos generalizados del tráfico de drogas más allá de la deforestación.
Las organizaciones del tráfico de drogas están implicadas en el tráfico de otros bienes ilícitos, como los aserraderos ilegales. Foto de quapan a través de Flickr (CC BY 2.0).
“Lo que realmente preocupa es que el impacto medioambiental del tráfico de drogas está afectado a zonas protegidas”, afirma Devine, ya que el narcocapital blanqueado y la ganadería ilícita “se infiltran en bosques que deberían estar protegidos por ser ecológica y culturalmente vitales”.
Las investigadoras Devine y McSweeney hacen hincapié en que separar los efectos medioambientales y humanos de la “guerra contra las drogas” es sencillamente imposible. “Lo que impulsa el cambio en el uso de las tierras, lo que impulsa la deforestación, es el juego del gato y el ratón”, afirma Devine. “Resulta muy importante recordar que el enfoque de la intervención militar es en gran medida responsable de gran parte del impacto medioambiental que vemos, como el hecho de que se use glifosato en Colombia, [lo que] afecta los cursos de agua, hasta la narcoganadería en América Central”.
Este cambio ocurrió durante la pasada década, dice Nicholas Magliocca, profesor asistente de geografía en la Universidad de Alabama. Los traficantes usan regularmente la península de Osa de Costa Rica, en la costa sudoeste del país, como punto de tránsito: una región conocida por la biodiversidad de su Parque Nacional Corcovado. Aunque se cree que la mayoría de las drogas se transportan por rutas marítimas, también se ha identificado transporte aéreo. “Estamos comenzando a ver que cada vez aparecen más de estas pistas de aterrizaje clandestinas”, dice Magliocca.
El atractivo que Costa Rica ofrece a los traficantes se basa, en parte, en su red marítima legal, que puede explotarse para trasladar el producto. El año pasado, por ejemplo, se incautaron 1.2 toneladas métricas de cocaína que se transportaban en un contenedor de bananas en el Reino Unido.
Pistas de aterrizaje clandestinas en la Reserva de la Biósfera Río Plátano en el este de Honduras. Foto cortesía de Planetscope/Google Earth.
Una cuestión de carbono y equidad
La deforestación impulsada por el narcotráfico y las emisiones de carbono relacionadas son “enormes”, observa Magliocca. No obstante, para él, también es un problema de equidad, porque son los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales las que se ven más afectadas por el juego de la prohibición que se tiene entre los traficantes y las fuerzas del orden.
Un estudio reciente dirigido por Magliocca descubrió que, cuando los esfuerzos de control de las drogas ilícitas en América Central obligaban a los traficantes a cambiar de una ruta a otra, las tierras indígenas solían ser la primera opción. “Las zonas protegidas y los territorios indígenas ofrecen ese tipo de gobernanza de la tierra en disputa, poblaciones marginadas y lejanía que facilitan estas operaciones. Por eso, siempre van a resultar muy atractivas”.
“A menos que se aborden los problemas de equidad y se empodere a estas poblaciones, no se resolverán los problemas de sostenibilidad ambiental”, argumenta Magliocca.
Un escenario similar se observa en países productores como Perú, según Miller, con la incautación de tierras indígenas por parte de narcotraficantes, ganaderos y otros, a menudo ligada a una lucha más amplia por el reconocimiento de los derechos y títulos de propiedad de la tierra. “Los argumentos más inmediatos que [estos pueblos rurales] han esgrimido es que hay que respetar los derechos [de las tierras ancestrales] de… las comunidades locales”, afirma.
Esa falta de respeto también es evidente en los parques nacionales de Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico a menudo implica la expulsión de los habitantes rurales establecidos desde hace mucho tiempo en las zonas protegidas, una práctica que no está funcionando, de acuerdo con Rueda. La investigadora sugiere que ahora existe una oportunidad de que el gobierno firme acuerdos con las comunidades ubicadas en los parques o cerca de estos para brindarles a los pueblos tradicionales un sustento sostenible alternativo vinculado a la conservación.
“Se trata de avanzar hacia la inclusión del enfoque medioambiental dentro del desarrollo alternativo”, afirma Rueda. “Este es un problema social y lo estamos abordando [erróneamente] como un problema de delincuencia”.
Plantación de coca en una colina cerca de Caranavi, al oeste de Bolivia. Foto de Neil Palmer/CIAT a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).
Diversificación de los delitos
En México, las organizaciones del narcotráfico se han visto implicadas en delitos medioambientales tales como la tala ilegal. Asimismo, se han involucrado en negocios legales para invertir y blanquear ganancias ilícitas —como en el lucrativo mercado del aguacate, por ejemplo—, lo que ha provocado una mayor pérdida forestal y presión sobre el agua dulce. Investigaciones recientes realizadas por Felbab-Brown ponen de relieve un vínculo cada vez mayor entre las organizaciones mexicanas del narcotráfico y el tráfico de flora y fauna silvestre a China.
“A menudo, se exagera la conexión entre los cárteles y el tráfico de flora y fauna silvestre”, afirma. Sin embargo, con base en la investigación de campo, ese no es el caso en México. Halló que ahora los narcotraficantes están involucrados en una variedad de negocios, que van desde la industria de la pesca comercial legal hasta el tráfico ilegal de totoabas en peligro de extinción, pepinos de mar y especies terrestres como los jaguares.
La penetración del narco en la industria pesquera es un fenómeno muy conocido, dado que los buques pesqueros a menudo se usan para transportar cargamentos de droga. Un informe de 2020 observó 292 casos de incautaciones en tales buques entre 2010 y 2017 a nivel mundial: un volumen total de 522.1 toneladas métricas por un valor de $16 500 millones. Si bien estas cifras incluyen diversas drogas ilegales como marihuana y metanfetaminas, la cocaína representó, grosso modo, la mitad de las incautaciones.
Además, “dados los grandes volúmenes [de drogas] que se intercambian… los cárteles están recurriendo al trueque con flora y fauna silvestre como transferencia de valor entre economías ilegales”, afirma Felbab-Brown. Explica que las organizaciones narcotraficantes ahora intercambian productos de la flora y fauna silvestre por las sustancias químicas precursoras que se usan para producir drogas sintéticas tales como las metanfetaminas. El problema de las drogas sintéticas sigue creciendo año tras año en la región. Los hallazgos completos se publicarán en una serie de informes en los próximos meses.
“Esto genera una gran amenaza para la biodiversidad en México”, dice Felbab-Brown, especialmente porque se ha hecho poco para frenar el tráfico de flora y fauna a China.
Un submarino totalmente operativo construido con el propósito principal de transportar cargamentos de varias toneladas de cocaína, hallado cerca de un afluente de un río cercano a la frontera entre Ecuador y Colombia e incautado por las Fuerzas Policiales Antinarcóticos Ecuatorianas y el ejército con la ayuda de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Foto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, a través de Wikimedia Commons (Public domain).
En los países productores, las organizaciones narcotraficantes también están vinculadas a negocios lícitos e ilícitos, entre ellos, tráfico de flora y fauna silvestre,tala ilegal y extracción de oro. Puede que los narcotraficantes no participen directamente en estas actividades, pero la infraestructura, las rutas y los métodos de transporte que crean se usan para facilitar estas otras formas de delito, afirma Daan van Uhm, profesor asistente de criminología en la Universidad de Utrecht, Países Bajos.
En la frontera entre Colombia y Panamá, en la región de Darién, los grupos involucrados en la producción de cocaína, tales como el Cártel del Golfo, han incorporado la extracción de oro a sus actividades en los últimos años. La extracción y contrabando de oro se ha catalogado como una de las herramientas más sencillas y lucrativas para lavar dinero en la historia del tráfico de drogas en Colombia. Esta actividad también ejerce presión sobre los bosques y la biodiversidad y contamina el agua con sustancias químicas como el mercurio.
El año pasado, el líder del Cártel del Golfo fue detenido y el gobierno colombiano declaró con optimismo el fin de la operación narco ilegal más grande del país. Sin embargo, “la mayoría de las redes allí operan como subestructuras”, explica van Uhm, quien realizó investigaciones de campo en la región de Darién entre 2017 y 2019. “Están conectadas entre sí, pero pueden operar de forma independiente. No me imagino que [la detención] haya afectado… a la organización del tráfico de cocaína o a los delitos relacionados con el medioambiente”.
Recuperación de fardos de cocaína arrojados a las costas de Colombia en 2018. Ese año se fumigaron más de 130 000 hectáreas (321 200 acres) de arbustos de coca y se erradicaron manualmente 96 000 hectáreas (237 200 acres), según el Colombia Coca survey. Foto cortesía de Coast Guard News a través de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
La coca en el agua
El daño medioambiental de la cocaína es menos visible en los países consumidores donde no se talan bosques para producir y transportar la coca, pero aun así se producen daños. Cuando la coca se esnifa, fuma, inyecta o ingiere de otro modo, el organismo metaboliza la mayor parte de ella. Sin embargo, una parte se excreta por la orina, ingresa directamente a los cursos de agua o pasa a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no necesariamente la eliminan por completo.
El estudio de cocaína y otras drogas ilícitas en aguas residuales no es nuevo. Durante años, una rama de la ciencia, conocida como “epidemiología de las aguas residuales”, se ha utilizado para investigar las tendencias en cuanto a drogas en las ciudades y en los países de todo el mundo.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías viene realizando pruebas en toda la Unión Europea desde 2011, rastreando el metabolito principal de la cocaína, la benzoilecgonina. Los últimos resultados de 2020 muestran que algunos de los consumos más elevados se dan en zonas urbanas como Amberes (Bélgica), Ámsterdam (Países Bajos) y Zúrich (Suiza). Métodos similares han rastreado el consumo de drogas en eventos públicos como festivales de música e incluso partidos universitarios de baloncesto en Estados Unidos.
Aunque la detección de las tendencias del consumo de drogas a través de los datos de las aguas residuales está bien establecida, no se sabe a ciencia cierta qué significa este desagüe de coca para el medioambiente. No obstante, una creciente cantidad de estudios han arrojado luz sobre este interrogante y los hallazgos han sido preocupantes.
La anguila europea (Anguilla anguilla) está en peligro crítico, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Anna Capaldo, profesora de la Universidad de Nápoles Federico II, Italia, y sus colegas han estudiado el efecto de la cocaína sobre las especies. “Los daños inducidos por la cocaína indican que esta droga afecta la fisiología de las anguilas y, posiblemente, de todas las especies acuáticas expuestas a ella”, afirma.
Se ha descubierto que la exposición a la cocaína produce efectos nocivos en la anguila europea en peligro crítico, y posiblemente tenga consecuencias para su supervivencia en la naturaleza. Foto de Bernard Dupont a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).
Si bien esta investigación se realizó en laboratorios, se usaron niveles de exposición que se pueden encontrar en los ecosistemas acuáticos naturales, lo que muestra el posible daño. “Por ejemplo, cuando las branquias se dañan [por la exposición a la cocaína], la capacidad de la anguila de oxigenar la sangre empeora. Del mismo modo, un músculo esquelético dañado no soportaría el nado de las anguilas durante su migración reproductiva hacia el mar de los Sargazos [del océano Atlántico]”.
Actualmente, Capaldo y su equipo están estudiando cómo afecta la cocaína a la reproducción y la función cerebral de las anguilas. Otros estudios han demostrado que afecta a especies de mejillones, erizos de mar y peces cebra.
Se estima que unos 20 millones de personas consumieron cocaína en 2019, aproximadamente el 0.4 % de la población adulta del mundo. Se cree que, en América del Norte, 6.9 millones de personas y, en Europa, 5 millones de personas consumen cocaína anualmente. Si bien el consumo es mayor en estas dos regiones, los estudios están hallando rastros de cocaína en las aguas residuales de todo el mundo, desde Barbados hasta Brasil. Este último trata aproximadamente el 43 % de sus aguas residuales, aunque este porcentaje se desploma al 5 % en las zonas rurales. La cocaína y la benzoilecgonina se encuentran entre los contaminantes que se liberan regularmente al río Amazonas.
“La cocaína es extremadamente perjudicial, pero se degrada relativamente rápido en el medioambiente”, explica Dan Aberg del Wolfson Carbon Capture Lab en la Universidad de Bangor en Gales. No obstante, esa rápida degradación puede contrarrestarse con el flujo constante de residuos de cocaína al medioambiente a través del agua residual.
El año pasado, Aberg y su equipo investigaron la presencia de cocaína y de otros contaminantes liberados a los cursos de agua en el Glastonbury Festival, uno de los eventos musicales más grandes del Reino Unido. De acuerdo con Aberg, los niveles de cocaína liberados durante la descarga del festival fueron lo suficientemente altos para resultar potencialmente perjudiciales para la anguila europea. En este caso, la exposición se debió principalmente a las micciones en campo abierto y a la falta de tratamiento de aguas residuales.
El rastreo de las tendencias del consumo de cocaína en el agua residual es una práctica frecuente. Sin embargo, todavía se está explorando cómo este flujo repercute en el medioambiente. No obstante, las investigaciones iniciales indican que puede ser perjudicial para las especies acuáticas. Foto de Ivan Radic a través de Flickr (CC BY 2.0).
Cambiar el planeta
La cocaína está lejos de ser el único contaminante que ingresa en los cursos de agua, estuarios y océanos. Forma parte de un cóctel tóxico de productos farmacéuticos, metales pesados, pesticidas, microplásticos y mucho más que integra las aguas residuales y cloacales. Hace poco, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, un consorcio internacional de científicos, declaró que el límite planetario para “entidades noveles” —(contaminantes químicos introducidos por los seres humanos) ha sido trasgredido, lo que coloca a los sistemas que operan en la Tierra y a la civilización humana en riesgo. La cocaína excretada por la orina, junto con los precursores tóxicos utilizados en su producción, se encuentra entre las decenas de miles de entidades noveles de preocupación emergente.
Un estudio de 2020 llevado adelante por Pavel Horký, en la Universidad Checa de Ciencias Biológicas, acaparó los titulares. Su investigación demostró que la exposición a la metanfetamina —otra droga ilícita identificada en las muestras de aguas residuales— alteraba los patrones de comportamiento y provocaba signos de adicción en la trucha común (Salmo trutta). Hasta la fecha, se desconoce cómo las mezclas de drogas, tales como las metanfetaminas y la cocaína, podrían combinarse con otros contaminantes y afectar las especies acuáticas.
“Coincido totalmente con el Centro de Resiliencia de Estocolmo respecto de que la contaminación química es una de las mayores amenazas para la vida en general, [al traspasar] el límite de entidades noveles”, dice Horký. “Existen muchos contaminantes emergentes, no solo las drogas ilícitas, sino también los medicamentos estándares de venta con receta, como los antidepresivos y muchos otros que la sociedad humana consume en exceso. Sus riesgos pueden variar junto con sus efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos”.
“Gotas de cocaína para el dolor de muelas”, un anuncio de 1885 de cocaína para el dolor dental en niños. En el siglo XIX, a la coca se la usaba comúnmente en muchos “medicamentos” de calidad y eficacia dudosa y se vendía sin receta médica ni control en Estados Unidos. Si bien hoy en día se cultiva, transporta y vende principalmente de forma ilegal en todo el mundo, algunos países permiten la posesión de cocaína para uso médico recetado o han despenalizado la posesión de pequeñas cantidades para el consumo privado. Foto de KiloByte a través de Wikimedia Commons (dominio público).
“Si bien el conocimiento que tenemos se va incrementando, este aún es incipiente”, advierte.
Hay formas de protegerse de esta forma de daño medioambiental. Se pueden eliminar los residuos de cocaína del agua residual, aunque la eficacia de las plantas de tratamiento varía. Otras soluciones basadas en la naturaleza, como humedales artificiales, ofrecen alternativas de saneamiento.
Para Horký, hay una solución más sencilla y económica: “El mejor contaminante es el que no se libera al medioambiente”, afirma. “Todos deberían reflexionar sobre esto y usar medicamentos, drogas y otras sustancias químicas con responsabilidad [y ante] una necesidad real”.
Imagen superior: Plantación de coca en una colina cerca de Caranavi, al oeste de Bolivia. Foto de Neil Palmer/CIAT a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).
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Herpetólogos de México, Colombia y Ecuador coinciden en que se necesita más información sobre estos enigmáticos reptiles para comprender su taxonomía, su ecología y así poder plantear medidas efectivas para su conservación. Las serpientes siguen siendo asociadas a mitos e historias populares sobre mala suerte y maldad. La falta de educación y conocimiento sobre estos reptiles sigue siendo una de sus principales amenazas.
Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam
Escurridizas, silenciosas y reinas del escondite. Así son las serpientes y eso, precisamente, hace bastante difícil que los investigadores puedan recolectar especímenes en campo. También hay que agregar que son pocos quienes se dedican a su investigación si se compara con otros reptiles como las lagartijas o anfibios como las ranas, y aún menos si se compara con otros grupos como aves y mamíferos.
Una de las principales conclusiones de tres expertos latinoamericanos consultados por Mongabay Latam es que aún falta mucho por conocer sobre su taxonomía y su ecología. En general, no se tienen muchos detalles sobre su comportamiento, sus hábitos o su dieta.
Este 16 de julio se conmemora el Día Internacional de las Serpientes, animales que suelen ser antagonistas de diversos relatos culturales y a los que, el desconocimiento por parte del ser humano, ha llevado a que “prácticamente en el campo no se le perdone la vida a ninguna serpiente”, dice Daniela García, investigadora asistente de las colecciones biológicas del Instituto Humboldt en Colombia.
Este es el panorama de las serpientes en México, Colombia y Ecuador, sus amenazas, los retos para conservarlas y algunos casos de especies recién descritas por la ciencia.
México: un país de serpientes
Diadophis punctatus. Pedregal de San Ángel CDMX. Foto: Oscar Flores-Villela.
Óscar Flores-Villela es biólogo, profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y curador de la colección de anfibios y reptiles de la facultad de Ciencias. Para él, es muy poco lo que se conoce sobre la taxonomía de las serpientes, es decir, su clasificación —por especie, género, familia, orden, clase y reino— , lo cual representa un problema porque esta es la base para luego profundizar en otros temas.
En el caso mexicano, muchas de las colecciones de sus serpientes están en museos e instituciones de Europa y Estados Unidos porque científicos de estos países fueron los primeros en explorar la biodiversidad del país, “y muchas veces hay que viajar y consultar las colecciones allá para ver la taxonomía, de alguna manera esa es una limitante para la investigación”, asegura.
Flores-Villela comenta que hay algunos grupos de serpientes en los que hay mayores estudios como las cascabel, “pero tenemos un montón de especies de culebras chiquitas que se entierran en el suelo que en realidad son prácticamente desconocidas, no solo en su taxonomía, sino en su biología”, dice y agrega que “falta mucho conocimiento, incluso básico como saber cuántas especies hay, en dónde están y donde se distribuyen, eso es lo más básico y en muchos grupos no se conoce muy bien”.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México hay 322 especies de serpientes, de las cuales 250 son culebras —no son venenosas y representan tres cuartas partes del total— , 44 víboras, 15 coralillos, entre otras. En el país se encuentra poco más de la quinta parte de los géneros de serpientes del mundo y casi el 50 % de las especies son endémicas. De hecho, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en diversidad de reptiles.
Crotalus ravus, Amecameca, Estado de México. Foto: Oscar Flores-Villela.
Aunque muchas personas les temen, las serpientes brindan importantes servicios ecológicos a los humanos. Flores-Villela destaca que muchas culebras grandes cumplen un papel muy importante en el control de roedores, por ejemplo, se alimentan de ratones que se han convertido en plagas en cultivos y pueden ser transmisores de enfermedades.
De acuerdo con el investigador, México no cuenta con un proyecto nacional de conservación de serpientes, pero hay proyectos a nivel internacional, por ejemplo, uno de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que está haciendo un esfuerzo para tener un diagnóstico de la conservación de muchos grupos de animales y plantas a nivel mundial, incluidas las serpientes. “He participado en ellos y, de hecho, hace 15 días estuve en Aguascalientes en un taller para evaluar el grado de conservación de un par de géneros de serpientes venenosas de México [nauyacas] que son muy desconocidas. Llegamos a conclusiones importantes sobre qué se puede hacer para conservar esos dos géneros que incluyen cuatro especies”, comenta y añade que la idea es hacer ejercicios similares con otros géneros en el país.
Una de las principales conclusiones de ese taller, y de la experiencia de Flores-Villela con serpientes, es que se necesitan más estudios básicos sobre estos animales y que en muchos casos no hay suficientes muestras de tejidos para hacer secuenciaciones y análisis de ADN. También considera que el ciudadano común y corriente le tiene miedo a cualquier serpiente y piensa que todas son venenosas. “Son raras las poblaciones que distinguen entre venenosas y no venenosas, por lo general, a cada serpiente que ven le dan un machetazo, un balazo o le avientan una piedra. Ese es un problema muy grave de conservación basado en el desconocimiento”, resalta.
El biólogo Oscar Flores-Villela en su trabajo con serpientes. Foto: cortesía de Oscar Flores-Villela.
A pesar de que aún falta conocer más sobre estos reptiles, los investigadores intentan avanzar en medio de las dificultades. De acuerdo con Flores-Villela, desde el año 2020 se han descrito dos nuevas serpientes de cascabel en México. A partir del estudio de una serpiente que tenía amplia distribución, y ya teniendo muchas muestras de tejidos, se hicieron análisis moleculares y se encontró que había diferencias, luego se estudió con más detalle la morfología y se lograron separar en dos nuevas especies.
“En el 2021, un estudiante y yo describimos una nauyaca nueva de Querétaro y también en el 2021, junto con otros con otros colegas de la Universidad de Texas, describimos una culebrita enterradora chiquita, que parece una lombriz de tierra, en Jalisco”, dice el investigador.
Nuevas serpientes en Ecuador
Omar Torres Carvajal lleva gran parte de su vida dedicado al estudio de los reptiles. De hecho, actualmente es el curador de este grupo en el museo QCAZ de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El año pasado, junto con dos colegas, publicó un artículo en la revista Journal of Natural History en el que se estudió ampliamente a la serpiente liana marrón (Oxybelis aeneus) que tiene un gran rango de distribución en América y descubrieron que, en realidad, se trataba de ocho especies diferentes. Hicieron análisis moleculares e incluyeron nuevos ejemplares recolectados en el oeste de los Andes ecuatorianos, que los llevaron a concluir que, además, había una nueva especie para la ciencia.
Rayos X de una serpiente Atractus snethlageae. Foto: Bioweb Ecuador.
“Ahora mismo estamos investigando a Oxybelis fulgidus que resulta ser gigantesca en comparación con las serpientes liana descritas en el artículo del año pasado. Son serpientes que pueden llegar a medir casi dos metros de longitud pero son igual de delgaditas. Son muy bonitas, tienen un color verde brillante y una franja amarilla brillante, son muy llamativas y son arborícolas”, comenta Torres.
Y es que uno de los desafíos que los herpetólogos han tenido que afrontar no solo tiene que ver con nuevas especies encontradas en campo y que luego son descritas, sino que hay muchas serpientes de amplia distribución que se pensaba eran una sola especie pero terminan siendo varias. Su morfología es muy parecida y, por lo general, se necesitan estudios genéticos para confirmar si se trata de la misma especie o de una diferente.
Eso es lo que está haciendo Torres nuevamente en este momento. “Estamos estudiando si es que en realidad se trata de una sola especie como se ha dicho hasta ahora, que va desde México hasta Sudamérica, o en realidad son varias especies, que es lo que sospechamos. Estamos juntando evidencia molecular con secuencias de ADN y una colega en Alemania está haciendo tomografías computarizadas, donde pones el ejemplar en una especie de máquina de rayos x que te toma muchas imágenes. Lo que hacemos es estudiar principalmente el cráneo, que es una de las zonas donde suele haber diferencias entre las serpientes”.
En 2020, en un trabajo liderado por el biólogo brasileño Paulo Melo-Sampaio, donde Omar Torres fue coautor, un análisis detallado de la serpiente Atractus snethlageae les permitió identificar que había cuatro especies diferentes en el rango de distribución de este reptil cuando, durante muchos años, se pensó que se trataba de una sola especie. Las serpientes se encuentran en peligro en los ecosistemas que habitan en la Amazonía brasileña y ecuatoriana.
En medio de todo el trabajo que adelanta con serpientes, Torres asegura que todavía no hay suficientes científicos estudiando a estos reptiles. Y es que las serpientes son difíciles de ver y difíciles de encontrar, “por ahí tú te estás acercando y cinco metros antes de que llegues a una serpiente, se va, porque siente el movimiento a través de las vibraciones de nuestras pisadas. Ellas no tienen oídos ni orejas ni tímpanos, pero cada paso tuyo causa una vibración en la tierra que se transmite a un oído interno muy parecido al nuestro”, comenta. Entonces, los animales huyen, son escurridizos y se esconden fácilmente en una zona donde tienes miles de hierbas y plantas que les sirven de escondite.
El investigador ecuatoriano asegura que eso desanima mucho a los estudiantes o a los investigadores: “ellos dicen, ‘para qué me voy a meter a hacer un estudio de dieta o de ecología con una serpiente si me voy a demorar 20 años, cuando puedo estudiar a esta rana o a esta lagartija en un mes’. El tema logístico es bastante complejo”.
Por otra parte, Torres cree que no se valora lo suficiente a las colecciones que hay en los museos, que tienen un gran número de ejemplares de serpientes y pueden servir también para analizar, por ejemplo, la dieta de dichos animales. “Uno puede hacer rayos X o disecciones, sacar todo lo que se tiene en el tracto digestivo y con eso podrías tener un buen análisis. Creo que también es responsabilidad nuestra como profesores o curadores de museos incentivar este tipo de estudios”.
Ejecutar un programa de conservación de serpientes en Colombia
“Estos resultados indican que es imprescindible invertir grandes esfuerzos en educar y sensibilizar a la fuerza de trabajo campesina, operarios, sus hijos y otros trabajadores del campo, sobre la importancia de la conservación de las serpientes y sus servicios ecosistémicos. De esta forma se logrará reducir la muerte de serpientes de forma significativa, ya que con una mínima reducción del 10 %, serían cerca de 11 millones de serpientes disponibles para el buen funcionamiento de los ecosistemas”, dice el documento donde uno de los principales autores es el reconocido biólogo John Lynch.
Además, según estudios de Lynch, en Colombia mueren de 5000 a 50 millones de serpientes por municipio a causa de la tala de bosques y destrucción de los hábitats donde viven ellas y sus presas.
El documento también llama la atención en que “en la actualidad, el conocimiento de la estructura de las comunidades de serpientes todavía es muy pobre. Aún cuesta construir listas de especies por cada región ecogeográfica, que cuenten con detalles sobre la distribución de cada especie a nivel regional y local, que permitan relacionar su preferencia y fidelidad de hábitats, o tolerancias ante los disturbios antrópicos. Así mismo, Colombia no cuenta con un estudio poblacional de alguna especie de serpiente que permita dar las directrices para el manejo y uso sostenible de estos reptiles”.
Equis Roja (Bothrocophias myersi), especie endémica del Pacífico de Colombia. Foto: Carlos Galvis.
A pesar de que este programa nacional es de 2016, seis años después las conclusiones no han variado. Daniela García, investigadora asistente de las colecciones biológicas del Instituto Humboldt en Colombia, asegura que además de la pérdida de hábitat, las serpientes tienen otras amenazas como el tráfico ilegal y el atropellamiento en carreteras “porque al ser animales exotérmicos, que reciben la energía del ambiente, las carreteras se convierten en una opción para ellas, sobre todo en las noches, y los vehículos terminan atropellándolas”.
El miedo de las personas a las serpientes se posiciona como otro de los peores enemigos para estos reptiles. “Es urgente educar sobre sobre las serpientes, dar a conocer información sobre ellas a las comunidades e indicarles que no todas las que observan son venenosas y aún así no hay que exterminarlas. Por ejemplo, de las 325 especies que tenemos en Colombia solo 50 son venenosas, de las cuales 20 son víboras y 30 son corales. El porcentaje de serpientes venenosas es bajo”, asegura García.
