María José Pizarro, de la Lista de la Decencia explica el por qué cincuenta congresistas le enviaron una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, para exigir que no se entreguen los contratos para realizar pilotos de fracking en el Magdalena Medio.
El 17% de las personas hospitalizadas por Covid-19 ha sufrido un evento trombótico venoso (trombosis venosa profunda [TVP] y/o tromboembolia de pulmón [TEP]), con mayor riesgo en los ingresados en UCI, donde la prevalencia alcanza al 27,9% de los pacientes.
Así lo confirma una revisión sistemática realizada por investigadores del CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y del Hospital Ramón y Cajal sobre más de 18.000 pacientes ingresados por COVID-19 recogidos en 49 estudios de diferentes países, que ha sido publicado en la revista Chest. El análisis también ha reportado una incidencia importante de hemorragias, que afectaron al 7,8% de los pacientes incluidos.
La COVID-19, enfermedad viral causada por el SARS-CoV-2, produce una patología respiratoria grave, pero también causa manifestaciones importantes fuera del tejido pulmonar. La evidencia acumulada indica que, entre otros efectos, puede predisponer a los pacientes a eventos tromboembólicos venosos, debido a la hipoxia (estado de deficiencia de oxígeno en la sangre), inflamación excesiva o activación plaquetaria, entre otros.
La enfermedad tromboembólica venosa se caracteriza por la formación de un coágulo sanguíneo, habitualmente en el interior de una vena profunda de las piernas (TVP). En ocasiones estos coágulos se desprenden y alcanzan el árbol arterial pulmonar, originando una TEP.
Además de este mayor riesgo de trombosis, los pacientes con COVID-19 pueden tener riesgo de sangrado aumentado, debido a factores como los desequilibrios en la producción y destrucción de plaquetas, el consumo de factores de coagulación en el contexto de una inflamación grave y el uso de agentes antiplaquetarios o anticoagulantes.
“La estimación de la incidencia de eventos trombóticos y hemorrágicos en pacientes con COVID-19 es fundamental para pronosticar mejor a los pacientes, y para considerar estrategias que disminuyan su incidencia y los efectos derivados en los pacientes”, explica David Jiménez, jefe de grupo del CIBERES en el Hospital Ramón y Cajal que ha liderado el estudio. Este trabajo incluyó estudios procedentes de cualquier área geográfica mundial publicados del 1 de enero al 31 de julio de 2020 que evaluaron la incidencia de eventos trombóticos venosos y/o hemorragias en pacientes hospitalizados por COVID-19.
Los resultados de este metaanálisis arrojaron una incidencia combinada de eventos trombóticos venosos del 17,3% en pacientes ingresados por el virus. En concreto, analizando los casos de trombosis venosas profundas, éstas afectaron al 12,1% de los pacientes; y un 7,8% sufrieron embolias pulmonares. Por otro lado, la incidencia fue muy desigual en función del nivel de gravedad de los pacientes, llegando la incidencia en los ingresados en UCI al 27,9%, frente al 7,1% de pacientes internados en unidades de hospitalización convencionales.
Por otra parte, el análisis de datos segmentado por áreas geográficas recogió una incidencia de eventos trombóticos del 17,9% en Europa, del 23,7% en Asia y del 9,5% en América del Norte.
En cuanto a la ocurrencia de episodios hemorrágicos, se observaron en el 7,8% de los casos analizados, en gran parte relacionados con el uso de dosis elevadas de anticoagulantes. “Las tasas tanto de trombosis venosas como de hemorragia son relevantes y merecen atención urgente para evaluar su significado clínico y para diseñar estrategias preventivas y terapéuticas que mejoren la supervivencia de los pacientes hospitalizados por COVID-19”, señala David Jiménez. “Desde una perspectiva práctica, es importante identificar los regímenes de tromboprofilaxis con mejor balance riesgo/beneficio en todo el espectro de pacientes con COVID-19, incluidos los pacientes ambulatorios, los pacientes hospitalizados en unidades médicas y los pacientes en estado crítico”, añade.
En este sentido, el investigador apunta la necesidad de estudios adicionales en este campo “para comprender la utilidad de terapias antitrombóticas o inmunomoduladoras más potentes para mitigar de manera segura el riesgo de eventos trombóticos y la mortalidad asociada”.
Sara Sophia cursa séptimo grado en el colegio San Juan Bosco de Belén, en Medellín (Antioquia), y Samuel es estudiante de octavo grado de la institución educativa Real Campestre School, ubicada en Florencia (Caquetá).
Los dos compitieron a través de varias rondas virtuales con cerca de 7 mil estudiantes provenientes de 122 colegios, de 71 municipios colombianos.
Sara Sophia Lotero, ganadora.
Samuel Velásquez, ganador.
Durante la final realizada el 30 de noviembre, Samuel y Sara salieron victoriosos luego de enfrentarse a cuatro semifinalistas en una serie de 15 preguntas sobre biodiversidad y áreas protegidas.
Sus contendores fueron Luna Isabel Ramos Escobar de La Cumbre (Valle del Cauca), Lina Marcela Moreno Marín de Ibagué (Tolima), Santiago Pérez Ospina de Cartagena (Bolívar), y Sara Cardona López de Bogotá.
Competencia internacional
“El concurso se enfocó en áreas protegidas con el objetivo de que los jóvenes se apropien cada vez más de estos territorios, fundamentales para la biodiversidad nacional, el bienestar humano y la naturaleza”, informó WWF.
Ahora los jóvenes ganadores representarán a Colombia en el Wild Wisdom Quiz, la competencia internacional de WWF que mide los conocimientos de los jóvenes en biodiversidad a nivel global, que se realizará el próximo 15 de diciembre con participación de estudiantes de India, Nepal, y Hong Kong.
