No se sabe la fecha en que retomarán las negociaciones. Entre los logros de la COP16 están: creación del órgano subsidiario para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales; reconocimiento de comunidades afrodescendientes y creación del Fondo de Cali por uso de secuenciación digital de recursos genéticos. Sin embargo, no es claro cómo operará todo esto.
CALI, COLOMBIA. Eran cerca de las 9 de la mañana del sábado 2 de noviembre de 2024. A esa hora la falta de quórum impidió la continuidad de la última plenaria de negociaciones de la COP16 y la conferencia fue suspendida hasta una de las próximas sesiones intersesionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), sin que aún exista una fecha clara.
La reunión terminó con algunos logros importantes como la aprobación del “Fondo de Cali” para la Información de Secuencias Digitales (DSI, por sus siglas en inglés) sobre recursos genéticos. Se trata de un mecanismo de financiación único orientado a distribuir equitativamente los beneficios económicos del uso de esos recursos, muchas veces descubiertos y aprovechados inicialmente por comunidades indígenas o locales, y sus secuencias digitales.
También se logró el reconocimiento de los afrodescendientes dentro del CDB y la creación de un órgano subsidiario para los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro del convenio. Esto quiere decir que tendrán un puesto permanente en las negociaciones, el cual no dependerá de la voluntad de los gobiernos de turno. “Se reconoce el papel único de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sus innovaciones, prácticas y conocimientos tradicionales en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en sus protocolos y en el Marco Mundial sobre la Biodiversidad de Kunming-Montreal”, indica el documento oficial donde se creó el órgano subsidiario.
Estas dos decisiones se tomaron en la madrugada del 2 de noviembre y se sumaron a la aprobación de un acuerdo sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés) situadas en aguas internacionales, que establece un proceso científico y técnico para identificar esos espacios que están fuera de la jurisdicción marítima de cualquier país. Este tema se venía debatiendo desde la COP13 en 2016 y es esencial para implementar varios objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, al tiempo que respalda el Tratado de Alta Mar, que aún espera por ratificación.
Tiburón zorro pelágico. Foto: Oceana
Sin embargo, varios temas vitales quedaron estancados hasta la COP17 que se realizará en 2026 en Armenia. No hubo ningún acuerdo acerca del financiamiento para cumplir con las 23 metas del Acuerdo Kunming Montreal —este era quizás el tema más urgente para muchas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil—, tampoco se tomaron decisiones sobre el marco de monitoreo para determinar qué tan cerca o lejos del cumplimiento de esas metas están los países. Es más, al finalizar la reunión en Cali, sólo 44 países habían entregado sus Estrategias y Planes de Acción de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), es decir, el 22 % de todos las naciones que forman parte del CDB.
“La COP16 terminó sin una resolución clara y con la sensación de que este proceso ya no debe tratarse sólo de la conservación de la biodiversidad, sino de incluir las voces de aquellos que saben cómo conservarla mejor y dirigir fondos hacia quienes ya están realizando el trabajo sobre el terreno [pueblos indígenas y comunidades locales]. La obsesión por el dinero y los beneficios está desplazando la diplomacia y la cooperación necesarias para sacarnos de las crisis de biodiversidad y clima. Al final, todos perderemos porque hemos agotado el tiempo para detener el cambio irreversible”, dice Edda Fernández, asesora principal de Políticas de Avaaz y ex negociadora de biodiversidad para México.
En tanto Bernadette Fischler, directora de Incidencia Internacional de WWF Reino Unido, no disimuló su descontento con el tema de los recursos y aseguró que “seguir las discusiones sobre el financiamiento de la biodiversidad aquí en Cali fue tan agradable como una cirugía dental”.
Trabajos en la sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
La gran frustración vino por cuenta de la falta de consenso para la financiación de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal y para la creación de mecanismos de monitoreo que permitan verificar que los países las están cumpliendo. Al Marco Kunming Montreal sólo le quedan cinco años.
El constante fracaso del financiamiento
El tema del financiamiento era crucial en esta COP16, porque sin recursos es imposible superar la crisis de pérdida de biodiversidad y quedan menos de seis años para cumplir con las metas planteadas en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. Cada día que pasa sin que haya una ruta clara de financiamiento, disminuyen las probabilidades de alcanzar las metas.
En la meta 19 del Marco se propuso, para 2030, movilizar al menos 200 000 millones de dólares, con el compromiso de los países desarrollados de dar 20 000 millones anuales para 2025 y 30 000 millones anuales para 2030. Sin embargo, las naciones están rezagadas en sus compromisos.
Las propuestas sobre el mecanismo de financiamiento actual, el Fondo Marco Global para la Biodiversidad (GBFF), fueron escasas, y el fondo actualmente cuenta sólo con 407 millones de dólares. Además, las acciones para identificar y eliminar subsidios perjudiciales para la naturaleza han avanzado poco desde que se adoptó el Marco Kunming Montreal.
Todo esto es de preocupación ya que, aún si se cumpliera con la cifra de 200 000 millones de dólares, cifras del 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), muestran que el gasto en conservación de la biodiversidad oscila entre 124 000 millones y 143 000 millones de dólares por año, mientras que las necesidades totales estimadas para la protección de la biodiversidad se sitúan entre 722 000 millones y 967 000 millones de dólares anuales, muy por encima de lo que se plantea en el Marco Kunming Montreal. Esto deja una brecha actual de financiamiento para la biodiversidad que va desde los 598 000 millones hasta los 824 mil millones de dólares anuales.
Firma de un acuerdo entre el Banco Davivienda y la Corporación Financiera Internacional (IFC) para la emisión del primer bono de biodiversidad en Colombia. Foto: UN Biodiversity.
Maximiliano Bello, consultor en políticas oceánicas internacionales y quien durante más de dos décadas ha trabajado con diversas organizaciones ambientales, dice que muchas de las naciones en vía de desarrollo vienen a las COP con el discurso de cómo van a pagar por el funcionamiento de las nuevas áreas protegidas y proteger la biodiversidad. El experto asegura que los países tienen forma de pagarlo: “Hay dinero, porque esos subsidios que están puestos en actividades extractivas, en el fondo podríamos usarlos para proteger e, incluso, para generar recursos para comunidades locales” y añade que “tenemos que transformar esos dineros que hoy día están ayudando a destruir la biodiversidad, en dineros que van a apoyar a comunidades y a proyectos en áreas protegidas que nos dan oxígeno y alimento”.
Precisamente, la meta 18 que propone eliminar los subsidios e incentivos a las actividades que afectan a la biodiversidad, fue otro de los temas estancados en esta COP. “La COP16 en Cali debía ser un punto de inflexión para redefinir nuestra relación con la naturaleza. Sin embargo, la omisión de la salida necesaria y urgente de los fósiles en el texto final significa otra oportunidad perdida para enfrentar la causa común de la crisis climática y de biodiversidad. Esperamos que el liderazgo que Colombia ha demostrado con su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que fue bloqueado en esta COP, logre ser respaldado por otras naciones en la COP 29 [de clima] que está por comenzar”, afirma Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Para Bernadette Fischler, de WWF, la discordia entre los países donantes y los países en desarrollo, poco antes de la suspensión de la reunión, lamentablemente no es sorprendente, pero sí decepcionante. “Los países llevan años divididos y no han logrado encontrar una solución que funcione para todos. Esperar más para tomar la tan necesaria decisión sobre el fondo dedicado al Convenio de Diversidad Biológica amenaza el cumplimiento de los objetivos de naturaleza para 2030”.
En la COP16 se realizó un foro sobre negocios y biodiversidad. Foto: UN Biodiversity
Sin marco de monitoreo para metas Kunming Montreal
Las negociaciones avanzaron a lo largo de las últimas dos semanas centrándose en llenar los vacíos en el marco de seguimiento y en las modalidades para un proceso de evaluación global en 2026 y 2030, que ayudaría a responsabilizar a los países por la implementación del Marco Mundial sobre la Biodiversidad Kunming Montreal. Sin embargo, las negociaciones no pudieron concluir antes de que se suspendiera la COP.
“No podemos permitirnos ser complacientes en la medición del progreso. Métricas claras y responsabilidad son esenciales para convertir las promesas de Montreal [COP15] en realidad. Sin un seguimiento sólido tanto de la cantidad como de la calidad de las acciones de conservación, no podemos asegurarnos de que estamos en el camino correcto para lograr el Marco Mundial sobre la Biodiversidad”, asegura Martin Harper, director ejecutivo de Birdlife Internacional.
Para Rebeca Hubbard, directora de la Alianza de Altamar, fue decepcionante que, a pesar de la urgencia de la crisis global de biodiversidad, los países “se quedaran sin tiempo y la reunión se suspendiera antes de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones clave relacionadas con la movilización de recursos y el marco de monitoreo”. Hubbard asegura que apenas dos años después de comprometerse con este plan de acción global, los países están desviándose de alcanzar sus objetivos y muchos incumplieron con sus NBSAP antes de entrar a la COP16.
Mono cariblanco (Cebus versicolor). Foto: Felipe Villegas-Vélez.
En esto también coincide Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, quien asegura que “nadie debería estar de acuerdo con esto, porque nos afectará a todos. Cumplir la misión de detener y revertir la pérdida de naturaleza para 2030 nunca iba a ser fácil, pero ahora nos estamos desviando peligrosamente del camino”.
En el primer día de la COP, Karen Oliveira, directora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de The Nature Conservancy (TNC) Brasil, le dijo a Mongabay Latam que era muy importante que los países llegaran con los NBSAP, “porque el Marco Mundial Kunming Montreal va hasta 2030. Sólo tenemos seis años para implementarlo”.
La construcción de planes lleva mucho tiempo, además que es necesario hacer un acuerdo con diversos actores, porque no se trata sólo de un instrumento de gobierno, “sino que debe contar con la participación de la sociedad civil, el sector privado, el sector financiero y la academia para que realmente se pueda implementar”, comenta Oliveira.
El paujil de pico azul se encuentra en peligro crítico de extinción. Foto: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.
Recursos genéticos y secuencias digitales, un espinoso tema
La meta 13 del Marco Mundial Kunming Montreal plantea la toma de medidas jurídicas, normativas y administrativas para lograr la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre las secuencias de esos recursos, así como de los conocimientos tradicionales asociados a ellos, “y lograr que para 2030 se haya propiciado un aumento significativo de beneficios compartidos”.
Había mucha expectativa en este tema, pues los ojos estaban puestos sobre grandes industrias como la farmacéutica, la cosmética y la de alimentos, que obtienen cuantiosos ingresos gracias las secuencias digitales de información de fauna, flora y microorganismos. Diversos expertos consideraban que el lobby empresarial podría hundir cualquier tipo de avance sobre el reparto justo de beneficios.
Sin embargo, uno de los grandes logros de la COP16, que muchos también atribuyen a la gestión de Colombia, fue la aprobación del Fondo de Cali, un mecanismo mundial para recaudar recursos económicos provenientes del uso de la información de secuencias digitales de recursos genéticos (DSI, por sus siglas en inglés), es decir, el uso de los genomas digitalizados de las especies, que permite trabajar con información genética sin tener que ir a campo.
“Se logró el histórico Fondo de Cali para recoger las contribuciones de la empresa privada sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales. Esto es también un mecanismo innovador e importantísimo”, dijo la ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, Susana Muhamad.
Una de las amenazas para la matabuey es la pérdida de hábitat. Esta especie es clave para la elaboración de suero antiofídico. Foto: Alonso Tenorio / Imágenes en Costa Rica.
El Fondo de Cali ha propuesto un objetivo donde la mitad de los recursos se destinen directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales, enfocándose en apoyar la creación de capacidades, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. “Sin embargo, el pago de las empresas es voluntario, y está incentivado principalmente por la oportunidad de ganar prestigio reputacional al aparecer en la lista de contribuyentes del fondo”, indica Óscar Soria, director de The Common Initiative, un colectivo que agrupa organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en biodiversidad, desarrollo sostenible y derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
Soria agrega que, aunque el fondo marca un paso importante hacia la distribución inclusiva de beneficios, podría enfrentar desafíos para asegurar contribuciones significativas, dado que depende de la buena voluntad de las empresas. “La efectividad del mecanismo probablemente dependerá de la disposición de la comunidad global para apoyarlo y de que las empresas consideren que existe una ganancia reputacional al hacer aportes”, comenta.
Edda Fernández, asesora principal de Políticas de Avaaz y ex negociadora de biodiversidad para México, afirma que siguen quedando muchas preguntas en el aire, por ejemplo, ¿Cómo llegarán los recursos a las comunidades?, ¿quién manejará el otro 50 % de los recursos que ingresen al fondo? y ¿cuándo empezará a operar?
Decenas de comunidades indígenas habitan en el Parque Nacional Yasuní. Foto: Anka Maldonado / Campaña Sí al Yasuní.
Participación de comunidades
Muy entrada la madrugada del 2 de noviembre, la plenaria de la COP16 acordó la creación de un órgano subsidiario permanente que le permitirá a los pueblos indígenas y comunidades locales fortalecer el trabajo en la definición de criterios, acciones y programas asociados a los conocimientos, innovaciones y prácticas ancestrales asociadas a la biodiversidad.
Para Lakpa Nuri Sherpa, copresidenta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), el nuevo órgano subsidiario fortalecerá significativamente la implementación, presentación de informes y monitoreo del Marco Mundial Kunming-Montreal y los NBSAP.
“Con esta medida sin precedentes, el CDB se ha convertido en el primer proceso ambiental de la ONU que crea un órgano subsidiario dedicado al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Este paso histórico sienta un poderoso ejemplo para los pueblos indígenas que participan en la Convención sobre el Cambio Climático y otros mecanismos, inspirando el establecimiento de espacios permanentes similares”, asegura Sherpa.
Aunque la creación del órgano subsidiario es un logro, aún no hay consenso sobre cómo se implementará. Se espera que el tema se aborde en la COP17 de Armenia.
La lideresa waorani Nemonte Nenquimo junto a un derrame de petróleo cerca de Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 26 de junio del 2023. Foto: Sophie Pinchetti / Amazon Frontlines.
