diciembre 2020

Investigación: TRAS LA PISTA DE LAS CAR

La Fiscalía encontró en una primera fase de investigación 220 obras ficticias, contratadas en 2016, que causaron detrimento patrimonial por $27 900 millones. 

Consejo de Redacción

1. Contrato Ciénaga de la Virgen 

Este contrato entregado a ‘El Turco’ Hilsaca, hoy símbolo del desgreño administrativo imperante en Cardique, data del 29 de junio de 2007.

Fue firmado con el Consorcio Ciénaga de la Virgen por $22 173 millones. Se trata de una millonaria obra, proyectada a 14 años, para el mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena. Esta es una laguna costera en el extremo norte de esa capital, separada del mar Caribe por el corregimiento de La Boquilla y conectada con la bahía de Cartagena a través de seis caños y un complejo de lagos interiores.

Las principales obras de esa intervención consistían en la relimpia manual o mecánica de los canales, arroyos y descoles, incluyendo la remoción del material, y la construcción de canales en concreto reforzado y de diques de cierre para deshidratación de sedimento.

Sin embargo, terminó costándole al erario $33 259 millones, después de cuatro adiciones presupuestales y tres modificaciones al manejo administrativo de los recursos.

“Eso pasó porque a los cuatro meses de adjudicadas las obras, el Consorcio logró el control total sobre el encargo fiduciario al que eran transferidos los recaudos por la sobretasa ambiental, cobrada en el impuesto predial de los cartageneros y en los peajes Marahuaco y Puerto Colombia, en la vía Barranquilla–Cartagena. Con esa plata fue que Cardique proyectó la financiación de los trabajos en la Ciénaga de la Virgen por 14 años”.

Fue así como, después de una primera modificación firmada el 9 de octubre de 2007, ese privado comenzó a administrar unos dineros que por Ley debieron estar siempre bajo la batuta de Cardique. Una entidad que pese a estar llamada a liderar la recuperación de la Ciénaga, terminó protagonizando varias irregularidades más, detectadas por la Contraloría en 2017 después de dos auditorías.

El equipo auditor se encontró con la ausencia de fundamentos jurídicos y técnicos para la celebración de este contrato, especialmente por las condiciones en que se firmó: año a año Cardique y el contratista iban definiendo las obras a intervenir, según los millonarios recaudos por sobretasa ambiental.

En un año ese tributo por impuesto predial genera hasta $55 606 millones, como ocurrió en 2018, mientras que por peajes unos $1641 millones, divulgó la Contraloría en la más reciente auditoría financiera que le hizo a Cardique en 2018 y publicó en noviembre de 2019.

Otra inconsistencia fue la débil ejecución de esas obras. A 2017 no estaban construidos unos canales en concreto que facilitarían el tránsito de las aguas que desembocan en la Ciénaga. “En su lugar, se aduce haber hecho relimpias, apertura de canales en tierra y descoles apilando la basura que extraen de la misma ciénaga”, se lee del informe de esa entidad. Intervenciones sobre las que la Contraloría no encontró las respectivas pólizas de seguro, garantía de una buena ejecución.

La última irregularidad tuvo que ver con la desconexión entre los trabajos supuestamente hechos y los estudios y diseños contemplados desde la apertura del proceso licitatorio, aunado al nulo monitoreo de Cardique, pues la Contraloría no halló informe alguno de esa entidad sobre los avances o estados de ejecución del contrato.

Esas conclusiones del equipo auditor originaron una investigación a cargo de la Fiscalía, que un año después terminó descubriendo todo un entramado de contratos fantasmas más allá de la Ciénaga de la Virgen: Cardique le adjudicó en 2016 a distintas empresas, unas 220 obras que nunca se hicieron, para la supuesta limpieza y mantenimiento de arroyos y caños con problemas de sedimentación. Contratos que causaron un detrimento patrimonial de al menos $27 900 millones.

Por esa contratación ficticia, soportada con facturas, planos topográficos y registros fotográficos falsos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 al exdirector de Cardique Olaff Puello Castillo, a tres de sus subalternos (Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos en la CAR) y a dos contratistas (Bernabé Maldonado Maldonado, contador, y Fredy Rodgers, topógrafo). A los pocos meses, en 2019, la Fiscalía ocupó 104 bienes de funcionarios y contratistas que se prestaron para la trama de corrupción.

Durante la toma de bienes, la fiscal Catalina Noguera anunció que, después de Puello, la segunda funcionaria más importante en ese desangre de recursos era Luz Dary Benavides Piza. “Era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, informó la fiscal.

Benavides Piza es una ingeniera civil que trabajó en la Subdirección de Planeación de esa CAR hasta 2019, cuando la Fiscalía le perdió la pista. En su paso por Cardique (al menos 15 años) era reconocida por su cercanía con Hilsaca. Fue ella quien en 2007 recomendó la adjudicación de las millonarias obras para el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen, como se lee en la evaluación del proceso licitatorio.