Una falsa serpiente coral en Colombia. Foto: Rhett A. Butler / Mongabay
La investigadora coincide con Omar Torres en que trabajar con serpientes en campo suele ser una tarea compleja pero también cree, al igual que él, que se deberían aprovechar más las colecciones biológicas para hacer investigaciones. “Hay herramientas como por ejemplo las colecciones que son abiertas al público, como las del Instituto Humboldt, que abre sus puertas para que cualquier investigador pueda ir a revisar ejemplares y basarse en preguntas asociadas a especímenes ya existentes en la colección. Hay que darle importancia a estas colecciones biológicas, a toda la información que albergan y todo lo que se puede sacar de ellas”, asegura García.
La comunidad indígena embera karambá de Quinchía lleva 13 años resistiéndose a la exploración y explotación minera de oro a gran escala. Pese a que se desconoció su presencia omitiendo el derecho a la consulta previa, sus lideresas han recibido amenazas anónimas y el proyecto minero sigue avanzando en el municipio, su defensa por el agua, el territorio y el mismo oro no se detiene y no se detendrá, en sus palabras, “hasta que el sol se apague”.
Edith Lucía Taborda Guevara es una mujer inquieta, de cabello oscuro, crespo y caminar suave, pero si fuera una palabra sería fuerza. Sin importar a quién se dirija, su voz retumba histriónica. Es gobernadora mayor de la parcialidad indígena embera karambá, una comunidad que forma parte del pueblo embera chamí desde hace 11 años.
Para los indígenas embera karambá el territorio no se vende, ni se negocia. En su cosmovisión, el agua es un bien común que les permite avanzar, fluir. “Así haya muchas cosas, si no hay agua, no hay vida, no hay naturaleza, no estaríamos nosotros”, manifiesta Edith Lucía. Mientras el oro es la sangre que corre por las venas de la madre tierra: “La vida del territorio, la armonía, el oro es necesario donde está y por eso vemos muchas desarmonías en los territorios, en los lugares donde se perfora”, agrega.
En Quinchía siempre han convivido la vocación agrícola con la minera, exactamente artesanal, que hoy practican tanto indígenas como mestizos. Los indígenas no se niegan a esta forma de minería, aunque Edith Lucía reconoce que también es una manera de desangre “de a poquito”, justificable cuando se hace “no solamente por sacar y atesorar, sino por lo menos (para) que haya un mínimo vital para cada familia”. “Con esa práctica que han hecho durante muchísimo tiempo, muchos años, muchas décadas, vemos que seguimos sobreviviendo y seguimos perviviendo, y siguen comiendo y están ahí, hay naturaleza. Pero si ya entra un proyecto de extractivismo a gran escala, a cielo abierto o subterráneo, pues obviamente se va a acabar con absolutamente todo”, explica.
La gobernadora se refiere a la empresa minera que llegó en 2009 al municipio. Empezó llamándose Seafield S.A.S., propiedad de Seafield Resources Ltd., empresa canadiense. Lentamente, fue haciéndose lugar entre la Asociación de Mineros de Miraflores, que desde 1991 contaba con un título minero para la explotación subterránea de oro y plata.
Kevin Andrés Hernández Vargas, guardia indígena karambá y minero artesanal, menciona que “cuando llegó la empresa minera cogió a estos 38 socios y les dijeron que ellos no eran capaces de tener el título, que no tenían lo de los recursos para poder sostener el título, entonces que en ese caso ¿por qué no se lo vendían más bien a ellos? Y se les comenzaron a entrar, a enredarlos”. Así, Seafield logró la cesión parcial de derechos de esa cooperativa de pequeños mineros: 10 % en junio de 2010, 30 % más a enero de 2013. A noviembre de ese mismo año ya eran 100 % suyos los derechos y obligaciones de ese contrato en virtud de aporte.
Kevin Hernández Vargas / Fotografía: Maritza Palma Lozano.
Seafield S. A. S. pasó en 2016 a llamarse Miraflores Compañía Minera S.A.S., quedando bajo el control de la empresa matriz North Hill Colombia Inc., con sede en Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Eso significa que está registrada en el mayor paraíso fiscal y la novena jurisdicción más opaca del mundo, según el índice de secreto financiero del Tax Justice Network, una ONG enfocada en denunciar la evasión fiscal, la opacidad financiera y los paraísos fiscales.
En el 2013, cuando tuvo el 100 % del título de los pequeños mineros y 10 contratos más de concesiones mineras en todo el municipio, Seafield recibió un crédito de la compañía RMB Australia Holdings Limited por 46,7 millones de dólares a cambio de una prenda minera: el derecho de explorar y explotar las concesiones como garantía del préstamo. En 2014, Seafield solo tenía deudas y poca capacidad financiera, por lo cual RMB asumió el control de la compañía.
Actualmente, Miraflores es filial de Los Cerros Limited (LCL), una compañía australiana de Metminco y Andes Resources Limited, dos empresas mineras de ese mismo país. Metminco igualmente recibió créditos de RMB Australia Holdings. Desde 2019, la minera Miraflores tiene calculada una reserva de oro por 0,84 millones de onzas en la vereda Miraflores, 1,3 millones de onzas en Tesorito (vereda Veracruz) y 0,46 millones de onzas en la vereda Dosquebradas: un total de 2,6 millones de onzas de oro en Quinchía. A eso se suma otro yacimiento de 54 gramos de oro por tonelada de mineral total extraído en Chuscal, que se explora en alianza con Anglo Gold Ashanti desde 2019.
En total, a 2022, la compañía minera Miraflores tiene 12 concesiones activas (minas en exploración o listas para explotación), tres terminadas o en proceso de liquidación y cuatro solicitudes en evaluación, que cubren en total 4861 hectáreas. Cuatro de las concesiones fueron cedidas por Anglo Gold Ashanti a Miraflores.
Concesiones mineras de la compañía Miraflores. Rojo: en solicitud; azul y verde: activas. / Imagen generada desde el mapa de la Agencia Nacional de Minería.
Exploraciones y explotaciones mineras rodean a Miraflores
En la entrada a la vereda Miraflores, un tubo de acueducto delgado cruza la vía por el cielo. A unos cuantos metros, una carpa grande ─de propiedad privada─ tiene el logo de la compañía minera que adoptó el nombre de la vereda, pese a que sus habitantes indígenas no quieren compartirla con ellos. La carpa cubre una plataforma de exploración: un planchón vasto por donde perforan la tierra con maquinaria pesada las 24 horas. Una cuadra más arriba hay un pozo para echar el lodo resultante de las exploraciones: es el tanque de cianuración. En una esquina, antes de llegar a la cancha de la vereda, hay una oficina y una camioneta Nissan blanca ronda cerca de la plataforma todo el día.
La compañía Miraflores está en fase de exploración en algunas concesiones; en otras ya terminaron y bien renunciaron a la concesión o están haciendo montaje para explotar. Las exploraciones en Veracruz, aledaña a Miraflores, se hicieron cerca a guaduales ─parte del bosque seco tropical─, al menos un cauce y casas. Por donde pasaron las plataformas quedaron, como tumbas, placas de cemento numeradas, atravesadas verticalmente por tubos PVC.
El título de Miraflores cuenta con un Plan de manejo ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) que según la compañía minera “fue tramitado por otra empresa”, aunque en el registro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aparece a nombre de Miraflores S.A.S. La minera explicó a La Cola de la Rata “que ese documento no se utiliza para ninguna actividad en este momento”, debido a que en la actualidad “nuestra empresa no está realizando ningún tipo de trabajo en el yacimiento, diferente de los estudios de viabilidad técnica y ambiental para el futuro proyecto”.
Exploración a pocos metros de una vivienda. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
En 2013 ya habían explorado en Miraflores, uno de los lugares donde la compañía quiere pasar a explotar. Ante la Agencia Nacional de Minería, la compañía ha registrado como gran minería únicamente ese título minero; los demás los reporta para mediana (en ocho casos) y pequeña (en nueve), aunque cualquiera de estos proyectos podría crecer más adelante.
El problema es que nada más en Miraflores viven 141 indígenas karambá, de los 4902 de Quinchía. Siete de las concesiones de la compañía minera afectan 11 veredas donde habitan familias embera karambá.
Kevin, el guardia indígena, explica que a la población minera, campesina, mestiza y hasta indígena, la compañía minera les ha “prometido (…) indemnización, pensión, proyectos productivos” y la mayor bandera: trabajo. Por eso, “los que están a favor dicen que por culpa de nosotros no les han podido cumplir” y, en cambio,“cuando se reúnen con comunidad indígena y con asociaciones mineras (…) dicen que no tienen dinero para dar porque son una empresa muy pequeña”.
En la visión de la empresa, se centraron en relacionarse con los no indígenas por ser más numerosos. “La gran mayoría de los vecinos de la comunidad de Miraflores son comunidades no étnicas, entonces, de hecho, el relacionamiento principal de la compañía ha sido con las comunidades no étnicas, con la Junta de Acción Comunal de la vereda, con las asociaciones de usuarios de acueductos de las cinco veredas, digamos que están en la zona vecina a Miraflores”, explica Rafael Mateus, director de Portex, empresa encargada de las comunicaciones de la compañía Miraflores.
Mateus dice que desde 2016 la compañía ha socializado acuerdos con 193 mineros que trabajan en las minas artesanales de Miraflores, incluidas personas de la vereda. De ellos, 180 los han firmado, lo que significa una inversión “por el orden de los 6000 o 7000 millones de pesos [entre 1,5 y 1,7 millones de dólares]”.
Estas explicaciones las dio durante una videollamada del 11 de mayo que pidió para, en sus palabras, “contextualizar el trabajo de la compañía”, con el ánimo de que La Cola de Rata reformulara las preguntas que le había enviado a la gerente Catalina Cadena una semana antes. El segundo formulario fue respondido en junio. (Puede consultar las respuestas completas de Miraflores S.A.S. acá).
Las intimidaciones
La gobernadora karambá ve su labor de lideresa como un mandato de Dios “para creer, salvaguardar, proteger y velar por la madre tierra”. Se reconoce firme, aunque han existido “momentos en los que nos hemos sentido quebrantados”.
Cuenta que, finalizando 2012, mineros artesanales de la vereda Mápura se acercaron a la sede de la parcialidad indígena con la preocupación de no poder seguir haciendo minería de batea en el cauce entre la quebrada Aguas Claras y el río Mápura, que reciben las aguas del río Batero, como hace varias generaciones.
“En esos días, ellos veían que el agua bajaba blanca y se metían allá y de una salían con los pies quemados, con las manos quemadas, al hacerle el proceso de lavado de la batea”, dice Edith Lucía. “Entonces ya no podían meterse al río”.
Mineros e indígenas intuían que la sustancia que les causaba esa quemazón era un residuo de las perforaciones que tanto Seafield S.A.S. como otra compañía minera, venían haciendo en las partes altas, como parte de sus trabajos de exploración y explotación correspondiente. Para confirmarlo o descartarlo, solicitaron a la autoridad ambiental departamental (Carder) un estudio físico-químico del agua. En un primer momento su solicitud no fue atendida, pero, tras insistir, hubo una visita en 2013.
El día de la visita, cuenta la gobernadora, la funcionaria de la Carder y Taborda se encontraron en el centro poblado y se desplazaron hacia los puntos de inspección en una camioneta de la institución departamental. Al llegar a los puntos, la funcionaria le indicó que solo haría ─recuerda la gobernadora─ “una revisión ocular del terreno”, a lo que Edith Lucía contestó que “eso no servía para nada (…) sabiendo que lo que nosotros necesitábamos era saber qué era lo que estaba quemándoles los pies y las manos a nuestros compañeros”.
Minutos después, al celular de Edith Lucía llegó un mensaje:
“Ya vamos bajando con la gobernadora karambá”.
Taborda concluyó que el mensaje, en realidad, iba para alguien de la compañía minera. Intuyó que la Carder había avisado a la compañía de la supervisión.
Terminaron el recorrido en Mápura, donde se cruzaron con un antiguo docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien en ese tiempo ya trabajaba con la empresa minera. Edith Lucía reiteró su descontento con que el análisis se hiciera a ojo, argumentando que las “trazas en el agua se quedaban por un tiempo si había verano, pero con el invierno se iban y ya no se encontraba nada” a simple vista. En un momento, el exdocente le recomendó que no fuera sola al territorio, recuerda Edith sobre ese día de 2013.
“Creo que lo dijo más que todo por ser buena gente, pero cuando uno dice las cosas es porque sabe que puede suceder algo feo (…) Yo tenía una guardia conmigo y ella puso la denuncia”, agrega la gobernadora.
Su preocupación se sumaba a que un año atrás, en 2012, había recibido una amenaza de muerte anónima a su teléfono, estaba recién posesionada en su mandato como gobernadora. En adelante, cuenta, ya no pudo desplazarse con frecuencia y seguridad por el territorio.
Instituciones del Estado colombiano confirman ese temor. La Defensoría del Pueblo registró el siguiente episodio:
“El 4 de mayo de 2019, aproximadamente a las 7:00 p. m., un hombre desconocido estuvo vigilando el frente de la casa de la gobernadora Edith Taborda en el corregimiento de Batero. El hombre, que se comunicaba permanentemente por celular y observaba constantemente a los integrantes de la familia de la gobernadora mayor, mirando hacia el interior de la vivienda. Estuvo ubicado frente al predio durante cerca de una (1) hora, luego se trasladó seis metros más arriba, en donde permaneció una (1) hora más. Los integrantes de la guardia indígena intentaron acceder al hombre para tratar de identificarlo, pero al percatarse de la presencia de la guardia, este se desplazó hacia la tienda, se devolvió y nuevamente llegó al mismo sitio. Finalmente, el hombre huyó entre los cultivos de café”.
En la misma alerta, la Defensoría detalló otras situaciones con actores armados, entre 2017 y 2019, que afectaron la movilidad o intimidaron a líderes campesinos, reclamantes de tierra, ambientalistas y “autoridades étnicas del pueblo indígena embera chamí del municipio de Quinchía que integran las parcialidades embera karambá y embera chamí de Quinchía y el resguardo Escopetera Pirza”.
En otros momentos, Edith Lucía ha evidenciado que la vigilan hombres desconocidos en motocicletas y drones que sobrevuelan su casa de noche. “Se entiende que no es un delito, pero es un seguimiento que le están haciendo a uno”, acota.
Recientemente, en 2021, recibió también otra amenaza de muerte por mensaje de texto. Esta vez sucedió después de haber acompañado el plantón contra la subida de maquinaria minera. Le escribieron que la iban a matar por sapa.
Debido a esas amenazas, la líder embera karambá tiene un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Gobierno nacional desde 2019. Sin embargo, dice sentir preocupación porque su esquema ha menguado.
La situación de su comunidad también preocupa. Desde 2016, mediante un informe de riesgo, la Defensoría recomendó que la UNP adoptara un programa de protección colectiva para las comunidades y autoridades indígenas de Quinchía.
Exploración minera a pocos metros de un bosque de guaduales. Foto: Sandra Bejarano Aguirre.
En la alerta de 2019, la entidad refirió que “solo hasta abril de 2018 se activó la ruta de protección colectiva para la parcialidad embera karambá, y en noviembre de 2018 se realizó el taller de concertación de medidas”. En 2020, en un documento de seguimiento, enviado al Ministerio del Interior, advirtió que no había avances en la implementación, pese a que el 30 de agosto de 2019 el caso había pasado por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem) y que se había enviado la “propuesta diseñada por la UNP de la ruta de protección individual y de la ruta de protección colectiva, tanto a la Alcaldía de Quinchía como a la Gobernación de Risaralda”. Expresó su preocupación porque “no existe una respuesta oportuna por parte de las entidades cuando se trata de la protección de las comunidades indígenas”.
Buscado por esta alianza periodística para hablar de la participación de la alcaldía en los procesos relacionados con la comunidad indígena karambá, el alcalde de Quinchía, Absalón Trejos Arias, no ha respondido hasta el día de publicación de este reportaje.
Otros integrantes de la comunidad dicen que, aunque no han recibido amenazas directas como su gobernadora mayor, sí han sido objeto de intimidaciones. El guardia Kevin Hernández ha visto hombres afuera de su casa que preguntan por él sin nunca identificarse, así como ha recibido llamadas en las cuales le cuestionan dónde está, para dónde va y qué planes tiene, siempre de personas que no se identifican. “Es mejor andar como con cautela”, acota.
¿Qué sostiene a Edith Lucía Taborda en su defensa pese a estos escenarios? Ella dice que “el mismo amor por el territorio, por la madre naturaleza, por la familia, por la gente que aquí vive” y, ante todo, “la voluntad y el ánimo de poder dejarles a nuestras próximas generaciones algo bonito” porque “el territorio es lo más sagrado que tenemos”.
Estaban borrados del mapa del Ministerio del Interior
El 25 de abril de 2014, la sala penal del Tribunal Superior de Pereira notificó al Ministerio de Minas y Energía de una sentencia en primera instancia en respuesta a una tutela interpuesta contra la compañía minera Seafield S.A.S. por Edith Taborda y Luis Arley Guapacha, entonces gobernador de otra comunidad indígena ─embera chamí─ de Quinchía.
Las dos comunidades argumentaban que Seafield S.A.S. había vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada al realizar acciones de exploración, con las cuales, según ellos, había afectado a familias karambá en Miraflores y familias chamí en Limón, Santa María y El Naranjal.
Plataforma minera en Miraflores entre la montaña. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
La empresa minera se defendió manifestando que sus actuaciones se alineaban con la normatividad nacional. En su defensa, argumentó que en 2012 el entonces representante legal de Seafield S. A. S., Giovanny Ortiz Ramos, había solicitado a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior una certificación sobre la presencia de comunidades étnicas en seis puntos de influencia de su título minero 010-87M.
La respuesta del Gobierno nacional, según indicó la empresa ante el tribunal, certificó que allí no existían comunidades o parcialidades indígenas. “No hay registro de resguardos constituidos, comunidades por fuera de resguardo, consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos (…) ni se identifica presencia de otros grupos étnicos”, declaró la ingeniera topográfica Beatriz Leguizamón en la resolución 1952 de 2012 del ministerio.
Esa respuesta, sin embargo, contradecía otra información oficial del Estado colombiano. La parcialidad indígena embera karambá está reconocida por un concepto de 2007 del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que se encargaba de la gestión de tierras de minorías étnicas, mientras que la parcialidad embera chamí lo está desde 1997 (DET OFI6271). Por esta razón, en septiembre de 2013, el Ministerio del Interior debió emitir un nuevo concepto reconociendo la presencia de la comunidad indígena karambá en las coordenadas de trabajo de la compañía minera.
La tutela de los indígenas fue negada por improcedente, pero ─en la misma decisión─ los magistrados instaron a Seafield S.A.S. a que “en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha hecho, proceda a solicitarle a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior realizar la consulta previa con los miembros de las parcialidades indígenas”. Y resaltaba a la comunidad karambá de Miraflores.
El Tribunal Superior de Risaralda insistió en que no había vulneración de la empresa ni del ministerio, “la primera porque inicialmente actuó amparada en una certificación que le decía que en el área de influencia del título minero 010-87M no existía presencia de comunidades indígenas, y la segunda porque, hasta la fecha, no le han solicitado que inicie el proceso de consulta”. Aun así, reiteró su orden: “Ello no quiere decir que la empresa accionada no deba realizar la consulta”.
Apenas en 2015, la compañía Miraflores inició los encuentros para la consulta previa con la comunidad embera karambá. Es decir, seis años después de haber empezado a explorar allí.
Rafael Mateus explica que esta se hizo necesaria porque, aunque en 2011 les dijeron que no había indígenas en la zona, “cuando empezamos a hacer el levantamiento de línea base social, nos dimos cuenta que ahí en Miraflores había unas familias que se autorreconocían como embera karambá”. “Se hizo todo el esfuerzo por parte de la empresa de llegar a acuerdos con ellos”, dice Mateus, y agrega que la consulta comenzó tanto con los embera chamí como con los embera karambá. Con los últimos, en todo caso, no hubo acuerdo.
El 2015 fue tenso. En la visión de los indígenas, la consulta se configuró como una disputa para que se aceptara, sí o sí, el proyecto minero. Para la gobernadora karambá, incluso los funcionarios públicos, en sus palabras, “no venían como garantes de este proceso” o “eran sumisos solamente a lo que la empresa dijera”, mientras que aquellos que “hablaban algo a favor de la comunidad (…) los hacían vetar y de una los sacaban del tema y mandaban otras personas”.
Eso motivó a que antes de la reunión final, Edith Lucía buscara la asesoría de organizaciones legales como Dejusticia, Tierra Digna y Podion, además de denunciar la cooptación de garantes ante la sede nacional de la Defensoría del Pueblo. Logró que confirmaran el acompañamiento de distintos delegados de las instituciones nacionales para el cierre de la consulta.
En septiembre se cerró una discusión técnica que giró en torno a cómo socializar los estudios de impacto ambiental y territorial que permitirían a la comunidad indígena tener información real sobre las afectaciones a su territorio para, posteriormente, decidir si aceptaban o no la explotación. La postura de los karambá fue que se hiciera en conjunto entre la empresa minera y la comunidad indígena, para lo cual propusieron una ruta metodológica de 14 meses que consistía en socializar los impactos, recolectar información para identificar las afectaciones ambientales, socioculturales, económico-productivas y político-organizativas y, por último, activar un “laboratorio de aguas para examinar las afectaciones actuales y posibles (futuras) de las fuentes de agua” que les permitiera elaborar un plan de mitigación, de acuerdo con el relato de Taborda. Las reuniones de la consulta se hicieron en el teatro de Quinchía.
Rafael Mateus indica que el proceso de preconsulta duró 17 meses y “se hizo todo el intento, primero para llegar a acordar la ruta metodológica, y no se logró”.
La compañía agregó que “la Dirección de Consulta Previa dio por cerrada la Consulta Sin Acuerdos, dando por garantizado el derecho para la comunidad y facultando a la empresa a continuar con su proceso exploratorio y de explotación para el título 010-87M y por lo tanto, la elaboración de los estudios necesarios para la solicitud de licenciamiento ambiental».
Al final, solo llegaron a la fase de preconsulta, en la que se expone el marco jurídico de la consulta previa. Kevin Hernández también recuerda que, al cierre, una funcionaria del Ministerio del Interior dijo: “Aquí no se llegó a ningún acuerdo, entonces esto se cierra y le doy permiso a la empresa de que trabaje, que haga lo que quieran, pero sin tocar lo de la comunidad indígena”.
El abogado Fernando Herrera explica que, en efecto, las consultas se pueden cerrar por varios motivos, incluyendo que hubiese acuerdos, que fuesen parciales ─es decir, que la comunidad autoriza el proyecto bajo ciertas condiciones─ o no hubiese acuerdos. En este último caso, argumenta, aplica el decreto 1397 de 1996, que dice que “ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones”, a lo que se suma que “no se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental”.
“Si esos proyectos no son aprobados por la Asamblea de Autoridades, no son proyectos legales y lo que se exige ahí a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que no se les otorgue licencia ambiental”, dice Herrera.
“Lo que dice la institucionalidad es que la consulta previa se empareja con el proceso de licencia ambiental, pero como la exploración no tiene licencia ambiental, entonces comienzan a explorar sin consulta previa”, dice Julio Fierro Morales, geólogo que trabajó en temas mineros en la Contraloría de Sandra Morelli y que lidera la Corporación Terrae.
Por este tipo de escenarios, en Colombia se han emitido sentencias a favor de otras comunidades indígenas que han tutelado a entidades del Estado por prácticas arbitrarias que afectan su derecho a la consulta. En una de ellas, la Corte ha admitido que las afectaciones tanto de exploración como explotación pueden impactar el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural de una comunidad indígena.
Rafael Mateus argumenta que “se le ha dado ya las garantías suficientes a la comunidad embera karambá para que ejerza su derecho fundamental de consulta previa”. Según su interpretación del convenio 169 de la OIT, la consulta previa “es la participación efectiva de las personas que puedan tener algún tipo de efecto, para que lo conozcan y participen y puedan acordar con el operador la manera en que se van a manejar los efectos”, pero, advierte, “no es una herramienta para oponerse”.
Después del fallido proceso de consulta, la compañía minera ha seguido haciendo mesas de concertación con mineros artesanales en las que invita a lideresas de la comunidad karambá. La más reciente se hizo en mayo de 2022. Edit Ladino, otra indígena karambá, explica que han asistido como oyentes, pero los karambá exigen que haya presencia del Ministerio del Interior y que, de cualquier manera, esas mesas no reemplazan el proceso de consulta.
La compañía respondió a esta alianza periodística que “el trámite de consulta previa en este caso ya se encuentra surtido”, pero que esto “no significa que el diálogo con esta comunidad esté cerrado por parte de la compañía». “Todo el equipo humano de nuestra compañía continúa presto a escuchar a la comunidad y tener un diálogo”, reiteró.
«A Miraflores no pasarán»
“Ellos dicen que entran como sea al territorio, que así estemos nosotros de acuerdo o no, entran por encima del que sea, entonces nosotros siempre hemos salido cuando van a subir maquinaria, cuando van a hacer plataformas, cuando hacen estudios, siempre hemos salido a preguntarles ‘¿qué están haciendo o con permiso de quién?’”, indica Edit Ladino con la mirada firme.
La compañía minera ha tenido un especial interés en iniciar la explotación y hacer más exploraciones en Miraflores. Ha recurrido a la compra de tierras, algunas con documentos que soportan la tenencia (como 33,333 % del lote El Oro), otras no; ha impuesto actos administrativos contra los mineros artesanales ante la Agencia Nacional de Minería; ha instaurado querellas contra los líderes y lideresas indígenas karambá de la vereda y ha enviado personal para adelantar labores de investigación o exploración aun sin consulta previa o permiso.
Todo lo ha detenido la comunidad karambá con la convicción de que en su territorio son autónomos.
Cuatro guardias indígena de Miraflores. / Fotografía: Maritza Palma Lozano.
Rafael Mateus, de la compañía minera, justifica que sí “se ha tratado de mover maquinarias sin permiso de la comunidad embera karambá, primero (porque son) vías públicas y las vías públicas son de libre tránsito para todos los colombianos, incluyendo las empresas”. Aclara que “las actividades de exploración se han hecho en predios o de la empresa o de personas privadas que han permitido” y defiende que “no es como si fuera territorio colectivo. (…) Quienes son dueños de los predios actúan como personas naturales”. En conclusión, dice, solo deben tramitar permisos ante las entidades del Gobierno.
Recientemente, el concejal Rafael Molina les hizo una insinuación a Edit y Wilber. El 9 de mayo de 2022 los visitó en su casa indicando que podían garantizar trabajo a un hermano de Edit, quien previamente envió su hoja de vida a la compañía. En el audio de la visita se escucha cuando el concejal les dice: “Ella (Catalina Cadena) me les manda a decir que está muy interesada en que ustedes, que son los que manejan en Miraflores, le autoricen y le permitan a ella poder subir la máquina hasta ahí (lote Las Pilas) por 15 días”.
La compañía minera expone que “se siguen buscando canales de diálogo con los hermanos embera karambá de la vereda Miraflores para poder trasladar el taladro e iniciar los trabajos de perforación donde trabajarán personas de la vereda, como lo vienen haciendo en los demás lugares de perforación, recibiendo ingresos para ellos, ellas y sus familias”.
Al menos en tres ocasiones la compañía ha subido acompañada de la fuerza pública: en febrero de 2020, durante una visita de la Agencia Nacional de Minería (ANM) por un acto administrativo; en abril de 2021, cuando la compañía intentó subir maquinaria, y en octubre de 2021, durante otro intento por subir un taladro de perforación para exploraciones, asistieron agentes de la Policía, entre ellos, agentes antiexplosivos. En el acto administrativo de 2020 hubo presencia del Ejército, pese a que en el informe de la misma ANM dicen: “Durante la visita no se contó con acompañamiento de la Policía Nacional, se hicieron presentes algunas unidades del Ejército Nacional que tampoco acompañaron el recorrido”. En todos los casos, la presencia de la fuerza pública quedó registrada en fotografías recolectadas por la comunidad indígena.
Miraflores S.A.S. sostiene que durante el 2022 también “se ha intentado llevar un taladro”.
Albeiro reitera: “Nos ha tocado, como el dicho, pararnos duro para atajar esa maquinaria para no dejarlos subir acá (…). Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”.