Los pueblos indígenas de la Amazonía aseguran que la COP16 les dejó un sabor agridulce. Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), manifiesta su preocupación porque los combustibles fósiles y otras actividades extractivas quedaron fuera de la agenda, debido a la presión de algunos países para eliminar las referencias a estos temas en los textos. “Intentan lavar el lenguaje de derechos humanos, pretendiendo discutir terminología ya consensuada y establecida, eso es vergonzoso”, y agregó que en la COP16 el mundo habló de la Amazonía, pero no dio soluciones concretas para la crisis que se vive en el territorio. “Las COP se transformaron en un Mundial de Fútbol, en un espectáculo al que los gobiernos llegan sin verdaderos compromisos ni respuestas. Ojalá la COP29 [de Clima en Bakú, Azerbaiyán, que se celebrará entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024] nos permita ver algo distinto”, comenta Bay.
La Guardia Indígena del Cauca está conformada principalmente por indígenas Nasa. Foto: Front Line Defenders.
¿Qué pasó con los demás temas de negociación?
Durante la COP16 se desarrollaron las directrices para la gestión de especies exóticas invasoras. Las nuevas bases de datos, la mejora de las reglamentaciones sobre el comercio transfronterizo y la mejora de la coordinación con las plataformas de comercio electrónico fueron algunos de los temas clave en los que se pudo avanzar para contrarrestar las deficiencias en la gestión de los riesgos de las especies invasoras y alinearse así con los objetivos del Marco de Acción de Kioto para el Clima. Sin embargo, la aplicación de lo acordado es voluntaria, lo que puede restar eficiencia a la lucha contra una de las cinco principales causas de pérdida de biodiversidad mundial.
Otro de los puntos cruciales presentes en las discusiones fue la protección de las especies silvestres. Las negociaciones destacaron la necesidad de monitoreo, desarrollo de capacidades y la participación inclusiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres para asegurar dicha protección. Además se pidió la cooperación de organismos internacionales como la CITES y la FAO para ayudar a cumplir la meta.
El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande. Es una especie invasora que no tiene depredadores en Colombia. Foto: Fundación Zoológico Santa Cruz.
Además, en la COP 16 se asumió el compromiso de alinear los esfuerzos de conservación de las plantas con el marco de monitoreo del Marco Kunming Montreal. Esto incluye la actualización de la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas con indicadores específicos y una plantilla de informes estandarizada, asegurando que el progreso en la protección de las plantas sea medible y consistente con los objetivos globales de biodiversidad.
Finalmente, los países parte del CDB aprobaron un Plan de Acción Global sobre Biodiversidad y Saludpara ayudar a frenar la aparición de enfermedades zoonóticas, prevenir enfermedades no transmisibles y promover ecosistemas sostenibles.
En el centro del plan se encuentra un marco de colaboración que reúne a profesionales de la salud, conservacionistas y responsables de la formulación de políticas. Nuevamente, temas como este no pasan del plano de hacer sugerencias, pues el documento desarrollado para este tema simplemente “invita a las naciones a designar puntos focales nacionales para la biodiversidad y la salud, y a desarrollar políticas que reflejen estas interconexiones”.
Imagen superior: Sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
Tras ocho años de negociaciones, se aprobó el acuerdo para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales.También se dio luz verde al programa de trabajo sobre el Artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), para la participación activa de los pueblos indígenas y comunidades locales. Los temas de financiamiento y de recursos genéticos y secuenciación digital continúan estancados. Expertos y organizaciones de la sociedad civil piden una mayor conexión entre las agendas de clima y biodiversidad.
CALI, COLOMBIA. En la recta final de la COP16 los temas de financiamiento, participación de pueblos indígenas y comunidades locales, así como el de recursos genéticos y secuenciaciones digitales siguen estancados en las negociaciones.
El tema de canje de deuda por naturaleza, propuesto por Colombia, salió del texto de discusión, al igual que la frase “financiamiento directo”, lo cual causó bastante molestía a los representantes de los pueblos indígenas que vienen abogando, desde hace ya varios años, para que los recursos lleguen directamente a ellos.
Otro tema que tampoco deja un balance positivo es la falta de cumplimiento de las naciones por entregar sus estrategias y planes de acción de biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés). Antes de que iniciara la COP16, sólo 34 países presentaron sus NBSAP y después de casi dos semanas de la cumbre, sólo seis naciones más han cumplido con su tarea.
Ministros de ambiente que participaron en la COP16. Foto: UN Biodiversity
“Las posiciones (de los países) se están volviendo más duras, no más suaves”, dijo unos de los observadores que tiene acceso a las reuniones privadas. Eso augura que las conversaciones se extenderán en las noches del 31 de octubre y del 1 de noviembre.
Áreas protegidas en alta mar
En medio de la falta de consenso en los temas más sensibles (financiamiento y recursos genéticos), los países aprobaron un acuerdo sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA, por sus siglas en inglés), que establece un proceso científico y técnico para identificar estas áreas que se encuentran fuera de la jurisdicción marítima de cualquier país.
Se trata de un momento significativo, ya que este tema se viene debatiendo desde la COP13 en 2016, y enfrenta desafíos políticos, técnicos y legales. La decisión será esencial para implementar varios objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal, al tiempo que respalda el Tratado de Alta Mar.
En la COP16 se aprobó un acuerdo sobre las áreas marinas en alta mar. Foto: Greenpeace.
La presidenta de la COP16 y ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, celebró el acuerdo como un primer gran paso en los objetivos de la conferencia: “El compromiso que hoy hemos asumido representa el espíritu de cooperación y responsabilidad que impulsa la COP16. Este acuerdo nos permitirá proteger áreas clave para el planeta, asegurando que los océanos, nuestros grandes reguladores climáticos y fuente de vida, tengan una defensa sólida y global”.
El Grupo Asesor Internacional EBSA, creado con el acuerdo, deberá establecer directrices científicas de revisión voluntaria para garantizar transparencia en la identificación de áreas de interés ecológico.
Algunos de los puntos más importantes tienen que ver con el reconocimiento del carácter técnico del proceso. Esto quiere decir que la descripción de estas áreas marinas se realizará exclusivamente bajo criterios científicos y técnicos, sin implicaciones sobre soberanía territorial, manteniendo la neutralidad y respeto entre las naciones. También deberá promover la participación activa de pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes en los análisis y la toma de decisiones, integrando conocimientos tradicionales fundamentales.
Para lograr estos objetivos, países como Alemania, Bélgica, Canadá, Noruega y Suecia, realizarán talleres científicos y técnicos que reunirán a científicos y representantes comunitarios para ajustar las descripciones de las EBSA.
Sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
La participación indígena
Otro avance de las negociaciones en Cali ha sido la aprobación del programa de trabajo sobre el Artículo 8J del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), donde se establece que cada país respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Además de promover una aplicación más amplia de estos conocimientos y la distribución equitativa de sus beneficios derivados.
Sin embargo, Ramiro Batzín, indígena maya kaqchikel de Guatemala y coordinador del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), asegura que es crucial que el nuevo programa de trabajo esté ligado fuertemente a un órgano subsidiario permanente que permita hacer recomendaciones al CDB, para garantizar la inclusión de las opiniones indígenas en todas las decisiones.
El problema es que, en el documento que desarrolla el artículo 8J y que se discutirá en plenaria para aprobación final, todo lo relacionado con el órgano subsidiario está en paréntesis. Es decir, tendrá que pasar a votación y ahí es donde hay altas probabilidades de que no haya consenso, por lo que existe el riesgo de que todas las referencias al órgano subsidiario terminen eliminándose.
“En los dos últimos días habitualmente hay crisis, porque es bien difícil lograr el consenso de casi 200 países. Ahí es donde veremos la mano de la Presidencia de la COP. Susana [Muhamad] tendrá el reto de liderar bien el proceso, conducirlo y generar el consenso”, asegura Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder de la Práctica Global de Clima y Energía de WWF.
La colombiana María Yolanda Campo es una de las autoridades indígenas presentes en la COP16. Foto: UN Biodiversity
Conexión entre clima y biodiversidad
A lo largo de la Cumbre de Biodiversidad en Cali, científicos y organizaciones de la sociedad civil han manifestado la urgencia de crear una convergencia entre las agendas de clima y biodiversidad.
Manuel Pulgar recuerda que en 1992, en la Cumbre de Río, se suscribieron convenios fragmentados y hubo muchas críticas al respecto. “Es decir, cambio climático por un lado, diversidad biológica por otro y, el mismo año un poco más tarde, el convenio sobre desertificación. Estábamos hablando de temas que recién llegaban a la mesa, hay que recordar que para 1992 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático recién tenía cuatro años de existencia”.
Sin embargo, Pulgar cree que teniendo en cuenta el contexto actual, es necesario que las agendas de clima y biodiversidad conversen entre sí. De hecho, cree que ya se han dado algunos pasos, pues la meta 8 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal hace referencia al cambio climático.
“Cambio climático y biodiversidad deben conectarse pero no unirse, porque no estamos en un momento de maduración suficiente como para decir que podemos hacer una sola convención de las tres que existen [cambio climático, biodiversidad y desertificación]. Las convenciones todavía requieren seguir su camino independiente”, dice Pulgar.
En la COP16 también se discutió sobre la trazabilidad de la actividad minera. Foto: UN Biodiversity
Como un argumento para insistir en la independencia de las convenciones, Pulgar menciona un ejemplo: si América Latina no tiene suficientes recursos para ejecutar los planes de acción de las tres agendas de manera fragmentada, es mucho más difícil que tenga los recursos para abordar todo al tiempo en una sola agenda.
Por su parte, Paula Caballero, directora ejecutiva para América Latina de TNC y considerada la creadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está convencida de que las tres agendas deben unirse.
“Los humanos tenemos una tendencia a poner todo en compartimientos, a encerrar todo, y esa no es la manera como funciona el mundo, la naturaleza y las economías”, comenta Caballero.
Para ella, la razón de que existan tres agendas distintas es que surgieron de procesos muy diferentes, “pero son la misma agenda y la realidad es que todo lo que hagamos para mejorar el tema de la catástrofe climática realmente va a redundar en beneficios para la biodiversidad y viceversa”.
Imagen superior: sesión plenaria de la COP16. Foto: UN Biodiversity
Un informe mundial sobre océanos revela que el área marina global bajo alguna forma de protección solo ha aumentado un 0.5 % desde el 2022, cuando se firmó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. A ese ritmo, únicamente el 9.7 % de los océanos estará protegido a 2030. Se espera que durante la COP16 los países muestren sus avances en la ratificación del Tratado sobre la Diversidad Biológica en Alta Mar para proteger las zonas de aguas internacionales.
CALI, COLOMBIA. Superar la crisis de biodiversidad es imposible si no se tiene en cuenta a los océanos. Restaurar y proteger el 30 % del mar, combatir la contaminación plástica y reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos en la diversidad biológica son tareas que están presentes en las metas 2, 3, 7 y 8 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal. Los avances que se han tenido en estos temas se valoran durante la Conferencia de las Partes (COP16), del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se realiza en esta ciudad colombiana.
Maximiliano Bello, consultor en políticas oceánicas internacionales y quien durante más de dos décadas ha trabajado con diversas organizaciones ambientales, comenta que en cuanto a las metas de protección del 30 % hay noticias buenas y otras no tanto. La negativa es que, según dice, el planeta está muy lejos de alcanzar esa meta: “Acordémonos que es la protección del 30 % del océano en su totalidad, no sólo lo que le corresponde a cada uno de los países [las primeras 200 millas náuticas]”. La positiva es que Latinoamérica lidera la protección oceánica, sobrepasando en muchos casos el 30 %. Chile va en un 45 % y Panamá tiene el 54 % de sus mares protegidos. Además, hace sólo un par de semanas Panamá creó una nueva área marina protegida. Sin embargo, Bello insiste en que falta avanzar más rápido.
Mar de Juan Fernández, a 670 kilómetros de la costa de Valparaíso, un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en Chile. Foto: Oceana I Manu San Félix.
El informe ¿En camino o fuera de curso?, publicado días antes de que iniciara la COP16 por varias organizaciones no gubernamentales internacionales, revela que sólo el 2.8 % del océano se evalúa como probablemente protegido de manera efectiva. Otra cifra preocupante es que sólo el 8.3 % del océano está designado como Áreas Marinas Protegidas (AMP), y la mayoría de ellas son de “papel” o están pobremente reguladas.
Además, el reporte advierte que la definición amplia de AMP se aplica de manera inconsistente por los países, dejando margen para el “lavado azul”, ya que muchas AMP permiten la continuidad de actividades que son incompatibles con la conservación efectiva de la biodiversidad, como la pesca a escala industrial y métodos de pesca perjudiciales para la fauna marina, la extracción de petróleo y gas, la minería, el dragado y el vertido de sustancias.
El objetivo 30×30 del Marco Mundial Kunming Montreal es el compromiso de conservación más ambicioso jamás alcanzado, sin embargo, dicen las organizaciones en su informe que el área marina global bajo alguna forma de protección ha aumentado sólo un 0.5 % desde el 2022 “y a ese ritmo de progreso, sólo el 9.7 % del océano estará protegido para 2030”.
Avistamiento de ballenas en el departamento de Chocó, en el Pacífico colombiano. Foto: Mar Viva.
Beth Pike, directora del Atlas de Protección Marina en el Instituto de Conservación Marina, asegura que “la calidad continúa rezagada respecto a la cantidad: menos del 3 % de las áreas marinas están verdaderamente protegidas. La brecha entre compromiso y acción es enorme, y sin protección urgente y significativa, el objetivo 30×30 seguirá sin alcanzarse. Es el momento de convertir los compromisos en un cambio real y significativo ahora, porque nuestro océano no puede esperar”.
Jason Schatz, director de Tecnología de SkyTruth, una organización sin fines de lucro dedicada a la tecnología de conservación y coautora del informe, comenta que “es vital que los datos del 30×30 sean accesibles, transparentes y fáciles de usar, para que todos los interesados puedan ver claramente hasta dónde hemos llegado y cómo acelerar el impulso hacia la protección de la biodiversidad mundial. Cuando todos tienen acceso a la misma información, podemos tomar decisiones colectivas sobre cómo avanzar de una manera inclusiva y efectiva”.
El informe ¿En camino o fuera de curso? también revela que sólo 14 países han designado más del 30 % de sus aguas como áreas protegidas. El punto crucial para los investigadores es que la mayoría de esas declaraciones no contiene estudios sólidos que revelen que esa protección es efectiva y que, lo que pretenden conservar, efectivamente esté siendo protegido.
