La ministra de Ambiente Susana Muhamad anunció la transformación de la Operación Artemisa. Ahora serán cinco ejes de la nueva estrategia, que tendrá un enfoque de prevención de la deforestación, de la mano de las comunidades. El aspecto judicial militar se dirigirá a los grandes deforestadores.
David Tarazona / Mongabay Latam
En septiembre de 2022 se celebró la primera sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF). Esto es relevante porque esta instancia está conformada por múltiples instituciones del gobierno colombiano y establece la política integral para lidiar con el fenómeno de la deforestación.
El CONALDEF está conformado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, además de la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército y la Policía. Precisamente, tras esa reunión, la ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro, Susana Muhamad, anunció la transformación de la Operación Artemisa. Esta última fue la punta de lanza del gobierno saliente de Iván Duque para contener la pérdida de bosques amazónicos y tuvo un enfoque militar y judicial.
La Operación Artemisa fue fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Colombiana de Juristas, Ambiente y Sociedad, entre otras. Con denuncias puntuales, estas organizaciones mostraron que el Ejército y la Fiscalía capturaron y enjuiciaron a gobernadores indígenas y campesinos que sin mayores pruebas judiciales aún están enfrentando procesos.
Tampoco es claro el éxito de la operación. Según el Ministerio de Ambiente, a enero de 2022 el gobierno de Duque recuperó 21 mil hectáreas de bosque degradado. Expertos sugieren que la estrategia parece quedarse corta, si se tiene en cuenta que fue lanzada en abril del año 2019 y que tan solo en el primer semestre de 2022 se deforestaron más de 52 mil hectáreas de bosque.
El nuevo gobierno decidió revisar Artemisa para lograr una mayor contención de la deforestación y tener un enfoque más compatible con los derechos humanos, y anunció una nueva estrategia. Se trata de una política con cinco ejes, donde la prevención de la deforestación, a través de iniciativas conjuntas con las comunidades, tiene prevalencia. El gobierno no dejará la acción militar, pero asegura que esta ya no irá dirigida al pequeño campesino que por precariedad económica deforesta a petición de las mafias. Los operativos militares estarán enfocados en apagar incendios y de la mano de las autoridades investigativas como la Fiscalía, buscarán dar con los grandes deforestadores. “Cambia el enfoque que pasa de la militarización a la conservación”, aseguró Muhamad.
“Artemisa no ha funcionado porque rompió la confianza con las comunidades. Es necesario trabajar con las comunidades en estrategias reales, en generar confianza. Lo que hizo Artemisa al judicializar fue crear una ruptura de confianza con el Estado y ahora nos va a tomar un tiempo ganar esa confianza”, aseguró la ministra de Ambiente. Muhamad también enfatizó en que la solución pasa por retomar algunas de las apuestas estratégicas del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
El primero de los cinco ejes de la nueva estrategia contra la deforestación se fundamenta en los acuerdos sociales y la acción educativa sobre la importancia del medio ambiente con las comunidades. El segundo tiene que ver con contención y prevención con la fuerza pública en puntos estratégicos. En tercer lugar está fortalecimiento institucional y en cuarto lugar está fortalecer procesos judiciales. Finalmente, el quinto eje es fortalecer las capacidades del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Sin embargo, los expertos consultados para este reportaje celebraron el cambio de enfoque pero tienen fuertes dudas sobre la falta de financiación de la estrategia y la continuación de las operaciones militares con sus posibles riesgos de violaciones de derechos humanos. La nueva estategia fue anunciada en rueda de prensa, aún no tiene nombre ni existe un documento formal que la contenga.
Acuerdos sociales con comunidades en territorio
La ministra de Ambiente Susana Muhamad dijo que los lugares de mayor deforestación en el país coinciden con zonas donde se vivió el conflicto armado y, en particular, con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir, las áreas donde se reintegraron los actores de la guerra. En dichas zonas hay alta presencia de cultivos ilícitos, de grupos armados y de deforestación, según comentó la jefe de la cartera de Ambiente.
“Hay una convergencia entre los municipios PDET, los cultivos ilícitos y la deforestación. Los cultivos ilícitos son uno de los motores de la deforestación. [Para la solución)]se trata de volver al Acuerdo de Paz y llegar a compromisos de que [las comunidades] dejen de cultivar coca y pasen a alternativas productivas serias. Debemos llevar institucionalidad y garantizar el Estado social de derecho a estas personas”, dijo Muhamad.
Además, enfatizó que el enfoque será de diálogo y construcción de soluciones en conjunto. “En el arco de deforestación, sur del Meta, Caquetá y Guaviare amazónico, vamos a trabajar con las comunidades y los campesinos. Precisamente porque allí se está presentando el 66 % de la deforestación del país. Nos interesa entablar un diálogo con los ciudadanos de esa región. Generar una acción educativa y preventiva frente a lo que significa la deforestación y los delitos ambientales”, aseguró la ministra.