El 17 de febrero de 2021, cuando 50 guardias indígenas de la comunidad embera karambá pasaron la noche en medio de las montañas bajo la lluvia, la Agencia Nacional de Minería solicitó que debían dejar pasar a sus funcionarios a los lotes donde aplica el título minero 010-87M. Los indígenas se interpusieron en el camino obstruyendo las vías con el verde bosque de sus uniformes.
¿Su motivación? Está ligada al centro de sus creencias y valores. “Uno sigue luchando porque uno en lo espiritual y en lo de uno como indígena la prioridad es la madre tierra y para nosotros lo más importante es decir que donde nacimos ahí morimos”, sostiene Edit Ladino.
Imagen superior: Guardia indígena desde las montañas de Miraflores, Quinchía, Risaralda, Colombia. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
Un guío o anaconda de 4.30 metros de largo y 60 kilos de peso, fue liberada en una reserva del Comando Aéreo de Combate No. 2 (Cacom2) de Villavicencio, luego de ser rescatada y valorada por veterinarios de Cormacarena.
También se le conoce como güío negro y es una especie que contribuye al control biológico en los ecosistemas. «Se alimenta principalmente de chigüiros, caimanes, tapires, aves, venados y roedores, los cuales se han sobrepoblado o en algunos casos, entorpecen las operaciones aéreas de este lugar», informó esa entidad.
El Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión que en abril pasado había tutelado el derecho a la consulta previa de Afrowilches y suspendido los pilotos de fracking. En protesta, este lunes 6 las comunidades de Puerto Wilches iniciaron protestas y cierre de vías.
Comunidades de Puerto Wilches (Santander) impugnarán el reciente fallo del Tribunal Administrativo de Santander que revocó la suspensión de los pilotos de fracking y pedirán a la Corte Constitucional su revisión. Consideran que el fallo desconoce el precedente de la consulta previa y viola los derechos de las comunidades afrocolombianas de ese municipio.
Las organizaciones sociales que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking lamentan la revocatoria de la decisión que tuteló el derecho a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) y anuncian que continuarán las acciones jurídicas, actividades de incidencia y movilización para que se prohíba esta técnica en el país.
“Como se pudo demostrar en el proceso, Afrowilches es una organización de base afro reconocida desde 2014 por el Ministerio del Interior, es integrante de la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Santander, y ha sido objeto de consulta previa en el pasado por parte de la CAS y la Gobernación de Santander”, asegura el comunicado de la Alianza contra el Fracking.
La suspensión
En sentencia del 21 de abril pasado, la juez Blanca Judith Martínez Mendoza del Juzgado Primero del Circuito Juzgado Administrativo de Barrancabermeja, Santander, había tutelado el derecho fundamental a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches -Afrowilches.
Como consecuencia de lo anterior, fue suspendido el proceso de licencia ambiental del proyecto PPII KALÉ otorgada mediante la Resolución No 00648 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto PPII PLATERO, hasta que se desarrollara el proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches en todas sus etapas.
Para desarrollar dicho proceso, la juez había ordenado a Ecopetrol S.A., a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, adelantara de forma coordinada las actuaciones administrativas pertinentes la realización de los procesos de consulta previa con la Corporación Afrowilches para los proyectos PPII KALÉ y PPII PLATERO.
Sin embargo, en el reciente fallo, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión por lo que estos procesos no se cumplirían.
La comunidad consideran que el fracking es una técnica que afectará los ecosistemas y en especial el suministro de agua y la biodiversidad de este territorio con una larga tradición petrolera.
Cierran vías
Este lunes 6 de junio la comunidad inició una serie de movilizaciones en contra del fracking y de la decisión del Tribunal, en diferentes puntos del municipio, que implican el cierre de vías y zonas de puerto hacia el sur de Bolívar. A las 5 de la tarde realizarán una asamblea para debatir la licencia social de esta técnica.
Se conoció que en el municipio el tráfico está bloqueado y el personal de sector petrolero, palmero y comercial se encuentra apostado en las vías al no poder llegar a sus lugares de trabajo.
Protesta contra el fracking en Puerto Wilches – Foto: ACF
Leonardo Gutiérrez, representante de la sociedad civil dijo a la emisora la Estación de Puerto Wilches que «al tumbar la tutela, Anla aprobó la licencia ambiental para el proyecto PPII KALÉ, ya que en el procedimiento solo faltan las observaciones de la comunidad y seguiría el trámite de la licencia ambiental de PPII PLATERO», según el dirigente, estaría lista en un tiempo de 30 días, aproximadamente.
A la vez fue citado un Cabildo abierto para el sábado 2 de julio, con invitación al presidente que para la fecha haya sido elegido, con el fin de conocer su posición frente a la técnica de fracturamiento hidraúlico proyectada en esa localidad.
Los estiajes (caudal mínimo debido a sequía) y los incendios forestales asociados al fenómeno El Niño de 2015-2016 provocaron la pérdida de 3.000 millones de plantas y la emisión de 495 millones de toneladas de ese gas de efecto invernadero
Agencia FAPESP/DICYT
Las sequías extremas están volviéndose cada vez más frecuentes e intensas a causa de los cambio en el clima, lo que puede tener grandes impactos en la Amazonia. Desde finales de 2015 y comienzos de 2016, durante el verano, el bioma se vio afectado por una gran sequía y por incendios forestales asociados al fenómeno El Niño. Los efectos de este evento climático se extendieron durante los tres años siguientes, lo que redundó hasta el año 2018 en la muerte de 3.000 millones de árboles y en la emisión de 495 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), una cifra superior al promedio anual provocado por la deforestación en toda la selva amazónica brasileña.
Así lo revela un estudio a cargo de científicos de Brasil y1del Reino Unido que contaron con el apoyo de la FAPESP como parte del Programa FAPESP de Investigaciones en Caracterización, Conservación, Restauración y Uso Sostenible de la Biodiversidad (BIOTA-FAPESP), y que se publicaron a través de un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), de Estados Unidos.
“Observamos que los árboles ubicados en áreas de la selva que ya habían padecido algún trastorno antrópico en el pasado, como en el caso de las quemas y de las extracción de madera, fueron más vulnerables a los efectos de la combinación de la sequía y del fuego asociados al fenómeno El Niño de 2015 que las que estaban situadas en zonas más conservadas del bioma”, dice la brasileña Erika Berenguer, investigadora de las universidades Lancaster y de Oxford, del Reino Unido, y primera autora del estudio.
Los investigadores realizaban desde el año 2010 una investigación en el Bajo Tapajós –área que lleva el nombre de uno de los principales afluentes del río Amazonas, con un tamaño equivalente a dos veces el de Bélgica– cuando la región se vio afectada por El Niño, y se convirtió a finales de 2015 en el epicentro de este fenómeno en la Amazonia.
Las áreas de 2.500 metros cuadrados, que ellos venían estudiando para cuantificar los impactos causados por trastornos provocados por la acción humana en la Amazonia –distribuidas en un territorio de 6,5 millones de hectáreas de la selva–, fueron completamente destruidas por los incendios forestales, exacerbados por el referido fenómeno climático.
En circunstancias normales, a causa de los altos niveles de humedad, la selva amazónica no se quema. Sin embargo, la sequía extrema hace que la selva se vuelve inflamable temporalmente. De esta forma, el fuego aplicado para quemar la selva talada en un área de desmonte o para ayudar en la limpieza de un campo puede salirse de control y propagarse por la selva provocando grandes incendios forestales. “El fuego que empezó en otras áreas entró en las parcelas que monitoreábamos desde 2010 y lo quemó todo. Varios experimentos que estábamos realizando literalmente se derritieron, pues se trataba de dispositivos de materiales plásticos”, dice Berenguer.
La pérdida de árboles
En medio a este escenario desolador, los investigadores tuvieron la idea de medir trimestralmente los impactos causados por El Niño entre 2015 y 2016 y la duración de los mismos hasta tres años después de dicho fenómeno climático en 21 de las parcelas estudiadas. Las referidas parcelas estaban en parte compuestas por bosque primario que nunca había sufrido trastornos. En tanto, otras estaban formadas por bosques primarios que ya habían sido objeto de cortes selectivos de madera, y otro grupo por bosques primarios que se había visto afectados no solamente por la extracción ilegal de árboles, sino que también se habían quemado en el pasado. Asimismo, también se analizaron parcelas formadas por bosques secundarios, que crecen en áreas que han sido completamente deforestadas.
Los análisis revelaron que la asociación de la sequía extrema con los megaincendios desencadenados por El Niño provocaron la muerte de alrededor de 3.000 millones de árboles en el área estudiada, que equivale al 1,2 % del territorio de la Amazonia brasileña y al 1 % de todo el bioma. De ese total de vegetación muerta, 446 millones fueron árboles grandes –de más de 10 centímetros (cm) de diámetro a la altura del pecho (DAP)– y alrededor de 2.500 millones fueron árboles menores, con menos de 10 cm de DAP, según estiman los investigadores.
“Algunas áreas perdieron un 75 % de los árboles. Y la selva entonces se modificó completamente, quedando totalmente abierta”, dice Berenguer.
La pérdida de árboles fue mucho peor en los bosques secundarios y en otros bosques afectados por la intervención humana. Los árboles con menor densidad de madera y cortezas más finas quedaron más propensos a morir debido a la sequía y a los incendios. Esos árboles menores son más comunes en los bosques afectados por el hombre. Los científicos también compararon el efecto de la sequía en diferentes tipos de bosques, como así también los estreses combinados de la sequía y del fuego exacerbados por El Niño.
La mortalidad de árboles fue mayor en los bosques secundarios a causa de la sequía en comparación con los bosques primarios. El impacto fue mayor en las áreas de bosques modificados por la acción humana que experimentaron una combinación de sequía y fuego. “Si bien estudios anteriores habían demostrado que los bosques afectados por perturbaciones causadas por la interferencia humana son más susceptibles a los incendios, no se sabía si existía alguna diferencia en la vulnerabilidad y en la resiliencia de los árboles cuando ocurren sequías e incendios forestales”, explica Berenguer.
Los investigadores también constataron que las plantas en bosques afectados por la sequía, como así también en bosques quemados, siguieron muriendo a una tasa superior a la normal durante hasta tres años pasada la sequía del El Niño, con lo cual liberaron más CO2 en la atmósfera. La mortandad de plantas en la región del Bajo Tapajós generó una emisión de 495 millones de toneladas de CO2, mayor que la causada por el desmonte durante un año entero en toda la Amazonia. Como resultado de la sequía y de los incendios, la región liberó una cantidad de CO2 en un lapso de tres años equivalente a las emisiones anuales de ese gas de efecto invernadero de algunos de los países más contaminantes del mundo.
“Esa cantidad de CO2 generado fue mayor que la emisión anual de países tales como Australia y el Reino Unido”, comparó Berenguer. Las emisiones de CO2 de los bosques quemados debido a incendios forestales fueron casi seis veces mayores que las de los bosques afectados únicamente por la sequía. Al cabo de tres años, tan solo una tercera parte aproximadamente (un 37 %) de las emisiones fue reabsorbida por el crecimiento de las plantas en la selva.
“Los resultados del estudio coinciden con trabajos publicados recientemente por otros grupos de científicos que muestran que la Amazonia puede dejar de ser un sumidero y convertirse en una fuente de carbono”, sostiene Carlos Joly, docente del Instituto de Biología de la Universidad de Campinas (Unicamp) y miembro de la coordinación del Programa BIOTA-FAPESP.
“Esta conjunción de estudios muestra que la frecuencia de perturbaciones humanas en la Amazonia está acelerándose y puede hacer que se llegue a límites irreversibles de pérdidas de selva. De este modo, la Amazonia dejaría de ser una formación forestal cerrada para convertirse en un bosque abierto, mucho menos denso y exuberante que actualmente”, apunta Joly, quien es también uno de los autores del estudio.
Gestión, conservación y monitoreo, son algunos de los temas centrales del encuentro que se realizará entre el primero y 3 de junio. Expertos de 24 países están invitados.
El evento tiene como fin intercambiar conocimientos y experiencias relacionadas con de los ecosistemas de Alta Montaña, y estudiar las acciones de mitigación y adaptación que se están tomando a nivel global frente al cambio climático.
Estos ecosistemas llaman la atención de científicos e investigadores del planeta dadas las dinámicas de cambio que se presentan en bosques altoandinos, en páramos y glaciares tropicales.
Ideam y Usaid, dos de las entidades organizadoras, indican que se requiere tomar acciones conjuntas y estrategias globales con respecto a los cambios que está sufriendo la alta montaña, dado que la producción de los servicios ecosistémicos podría disminuir progresivamente, especialmente la provisión de agua para las ciudades, los distritos de riego, y la conservación de la biodiversidad.
Ante este panorama, la cumbre se convierte en el espacio propicio para intercambiar experiencias y conocer la información más reciente que se está generando en el mundo, cuáles son los retos que tenemos como país y cómo podemos diseñar estrategias de adaptación al cambio climático para garantizar la conservación de estos ecosistemas, expresó Roberto León Gómez, director del Proyecto Modelos Innovadores de Conservación de Usaid.
Para el directivo, estos ecosistemas revisten de especial importancia porque contribuyen en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con las cuales está comprometido el gobierno colombiano, y en general, todos los gobiernos del planeta, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el Acuerdo de París.
Asistirán expertos de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador, Reino Unido, Indonesia, Francia, Suiza, Venezuela, Dinamarca, España, Emiratos Árabes, Rumania y Colombia.
Fotografía superior: Sierra Nevada de Santa Marta Foto: Serkim Nawin.
SEE Shell fue diseñada para combatir el tráfico de caparazones de tortuga carey.Es la primera app del mundo que identifica productos ilegales de vida silvestre.
Se puede utilizar en puntos de comercialización, para esto el usuario toma una fotografía de un producto que considere podría ser de carey, lo sube a la plataforma digital y esta define inmediatamente si se trata o no de caparazón de tortuga, con un alto grado de precisión.
La herramienta fue creada por la organización See turtlescomo parte de la lucha contra el tráfico ilegal de esta especie, así busca evitar la compra y venta de productos de tortuga, contribuir a estudio del fenómeno de comercio y para identificar puntos de acceso del expendio de estos productos. De esta forma, SEE Shell hace parte de lacampaña Too Rare To Wearque traduce ‘demasiado raro para usar’, y que concientiza a la ciudadanía sobre el perjuicio del tráfico de fauna.
Too Rare To Weartrabaja para poner fin a la demanda de productos de carey en todo el mundo con más de 150 operadores turísticos y grupos de conservación. Ellos realizan actividades educativas a los viajeros, proporcionan fondos para organizaciones que trabajan para reducir el comercio en Colombia, Nicaragua, Indonesia y otros lugares, y estudian el comercio de carey.
Además de la aplicación, han publicado dos informes internacionales sobre este comercio, creó una coalición con 150 empresas turísticas y organizaciones de conservación para abordar este comercio, apoyan a socios como la Fundación Tortugas del Mar para reducir este comercio en un 80% en Cartagena y hacen esfuerzos locales para abordar este comercio en Indonesia, Colombia, Costa Rica y Panamá.
SOBRE LA TORTUGA CAREY
Su nombre científico es Eretmochelys imbricata.
También es denominada Hawksbill o Tartaruga de Pente.
Anida en las playas cálidas de los océanos, Atlántico, Pacífico e índico, es decir en zona tropical.
Es la más sedentaria de las tortuga de mar
Suele permanecer durante periodos prolongados en determinados hábitats para alimentarse.
Su caparazón puede llegar a medir 83 cm y pesar unos 82 kilos.
Está clasificada por la Unión Internacional para la Conservación natural (UICN) como En Peligro Crítico (CR), categoría más próxima a la extinción. Y figura en el apéndice 1 de CITES.
Siempre ha sido perseguida por su concha y huevos bajo falsas creencias, incluso se encuentran ejemplares disecados en el comercio ilegal. Por esta razón sus poblaciones han disminuido tanto que difícilmente se reportan ejemplares anidando n las playas tropicales. la pérdida de esta especie ha hecho crear aplicaciones como Too Rare To Wear.
En Cartagena, Colombia se ha mantenido un mercado de venta de productos de carey, en los últimos años diferentes campañas han logrado disminuir dichas ventas al concientizar a los comerciantes de almacenes artesanales y a turistas.
Campaña de SEE Turtles en Cartagena para reducir la demanda de la concha de tortuga. Fotografías: Fundación Tortugas del Mar
Contexto:
Amplía la información sobre las campañas contra el tráfico ilegal de tortuga en:
En su decisión dada a conocer este 21 de abril , la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Colombia cesar todo tipo de interferencia en las zonas que corresponden a Nicaragua en el Mar Caribe desde su decisión del 2012, además de anular las regulaciones que había tomado, de conformidad con el contenido de su sentencia del 19 de noviembre del 2012.
Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Como era previsible, los alegatos de Colombia no surtieron mayores efectos, al tiempo que Nicaragua ve mediante esta sentencia consolidados y reafirmados sus derechos en estas zonas marítimas.
Las expectativas (erróneas) creadas en estos últimos días en Colombia deberán ahora ser explicadas por los mismos responsables de crearlas en la opinión pública colombiana. Una situación muy similar observada en Colombia en los días que antecedieron la lectura de la sentencia de la CIJ en noviembre del 2012.
De los siete puntos resolutivos, un último punto sobre las líneas de base recta adoptadas por Nicaragua en el 2013 y en el 2010 permiten a Colombia evitar una sentencia que la condenaría en todos los puntos dispositivos de la sentencia.
Imagen Google Earth
Consulta el texto completo de la sentencia del 21 de abril en francés y en inglés
Se reproduce la parte dispositiva final (párrafo 261) en la que se lee que la CIJ:
«1. Finds that its jurisdiction, based on Article XXXI of the Pact of Bogotá, to adjudicate upon the dispute regarding the alleged violations by the Republic of Colombia of the Republic of Nicaragua’s rights in the maritime zones which the Court declared in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua, covers the claims based on those events referred to by the Republic of Nicaragua that occurred after 27 November 2013, the date on which the Pact of Bogotá ceased to be in force for the Republic of Colombia;
2. Finds that, by interfering with fishing and marine scientific research activities of Nicaraguan-flagged or Nicaraguan-licensed vessels and with the operations of Nicaraguan naval vessels in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone and by purporting to enforce conservation measures in that zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
3. Finds that, by authorizing fishing activities in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
4. Finds that the Republic of Colombia must immediately cease the conduct referred to in points (2) and (3) above;
5. Finds that the “integral contiguous zone” established by the Republic of Colombia by Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, is not in conformity with customary international law, as set out in paragraphs 170 to 187 above;
6. Finds that the Republic of Colombia must, by means of its own choosing, bring into conformity with customary international law the provisions of Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, in so far as they relate to maritime areas declared by the Court in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua;
7. Finds that the Republic of Nicaragua’s straight baselines established by Decree No. 33-2013 of 19 August 2013, as amended by Decree No. 17-2018 of 10 October 2018, are not in conformity with customary international law«;
…/…
«1. Dit que la compétence qu’elle a, sur le fondement de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations, par la République de Colombie, des droits de la République du Nicaragua dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus à cette dernière dans son arrêt de 2012, couvre les demandes fondées sur les événements mentionnés par la République du Nicaragua survenus après le 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la République de Colombie ;
2. Dit que, en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua et en voulant faire appliquer des mesures de conservation dans cette zone, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime ;
3. Dit que, en autorisant des activités de pêche dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime
4. Dit que la République de Colombie doit immédiatement cesser le comportement visé aux points 2) et 3) ci-dessus
5. Dit que la «zone contiguë unique» établie par la République de Colombie par le décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, n’est pas conforme au droit international coutumier, ainsi qu’exposé aux paragraphes 170 à 187 ci-dessus ;
6. Dit que la République de Colombie doit, par les moyens de son choix, mettre les dispositions du décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, en conformité avec le droit international coutumier, en tant qu’elles ont trait aux espaces maritimes que la Cour a reconnus à la République du Nicaragua dans son arrêt de 2012 ;
7. Dit que les lignes de base droites de la République du Nicaragua établies par le décret no 33-2013 du 19 août 2013, tel que modifié par le décret no 17-2018 du 10 octobre 2018, ne sont pas conformes au droit international coutumier«.
Como se puede apreciar, Colombia ve frenadas sus osadas y reiteradas pretensiones, mientras que Nicaragua obtiene de la CIJ que ordene a Colombia cesar todo tipo de interferencias en las zonas marítimas bajo jurisdicción de Nicaragua.
Es de notar que en relación al punto resolutivo 7, Colombia no explicó en qué ello afectaba sus derechos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), un detalle que el juez Mohamed Bennouna (Marruecos) considera que la CIJ debió desestimar y que ahora, según él, sienta un peligroso precedente para la CIJ en el futuro, al existir en el mundo innumerables decretos unilaterales de líneas de base rectas para delimitar el mar territorial (Nota 1) que no siempre se adecúan a la letra de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto su declaración). Dicho sea de paso, Colombia a la fecha no ha ratificado este importante acuerdo universal (véase estado oficial de firmas ya ratificaciones): en América Latina, además de Colombia, únicamente El Salvador comparte esta situación, así como Venezuela (que tan siquiera lo ha firmado).
Con relación a los supuestos derechos de pesca artesanal de la comunidad de Raizales defendidos por Colombia, el párrafo 231 de la sentencia establece claramente que:
«231. For these reasons, the Court concludes that Colombia has failed to establish that the inhabitants of the San Andrés Archipelago, in particular the Raizales, enjoy artisanal fishing rights in waters now located in Nicaragua’s exclusive economic zone, or that Nicaragua has, through the unilateral statements of its Head of State, accepted or recognized their traditional fishing rights, or legally undertaken to respect them. In view of this conclusion, the Court need not examine the Parties’ arguments in respect of whether or in which circumstances the traditional fishing rights of a particular community can survive the establishment of the exclusive economic zone of another State, or Colombia’s contentions concerning Nicaragua’s alleged infringement of said rights through the conduct of its Naval Force».
../..
«231. Pour ces motifs, la Cour conclut que la Colombie n’a pas établi que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou que le Nicaragua a, par les déclarations unilatérales de son président, accepté ou reconnu l’existence de leurs droits de pêche traditionnels, ou pris l’engagement juridique de respecter de tels droits. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin pour elle d’examiner les arguments des Parties quant au point de savoir si et dans quelles circonstances les droits de pêche traditionnels d’une communauté donnée peuvent survivre à la création de la zone économique exclusive d’un autre Etat, non plus que les violations desdits droits que le Nicaragua, selon la Colombie, aurait commises du fait du comportement de ses forces navales«.
Algunas perspectivas después de esta sentencia
Habíamos tenido la oportunidad de analizar el procedimiento contencioso incoado por Nicaragua contra Colombia desde el 2013 y de mencionar algunos detalles pasados por alto por algunos analistas y colegas en Colombia (véase nuestra breve nota titulada: «Nicaragua / Colombia: a propósito de la lectura de la sentencia de la CIJ «).
Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de esta nota de prensa de Infobae titulada «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ», edición del 1/12/2012.
Como lo enseña la práctica luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, los jefes de Estado de ambos Estados podrían empezar a explorar algún tipo de acercamiento, fallo en mano, en aras de pacificar sus deterioradas relaciones bilaterales.
Al respecto, cabe recordar que tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después de leída la sentencia del 19 de noviembre del 2012, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Se trata de un espacio político natural que deriva de la lectura de un fallo de la CIJ entre dos Estados (con la notoria excepción de Costa Rica y Nicaragua), y ello en aras de ir normalizando paulatinamente sus deterioradas relaciones después de varios años de justas legales en La Haya: como todo espacio político, está sujeto a los vaivenes de la vida política; y sobre todo, a la capacidad de ambos contendores de aprovechar la ocasión que brinda el juez internacional a dos Estados que han litigado ante él (o de desaprovecharla).
En el caso de Colombia y de Nicaragua, cabe precisar que aún queda pendiente de resolución una segunda demanda planteada por Nicaragua en el 2013 (véase detalles del procedimiento en este enlace oficial de la CIJ), también relacionada al Mar Caribe. Aún se deben de fijar las fechas para la realización de las audiencias orales entre ambos Estados en La Haya, que constituyen la etapa final del contradictorio en el procedimiento contencioso ante el juez internacional: después de las cuales, se entrará a deliberar antes de dar lectura al fallo final. Es de precisar que el «délibéré» de la CIJ es usualmente de 6 meses pero puede ir hasta 13 meses (fue lo que ocurrió en el caso de la delimitación marítima entre Perú y Chile en el 2014). En el caso de Nicaragua y Costa Rica (primera sentencia del 13 de julio del 2009), la CIJ sorprendió a muchos observadores, con una deliberación de tan solo 4 meses.
No obstante la existencia de esta segunda sentencia pendiente de escucharse, esta situación no debería de servir de pretexto para no iniciar una fase de acercamiento en el plano bilateral. Ambos Estados pueden desde ya sentarse a negociar aspectos diversos a partir de esta sentencia leída este 21 de abril del 2022.
En el pasado Colombia procedió a una gestual inusual, llegando a declarar «inaplicable» el fallo de la CIJ del 2012 en setiembre del 2013 (Nota 2) y tensando innecesariamente los ánimos con Nicaragua, en vez de aprovechar el espacio ofrecido por el juez internacional al zanjar esta larga controversia marítima iniciada en 1980.
A modo de conclusión
La lectura de una sentencia de la CIJ siempre debiera ser celebrada, al consolidar la idea que la fuerza del derecho prevalece sobre el derecho de la fuerza en las relaciones entre Estados. Esta aseveración cobra particular relevancia en este 2022, en particular desde el pasado 24 de febrero, en el que el mundo asiste a un intento por parte de Rusia de hacer prevalecer el derecho a la fuerza sobre la fuerza del derecho, llevándola a un verdadero impasse.
Hay que saludar la perseverancia y la confianza de Nicaragua desde el 2001 en la justicia internacional ante las arremetidas (bastante inusuales) observadas desde noviembre del 2012 por parte de las autoridades colombianas: estas últimas deberían revisar sus accionar y adecuarlas a lo claramente establecido en el 2012 por el juez de La Haya.
Ojalá, a partir de la lectura de esta nueva sentencia, que las máximas autoridades de ambos Estados busquen la manera de reconducir sus relaciones bilaterales hacia aguas menos turbulentas: en efecto, Nicaragua y Colombia llevan 21 años enfrascados en complejas y costosas (Nota 3) batallas legales en La Haya sobre aspectos y controversias bilaterales que usualmente, dos Estados vecinos en el mar con voluntad para resolverlos, pueden perfectamente negociar.
Notas:
Nota 1: Véase, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 18851-RE adoptado por Costa Rica en 1988 sobre lineas de base rectas en el Pacífico, objeto de una nota formal de protesta de Estados Unidos en 1989, al no adecuarse – en lo más mínimo – a lo establecido en la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar (disponibles ambos textos en este Número de Limits in the Seas, publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos).
Nota 2: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer «non-applicable» l´arrêt de la CIJ: breves réflexions«, Université Laval (Canada), documento disponible aquí, así como en el sitio jurídico especializado en derecho internacional en Francia denominado Sentinelle (véase enlace).
Nota 3: Por lo general, el costo exacto de una demanda en La Haya, sea para el Estado demandante, o el demandado, constituye una zona gris sobre las que los Estados mantienen cierta imprecisión. Una prensa un poco más aguerrida y curiosa que la nicaragüense (o la costarricense, o la hondureña) como la prensa colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En América Latina, algunos datos han circulado en medios de prensa de manera esporádica: no obstante, sorprende el hecho que ni medios de prensa, ni órganos encargados del erario público, ni analistas, ni partidos de oposición hayan externado curiosidad sobre este preciso tema. Es así como en Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando la fuerte resistencia del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositarle a Ecuador en el 2013 la coqueta suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). El monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 interpuesta por Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar que debería poderse afinar y completar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso que concluyó en el 2015, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com); o bien, algún otro informe oficial detallado que tengan en su poder relacionado a otro Estado que haya litigado en La Haya. Con relación a Costa Rica, se desconoce el monto gastado por el Estado costarricense para sufragar los gastos de defensa de las demandas presentadas contra Nicaragua en el 2005, 2010, 2014 y 2017, así como para enfrentar la demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011 por la denominada «trocha fronteriza«. La incapacidad demostrada para negociar el monto por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en Isla Portillos que la CIJ plasmó en su sentencia de diciembre del 2015 (véase texto), invitando a ambos Estados a ponerse de acuerdo sobre el monto (párrafo 142), requirió una segunda etapa procesal que finalizó en febrero del 2018 con una sentencia de la CIJ (véase texto).