Final del día en la Reserva marina de Puerto Cabuyal y Punta de San Clemente, Cantón de San Vicente, Ecuador. Crédito: Cassandra Garduño
Alta mar y financiación
Un tema que los expertos esperan que esté presente en esta segunda semana de negociaciones de la COP16 es el avance en la ratificación del Tratado sobre la Diversidad Biológica en Alta Mar, un acuerdo internacional que tiene como objetivo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales [200 millas náuticas], es decir, en aguas internacionales. Este tratado es importante porque las zonas de alta mar constituyen aproximadamente el 64 % del océano.
Maximiliano Bello comenta que para que este acuerdo internacional entre en vigor, al menos 60 países deben ratificarlo. “Actualmente tenemos alrededor de 14 países. Con la ratificación vamos a tener la posibilidad de crear áreas marinas en alta mar. Muchos países vienen a la COP16 a contar que están próximos a ratificar el tratado”.
El tema de financiamiento para océanos también es motivo de debate. Bello dice que muchas de las naciones en vía de desarrollo vienen a las COP con el discurso de cómo van a pagar por el funcionamiento de las nuevas áreas protegidas. El experto asegura que los países tienen forma de pagarlo: “Hay dinero, porque esos subsidios que están puestos en actividades extractivas, en el fondo podríamos usarlos para proteger e, incluso, para generar recursos para comunidades locales” y añade que “tenemos que transformar esos dineros que hoy día están ayudando a destruir la biodiversidad, en dineros que van a apoyar a comunidades y a proyectos en áreas protegidas que nos dan oxígeno y alimento”.
Foto: Pok Rie
Por su parte, Juan Pablo Caldas, director de Sostenibilidad de recursos marinos y pesqueros de Conservación Internacional Colombia, asegura que es importante que reflexionemos sobre los alcances de los mecanismos financieros, que no sólo se enfoquen en el cumplimiento de las metas de biodiversidad sino que, a su vez, se concentren en promover una justicia social y ambiental. “Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que las comunidades más vulnerables se encuentran en los lugares más biodiversos”.
En la COP16 se hizo un anuncio que puede impulsar que el sector privado y financiero también se vincule más con los temas de financiamiento de los océanos.
Las organizaciones Arcadia, Becht Foundation, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Blue Action Fund, Blue Nature Alliance, Gordon and Betty Moore Foundation, Oceans 5, Paul M Angell Family Foundation, Schmidt Ocean Institute y Vere Initiatives anunciaron un compromiso de 51.7 millones de dólares para acelerar el desarrollo de AMP de alta calidad en alta mar.
La nueva financiación —el mayor compromiso de la filantropía privada en alta mar hasta la fecha— también apoyará la creación de un consenso internacional sobre los procesos de gobernanza necesarios para garantizar la rápida adopción de las AMP de alta mar.
Imagen superior: Uno de los temas que se tratan en la COP16 es la situación de los océanos. Foto: UN Biodiversity
Organizaciones mundiales hacen un llamado desde la COP16, ante avance del cuarto evento masivo de blanqueamiento de coral, que los tiene al borde del colapso. Cerca del 80% de los arrecifes coralinos del planeta están afectados por el estrés térmico.
CALI, COLOMBIA*. Convocada por la ONU, se realizó en las últimas horas la Sesión Especial de Emergencia sobre el estado de los arrecifes de coral, a instancias de la Conferencia de Biodiversidad (COP 16), para discutir los últimas investigaciones científicas y llamar a acciones urgentes para financiar la lucha contra la extinción de los arrecifes de coral en ambos hemisferios.
La sesión, que usualmente es convocada por la ONU para abordar conflictos crecientes o desastres naturales, busca que los líderes mundiales intensifiquen los esfuerzos para proteger y mantener la existencia funcional de los arrecifes de coral, incluyendo acciones políticas contundentes y la capitalización del Fondo Global para los Arrecifes de Coral (GFCR por sus siglas en inglés).
El Fondo, reconocido por del Marco Global de Biodiversidad— acuerdo histórico que compromete a las naciones a detener y revertir la pérdida de la naturaleza para 2030—busca recaudar 150 millones de dólares adicionales para movilizar un capital de inversión significativo antes de la próxima Conferencia de los Océanos de la ONU en junio de 2025. Para 2030, busca apalancar hasta 3 mil millones de dólares en financiamiento público y privado destinados a la conservación de los arrecifes de coral más resilientes al cambio climático y para ayudar en la transición de las economías costeras hacia ’sistemas positivos para los arrecifes’.
El encuentro concertó ‘la necesidad crítica de tomar acciones inmediatas’, ya que el monitoreo científico más reciente reveló que los corales del Gran Caribe están experimentando un segundo año consecutivo de estrés térmico acumulado sin precedentes, alcanzando en varias zonas la alerta máxima de blanqueamiento. Es decir el ‘Nivel 5’, lo cual podría resultar en una mortalidad catastrófica, informó la ONU.
En este sentido la Sesión de Emergencia también convocó a actores públicos y privados que incrementen los compromisos para salvaguardar los arrecifes de coral de mira a la próxima Conferencia de los Océanos de la ONU en 2025, donde se llevará a un evento dedicado a iniciativas para los arrecifes de coral.
“Los arrecifes de coral son una parte integral de nuestra forma de vida e identidad cultural. Sin acciones urgentes, se encaminan rápidamente hacia la extinción”, comentó Surangel S. Whipps, Jr., presidente de la República de Palaos.
“El Fondo Global para los Arrecifes de Coral ha sido un socio invaluable en nuestros esfuerzos para proteger este recurso crucial y actuar como un escudo vital contra las marejadas, la erosión costera y otras amenazas relacionadas con el clima. Insto a los estados miembros, organizaciones filantrópicas e inversores de impacto a aumentar su apoyo para ayudar al GFCR a alcanzar sus urgentes objetivos para 2030 destinados a la protección de los corales y la resiliencia de nuestras comunidades”.
Foto: Francisco Úngaro/Pexels
Se comunicó que como respúesta a este llamado, los gobiernos de Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania y Francia, así como la Fundación UBS Optimus, anunciaron compromisos de financiamiento para catalizar recursos adicionales de otros gobiernos, filántropos e inversionistas privados.
“El Gobierno de Nueva Zelanda se compromete a aportar 10 millones de dólares al Fondo Global para los Arrecifes de Coral para apalancar financiamiento adicional y apoyar acciones urgentes. Animamos a otros a unirse a nosotros y ayudar a salvaguardar estos ecosistemas vitales para las generaciones futuras”, declaró E. Winston Peters, ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda.
Más de mil millones de personas, entre comunidades costeras vulnerables, dependen de arrecifes de coral saludables para su seguridad alimentaria, protección costera y medios de subsistencia. Estos ecosistemas, aunque cubren menos del 1% del fondo marino, albergan aproximadamente el 25% de toda la vida en los océanos, sin embargo, se encuentran al borde del colapso.
Ante las sombrías proyecciones científicas para los arrecifes, en 2020, la ONU, la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral (ICRI) y una coalición de socios públicos y privados establecieron el GFCR como la plataforma financiera global para los arrecifes de coral, con el objetivo de prevenir su extinción funcional y sus consecuencias devastadoras. El financiamiento sigue siendo una barrera crítica para proteger tanto los refugios de coral resilientes como para mitigar las amenazas locales.
Arrecife coralino
“La vitalidad del océano y las vidas de más de mil millones de personas están inextricablemente vinculadas a los arrecifes de coral”, comentó elEmbajador Peter Thomson, Enviado Especial de la ONU para el Océano. “En 2024, el cambio climático e impactos humanos desencadenaron el cuarto evento masivo de blanqueamiento de arrecifes de coral, el más extenso y devastador registrado. Con el tiempo para proteger estos ecosistemas agotándose rápidamente, los líderes mundiales deben actuar ahora. “Debemos asegurar un futuro sostenible para los arrecifes de coral y las innumerables vidas que dependen de ellos, antes de que sea demasiado tarde”.
La ONU indicó que el Fondo ayuda a más de 400 empresas positivas para los arrecifes y mecanismos financieros sostenibles. A 2030 tienen como meta incluyen facilitar al menos 30,000 empleos, mejorar la resiliencia de más de 20 millones de miembros de la comunidad y aumentar la resiliencia de más de 3 millones de hectáreas de arrecifes de coral, representando aproximadamente el 12.5 por ciento de los arrecifes que quedan en la Tierra.
Sin embargo, la ONU afirma que aún queda mucho por hacer para reforzar la resiliencia de los arrecifes de coral y evitar el colapso funcional, una amenaza inminente que sería devastadora para los países tanto del Norte como del Sur global.
La COP16 comenzó sus actividades y tanto el gobierno colombiano como las directivas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) esperan llegar al 1 de noviembre con cuatro resultados concretos. Hasta el comienzo de la COP16 solo tres países habían entregado com,pletos sus Planes Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP), por su sigla en inglés). El Latinoamérica solo lo hicieron Colombia, México, Cuba y Surinam.
Antonio Paz Cardona /Mongabay Latam
Cali, Colombia. La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad y la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), Astrid Schomaker, dieron inicio oficial a todas las actividades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16),que desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre se realizará en la ciudad de Cali, considerada la capital del Pacífico colombiano.
“La comunidad mundial debe aprovechar este momento para garantizar que la biodiversidad no sólo se preserve, sino que también se restaure y se valore por el papel crucial que desempeña en el sostenimiento de la vida en la Tierra. La COP16 es el momento de pasar de las palabras a los hechos. El futuro de la vida en nuestro planeta depende de ello”, dijo Schomaker.
Se estima que a Colombia llegaron cerca de 23 000 personas delegadas de 141 países que tienen participación presencial confirmada en esta cumbre. El segmento de alto nivel, donde se darán las negociaciones de los países parte del CDB, contará con la presencia de los presidentes de Brasil, Guinea Bisáu, Guatemala, Mozambique, Perú, Surinam y Haití; los vicepresidentes y viceprimeros ministros de Bolivia, Gabón, Cuba y Kenia, así como decenas de cancilleres.
Cumbre global de jóvenes que se desarrolla en la Zona Verde. Foto: UN Biodiversity
La COP16 también tendrá cuatro foros temáticos a nivel ministerial: implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal; financiamiento; paz con la naturaleza, y biodiversidad y cambio climático. El evento finalizará el 1 de noviembre con la sesión plenaria donde se hará el reporte, tanto de las negociaciones del segmento de alto nivel como de las conclusiones de la Zona Verde, un espacio interactivo para la participación de la sociedad civil, que espera recibir un promedio de 13 000 visitantes diarios. Según la ministra Muhamad, la Zona Verde tendrá incidencia formal en el espacio de alto nivel.
Entre las principales metas que se persiguen en esta reunión mundial está la generación de una arquitectura institucional financiera transparente para la conservación de la biodiversidad. También se espera la creación del fondo para la repartición de beneficios de recursos genéticos que están en bases de datos. Además, se busca la aprobación del programa de trabajo para los pueblos indígenas y comunidades locales, así como un análisis de los planes de acción de los países.
La ministra de Ambiente de Colombia aseguró que “en esta COP tenemos que dar las herramientas multilaterales para facilitar que los países y toda la sociedad en el mundo puedan implementar las acciones que protejan de fondo la biodiversidad”.
Schomaker espera que el 1 de noviembre se tengan, por lo menos, cuatro resultados concretos. Considera que, la creación del fondo para la repartición de beneficios de recursos genéticos, que están en bases de datos digitales, sería el primer hito de la COP16, porque abre el camino a que el sector privado mundial contribuya económicamente a través de mecanismos multilaterales, cuando se beneficia de los recursos que tienen los países.
El segundo resultado sería la generación de una arquitectura institucional financiera transparente que realmente logre acumular recursos en forma efectiva para la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal.
Se espera que ese mecanismo financiero vaya más allá de la meta 19 propuesta en el Marco Kunming Montreal, que plantea un financiamiento de por lo menos 200 000 millones de dólares.
El tercer logro sería la aprobación del programa de trabajo para los pueblos indígenas y comunidades locales. “Esto implica el empoderamiento político de lo que llamamos los guardianes de la naturaleza, aquellas comunidades en la primera línea de la crisis y el cuidado de la biodiversidad en el mundo que no pueden ser simples beneficiarios de programas, sino que deben ser protagonistas políticos del proceso de conservación, tener una silla en la mesa de decisiones y capacidad de manejar recursos”, dijo Muhamad.
Primer día de trabajos en la COP16. Foto: UN Biodiversity
El cuarto resultado esperado es lograr un análisis profundo de cómo van los compromisos nacionales para cumplir las 23 metas del Marco Global Kunming Montreal en el 2030, a través de mecanismos solidarios e internacionales. Hasta el 21 de octubre, 108 países habían entregado algunas metas nacionales encaminadas a cumplir con las metas del Marco Kunming Montreal, sin embargo, sólo 35 entregaron completos sus Planes Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés). En Latinoamérica, hasta el comienzo de la COP16, sólo lo hicieron Colombia, México, Cuba y Surinam.
“Si la COP16 logra estos cuatro resultados, habrá generado un aporte significativo para la implementación del Marco Global”, aseguró Muhamad.
El gobierno de Colombia también busca impulsar la coalición Paz con la Naturaleza, que propone proteger la biodiversidad con la movilización de todos los gobiernos y de toda la sociedad. Colombia ha generado una declaración, que hará pública hacia el final de la COP16, y que espera sea firmada por varios países y sectores sociales.
“Creemos firmemente que la movilización de la sociedad es la real catalizadora del cambio y que eso hace que los gobiernos también puedan tomar decisiones políticas que no son nada fáciles”, concluyó Muhamad.
En los departamentos del sur de Colombia han desaparecido los bosques nativos de balsa debido a la demanda de empresas ecuatorianas. En los últimos cuatro años, pequeños agricultores han reemplazado la coca por este árbol maderable.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Por la misma época que la ‘fiebre de balsa’ se desató en Ecuador y Perú, también tuvo impacto en la frontera con Colombia. Un caso puntual es el de Maximino Morales, agricultor de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, quien antes de sembrar este árbol, trabajaba como muchos habitantes de esa región en la siembra de coca. Una planta extendida por todo el enclave amazónico, en la frontera con Ecuador y Perú, donde el conflicto armado y la histórica presencia guerrillera ha ido de la mano con los llamados cultivos de uso ilícito destinados al narcotráfico.