El año pasado, Colombia realizó por primera vez esta competencia y sus dos ganadores, Esteban Álvarez, de Medellín y Jorge Arteta, de Barranquilla, ganaron a nivel mundial. El país es el primero y único del continente americano en participar de esta competencia que nació en la India hace doce años.
Rumbo a un área protegida
Como premio, Samuel y Sara Sophia visitarán junto a sus profesores, un área protegida de Colombia en 2021. Adicionalmente, todos los colegios inscritos tendrán acceso al curso ambiental en línea Juntos es Posible, creado por WWF y que explica las principales problemáticas ambientales que afectan al mundo.
Los seis semifinalistas y sus profesores serán reconocidos con kits de eco-regalos de WWF y con una sesión online para aprender a observar y fotografiar la naturaleza.
Hace parte de este evento la iniciativa GEF-SINAP que tiene como objetivo el fortalecimiento de las herramientas de planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
CONTEXTO:
Cincuenta congresistas enviaron carta al presidente Iván Duque en la que expresan la necesidad de hacer un debate riguroso y de cara al país, sobre el fracking y los dos proyectos de ley que buscan prohibir este proceso en Colombia.
Antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, so pena de correr con un riesgo innecesario frente a eventuales demandas en contra del Estado por incumplimiento, 50 congresistas de diferentes partidos políticos pidieron al presidente Iván Duque, suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los Pilotos de Fracking y/o los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (CEPI), que se realizarían en Puerto Wilches, Santander.
Consideran que “el ritmo acelerado con el que el gobierno promueve estos proyectos es desconcertante”, porque se busca evaluar los proyectos piloto antes de que finalice este mandato, es decir, antes de 2022, según lo expresado por el ministro de Minas, Diego Molano.
Para los firmantes “es un tiempo limitado desde todo punto de vista porque estamos a solo 20 meses de un cambio de gobierno y sabemos que los impactos del fracking no se hacen visibles en el transcurso de los meses, sino con el paso de los años, como ha sido ampliamente documentado en las áreas explotadas mediante el fracking en Estados Unidos, Canadá y Argentina”.
La carta expresa que el “avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial. Se requiere brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking en Colombia”.
¿QUÉ SON LOS PPII?
“Falta rigor científico”
Para los firmantes, el proceso de contratación se hace sin consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, “existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación”.
Adicionalmente, expresan que las líneas base se publicarían después de la entrega de contratos y licencias ambientales. “Todo lo anterior representa serios conflictos de interés que desde todo punto de vista vician la rigurosidad del proceso científico en el que actuarían las empresas que se pretenden contratar”.
Otro de los aspectos que destacan en la carta es que las normas expedidas por el gobierno no garantizan un blindaje suficiente frente a los potenciales riesgos de afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades: “los decretos y reglamentaciones expedidos a la fecha presentan, a todas luces, falencias metodológicas para hacer de los PPII un ejercicio participativo y democrático: No garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran ‘comunidad’ a quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y global de los impactos”.
La evaluación de los resultados, manifiestan, en vez de llevarse a cabo por parte de evaluadores pares externos como es habitual en los estudios científicos, corre por cuenta de comités liderados y conformados en su mayoría por el mismo Gobierno Nacional, “lo cual podría resultar en un sesgo a la hora de evaluar los métodos utilizados y los datos obtenidos, que además repercutiría en la legitimidad del gremio de los hidrocarburos”.
Sobre control político
Los congresistas dicen estar preocupados porque consideran que mientras están trabajando en la virtualidad y ocupados en gran medida en la búsqueda de soluciones a la crisis de salud pública y a la recesión económica, derivada por la pandemia, se avance en un proceso ‘tan delicado’ como el de los PPII sin que este sea sometido al necesario control político.
“No existe fundamento lo suficientemente sólido para avanzar sin ningún tipo de precaución en la implementación de los pilotos. Si la razón para acudir al fracking es el autoabastecimiento del país, no se entiende el motivo por la cual continuamos con las exportaciones de hidrocarburos. Si el motivo para este afán es la reactivación económica, no es claro por qué continuamos supeditando nuestras eventuales fuentes de ingreso a un producto que recientemente ha mostrado bajos precios y una alta volatilidad en el mercado, que será aún mayor con el paso del tiempo y el fortalecimiento de la reglamentación climática en todos los países del mundo”.
Actualmente transitan dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, firmados por cerca de 50 congresistas.
Por las razones anteriores, piden tener en cuenta las mencionadas variables antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, y recuerdan que tampoco se han cumplido a cabalidad los requisitos que la Comisión de Expertos determinó para darles viabilidad a los proyectos pilotos.
Por el contrario, dicen, los Pilotos de Fracking, tal como están definidos en el Decreto 328 de 2020, dejan serias dudas respecto a su capacidad de evaluar importantes riesgos e impactos: “Dicha normatividad crea una innecesaria incertidumbre científica frente a la conveniencia del desarrollo de estos pilotos y del fracking para el país. Por eso, señor Presidente, por el respeto que merece el proceso legislativo en el cual se tramitan dos proyectos de ley que prohíben la técnica del fracking y por la obligación estatal de garantizar a la ciudadanía y a las comunidades las condiciones democráticas necesarias para el debate público, le solicitamos que no se lleve a cabo la entrega de contratos para el desarrollo de pilotos de fracking en el país”.
La carta está firmada por representantes y senadores del partido MAIS, Lista de la Decencia, Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido FARC, Partido de la U y Colombia Humana.
Representante a la Cámara, Wilmer Leal.
Foto superior: Imagen de jwigley en Pixabay