Nota de opinión elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Poco se ha avanzado después de cinco años de la Sentencia de la Corte Constitucional que exige una concertación entre el operador del bloque petrolero Suroriente y la comunidad indígena nasa para reparar los daños ambientales causados por derrames petroleros.
No hay agua limpia. Los espíritus guardianes ya no habitan la entrada a la Amazonía. La comunidad indígena nasa de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, narra que sigue resistiendo las actividades petroleras en su territorio, mientras que sus costumbres y sus rituales están interrumpidos por la contaminación de sus fuentes hídricas. Los nasa también cuentan que deben enfrentar a la fuerza pública y la seguridad privada de las empresas del sector para poder movilizarse libremente, sobre todo en la noche, cuando es el momento de la caza.
El resguardo nasa Kiwnas Cxhab Alto Lorenzo es el hogar de 184 familias que por más de 74 años han habitado el corredor Puerto Vega Teteyé, en el corregimiento La Carmelita de Puerto Asís, en el sur del Putumayo. En 1993 se establecieron como cabildo con la naciente Constitución Colombiana y, tras una lucha por ser reconocidos, en el 2003 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó a la comunidad nasa como resguardo y les adjudicó 1363 hectáreas de tierra.
Solo dos años después de tener los títulos de su territorio, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comenzó a realizar una serie de pruebas para la exploración petrolera en el denominado Bloque Suroriente. El resguardo nunca se enteró. En voz del gobernador indígena de Kiwnas Cxhab, José Eduvan Coicue, nadie les preguntó si querían que una empresa entrara al territorio e hiciera labores de exploración y explotación.Es más, dice que nadie les contó que se iban a dar concesiones de agua ni les advirtió de los impactos ambientales de la actividad petrolera.
Desde entonces, los indígenas han denunciado constantes derrames de petróleo sobre sus fuentes de agua y su territorio e incluso tuvieron que acudir a la justicia colombiana para pedir el respeto de sus derechos al agua potable, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al desarrollo sostenible. Llevan años pidiendo remediación ambiental y en 2022 aún es posible ver rastros de derrames que ocurrieron en 2014 y 2015.
El pueblo nasa ha habitado el departamento del Putumayo desde 1938 y sus ancestros recorrieron la zona desde hace más de 300 años. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.
El comienzo de una pesadilla
El Ministerio y la petrolera estatal Ecopetrol realizaron exploración en la zona, mientras que la comunidad recopilaba pruebas y denunciaba que esto se hacía sin su consentimiento. En septiembre de 2005, Ecopetrol le cedió los derechos del Plan de Manejo Ambiental del Bloque al Consorcio Colombia Energy, representado por la petrolera Vetra Exploración. En 2009 entraron en funcionamiento los campos petroleros Cohembí y Quillacinga, que hacen parte de la gran concesión, y se encuentran ubicados fuera del resguardo nasa. Sin embargo, las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto incluyen las 1363 hectáreas del territorio indígena.
En 2010, el Consorcio pidió la ampliación de su licencia ambiental con el fin de abrir nuevos pozos de exploración y construir nuevas vías para las actividades petroleras. La comunidad no resistió más y el gobernador nasa de ese entonces, Edinson Oswaldo Ul Secue, presentó un documento en el Ministerio de Ambiente, argumentando la inconformidad de los indígenas por la petición de Vetra Exploración. “Nosotros presentamos muchos documentos en todas las entidades del Estado. Las cuencas de los ríos que van a dar al río Putumayo ya estaban contaminadas”, afirma el gobernador José Eduvan Coicue.
Desde el 2010 el Bloque Suroriente ha crecido tanto que ha llegado a cubrir casi las 63 veredas —localidades rurales— del corredor Puerto Vega-Teteyé, una zona fronteriza delimitada al sur por el río Putumayo y al norte por el río San Miguel, donde habitan familias campesinas, dos resguardos del pueblo indígena awá y el resguardo nasa Kiwnas Cxhab.
La comunidad indígena nasa y la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo exigieron una audiencia pública ambiental para tratar el tema de la ampliación del bloque petrolero. Esta audiencia convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se llevó a cabo el 31 de enero de 2014, tal como está descrito en la sentencia de la Corte Constitucional T 730 de 2016.
“En dicho espacio la comunidad denunció las graves afectaciones a los derechos humanos de las que estaba siendo víctima como consecuencia de la explotación petrolera de la zona, motivo por el cual se encontraban en desacuerdo con la ampliación de la licencia, expusieron también su inconformidad frente al oficio del 13 de octubre de 2009 emitido por el Instituto Colombia de Desarrollo Rural (Incoder) [entidad que reemplazó al Incora], a través del cual dicha entidad sostuvo que el proyecto en cuestión no afecta territorios indígenas, bajo el argumento que no existen dichos pueblos en la zona” se consigna en la sentencia.
Tanto las comunidades campesinas como el pueblo nasa manifestaron que hicieron llegar sus historias clínicas a la Corte Constitucional, donde se manifestaban problemas gastrointestinales y respiratorios.
Sin importar los alegatos de las cerca de 3000 personas del pueblo indígena y de los campesinos que viven en el territorio, la Anla aceptó la propuesta de ampliación del bloque, la realización de nuevas obras y la adición de permisos para el uso del agua. Para el gobernador Coicue esto fue, una vez más, un atropello contra su territorio. “Nosotros vemos que hay cambios muy graves. En este momento la cobertura vegetal se ha perdido. Como comunidades indígenas vemos el desequilibrio ambiental, los cambios bruscos de temperatura. El cosmos está sufriendo y enfermando a las comunidades”, afirmó.
Los indígenas nasa tampoco entienden cómo el Ministerio del Interior, cuando se otorgó la licencia para el bloque petrolero y cuando se pidió su ampliación, certificó que no había comunidades étnicas en la zona. “Nosotros estamos constituidos como resguardo desde 2003, nuestros ancestros han habitado esta zona desde hace más de 300 años y el Ministerio cómo se atrevió a decir que nosotros no habitamos la tierra”. En la sentencia se lee que el Ministerio solo le contestó a la Corte Constitucional que ellos revisan distintas bases de datos y que en ninguna de ellas había información sobre el resguardo nasa.
Sin consulta pero la explotación sigue
Aunque el resguardo Kiwnas Cxhab no se encuentra en las 12 mil hectáreas licenciadas en el bloque petrolero, sí está ubicado en las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto. Además, a solo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga está el asentamiento indígena nasa. “Ahora toda el agua está llena de lodo, de crudo y eso no se ha descontaminado. Uno puede a simple vista ver las manchas oscuras en el suelo, las plantas, en el agua”, dice José Eduvan Coicue.
En 2014, el resguardo Kiwnas Cxhab, y los representantes de campesinos de las veredas Buenos Aires, La Montañita, Teteyé, El Diamante, Guayabal, Campo Alegre y La Gotera decidieron presentar una tutela —mecanismo para la protección de derechos fundamentales en Colombia— alegando que nunca se les consultó sobre el proyecto petrolero y que hubo vulneración a derechos básicos como agua potable, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al desarrollo sostenible. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa negó las pretensiones en un fallo de 2015 pero las comunidades apelaron y el caso pasó a la Corte Constitucional.
En esa instancia, Corpoamazonia, la autoridad ambiental de la región, mostró que por fallas operacionales, en mayo y octubre de 2014, las fuentes hídricas de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires y Los Cristales fueron afectadas. Según el gobernador indígena, el consorcio tomó medidas en su momento para suministrar agua potable a los pobladores pero no se realizaron acciones a largo plazo para la descontaminación de los ríos.
“Nosotros decidimos ponernos a recolectar todas las pruebas que muestran la contaminación. Nos unimos con varias organizaciones para hacer recorridos, tomar muestras, fotos y testimonios para mostrarle a la Corte”, explica el gobernador José Eduvan Coicue.
El crudo no solo ha afectado los nacimientos de agua sino también la vegetación del territorio nasa. Foto: cortesía de la Asociación Minga-Sonia Cifuentes.
Durante el proceso jurídico que llevaba la Corte por la tutela presentada, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios manifestó que realizó una visita al proyecto petrolero por las constantes quejas de la comunidad y, en el concepto técnico 041 de 2012, concluyó que el consorcio Colombia Energy incumplió su Plan de Manejo Ambiental “dejando ver en sus actuaciones frente a la contaminación provocada por sus procesos de producción, una falta de compromiso con el medio ambiente y con el acatamiento de las resoluciones y autos emitidos por la autoridad ambiental (Anla)”.
En el informe de la Procuraduría se describe que no solo la actividad de los campos petroleros cercanos al resguardo ha afectado al ecosistema sino aquellos que se han dejado en abandono: “por efecto de los gases que hacen brotar a la superficie un líquido viscoso que se adhiere a las plantas y al suelo; el cual destruye la vegetación, la flora y la fauna”. La Procuraduría también destacó el distanciamiento entre la empresa y la comunidad, producto de la falta de comunicación y confianza entre las partes.
En el proceso en la Corte también se pronunció la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de administrar y regular los hidrocarburos en el país, y aseguró que los resultados de laboratorio para agua y suelo mostraron un promedio acorde con los rangos normativos. Sin embargo, la misma entidad manifestó que algunos cuerpos de agua contenían altos niveles de cadmio, plomo, fenoles y fosfatos, especialmente en caños y quebradas de los afluentes del río San Miguel, San Lorenzo y Putumayo.
El asunto se complejizó tanto que el pueblo nasa y las comunidades campesinas que viven en la zona de influencia del proyecto contrataron una consultoría con la Corporación Geoambiental TERRAE —una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social es generar conocimiento geocientífico y suministrar bienes y servicios para contribuir en la solución de problemas territoriales— para evaluar los impactos ambientales del proyecto y presentarla a la Corte. TERRAE declaró que por lo menos 16 de las 18 quebradas, que pasan por los asentamientos campesinos y el resguardo nasa, están contaminadas con cadmio, arsénico y plomo en el corredor Puerto Vega-Teteyé, por lo que no son apropiadas para el consumo.
La consultora también indicó que las fuentes hídricas se han contaminado no solo por los derrames sino por su cercanía a los pozos petroleros y por la construcción de la planta para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos de la explotación. La Consultoría mostró que, por las acumulaciones de tierra con crudo, y las altas temperaturas, se produjo una serie de líquidos que contaminaron varias de las fuentes de agua que los habitantes del corredor utilizan para consumo.
A esto se sumó la visita técnica realizada en 2015 por Corpoamazonia, en la cual se determinaron graves afectaciones a las fuentes hídricas de distintas veredas del municipio de Puerto Asís, como el río Cuembí y el río Putumayo. La entidad también reportó alto deterioro de la vegetación en áreas de bosque de protección y zonas de humedales.
El río San Miguel y el río Putumayo todavía conservan parches de petróleo producto de derrames desde el 2013. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.
El 7 de julio de 2015 Corpoamazonia abrió una investigación sancionatoria contra el consorcio Colombia Energy pero hasta hoy no existe claridad sobre cuál fue la decisión. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hicieron un pedido formal de información a esta autoridad ambiental para tener detalles sobre la investigación, pero aún no se ha recibido una respuesta.
Después de varios laberintos jurídicos, decisiones y posteriores impugnaciones, la Corte Constitucional emitió un fallo que pobladores indígenas y campesinos celebraron como histórico. La sentencia T 730 de 2016 le exigió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior coordinar el proceso de consulta previa con el pueblo nasa y demás demandantes para avalar el proyecto petrolero del consorcio Colombia Energy pues entró en operación sin el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, como lo explica Sonia Cifuentes de la Asociación Minga —organización dedicada a fortalecer los procesos organizativos del pueblo nasa en miras de preservar la cultura y las costumbres indígenas— “ya no era posible tener una consulta previa sino que íbamos a tener una posconsulta, porque las actividades petroleras ya están desde hace muchos años. Aquí el punto era mirar cómo la empresa reparaba el territorio”.
Cifuentes comenta que este fallo es un precedente porque le exige al Ministerio de Interior realizar un proceso de concertación entre la empresa y las comunidades, crear una metodología para poder reparar a los pobladores y llevar un proceso de descontaminación.
La Asociación Minga brindó asesorías permanentes en las reuniones que debían hacerse entre la empresa y las comunidades con el fin de llegar a un acuerdo como dictó la sentencia. “Se hicieron varias reuniones con la empresa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, buscando la manera de construir la ruta metodológica para planear los recorridos para que, colectivamente, se ubicaran las afectaciones y buscar la manera de cómo se podrían hacer las compensaciones ambientales por parte de la empresa”, dice Cifuentes.
Los pobladores indígenas nasa fueron insistentes en la necesidad de comprender las afectaciones del territorio no solo en términos ambientales. De acuerdo con Javier Marin, del equipo de comunicaciones de Minga, no solo se trata de la contaminación directa que hay sobre los territorios y que es evidente, sino la “contaminación” de sus arraigos culturales, cosmogónicos y espirituales, “que fue el punto más álgido en las discusiones con la empresa”.
“Hay una ausencia de los espíritus guardianes en el territorio sagrado debido a la contaminación de las petroleras. Uno hunde un palo en los nacimientos de los ríos y sale lleno de crudo”, afirma el gobernador José Eduvan Coicue.
La guardia indígena realiza recorridos cada tres meses para evaluar la situación ambiental en la zona. Foto: cortesía de la Asociación Minga-Sonia Cifuentes.
La contaminación continúa
Tras el fallo de la Corte Constitucional y las múltiples reuniones entre la comunidad y el consorcio Colombia Energy, la empresa vendió, el 8 de marzo de 2019, la concesión del Bloque Suroriente por 80 millones de dólares a la empresa Gran Tierra Energy, la cual llegó a explotar el proyecto petrolero y los tres campos cercanos al resguardo indígena: Quinde, Cohembí y Quillicinga.
Sin embargo, según cuentan miembros del resguardo Kiwnas Cxhab, la venta del bloque no ha significado un cambio en la descontaminación del agua y en reanudar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Dicen que la contaminación del agua sigue siendo un problema para ellos y, aunque se supone que el agua debe llegar en carrotanques cada semana para garantizar el suministro para el resguardo, dadas las condiciones de clima, de orden público o disposiciones de la empresa, eso no siempre ocurre. Los indígenas dicen que, en épocas de invierno, se ven obligados a recurrir al agua lluvia y, en épocas de verano, no tienen otra salida más que consumir el agua contaminada por la actividad petrolera.
El pueblo indígena nasa que habita en el área de influencia del Bloque Suroriente de Putumayo dice que no solo se ha afectado su territorio sino sus costumbres y rituales pues nunca dieron su consentimiento para la actividad petrolera.
Aunque en 2020 el municipio de Puerto Asís construyó un acueducto que suministraría el agua a más del 80 % de los habitantes del corredor Puerto Vega Teteyé, según el gobernador José Eduvan Coicue, esto no se ha cumplido en su totalidad. “Construyeron el acueducto pero todavía no está terminado y hay días que no funciona”, comentó.
A pesar de esto, Gran Tierra Energy asegura que se han hecho los máximos esfuerzos de limpieza en el territorio. La empresa le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que desde que llegaron en 2019, comenzaron con un proceso de socialización comunitaria para construir una planta para iniciar el proceso de descontaminación. “Hasta el momento, el proceso de socialización de Gran Tierra ha incluido más de 100 reuniones con miembros de la comunidad”, asegura la compañía.
A este complejo panorama se suma que la situación histórica del conflicto armado en el departamento de Putumayo también ha traído grandes problemas ambientales y sociales pues en muchas ocasiones los grupos armados atentan contra la infraestructura y la actividad petrolera. En 2015, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) detuvieron con arma de fuego una caravana de 23 carrotanques en el corredor Puerto Vega Teteyé y obligaron a los conductores a abrir las válvulas y derramar el crudo. Se estima que se regaron alrededor de 200 mil galones de combustible en la vía, los cuales corrieron entre dos y tres kilómetros por el Río Cuembí, que desemboca en el río Putumayo.
Una de las lagunas cercanas al resguardo tiene rastros de crudo, lo que ha obligado a la comunidad a no realizar baños espirituales en el territorio. Foto: cortesía de la Asociación Minga-Sonia Cifuentes.
Después de seis años todavía se puede ver el crudo en algunos sitios. El Consorcio Colombia Energy, que para ese entonces todavía era dueño del bloque petrolero, alegó no tener la responsabilidad de la limpieza de cuerpos de agua pues no fueron ellos los responsables. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional obliga al operador petrolero a actuar con prontitud, impidiendo mayores afectaciones mientras la autoridad ambiental se hace cargo. En 2019, con la llegada de Gran Tierra Energy, la empresa adoptó las órdenes de la sentencia y creó el Plan de Saneamiento de las Áreas Afectadas por Terceros con el fin de monitorear y documentar los impactos ambientales y llevar un registro de la limpieza hecha por la empresa.
Según la comunidad campesina del corredor y las autoridades del pueblo nasa, los derrames no vienen únicamente de los actores armados sino también de fallas operacionales. Gran Tierra Energy afirma que desde 2019 se han presentado “seis eventos operacionales menores” en el área de influencia de los campos Cohembi y Quillacinga y se ha limpiado inmediatamente una pequeña cantidad de material (menos de 1 barril), cumpliendo con un 100 % de la limpieza. “No hubo daños permanentes al medio ambiente. Estos eventos han sido reportados a la Autoridad Ambiental competente (Anla)”, explica la compañía.
La empresa argumenta que han limpiado 28 hectáreas del bloque Suroriente afectadas por los derrames anteriores a la compra del bloque petrolero. Gran Tierra Energy le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que, “en septiembre de 2019 se acordó un plan de avance con las comunidades y la empresa inició las actividades de limpieza en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Desafortunadamente, debido al COVID-19 y los problemas de seguridad en la región, la empresa se vio obligada a suspender las actividades de limpieza por el momento”.
Tras ver que las manchas oscuras y pegajosas seguían en los nacimientos de agua, que animales como el tigrillo se veían cada vez menos y que el agua no llegaba al resguardo, los indígenas decidieron, junto con la comunidad campesina, limpiar los derrames. La sentencia de la Corte Constitucional le dio la posibilidad a la guardia indígena nasa de entrar a los campos petroleros para evidenciar los impactos ambientales y documentarlos.
Para el gobernador José Eduvan Coicue, esta es una tarea importante que hacen cada tres meses acompañados por organizaciones como Asociación Minga, para llevar un registro de los daños y comunicárselo a las entidades estatales correspondientes.
En uno de los recorridos de 2021 la guardia indígena recolectó información para presentar denuncias a Corpoamazonia. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.
Y no solo fueron los nasa del resguardo Kiwnas Cxhab los que decidieron ponerse manos a la obra para recuperar su territorio. Las comunidades campesinas y otros ocho resguardos indígenas que habitan el corredor Puerto Vega Teteyé decidieron crear una cooperativa llamada Ecotransvias, una empresa comunitaria que tiene dos grandes objetivos: el primero es democratizar el transporte de los habitantes dentro de la zona y el complejo petrolero y, el segundo, limpiar los cuerpos de agua afectados por derrames de crudo.
Ecotransvias nació del impulso de las comunidades para organizarse como colectivo y llegar a un acuerdo con Gran Tierra Energy para que sean los líderes indígenas y campesinos los encargados de adelantar los trabajos de limpieza. La empresa, junto con la cooperativa, han contratado a más de 300 trabajadores de las veredas del corredor para limpiar las zonas afectadas por el derrame de 200 mil galones a manos de las extintas Farc y los derrames operacionales. Su objetivo es que puedan usar el agua para el riego de cultivos de pancoger.
“Los nasa dicen que ellos mismos limpian su territorio. Pero esto tampoco quiere decir que sea un escenario ideal. En principio, ellos no tendrían que llegar a eso porque no deberían existir este tipo de contaminaciones”, explicó Sonia Cifuentes.
Para el gobernador José Eduvan Coicue, lo único que los nasa esperan es continuar limpiando el territorio y que los espíritus guardianes del bosque vuelvan a las cuencas de los ríos. A pesar de estar comprometidos con la descontaminación de su territorio, en realidad los indígenas nasa del resguardo Kiwnas Cxhab siguen firmes en que no quieren la presencia de la industria petrolera en su territorio.
“No es simplemente el traslape del territorio indígena con el proyecto sino las dinámicas culturales. Más allá del resguardo se trata de un acceso real a los ríos, a las zonas donde cazan y hacen sus baños espirituales. No siempre lo adjudicado cobija el territorio cultural de los indígenas. Eso es lo que también está en riesgo”, resalta Javier Marin de la Asociación Minga.
Imagen superior: Se estima que la actividad petrolera en el departamento empezó en la década del 60 pero Ecopetrol fue la primera petrolera en el corredor Puerto Vega Teteyé . Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.
El territorio comunitario Punta Querandí, ubicado en Dique Luján, provincia de Buenos Aires (Argentina), resistió los embates provenientes de la expansión de las megaurbanizaciones en forma de barrios cerrados, que arrasan la biodiversidad y los espacios sagrados. Hoy en la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, identidades guaraníes, qom, collas, moqoit y otras luchan por el reconocimiento de sus comunidades y costumbres.
Agustina Ramos /Agenda Propia
A las cuatro de la mañana, Reinaldo Roa se levanta de su colchón hecho de pasto y hierbas medicinales y enciende un fuego para calentar una pava grande de hierro y tomar el primer mate del día. Luego, camina. Se dirige al Mborevi Rape (del guaraní, “camino del Tapir”) y al Camino del Yaguareté, dos recorridos por el territorio comunitario Punta Querandí que trazó con sus propias manos. Cada vez que puede cuida estos caminos tirando las malezas y hablándole a las plantas, una costumbre que adquirió en la selva amazónica -donde nació- y busca preservar. Luego se dirige al “Opy” -templo en guaraní- para escuchar las voces de los seres superiores.
Reinaldo pertenece al pueblo guaraní, ubicado históricamente en el nordeste y noroeste argentinos, la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Bolivia, el sudoeste de Brasil y el norte de Uruguay. Este es uno de los pueblos que, junto a kollas, qom y criolles, habitan Punta Querandí, un territorio comunitario conformado por 10 familias y emplazado en la localidad de Dique Luján, del partido de Tigre, al límite con el municipio de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
“Convocados por los espíritus de los ancestros y la naturaleza”, Punta Querandí comenzó a constituirse en 2004 tras el descubrimiento de restos arqueológicos de comunidades originarias y la destrucción del cementerio indígena “Sitio Garín” en 2000 por la construcción del barrio cerrado o country Santa Catalina, de la empresa desarrolladora Eidico. Desde entonces, la comunidad Punta Querandí resistió a la expansión de las megaurbanizaciones que arrasan los territorios sagrados y modifican los humedales trayendo efectos nocivos en la biodiversidad y obtuvo grandes victorias. Sin embargo, su lucha continúa con la conformación de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar y los reclamos por el reconocimiento de las actividades y los territorios que habitan las comunidades que la conforman.
El tercer domingo de octubre de este año, Reinaldo tiene las uñas manchadas de color marrón porque olvidó usar guantes cuando en la semana le tiñó el pelo a una mujer. Desde 1972, el integrante del Consejo de Ancianos de Punta Querandí es peluquero. Hizo parte de la Unión de Peinadores de la República Argentina (UPA) y participó en torneos en el Hotel Bauen y el Sheraton, entre otros. Llegó a ganar trece trofeos: hace unos años los tiró a todos porque su percepción sobre la vida dio un vuelco.
“Yo desde 2013 que estoy acá, nunca falté. Mi creador me dejó para defender esto”, explica Reinaldo a un grupo de personas que forman un círculo sentadas en el pasto de Punta Querandí. Ese día, viste una camisa manga corta de colores claros sobre una remera violeta y un pantalón de gaucho sujetado por un cinturón de colores confeccionado por él, mientras cruza su frente y cabellera larga blanca una vincha. “Más largo tenés el pelo, mayor es la extensión del pensamiento”, dice Roa, mientras combina la sobriedad con la risa de forma constante porque “el guaraní siempre ríe”, aclara.
El Opy es un lugar sagrado guaraní que en Punta Querandí se construyó con barro y con un techo de Kapi’iñarõ o “la paja brava”, el cual Reinaldo aprendió a tejer a los ocho años mientras ayudaba a su padre.
Foto: María Rocco.
Les integrantes de la comunidad viven en localidades cercanas a Punta Querandí. Una vez a la semana, un grupo que varía entre una y tres personas mantiene y protege el lugar para hacer guardias, mientras que los domingos se reúnen todes para compartir las labores. Así, desarrollan una huerta agroecológica, cuidan y alimentan a las gallinas que corren por el lugar, cargan el agua que llega desde el municipio, cortan el pasto y quitan las malezas, mientras continúan construyendo los espacios sociales al servicio de sus gentes. Actualmente en el territorio hay dos salones, una cocina, el Museo Autónomo de Gestión Indígena, un vivero, una huerta, la maloka o vivienda ancestral comunitaria, el Opy y la Apacheta, un terreno para las gallinas y un taller en construcción.
En Punta Querandí levantaron sus propios espacios ceremoniales conforme a las culturas que lo habitan. Por un lado está la Apacheta, un altar de tradición andina elaborado con piedras que forman una torre como ofrenda a la Pachamama o las deidades del lugar, y por el otro, el Opy, que es el lugar sagrado para la cultura guaraní, de barro y paja. En ellos se realizan ceremonias durante distintos momentos del año como el Inti Raymi (junio), las ofrendas a la Pachamama (agosto), Ara Pyhau (septiembre), Aya Markay Quilla (noviembre) y Nemomgarai (enero). En el Opy se hacen las celebraciones de septiembre, con el inicio de la siembra, y en enero, cuando se cosecha lo sembrado. Se festeja con una comida compartida y también se realizan las ceremonias de casamiento de integrantes de la comunidad y de asignación de nombres a les niñes entre 5 y 6 años según su carácter: “Si tiene caracter fuerte decimos que tiene alma de yaguareté; si es bondadoso, tiene el alma del colibrí o de la mariposa; y si es inquieto, molesto, alma de mono”, explica Reinaldo. También dice que el Opy “se abre solamente cuando se hace la ceremonia o cuando uno está muy mal y quiere conectarse con nuestro Creador”. En 2017 lograron terminar su construcción, luego de haber sufrido dos atentados anteriormente que lo destruyeron en ambas oportunidades. Si bien desde la comunidad apuntan a Eidico como autor del hecho, esta responsabilidad no se investigó hasta el momento.
“Nuestra cultura es muy diferente a la cultura impuesta”, dice Reinaldo. Desde el suelo, con los músculos desprovistos de tensión y una mirada hacia un lugar indefinido que por momentos se posa sobre los ojos de quienes lo observan con detenimiento, continúa: “Es respeto, es no destruir; no matar por matar, ni cortar por cortar. Hablar con el árbol, dar las gracias. Todo lo que hay cumple una función. El árbol da sombra, oxígeno, frutos, te sostiene la tierra. Pero está la cultura de la muerte. Está la cultura que avanza en el campo tecnológico y nosotros, que avanzamos en la parte menos visible: defender la naturaleza”.
Los embates territoriales
En Argentina, El Estado Nacional de Argentina tiene 34 pueblos inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I): Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk’Nam (Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Qom, Tonokoté, Vilela, Wichí. Además, 1.653 Comunidades Indígenas fueron identificadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre las cuales 1.456 registraron su personería jurídica en el Re.Na.C.I. o en los Registros Provinciales.
Si bien en el país existe la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, esta fue aprobada en 2006 para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de estos grupos humanos. Por lo tanto fue sancionada por un plazo limitado de cuatro años y luego prorrogada en cuatro oportunidades (2009, 2013, 2017 y recientemente a partir del Decreto 805 en 2021). La ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y, fundamentalmente, suspende los desalojo de comunidades indígenas inscriptas en el Re.Na.C.I hasta que se realice un relevamiento territorial. “Más que una prórroga dentro de cuatro años, es necesaria una ley permanente ya que las comunidades están esperando ser reconocidas y visibilizadas para salir a la luz”, afirma el antropólogo egresado de la Universidad de La Plata, Fernando Pepe.