Para llegar a La Carmelita desde Puerto Asís, se cruza el río Putumayo en bote y se continúa por carretera unos 40 minutos. Fue aquí donde Morales escuchó por primera vez sobre la ‘fiebre de la balsa’ o balso, como se le llama en Colombia.
Poco a poco el árbol se le metió en la cabeza. Averiguó por su cuenta y hasta viajó a Ecuador para conocer de qué se trataba el negocio. Para que no quedaran dudas, envió a sus hijos a trabajar en esa industria y cuando volvieron, no solo trajeron información, sino el contacto de una empresa ecuatoriana con la que harían acuerdos comerciales.
“Fue un boom en el Putumayo, llegamos a vender camiones de balso ripado [en listones de diferentes medidas]. Sacamos unos listoncitos de 1,2 metros de largo y 15 de ancho. Un camión mediano cargaba 12 m³, que se vendían a unos USD 10.500. Una hectárea generaba carga para tres camiones, es decir producía USD 31.000, de ahí se sacaban los USD 10.500 que se invertían y quedaban USD 21.000 de ganancia neta”.
Técnicos de Visión Amazonía con Maximimo Morales (centro) en La Carmelita, Puerto Asís, Putumayo. Foto Archivo particular.
De ahí surgió la idea de sembrar. Mientras sus hijos cortaban, él organizaba la siembra, narra a sus 50 años. “El árbol da una mazorca color café con una lana por encima, tiene unos triangulitos con semillas dentro. Una mazorca produce unas 2.000 semillas. Hace tres años y medio, sembré siete hectáreas y hoy están listas para corte”.
El pie de balso, que se llegó a vender a USD 1, ahora vale la mitad. Según Morales esto se debe a la inestabilidad política y social en Ecuador y “no quieren invertir si corren riesgo de perder”. “Pero aunque esté barato, una hectárea genera entre USD 10 y 15.000 en tres años”.
En este momento, Morales tiene 12 hectáreas sembradas en su finca gracias a los Créditos Verdes del proyecto REM Visión Amazonía, que le permitió sembrar cinco hectáreas más. En total, 60 productores de la zona se han beneficiado.
“El balso ha sido una bendición económica para nuestra región”, afirma Morales. “Ni en el tiempo de los cultivos ilícitos, la coca me despertó tanto ánimo para cultivar”.
El productor destaca que esta madera genera jornales bien remunerados en comparación con otros en la zona. “Se emplea bastante personal en diferentes roles: cocina, transporte, carga, tala… Y no es tan duro cargarlo, así que el balso es beneficioso en todos los aspectos”.
Además, remarca tres bondades de la planta: su rápido crecimiento, su capacidad de atrapar más carbono y agua que otras plantas y, por si fuera poco, una vez talado, sus raíces sirven de abono para los suelos más áridos donde había cultivos ilícitos.
Uno de sus componentes, el de desarrollo agroambiental, promueve proyectos en los principales sistemas productivos de la región amazónica. A partir de esto financiaron ocho líneas de crédito con el Banco Agrario, una para pequeñas plantaciones forestales. Se colocaron 1.064 operaciones, incluidas especies nativas como el balso, el cuyubí, marfil, chingalé, madura plátano y el azaí.
“Vimos que, por todo el departamento, especialmente en la frontera con Ecuador, estaban cultivando balso y, por otro lado, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) había hecho un piloto de créditos a partir del Programa de Restauración de Tierras”, reportó Yezid Beltrán, líder de este componente de REM Visión Amazonía.
A partir de este programa, la entidad financió al agricultor hasta USD 6.300 y otorgó créditos de hasta el 50% de incentivo al capital, incluyendo la asistencia técnica, condicionados a un acuerdo de conservación del bosque. Es decir, en un crédito de USD 5.200, el incentivo es de USD 2.600, la asistencia técnica vale USD 526 y 2.100 más van directamente a la deuda en el banco. Estos últimos recursos no se le entregan al agricultor. Este solo paga USD 3.100 al banco, cuenta Beltrán.
El incentivo está condicionado al cumplimiento del plan de asistencia técnica, la correcta inversión del crédito y a que se mantenga el bosque en total conservación.
¿Por qué eligieron el balso como especie promisoria? El líder de REM Visión Amazonía comenta: “Los agricultores nos decían que estaban llevando la madera que está en el bosque natural y por eso muchos querían cultivar. Con la observación de que en tres años se pueden hacer las primeras entresacas y además tiene un ciclo vegetativo corto, un mercado establecido y ellos ya tenían algunas experiencias comerciales con Ecuador, se promovió la línea de crédito”.
Para otorgar el crédito, el banco realiza una visita al predio del interesado, revisa las condiciones económicas y exige que cuente con al menos 10 hectáreas de bosque.
Beltran relata: “Levantamos un polígono de toda la finca y allí quedan las áreas productivas. Si es un pequeño ganadero que tiene 50 hectáreas, 30 para ganado y 20 en bosque. Se levanta el polígono con las 50 y se firma un acuerdo de conservación por esas 20 hectáreas. Ese polígono se envía al Instituto de Hidrometeorología y Estudios Ambientales (Ideam), que monitorea esa cobertura de bosques por satélite”.
Esta institución vigila el cumplimiento en la conservación del bosque desde la tecnología. En caso de detectar una falta, el agricultor debe pagar el crédito completo, sin incentivo y ya no se prestaría el servicio de extensión agropecuaria, además de responder por el delito de tala de bosques. Por ahora, no han tenido siniestros e incumplimientos.
Sí, vía satélite, observan que en el predio se presenta una alerta temprana, acuden a un protocolo para que se verifique si es un incendio accidental, si fue provocado o si la persona está desarrollando otras actividades que indiquen cambios en el uso del suelo.
Registrada la plantación, a los tres años de cultivo, el propietario hace la solicitud de aprovechamiento de madera y la autoridad ambiental verifica que no proceda de áreas de bosque natural, sino de plantación debidamente registrada.
Eventualmente, habrá una segunda fase de créditos verdes en la que otorgarán hasta USD 6.570, manteniendo el esquema dirigido al pequeño productor. Beltrán considera que este modelo se puede replicar a otros departamentos que tienen las mismas condiciones agroclimáticas, como Caquetá, donde lo han solicitado.
Además, el técnico señala que esta experiencia con el Banco Agrario fue reconocida en la reciente Asamblea de AsoBancaria, por ser innovadora estructuración y en la incorporación de especies nativas de la región amazónica.
Soldados del Ejército Nacional, que antes controlaban los cultivos de coca, ayudaron a la siembra de balso uy creación de viveros en los inicios del cultivo. – Foto cortesía : Maximino Morales.
Si bien Beltrán coincide con Morales en que no se han presentado problemas de plagas o enfermedades graves en el balso, alerta si se convierte en monocultivo podría generar situaciones fitosanitarias adversas y, por eso, recomienda la inclusión de diferentes especies.
Para Maximino Morales lo que se necesita ahora es que el balso llegue al Presidente de la República y al Congreso para potenciar su mercado. El agricultor considera que sería un éxito porque, incluso, no se tendría que exportar, sino que se podría procesar y dar valor agregado en el país.
“Hay que secarlo, eso implica un proceso donde lo hacen inmune, que no le entra ni una bala. Con él hacen carros blindados, bases de aviones y no solo lo compra un país, si no todo el mundo”, añade.
Pero Morales también señala las dificultades del programa de créditos verdes, como el alza en las tasas de interés y los permisos de Corpoamazonia, autoridad ambiental de la región, la cual, según el productor, no ha adjudicado licencias para el aprovechamiento.
“Corpoamazonia pone unos requisitos y pasa por encima de los campesinos. Nosotros queremos trabajar, somos gente humilde. Nos ponen miles de peros”, asegura. “Estamos haciendo un buen manejo al cultivo para no hacer tanta tala. Yo soy contrario a las talas”.
Al respecto se consultó a Corpoamazonia. Al cierre de esta investigación esta no entregó información sobre los permisos ni sobre su gestión en los dos proyectos con balso, las afectaciones en el territorio, las acciones frente a la comunidad, ni estudios sobre el estado actual de esta especie.
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En su predio de La Carmelita en Puerto Asís, Putumayo, Maximino Morales explica sus inicios en el cultivo de balso.
Morales recuerda que falta más ayuda integral para los campesinos que quieren dejar la coca. También siente que no hay interés de algunas entidades por el balso como alternativa a los cultivos de uso ilícito.
“El balso es muy distinto a la coca, en este momento ese cultivo no sirve para nada. No se sabe que pasará más adelante porque si no se apuesta por el balso, la gente volverá a la coca. Está en manos del gobierno, es un asunto grande y a largo plazo para la Amazonía”.
Foto de portada: Wajai Moisés Peas Senkuan
ALIANZA PERIODÍSTICA
DIALOGUE EARTH – RED PRENSA VERDE
Esta investigación fue realizada con apoyo de Earth Journalism Network (EJN)
Complementa la información sobre el árbol de balso:
En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto desde el año 1994, la ONU se centra en llamar a la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), pues se encuentran bajo serias amenazas en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela.
Inmersos en los bosques más remotos del mundo, existen pueblos indígenas que viven separados del resto de la sociedad. Son al menos 200 grupos —conocidos como Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI)— que desde hace siglos conservan sus culturas, lenguas y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza. Allí resisten a los impactos de la minería, incendios forestales, industrias petroleras y madereras, así como el narcotráfico, carreteras y pistas de aterrizaje ilícitas que destruyen los territorios que habitan, mismos que han protegido por generaciones y que ahora están en grave peligro.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En sitios ricos en recursos naturales —y de los que dependen estrictamente— los pueblos aislados se dedican a la caza y la recolección como medios de subsistencia, por lo que cualquier cambio en la naturaleza alteraría su supervivencia.
Indígenas Mashco Piro en aislamiento en las proximidades de la comunidad de Monte Salvado Madre De Dios, Perú. Foto: Archivo FENAMAD, 2014.
“Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial son los mejores protectores del bosque. Donde se protegen sus derechos colectivos a las tierras y territorios, los bosques prosperan, junto con sus sociedades. Y su supervivencia no sólo es crucial para la protección de nuestro planeta, sino que también es crucial para la protección de la diversidad cultural y lingüística”, afirma la ONU.
Este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto desde el año 1994, la ONU se centra en llamar a la protección de los derechos de los PIACI, pues la pérdida de estos grupos sería una pérdida enorme para el mundo.
Maloca ubicada en la selva. Foto: Cristobal Von Rothkirch / Archivo Amazon Conservation Team, 2010.
“El gran reto que tienen los gobiernos de todos estos países es trabajar con las organizaciones y representantes indígenas en territorio. De esta manera se puede armar una ruta, porque los pueblos indígenas entendemos cómo es la convivencia permanente con los PIACI, y cómo poder proteger y garantizar sus derechos. Hemos dicho a cada Estado que es importante encontrarnos para poder trabajar en conjunto, es la única manera”, afirmaJuan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).
Indígenas del pueblo Yanomami en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba.
Perú y los defensores de la Amazonía
“Los pueblos indígenas en situación de aislamiento son defensores anónimos de la Amazonía. No tienen un nombre que podamos conocer y que aparezca en las listas de defensores amenazados o asesinados. Debemos reflexionar en el papel tan importante que cumplen para la supervivencia de la Amazonía y, con ella, la supervivencia del planeta entero”, asevera Eduardo Pichilingue Ramos, ecólogo y director de la Fundación Pachamama Perú, uno de los panelistas del marco conmemorativo de la ONU de este año.
Perú cuenta con registros de la existencia de, al menos, 14 pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En la zona fronteriza de este país con Ecuador, se encuentran los bosques con mejor estado de conservación de toda la Amazonía —recuerda Pichilingue— y eso ha permitido que una fracción de estos pueblos encuentren posibilidades de seguir subsistiendo.
“Muchos de ellos seguramente han tenido que huir de otras partes de la Amazonía y se han refugiado en estos bosques, no en los últimos años, sino a lo largo de varias décadas, incluso siglos de presión”, agrega el especialista.
Mashco Piro en aislamiento en las proximidades de la comunidad de Monte Salvado Madre De Dios, Perú. Foto: Archivo FENAMAD, 2014.
En el país las amenazas tanto a los pueblos aislados, como a los bosques, son significativas. Van desde la invasión al territorio por la agricultura y actividades ilegales como el narcotráfico, la presencia de carreteras y pistas de aterrizaje clandestinas, así como los otorgamientos del Estado de bloques petroleros, minería o concesiones forestales, y la falta de titulación de territorios indígenas para su protección.
Además, los madereros ilegales han dado de qué hablar en julio del 2024, debido a una serie de enfrentamientos violentos con un grupo de indígenas aislados Mashco Piro, en el río Pariamanu, quienes son sobrevivientes de contactos forzados y abusos durante el auge del caucho en Perú en el siglo XIX.
“Con la madera ilegal, lo que se hace es generar una serie de caminos que atraviesan el territorio amazónico para poder transportar los productos —eso pasa también en el caso de la coca— lo que los lleva a atravesar espacios donde pueden estar estos pueblos, y generar contactos y enfrentamientos directos”, describe Miguel Macedo, antropólogo y coordinador de Política públicas y gestión de los bienes comunes, que incluye el tema PIACI, en el Instituto del Bien Común (IBC).
Mashco Piro en aislamiento en las proximidades de la comunidad de Monte Salvado Madre De Dios, Perú. Foto: Archivo FENAMAD, 2014.
“Los territorios indígenas que tienen mayor deforestación son aquellos que tienen algún tipo de reconocimiento, pero no son titulados. Cuando existe la opción de que un territorio se cree en favor de los pueblos indígenas y este todavía no es declarado formalmente, se crea una mayor presión de recursos pensando en aprovechar todo antes de que se dé la titularidad”, agrega el experto.
Macedo recuerda que, según los estudios colaborativos entre el IBC y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), está demostrado que en un 47 % de territorios indígenas, comunidades y reservas indígenas reconocidas en Perú, el nivel de conservación de bosques es más alto, sitios en donde también existe una mayor conservación de carbono, con reservas de hasta un 80 %.
“Eso da cuenta de la importancia de estas áreas, no sólo para estos pueblos, sino para la humanidad. Es fundamental darles el espacio y la titularidad de las tierras para que puedan hacer respetar sus derechos y, a su vez, puedan apoyar en la conservación y la protección tanto de la cobertura boscosa, como de los stocks de carbono que hay en la Amazonía”, dice el especialista.