La Contraloría de Bolívar además encontró un posible detrimento patrimonial en ese contrato por $54 817 503 y les abrió, en 2018, un proceso de responsabilidad fiscal a Olaff Puello, al Consorcio y a los interventores Tecnogestiones Ltda y Consig Ltda.

El ente de control no encontró evidencias de que el Consorcio Ciénaga de la Virgen hubiese pagado todas las comisiones que le correspondían por ser el administrador de la fiducia. Por el contrario, los casi $55 millones salieron de dineros que le pertenecían a Cardique y no de los recursos propios del privado, como lo establecía el contrato.

A los hallazgos de la Contraloría se sumó un llamado de la Procuraduría, que en julio de 2018 pidió la suspensión del contrato y de su interventoría, debido al posible daño patrimonial. El acto de liquidación del contrato, en efecto, se firmó el 23 de noviembre de 2018, tres años antes de su vencimiento y sin mayores transformaciones ambientales para la Ciénaga.

Una década perdida 

Pese a toda esa millonaria inyección de plata pública, la Ciénaga de la Virgen perdió una década valiosa para su recuperación, pues el contrato entregado al Consorcio era clave dentro de un conjunto de acciones para mitigar el daño ambiental. Su agonía ha aumentado con la tala indiscriminada de manglares, que provocan la pérdida progresiva de hábitat de aves ⎼protagonistas de este ecosistema⎼ y con los asentamientos ilegales en su orilla. Cambuches y casas de cemento edificados sobre rellenos de basura y escombros que los habitantes, empujados por la pobreza, le roban al agua para conformar uno de los cinturones de miseria más grandes de Colombia.

A eso se suman los miles de metros cúbicos de sedimentos y desechos que terminan año tras año en la Ciénaga, que desde la década de los 40 se convirtió en el principal receptor de aguas residuales de Cartagena, por encima de su capacidad de autorregeneración. Solo hasta 2013, cuando entró en funcionamiento el emisario submarino, el alcantarillado de la ciudad no drena a esta laguna costera, ahora va al mar. La agonía de la Ciénaga se agudiza también por sus problemas de comunicación con el sistema de caños después de la ampliación de la pista del aeropuerto, en la década de los 70, y la construcción del Anillo Vial a finales de los 80.

Toda esta nociva interacción humana con la Ciénaga también ha terminado afectando su fauna, cuya abundancia, décadas atrás, se reflejaba en canoas llenas de jaibas, caracoles y camarones. Faenas que los pescadores ahora ven como postales lejanas y solamente posibles si navegan Caribe adentro.

“Por aquí uno tiene como tres años sin poder decir que se ha comido un arroz de cangrejo de la Ciénaga”, dice Juan Henríquez, director de Verde Calicanto, una organización de la que hacen parte ciudadanos que como él viven en El Progreso, El Pozón y Fredonia. Se trata de barriadas caracterizadas por un marginamiento histórico –dados sus altos índices de pobreza– que limitan con el extremo de la Ciénaga, una zona que los turistas no ven desde el fotogénico centro amurallado de Cartagena.

Ante la falta de políticas públicas contundentes, Verde Calicanto ⎼que debe su nombre al Canal Calicanto que desemboca en la Ciénaga⎼ desde hace siete años le apuesta a oxigenar este cuerpo de agua. Lo hace de la mano de otros cinco colectivos comunitarios, como parte del macroproyecto Ecovida. Las seis organizaciones dictan charlas a quienes viven a orillas de la Ciénaga para recordarles cuán urgente es su conservación. También organizan, tres veces al año con la ayuda de la empresa privada, jornadas de limpieza en los canales cercanos.

Sobre botes en fibra de vidrio, construidos con ayuda del Sena, suelen recolectar toneladas de desechos: mientras una persona va remando, otra recoge con azadones y deposita, especialmente, icopor y plástico en bolsas grandes de uso industrial. Basura que debió depositarse en Los Cocos, el relleno sanitario de Cartagena, y no en estas aguas. Las jornadas son verdaderos paliativos para un ecosistema en cuidados intensivos como este, que debieran liderar Cardique y la Alcaldía de Cartagena, no solo la sociedad civil.

2. Contrato para adecuar parques y canales

El segundo millonario contrato que acabó en manos de Hilsaca fue uno para el mantenimiento de nueve parques y la intervención de 54 canales en Cartagena, algunos a través de limpieza con retroexcavadora y otros con la construcción de box culverts en concreto reforzado (estructura que soporta taludes).

