La organización Somos Defensores publicó el informe Sin Protección, donde destacan que los asesinatos se redujeron un 5 %, pero no es posible interpretar este dato como una mejora en la protección de los líderes. Las cifras revelan un incremento en el secuestro y los desplazamientos forzados. Cerca del 90 % de los casos de asesinato que llegan a la Justicia terminan en la impunidad.
Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam
El escalamiento del conflicto armado y las disputas territoriales para el control de actividades ilegales siguen complicando el panorama de los líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Este 10 de abril, la organización Somos Defensores publicó el informe Sin Protección, en el que revela que durante 2024 se presentaron 727 agresiones contra 655 defensores.
Dentro de la categoría de agresiones, la organización considera los asesinatos, los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de información, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales. Los hechos violentos de mayor ocurrencia fueron las amenazas (56 %), seguidas de los asesinatos (22 %), los atentados (9 %), los desplazamientos forzados (6 %) y los secuestros (3.3 %).
Wilfrido Segundo Izquierdo Arroyo era un joven líder estudiantil indígena perteneciente al pueblo Arhuaco. Fue asesinado el 10 de agosto de 2024 en Santa Marta. Foto: Seguimiento.co
En 2024 se presentó una disminución del 5 % sobre el total de agresiones en comparación con 2023 (38 hechos menos). Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una reducción, al pasar de 168 en 2023 a 157 en 2024.
Sin embargo, el informe destaca que la disminución es poco representativa y no se puede interpretar como una mejora en cuanto a la situación de riesgo. De hecho, el peligro para los defensores es generado en gran medida por el accionar de los grupos armados ilegales que durante el año pasado decidieron agudizar las agresiones y sumir al país en un ambiente de violencia exacerbada. Así, se han ido postergando los procesos de negociación en busca de la paz que se llevan a cabo con el Gobierno Nacional.
La violencia detrás de las cifras
“Si desmenuzamos esta cifra [727] y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, señala el documento.
Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, el silenciamiento de los líderes y lideresas tiene un efecto directo en la capacidad de mostrar y evidenciar lo que realmente está pasando en los territorios.
“Más allá de eso, el silencio de líderes y lideresas es también una estrategia para salvaguardar su vida. Es un impacto al tejido social y a los procesos organizativos”, comenta Torres, y agrega que “se va extinguiendo la posibilidad de lograr transformaciones reales, sobre todo para los contextos de enorme desigualdad y vulneración, que es donde acontecen principalmente estos silenciamientos”.
Al igual que los asesinatos, las amenazas también descendieron, al pasar de 436 en 2023 a 404 en 2024. Sin embargo, agresiones como los desplazamientos forzados aumentaron a 44 cuando en 2023 se registraron 35. Es decir, hubo un incremento del 26 %. Por su parte, los secuestros se triplicaron al pasar de 8 a 24 casos.
Jani Silva fue una de las promotoras de la creación de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en 2000, que reúne a más de 600 familias en 22 000 hectáreas. Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
“Es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro como hechos previos al asesinato”, señala el informe. En el caso del desplazamiento forzado, los expertos aseguran que implica el desarraigo y es un golpe directo no sólo al líder y a su familia, sino a los procesos organizativos, que se van quedando sin sus voceros y donde muchas veces el miedo y el terror impiden que surjan nuevas vocerías.
En 2024 las noticias nacionales no sólo registraron casos de desplazamiento sino de confinamiento debido al conflicto armado y a las órdenes de los grupos ilegales para que nadie salga o entre de los territorios. Esta situación se ha vivido fuertemente en el departamento de Chocó.
Si bien el informe no incluye cifras sobre este tema, Torres asegura que los líderes y lideresas que están confinados no pueden hacer su ejercicio de defensa y no pueden hacer nada por sus comunidades.
La coordinadora de Somos Defensores menciona que antes los líderes abogaban ante los grupos armados para poder entrar alimentos a las zonas confinadas o para garantizar la atención médica de las personas que lo necesitaran. Sin embargo, esto cada vez ocurre menos porque los territorios tienen minas de explosivos. “Con el confinamiento muchas veces se limita totalmente el ejercicio del derecho a defender derechos”, dice Torres.
Presos de los grupos armados
A finales de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó su informe Retos Humanitarios 2025 sobre la situación que se vive en Colombia. Allí aseguran que el confinamiento de comunidades se agravó de manera significativa y alcanzó proporciones críticas, ya que, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88 874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89 % frente al año anterior.
El CICR destaca que la restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos. Además, el informe resalta que el desplazamiento continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados, pues 41 228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente.
“La intensificación de los enfrentamientos armados, el mayor control de los actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por el derecho internacional humanitario profundizaron aún más esta crisis”, dice Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Hamilton asegura que desde el CICR, al igual que desde otras organizaciones humanitarias, siguen trabajando para reducir los riesgos y atender las consecuencias de los conflictos armados, pero que ningún esfuerzo humanitario puede sustituir el compromiso de las partes de respetar las normas del derecho internacional humanitario.
Otra imagen de Izquierdo Arroyo. Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una reducción, pero eso no significa que el país sea más seguro para los defensores. Foto: Universidad del Magdalena
Las zonas más críticas
Las 727 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos durante 2024 ocurrieron en Bogotá Distrito Capital y en 28 de los 32 departamentos del país.
Los diez departamentos que concentraron la mayor ocurrencia de hechos violentos fueron Cauca (197), Antioquia (81), Valle del Cauca (67), Norte de Santander (48), Santander (42), Cesar (37), Bogotá (37), Arauca (29), Magdalena (27) y Bolívar (23). En estos departamentos ocurrieron 588 agresiones, equivalentes al 81 % del total registrado por Somos Defensores.