Muhamad también dijo que se liderará la creación de alternativas productivas para los campesinos que por precariedad económica se ven obligados a deforestar. “Que el Estado genere garantías sociales y económicas a los campesinos”.
Una de las principales propuestas de la ministra es generar una economía forestal en la que en áreas protegidas y reservas forestales se proteja el bosque a cambio de que las comunidades puedan tener alternativas económicas viables como el turismo. “Cada núcleo de deforestación se debe volver un centro de economía forestal. En donde no se pueda, por falta de vías o infraestructura, se trata de trabajar la restauración forestal con ellas, probar el turismo ecológico”, dijo Muhamad.También recalcó que la tarea sería menos difícil si los grupos armados activos entran en un proceso de reintegración a la sociedad.
Fernando Quiroga, abogado y vocero de la Comisión Colombiana de Juristas, además de ser el apoderado de un gobernador indígena procesado por la Operación Artemisa, celebró el enfoque de diálogo de la nueva estrategia. “Era un cambio de enfoque necesario. Estaba siendo pedido por las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas que habitan zonas aledañas o incluso dentro de los Parques Nacionales”.
También aseguró que es positiva la apuesta de la ministra por fortalecer el cumplimiento del Acuerdo de Paz. “El fortalecimiento cumplimiento del punto 1 [la reforma rural integral] del Acuerdo de Paz, libraría un poco la tensión que se ejerce sobre la frontera agrícola en las zonas ambientalmente protegidas. Sin embargo, hay que reconocer una realidad y es que las zonas ambientalmente protegidas en Colombia son históricamente habitadas por comunidades campesinas, afros e indígenas. Un enfoque de la conservación que no permita la habitabilidad no es compatible con nuestros procesos históricos”, dijo Quiroga.
Sobre el tema de los PDET, la investigadora de la ONG Ambiente y Sociedad, Karla Díaz, complejizó un poco más la discusión. “Frente al fortalecimiento de los PDET y el PNIS [Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito] considero que es una medida complementaria, pero que en sí no atiende el problema. En esta estrategia son más pertinentes instrumentos como la Zonificación Ambiental Participativa [punto 1.1.10 del Acuerdo Final de Paz], pues está diseñada para atender conflictos de comunidades que habitan o colindan áreas protegidas”. Para Díaz, en zonas fuera de parques nacionales es fundamental avanzar con instrumentos de corte agrario, para delimitar la frontera, pero esto solo se logrará si se clarifica la situación de la tierra.
Para el exministro Manuel Rodríguez, las promesas de la ministra tienen un serio problema y es que no están financiadas. “Hay un problema del control del territorio, eso solo se puede lograr con la presencia del Estado y literalmente vale billones de pesos. ¿Dónde están esos billones? No los veo. Por ejemplo, el impuesto a las emisiones de carbono, que es mucha plata, no se ha destinado a pelear contra la deforestación”, mencionó Rodríguez.
Para él, el país está en una situación fiscal muy complicada y estos son anuncios políticos, “mientras no digan cuáles son los recursos o cómo se van a incrementar o cómo se van a destinar recursos para la lucha antideforestación que están siendo invertidos en otras áreas. Petro cada día lanza un mensaje político. Con los mismos recursos, no va a cambiar nada”.
Contención y prevención con fuerza pública
“La fuerza pública no renuncia a la autoridad en el territorio. Pero procederá en un marco integral y preventivo. Hay una priorización especial en el arco de deforestación amazónico, es decir el sur del Meta, Caquetá y Guaviare. Este trabajo estará articulado con la estrategia de justicia. En las zonas priorizadas tenemos ese problema [de grupos armados ilegales], sobre todo en las fronteras. Nos enfocaremos, sobre todo, en el acaparamiento de tierras como motor de la deforestación”, explicó la ministra Muhamad sobre el enfoque militar de la nueva apuesta.
Además aseguró que, siguen las operaciones militares, pero tienen el objetivo de contener la expansión de la deforestación sin perseguir al pequeño campesino que deforesta. “Las operaciones serán para trabajar en la contención en los territorios y apagar los incendios forestales”, dijo.
Sobre la continuación de los operativos militares, el abogado Quiroga se mostró inconforme. “Los operativos militares contra la población civil que es vulnerable siempre van a ser una mala idea, es predecible la confrontación. Habrá tragedias debido a los métodos de las fuerzas militares que no están hechos para contener a la población civil”.
Fortalecimiento institucional
La nueva estrategia contra la deforestación busca fortalecer el trabajo integrado entre las entidades que velan por la reducción de la pérdida de bosques. “Se va a trabajar con las autoridades ambientales en territorio, con autoridades locales y la Procuraduría General de la Nación”, dijo la ministra Muhamad.
