El cultivo ilícito de coca ha alimentado la degradación ambiental y la violencia en la Amazonía colombiana. Ahora, algunos ciudadanos apuestan por un futuro más limpio y ecológico.
Iñigo Alexander / Dialogue Earth
La selva amazónica del sur de Colombia se extiende exuberante y verde en el horizonte, pero bajo su denso follaje se esconde una realidad cambiante. El departamento de Putumayo ―una remota región fronteriza con Ecuador, en los bordes de la Amazonía colombiana― ha estado dominado durante mucho tiempo por las plantaciones de coca y bajo la persistente sombra del conflicto armado del país.
Con su terreno fértil para la coca ―materia prima de la cocaína―, la remota zona ha fomentado una red de actividades ilegales que impulsa tanto las economías locales como la violenta dinámica de los grupos armados que se disputan el control.
Para muchos en Putumayo, la coca ha seguido siendo un pilar económico, un ingreso garantizado en un lugar donde las alternativas legales son escasas, la infraestructura es limitada y la presencia del Estado es intermitente en el mejor de los casos.
En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos nacionales han intentado frenar el cultivo de coca, pero los esfuerzos de erradicación han tenido un éxito limitado y la producción aumentó en 2023.
El costo humano y medioambiental de este cultivo ilícito es enorme: los homicidios, las continuas violaciones de los derechos humanos, la explotación infantil, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua dejan cicatrices duraderas en el tejido social del Putumayo, así como en su exuberante ecosistema, amenazando la biodiversidad de la Amazonía.
En medio de este paisaje, un pequeño grupo a las afueras del municipio de Puerto Caicedo ha trazado un rumbo diferente. La Asociación de Mujeres Piscicultoras y Productoras Agropecuarias El Progreso (ASOPPAEP) es un colectivo de ex cultivadoras de coca que están orientando sus recursos hacia una alternativa legal y más ecológica: la piscicultura.
“Antes teníamos una mayor fluidez económica, pero vivíamos con el miedo de saber que era algo ilícito, que si te encontrabas con el ejército o con un grupo armado iba a ser un problema”, cuenta Aura Ruiz, representante de la ASOPPAEP, mientras permanece a la sombra junto a una de las numerosas piscinas del colectivo.
Las doce miembros del grupo limpiaron su terreno de las plantaciones de coca que antes salpicaban las colinas de la zona. Donde antes florecía la coca, ASOPPAEP explota ahora una serie de estanques de piscicultura que albergan miles de peces tambaqui y tilapia, y producen casi 4.000 kilos cada seis meses.
“Ahora podemos cultivar nuestros productos sin que ninguna ley o entidad nos lo impida. Nos fortalece, nos da tranquilidad y, además, sabemos que estamos contribuyendo a la economía familiar”, explica Ruiz.
El costo medioambiental de la coca
El rico suelo del Putumayo y su ubicación aislada lo hacen ideal para las plantaciones de coca. Aunque la coca ha sido una fuente de ingresos vital para las comunidades rurales a falta de otras opciones, el costo medioambiental es devastador. Los campesinos talan franjas de selva tropical para hacer sitio a las plantas de coca, despojando la tierra de vegetación autóctona y de las especies que dependen de ella, intensificando así la deforestación en la zona.
“El cultivo de coca es a menudo una economía de subsistencia, que atrae la violencia de los grupos armados y las duras medidas represivas del Estado”, afirma Bram Ebus, consultor del grupo de expertos International Crisis Group. “No podemos afirmar que las plantaciones de coca enriquezcan a las comunidades locales o que sean realmente deseadas por ellas, pero debido a la falta de otros medios de subsistencia, la gente se ve a menudo obligada a participar porque necesita llegar a fin de mes”.
El acaparamiento de tierras e industrias como la ganadería también contribuyen en gran medida a la deforestación en toda la región, y se sabe que tienen vínculos con economías ilícitas y con los grupos armados presentes en la zona.
Además, la transformación de la coca en cocaína libera sustancias químicas tóxicas, que a menudo se vierten en los ríos y arroyos cercanos, envenenando las fuentes de agua de la zona.
Para las comunidades del Putumayo, la deforestación y la contaminación asociadas al cultivo de coca significan algo más que un daño medioambiental: señalan la erosión de recursos locales fundamentales para su supervivencia.
En este contexto, la apuesta de ASOPPAEP por la piscicultura sirve como alternativa sostenible que no requiere la destrucción de bosques y da lugar a niveles más manejables de residuos químicos. A través de la acuicultura, se está creando un nuevo modelo de uso de la tierra que da prioridad a la salud ecológica al tiempo que ofrece una fuente de ingresos viable a las familias rurales.