El 29 de diciembre de 2008, Cardique le adjudicó ese contrato de $1379 millones a Construcciones Hilsaca Ltda, cuyo representante legal en aquel momento era el propio Hilsaca. Como ocurrió con el proceso de la Ciénaga de la Virgen, en esta licitación también la empresa de Hilsaca fue proponente único y la recomendación de adjudicación la hicieron funcionarios cercanos a él: Olaff Puello Castillo, subdirector de Planeación en ese entonces, y Luz Dary Benavides, profesional universitaria de esa dependencia. De hecho, la propuesta de Construcciones Hilsaca Ltda obtuvo 100 de 100 puntos posibles.

El contrato tuvo dos otrosíes, ambos para modificar las condiciones técnicas de las obras, y tres suspensiones, por lo que su plazo de ejecución pasó de tres a 11 meses: la primera suspensión se dio por demoras en la entrega de diseños de unos boxcoulverts; la segunda, por la prolongación de la sequía, que no facilitaba las condiciones para la siembra de plantas y el mantenimiento de los parques, y la última por un saldo en los giros de Cardique al contratista para la remoción e instalación de tapas en concreto reforzado.

Todas esas suspensiones y reinicios de obras también las autorizaron los funcionarios Puello y Benavides.

Este paquete de intervenciones en los caños y canales cartageneros se suman a los contratados por la Alcaldía de Cartagena, que entre 2013 y 2018 invirtió $75 568 millones en limpieza. Recursos, tanto del Distrito como de Cardique, que terminan siendo unos millonarios pañitos de agua tibia para un problema mayúsculo: la falta de un Plan Maestro de Drenajes Pluviales, cuyo primer esbozo data de 1982 como resultado de un programa de cooperación técnica con Naciones Unidas.

Desde entonces, las administraciones de turno han actualizado el Plan y ejecutado algunas de sus obras sin lograr una intervención que le ponga punto final al problema: barrios inundados ⎼en temporada de lluvias⎼ por canales y caños desbordados que suelen ser usados como basureros a cielo abierto.

Además de ser paliativos, la Fiscalía encontró que los contratos de limpieza de arroyos y reservorios son los más usados para prácticas corruptas en Cardique y, justo por ese tipo de contrataciones, en septiembre de 2019, les imputó cargos a 21 excontratistas.

3. Contrato sobre loma del Marión

El tercer gran contrato entregado a ‘El Turco’ Hilsaca se remonta a 2012 por $12 369 millones, para estabilizar un sector de Cartagena conocido como la Loma del Marión, una estribación que atraviesa de oriente a occidente varios barrios, ubicados entre las avenidas Pedro de Heredia y Crisanto Luque, con algunas zonas cuyo riesgo de deslizamiento solo se recuerda en cada temporada de lluvias. Especialmente porque su suelo no es estable y, sobre él, debería haber vegetación y no urbanizaciones ni invasiones de cambuches.

Hilsaca se ganó ese contrato como miembro del Consorcio Control de Inundaciones 2012, representado en ese momento por su hijo Gabriel Hilsaca Acosta. Su socio fue la cartagenera Promotora El Campín, con el 25 % de participación. Una firma que ha tenido entre sus accionistas al cuestionado grupo político de Bolívar García Zuccardi, hasta hace poco integrado por los excongresistas Juan José García, condenado por peculado por apropiación y quien falleció recientemente por coronavirus, y Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica. Ambos tuvieron injerencia en el directorio de Bolívar del Partido de La U.

El Consorcio Control de Inundaciones se impuso sobre otros dos oferentes en esa licitación: Consorcio Megadiques, conformado por tres empresas de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, respectivamente, y Consorcio Leticia, integrado por una firma de Cartagena y otra de Bogotá.

Según la evaluación, la propuesta de Control de Inundaciones obtuvo el puntaje más alto entre los tres oferentes porque ‘presentó un sólido programa de obras’. Fue la única que puntuó en ese ítem (obtuvo 250 puntos que fueron determinantes para su calificación total) dado su detallado esquema de inversiones, con proyecciones precisas de tiempo y personal.

Este comité evaluador lo integraron Luz Dary Benavides Piza, ingeniera de la Subdirección de Planeación, cercana a Hilsaca, y Saray Hernández Durán, una de las capturadas por la Fiscalía en 2018 por el entramado de contratos ficticios.

El contrato, cuyo valor inicial fue de $12 097 millones, tuvo una adición presupuestal de $271 millones y cuatro cambios de fecha: de seis meses de ejecución pasó a 10. Además, dos otrosíes: el primero modificó unos insumos usados en los trabajos de contención y, el segundo, las condiciones de desembolso de la plata: el privado sólo comenzaría a recibir recursos a partir del 30 % de ejecución de la obra.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2012 y consistieron en el levantamiento de un muro de contención y de terrazas en las estribaciones de la loma para mitigar su deslizamiento en los sectores Nueva Granada, 9 de abril, San Francisco y Manzanares, después de la temporada invernal de 2010, una de las más intensas de los últimos años en Colombia.