También explicó que se fortalecerá un sistema integrado de información que brinde datos útiles para reducir la deforestación. “Se habló [en el CONALDEF] de la capacidad de fortalecer a las autoridades ambientales en conjunto con la Fiscalía cuando se hagan procesos sancionatorios, con entrenamientos para que las pruebas no se caigan frente a los jueces. Con la Procuraduría se harán mesas con los alcaldes para hacer seguimiento sobre por qué no se han actualizado los planes de ordenamiento territorial, para ver si hay algún tema técnico que no lo permita”, dijo Muhamad. Así mismo, mencionó que parte de la solución pasa por reforzar el presupuesto de Parques Nacionales Naturales.
Karla Díaz, investigadora de la organización Ambiente y Sociedad, asegura que aún falta ver en qué documento se concreta la nueva política antideforestación. “Es preciso mencionar que aún no se conoce un documento formal que amplíe estrategias, objetivos y metas. Esperamos que esto se precise en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, frente a las declaraciones realizadas por la Ministra es importante resaltar el reconocimiento de que la Operación Artemisa fue un fracaso, pues no golpeaba las causas de la deforestación, ni recuperaba realmente áreas; era más una estrategia demostrativa que generó serias violaciones a los derechos humanos”, comenta.
Investigación e inteligencia
En el cuarto componente de la nueva estrategia,la ministra Susana Muhamad se comprometió a fortalecer la acción judicial y de persecución criminal de los determinadores de la deforestación. “Queremos llegar a los determinadores, tanto desde la perspectiva de justicia como la de investigación criminal. Incluye el fortalecimiento y priorización de algunos procesos judiciales que viene adelantando la Fiscalía en territorio. [Los grandes determinadores] son la gente que está invirtiendo miles de millones de pesos en estas operaciones. Hay cálculos de hasta 30 mil millones [6.7 millones de dólares a septiembre de 2022]. Tienen que ir a la justicia, ser penalizados”.
El exministro Rodríguez se mostró a favor de perseguir a los grandes deforestadores y cree que es vital ubicar a esos grandes terratenientes. “La vez pasada me dijo una persona en el Guaviare, que vio dos bulldozer D-4, los más grandes, tumbando el bosque. ¿Quién llega y mete dos bulldozer que pueden valer cada uno 3 mil millones de pesos [677 mil dólares]? Se requiere apresar a los dueños de esa maquinaria”.
Por su parte, la directora de la ONG Ambiente y Sociedad, Margarita Flórez, afirmó que la Fiscalía no ha querido escuchar las denuncias de algunas comunidades sobre los mayores responsables de la deforestación o sobre las fallas en los casos judiciales que llevan contra pequeños campesinos. “El delito de deforestación está tipificado en la ley penal y se agrava cuando, como resultado de esas acciones de deforestación, se produce un acaparamiento de tierras, que es lo que acontece en mayor medida”.
Flórez menciona que según testimonios de campesinos del Caquetá, como contó un informe del portal Verdad Abierta, dan cuenta que ellos han llevado denuncias a la Fiscalía sobre estos hechos y no se ha producido ninguna investigación.
Monitoreo de bosques
En Colombia, toda solución a la deforestación debe pasar por el IDEAM, la entidad encargada de recolectar información sobre las tendencias del fenómeno en el país. Es por eso que la ministra Muhamad se comprometió a fortalecerlo. “Con el IDEAM, se habló de fortalecer sus capacidades para llegar a un sistema de información de predios deforestados que nos permita generar un insumo para los procesos legales, administrativos y judiciales. Predecir hacia dónde podrían dirigirse geográficamente los núcleos de deforestación de acuerdo a la información cartográfica y tener presencia de la fuerza pública, precisamente para contener ese avance”.
Al respecto, Edwin Novoa, abogado e investigador del área de territorio y democracia de Ambiente y Sociedad, celebró el anuncio de la ministra de fortalecer el IDEAM y sus sistemas de información.
Sobre un sistema que permita ubicar los predios deforestados dijo: “es un muy buen anuncio pue permitirá realizar acciones de prevención de deforestación. Para esto está el Registro Nacional de Tierras Deforestadas (RNTD), del artículo 31 de la Ley 2169, el cual debe ser reglamentado e implementado. Es importante que ese registro saque del comercio los predios apropiados en zonas deforestadas para que esos predios sigan siendo públicos y que los acaparadores no los puedan vender, de este modo, ese RNTD es muy urgente”.
También le pareció conveniente el uso de metodologías de predicción de tendencias geográficas de deforestación. “Frente a las herramientas de predicción de núcleos de deforestación, también es muy útil y se debería combinar con herramientas del catastro multipropósito”.
Imagen superior: Así se ve la Amazonía colombiana luego de que se le prende fuego a lo deforestado. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
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