Indígenas en Aislamiento Voluntario de un pueblo desconocido. Imagen tomada en Acre, en la frontera de Perú y Brasil. Foto: Gleison Miranda / Archivo FUNAI, 2008.
Sin embargo, los procesos de reconocimiento territorial indígena en Perú han sido tardíos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú— ha trabajado en la gestión de al menos diez reservas indígenas para la protección de los PIACI, pero la mitad se han atrasado por el incumplimiento gubernamental de los plazos, motivo por el que, incluso, han interpuesto demandas por inacción del Estado.
“Las reservas no deben ser entendidas o protegidas como entidades individuales, como si fueran islas. En Aidesep hablan de corredores territoriales, en IBC tenemos la idea de trabajar a nivel de paisaje, pero se trata de integrar estas reservas con las áreas protegidas y comunidades, para que se haga un manejo territorial en el cual haya aprovechamiento de recursos de manera sostenible y que, con las zonas de protección, se pueda alcanzar un equilibrio entre la mejora de la calidad de vida de la población y la conservación de recursos a largo plazo”, concluye Macedo.
Mashco Piro en aislamiento en las proximidades de la comunidad de Monte Salvado Madre De Dios. Perú. Foto: Archivo FENAMAD, 2014.
Colombia y las grandes deudas del Estado
Es claro que tanto los PIACI, como sus bosques, corren serio peligro. Esta situación no es muy disímil entre los países latinoamericanos en los que habitan estos indígenas, coinciden los expertos consultados por Mongabay Latam. Las presiones de la llamada “sociedad occidental” se acercan cada vez más a sus territorios, sin importar si se encuentran en la Amazonía o en el Gran Chaco, sitios que representan algunos de los últimos reductos de agua, aire y biodiversidad del mundo, por lo que su destrucción implica un riesgo para toda la humanidad.
El poco interés de los Estados por protegerlos, el narcotráfico, la minería con uso de mercurio, incendios forestales, extracción de hidrocarburos, obras de infraestructura y la presencia de madereras ilegales y legales, entre otras actividades lícitas e ilícitas, amenazan la intangibilidad e integridad de los territorios ocupados por los PIACI, afirma el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), alianza integrada por 21 organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela.
Fotografía aérea de la selva de Brasil, en contraste con un área deforestada. Foto: Esteban Barrera / Archivo Land is Life
En Colombia, se tiene confirmada la existencia de dos pueblos indígenas aislados, pero se cree que puede haber entre 12 y 15 pueblos más por comprobar. Los mayores riesgos que enfrentan están relacionados con la nueva relación que existe entre narcotráfico y minería en los ríos amazónicos —con su consecuente presencia de grupos armados—, y a los que se suma a la ausencia de entidades gubernamentales que son las responsables de la protección, describe Daniel Aristizabal, secretario general del GTI-PIACI.
“Tenemos una deuda con ellos, de garantizar que sus bosques existan y de respetar su condición intrínseca. Es decir, respetarlos simplemente porque existen. Es cierto que sus bosques son reservorios de carbono, que hay acervos genéticos, que son zonas de alta biodiversidad y que regulan el clima, pero el simple hecho de que hay otras personas que no han decidido participar de este proyecto colonizador y globalizador, es argumento suficiente para protegerlos. Esperamos que en el futuro, a pesar de lo incierto, ellos sigan ejerciendo esta decisión (de estar aislados) hasta cuando consideren que es pertinente”, explica Aristizabal.
Indígenas del pueblo Akunysu contactado de forma reciente en Mato Grosso, Brasil. Foto: Altair Algayer / Archivo FUNAI
Aunque estos pueblos realizan un buen manejo y conservación del bosque, no hay que olvidar que “no se debe asignar a ellos la responsabilidad que le compete al Estado y sus entidades”, asevera el experto.
En Colombia se dio un proceso interesante del 2013 al 2018 para la formulación de una política pública —el Decreto 1232, que regula la materia y crea un sistema de protección para pueblos en aislamiento en el país—, en colaboración con las comunidades indígenas, sobre todo, aquellas vecinas de los pueblos aislados. Sin embargo, su implementación, que busca una articulación entre entidades del gobierno y autoridades indígenas, ha resultado muy precaria, sostiene Aristizabal.
“La deuda histórica que tiene el país es la implementación de este decreto, con todo su rigor. En muchas instancias, las estrategias de protección que están vigentes son aquellas que son lideradas por las organizaciones indígenas”, describe el experto.
Indígenas del pueblo Yanomami de Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba
Ecuador y el extractivismo
En Ecuador, de manera oficial, se tiene identificados a tres pueblos en aislamiento voluntario: tagaeri, taromenane y dugakaeri, cuyas tierras han sido históricamente invadidas por misioneros evangélicos y, posteriormente, por la industria petrolera al interior del Parque Nacional Yasuní.
Aunque en agosto del 2023, la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní y la expulsión de las empresas dentro del parque, el cumplimiento no se ha hecho efectivo.
“En la cosmovisión y la vivencia de los pueblos en aislamiento voluntario, ellos recorren, protegen y monitorean su territorio por la presencia de las petroleras”, explica Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). “Ha habido choques y los pueblos se han asomado a algunos puntos críticos en donde ellos se sienten amenazados y han buscado la manera de hacer presencia, para que los pueblos Waorani también podamos generar una alerta. Los pueblos necesitan su libertad y garantizar sus derechos, por eso el Estado ecuatoriano tiene que escuchar y articular, para en conjunto poder protegerlos”, dice el líder indígena.
Cedro talado por los madereros ilegales que explotan la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. Foto: Fundación Alejandro Labaka.
El pueblo Waorani fue obligado al contacto hace seis décadas debido al ingreso de las empresas petroleras en sus territorios, lo que provocó graves afectaciones ambientales al contaminar los ríos, la selva y el aire que respiran, dice la NAWE a través de un comunicado con motivo de la próxima celebración de la Cumbre Internacional por el Yasuní, a finales de agosto del 2024. Estas amenazas han puesto en riesgo sus medios de vida, sus derechos y están llevando a la región amazónica a un peligroso punto de no retorno, aseveran.
La industria petrolera ha dejado impactos que los pueblos aislados siguen pagando: los “pasivos ambientales antiguos y actuales que no se han limpiado”, sostiene Enrique Vela, antropólogo especialista en Derechos Humanos y grupos vulnerables, consultor sobre pueblos en aislamiento del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). “Puede ser que los aislados no consuman el agua contaminada y con metales pesados, pero el animal que cazan sí. Eso les afectará indirectamente”, dice el experto.
Casa taromenane en zona cercana al bloque Armadillo. Foto cortesía de Eduardo Pichilingue.
A pesar que desde el año 1999 se creó la Zona Intangible Tagaeri–Taromenane para proteger a los pueblos en aislamiento y a la biodiversidad del Yasuní, en el Ecuador falta una verdadera política de protección, ya que “tenemos una política que ha sido revisada, presentada y actualizada, pero nunca ha sido formalizada”, agrega Vela.
“Eso realmente es un problema, porque no se tiene una guía que diga por dónde ir. También existe una falta de recursos humanos y económicos para la protección del territorio y no sólo para una de las instituciones, porque el trabajo de protección tiene que ser integral”, sostiene el especialista.
De continuar con esta situación“no hay futuro para los pueblos aislados”, asevera Vela. En su perspectiva, habría que continuar desarrollando la política pública, la ley de protección de los pueblos aislados, el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de calidad vida de personas que viven en la Zona Intangible y la coordinación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, bajo el eje transversal de la protección de los pueblos aislados.
Indígenas en Aislamiento Voluntario del pueblo Yanomami. Foto: Jesús Sosa / Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba
“Un solo enfoque, que no priorice lo ambiental sobre lo humano y viceversa, sino que veamos con los mismos ojos que los pueblos aislados ven al territorio: somos parte de un ecosistema y no estamos por encima”, dice el especialista.
En ello coincide Eduardo Pichilingue Ramos, quien también ha dirigido investigaciones y procesos de acompañamiento a los PIACI en el Ecuador. “Creo que hay que dar un salto grande en la comprensión de lo que son los pueblos aislados. Para muchos gobiernos y para mucha gente que ocupa cargos de decisión, son pequeños grupos de indígenas que representan un estorbo para el desarrollo de proyectos de inversión, de infraestructura y de explotación de recursos”, dice Pichilingue.
Sin embargo, no son vistos como legítimos dueños de esos bosques que, al final, “ni siquiera están enterados de que nuestros países existen sobre sus territorios. Creo que ahí está el mayor reto: que se comience a comprender la real naturaleza de la existencia de los pueblos indígenas aislados y se dé ese salto para respetarlos”, concluye.
Indígenas en Aislamiento Voluntario del pueblo Yanomami. Foto: Jesús Sosa / Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba.
Imagensuperior:Indígenas del pueblo Zo’é en Pará, en Brasil. Foto: Mario Vilela, 2014.
En la Amazonía ecuatoriana, los achuar defienden su territorio de la tala de balsa mediante el uso de la tecnología. Mientras tanto, en Perú los taladores ingresan a tierras indígenas aprovechando la falta de control, y en Colombia esta madera se convierte en una alternativa a cultivos ilícitos. ¿Qué queda del boom por esta madera tan demandada por China para la transición energética?
Por: Olga Cecilia Guerrero, Sally Jabiel y Wajai Moisés Peas Senkuan
Sharamentsa, Pastaza, Ecuador. Los recorridos pueden durar hasta tres días. Bajo el sol y la lluvia, un grupo de jóvenes achuar carga sus equipos al hombro y camina durante horas para vigilar que los taladores no vuelvan a ingresar en busca de los árboles de balsa (Ochroma pyramidale).
Son los lanceros digitales, quienes defienden este territorio ancestral en plena Amazonía mediante la tecnología. Instalan cámaras, elevan drones hasta los 1.000 metros, en una distancia de nueve kilómetros, y también capturan cientos de fotografías y videos, a la vez que mapean sitios estratégicos y puntos vulnerables.
Es una nueva forma de ejercer soberanía en esta parte de la Amazonía, tras vivir uno de los más duros episodios en su historia reciente: la ‘fiebre de la balsa’.
Lancero digital instala equipos en las selvas de Sharamentsa. Foto: Roberto Peas.
Los lanceros digitales son reporteros, casi en tiempo real, de lo que ocurre en los territorios indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Fotos: Lanceros Digitales
Las industrias madereras en Ecuador se abastecen de la balsa extraída de la Amazonía y de las plantaciones en la costa. Entre 2020 y 2021, la sobredemanda de esta madera hizo que al menos 7.500 hectáreas fueran sembradas en el país, según un estudio de WWF Ecuador.
EXPORTACIONES DE BALSA DESDE ECUADOR
Valor de exportaciones de balsa en 2023, en millones de USD
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador (2024) • Gráfico: Dialogue Earth y Red Prensa Verde. Cálculos basados en la consulta del Código del Sistema Armonizado 440722 que corresponde a madera virola, imbuia y balsa y se usa para exportar los bloques de madera balsa.
A diferencia de otros árboles, que tardan de 10 a 20 años en ser productivos, la balsa crece aceleradamente debido a la baja densidad de su fibra y en solo tres años está lista para el primer corte. Paradójicamente, toda esa madera talada se utiliza para construir aerogeneradores o turbinas de viento en China.
Y fue el subsidio que el gobierno chino dio a su industria eólica el mayor detonante de esta fiebre balsera en 2020, declaró a esta investigación el MAATE. A esto se sumó la crisis económica del país que se ahondó con la pandemia, por lo cual las comunidades indígenas de la Amazonía se volcaron a la tala de esta especie como una fuente de ingresos, explicó esta entidad.
Sobrevuelo de la comunidad Sharamentsa – Video: Roberto Peas Senkuan
Esa fiebre se extendió desde la costa ecuatoriana hasta los territorios indígenas. Mientras el país enfrentaba el covid-19 y la ciencia buscaba con afán una vacuna, los taladores ingresaron en esta selva tropical húmeda en busca de esta madera.
Así llegaron a Sharamentsa, una comunidad achuar de más de 7.500 habitantes, ubicada en la cuenca baja del río Pastaza. Esta región amazónica, que conserva bosques primarios, se extiende aproximadamente en 660.000 hectáreas, cerca de la frontera con Perú.
Para arribar a este territorio, se puede volar desde el aeropuerto de Shell, en Puyo, capital de Pastaza, llamada también la ‘Puerta de la selva ecuatoriana’. O se puede viajar durante cuatro horas desde Puyo por la nueva carretera hasta el puerto de Copataza y, desde allí, navegar el río Pastaza en canoa otras cinco horas.
“Nadie estaba preparado para venderla, no había cultivos”, comentan integrantes de la comunidad Sharamentsa. “Compraban las balsas silvestres y maduras que habían crecido de forma natural en islas o fincas a la orilla del río”.
Sharamentsa es una comunidad achuar ubicada en la cuenca baja del Pastaza. El puerto más cercano es Copataza. Imagen: Google Earth
Cuatro años después, los achuar afirman que ese negocio solo dejó desconsuelo. “En algunos lugares, los taladores pagaban al presidente de la comunidad y él avisaba a los demás para que vendieran los árboles. Esto generó discrepancias entre quienes estaban de acuerdo y los que preferían preservarlos”, señala Tiyua Uyunkar, expresidente de la Nación Achuar de Ecuador.
Ese negocio sigue vigente. A solo dos horas de Sharamentsa, Red Prensa Verdey Dialogue Earth encontraron cientos de troncos esparcidos en el suelo. Cerca de estos, 15 botes cargados con madera y muchos hombres preparando listones para llevarlos a Puyo y luego hacia Manta, ciudad puerto en la costa ecuatoriana.
Diversas fuentes confirmaron que, para esa época en Sharamentsa, el precio por ‘pata’ de balsa, como llaman al árbol ya cortado, era de USD 40. Sin embargo, cuando el intermediario llegaba a territorio achuar a negociar una hectárea, donde, por ejemplo, había 280 patas, aprovechaba para liquidar menos de lo pactado. En vez de pagar USD 11.200, solo entregaba USD 5.000, es decir, menos de la mitad.