Distribución geográfica de los pueblos originarios, según comunidades inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Imagen: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Para llegar a Punta Querandí a pie, transporte público o auto es necesario hacerlo desde la calle de tierra llamada Brasil y atravesar en un bote precario el arroyo Garín. Esto se debe a que en 2015 se cayó un puente que conectaba las superficies de tierra y a que el barrio cerrado San Benito -construido por la desarrolladora Eidico y llamado así en homenaje al Papa Benedicto XVI- ocupa un acceso vehicular que permitiría el ingreso al territorio, pero que hoy se ve restringido.
Sobre este bloqueo de acceso público a la comunidad Punta Querandí, desde el gobierno del municipio de Escobar, cuyo intendente es Ariel Sujarchuk, informaron a este medio que el municipio se encuentra tomando acciones legales contra la empresa Eidico por mantener cerrado el acceso al territorio ancestral. Por su parte, al ser consultado sobre qué sucederá con este acceso, Jorge O’Reilly, presidente de Eidico, sostuvo que “como en toda propiedad privada, si alguien pretende entrar en ella deberá contar con el permiso de sus propietarios. Para acceder al lugar existe una calle pública”.
Reinaldo Roa oisambyhy ko arete ojeipy’ajey haguépe Museo Autónomo de Gestión Indígena ko noviembre-pe umi hapichakuérandi oñembojáva upépe upe ára, umía apytépe oî tapichakuéra heta tekohagua, umi kuña ha kuimba’ekuéra omoirûva Kerandy Apýrape, guarani ñe’ê temimbo’ekuéra Municipio de Tigre-gui ha avei Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio Ta’anga: María Rocco.
Jorge O’Reilly, el fundador y presidente de Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (Eidico) tiene 48 años, es oriundo de La Horqueta, perteneciente al partido de San Isidro en Buenos Aires, y estudió Abogacía en la Universidad Católica Argentina. Su emprendimiento inmobiliario impulsado en 1995 se describe como “un sistema cooperativo” dado que, en palabras del empresario, se basa “en organizar a gente que tiene que resolver su necesidad habitacional a través de un sistema en el que todos comparten la totalidad del costo de construcción del barrio en el que van a residir”, es decir, que Eidico no vende las casas de un barrio terminadas sino que los futuros dueños de esos hogares depositan cada mes dinero en un fideicomiso para la construcción del barrio. Esta estrategia empresarial tuvo una alta repercusión y actualmente Eidico tiene 38 proyectos finalizados, la mayoría de ellos (19) en el norte del Gran Buenos Aires, 6 en lanzamiento y 18 en construcción. Algunos de ellos son megaproyectos, como el de San Sebastián (que continúa en expansión) y Canal Villanueva, según información de la página web de Eidico.
La construcción de la autopista Panamericana (actual Acceso Norte) en 1965, que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con localidades del norte del Gran Buenos Aires, sumado a la pavimentación de la ruta provincial N°27 y la posterior obra para crear el canal Aliviador a fines de la década de 1970, catapultaron el desarrollo neoliberal urbanístico de la zona, caracterizado por la proliferación de megaemprendimientos urbanos. Luego, durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), los gobiernos provincial y municipales vieron en estas construcciones “una de las estrategias para frenar el crecimiento de villas de emergencia en la gran cantidad de tierras disponibles existentes en los bañados”, indica Diego Martín Ríos, Doctor en Filosofía y Letras con mención de Geografía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el prólogo de La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, coordinado por Patricia Pintos y Patricio Narodowski.
Sin embargo, fue en la década de 1990 con la profundización de las políticas neoliberales de la mano del expresidente Carlos Saúl Menem, cuando se propagó la construcción de urbanizaciones cerradas emplazadas en humedales aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se dio en el marco de una “mayor ‘flexibilización’ en la legislación urbana”, la “celeridad en la aprobación de los trámites administrativos requeridos” y las “inversiones públicas en obras de gran interés para los grupos empresarios”, explica Diego Ríos. Así, en 1994 la empresa desarrolladora Eidico, en asociación con Pentamar SA, comenzó la construcción de su primera urbanización cerrada, llamada Santa María de Tigre.
Semi acostado en el pasto, Reinaldo observa el paisaje obstruido por el country San Benito, al otro lado del arroyo Garín. “¿Cómo podemos destruir?”, se pregunta, hace un silencio, y retoma: “Lamentablemente está el comercio. La tierra no se puede vender ni comprar porque es obra de nuestro Creador. Esta gente descuartiza todo: envenenan nuestro cerebro, nuestra agua, la comida, el aire. Ellos se sienten superiores porque son débiles; nosotros no somos débiles, somos sensibles. Ellos no comparten, quieren ser más que el otro. A mí me da lástima porque nosotros somos felices sin nada, sentados en el piso, y ellos tienen asco a la tierra”.
En efecto, la expansión de urbanizaciones cerradas sobre terrenos inundables, conocidos como humedales, ubicados en el periurbano de la provincia de Buenos Aires trajo efectos negativos sobre la biodiversidad, la disponibilidad de recursos y la regulación hidrológica que generan un claro desequilibrio ambiental. “El humedal es como una esponja que absorbe el agua de los alrededores dado que se encuentra en zonas bajas, lo que lo vuelve una zona inundable. Para construir las urbanizaciones privadas en este tipo de terrenos -que seguramente se adquieren por muy bajo valor justamente por ser tierras ‘improductivas’- elevan la tierra a partir de excavaciones en zonas aledañas que generan lagunas artificiales. Así, se construye un terreno alto y firme que ya no alberga el agua residual de los márgenes, sino que, por el contrario, escurre el agua hacia las zonas limítrofes. Entonces, estas áreas lindantes sufren mayores frecuencias de inundaciones”, explica María José Corriale, Doctora en Ciencias Biológicas por la UBA, en una entrevista telefónica con esta cronista.
Tanto Corriale como un amplio sector de la población argentina preocupada por el medioambiente destacan la importancia de políticas públicas que atiendan y regulen esta situación, como la necesidad de una Ley de Humedales. Esta apuntaría “a tener un conocimiento del estado actual de los humedales y evitaría un uso irracional de estos sectores dado que habría más limitaciones para su uso. La ley protegería estos sistemas y permitiría un uso más respetado de los humedales”, indica María José.
Este avance de las megaurbanizaciones no sólo tiene un efecto sobre el ecosistema, sino también sobre las comunidades que lo habitan, señala Corriale. “Los humedales brindan gran cantidad de servicios ecosistémicos, como la modulación del clima, el reservorio de carbono y la alta diversidad de fauna que en muchos casos sirve como recurso alimenticio a las poblaciones colindantes donde, por ejemplo, se captura el coipo o el carpincho que eran habitantes comunes de la zona y eran utilizados por su cuero. Las comunidades indígenas utilizaban históricamente estos recursos, por eso impacta directamente en su cultura y no les permite desarrollarse como tales”, explica. A esto se suma la importancia sagrada que representan estos territorios para las comunidades originarias.
El cartel ubicado en Punta Querandí señala el cementerio indígena de “1000 años de antigüedad” que fue destruido por la construcción del country Santa Catalina”.
Foto: Agustina Ramos.
Arrasar lo sagrado
El barrio cerrado Santa Catalina, también construido por la desarrolladora Eidico, se erigió sobre un cementerio indígena, conocido como sitio arqueológico Garín. Esto se desprende de un documento oficial del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación en el que informó en 2001, a partir de una solicitud de información de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que “en el Partido de Tigre se conoce de la existencia de por lo menos seis sitios arqueológicos” conocidos como Laguna “La Balleca”, Guazunambí, Sarandí y Garín. En cuanto a las construcciones del emprendimiento inmobiliario de Eidico sobre el sitio Garín, alerta que “han destruido definitivamente el sitio arqueológico homónimo” que contaba con 950 años de antigüedad. Además, destacó que estos sitios “contienen evidencias de las poblaciones aborígenes que habitaron la provincia de Buenos Aires, siendo la única evidencia física de la presencia del hombre prehispánico en el área” y que “dado que no son un recurso renovable, su destrucción afecta definitivamente el conocimiento de nuestro pasado cultural y natural”.
El descubrimiento en 2004 de restos de comunidades originarias en Punta Querandí, sumado a la destrucción del cementerio indígena tras la construcción del barrio Santa Catalina dio origen a la resistencia en Punta Querandí, donde distintas personas se vieron convocadas “por los espíritus de los ancestros y la naturaleza”, dicen sus integrantes.
El Museo Autónomo de Gestión Indigena el día de su relanzamiento en octubre de este año.
Foto: María Rocco.
Una lucha que continúa
La profesora de Historia Lucia Mariela Surbán vivía en Garín cuando en 2011 tuvo noticias por primera vez de la lucha que se estaba gestando en Punta Querandí para proteger el territorio, lograr el reconocimiento de la propiedad comunitaria y la restitución de ancestres que habían sido trasladades al INAPL.
“Me acerqué y fue imposible irme”, dice Lucía, que para la Navidad de ese año recibió una carpa de regalo que usó cada fin de semana durante los primeros años de su asentamiento. Hoy, embarazada y junto a sus hijes pequeñes, rememora con cariño ese momento, mientras participa del relanzamiento del Museo Autónomo de Gestión Indígena de Punta Querandí el 31 de octubre de este año.
En las paredes del lugar se encuentran plasmados los hitos que marcaron la historia de la comunidad en más de 100 cuadros que cubren gran parte de la madera que reviste al museo: desde la señalización de Punta Querandí como sitio de la memoria del terrorismo de Estado por la comisión Ana María Martínez, los catorce cortes de ruta en febrero y septiembre de 2019 ocasionados por el “relleno compulsivo” necesario para la construcción del barrio Santa Ana en La Balleca, las inundaciones de los últimos años, las audiencias con autoridades de los municipios, las tres construcciones del Opy luego de que ser derribado en dos oportunidades, hasta el hostigamiento de una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Dos de los recuerdos anclados en las paredes son los que marcan el fin de una lucha y el inicio de otra. El 16 de noviembre de 2020, la comunidad firmó un acuerdo con el intendente de Tigre, Julio Zamora, -que luego fue convalidado por el Concejo Deliberante-, el cual reconoce el derecho a la propiedad comunitaria en un predio de una hectárea ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva de Dique Luján, y garantiza que esta parcela sea transferida a la comunidad con título comunitario. Esta decisión -histórica- se enmarca en un proceso judicial llevado adelante en 2017 por el empresario Jorge O’Reilly cuando inició una demanda de desalojo a la comunidad en la parcela en conflicto que, sin embargo, en 2019 la desarrolladora Eidico cedió a la Municipalidad en el marco del Decreto-Ley 8912/77, que dispone la entrega de un porcentaje de tierras por cada emprendimiento inmobiliario. “En lo que a mí respecta, esa comunidad no existe sino que es un disfraz que han adoptado algunos advenedizos para vivir a expensas de los demás, explotando el conflicto como modus operandi”, dijo O’Reilly al ser consultado para esta crónica.
Además, en el acuerdo entre el Municipio y la comunidad se detalla que busca “regularizar una realidad preexistente reconocida institucionalmente por este Municipio”, en referencia al Decreto 258/2018 que declaró de interés legislativo a las actividades de Punta Querandí. “Se firmó con el compromiso del posterior registro del territorio como propiedad comunitaria indígena en el Registro de la Propiedad del Inmueble de La Plata. El municipio es quien debe hacer el registro y estamos a la espera de que se efectivice. La entrega parcialmente fue hecha, pero falta la inscripción del título de propiedad comunitario”, explicó la abogada de Punta Querandí, Paula Alvarado.
El 6 de marzo de este año la comunidad vivió otro momento histórico. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires les restituyó ocho restos de ancestros y ancestras que habían sido desenterrados del sitio arqueológico Garín. Este logro se dio en cumplimiento de una resolución dictada en 2019 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a partir de la gestión de su Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos. En septiembre de este año, la comunidad enterró a uno de los ancestros con una ceremonia íntima. Los siete cuerpos restantes serán enterrados en La Balleca I y La Balleca II (Villa La Ñata) y aún falta la restitución de 42 de ellxs. Los cuerpos se encontraban “depositados” en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. “Enterrar a sus ancestros en los territorios ancestrales es una ratificación de la pertenencia de esos pueblos a esos territorios. Vuelve entonces esa energía que nunca tendría que haber salido de ese territorio a la comunidad, fortaleciendo así los lazos ancestrales y actuales con el territorio ya que cada restitución tiene múltiples significados para cada comunidad y cada pueblo internos. Hay un fortalecimiento de lazos comunitarios, aparte de lazos territoriales”, dice Fernando Pepe, a cargo del Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos.
A mediados de julio de este año, la comunidad Punta Querandí enterró a un ancestro que había sido desenterrado del sitio arqueológico Garín donde existía un cementerio indígena, que posteriormente fue destruido por la construcción del barrio cerrado Santa Catalina de la firma Eidico. Foto: Leandro Crovetto.
La comunidad celebra estos logros materializados, pero no descansa. Su misión ahora es que otras comunidades también puedan acceder a ellos. Así, en noviembre de 2020 se conformó la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar donde las comunidades Punta Querandí, Qompí Hermanos/as Tobas, Cacique Ramón Chara y Moqoit del Delta de Tigre se organizan para fortalecerse mutuamente y visibilizar sus demandas en conjunto. “Los reclamos hoy tienen que ver con el reconocimiento de tierras que algunas comunidades trabajaron desde hace más de 20 años, como la mocoví. Además, poder tener un taller y salones comunitarios”, cuenta Mónica Santos, de raíces guaraníes, quien forma parte de la Asamblea de la Unión e integra la comunidad Punta Querandí.
Umi mba’e ohupytýva apytépe Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar oî peteî puesto oñemu haguâ peteî galería-pe Sarmiento 80-pe, Puerto de Los Frutos-gua (Tigre), ome’êva’ekue hepyme’ê’ŷre upe intendente del municipio, Julio Zamora, agosto ohasa’akuépe. Ko tendápe oî “artes con mimbre, álamo, totora; cerámicas; y cosmética natural”, omombe’u “ypa’ûgua” Mónica Santos, upéicha ha’e ojeherose ha’e oikógui Tigre ypa’ûme.
Lo más importante de cara al futuro es la unión, afirma la comunidad. “La frontera es falsa, es para dividir. La bandera nuestra es la naturaleza, ¿qué más bandera que esa? Somos todos hermanos en el mundo, somos todos una familia”, concluye Reinaldo, en paz por volver a sus orígenes y seguir lo encomendado por su Creador.
Esta historia hace parte de la serie periodística Caminos por la Pachamama ¡Comunidades andinas en reexistencia!,y se produjo en un ejercicio de co-creación con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia.
A finales de octubre, un hombre fue atacado por un hipopótamo y casi pierde el brazo. Sin embargo, no es el único caso de agresiones por parte de esta especie introducida por el narcotraficante Pablo Escobar, a en los ochenta. Hoy en día se estima que podría haber hasta 100 animales libres que ponen en riesgo a los habitantes del Magdalena medio. Así es el negocio de la venta ilegal de crías de hipopótamos. Las autoridades nacionales y regionales tienen una gran deuda en detener este problema.
El 31 de octubre de 2021, día de Halloween, John Aristides Saldarriaga, o ‘Chispún’, como es conocido en Doradal (Antioquia), sintió detrás de él la muerte en forma de hipopótamo y de unas dos toneladas de peso.
Dice que estaba pescando en el lago de la vereda Las Brisas junto a dos amigos. No era la primera vez que pescaba allí a pesar de la presencia de la peligrosa especie. Su filosofía era: “ni tú me molestas, ni yo te molesto”, y con ese pensamiento lanzaba la caña y en pocos lances, según él, capturaba tilapias, bocachicos y tucunarés para venderlos en el pueblo.
El día del ataque no vio en las aguas al animal. Pensó que se había marchado a otro lago, y con esa seguridad se acercó a la orilla, solo, sin sus amigos. Lanzó el nylon y esperó un rato. De repente, a pocos centímetros de sus pies emergió el hipopótamo. Apenas vio esa mole tan cerca y agresiva tiró la caña de pescar y, como alma que lleva el diablo, empezó a correr por los pastizales cenagosos y a rezar para no ser presa de las fauces de la bestia monumental.
El pesado cuerpo del hipopótamo, capaz de correr a unos 40 kilómetros por hora, emitía un pum, pum, pum asustador con sus pisadas, un sonido similar a los latidos del corazón —como describen todos aquellos que han tenido el infortunio de huir de esos animales—. Saldarriaga, ya exhausto, pero sin dejar de correr, giró el rostro para ver la distancia entre el hipopótamo y él. Por no estar pendiente de su camino dio un traspié y cayó.
Al levantar la mirada observó sobre él la jeta rosada de colmillos sobresalientes, y para evitar que le triturara la cabeza puso los brazos en forma de cruz. La mordida le penetró el brazo derecho rasgando la piel, rompiendo músculos y nervios hasta llegar a los huesos. Lanzó un grito desgarrador y lloroso para pedir auxilio a sus amigos. Ante la gritería, el hipopótamo, con el brazo del hombre todavía en las fauces, lo levantó y luego lo arrojó por los aires como un muñeco, lanzándolo varios metros más adelante. Mareado y con el corazón convulsionado aún por el miedo, John Saldarriaga asomó la cabeza entre la maleza. El hipopótamo lo estaba observando en el mismo lugar de donde lo lanzó. Luego de unos segundos en los que uno miraba con terror, y el otro con rabia, el animal dio la vuelta y regresó al lago.
“Si hubiera querido me tritura de un mordisco, y chao vida, pero me miraba como queriendo decir: ‘esta te la perdono, pero si vuelves te mato’”. Con la convicción de esa amenaza, Saldarriaga se juró no volver.
Los amigos, después de ver el espectáculo, socorrieron al herido, que estaba a punto de desmayarse por la cantidad de sangre derramada, lo subieron en una moto y lo llevaron hasta el puesto de salud de Doradal. Debido a la gravedad de las heridas y la insuficiencia de recursos médicos para atenderlo, fue trasladado al hospital de Rionegro, ciudad ubicada a 170 kilómetros de distancia y muy cerca de Medellín.
Al parecer, sí fue una advertencia porque la mordida, que puede alcanzar un peso de 126 kilogramos por centímetro cuadrado, no fracturó los huesos. Lo más grave del ataque fue la infección producida por la contaminación bucal del hipopótamo, por eso Saldarriaga fue recetado con antibióticos para atacar el proceso infeccioso, y a diario las heridas eran limpiadas y suturadas.
Debajo de la cama. Ese es el lugar preferido por la pequeña hipopótamo que fue separada de su madre por el tráfico ilegal hace varios meses. Foto: Diana María Pachón.
Expansión, ataques y tráfico de hipopótamos
En Doradal, corregimiento del municipio de Puerto Triunfo, corrió el rumor de que el herido pretendía capturar una cría para venderla. En la zona es de conocimiento público que se trafica con estos animales pero la Policía de la zona lo niega. Dicen que no han recibido ninguna denuncia. Sin embargo, al menos seis crías han cruzado frente a la estación de Policía escondidos en camionetas o camiones, manifiesta uno de los traficantes.
El ataque a John Saldarriaga no es el único reportado. El 20 de mayo de 2020, un hipopótamo atacó a Luis Enrique Díaz en el corregimiento Estación Pita, también de Doradal. Según el hombre, estaba llenando de agua una bomba para fumigar cuando del río emergió un hipopótamo resoplando de furia al sentir invadido su espacio. El campesino intentó correr, pero fue embestido.
Después de un año, Díaz apenas sale de su casa para recibir el sol y se oculta rápido para evitar la mirada de los curiosos que desean ver cómo queda una persona después del singular ataque. No puede trabajar. Su hermano lo cuida de las entrevistas y por eso nuestro diálogo es corto. El hombre recuerda el peso de las patas sobre su cuerpo, las costillas rotas, el pulmón perforado y la fractura de una pierna.
La madre defiende a su cría ante la más mínima señal de aparición de cualquier intruso. Foto: Diana María Pachón.
En el lago en el que Chispún fue atacado no es usual la pesca. Las aguas son densas y quietas. Los pescadores avezados van al río Magdalena, la arteria que cruza casi todo el país de sur a norte, hasta desembocar en el mar Caribe.
Además, según David Echeverry, biólogo de Cornare: “las heces de los hipopótamos sumadas a las continuas salidas y entradas al lago aumentan la carga orgánica y pueden acelerar el proceso de eutrofización”. En términos coloquiales, las aguas se convierten en una sopa verde y espesa por el exceso de nutrientes. Esto tiene como consecuencia la desaparición de muchas especies. Echeverry también afirma que Saldarriaga fue “muy aventado por meterse a pescar justo en ese lago donde hay una hembra con cría”.
Madre e hijo ahora habitan un lago aledaño al del ataque, junto a otros cuatro hipopótamos. Si la grande se sumerge, la pequeña hace lo mismo. Si la grande saca los ojillos, la pequeña también. En las noches se pasean por la zona y regresan al amanecer. La madre se mantiene alerta ante la presencia de cualquier humano.
En el lago no hay policía ni ejército que evite la entrada de turistas, pescadores o curiosos, apenas hay unas señales de tránsito instaladas hace una década, y ahora desvencijadas con la figura borrosa de un hipopótamo y la palabra “peligro”.
A principios de los ochenta, el conocido narcotraficante Pablo Escobar mandó a traer de África un macho y tres hembras para completar el sueño de tener el mayor zoológico del mundo. Cuando el capo de la droga murió abaleado en Medellín, en 1993, los hipopótamos abandonados, sin murallas, ni veranos mortales, se multiplicaron y luego colonizaron otros lagos a cientos de kilómetros. Se han visto en Barrancabermeja, ciudad ubicada a más de 200 kilómetros de distancia. Luego de crecer, reproducirse y esperar la muerte, hoy los expertos estiman una población de casi 70 animales libres en caños y ríos.
Aún no hay muertos por cuenta de ataques de hipopótamos en Colombia pero, ante la libertad de la especie y la curiosidad de la gente, el peligro es latente. Por eso Cornare, en octubre de 2021, inició el plan piloto para aplicar GonaCon, un anticonceptivo para machos y hembras. Según David Echeverry, en una semana 24 ejemplares recibieron la dosis por medio de dardos.
El GonaCon, medicamento usado en China, Australia y Estados Unidos, fue donado por la agencia norteamericana Animal and Plant Health Inspection Service USDA APHIS. Aunque el plan piloto dio buenos resultados en la aplicación, los especialistas hablan de tres dosis por cada individuo para garantizar la efectividad. Una tarea nada fácil. Estos 24 animales se suman a 11 que fueron operados quirúrgicamente desde 2014. El problema de la castración quirúrgica está en los riesgos para el equipo encargado y los costos (entre 6400 y 7700 dólares por cada operación).
La bióloga Nataly Castelblanco, coautora del estudio ‘Un hipopótamo en la habitación: prediciendo la persistencia y dispersión de un megavertebrado invasor en Colombia, Sudamérica’, publicado en enero de este año, celebra que se avance con esta iniciativa pero insiste en que, debido al gran número de hipopótamos que ya existen en el país, las estrategias de esterilización y contracepción por sí solas no son suficientes para erradicar el problema. Castelblanco asegura que se necesita una combinación de estrategias, incluido el sacrificio de animales, aunque esta alternativa siga generando polémica en los sectores animalistas.
Según dice, el hipopótamo es un animal muy longevo y podría llegar a vivir, incluso, hasta 70 años; tiempo en el que seguirá generando impactos sobre el ecosistema y las especies nativas colombianas.
En una entrevista con Mongabay Latam, el biólogo Germán Jiménez, también coautor del estudio, aseguró que estos enormes mamíferos pasan la mayor parte del tiempo en el agua, donde comen, duermen, orinan y hasta defecan; por lo que el oxígeno se va volviendo escaso. “Empiezan a morir los peces y lo mismo ocurre con las plantas”, dijo. Además, el animal empieza a desplazar a otras especies como los manatíes y su pisoteo, cuando sale a tierra, termina por afectar el suelo y las especies vegetales que intentan crecer en los ecosistemas del Magdalena medio.
“Cómpreme el hipopótamo”
En una cafetería en la plaza central de Doradal, un traficante habla sin temor de ser escuchado sobre la existencia de un hipopótamo en su casa. Le pregunto si no le da miedo hablar de manera tan abierta de un tema ilegal.
—Aquí todos saben quién soy. Le he ofrecido ese bicho a todo el mundo y nadie me lo ha querido comprar. A propósito, ¿a usted no le gustaría llevárselo?
Sonrío como si se tratara de una broma.
—En una casa grande lo puede tener. Con que tenga una charca ya es suficiente.
—Vivo en Bogotá. Me tocaría meterlo en la bañera, replico.
—Deme siete milloncitos (1800 dólares) y si quiere se lo cuido un par de meses hasta que consiga donde meterlo.
—De verdad es imposible, además soy periodista.
—Eso qué importa, búsquese un socio y pagan por mitades. Nadie se va a enterar.
El hombre está desesperado, nunca había permanecido tanto tiempo con un hipopótamo. Cuenta que en junio, hace cinco meses, una persona lo llamó para solicitarle con urgencia una cría. Por esos días una hembra había dado a luz y el traficante lo sabía. Una tarde se encaminó con su esposa al mismo lago de la historia de John Saldarriaga, y al ver al ‘hipopotamito’ narra que usaron la táctica de siempre: le arrojaron piedras a la madre para que abandonara su retoño, todavía lento para nadar, y ellos aprovecharon para capturarlo.
La táctica no siempre es efectiva, según explica, porque a veces hay hembras que en vez de huir se enojan y corretean a la pareja. Los dos conocen los peligros, pero plata es plata, sostiene, y más en una zona donde ganar el sueldo mínimo (234 dólares) ya es un privilegio.
—Listo, ya le conseguí el animalito—, le contó al urgido comprador en una llamada.
—Hermano, de verdad me da pena con usted, pero no puedo comprárselo, vendí la finca—. El traficante recuerda las palabras que escuchó a través del celular.
La cría se pasea dentro de la casa del traficante como si fuera una mascota más. Foto: Diana María Pachón.
No le insistió, pues dice que en esos parajes de grandes haciendas y excéntricos dueños siempre va a haber alguien que va a querer uno. Con esa fe continuó cuidándolo, pero no hay bolsillo que aguante la manutención de tremendo animal. Al mes, asegura el traficante, la cría consume 390 mil pesos (100 dólares) en leche especial para terneros. Es mucho dinero si se considera que en la región hay familias de cuatro miembros o más que sobreviven con ese dinero mensualmente.
Son pocos los que conocen el oficio peligroso de capturar crías, tal vez unos tres en esa zona, según mencionan los pobladores de Doradal. Por el lado de Río Claro y Puerto Boyacá, a 20 kilómetros de allí, se habla de otras personas que hacen lo mismo.
En la cafetería el traficante acerca su rostro y dice bajando la voz: “señorita, conózcalo y verá que se enamora. Si tiene hijos sería el mejor de los regalos”.
Nadando con una de las bestias más peligrosas del mundo
Para llegar a la finca donde vive la cría que no se ha podido vender es necesario recorrer laberintos de trochas fangosas. Justo al lado de la vivienda se extiende una charca de aguas verdosas y quietas, la cría no está por ahí.
De un pasillo sale una adolescente menuda, morena, de ojos grandes y negros.
—¿Buscas a ‘Campanita’?—, me pregunta.
La miro confundida.
—Yo le puse ‘Campanita’—.
La cría se pierde en la profundidad del agua y luego vuelve a salir. Humana y animal se persiguen y se abrazan. Una evidencia del tráfico de hipopótamos en Colombia. Foto: Diana María Pachón.
La joven parece emocionada de recibir visitas, por fin puede hablar del secreto de su nueva mascota y me toma de la mano para llevarme a su habitación: una cama, un armario y una ventana.
—Campanita, ven cariño—, insiste dos veces. Se escapa un ruido proveniente de debajo de la cama, y luego sale una pata jurásica y llena de pliegues. En seguida sale la otra pata, y la cabeza. Cuando levanta la vista y nota la presencia de una extraña, vuelve a esconderse. La chica la arrastra hasta descubrirla toda. La cría, molesta, mueve las orejas.