Cauca lleva varios años siendo el departamento más peligroso para los liderazgos, en gran medida porque su ubicación en la región pacífica es geoestratégica para actividades como el narcotráfico y el paso de armas y grupos ilegales. “Se han exacerbado los enfrentamientos con ocasión de la presencia de los actores armados ilegales, que han convertido varias regiones en campos de batalla, donde los liderazgos, en su mayoría indígenas, arriesgan a diario su vida en defensa del territorio en su integralidad”, indica el informe.
En Cauca ocurrieron 197 de las agresiones registradas en 2024 y 144 corresponden a liderazgos indígenas, los cuales fueron víctimas de 12 asesinatos, 107 amenazas, 19 atentados, una desaparición forzada, cuatro secuestros y un desplazamiento forzado.
El departamento de Valle del Cauca también se ubica en la región Pacífica y ha sufrido un recrudecimiento de la violencia en contra de sus líderes: 18 asesinatos ocurrieron en este territorio.
Walter Ágredo es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), una organización que tiene como objetivo instar al Estado a respetar la democracia y los derechos humanos. Ágredo trabaja en Valle del Cauca y asegura que en su departamento han entrado a operar grupos armados que antes del Acuerdo de Paz con las FARC no tenían presencia. Esto se debe, según comenta, a que este territorio también es parte de una ruta importante para las actividades de los grupos armados.
“Las comunidades dicen que la situación ha empeorado porque antes se podía mantener un diálogo sobre las vulneraciones de derechos humanos con las estructuras armadas, que tenían un mando y una cabeza visible”, dice Ágredo. La diferencia, añade, es quelos armados ahora no tienen una jerarquía organizacional, ni premisas políticas o líneas éticas claras.
El informe de Somos Defensores destaca que el departamento de Nariño (también el Pacífico), que en las cifras de 2023 aparecía en tercer lugar con 67 agresiones, descendió al puesto 13 en 2024 con 14 casos, lo que equivale a una reducción del 79 %. “Esto puede estar asociado con el silenciamiento de zonas como el occidente y la cordillera de este departamento, así como con la estrategia del Gobierno Nacional de adelantar diálogos regionales con los grupos postacuerdo [aquellos conocidos como disidencias de las FARC] y el ELN”, plantea el informe.
Esto último podría considerarse como un logro que también proviene de las fracturas y divisiones internas que están teniendo estos grupos. De hecho, el presidente Gustavo Petro al enterarse del fraccionamiento de la Segunda Marquetalia (una disidencia de las FARC) en noviembre pasado señaló que “esta división en los grupos violentos es un avance en la paz”.
Sin embargo, Somos Defensores advierte que en un mediano plazo podría provocar un recrudecimiento de la violencia debido al rearme de los grupos y a las disputas armadas con estructuras de más capacidad como el ELN.
Astrid Torres es enfática al indicar que es peligroso que el Gobierno tenga la idea de que las atomizaciones o fragmentaciones de los grupos armados pueden contribuir a la paz, cuando se ha visto que eso no es así. “Es algo muy contradictorio”, asegura.
Ágredo coincide con Torres y asegura que las comunidades tienen “una preocupación por la multiplicación de actores armados a partir de la firma del Acuerdo de Paz”. Para él, las agresiones las sufren todas las personas de las comunidades, pero se centran en los hombres y mujeres que asumen liderazgos. “Han aumentado las amenazas, los desplazamientos y los seguimientos. En el caso de las mujeres se ha vuelto común que las amenacen con matar a sus hijos o con violarlas y ultrajarlas”, dice.
Los agresores
El liderazgo más afectado en Colombia durante 2024 fue el indígena, con 195 agresiones, de las cuales el 74 % se dieron en el departamento de Cauca. Le siguen el liderazgo comunal (157), el comunitario (109), el campesino (83), el de víctimas (45) y el de derechos humanos (39).
Torres menciona que la agresión al liderazgo comunal, representados en juntas de acción comunal formadas por vecinos que se unen para resolver problemas y promover el desarrollo de su comunidad, aumentó un 40 %.
Otro de los puntos que se destaca dentro del reporte de Somos Defensores es que en 268 (37 %) de los hechos violentos en contra de los líderes se desconoce quién fue el agresor. En segundo lugar aparecen los paramilitares como responsables de 177 agresiones, los grupos armados pos acuerdo de paz con las FARC fueron señalados en 160 casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 42.
El informe eleva su preocupación por casos en los que se desconoce quiénes son los agresores porque esto se relaciona con el aumento de los niveles de impunidad en las investigaciones. “A los autores desconocidos se les atribuyen 134 amenazas, 61 asesinatos, 43 atentados, dos torturas, siete desapariciones forzadas, seis secuestros, cinco robos de información y 10 desplazamientos forzados”, menciona el documento.
Y es que según cifras de la Fiscalía de Colombia, entre 2016 y 2024, se recibieron 1322 casos por homicidios contra defensores, de los cuales sólo 227 han llegado a sentencias sancionatorias (17 %).
“Esto nos muestra que seguimos en un alto nivel de impunidad. Además, ¿qué pasa con los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Todos siguen en la impunidad porque nadie nos muestra cifras de eso”, asegura Torres.
El último gran llamado que hace el informe de Somos Defensores es para que todas las instituciones del Estado que tengan relación con temas que involucren a los defensores trabajen coordinadamente. No sólo se trata de reconocer la presencia de riesgos, sino de generar respuestas estructurales a los contextos de agresiones, sostiene el documento. “Si bien esto ha sido documentado y recomendado en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las instituciones del Estado no han presentado una respuesta oportuna, dando lugar a la materialización de numerosos riesgos advertidos previamente”.
Imagen superior: Velorio de dos indígenas de la etnia awá, en Nariño (Colombia). Foto: Asociación Minga