De esta forma, ‘engañaron’ a muchas familias y ‘saquearon’ sus territorios, que hasta antes de 2020 habían estado conservados. Estos abusos se repitieron en otros pueblos indígenas, como los waorani y kichwa, según el estudio de WWF Ecuador.
Ecuador es el mayor exportador del mundo de balsa a China, donde paradójicamente se utiliza en la construcción de aerogeneradores que se exportan a distintos países para la transición energética. Arrasamiento de bosques primarios para siembra de balsa, disputas entre comunidades indígenas, estafas, abuso y violencia contra mujeres, son algunos de los impactos para la cuenca baja del río Pastaza.
Carga de madera balsa en el río Pastaza, lista para ser desembarcada en el puerto de Copataza. Fotos: Fundación Pachamama
A mediados de 2021, tan solo hubo dos licencias forestales para los miles de árboles de balsa que se talaron. “Estoy hablando de 20.000 árboles, que es el dato que tenemos, aunque algunos dicen que son más de 35.000 solo en territorio achuar. Es un volumen importante”, afirma Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, en ese informe.
En junio de ese año, salieron por el puerto de Copataza aproximadamente 5.200 metros cúbicos (m³) de balsa, extraída en su mayoría de áreas agropecuarias abandonadas. Esto sugiere que desde enero de 2018 a junio de 2021 pudieron haber salido entre 20.000 y 25.000 m³ de esta madera aserrada.
En ese entonces, los exportadores pagaban unos USD 400 por cada m³ de balsa transportada desde Copataza hacia las plantas secadoras en la costa. Sin embargo, esos millonarios ingresos no se reflejaron en la escuálida economía local, además que los niveles de extracción sobrepasaron la capacidad de regeneración natural, advierte WWF Ecuador.
DE TERRITORIOS INDÍGENAS A MERCFADOS EXTRANJEROS
Fuentes: Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, WWF Ecuador y Banco Central de Ecuador / Gráfico: Sally Jabiel
Cuando la extracción de balsa se extendió a lo largo del Pastaza, la comunidad de Sharamentsa fue de las pocas que se opuso. Sin embargo, los intermediarios se aprovecharon de las comunidades en esta provincia que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es una de las más pobres del país en términos económicos. Mientras un 30% de la población quería vender, el 70%, comprometido con la conservación, no.
“Yo tenía balsa, pero no la vendí, porque conservo mi bosque. En cada isla donde hay balsa viven muchos loros y guacamayas y, aun así, algunos se atrevieron a vender”, subraya Andrea Wampach Vargas, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas, conformada por 86 socias de las provincias de Pastaza y Morona Santiago. “Las comunidades no fueron escuchadas ni apoyadas por las autoridades. No pusieron reglas para la explotación”.
En ese momento se talaron bosques primarios para cultivar balsa y venderla tres años después, relata Rosa Mercedes Vargas Illanes, lideresa de Sharamentsa. “Hay comunidades vecinas que siguen por ese camino, pero nosotros queremos conservar el buen vivir en nuestros bosques”.
Para Uyunkar Domingo Peas Nampichkai, presidente de Cuencas Sagradas, la peor consecuencia fue la ruptura social. “Muchos indígenas fueron engañados, estafados, mal pagos. O el dinero que ganaron lo usaron mal, les vendían cerveza, trajeron prostitutas. Eso generó un problema social”, asegura el líder achuar de esta alianza integrada por organizaciones indígenas de Ecuador y Perú.
Uyunkar Domingo Peas, presidente de Cuencas Sagradas, Ecuador.
Rosa Mercedes Vargas Illanes, lideresa de Sharamentsa. Fotos: Wajai Moisés Peas Senkuan
Otra secuela fue la violencia de género ejercida por los taladores. Andrea Wampach recuerda los excesos cometidos: “Fue una presencia negativa. Existieron abusos, no hubo respeto, se ‘casaron’ con algunas chicas de las comunidades y las abandonaron embarazadas. Hubo violencia para muchas más, en ese tiempo las mujeres tenían miedo”.
En 2022, los líderes de la Nación Achuar del Ecuador convocaron a una asamblea para debatir el caso y decidieron conservar el bosque y sancionar a quienes vendieran balsa, según el Proyecto Sharam, financiado por la Fundación Pachamama y Amazon Conservation Team.
Ahora, para talar madera fina deben solicitar permiso y reforestar 10 árboles por cada uno cortado. “La especie se podrá aprovechar solo para iniciativas que no impliquen cortar toda la plantación, como turismo y artesanías”, establece la decisión.
Además se impuso como primera exigencia el respeto a las mujeres antes de comercializar la balsa. Pero a Andrea Wampach le preocupa que la afectación no se detenga, especialmente para aquellas que viven cerca de la carretera donde aún están vendiendo esta madera. “Esos hombres siguen ahí”, advierte la lideresa achuar.
Foto de portada: Tala de balsa en Sharamentsa, Pastaza / Wajai Moisés Peas Senkuan
APROVECHAMIENTO DESBORDADO
Balso. Foto: Wajai Moisés Peas Senkuan.
En Ecuador no existe un sistema de trazabilidad para la madera, por lo que en la práctica se han detectado cifras de exportación de balsa que no corresponden con las de producción. En 2023, el medio ecuatoriano Bitácora Ambiental reveló que el 86% de balsa exportada a China proviene de la tala de árboles silvestres; en tanto que el resto, de plantaciones.
Al consultar al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, este informó que debido a la alta demanda de balsa de Ecuador, se incrementó su aprovechamiento mediante autorizaciones administrativas o ‘Formularios de Recolección de Balsa’ que se emitían automáticamente desde el Sistema de Administración Forestal (SAF).
Estos mecanismos fueron creados, en su tiempo, para facilitar el aprovechamiento de esta especie, sin tener que realizar grandes trámites. Sin embargo, no fueron bien utilizados; se generó un abuso en la emisión de los mismos y se presentaron irregularidades en el registro del volumen aprovechado en cada predio”, declaró la entidad a Red Prensa Verde y Dialogue Earth.
En 2022, para solucionar la situación, el MAATE desactivó la emisión de esos formularios. Ahora el aprovechamiento de la especie está regulada por este ministerio, que aprueba programas de manejo forestal de especies pioneras en bosques secundarios presentados por personas interesadas. También por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para áreas de regeneración natural en pastos, linderos, cortinas rompevientos, huertos, chacras o parcelas de cultivos y sistemas agroforestales.
Desde ese entonces, en la provincia de Pastaza no se han aprobado programas de manejo forestal de especies pioneras para el aprovechamiento de la especie balsa, mientras que, en la de Morona Santiago se aprobaron licencias hasta 2021.
Volumen (m3)
2019
2020
2020
Volumen total
Pastaza
29.821,00
187.291,00
49.044,00
266.156,00
Morona Santiago
11.793,00
216.502,00
71.769,000
300.064,00
Volumen total
41.614,00
403.793
120.813
566.222
Fuente: Formularios de Recolección entre 2019-2021 del MAATE.
Esta situación ha generado incongruencia en las cifras. El medio ecuatoriano Bitácora Ambiental informó que, según el Ministerio de Ambiente de Ecuador, se talaron o recolectaron en el campo (no de plantaciones) 4.000.000 de m³ de balsa entre 2017 y 2023. Esto equivale aproximadamente a 610.000 toneladas.
Sin embargo, advierte que los datos del Ministerio de Agricultura indican que en el mismo período se movilizaron 604.537 m³, equivalente a 92.192 toneladas. “No se dispone el dato de la producción anual de balsa en plantaciones. Esto implica que la balsa que se movilizó y procesó en el Ecuador proviene en un 86% de la recolección que se realiza en los bordes de los bosques, los caminos y chacras de la costa y la Amazonía y el (14%) restante de plantaciones”.
En la actualidad, este país sigue siendo el primer exportador de balsa en el mundo con plantaciones ascienden a 7.871 hectáreas, sostiene el MAATE, pero también se continúa extrayendo balsa de la selva.
¿CÓMO SE RESTAURAN LOS BOSQUES DE BALSA?
Balso. Foto: Wajai Moisés Peas Senkuan
Desde 2022, la comunidad de Sharamentsa está sembrando maderas finas, como bambú, guayacán, cedro, entre otras, en las zonas afectadas por la extracción balsera, dice Puwainchir Roberto Peas Nampichkai, coordinador local de educación de Sharamentsa. Esto con el Proyecto Sharam que, con un fondo de compensación de USD 50.000, busca mejorar la calidad de vida de la comunidad y conservar la biodiversidad con estrategias de manejo forestal sostenible, protección de áreas de alto valor ecológico y desarrollo comunitario. El fin es mejorar la infraestructura, el acceso a servicios básicos como salud, educación, energía solar, internet y oportunidades económicas.
Uno de sus fuertes ha sido el turismo sostenible mediante la creación del Centro de Turismo Comunitario. Han creado senderos ecológicos, alojamientos ecoamigables y experiencias culturales auténticas que respetan y valoran la herencia indígena. Esto incluye programas de educación ambiental y capacitación vocacional.
Parte de este proyecto comprende el trabajo de los Lanceros Digitales, de los que hace parte Roberto Tsentsak Peas Senkuan, quien se siente orgulloso y espera que el pequeño grupo de cuidadores de la Amazonía se amplíe.
Su éxito ha sido tal, que en la vecina provincia de Morona Santiago, donde la venta de balsa ha sido extensiva, algunos están comenzando procesos de conservación similares.
Roberto Tsentsak recalca el amor por su trabajo y lo único que pide es que no haya más vías hacia la Amazonía porque es muy dañino. “Lo peor de la tala fue la construcción de la carretera que viene desde la provincia de Morona Santiago y la vía de Puyo hacia Copataza, en Pastaza. Nosotros no queremos más carreteras. Nosotros defenderemos nuestra selva y queremos que nos ayuden porque no vamos a permitir más tala”.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador está trabajando en el fortalecimiento y la conformación de Comités de Comanejo en los bosques de Kutukú-Shaimi en la provincia de Morona Santiago y en los bosques Habitagua en Pastaza, también afectados por la extracción de balsa.
Además, desarrolla el programa Socio Bosque a través de incentivos económicos a comunidades por superficie conservada. “En la provincia de Pastaza se cuenta con una superficie de conservación de 938.637,43 hectáreas y beneficia a alrededor de 14.612 familias. En el caso de la provincia de Morona Santiago, la superficie de conservación es de 88.725,84 hectáreas, beneficiando a 4.317 familias”. También desarrolla un proyecto de restauración para zonas degradadas.
Esta investigación fue realizada con apoyo de Earth Journalism Network (EJN)
Equipo
Historias: Olga Cecilia Guerrero, Sally Jabiel y
Wajai Moisés Peas Senkuan.
Coordinación periodística: Olga Cecilia Guerrero /
Red Prensa Verde
Producción multimedia: Sally Jabiel / Dialogue Earth
Mentoría: Alberto Ñiquen
Coordinación Internews: María Clara Valencia
Imágenes: Wajai Moisés Peas Senkuan, Roberto Peas, Fundación Pachamama, Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wampís, Maximino Morales y Lanceros Digitales.
ALIANZA PERIODÍSTICA
DIALOGUE EARTH – RED PRENSA VERDE
Complementa la información sobre el árbol de balso en:
Durante los últimos cinco meses, un equipo periodístico, realizó una investigación sobre la situación del árbol de balsa (Ochroma pyramidale) en Ecuador, Perú y Colombia.
Árbol de balsa en las orillas del río Pastaza en la Amazonia ecuatoriana. Imagen: Wajai Moisés Peas Senkuan.
La denominada ‘fiebre de balsa’ se desató durante la pandemia (2020) en la zona costera y selvática de Ecuador, ante la creciente exportación de esta materia prima hacia China. Esta madera caracterizada por ser ligera (dada su baja densidad), ha sido utilizada a lo largo del tiempo por diferentes industrias, sin embargo, en los últimos cinco años la alta demanda corresponde a la construcción de aerogeneradores y equipos destinados a procesos de transición energética que desde China se comercializan hacia diferentes continentes.
Hoy Ecuador es el primer exportador mundial de balsa. Los requerimientos de altos volúmentes esta madera hicieron que se abrieran nuevos campos de cultivo en la costa y la sierra, pero también, que mucha de la balsa silvestre de Ecuador, se talara y comercializara de manera ilegal, un mercdo que trascendió hacia las fronteras de Perú y Colombia.
Cuatro años después de que iniciara el boom viajamos hasta Sharamentsa, provincia de Pastaza, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, para conocer las consecuencias de las incursiones de balseros en áreas indígenas. Aunque esta especie ecológicamente no se encuentra afectada porque según el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una especie de ‘preocupación menor’, su explotación a escala masiva ha causado una serie de consecuencias.
Encontramos que desde 2020 se generaron conflictos entre familias y comunidades que buscaban preservar el territorio y las que buscaban aprovechar económicamente la balsa que crecía en zonas silvestres. La comunidad achuar reveló el engaño que sufrieron nativos por parte de intermediarios; la tala de selva para cultivar balsa; la contaminación por plástico y combustibles en el río Pastaza; los abusos de balseros a mujeres indígenas; el cambio en la cultura, entre otras afectaciones sociales y ambientales que prevalecen.
Actualmente los líderes de Sharamentza, realizan controles del territorio a través del proyecto Sharam, en el que un grupo de jóvenes llamados ‘lanceros digitales’, desarrolla un mapeo de la zona con drones, cámaras trampa, entre otros mecanismos tecnológicos, para evitar incursiones de taladores en áreas selváticas ancestrales.
¿Qué otras medidas han tomado para proteger la Amazonia? ¿Cómo afectó la ‘fiebre de balsa’ a los territorios fronterizos de Perú y Colombia? ¿Qué opina el Ministerio de Ambiente de Ecuador sobre este asunto?
Deforestación, tala selectiva de grandes árboles, caza no sostenible, minería y tráfico ilegal, acaban con las poblaciones de águila harpía. Es una especie emblemática y vulnerable a la extinción.
En Colombia se reportan cerca de 50 ataques directos de humanos a estas aves, muchos de los cuales mueren y otros quedan sin la posibilidad de retornar a su entorno natural.
La cacería furtiva, impulsada por el desconocimiento, el temor o la curiosidad, también ocasiona la pérdida de individuos en campo.