Pero en esta finca no solo vive con una familia, también comparte habitación con una adolescente quizá más liviana que ella. El animal debe estar pesando unos 40 kilogramos.
Campanita al lado de uno de los perros de la familia del traficante. Foto: Diana María Pachón.
Paso la mano sobre su lomo, es frío, grueso y de color gris, es la misma sensación de consentir un sofá de cuero. La cría avanza afanada y torpe para alcanzar a la que considera su dueña. La ilegalidad le impuso esa figura materna después de ser arrebatada de los brazos de su verdadera madre.
Cuando no está bajo la cama sigue a su dueña por toda la casa como un perro consentido, y a veces le restriega el hocico en las piernas y la mira desde abajo en busca de caricias. La adolescente se agacha y la abraza.
—¿Quieres que se vaya a otra parte?
—Pues toca. Si no se vende no sé qué pueda pasar.
—¿Cómo así?
—Es que aquí no puede crecer y es imposible regresarla con su mamá.
En los recuerdos de la adolescente, los hipopótamos son huérfanos que vienen por un tiempo y luego se van. Su casa es un lugar de paso para esas crías sin madre por culpa del tráfico ilegal. Cuando salen del hogar, la joven nunca vuelve a preguntar por ellos. Si están vivos o si fueron el plato especial de un asado no lo sabe. Para ella siguen siendo pequeños y juguetones. A lo largo de su vida ha tenido a Andy, Joaco, Estrella, Magola (que resultó ser macho), otro que no alcanzó a tener nombre porque lo compraron rápido, y por último Campanita.
En lo que va de 2021 ya ha vivido con dos. El anterior hipopótamo fue vendido en marzo por seis millones de pesos (1540 dólares) y duró tres meses en el hogar. Al parecer el dueño era un hacendado que pagó todos los gastos de comida mientras la cría estuvo en la vivienda del traficante. También cubrió los gastos veterinarios y 200 mil pesos mensuales (unos 50 dólares) extras por el cuidado.
Tan pronto Campanita ve el agua, empieza a correr entusiasmada. La suerte no ha sido favorable con esta cría. Come, crece y no hay la remota posibilidad de un cliente. Foto: Diana María Pachón.
Desde junio el traficante sostiene que solo ha recibido una oferta: alquilar el hipopótamo a un balneario cercano para ser el principal atractivo. Le ofrecieron 500 mil pesos diarios (aproximadamente 130 dólares). Lo consideró, pero al sopesar los riesgos prefirió negarse a la propuesta. Un hipopótamo en un balneario, al lado de una piscina con turistas de todas partes del mundo y todos con celulares para tomar fotos, le daría la vuelta al mundo en minutos. Con eso llegaría la policía, Cornare y la prensa local, nacional y mundial. Y lo peor, asegura, terminaría en la cárcel junto con el dueño del balneario, pagando una pena entre los cuatro y nueve años de cárcel. Ni loco cometería ese error.
“Vamos al agua” —exclama la adolescente. Campanita la sigue a un lago del predio, más grande y menos turbio que la charca ubicada al lado de la casa. La chica corre y el hipopótamo va tras ella. El animal sabe hacia dónde se dirige y sus patas se mueven más ligeras entre los pastos altos. Al llegar se acuesta en la orilla y espera a ser lanzada por su madre adoptiva. La joven, con todas las fuerzas que tiene en sus brazos enclenques la empuja hasta verla caer en las aguas. La cría se pierde en la profundidad, vuelve a salir. Humana y animal se persiguen y juegan.
“Vamos campanita”, dice la chica. La huérfana, en vez de caminar, se tumba en el suelo con los ojillos mirando el lago, quiere seguir chapaleando. La genética la impulsa. Sus congéneres pueden durar 14 horas diarias metidos en el agua, hasta el anochecer, cuando se van a buscar pastos a las fincas. En estado salvaje las órdenes son dadas por el hambre y el calor, no por los humanos que la obligaron a la orfandad.
—¿Tus amigos saben que tienes un hipopótamo?—, le pregunto a la joven.
—Como se le ocurre, además… ya no tengo amigos.
—¿Por qué?
—No estoy en el colegio, mi única amiga es Campanita—.
La cría de hipopótamo y la joven se unieron por la fatalidad de un negocio ilegal. La primera, si tiene suerte, encontrará un hogar adoptivo con charca privada en alguna finca lejana y la segunda se despedirá con un adiós sin lágrimas para no ahuyentar a los compradores, hasta que su padre le traiga otra mascota temporal.
Mientras tanto, el animal sigue comiendo y creciendo. Aunque ahora es vista como una mascota, a medida que gana peso y va madurando, el peligro de un ataque va incrementando. Se trata de una bomba de tiempo que vive dentro de la misma casa de una familia de escasos recursos en Doradal.
Imagen superior: Para la hija del traficante, las crías de hipopótamo son mascotas pasajeras a las que cuida y con las que juega todos los días. Foto: Diana María Pachón.
Inundaciones, sequías y erosión costera son los principales fenómenos que afectan al país, cuya población es en un 93% urbana. Desde el Estado se trabaja en un Plan de Relocalización como parte de la estrategia de adaptación al Cambio Climático.
Por: Carol Guilleminot / periodista ambiental
Aunque tiene muy baja contribución de gases de efecto invernadero, Uruguay es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático.
Se trata de un país relativamente pequeño en superficie, que sobrepasa apenas los tres millones de habitantes, con una economía asociada a cadenas agroindustriales y de servicios; y una ubicación en el continente y en la cuenca del Río de la Plata que exponen a su población, infraestructura y producción a diferentes amenazas de origen climático.
Posee costas bajas expuestas al aumento del nivel del mar y zonas de ecosistemas frágiles así como ciertos agroecosistemas sujetos a sequías periódicas y áreas urbanas afectadas por inundaciones, olas de frío y de calor, tornados, granizadas, heladas, lluvias intensas y tormentas severas.
Las inundaciones y sequías son los principales eventos climáticos severos. Impactan tanto en la población y las infraestructuras de las comunidades más vulnerables, como en los servicios básicos y las actividades económicas altamente dependientes del clima.
Más del 93% de la población uruguaya vive en ciudades y existen aproximadamente 100 mil personas y 34 mil viviendas que se encuentran localizadas en áreas urbanas con riesgo de inundación, de acuerdo a estudios de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA).
Cantidad de desplazados en Uruguay por evento climático y departamento. Créditos: Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA), 2020
Corridos por el agua
Natalia Gómez tuvo su hijo menor cuando estaba desplazada de su hogar por la creciente del río Uruguay en 2016. Hacía ya muchos años que vivía en un asentamiento de la ciudad uruguaya de Paysandú (380 kilómetros al Noroeste de Montevideo), donde cada vez que había una inundación lo perdía casi todo. Hace dos años su vida cambió completamente cuando se mudó al barrio “Nuevo Horizonte”, construido como reubicación planificada para familias residentes en zonas inundables y contaminadas.
El país ha trabajado fuertemente en la última década para hacer de la movilidad humana una estrategia de adaptación y resiliencia. Hasta 2019, el Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR) que llevan adelante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y los gobiernos locales (intendencias) logró la reubicación planificada de más de dos mil familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.
El Plan funciona desde 2010 y en 2014 recibió el premio “Faro” de la Organización de las Naciones Unidas como estrategia de adaptación al cambio climático con inclusión social. Su ejecución depende de convenios entre el Ministerio y los gobiernos locales en los que el primero aporta financiamiento y asistencia técnica; y los segundos destinan terrenos para realojar a las familias y presentan proyectos de saneamiento, alumbrado, agua potable y electricidad. El suelo liberado se recupera y resignifica para uso colectivo, como parques o espacios para recreación y el deporte.
“La verdad es que pasábamos bastante mal y siempre nos sacaba la inundación en las peores condiciones”, dice Natalia al recordar su vida en el barrio La Chapita, ubicado sobre un terreno contaminado y cercano a la desembocadura del arroyo Sacra en el río Uruguay. “En 2010 llegué al barrio, conocí a mi pareja y tuvimos tres hijos. Vivimos muchas inundaciones. Yo trabajaba en la fábrica textil Paylana que cerró en esos años y mi marido hacía changas. Como teníamos bastante lugar también criábamos animales para subsistir, gallinas y chanchos”.
Casi siempre las inundaciones eran en invierno, con frío y lluvia. “Las primeras veces nos quedábamos hasta lo último, pensando que el agua no iba a llegar… porque uno no quiere dejar su casa”, cuenta Natalia. “Pero después cuando el agua llegaba a la esquina ya nos íbamos porque la inundación viene con aguas servidas, no se podía estar ahí con chiquilines. Nos íbamos a casas de familiares y después alquilábamos alguna pieza. Muchas veces nos robaron. Se nos mojaba la ropa, los colchones. A veces los poníamos arriba del techo pero cuando volvíamos no teníamos nada porque el agua sobrepasaba el techo y se llevaba todo. Perdías ropa, colchones, todo lo que no podías sacar. Volvíamos a la casita húmeda, dos de mis chicos eran asmáticos y generalmente nos quedábamos sin nada, sin gallinas ni chanchos, nada”, recuerda.
Inundaciones en zona de asentamientos. Créditos: Presidencia de la República (Uruguay)
Erosión costera y migración transfronteriza
Uruguay posee 670 kilómetros de costas, de las cuales 450 kilómetros corresponden al Río de la Plata y los 220 restantes al océano Atlántico. En esta zona se concentra el 70% de la población, y ya está sufriendo una serie de efectos como consecuencia del cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar y la erosión.
De acuerdo a la Quinta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2020), unos 191 km de costa platense (desde Nueva Palmira a Punta del Este) presenta algún proceso erosivo, agravado a partir de tormentas, por la acción del viento y el oleaje.
Las zonas de humedales y playas bajas serán las más perjudicadas por el aumento de la erosión e intrusión salina de acuíferos. En el verano de 2019 se produjo un episodio de proliferación de cianobacterias en la Costa Atlántica. Las floraciones provocaron grandes concentraciones de espuma en una extensión de 500 kilómetros de costa que afectó, en plena temporada turística, gran parte de las playas desde Colonia hasta Rocha.
Costa en Tensión. Créditos: Presidencia de la República (Uruguay)
“En algunos lugares de la costa uruguaya del Río de la Plata se está forestando con vegetación originaria para recomponer las dunas”, apunta Mario Caffera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y profesor agregado en el Departamento de Sistemas Ambientales de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. “Eso está bien pero es urgente en los planes municipales levantar las cotas para edificar. Hay lugares donde ya no se podrían habilitar construcciones”, señala Caffera, miembro fundador de la sociedad civil “Amigos del Viento: Meteorología Ambiente Desarrollo” y referente de cambio climático en la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.
“La constante del clima uruguayo es su variabilidad y eso enmascara el cambio climático. La zona costera ya está siendo afectada pero se sigue pensando que son accidentes cuando es algo sistémico que probablemente va a continuar agravándose”, opina el experto.
La conjunción de vulnerabilidades ambientales de origen humano aceleradas por el cambio climático en la región, “podría, en un futuro próximo, generar migraciones de población provenientes de Paraguay o el Sur de Brasil hacia Uruguay”, sostiene Caffera. “El mal manejo, la erosión y el desgaste de tierras coloradas, ferralíticas, tropicales y de baja fertilidad existentes en Paraguay y Brasil podría generar crisis sociales que terminen atrayendo población hacia los países del Plata, donde el territorio menos modificado ha sido el nuestro”.
“Es un escenario posible, con muchos desafíos y grandes interrogantes, pero podría haber una tendencia de migrantes que llegarán desde tierras más tropicales, debido al agotamiento de las tierras de los lugares donde viven. La ocupación territorial de soja sobre soja, caña de azúcar sobre caña de azúcar, está destruyendo todo”, afirma.
Soluciones basadas en la naturaleza
Uruguay recientemente finalizó la elaboración de su Plan Nacional de Adaptación al cambio climático en ciudades e infraestructuras (NAP Ciudades), que fue diseñado de manera participativa, es decir, con el involucramiento de actores locales. La iniciativa busca aumentar las capacidades en las comunidades.
“Tenemos varios tipos de amenazas además de la inundación fluvial que afecta a poblaciones bajas cercanas a cuerpos de agua. En las ciudades también hay inundación por drenaje debido a la densificación de áreas que tienen estructuras de drenaje y saneamiento antiguas que no dan abasto. También influyen los cambios de los parámetros de lluvia porque llueve más de golpe y frecuentemente y eso se superpone a otras situaciones como conflictos de drenaje u ocupaciones irregulares en áreas urbanas”, apunta Gustavo Olveyra, Magíster en Desarrollo Costero y consultor de NAP Ciudades.
“Es necesario trabajar fuerte en políticas de desarrollo de vivienda, de mejoramiento de barrios y cobertura universal de infraestructura porque son problemas que recrudecen cada vez que tenemos una crisis vinculada a lo climático, ambiental o la salud como la que tenemos hoy con la pandemia”, agrega Myrna Campoleoni, arquitecta y consultora principal de NAP Ciudades. En este sentido, una de las propuestas del Plan es fortalecer las políticas de ordenamiento territorial urbano, con mapas de riesgo de inundación. “Si yo sé que los parámetros de lluvia van a cambiar –porque si bien la cantidad de agua anual se va a mantener, la distribución anual va a ser diferente- puedo vincular la planificación de las ciudades a análisis multiamenazas”, apunta la especialista.
Los mapas se desarrollaron utilizando imágenes satelitales de las ciudades. A partir de esto se propusieron intervenciones vinculadas a la ampliación de los espacios verdes, el arbolado público y la mejora de edificaciones.
Otras propuestas tanto para edificaciones existentes como nuevas se refieren al confort térmico, como aislar un cerramiento una ventana, un cielo raso, la incorporación de artefactos de calefacción más eficientes, calefactores solares para agua caliente, paneles fotovoltaicos para energía eléctrica. Algunas de ellas también pueden servir en caso de inundación para que las familias puedan quedarse en el segundo piso y abastecerse de energía por paneles fotovoltaicos.
El Plan también propone una serie de soluciones y estrategias basadas en la naturaleza. “A nivel macro busca cuidar las áreas protegidas, proteger nuevas áreas y cuidar los ecosistemas aunque no tengan el status de áreas protegidas, tratar de que el exceso de nutrientes de actividades agropecuarias no llegue al agua, y restaurar los bosques de ribera”, enumera Olveyra.
“Sabemos que la situación es hoy más difícil por la pandemia y la preocupación diaria por la salud. Cuando se están viendo ollas populares, desocupación, necesidad de asegurar alimentos, gente en la calle y hay que resolver los problemas de hoy, es difícil hablar de un problema que va a venir quién sabe cuándo. Parece un problema de otro y que lo resuelve otro”, reflexiona Campoleoni.
Adaptación y resiliencia
Ángel Castro, militante social e integrante de la Coordinadora de Inundados de Paysandú que desde los 90 comenzó a movilizarse en busca de soluciones, comenta: “se hablaba mucho del cromo que había en los terrenos del barrio, las enfermedades cancerígenas. Pasaba cerca, y a cielo abierto, un colector de desechos de saneamiento. Había todo el tiempo un olor nauseabundo y penetrante. Al bajar la inundación el barro estaba en todas partes y ese olor quemaba las narices y producía enfermedades respiratorias. Lo peor es vivir con el barro, con el olor nauseabundo de los animales. No tenemos un estudio, somos simples ciudadanos que apenas terminamos primaria”.
Angel Castro y Natalia Gómez en Barrio Nuevo Horizonte. Créditos: Carol Guilleminot
Al igual que Natalia Gomez, Ángel Castro vive hoy en una zona alta de la ciudad, a unos tres kilómetros del lugar donde estuvo emplazado el barrio La Chapita, área que actualmente se encuentra parquizada. “Donde yo vivía no hay nada ahora. Solo pasto. Quedó muy bien, hicieron una placita y canchas”, dice Ángel.
Opina que sus intereses y circunstancias familiares fueron contemplados en el marco del realojo. “Nos ofrecieron una chacrita pero yo quería quedarme en la ciudad porque estaba cansada de los animales y para que mis hijos estudiaran. Al principio nos costó pero conseguí trabajo de acompañante de personas enfermas, mi hijo mayor pinta casas y mi esposo también tiene trabajo aunque en el campo, y viene cada quince días”, cuenta Natalia Gómez. “Nos cambió la vida totalmente. Tenemos el baño al lado de la habitación, la escuela, una placita, el hospital cerca. Antes estábamos aislados y todo estaba lejos. Hoy miro para atrás y parece que fue otra vida”, confiesa.
Ángel afirma que conoce a muchas familias que fueron realojadas en diferentes barrios del Plan Nacional de Relocalización en Paysandú y que “la mayoría estamos agradecidos de tener la posibilidad de una casa digna. La lucha no fue en vano y las nuevas generaciones no tienen que estar viviendo lo que vivimos nosotros”.
“Estoy agradecido porque hoy no padezco el barro, el frío, la inundación, las ratas y olores nauseabundos. Lo único es que no nos llega a todos el trabajo, y con la pandemia es peor. El 70% de las familias de nuestro barrio están desempleadas y se las arreglan haciendo cosas caseras para vender, vendiendo ropa usada o cortando el pasto. Tenemos ayuda social –que se ha recortado sensiblemente- pero no alcanza y los precios de la canasta básica están por el cielo”, apunta. “Hace falta la fuente laboral, más para gente como nosotros que salimos de una vida que ya no la podemos seguir haciendo –algunos criaban animales, otros eran clasificadores de residuos- a querer salir adelante pero nos falta el trabajo”.
A pesar de las dificultades, Ángel y Natalia trabajan junto a otros vecinos para mejorar el lugar donde habitan: colaboran con un merendero que funciona en la casa de una vecina y los fines de semana organizan jornadas solidarias con donaciones de ropa y calzado para los vecinos que necesitan.
Angel y Natalia crearon la “biblioheladera” en el barrio Nuevo Horizonte. Créditos: Carol Guilleminot
Hace más de un año y medio incorporaron una “biblioheladera” que está un tiempo en cada casa y provee de libros y actividades de lectura porque, como dice Natalia, “leer un libro de vez en cuando acerca a la familia y a los vecinos”. La “biblioheladera” lleva el nombre del barrio “Nuevo Horizonte” y en su puerta tiene una frase de Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
A continuación encontrarás la primera parte del informe relativo a Argentina y la segujnda sobre Colombia:
Esta historia hace parte de la investigación periodística Migrantes por cambio climático en Sudamérica, realizada para Periodistas Ambientales por un equipo periodístico transfronterizo integrado por Gabi Ensink, Laura Oviedo (Argentina) Carol Guilleminot (Uruguay) y Olga Cecilia Guerrero (Colombia), con financiación de la UNESCO. Capacitación de equipo en herramientas de Periodismo Open Source: Damián Profeta (Argentina).
La evidencia reciente, mostrada en el Informe de Evaluación de la Amazonía, considera que la deforestación en la región no puede sobrepasar rangos entre el 20 % y el 25 %. La preocupación es grande pues, en la actualidad, el 17 % de los bosques ya se ha perdido y al menos un 17 % adicional se ha degradado.
El último día de la COP 26 sobre cambio climático en Glasgow, Escocia, se hizo público el Informe de Evaluación de la Amazonía en el que participaron más de 200 científicos, de los cuales casi el 70 % son de la región . El documento, que es considerado uno de los reportes más completos que se ha hecho sobre la cuenca del Amazonas, también contó con la participación de líderes indígenas y de comunidades locales, cuyos conocimientos ancestrales ocupan un lugar importante dentro del informe.
Entre las principales conclusiones a las que llegó el Panel Científico para la Amazonía (SPA por sus siglas en inglés), que reúne al grupo de investigadores que ha elaborado el documento, está la necesidad de ejecutar acciones inmediatas para detener la deforestación en este bioma ya que, si no se hace, indica el informe, se podría cruzar un punto de inflexión irreversible que conduciría a un paisaje degradado y a la transformación de importantes zonas amazónicas en fuentes de emisión de carbono. Es decir, los bosques dejarían de absorber grandes cantidades de CO2 y se perdería así a un aliado importante en la lucha contra el cambio climático.
El SPA recomienda también que se prohiba de manera inmediata la tala de bosques en todo el sur de la Amazonía, que comprende 2 millones de km2 de selva tropical desde el sur de Perú, Bolivia, el norte de Mato Grosso y el sur de Pará, ambos estados de Brasil, hasta llegar al océano Atlántico. Además, pide cero deforestación y degradación de bosques en toda la región antes del 2030.
Para lograrlo, destacan los científicos, es fundamental la rápida implementación de las promesas de los sectores públicos y privados para detener la deforestación y aumentar la financiación para la Amazonía. También se necesitan soluciones para hacer frente a los incendios que han afectado a los bosques amazónicos en los últimos años, velar por la protección de las comunidades indígenas y el desarrollo de una economía sostenible, basada en la biodiversidad, a la cual han denominado bioeconomía.
“El modelo de desarrollo actual está impulsando la deforestación y pérdida de biodiversidad, lo que lleva a cambios devastadores e irreversibles. Si la Amazonía ha de sobrevivir, debemos mostrar cómo se puede transformar para generar beneficios económicos y ambientales como el resultado de colaboraciones entre científicos, poseedores de conocimientos indígenas y sus líderes, comunidades locales, sector privado y gobiernos”, comentó Carlos Nobre, científico brasileño y copresidente del SPA.
Una invaluable diversidad natural y cultural
El informe está dividido en 34 capítulos que se centran en cuatro temáticas principales: la Amazonía como una entidad regional del sistema terrestre, la presencia humana y la diversidad sociocultural en la Amazonía, las transformaciones socioecológicas de la región y, finalmente, la necesidad de encontrar caminos sostenibles para asegurar su conservación.
Los autores destacan que la Amazonía alberga una parte representativa de la biodiversidad mundial conocida, que incluye el 22 % de las especies de plantas vasculares, el 14 % de las aves, el 9 % de los mamíferos, el 8 % de los anfibios y el 18 % de los peces que habitan en los trópicos. “Aunque los científicos describen nuevas especies en la Amazonía a un ritmo extraordinario de una cada dos días, muchos grupos aún son poco conocidos. Además, nuestro conocimiento de la ecología y la distribución geográfica de la mayoría de las especies es todavía muy limitado”, destaca el reporte.
La publicación resalta que la cuenca del río Amazonas es uno de los elementos más críticos del sistema climático de la Tierra, debido a su ubicación tropical, delimitada al oeste por los Andes, y también por su inmensa extensión. Los autores indican que los bosques actúan como un “aire acondicionado” gigante que reduce la temperatura de la superficie terrestre y genera lluvias. “Hasta el 50 % de la precipitación que cae dentro de la cuenca se recicla regionalmente, lo que mantiene un alto flujo de humedad hacia el interior de los océanos y suministra la descarga fluvial más grande de la Tierra, entre el 16 % y el 22 % de la entrada total de agua dulce del mundo a los océanos”.
La Chorrera es un lugar con grandes recursos hídricos. Foto: Luisa Fernanda Ortiz – WWF Colombia.
Andrea Encalada, vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito y copresidenta del SPA, resalta no solo el riesgo al que se enfrentan los bosques amazónicos sino también los ecosistemas de agua dulce, donde hay muchos vacíos de información, problemas asociados a las pesquerías, falta de tratamiento de aguas residuales y un aumento en la construcción de hidroeléctricas que causan fragmentación en la conectividad de los ríos. “El ecosistema acuático amazónico está bajo amenaza y eso está llevando a la degradación. Podríamos llegar al punto de tener ríos intermitentes, una condición que hasta ahora no se conoce en la Amazonía. Proponemos la creación de reservas fluviales, así como existen las áreas protegidas terrestres”, comenta.
El bioma amazónico tiene una importancia indiscutible a la hora de hablar del clima y ese es otro de los mensajes cruciales del informe. En sus suelos y vegetación hay almacenadas entre 150 y 200 mil millones de toneladas de carbono.
Pero la Amazonía no es solo un lugar de importante riqueza natural sino también cultural. Allí habitan alrededor de 47 millones de personas, incluidos casi 2,2 millones de pobladores indígenas, distribuidos entre más de 400 grupos que hablan más de 300 idiomas. Los territorios indígenas y las áreas protegidas cubren alrededor del 50 % de la cuenca del Amazonas e, históricamente, han jugado un papel fundamental para la conservación de los ecosistemas.
Por ejemplo, el informe destaca que entre 2000 y 2018, solo el 13 % del área total deforestada en la cuenca ocurrió dentro de estas tierras. Sin embargo, se estima que aproximadamente la mitad de todos los territorios indígenas y áreas protegidas enfrentan la presión de la deforestación ilegal, la minería y el acaparamiento de tierras, lo que agrava las amenazas para la Amazonía y sus pueblos.
“Entramos al Panel Científico por la Amazonía porque la Amazonía es nuestra casa. Hemos vivido miles de años allí. La Amazonía es un ser vivo, tiene espíritu, está presente en nueve países y para salvarla necesitamos que los nueve trabajen, sin importar la extensión de selva que tengan. Todo se afecta si uno de ellos no funciona”, asegura Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Mujeres indígenas recogen alimentos en sus chagras. Foto: Stefan Ruiz, Fundación Gaia Amazonas.
La Amazonía arrinconada
¿Cómo fue que la Amazonía llegó a este punto crítico? El Informe de Evaluación de la Amazonía también hace un detallado análisis histórico de las presiones y amenazas que ha enfrentado la región. Destaca, por ejemplo, que durante los últimos dos siglos, recursos como petróleo, minerales y, en general, la biodiversidad, se han extraído y utilizado de manera intensiva debido al proceso de colonización y la expansión agrícola masiva, producto de demandas económicas tanto nacionales como internacionales.
“El desarrollo basado en recursos significó que los países amazónicos pasaran a los niveles más altos en las exportaciones globales de carne de res, hierro, oro, madera, cacao y soya. Estas transformaciones ocurrieron en el contexto de sociedades altamente desiguales, con partes sustanciales de la población indígena que ni siquiera tienen ciudadanía, o la exclusión de los derechos a la tierra de las comunidades locales, inequidades que influyen en la dinámica socioeconómica de la región hasta el día de hoy”, destaca el reporte.
Díaz Mirabal dice que los pueblos indígenas no quieren que se siga deforestando para producir carne o por agronegocios como la palma aceitera. “Eso no puede ser en el siglo XXI. Queremos que la humanidad oiga que la selva Amazónica grita por una nueva oportunidad para seguir respirando, para seguir viviendo. Eso significa una transformación espiritual, mental y una nueva visión de la economía”, resalta el coordinador de la COICA.
Este gran informe, presentado el último día de la COP 26, advierte que la Amazonía se acerca a un potencial punto de inflexión catastrófico debido a la deforestación, la degradación, los incendios forestales y el cambio climático. La evidencia reciente, que considera los efectos de todos estos fenómenos, sugiere que este umbral podría alcanzarse cuando la deforestación llegue a porcentajes entre el 20 % y el 25 %. La preocupación es grande pues, según la información de los científicos, en la actualidad, el 17 % de los bosques amazónicos ya se ha perdido y al menos un 17 % adicional se ha degradado.
A pesar de que hay 563 áreas protegidas que cubren el 25 % de toda la cuenca amazónica, en el informe se estima que el 51 % de ellas se encuentra bajo algún tipo de presión, ya sea baja o moderada. Entre 2001 y 2018, las nuevas áreas agrícolas dentro de las áreas protegidas aumentaron en más del 220 %.
Novo Progresso, Para, Brasil. Incendio en Jamanxim APA. Foto: Victor Moriyama / Greenpeace.
Otro dato revelador de esta publicación es que la población de la Amazonía es urbana en más del 60 % y destaca que los medios de vida amazónicos son cada vez más una mezcla compleja de actividades rurales y urbanas. Además, las políticas nacionales y regionales orientadas al desarrollo, el apoyo financiero y la infraestructura favorecen la agroindustria a gran escala, generando cambios estructurales significativos entre los pequeños productores amazónicos y aumentando la migración urbana. “Esta realidad contradice las imágenes de la Amazonía como predominantemente rural y se refleja en la atención limitada que se presta a la urbanización explosiva de la región”, se lee en el informe.