Esas lluvias produjeron, entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, 2219 emergencias por inundaciones, avalanchas y deslizamientos en distintas regiones, según un informe para evaluar el impacto económico del fenómeno de La Niña, realizado por la Cepal, el DNP y el BID. En Cartagena y los municipios de Bolívar esa ola invernal dejó a 43 500 familias damnificadas, millares de viviendas destruidas y pérdidas económicas en más del 5 % del PIB departamental, según datos publicados por el Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias.

En 2010, antes de la millonaria intervención de Cardique en la Loma del Marión, la Alcaldía había invertido $1200 millones en levantamiento de pilotes y construcción de drenajes para las aguas subterráneas. Ambas intervenciones, que sumaron $13 569 millones, no solucionaron por completo los problemas de deslizamiento en algunos de los barrios edificados sobre la Loma. Especialmente porque el muro de contención de Cardique estaba proyectado como parte de una primera fase, que necesitaría de una segunda intervención. Sin embargo, esos trabajos no se hicieron.

Consejo de Redacción le preguntó a Cardique las razones por las que no se realizaron esas obras, pero no hubo respuesta alguna a los dos derechos de petición enviados entre marzo y mayo pasados.

En Nueva Granada reconocen que la construcción del muro de contención sirvió para detener parte de los deslizamientos que no los dejaban dormir tranquilos. Los moradores ⎼recuerda Osvaldo Beleño, miembro de la Junta de Acción Comunal⎼ sentían que las casas loma arriba, en el sector 9 de abril, podrían derrumbarse en cualquier momento sobre ellos, loma abajo.

Como la segunda etapa de intervención en la Loma quedó en el limbo, los habitantes comenzaron a sembrar por cuenta propia árboles alrededor del muro de contención para generar una zona verde que ayude a mitigar la sedimentación y genere una contención natural en tiempos de lluvia.

“Le estamos apostando a convertir ese pedazo en una zona verde junto a una hectárea y 100 metros que es lo único que queda libre de la Loma. Todo lo demás está urbanizado”, explica el líder Beleño.

Mientras tanto, los deslizamientos siguen siendo una amenaza para una parte de los cartageneros que viven allí: en 2017, por ejemplo, la tierra volvió a ceder con las lluvias y dejó vulnerables a 22 familias del Mirador del Nuevo Bosque, un barrio cuyas viviendas están sobre las partes bajas y medias de la Loma.

Cercano a ese sector, también están en riesgo los habitantes del Mirador de Zaragocilla, un conjunto residencial construido sobre terreno inestable al que en 2015 se le vino abajo uno de sus muros de contención. La Alcaldía de Cartagena tuvo que destinar recursos para volverlo a levantar.

Durante la última década, sus moradores han visto los cimientos socavarse con cada temporada de lluvia y han temido también el derrumbe de sus apartamentos, edificados por la constructora de Héctor García Romero, hermano del fallecido excongresista Juan José García Romero, uno de los socios de constructora El Campín con la que Hilsaca se ganó el contrato para levantar el muro de contención en la Loma.

Una de las habitantes del Mirador de Zaragocilla, quien pidió reservar su identidad, narra que todavía hoy el peligro persiste porque algunas paredillas de la zona presentan grietas y amenazan con caerse.

El contrato de la Loma del Marión, al igual que los de la intervención en la Ciénaga de la Virgen y el sistema de caños de Cartagena, evidencian cómo la entidad llamada a preservar tres grandes ecosistemas estratégicos de Bolívar no ha cumplido sus funciones a cabalidad. Por el contrario, a partir de las investigaciones de los entes de control, se develó su operatividad, por más de una década, bajo la sombra de la corrupción. Esta última le ha costado al erario, según la Fiscalía, casi $28 000 millones, una cifra que representa en recursos la mitad de los tres megacontratos entregados a la empresa de Hilsaca.

Detrás de todos estos contratos adjudicados por Cardique hay un posible patrón de colusión que tiene como común denominador a una compañía de Hilsaca. Cuando eso ocurre, es decir, cuando una firma o persona ejerce control sobre las contrataciones, se termina limitando la libre competencia y la pluralidad de oferentes, un asunto que le compete investigar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el pasado, esa entidad multó a distintas empresas colombianas del sector azucarero y de papeles suaves por este tipo de conductas, conocidas también como cartelización.

Pese al detrimento y a la poderosa mano de ‘El Turco’ detrás, Cardique sigue sin estar blindada contra futuras contrataciones fallidas o a medias. Tampoco los organismos de control ni la justicia han adoptado medidas contundentes que garanticen su funcionamiento acorde con su misión ambiental.