Acompañamos a una familia conservacionista en el monitoreo a un nido. Comunidades e investigadores del Proyecto Soy Harpía Amazonia, estudian y protegen a la ‘reina’ de las aves.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
LA MACARENA. META, COLOMBIA. El ruido de las hojas trituradas devela el paso de los caminantes. Se escuchan silbidos, cantos de pájaros e insectos. De vez en cuando aparece un claro de luz a la orilla del angosto camino.
Es 12 de agosto de 2023, pronto serán las tres de la tarde. Afuera el día está fresco, dentro el bosque la humedad es penetrante. Ha llovido en las últimas horas, del dosel caen gotas de agua y en el suelo se ven algunos charcos.
Quince minutos después de haber iniciado el recorrido por la Reserva Natural Santuario Mayor, los caminantes se detienen. Los ojos del guía Adriano Ortiz Ramos -que segundos antes deambulaban de rama en rama- se fijan en un árbol de cedro achapo donde posa un copo emplumado. El guía elonga su cuello al máximo, centra toda su atención y expresa: ¡Ahí está ‘Macarena’!
Es el polluelo de águila harpía, motivo de la expedición. Tiene diez meses de vida, su cuerpo es blanco como la nieve y sus alas destilan tonos tierra. A esta especie se le conoce también como águila churuquera porque parte de su dieta son los monos churucos. Su nombre científico es (Harpia harpyja).
Adriano Ortíz, guía de la reserva Santuario mayora a su ingreso al bosque. Foto: OlgaCGuerrero
Macarena vuela a un árbol de vainillo, entonces los observadores esquivan enormes hojas de palma para relocalizarla tratando de no hacer ruido en la tupida hojarasca. Miguel Ángel, hijo del guía, la encuentra y todos corren a enfocarla. Entre tanto, Flor, esposa de Adriano, aparece con algo en las manos, señala una hoja y explica: este es excremento de ayer, aquí hay restos de comida y una pluma. Desde arriba, perchada en el mismo palo, Macarena tuerce su cuello y los mira con curiosidad.
La harpía es un ave emblemática del bosque tropical, conocida como la ‘reina de las aves’, no solo por su porte y belleza sino porque es la más grande del hemisferio occidental y la rapaz más fuerte del mundo.
Su importancia también radica en que es depredador tope, se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia y su presencia indica la buena salud de los ecosistemas.
El águila ejerce control de poblaciones de mamíferos como monos, puerco espines, grandes roedores; reptiles como serpientes y otras aves de menor tamaño. Si no existiera podría generarse un desequilibrio por el aumento de esa fauna.
UNA REGIÓN ESTRATÉGICA
El Santuario Mayor es una reserva natural privada de 160 hectáreas que se encuentra en el municipio de La Macarena, Meta, a 233 metros de altura y 225 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento.
Hace parte de la Serranía de La Macarena un área estratégica por su alta biodiversidad y por ser zona de transición entre los Andes, la Orinoquia y la Amazonia colombiana.
Es mundialmente conocida por tener el río más bello del mundo, Caño Cristales, que le ha dado un giro a su economía a través del ecoturismo.
También, porque en 1999 hizo parte de la llamada zona de despeje o distención en el fallido proceso de paz entre el gobierno de la época y las entonces Farc-Ep, junto con Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe y San Vicente del Caguán en Caquetá.
Se accede por carretera, río y trocha y por aire desde Bogotá y Medellín en dos vuelos semanales.
La Macarena tiene 27 mil habitantes, de los cuales 4000 están en zona urbana. El área hace parte de la Sierra de la Macarena e integra el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) que integra los parques nacionales Macarena, Tinigua y parte de Sumapaz y Los Picachos, este último el más impactado por deforestación en el país.
El retorno de la fauna
“Es un milagro de la naturaleza que el águila esté allí, es la única parte en toda la región donde se ha visto, esto hace parte del proceso de restauración natural que lleva 13 años en la zona”, explica el exdirector del Parque Nacional Natural La Macarena, Fernando Sacristán.
Aplaude el proceso de conservación comunitaria porque en algún momento puede ayudar a la subsistencia de varias familias y cree que esto aportará a que el pueblo se enfoque cada día más en ser un destino obligado para el avistamiento de aves. El municipio ganó dos recientes Global Big Day con más de 727 especies diferentes vistas en un mismo día.
Fernando Sacristán, exdirector de PNN La Macarena. Foto: RPV
Fernando asegura que a la par con el águila, a Caño Cristales -zona vecina al Santuario- han retornado mamíferos como venados, osos palmeros mieleros, pumas o la poco vista pantera negra.
La presencia del águila se detectó después de que Adriano recordó que la había visto por última vez 12 años atrás en ese bosque.
Sin mucha esperanza y como para salir de dudas, en septiembre del año pasado organizaron una búsqueda con los dueños del predio, Mónica López y Juan José CasasFranco, dos convencidos de la conservación.
Ese día se llevaron una sorpresa cuando Miguel Ángel, hijo de Adriano, la encontró y no solo estaba con su pareja, sino que en el nido había una cría.
Las harpías son monógamas, pueden estar siempre con el mismo compañero. Su vida se puede extender hasta los 40 o 50 años.
Desde entonces las aves son monitoreadas y los propietarios de la reserva establecieron una serie de medidas de control para su cuidado, con ayuda de los vecinos de la vereda Santa Teresa. Juntos quieren demostrar las bondades de conservar la fauna y enseñar a la población macarenense que es necesario y posible convivir con la especie.
El guía, de 43 años, relata que cuando estaba pequeño y vivía con su familia en el campo, todo era bosque. «Las águilas se veían a la vera del camino. Hoy son praderas de pasto con ganadería y carreteras atiborradas de carros y motos. Había muchas águilas y teníamos la mentalidad de que ellas se comían las gallinas y tocaba matarlas. Eso no es así. Vemos que mientras ellas tengan un bosque y comida no buscan alimento en las fincas. Yo le agradezco a los vecinos que ayudan a cuidarlas porque comprendieron que el águila no es una amenaza, por el contrario, es una aliada de la comunidad”.
En este sentido piensa que los jóvenes del pueblo deben prepararse porque se necesitan ciudadanos que ayuden a conservar estas especies porque ese es el futuro de la región.
Monitorear un ave
Para Adriano, el águila representa la fuerza de la naturaleza:“Cuando llega a un árbol todos los animales, entre estos los micos, comienzan a aullar y los demás se ponen nerviosos. Le tienen miedo, así como el jaguar es el terror en el suelo, ella lo es en el aire”.
La familia custodia del ave ya conoce el monte a la perfección, ha aprendido a resistir los feroces mosquitos a punta de chimú, remedio tradicional elaborado con tabaco y alcohol. A imitar los murmullos del bosque, los sonidos de las aves, a reconocer los rastros de animales y a colectar muestras.
Antes de salir de casa, en su mochila empacan la cámara, el insecticida natural, la ‘preparada’ que es la limonada casera con panela, los hules, algunas galguerías y el fiambre -almuerzo envuelto en hojas de plátano- soporte de la jornada.
Luego prenden las motocicletas y por carretera destapada se dirigen a ‘la montaña’, como denominan el bosque de 160 hectáreas en proceso de restauración, un relicto que se destaca en medio de la extensa sabana ganadera.
Adriano y su familia dicen que el ave les ha cambiado la vida. Ahora están en constante aprendizaje. Han conocido a muchas personas amantes de la naturaleza como los biólogos del ´’Proyecto Soy Harpía Amazonia’, quienes entre otras coasas les han enseñado cómo no
perturbar al animal. Por observación directa han comprendido cómo es que las aves construyen el nido, cómo cazan, en qué horarios la madre suministra comida al polluelo y muchos secretos más del águila y el bosque.
A contemplar a la rapaz han llevado a los niños del colegio, a los vecinos de la vereda, al grupo juvenil de estudiantes avistadores y guías de aves que prepara el profesor-pajarero Henry Abaunza en el colegio Nuestra Señora de La Macarena a varios extranjeros, a turistas extranjeros y a expertos como Fernando Ayerbe autor de guías de aves de La Macarena y de Colombia.
Este ejercicio único de conservación en el país está abierto al público especializado que conoce las normas para hacer aviturismo. El dueño de la reserva la cuida con recelo, aún así, hasta hoy no ha tenido la atención de ninguna autoridad ambiental de la región.
El impacto en el pueblo no solo ha sido ver a algunos niños llorando porque la lluvia no dejó ver al águila ‘in situ’, es decir en su hábitat, sino que comunidades de otra veredas y municipios han manifestado su interés por realizar el mismo proceso de conservación.
Adriano y familia terminan sus registros, se aseguran de que todo esté bien, y retornan felices. No vieron a los padres de Macarena porque cada vez tardan más tiempo en llevarle comida para obligarla a salir del nido y aprender a defenderse sola, volando y cazando.
Flor, dice que Macarena pronto crecerá y se irá de ese bosque. Cuando alcance su desarrollo sexual, en cuatro años, formará una familia. Entre tanto los padres retornarán al nido para traer una nueva vida en dos años.
Ese es el tiempo que las referencias biológicas dan a la reproducción de esta rapaz. Estas aves solo ponen uno o dos huevos cada 2,5 a 3 años, de los cuales solo uno sale adelante. A veces, el exceso de lluvias, factores ambientales o humanos como cacería, ataques, tala de árboles donde anidan; hacen que no prospere. Por eso las poblaciones son escasas y los biólogos y ornitólogos (estudiosos de las aves) insisten en su urgente protección.
Mientras avanza el proyecto de turismo especializado en el Santuario Mayor que permita una sostenibilidad gracias a la conservación de este ecosistema, la familia Ortíz Chacón continuará como monitora voluntaria de ‘Macarena’.
Así, antes de partir por la vía destapada a la vereda a buscarla, seguirán alistando el chimú, la preparada, las galguerías y el fiambre para mantener la vigilia -mañana, tarde y noche- de sus entrañables amigas, las águilas churuqueras.
UNA ESPECIE VULNERABLE
El Libro Rojo de Aves de Colombia clasifica al águila harpía como una especie Casi Amenazada (NT).Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la categorizó a nivel mundial como Vulnerable (VU) a la extinción. Esto ante el avance de destrucción de los bosques donde habita.
El investigador Camilo Yasnó explicó a Red Prensa Verdeque a pesar de que en el país no existe información científica sólida respecto al estado actual del águila harpía, de continuar la tendencia de deforestación y ataques hacia estos individuos, su densidad poblacional tenderá a disminuir, lo cual pondrá en grave riesgo la permanencia y conservación de esta águila no solo en la Amazonia sino en todo su rango de distribución nacional.
Para el experto, la falta de investigación científica puede representar otra seria amenaza para la especie, por lo cual se incurriría en un error al considerarla como una especie ‘Casi Amenazada’. “La realidad de la especie en el país no es ajena a la de todo su rango de distribución en el neotrópico donde las amenazas ya mencionadas han afectado considerablemente sus índices poblacionales en países pioneros como Brasil, Venezuela, Panamá y Ecuador”.
CAUSAS DEL DECLIVE
Hemos encontrado que las principales amenazas que ponen en riesgo la estabilidad de la especie en la Amazonia colombiana son, en primer lugar, la pérdida de hábitat.
Este factor a su vez es impulsado por acciones antrópicas como la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la minería ilegal e incluso la tala selectiva de árboles maderables.
Así mismo, acciones como la cacería furtiva, impulsada mayormente por el desconocimiento, el temor, pero paradójicamente también por la curiosidad. En muchos casos estos son los argumentos que justifican la muerte de estos individuos en campo.
No obstante, también se presentan casos de retaliación, debido a la pérdida de animales de granja como gallinas, cerdos, o cabras, en muchos casos injustificada.
Actualmente, se tiene reporte de más 50 ataques directos, los cuales una buena parte ha terminado en muerte y en individuos heridos con cero posibilidades de retornar a su entorno natural.
Por último, el tráfico ilegal de fauna a partir de la comercialización de sus partes como plumas, picos, garras e incluso su carne, son otra de las amenazas locales que presenta la especie, teniendo en cuenta que pueden llegar a representar un alto valor económico dentro del mercado negro; un par de garras de águila harpía pueden llegar a valer un millón de pesos (U$250 )”.
Desde Florencia, Caquetá, tres biólogos se desplazan por todo el occidente amazónico para investigar ‘eventos de anidación’. Este trabajo vincula a comunidades indígenas y campesinas de territorios marginales, que conviven con la especie.
Llegar a zonas distantes -cargados con pesados equipos- por carretera, trocha, río o caminando largas jornadas, con tal de encontrar un nido. Visitar territorios complejos como son los de la Amazonia, con altos costos de movilización, dificultades en la comunicación y orden público latente. Gestionar recursos y realziar actividades como la venta de camisetas, para poder cumplirle a las comunidades en las salidas de campo y las jornadas de monitoreo a las águilas, son algunos de los aspectos que sortea a diario el Proyecto Soy Harpía Amazonia (PSHA). Esta es una iniciativa de conservación científico-comunitaria creda en 2021 por los biólogos Camilo Yasnó y Dayana Ospina y Leidy Cardona, de la Universidad de la Amazonia.
La idea surgió desde la Asociación Ornitológica del Caquetá (AOC) y su meta es generar aportes en el estudio, conocimiento y conservación de esta especie en ese departamento, Meta y Putumayo, zona occidental de la Amazonia colombiana.
Su meta es generar aportes en el estudio, conocimiento y conservación de esta especie en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo, zona occidental de la Amazonia colombiana.
Hasta el momento se han centrado en la búsqueda de nidos y registros de águila harpía de la mano de las comunidades locales, a través del monitoreo participativo, que consiste en generar redes de comunicación con indígenas y campesinos que conviven con el animal.
Para esto utilizan la educación ambiental con los vecinos de las águilas y la complementan con el pilar científico como denominan al monitoreo de nidos. Utilizan metodologías como la observación directa, la colecta de muestras y la instalación de cámaras trampa en el dosel.
“Algunos de los nidos monitoreados se encuentran en Puerto Leguizamo, Putumayo; La Macarena, Meta y Bajo Caguán, Caquetá; estos dos últimos con polluelos de aproximadamente 10 meses. Estos nidos son custodiados por las propias comunidades, eje del proceso. Esto ha permitido que uno de los nidos (La Macarena) esté abierto al turismo”, relatan los investigadores.
Al preguntarle a Camilo sobre el origen de su organización, argumenta que es una respuesta a tres problemas históricos en la Amazonia colombiana:
Los altos índices de deforestación.