Mercedes Bustamante, profesora de la Universidad de Brasilia y una de las científicas que participó en este extenso estudio, asegura que con los recientes aumentos en deforestación que están devastando el bosque tropical más extenso de la Tierra, “también debemos anunciar un código rojo para la Amazonía. Salvar los bosques existentes de la deforestación continua y la degradación, así como trabajar en la restauración de los ecosistemas es una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo”.
Propuestas de los expertos
Bustamante reconoce que los ecosistemas amazónicos y la gente están enfrentando riesgos catastróficos y potencialmente irreversibles pero considera que aún hay oportunidad de actuar. “Es factible buscar oportunidades para cambiar, de manera escalable, las economías de la Amazonía”.
El Panel Científico para la Amazonía, en la parte final de su informe, plantea un concepto importante en el cual los gobiernos y la sociedad en general deben trabajar: la visión de la Amazonía Viviente. Esta se fundamenta en tres pilares: el primero considera medidas para conservar, restaurar y remediar los sistemas terrestres y acuáticos. El segundo busca promover el desarrollo de políticas de bioeconomía innovadoras, lo que incluye inversiones en investigación, mercadeo y una producción asociada a la biodiversidad amazónica, además de considerar las inversiones en educación, tecnología e innovación. Finalmente, el tercer pilar plantea el fortalecimiento de la ciudadanía y gobernanza amazónica para promover un mejor manejo de los recursos naturales y fortalecer los derechos humanos y territoriales.
Zona deforestada en la Amazonía de Colombia. Foto: FZS.
Gregorio Díaz Mirabal señala que los científicos han entendido el mensaje de que se necesita trabajar juntos, con las comunidades y con los gobiernos, en temas como los derechos de los pueblos y de la naturaleza. “Que se respete la selva amazónica, los árboles, las frutas y el espíritu de los pueblos. Se puede disfrutar de los servicios de la Amazonía sin deforestar, sin destruir la selva”, dice.
Los expertos destacan la urgencia de llegar a cero deforestación para 2030, así como trabajar en medidas para conservar, restaurar y remediar los sistemas terrestres y acuáticos. También proponen el impulso de la bioeconomía, el aumento de la inversión en ciencia, educación, tecnología e innovación, y el fortalecimiento de la ciudadanía y gobernanza amazónica.
El Panel Científico de la Amazonía insiste en la necesidad de la restauración y rehabilitación de la cobertura forestal y los ecosistemas acuáticos; conservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la diversidad cultural, así como el seguimiento de la degradación, la deforestación y el establecimiento de sistemas de alerta temprana de incendios. Además, los expertos destacan que si bien el cambio de uso de la tierra es la amenaza más visible para los ecosistemas de la Amazonía, el cambio climático está emergiendo como una de las principales amenazas para el futuro de la región.
Para Marielos Peña Claros, profesora de Ecología y Manejo Forestal de la Universidad Wageningen en los Países Bajos, no hay una única solución ni soluciones simples para este problema medioambiental, y se necesita un gran conjunto de iniciativas que sean adoptadas, ajustadas, replicadas y escalables a las condiciones locales.
Peña Claros destaca una de las conclusiones del informe y es que se necesita llegar a una deforestación cero en el 2030 para no sobrepasar el punto de inflexión. “Necesitamos definir hitos anuales para que la deforestación empiece a bajar el próximo año. Necesitamos moratorias de deforestación para áreas muy frágiles o muy cerca de puntos de quiebre, sobre todo ubicadas en la Amazonía brasileña”.
Las operaciones de los mineros ilegales habían dejado en esta zona del Pariamanu una deforestación de aproximadamente 30 hectáreas. Foto: FEMA Madre de Dios.
La investigadora también resalta la necesidad de que la Amazonía se mueva hacia una transformación justa. “Alrededor de 800 mil km2 de la Amazonía ya han sido deforestados. Sin embargo, hay oportunidades de implementar la restauración de la productividad de tierras agrícolas abandonadas sin necesidad de convertir más áreas boscosas en tierra agrícola”, destaca.
Por su parte, la investigadora Mercedes Bustamante destaca el gran potencial que hay en la bioeconomía para generar mercados sostenibles con productos del bosque, pero que es importante que los gobiernos se comprometan a impulsarlos como ha sucedido, por ejemplo, con el asaí, hoy conocido en las cocinas de diferentes países del mundo.
Uno de los mensajes finales del informe indica que alcanzar estas metas antes de 2030 depende de los esfuerzos conjuntos de los formuladores de políticas amazónicas a nivel local, nacional y regional, así como de los sectores financiero y privado, la sociedad y la comunidad internacional. El reporte destaca que el apoyo financiero debe iniciarse desde economías avanzadas para asegurar que se consuman productos de áreas con cero deforestación y que se preserve el papel de los bosques como un importante sumidero de carbono natural.
Gregorio Díaz Mirabal resume el sentimiento y la petición de los pueblos amazónicos: “oigan a la ciencia y a los pueblos, implementen acciones respetando el trabajo que se ha hecho en este informe. No tenemos tiempo. Lo único que falta es el apoyo de los gobiernos, bancos, empresas y toda la humanidad”.
Imagen superior: Minería ilegal de oro en el río Caquetá, Amazonas – Colombia. Foto: Informe Un Clima Peligroso.
Durante las últimas décadas, muchas especies de rana arlequín —género Atelopus— han sufrido graves declives poblacionales y extinciones, principalmente por culpa de un hongo. Hoy en día, de las 94 especies evaluadas por la UICN, 83 % están en peligro de extinción.
En 2019 la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES) dio uno de los mensajes más alarmantes de los últimos tiempos sobre la flora y fauna de nuestro planeta: alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en pocas décadas, lo que representa una amenaza sin precedentes en la historia de la humanidad.
Los anfibios están en gran peligro con aproximadamente el 40 % de sus especies bajo alguna categoría de amenaza.Entre ellos, uno de los géneros que más preocupa es Atelopus, originario del neotrópico, cuya distribución va desde Costa Rica hasta Bolivia, extendiéndose al oriente hasta la Guayana Francesa. De las 94 especies evaluadas por la UICN, el 83 % se encuentran en la Lista Roja de Especies Amenazadas. Es más, un 40 % de las especies de este género son consideradas como posiblemente extintas en la naturaleza y cuatro ya desaparecieron oficialmente del planeta.
Una de las principales causas de las declinaciones poblacionales y extinción de algunas especies del género Atelopus, más conocido como ranas arlequín, es el Batrachochytrium dendrobatidis, un hongo quítrido mortal que tuvo sus peores efectos en los anfibios en la década de los ochenta.
“Hace cerca de tres años Re:wild, la organización en que trabajo y que auspicia la Lista Roja para anfibios de la UICN, debido a la grave situación de las ranas arlequín, empezó a indagar y nos dimos cuenta que mucha gente, en varios países, estaba trabajando activamente por la conservación de algunas especies, pero no había mucho intercambio de conocimientos y experiencias, ni un esfuerzo articulado a nivel de región para salvar el género”, dice Lina Valencia, bióloga colombiana fundadora de ASI, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Atelopus del Grupo Especialista en Anfibios de la UICN y coordinadora de los países andinos para Re: wild.
En noviembre de 2019 lograron reunir, en el parque Explora en Medellín, a más de 40 personas de distintos países y concluyeron que era vital una gran iniciativa que promoviera la participación activa de diversos grupos, no solo científicos y académicos, sino también de representantes de comunidades locales, personal de ministerios y parques nacionales, ONG, zoológicos, entre otros.
Participantes de la primera reunión de la Iniciativa de Supervivencia Atelopus. Foto: Parque Explora.
De esa primera reunión salió la idea de crear el primer plan de acción para la conservación de las ranas arlequín, el cual fue publicado hace pocas semanas. Dicho plan se sustenta en cinco objetivos: producir conocimiento de línea base, asegurar poblaciones viables en hábitats naturales, mantener y manejar colonias de rescate, aumentar la visibilidad de las Atelopus y crear un mecanismo de colaboración y participación.
El primer objetivo se centra en recopilar y producir información científica clave sobre el estado poblacional actual, la historia natural y las amenazas a las poblaciones de Atelopus. En segundo lugar se desarrollarán y aplicarán estrategias y protocolos para reducir los impactos de las principales amenazas que afectan al género. El tercer objetivo se enfoca en crear capacidades técnicas y científicas y compartir mejores prácticas para implementar tecnologías de reproducción asistida en los casos de los anfibios más amenazados, así como aplicar programas de reintroducción y de seguimiento posterior a la liberación.
El cuarto eje del plan tiene que ver con concientizar a las personas sobre la existencia de las Atelopus “y promover las ranas arlequín como joyas de los bosques, páramos y arroyos del Neotrópico, convirtiéndolas en un género emblemático y en un símbolo internacional, regional y nacional de prosperidad, esperanza y biodiversidad”, dice el documento.
Finalmente, otro de los objetivos clave es garantizar el apoyo técnico, logístico y financiero necesario para asegurar la conservación a largo plazo de las ranas arlequín.
Sobre este último objetivo, Valencia dice que es muy importante desarrollar estrategias para fomentar la colaboración, comunicación y el trabajo interdisciplinario. “Fue interesante ver cómo en nuestra primera reunión había personas que llevaban décadas trabajando con el género y no se habían visto las caras antes” y añade que lo que buscan no es solo publicar un documento, “sino de verdad cambiar el estatus de conservación de las ranas. Si no trabajamos colectivamente, este género se nos va a extinguir”.
Aunque las intenciones son las mejores, los integrantes de la iniciativa saben que uno de los principales obstáculos es la escasez de recursos económicos para implementar estrategias de conservación. Por eso, el trabajo colaborativo se presenta nuevamente como la principal apuesta. Lina Valencia comenta que en lugar de que 10 personas u organizaciones compitan por un mismo fondo, la iniciativa pretende que se junten experiencias y capacidades para aplicar como equipo a fondos más grandes y así reducir esa competencia que suele darse para obtener unos recursos que son bastante limitados.
Trabajo en el Centro de Conservación de Anfibios (AMARU), Ecuador. Foto: Jaime Culebras/Photo Wildlife Tours.
El ataque mortal de un hongo
¿Por qué el género Atelopus fue uno de los más afectados por el hongo quítrido? Para el biólogo ecuatoriano Juan Manuel Guayasamín, esa es la pregunta del millón. Existen varias hipótesis pero es enfático al indicar que mucho todavía está en el plano de la especulación pues hace falta demasiada información sobre este tema, además que los principales impactos de la enfermedad causada por el hongo ocurrieron hace varias décadas, cuando pocos científicos trabajaban con anfibios y se desconocía la existencia de este patógeno.
Lo que se sabe es que el hongo empezaba afectando la piel de las ranas, causándoles luego muchos problemas fisiológicos, desde respiratorios hasta circulatorios. “Muchas de estas ranas mueren de ataques cardíacos por estrés asociado a la enfermedad”, dice Guayasamín, investigador de la Universidad San Francisco de Quito y también co-coordinador del Grupo de Trabajo Atelopus del Grupo Especialista en Anfibios de la UICN.
Para el biólogo lo que está claro es que el hongo está asociado con declinaciones y extinciones de más de 500 especies de anfibios. “Si hablamos de pandemias que tienen un efecto en la biodiversidad esta es la peor pandemia reportada en la historia, no hay un caso similar de un patógeno que infecte y afecte a tantas especies”, destaca.
Sin embargo, el hongo no actúa solo y los biólogos creen que se trata de una combinación de factores que incluye la destrucción y degradación de los hábitats —como resultado de la agricultura, la ganadería, la tala, la minería y el desarrollo de infraestructura—, la introducción de especies invasoras como la trucha arcoíris que se alimenta de renacuajos de ranas arlequín, la contaminación, la recolección ilegal para el comercio de mascotas y los efectos del cambio climático.
La Iniciativa de Supervivencia Atelopus es una nueva alianza de más de 40 organizaciones de 13 países que busca trabajar colectivamente para salvarlas antes de que sea demasiado tarde: alrededor del 40 % de las especies de Atelopus han desaparecido de sus hogares conocidos y no se han visto desde principios del nuevo milenio, a pesar de grandes esfuerzos para encontrarlas.
“Parece que también tiene que ver con el sistema inmune de las Atelopus, no tienen un mecanismo para protegerse de la enfermedad”, dice Guayasamín y asegura que el hongo está bastante diseminado entre los anfibios pero, al parecer, muchas especies ya han generado mecanismos de tolerancia. O por lo menos, eso esperan.
Por otro lado, el biólogo comenta que es muy interesante que en los últimos 10 años varias especies que se pensaban extintas han sido redescubiertas, “aunque siempre se redescubren en densidades muy bajas y en pocas localidades, bajo escenarios que podríamos determinar como catastróficos”.
Trabajo de campo de la Fundación Atelopus, Colombia. Foto: Jaime Culebras/Photo Wildlife Tours.
Guayasamín y un grupo de investigadores que forman parte de la nueva Iniciativa de Supervivencia Atelopus ganaron recientemente un fondo para ir a campo a estudiar a la redescubierta Atelopus ignescens, que antes de la década de los ochenta era muy abundante en los Andes ecuatorianos, incluso muy cerca de Quito. Esta especie no se había visto por décadas a pesar de que era muy común y recientemente pasó de Extinta a en Peligro Crítico.
Hace poco también se volvió a ver a la Atelopus mindoensis. El lugar donde se le vio de nuevo es un bosque en una reserva privada donde hay ríos sin truchas arcoíris —una rareza actualmente en los Andes ecuatorianos según los investigadores—. “De cierta forma esto te da tranquilidad pero también te encuentras con otras poblaciones que están en situaciones graves, como Atelopus ignescens. Ahí sí te preocupas y es urgente trabajar”.
Un indicador de la calidad del agua
Como otros anfibios, las ranas arlequín son vitales para ecosistemas saludables. Sus renacuajos dependen del agua limpia y, debido a esto, su presencia indica agua de mejor calidad en un ecosistema, mientras que su declive o ausencia es a menudo el primer signo de un ecosistema en problemas.
“Proteger y restaurar las ranas arlequín y sus hábitats también beneficiará a otras especies que comparten los ecosistemas en los que viven y que proporcionan agua a decenas de millones de personas y, en última instancia, a toda la vida en la Tierra”, dice Lina Valencia. “Esperamos que la Iniciativa de Supervivencia de Atelopus sea un modelo exitoso que los conservacionistas puedan emular para otros grupos de especies amenazadas”, añade.
Juan Manuel Guayasamín recalca que es urgente entender cuestiones cruciales como cuáles especies realmente están extintas, cuáles sobreviven, por qué sobreviven y si son más tolerantes al hongo. Este estudio debe hacerse en paralelo con actividades de protección “porque la situación es tan frágil que no sabemos qué va a pasar en el corto plazo”.
El biólogo asegura que algunas especies de Atelopus tienen a sus últimas poblaciones literalmente luchando por su vida en zonas bastante alteradas por los humanos “y eso sí te da susto. Tienes actividad agrícola, ganadera, minería y truchas en los Andes que se comen a todos los renacuajos. Tenemos que trabajar bastante de la mano con las comunidades”.
Finalmente, Valencia resume el objetivo de la iniciativa en pocas palabras: “este [Atelopus] es un género diverso, con diversas amenazas, que necesita diversas soluciones que vienen de diversas perspectivas”.
Marie Jeanne Bora Ntianabo, de 29 años, ama su trabajo como guardabosques a pesar del peligro de ser emboscada por cazadores furtivos o grupos armados que operan en el Parque Nacional Kahuzi-Biega.
David Kalinga Safari – Traducción de Lindsay Kaslow / Mongabay
A la edad de 13 años, Marie Jeanne Bora Ntianabo ya sabía que quería ser guardaparques. Hoy en día, es una de los 250 guardabosques que protegen el Parque Nacional Kahuzi-Biega en la República Democrática del Congo, hogar de especies raras y amenazadas como los gorilas de Grauer(Gorilla beringei graueri),de cazadores furtivos y buscadores de oro.
Kahuzi-Biega se estableció en 1970 y cubre un área de 6,000 kilómetros cuadrados (2,300 millas cuadradas). Se encuentra en el este de la RDC y ha estado en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO desde 1997. El parque es el hogar de muchas especies amenazadas, incluyendo bongos de tierras bajas (Tragelaphus eurycerus), monos de cara de búho (Cercopithecus hamlyni), elefantes de bosque (Loxodonta cyclotis) y gorilas.
Cuando todavía era una niña, Ntianabo participó en programas de sensibilización organizados por guardabosques en el campo y se sintió atraída por este trabajo, que pensó que era «extraordinario». Se propuso convertirse algún día en uno de ellos, un sueño que se hizo realidad después de graduarse de la universidad.
En 2013, Ntianabo pasó una prueba de reclutamiento y se unió al equipo del Parque Nacional Kahuzi-Biega, una de las ocho mujeres entre los 111 reclutas.
Bajos salarios para los guardaparques
Los guardabosques del parque tienen la tarea peligrosa de proteger y preservar la vida silvestre de los cazadores furtivos, los buscadores de oro y coltán dentro de los límites del parque, y de los grupos armados que luchan en los conflictos que han persistido en el este de la RDC y los países vecinos desde finales de la década de 1990. Todos estos grupos tienen fácil acceso a armas sofisticadas y hacen un daño extenso a los ecosistemas del parque.
Los guardabosques de Kahuzi-Biega a menudo se enfrentan a emboscadas de cazadores furtivos o milicias.
Aunque el trabajo de los guardabosques es difícil y peligroso, está mal pago. Trabajan por el equivalente a $ 50 al mes, y a veces pasan tres o incluso seis meses sin paga, cuando el número de turistas es bajo. Y debido al COVID-19, el turismo al parque ha sufrido significativamente. El cheque de pago mensual de Ntianabo no es suficiente para cubrir sus necesidades. Sus padres tienen mala salud y dependen de ella para obtener apoyo. También paga las cuotas escolares de cuatro de sus hermanos.
Los altos riesgos de bajos salarios dejan a los guardaparques enfrentando decisiones difíciles, incluida la tentación de cazar furtivamente la vida silvestre que se les confía proteger. Según Ntianabo, un gorila bebé puede venderse por al menos $ 23,000 dentro de los 50 kilómetros (30 millas) del parque.
Una familia de gorilas de Grauer o del este de las tierras bajas en el Parque Nacional Kahuzi-Biega en la República Democrática del Congo en 2016. Imagen de Thomas Nicolon para Mongabay.
«Esa suma de dinero no me tienta. No puedo asociarse con aquellos que siempre han destruido nuestros bosques para vender animales que estoy aquí para proteger», dice.
Su compromiso se ha ganado el respeto de sus compañeros, que se refieren a ella cariñosamente como «Bora», que significa «hermosa», y con frecuencia es nombrada como líder de equipo.
«Bora nunca se rinde y continúa dándolo todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Pudimos ver lo valiente que era incluso en los primeros días de entrenamiento de guardaparques», dice Hubert Mulongoy Dumarché, un colega de mucho tiempo. «Cuando trabajó duro en un ejercicio, aunque pudo haber sido difícil, finalmente tuvo éxito, mientras que otras niñas y niños tuvieron más dificultades para hacerlo».
Ntianabo ayuda a crear conciencia entre las poblaciones vecinas sobre la protección del parque y sus especies. Su alcance también se extiende a la lucha contra la deforestación y la caza furtiva. Ella aboga por una buena y mejor gestión de los recursos en el parque y se dedica a ayudar a que funcione correctamente.
Con su arma sobre el hombro, el uniforme enderezado, el kepi puesto y las botas atadas, está lista para enfrentar cualquier situación que pueda surgir amenazando con destruir el medio ambiente que ha jurado proteger a toda costa:
Desde mayo pasado han realizado 17 sesiones con expertos en áreas relacionadas con cambio climático y calentamiento global.
Un comité científico de las universidades Eafit, de Antioquia y Nacional sede Medellín, diseñó el pensum académico para el Diplomado sobre Emergencia Climática, dirigido a periodistas colombianos.
El curso—que inició en mayo pasado y finaliza en enero de 2022— se realiza a través de clases semipresenciales y virtuales mediante la plataforma académica de la Universidad Eafit y comprende cuatro módulos generales, 21 sesiones y 100 horas de clase.
Hasta el momento docentes de alto nivel han abordado desde diferentes ángulos asuntos como cambio climático, políticas globales, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justicia climática, huella de carbono, transición energética, desarrollo urbano, agricultura, biotecnología, entre otros.
Las clases son dictadas por docentes de las instituciones que hacen parte del comité científico, de académicos e investigadores de destacadas universidades colombianas y extranjeras, como de invitados de organizaciones e investigadores independientes.
Algunos docentes son: Santiago Mejía Durán, Lidia Cano, Juan Darío Restrepo, Paola Andrea Arias, Yuley Cardona, Alejandro Álvarez, Jorge Pérez Jaramillo, Alejandro Echeverry, Ricardo Barahona, Juan Carlos Duque, Ana Beatríz Acevedo, Lucía Atehortúa Garcés.
Origen del Diplomado
Como es de conocimiento público, Antioquia fue el primer (y hasta ahora el único) departamento en declarar la Emergencia Climática en el país, lo hizo en febrero de este año.
En ese sentido, el curso corresponde al cumplimiento de una de las 100 acciones para enfrentar el fenómeno a que se comprometió la Gobernación de Antioquia, que establece la necesidad de «fortalecer la pedagogía a través de la divulgación y la comunicación pública, sobre los efectos y consecuencias de emergencia climática».
La convocatoria para este curso trascendió la región antioqueña y fueron incluidos 427 periodistas de todo el país, quienes adelantan los estudios y actividades semanales del diplomado.
El comité científico fue designado por la Gobernación de Antioquia en una alianza con las universidades Eafit, Nacional y de Antioquia, con sede en Medellín. Apoyan el proceso Teleantioquia, Hotel San Fernando desde donde se hace la transmisión, el Club de la Prensa y los grupos Éxito e Isa.
Foto superior: La investigadora Paola Andrea Arias, hace parte del grupo de expertos por Colombia en el Sexto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
Ocho expertos en avifauna disertarán este 29 de septiembre en la tercera versión del evento.
La programación incluye ponencias magistrales, experiencias en aviturismo y observación de aves con expertos, pajareros locales y novatos en avistamiento.
Debido a las restricciones que aún se mantienen por la pandemia, en especial la aeroportuaria, el Festival Intercultural de Aves de la Amazoniase realizará por Facebook Live desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este año el Instituto Sinchi apoya tecnológicamente el evento.
Francisco Javier Alonso, Fernanda Hernández y Diana Deaza fueron los encargados de organizar el festival en 2021. Francisco, bogotano, dedicado al ecoturismo, le contó a Red Prensa Verde que además de la parte académica, como es tradicional, una vez finalizado el encuentro, se realizará una jornada de avistamiento de aves en la zona rural de Leticia y en el municipio de Puerto Nariño.
Zarcerito cabeciamarillo (Thlipopsis sordida), Amazonas. Foto: Francisco Javier Alonso.
Eufonia georgiamarilla (Euphonia lanirostris), ave del Amazonas. Foto: Francisco Javier Alonso
Esta es la programación:
9.00
APERTURA
9.15
9.15
OTTO VALERIO
9.40
Un viaje tras el canto de las aves
9.45
FRANCISCO Y PAOLA
10.05
Pajariando por la ciudad de Leticia
10.10
FELIPE JIMENEZ
10.30
Golondrinas migratorias en Amazonas
10.35
RAFAEL CLAVIJO
11.00
El escape que te atrapa
11.05
GORI Y CHUCHO
11.35
Las aves enseñan
2.30
PROFESOR OCHOA
3.00
Aviturismo como aporte a la reactivación de experiencias memorables en Amazonas
3.05
SERGIO GARZÓN
3.30
Experiencia comunitaria en Tarapacá
3.35
ALEXA ROZO
3.55
La novata pajarera
3.55
MAURICIO Y NIKI
4.25
The big year Colombia de paso por el Amazonas
4.30
Cierre
4.45
Desde la selva
La iniciativa para crear el Festival surgió de la necesidad de un espacio en el que se pudieran socializar los estudios, registros de las aves en el departamento y aprender de expertos en ornitología.
Una de las impulsadoras de esta actividad fue de Diana Deaza Curico, funcionaria de Parques Nacionales Naturales. Su idea fue calando en el Grupo de Observadores de Aves de la Amazonia (GOA) porque era de las pocas ciudades que no tenían su propio evento para pajarear, aprender y socializar la pasión por este grupo taxonómico. Hasta entonces los integrantes del GOA participaban en eventos de observación de aves como el Global Big Day, censos de aves acuáticas y censos navideños, reportando sus observaciones.
Entonces, comenzaron a buscar contactos, a pedir apoyo y lo encontraron en la sede cultural del Banco de la República de Leticia, en la Secretaría de Turismo Departamental y en otras instituciones. Así, entre el 26 y 29 de septiembre de 2019, se realizó la primera versión con invitados de Bogotá, Cali, Pereira, La Guajira y otras ciudades. En la jornada de la mañana hacían avistamientos y en la tarde asistían a conferencias en las que se incluyó una programación para niños, jóvenes y ciudadanía con la Asociación Calidris.
Colibrí endémico de la Amazonia. Foto: Francisco Javier Alonso.
El entusiasmo creció y aunque en 2020 llegó la pandemia, el Festival tuvo su segunda versión virtual, gracias a que se unieron en un mismo evento estudiosos de aves de Perú, Uruguay y Colombia. Cada uno tomó un día y el GOA en su espacio presentó a cinco expositores desde Leticia.
Científicos ligados al Centro de Investigaciones e Innovación en Biodiversidad y Fármacos (CIBFar), en Brasil, develaron detalles del proceso de maduración de la principal enzima implicada en la replicación del nuevo coronavirus, conocida como 3CL. Este descubrimiento, que aparece descrito en el Journal of Molecular Biology, facilita la búsqueda de medicamentos que puedan impedir de entrada este proceso.
“Al cabo de un año y medio de pandemia, de mínima contamos con media docena de vacunas con aplicación clínica, pero seguimos careciendo de fármacos con probada eficacia y seguridad. El desarrollo de antivirales es efectivamente más difícil. Así y todo, aun cuando tenemos buenos inmunógenos, la obtención de un medicamento para el COVID-19 sigue siendo sumamente importante, en caso de que el virus le escape a las vacunas”, afirma Glaucius Oliva, coordinador del CIBFar, un Centro de Investigación, Innovación y Difusión (CEPID) de la FAPESP con sede en el Instituto de Física de São Carlos, de la Universidad de São Paulo (IFSC-USP).
En el referido artículo, los científicos describen el mecanismo molecular mediante el cual la principal proteasa del SARS-CoV-2 –la enzima responsable de la multiplicación del virus– se autoprocesa y se vuelve activa para replicar el material genético del patógeno (el ARN) dentro de las células hospedantes. “Cuanto más entendemos el metabolismo del virus y sus etapas de replicación, más fácilmente logramos vislumbrar blancos en este proceso, con miras a poder desarrollar moléculas capaces de frenarlo de entrada”, dice Gabriela Noske, doctoranda del CIBFar y primera autora del artículo.
Según Oliva, se trata de un estudio de ciencia básica, pero con aplicaciones inmediatas. “A diferencia de lo que observamos en otros virus, tales como el del Zika, el del dengue o el de la fiebre amarilla, en el nuevo coronavirus la proteasa no actúa en forma monomérica [como una molécula aislada]. Para que la misma se active y pase a multiplicar el ARN del SARS-CoV-2, debe ser dimérica, es decir que es necesario que haya un par de copias de la proteasa para que esta pueda cortarse a sí misma y a las otras proteínas responsables del metabolismo del virus dentro de las células”, explica.
Oliva se encuentra a la cabeza de un proyecto multidisciplinario que cuenta con el apoyo de la FAPESP, y que congrega a investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB-USP), del Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP), de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP), de la Universidade Estadual Paulista (Unesp) y de la Universidad de Campinas (Unicamp), abocado a la búsqueda de antivirales para el tratamiento del COVID-19 (lea más en: agencia.fapesp.br/33536/).
Son múltiples etapas
El ARN del SARS-CoV-2 está protegido por una “envoltura” formada por lípidos y proteínas, entre ellas la famosa spike o espícula, que compone la estructura en forma de corona que le da su nombre a la familia Coronaviridae. Cuando el virus invade las células y es engolfado por estas, se libera el ARN de la referida cápsula.