“Intentamos aprovecharlo todo para ayudar a conservar la naturaleza, los árboles y el agua. Queremos proteger sin destruir ni arrasar con todo, porque sabemos que el Putumayo es parte de la Amazonía y, por lo tanto, también parte de los pulmones del mundo”, dice Ruiz.
La cooperativa es consciente del impacto que su trabajo tiene en el medioambiente circundante, y afirma haber puesto en marcha protocolos para limitar sus residuos y maximizar las oportunidades de producción. Sus miembros reutilizan las escamas de pescado para producir colágeno y convierten las vísceras en abono orgánico para los cultivos de la zona.
Aprovechando al máximo sus recursos, los miembros de ASOPPAEP intentan minimizar su impacto medioambiental, con el objetivo de establecer una economía circular que beneficie tanto a la comunidad como a la tierra. Al dar prioridad a la autosuficiencia y a los ingresos legales, están desafiando el dominio económico de la coca en el Putumayo y dando una oportunidad de recuperación al dañado medio ambiente de la región.
Una batalla cuesta arriba
Sin embargo, la piscicultura no está exenta de dificultades. El trabajo conlleva un alto grado de riesgo financiero, y la ASOPPAEP no puede pasar totalmente por alto los riesgos de seguridad inevitablemente entrelazados con el trabajo rural en una zona como el Putumayo.
“En la transición hacia una economía que mejore la conservación de la biodiversidad, no existe una fórmula mágica”, explica a Dialogue Earth Luz Ángela Florez, coordinadora de la región amazónica de WWF Colombia. “En términos de alternativas económicas, no hay ninguna que iguale los ingresos producidos por la coca. Las transiciones para dejar la coca siempre estarán relacionadas no con un tema económico, sino con una cuestión de riesgo”.
Además, la cooperativa se basa en un ciclo de producción de seis meses durante el cual las poblaciones de peces maduran antes de poder ser cosechadas y vendidas.
Esta prolongación de los plazos significa que los miembros a menudo buscan ingresos suplementarios a través de la agricultura a pequeña escala u otros trabajos secundarios para cubrir los gastos entre cosechas. La cooperativa también ha tenido dificultades para acceder a mercados más grandes, ya que la infraestructura rural del Putumayo sigue estando subdesarrollada, lo que limita su capacidad de ampliación.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del gobierno colombiano, introducido en 2017, fue diseñado para ayudar a los agricultores en la transición de la coca a alternativas legales. Sin embargo, su aplicación ha sido inconsistente, dejando a muchas comunidades sin los recursos que necesitan para romper con la economía ilícita.
“En esta región amazónica periférica históricamente hay menos, o ninguna, presencia estatal”, explica Ebus. “Si nos fijamos en el Putumayo, descubrimos que tiene que haber una estrategia regional para aumentar la seguridad de las poblaciones amazónicas y los ecosistemas que habitan, pero no desde una perspectiva militar, porque, especialmente en el Putumayo, una mayor presencia militar significa un aumento de las violaciones de los derechos humanos”.
En este vacío, iniciativas locales como la de ASOPPAEP han surgido como ejemplos de las posibilidades que ofrece la acción dirigida por la comunidad, incluso en zonas donde el apoyo gubernamental es limitado.
Pero Flórez ofrece una nota de cautela: “Para promover la transición a otras economías, debe haber una forma de minimizar el riesgo que asumen las comunidades rurales cuando deciden pasar de la coca a otro medio de vida”.
En el futuro, ASOPPAEP también espera utilizar sus tierras para cosechar otros cultivos, como frutas y verduras, e incluso está considerando desarrollar un proyecto de ecoturismo local en sus tierras.
“Estoy muy enamorada de la piscicultura”, dice Ruiz. “Aunque a veces la recompensa económica ha sido muy baja, es algo que hay que mantener en el tiempo porque es un trabajo muy bonito y nos ha enseñado a tener nuestra propia autonomía. No pienso volver atrás”.
Imagen superior: Aura Ruiz, miembro de la asociación de piscicultura ASOPPAEP, alimenta a los peces en uno de los cuatro estanques del grupo, situado a las afueras de la localidad de Puerto Caicedo, en Putumayo, Colombia (Imagen © Duber Rosero / WWF Colombia).
Esta historia fue publicada originalmente en Dialogue Earth. El autor viajó al Putumayo invitado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