Dentro de las células, el principal objetivo del virus es multiplicarse. En esta fase, las proteínas estructurales dejan de ejercer su función fundamental (el transporte del ARN y la evasión del sistema inmunitario) y entran en escena las llamadas proteínas no estructurales, responsables del metabolismo vírico dentro del hospedante.
“El microorganismo necesita efectuar copias de su ARN. Como no cuenta con todos los mecanismos necesarios para ese fin, debe secuestrar algunas funciones de las células que invade. Otras funciones metabólicas, específicas del virus, les competen a las proteínas no estructurales, tales como la proteasa principal y otras 15 moléculas. Nuestro estudio se enfocó en la proteasa principal”, comenta André Godoy, coautor del artículo e investigador del IFSC-USP.
Godoy explica que, mientras que las proteínas estructurales suelen servir como blanco para el desarrollo de vacunas, las no estructurales se utilizan como referencia para la elaboración de medicamentos antivirales. Este es el caso de los cócteles utilizados en el tratamiento del sida, que tienen en la proteasa del VIH a uno de sus blancos.
El descubrimiento de que la proteasa principal del nuevo coronavirus pasa por diferentes fases hasta alcanzar su madurez, para entonces favorecer la multiplicación del SARS-CoV-2 en las células infectadas, solamente fue posible merced a una investigación realizada en la más compleja estructura científica de Brasil.
El año pasado, el experimento a cargo de Godoy y de la investigadora Aline Nakamura inauguró la primera estación de investigación de Sirius, el acelerador de partículas de última generación cuya puesta a punto está ultimándose en el Centro Nacional de Investigaciones en Energía y Materiales (CNPEM), con sede en la ciudad paulista de Campinas (lea más en: agencia.fapesp.br/34533/).
En tres días, y con la ayuda de un potente haz de luz sincrotrón, fue posible determinar la estructura de más de 200 cristales de dos proteínas del nuevo coronavirus. Entre ellas se encontraba la proteasa principal, en diversas formas y en complejos con varios ligandos.
“Junto con la spike, la proteasa principal es la proteína más estudiada del nuevo coronavirus. Hasta ahora no se sabía de qué manera procesa el SARS-CoV-2 dos copias de esta enzima para crear en su estructura el área a la que se conoce con el nombre de ‘sitio activo’, donde logra procesar a las otras proteínas sintetizadas con base en la información contenida en el genoma viral. Existen otros tipos de virus que también poseen esta característica, pero la innovación en este estudio radica en haber comprendido cómo sucede esto”, informa Godoy.
Los investigadores explican que, al ser un virus de ARN, el SARS-CoV-2 ya llega a las células listo para su transcripción a cargo de los orgánulos llamados ribosomas, para entonces producir proteínas no estructurales. Con todo, como el SARS-CoV-2 posee una sola cadena de ARN, antes es necesario decodificar todas las proteínas no estructurales (y estructurales) en incontables oportunidades. Para ello, el virus las produce como una sola y larga proteína (poliproteína), que luego debe romperse para formar las 16 moléculas encargadas de los mecanismos metabólicos.
“Al ser una estructura mucho más sencilla, el ARN del virus codifica a todas las proteínas juntas, pegaditas, como si conformasen un largo collar de cuentas. Las elabora en los ribosomas de las células invadidas bajo la forma de una larga poliproteína que deberá cortar en trozos. Pero existe un problema: la que corta las proteínas es la proteasa principal, que también se encuentra presente en ese ‘collar de cuentas’. Por ende, esta debe hallar la forma de cortarse a sí misma y, con base en esta acción, escindir a las otras”, explica Oliva.
Los análisis con el haz de luz sincrotrón –un tipo de radiación electromagnética sumamente brillante y muy empleada en estudios de biología estructural– les permitieron a los investigadores detectar de qué manera lleva a cabo este proceso la proteasa principal. Este trabajo reveló que, al fragmentar sus dos puntas, dicha proteasa principal modifica su estructura.
“Asimismo, demostramos que, para el procesamiento de una de las puntas [denominada C-terminal], la enzima necesita contar con un socio dímero, es decir, con una proteína igual que logre fragmentar la parte delantera. Esta logra fragmentar una punta sola, pero no la otra. En tanto, el socio [la otra proteína madura] se unirá a esa parte para fragmentar luego lo que falta”, informa Godoy.
El proceso de maduración de la proteasa principal, según explica el investigador, permite que esta salga de un estadio en el que forma parte de una larga cadena de proteínas, logre autofragmentarse en la parte N-terminal, encontrarse con otra cadena dentro de la célula, formar un dímero y efectuar el procesamiento de la parte C-terminal, formando así por último su estructura madura y activa.
Una luz al final del túnel
De acuerdo con el coordinador del CIBFar, la farmacéutica Pfizer está realizando ensayos clínicos con un medicamento que puede bloquear a la proteasa principal, pero en su fase madura. La farmacéutica Merck también cuenta con un estudio clínico con una molécula que bloquea a otra proteína no estructural llamada polimerasa, responsable de sintetizar copias del ARN viral.
Oliva hace hincapié en que cualquier fármaco antiviral actúa encastrándose en un receptor. “El mundo entero se encuentra abocado a la búsqueda de drogas candidatas que se encajen en la proteasa, pero mirando hacia la estructura de la enzima ya lista, madura. Lo que demostramos es que existen variaciones de estadios anteriores de esa proteasa que pueden erigirse como blancos más interesantes para el desarrollo de fármacos. Es como cortar la maleza antes de que crezca”.
La mayoría de países no cumplieron con la meta de proteger al menos el 17 % de sus tierras y el 10 % de sus mares en el 2020. Hoy se plantean metas más ambiciosas como llegar al 30 % de protección para el 2030. ¿Lo lograrán?
Antonio José Paz Cardona
El 2020 era un año clave para el medio ambiente pues se vencía el plazo para cumplir con las 20 Metas Aichi para la Biodiversidad y debían establecerse nuevos objetivos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 pospuso esa discusión.
Las Metas Aichi surgieron en Japón hace 11 años y fueron aceptadas por los 193 países que, para ese entonces, formaban parte del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Su diseño tuvo como base un análisis de los beneficios que la naturaleza brinda al bienestar humano, además de los elementos de conexión entre la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
La meta 11 fue una de las que más trascendió en la opinión pública. En ella se plantea que “para 2020, al menos el 17 % de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10 % de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados…”.
Peces en el mar cerca a Isla del Coco, Costa Rica. Foto: Sterling Zumbrunn.
Esta tarea pendiente, sumada a los graves anuncios sobre riesgo de extinción de especies e impactos del cambio climático que hicieron IPBES en 2019 e IPCC a inicios de agosto, ha llevado a que surjan propuestas más ambiciosas pues es evidente que lo alcanzado hasta ahora no es suficiente.
La Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC por sus siglas en inglés) es una de las asociaciones que está motivando a nuevos compromisos mundiales. Este grupo intergubernamental de más de 60 países, presidido por Costa Rica y Francia, defiende un acuerdo mundial para proteger al menos el 30 % de la tierra y los océanos del mundo para 2030.
Colombia tiene varias áreas protegidas en proceso de declaración, entre ellas una entre la Amazonía y la Orinoquía. Costa Rica espera saldar su deuda marítima ampliando el Área de Conservación Marina Cocos y Chile tiene la esperanza que, después de siete años, se declare el parque marino Tic-Toc para proteger a la ballena azul.
Es por eso que este 24 de agosto, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales y se ha demostrado la necesidad de proteger más áreas terrestres y marinas, Mongabay Latam presenta cómo avanza la creación de parques nacionales en tres países de Latinoamérica.
La Patagonia chilena es un sistema archipelágico de más de 40 mil islas y 103 mil kilómetros de costa, con una gran riqueza ecológica y cultural que abarca más de un tercio del territorio nacional. Archipiélago de los Chonos. Crédito: Nicolás Muñoz, Centro Ballena Azul – Universidad Austral de Chile.
Colombia: nuevos parques nacionales en espera
Colombia superó parcialmente la meta 11 de Aichi al tener más del 10 % de sus zonas marinas bajo algún grado de protección (13,4 %) y, aunque estuvo cerca de la meta en áreas terrestres (16,61 %), no superó el 17 % propuesto.
Sin embargo, actualmente el país avanza en la consolidación de cinco procesos de declaratoria de áreas protegidas —Serranía de San Lucas, Serranía de Manacacías, Selvas Transicionales de Cumaribo, Sabanas y Humedales de Arauca, y Ecosistemas Secos del Patía—. Además, se planea la ampliación de otras tres áreas: parque Sierra Nevada de Santa Marta, área natural única Los Estoraques y santuario de fauna Acandí, Playón y Playona.
De acuerdo con Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas y Estrategias de WWF Colombia —una de las organizaciones que viene acompañando a Parques Nacionales Naturales de Colombia en esos procesos de declaratoria— la más avanzada es Serranía de Manacacías.
“El ejercicio técnico está completo y el Estado está en proceso de adquirir unos predios. La ruta trabajada nos muestra que Manacacías puede declararse como parque nacional”, dice Herrera.
Paisaje del futuro parque nacional Serranía de Manacacías. Foto: Rodrigo Durán Bahamón.
Este futuro parque nacional, en el que se viene trabajando desde hace varios años, se ubica en la cuenca del río Manacacías, en una zona de transición entre las grandes selvas de la Amazonía y las extensas sabanas de la Orinoquía. Es una zona de interés biológico no solo por su posición biogeográfica sino por su buen estado de conservación, a pesar de encontrarse en una región con altas presiones, especialmente por extracción de petróleo, agricultura intensiva a gran escala, incremento de la población humana, expansión de la infraestructura vial, monocultivos y cultivos de uso ilícito.
Herrera asegura que, actualmente, no hay otros ecosistemas similares dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y aunque no se tiene una fecha para la declaratoria del parque nacional Serranía de Manacacías, lo más probable es que ocurra antes de que termine el mandato del presidente Iván Duque (agosto de 2022). De hecho, cuando Duque firmó la nueva Ley de Delitos Ambientales, el pasado 4 de agosto, aseguró que próximamente se declararían nuevas áreas protegidas en Colombia.
Además de Serranía de Manacacías, Carlos Mauricio Herrera comenta que van muy avanzados los procesos de ampliación del parque Sierra Nevada de Santa Marta y del santuario de fauna Acandí, Playón y Playona.
“La Sierra Nevada es uno de los ecosistemas con mayores singularidades del mundo, es la montaña litoral más alta del mundo, tiene todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta casi 6000 metros […] Su ampliación será hacia el sur, hacia el departamento de Cesar”, comenta.
En cuanto a Acandí, Playón y Playona, es importante ampliarlo para garantizar la conservación de la tortuga cana o laúd. “La intención no es solo ampliar la posibilidad de conservar sus sitios de anidación sino incluir diferentes zonas importantes para su ciclo de vida y contar con una mayor diversidad de ecosistemas marinos para que otras especies tengan un espacio de conservación, en esta zona fronteriza con Panamá”, explica Herrera.
Indígenas arhuacos, kogui, wiwa y kankuamo habitan en la Sierra Neavada de Santa Marta. Foto: Amado Villafaña Chaparro.Picos nevados en el parque nacional Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Amado Villafaña Chaparro.
El gran potencial para conservar zonas marinas está en el Pacífico, donde el país se extiende ampliamente gracias a la Isla del Coco, llegando a limitar con Colombia y Ecuador. Es más, de acuerdo con Haydée Rodríguez, viceministra de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía, cerca del 92 % de Costa Rica es mar pero tienen una deuda histórica en la declaratoria de áreas protegidas marinas.
Actualmente, Isla del Coco es un parque nacional constituido por una isla de 24 km2 y 1989 km2 de espacio marino que, junto al Área Marina de Manejo Montes Submarinos, que tiene un área de 9649 km2, forma parte del Área de Conservación Marina Cocos.
En 2017, el país empezó a desarrollar una serie de estudios científicos y técnicos para analizar la viabilidad de fortalecer la conservación del área marina Cocos y ampliarla. En julio de este año, en las ciudades de San José y Puntarenas, se realizaron varias mesas sectoriales de consulta pública con miembros de la academia, sector turístico y pesquero, organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales. La ampliación aún se encuentra en discusión pero Rodríguez asegura que va por muy buen camino.
“Este es un esfuerzo que vincula la conservación de nuestros mares con el fortalecimiento económico. Al ampliar el área marina protegida en nuestro Océano Pacífico, nos permite fortalecer nuestra resiliencia ante el cambio climático, asegurar que existan especies de alto valor comercial y alimentario para hoy y las futuras generaciones, y potenciar el ecoturismo en la zona. Hemos hecho un amplio proceso de consulta, siguiendo la legislación nacional y sus plazos, para que el aporte de todos los sectores involucrados se vea en la propuesta”, comenta Rodríguez.
El valor natural, social y económico del Área de Conservación Marina Cocos ya ha sido confirmado. El estudio ‘Valoración Económica de Servicios Ecosistémicos en el Área de Conservación Marina Cocos y aguas adyacentes’, realizado por la Universidad Nacional de Costa Rica, estimó que la zona genera unos 50 millones de dólares anuales en beneficios económicos. Esto se divide en 19 millones por concepto de turismo en el Parque Nacional Isla del Coco, 21 millones al año por pesca deportiva en el Área Marina de Manejo Montes Submarinos y 10 millones por pesca con palangre en este mismo sitio.
La viceministra Rodríguez asegura que la propuesta de ampliación es ambiciosa y busca cubrir el 30 % de la zona económica exclusiva marítima del país y esto “va de la mano con el compromiso internacional que Costa Rica tiene liderando la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, en donde se busca al menos una protección del 30 % a nivel mundial en tierra y océanos”. Además, añade que es muy probable que la ampliación se oficialice antes de que finalice el 2021, pues este año es la celebración del bicentenario de independencia del país y “queremos una Costa Rica azul”.
Chile es uno de los pocos países que superó los objetivos de proteger al menos el 17 % de su área terrestre y el 10 % de sus zonas marinas. El 21,3 % de sus zonas terrestres están protegidas y en el mar la cifra asciende a 41,5 %. Sin embargo, algunos expertos consideran que no basta solo con la cantidad de territorio protegido sino que se debe garantizar la efectividad de esa protección.
“Chile dice: ‘tenemos más del 40 % de nuestra zona económica exclusiva [marina] protegida’, y eso está muy bien, pero, ¿es representativa esa protección? En la Patagonia nos dimos cuenta que hay ecosistemas que no están representados ni protegidos. Es más, hay parques terrestres que tienen porciones marinas que durante mucho tiempo no fueron consideradas en planes de manejo y recién están en desarrollo”, asegura Rodrigo Hucke-Gaete, biólogo marino, profesor de la Universidad Austral de Chile y director del Centro Ballena Azul.
Uno de los casos más llamativos es el del parque marino Tic-Toc, un proceso que lleva más de siete años estancado. Para inicios de 2014 se hizo su declaratoria e, incluso, hay comunicados de varias organizaciones en los cuales se celebra la decisión. Pero nada se materializó. “En el primer periodo del presidente Sebastián Piñera hubo esperanza de que Tic-Toc se declarara parque marino. De hecho fue declarado pero la Contraloría impidió que se siguiera adelante por razones que aún desconozco”, dice Hucke-Gaete.
Implantando transmisor satelital en ballena azul en las cercanías de Contao, Región de Los Lagos. Crédito: Rodrigo Hucke-Gaete, Centro Ballena Azul – Universidad Austral de Chile.
Según el investigador, Tic-Toc es uno de los ecosistemas más prístinos del sur del mundo, cuya salud es clave para la vida de las ballenas azules, los animales más grandes del planeta y que aún hoy se encuentran En Peligro de extinción, según la Lista Roja de la UICN. En esta zona del mar chileno también se han registrado orcas, lobos marinos, varias poblaciones de delfines y, además de ser refugio para las ballenas azules, también es zona de alimentación de ballenas jorobadas.
Recientemente Hucke-Gaete del Centro Ballena Azul, junto con la fundación Melimoyu, que está trabajando en Tic-Toc desde el año 2000, elaboraron un nuevo informe para que se proteja esta bahía. “Hoy por hoy, la nueva propuesta incluye una porción del golfo de Corcovado. Estamos con la esperanza de que nuevamente se dé la declaratoria y que realmente podamos implementar planes de manejo y monitoreo, que no sea un área de papel”, comenta el científico.
El proceso ya no está en manos de los científicos ni de los conservacionistas y en este momento pasa por una etapa de socialización con el sector pesquero. Es la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile la que tendrá que definir el tema regulatorio de la futura área protegida y las restricciones que tendrá. Rodrigo Hucke-Gaete espera que este nuevo parque marino por fin sea una realidad, “no puede ser que Tic-Toc lleve detenido siete años cuando estamos en una carrera contra el tiempo”, dice refiriéndose a la crisis del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad.
Ballena azul cerca de centros de cultivo de salmones en la Patagonia chilena. Crédito: Rodrido Hucke-Gaete, Centro Ballena Azul – Universidad Austral de Chile.
Imagen superior: Paisaje del futuro parque nacional Serranía de Manacacías. Foto: Rodrigo Durán Bahamón.
Durante cuatro meses, cinco científicos evaluaron el uso del hábitat y las características poblacionales de 149 tortugas sabaneras o galápagos llaneros en la Reserva Natural Privada Bojonawi, ubicada en el Vichada.
Una tortuga pequeña, con un caparazón liso y aplanado de color café, un hocico puntiagudo, una cola corta y algunas manchas amarillas en su cabeza, permanece oculta en algunos cuerpos de agua de la cuenca del río Orinoco, un vasto ecosistema ubicado en la extensa Orinoquia colombo-venezolana y decorado por extensas sabanas y morichales.
La ciencia la nombró en 1935 como Podocnemis vogli, pero es más conocida como tortuga sabanera, galápago llanero, galapaguita o gurruña. Alcanza tamaños cercanos a los 30 centímetros y un peso de más de cuatro kilogramos, y todo indica que es un reptil omnívoro con preferencia por las plantas y semillas, aunque también come insectos, pequeños invertebrados, peces y carroña.
Es un animal único o endémico de Colombia y Venezuela, informó Carlos A. Lasso, investigador del programa de ciencias de la biodiversidad del Instituto Humboldt, quien indica que en el territorio nacional ha sido reportada en un área de 304 kilómetros cuadrados, que abarca varias subcuencas del Orinoco como las de los ríos Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Tomo, Bita, Inírida y Vichada.
“En la sabana colombiana, las hembras anidan entre octubre y enero, durante el atardecer y la noche. Allí primero expulsan un líquido por la cloaca con el que humedecen el terreno, y luego cavan con las patas traseras, ponen los huevos, los tapan y sellan la entrada con la presión de su peso. Realizan tres posturas, donde alcanzan a poner 42 huevos que tardan más de tres meses en eclosionar”.
Según el libro Biología y conservación de las tortugas continentales de Colombiadel Instituto Humboldt, en el país el galápago llanero está clasificado como una especie de menor preocupación debido a su aparente abundancia. Pero Lasso y otros investigadores han evidenciado que su población está disminuyendo en algunos lugares debido a la caza.
La ciencia la nombró en 1935 como Podocnemis vogli, pero es más conocida como tortuga sabanera, galápago llanero, galapaguita o gurruña. Cría, Reserva Natural Bojonawi, Vichada. Foto: Mónica A. Morales-Betancourt.
“Los habitantes de la Orinoquia la cazan durante dos épocas del año: en sus meses reproductivos y en la Semana Santa debido a la prohibición del consumo de carne roja. La disminución de las tortugas charapa (Podocnemis expansa) y terecay (Podocnemis unifilis) ha generado que se capturen más galápagos llaneros, mientras que los juveniles son capturados ocasionalmente para su venta como mascotas en el mercado”.
Aunque la tortuga sabanera es endémica de la Orinoquia colombo-venezolana, en el territorio nacional hay varios vacíos sobre su información, como observaciones puntuales de su alimentación, comportamiento, estructura de las poblaciones e historia natural.
“Recientemente se han realizado estudios sobre poblaciones colombianas relacionadas con crías en cautiverio, taxonomía y biometría. Sin embargo, en las últimas décadas no se han adelantado investigaciones centradas en el uso del hábitat o la demografía de esta especie, tampoco sobre genética, un tema de gran interés, apunta Lasso.
Estudian a las sabaneras
Es por esta razón que cinco científicos se adentraron en lo más profundo de la Reserva Natural Privada de Bojonawi (BPNR), ubicada en el departamento de Vichada, entre el enero y abril de 2017, justo en la temporada reproductiva de la sabanera para estudiar el uso del hábitat y las poblaciones de esta especie.
Ana M. Sepúlveda Seguro, Vivian P. Páez y Marley T. Gómez Rincón, del Grupo Herpetológico y la Universidad de Antioquia, y Mónica A. Morales Betancourt y Carlos A. Lasso del Instituto Humboldt, fueron los encargados de liderar el estudio, que también contó con el apoyo financiero y logístico de la Fundación Omacha.
“Bojonawi está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Tuparro y la Reserva de la Biosfera de la Unesco. Es una reserva ubicada a 15 kilómetros al suroeste de de Puerto Carreño que está relativamente bien conservada y protegida, lo que nos permitió documentar aspectos sobre la población de la tortuga sabanera”, mencionó Lasso.
Los investigadores seleccionaron tres macrohábitats acuáticos de la reserva para estudiar a las sabaneras: el cauce principal del río Orinoco, la laguna El Pañuelo y el caño El Tesoro, ecosistemas separados por aproximadamente 1,5 kilómetros.
Laguna El Pañuelo Reserva Bojonawi, Vichada. Foto OlgaCGuerrero
“Cada uno de estos lugares cuentan con diferentes características fisicoquímicas, niveles de sedimentación, nutrientes, flujo de corriente, transparencia del agua y profundidad, aspectos esenciales para estudiar mejor el uso del hábitat de las tortugas”, precisó el investigador del Humboldt.
Para analizar a las tortugas, los expertos utilizaron métodos como trampas de embudo, redes de trasmallo y captura manual.
“Hicimos tres muestreos en los macrohábitats seleccionados. En cada uno instalamos 15 trampas de embudo en lugares poco profundos cerca de los sitios donde las tortugas toman el sol, las cuales fueron cebadas con pescado, carne, maíz, plátano y racimos de hojas de chigo”, cita el estudio publicado en la Revista Latinoamericana de Herpetología.
Algunas tortugas detectadas visualmente entre las nueve de la mañana y las 11 de la noche, fueron capturadas de forma manual. “En la laguna El Pañuelo, esta captura se realizó en agua poco profunda desde un pequeño bote y en el canal El Tesoro cuando algunas personas practicaban snorkel o buceo. Por medio de redes de trasmallo fueron capturadas varias tortugas en la laguna”.
Más de un centenar
En Bojonawi fueron capturadas 149 tortugas sabaneras: tres jóvenes, tres varones subadultos, 34 hembras subadultas, 67 machos adultos y 42 hembras adultas. De este total, solo 11 fueron recapturadas.
81 tortugas fueron capturadas por medio de trampas de embudo, su mayoría en la laguna El Pañuelo. “No encontramos diferencias en las distribuciones de tamaño de las tortugas con estas trampas en los tres macrohábitats”, revela el estudio.
La captura manual arrojó 28 tortugas y 40 con la red de trasmallo en la laguna de El Pañuelo. Según los científicos, las proporciones de sexos difirieron entre los macrohábitats: abundancia de machos en el río Orinoco y de hembras en la laguna.
Lasso apunta que por primera vez se corroboró un marcado dimorfismo sexual en esta especie: las hembras capturadas fueron más pesadas, grandes y anchas que los machos, con un tamaño máximo de 30 centímetros y un peso corporal de tres kilogramos.
El libro de las tortugas continentales del Humboldt aseguraba que el dimorfismo sexual de esta especie era poco aparente, aparte de una mancha amarilla en el hocico de los machos. “En nuestro estudio el tamaño de las hembras fue mucho mayor: 30 centímetros frente a los 27 de los machos”.
Nueve hembras de 22 centímetros tenían huevos en diferentes etapas de calcificación. En cuanto a los recorridos de la especie, los expertos identificaron una distancia lineal media de 380 metros, siendo los machos los que se movieron más, hasta dos veces más que las hembras.
Todas las tortugas identificadas fueron marcadas, pesadas, medidas, sexadas y fotografiadas antes de su liberación en los hábitats naturales. El sexaje se determinó analizando la forma de la placa ósea anal, con una forma de «V» típica en las hembras y una «U» en los machos, quienes además cuentan manchas amarillas en la cabeza.
“Para este estudio inspeccionamos la reproducción de las hembras por medio de la ecografía de Bondway, que con una sonda examina la región inguinal para detectar la presencia de huevos en desarrollo”, dice el artículo de la revista Latinoamericana de Herpetología.
Todas las tortugas identificadas fueron marcadas, pesadas, medidas, sexadas y fotografiadas antes de su liberación en los hábitats naturales. Tortuga sabanera o galápago llanero (Podocnemis vogli) Río Tomo, PNN El Tuparro, Vichada. Foto: Mónica A. Morales-Betancourt.
¿Qué dicen los resultados?
Para Lasso, Morales, Sepúlveda, Páez y Gómez, este estudio durante la temporada reproductiva de 2017 en la reserva no mostró una marcada segregación en términos de uso del macrohábitat para la tortuga sabanera.
“Otros estudios informan que esta especie tiene preferencia por lagunas y canales poco profundos, algo que no evidenciamos en este estudio. Esta discrepancia puede estar relacionada con causas como la época del año del trabajo de campo, los métodos de captura y el muestrear diferentes hábitats”.
Por ejemplo, por primera vez fue reportada una relativa abundancia de la especie en un cuerpo de agua grande como el río Orinoco, un hallazgo pionero en el estudio de esta tortuga en Colombia y Venezuela.
“Los estudios basados en otros métodos de muestreo no detectaron a esta tortuga en hábitats de aguas corrientes, lo que podría dar una impresión errónea de que evita grandes ríos. Esto se debe a que las otras investigaciones se realizaron en sitios como los llanos de piedemonte o llanuras inundadas estacionalmente, mientras que nuestro estudio fue en la planicie aluvial del río Orinoco.
Según Lasso, este estudio también es pionero en mostrar que en algunos lugares las tortugas sabaneras pueden estar presentes en cantidades sustanciales y grandes hábitats ribereños. “La especie es abundante dentro de la reserva y parece ser generalista de hábitats, incluyendo el uso de grandes ríos”.
Sin embargo, el investigador del Humboldt aclara que el bajo número de recapturas alcanzadas durante el reciente estudio, impidió la estimación de las densidades reales en cada macrohábitat.
Respecto a la preferencia de los machos por ecosistemas como el río Orinoco y de las hembras por la laguna, los expertos consideran que puede estar relacionada por los sitios ideales para la anidación de este último lugar.
“Las trampas de embudo capturaron con éxito tortugas de gran tamaño pero pocos juveniles. La red de trasmallo fue más eficiente, ya que solo en la laguna, durante seis horas de muestreo, capturamos aproximadamente 50 por ciento del número total de individuos muestreados, su mayoría juveniles y pocos adultos”.
Aunque la ciencia ha demostrado que esta tortuga está principalmente activa durante el día, el reciente estudio mostró por primera vez un forrajeo nocturno de la especie, hallazgo evidenciado por medio del método de captura manual.
Los cinco científicos concluyen que se necesita un monitoreo más extenso e intensivo para documentar las tasas específicas de supervivencia de las diferentes clases, detectabilidad y dinámica de la población.
“Un conocimiento básico de las características del ciclo de vida y la población es esencial para predecir cómo los cambios en la población debido a impactos naturales o humanos pueden afectar su distribución, uso del hábitat y permanencia”.
Tortuga sabanera o galápago llanero (Podocnemis vogli) Río Bita, sitio Ramsar, Vichada. Foto: Mónica A. Morales-Betancourt.
Todo comenzó hace nueve años cuando ocho biólogos emprendieron el estudio del género Eptesicus con materiales de la 
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El miedo de las personas a las serpientes se posiciona como otro de los peores enemigos para estos reptiles. “