Los reportes constantes de ataques directos hacia estos individuos.
Los vacíos de información científica que presenta la especie tanto en la región amazónica como en todo su rango de distribución.
Camilo Yasnó y Dayana Ospina, durante el trabajo de campo.
NIDO EN EL CAQUETÁ
Chairá, el primer polluelo monitoreado
Ocurrió en el Bajo Caguán, Caquetá, en 2019, gracias a la labor de Little Oiden y Fabian Suaza, quienes encontraron y reportaron para aquel momento el primer nido de águila harpía para la Amazonia colombiana.
A partir de allí y con ayuda de la Asociación Ornitológica del Caquetá enlazaron esfuerzos para hacer el monitoreo de un nido desde el suelo, a través de visitas e información entregada por la comunidad local.
“Se logró recopilar información valiosa de ese evento de anidación, que duró aproximadamente dos años y medio. Obtuvimos datos respecto a la dieta, movimientos (dispersión) del polluelo y sus dos parentales (padres), aspectos como los cambios de plumaje en ‘Chaira’, el juvenil bautizado así por la comunidad de la vereda Lobitos en Cartagena del Chairá, Caquetá”.
Sin embargo, al terminar el evento completo, una de las ramas principales del árbol se cayó, junto a ella el nido —algo que suele ocurrir— y este no fue reconstruido en la siguiente anidación.
Igualmente, la fuerte deforestación e incluso los incendios del verano del 2022, afectaron notablemente ese bosque de menos de cinco hectáreas y los parches alternos de los cuales esta pareja se alimentaba. Ante esto el nido cambió, y hasta el momento no ha sido ubicado. La buena noticia, dicen los investigadores, es que los avistamientos ocasionales de estos adultos han continuado en el territorio y la comunidad es consciente de su importancia.
En los primeros días de agosto, Adriano Ortíz y y familia acompañaron por tercera vez a los biólogos Camilo Yasnó y Dayana Ospina a monitorear el nido de ‘Macarena’, el polluelo de águila harpía que crece en la reserva Santuario Mayor del Meta.
Para realizar este trabajo de campo que buscaba analizar la evolución de la cría, viajaron desde Florencia, hasta San Vicente del Caguán, en Caquetá, durante cuatro horas. Desde allí, siguieron cinco horas más por la ruta 65 hasta La Macarena.
La primera tarea era llegar al bosque antes de las seis de la mañana para verificar si la cría había dormido en el nido o si ya está utilizando zonas alternas.
Posteriormente, instalaron equipos como cámaras fotográficas, celulares, distanciómetro, entre otros, y se ubicaron en la parte baja del nido a observar.
De esta forma, examinaron el patrón de actividad, comportamiento y dieta del polluelo, además de realizar una colecta de material orgánico.
Cada una de las visitas lleva métodos diferentes. Una de estas es la vía acústica a partir de micrófonos para caracterizar la actividad sonora de las aves.
El biólogo explica que se aprovecha toda la información hasta las 6 de la tarde y se archiva en formatos escritos y digitales. Las muestras de la dieta son entregadas a la Universidad de la Amazonia.
Cuando llegaron por primera vez al Santuario, la tarea inicial consistió en caracterizar el árbol-nido, sus medidas, ecología, botánica y muestras de la dieta. Justamente en esa visita colectaron restos de un erizo consumido el día anterior.
La experiencia les dice que por lo general estas aves utilizan árboles como achapos y ceibas, pero pueden llegar a ocupar otras especies.
En otros nidos que estudia el proyecto, dependiendo del avance del evento de anidación, se determina el ascenso al árbol o al nido.
Para esto, es necesario que la actividad de los parentales haya disminuido notoriamente. En el caso de Macarena, la reserva decidió temporalmente no llevar a cabo el ascenso a los árboles, por eso todo el monitoreo se realiza desde el suelo
Para ir al Putumayo se necesita hacer todo un proceso logístico porque el viaje es más largo que a La Macarena o al Bajo Caguán.
Arranca a las 7 de la mañana desde Puerto Arango, en el río Orteguaza, para bajar al río Caquetá durante siete horas. Llegan a La Tagua y de allí toman un carro a Puerto Leguízamo por media hora más.
Una lancha los lleva hasta el Resguardo Indígena Lagartococha de la comunidad indígena Murui Muina y ahí se embarcan por 50 minutos al río Putumayo.
Al llegar al resguardo caminan por tres horas, selva adentro, hasta divisar el nido.
En este caso se realiza un estudio desde la parte alta del árbol, donde se instalaron cámaras trampa. También, se realizan ascensos al nido -con equipos especiales- para tomar las diferentes muestras.
“Son dos experiencias diferentes, muy contrastantes. Una en un contexto indígena, de saberes ancestrales como es el pueblo Murui Muina en límites con Perú y la otra en un contexto de comunidades campesinas que tienen un manejo y una perspectiva diferente de su territorio como es la del Meta. Sin embargo, coinciden en el deseo de trabajar por la conservación de la selva. Dos experiencias y esfuerzos diferentes que evidencian lo que es estudiar y seguir águilas harpías en la Amazonia colombiana”, comentan los biólogos de Soy Harpía Amazonia.
A pesar de los logros, el proyecto debe afrontar la falta de presupuesto, teniendo en cuenta que no cuentan con un músculo financiero permanente. El águila harpía y sus nidos suelen encontrarse en territorios bastante alejados y llegar hasta allí implica una logística grande y costosa porque los desplazamientos se dan por vías terciarias lejanas y grandes ríos.
Los investigadores afirman que, adicionalmente, “estos territorios convergen con contextos sociales muy diferentes al centro del país y en ocasiones esto puede convertirse en una barrera de acceso a estas zonas apartadas”.
“Es necesario cambiar la imagen del investigador e involucrar directamente y de manera honesta a miembros de las comunidades. Otro limitante, no menos importante, ha sido la falta de equipos como binoculares y cámaras trampa para los monitores locales, los cuales son costosos y necesarios para el desarrollo óptimo del monitoreo”.
¿A dónde quieren volar?
El reto de los investigadores es llegar a nuevos territorios, sumar otros nidos y más información científica para la especie en la región, y así mismo, poder involucrar a más comunidades en estos ejercicios científicos.
Camilo, Dayana y Leydy advierten que les queda mucho por hacer y esperan poder consolidar los esfuerzos de las comunidades que actualmente cuidan sus nidos, para lo cual será necesario no solo promover la investigación científica sino también estrategias productivas sostenibles a través de las cuales se involucren directamente las comunidades y sus frutos amazónicos, porque esto favorecerá la conservación del bosque tropical y el desarrollo social, económico y educativo de estos territorios.
Quieren aliarse con propuestas productivas basadas en el uso sostenible de los recursos no maderables que puedan brindar otras alternativas económicas a cambio de cuidar el bosque.
“Esperamos que el águila harpía se convierta en una embajadora de la conservación, al ser una especie sombrilla no solo la conservamos a ella, sino al bosque húmedo tropical amazónico y todas las especies de fauna y flora que allí habitan”.
HARPÍA EN LOS PAÍSES AMAZÓNICOS
Ecuador
Existe el Programa de conservación del Águila Harpía, creado por la bióloga española Ruth Muñiz, quien la estudia hace más de dos décadas.
Gracias a este han detectado 27 nidos activos en las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Morona Santiago, con avistamientos en Esmeraldas.
Con equipos de rastreo han mapeado las trayectorias del ave, incluso cerca a poblaciones humanas.
Cuando esto ocurre, el Ministerio de Ambiente y el equipo del Programa se desplazan a capacitar a las comunidades para que no la cacen.
Existen programas de investigación y rescatede harpías en varias universidades.
Perú
Se destaca la Iniciativa HarpyCam del proyecto Wired Amazon que ha desplegado más de 100 cámaras trampa para registrarla desde el refugio Amazonas hasta el Tambopata Research Center, ellos estudian la vida el animal desde su nacimiento hasta que abandona el nido.
En este país el águila no es una especie en peligro, pero los investigadores están alerta por la tala ilegal de grandes árboles.
Brasil
La organización ‘Proyecto Harpía’ ha desarrollado estudios e investigaciones desde hace más de 20 años, con ayuda de comunidades locales. Se reconocen investigaciones de seguimiento satelital, programas ‘in situ’ y ‘ex situ’ en varias regiones de la Amazonia.
World Land Trust también ha desarrollado programas que se extienden a Belice y Ecuador.
Este reportaje está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente citando a su autor, medio y publicando el enlace
Nos internamos en un refugio para la rehabilitación de aves rapaces maltratadas o enfermas, donde a través de técnicas de cetrería —desde hace dos décadas— las recuperan. Algunas pueden volver a los bosques, otras se pierden para los ecosistemas.
Olga Cecilia Guerrero/ Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
Una hembra de halcón pechinaranja (Falco deiroleicus) apareció herida de gravedad en una calle de Rionegro, Antioquia. Mientras cazaba se estrelló contra una estructura y quedó tendida en el suelo. La diagnosticaron con trauma craneoencefálico y fractura de escápula, el canal óseo por donde pasa el músculo pectoral. Una veterinaria de la Corporación de las Cuencas de los Ríos negro y Nare (Cornare) la operó de emergencia. Se trató de una cirugía compleja, pero dejó buenos resultados: el halcón pudo volver a volar. Sin embargo, el trauma craneoencefálico le produjo ceguera en el ojo izquierdo.
Felix es un macho de águila penachuda (Spizaetus ornatus) galana, elegante o coronada. Estaba siendo traficada a Ecuador cuando agentes de la Policía Nacional la hallaron en un escondite dentro del baúl de un carro, durante un retén en El Patía, Cauca. Iba a ser sacrificada para preparar una ‘medicina natural’ contra el cáncer. En ese momento era juvenil.
Morita es un águila de páramo (Geranoaetus melanoleucus) que habita en toda Suramérica. Fue decomisada a un narcotraficante en Norte de Santander, cuando estaba en su etapa juvenil, hace unos doce años. Se le conoce también como águila paramuna, mora, pechinegro o escudada. Se destaca por su coloración gris, blanca y negra.
Entre samanes, frutales, guayacanes y palmas se convierte en un lugar único en su género en Colombia, por su especialización en este tipo de fauna.
Hasta allí son enviadas, desde diferentes regiones del país, especímenes afectados por accidentes, tráfico de fauna, tenencia ilegal o cacería. Es por esto que los huéspedes del Centro tienen una característica común: un historial de sufrimiento y maltrato.
Fotografías: Ignacio Galán
Centro de Rehabilitación Rapaces ‘Crarsi’ en Pereira, Risaralda, Colombia. Foto: OlgaCGuerrero / Red Prensa Verde
Las aves llegan con fracturas, lesiones en alas, proyectiles incrustados, traumas oculares, pododermatitis o clavos en sus patas, malestares respiratorios, infecciones, deshidratación y otras afecciones. Algunos ejemplares han sido transportados por la Fuerza Aérea, vuelos comerciales o en carro, y protegidos en guacales caninos, en canastas de esterilla, cajas de madera o de cartón.
Otras no han alcanzado a recibir los primeros auxilios debido a la gravedad de las heridas, a la demora en los trámites para el transporte, al desinterés o la falta de recursos de algunas Corporaciones Autónomas.
Las primeras, como en un hospital de humanos, son atendidas según su diagnóstico y cada una tiene un tiempo distinto para su tratamiento y recuperación. Además de los cuidados básicos, pueden requerir medicamentos, generalmente costosos como el Voriconazol que puede superar los dos millones de pesos o vitaminas como el VitaHawk, Provital, Carnivore y complementos nutricionales que debe ser importados.
Este refugio para las aves está certificado como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) ante la autoridad ambiental y actualmente hospeda a pacientes, residentes y aves para control de fauna.Las primeras, como en un hospital de humanos, son atendidas según su diagnóstico y cada una tiene un tiempo distinto para su tratamiento y recuperación. Además de los cuidados básicos, pueden requerir medicamentos, generalmente costosos como el Voriconazol que puede superar los dos millones de pesos o vitaminas como el VitaHawk, Provital, Carnivore y complementos nutricionales que debe ser importados.
Cada especie tiene una alimentación específica, basada en su dieta silvestre. Esta debe ser fresca, pesada por porción, según el tamaño y requerimientos del ave. En los refrigeradores de Crarsi se encuentra codorniz, conejo, pollo o roedor. Las aves que logran superar sus problemas de salud, reciben un entrenamiento especial en vuelo y caza, para su posterior liberación en un área cercana de dónde fueron extraídas. En las dos últimas décadas han sido rehabilitadas y liberadas más de 700, en diferentes bosques de Colombia. Algunas de estas se les ha hecho seguimiento con telemetría y otras tecnologías adaptadas a los cuerpos de las aves.
Equipos de telemetría Aves Crarsi – OCGR RedPrensaVerde
Equipos de telemetría para aves utilizados en el Centro Crarsi. Foto RedPrensaVerde
Aves perdidas
El segundo grupo es el de las aves residentes y dentro de estas se encuentran las que pueden volar y las que no. Estas últimas han sido víctimas de maltrato humano, ya sea ataque con disparos o que adquirieron enfermedades osteomusculares que nos les permiten llevar una vida normal, declara Ana María Morales, bióloga de fauna silvestre e investigadora de Crarsi.Explica las que pueden volar han sido víctimas de la tenencia ilegal de fauna y están improntadas en los humanos, porque han sido sacadas desde muy chiquitas del nido: “Para las aves, quien los alimenta y protege es su propia especie y eso les causa un daño de por vida”.
Son aves que no van a ser liberadas por sus problemas permanentes de salud y se quedan allí como insignias de su especie haciendo parte del programa de educación ambiental.
Justamente algunas de las que ya no tienen posibilidad de retornar a su área natural y están perdidas para los ecosistemas son las tres aves que se mencionaron al inicio de este reportaje, el halcón y las dos águilas:El halcón Pechinaranja accidentado en Rionegro no ha terminado su entrenamiento, probablemente no pueda ser liberado, no se ha tomado la decisión si se queda como residente. Su lesión ocular le impide ver por el ojo izquierdo.
Este pájaro es considerado como uno de los más raros del mundo, de población escasa y poco estudiado en Colombia. “Antes se creía que era selvático, de la Amazonía y de alguna parte del Chocó, pero resulta que estos pájaros se han vuelto urbanos, tal vez persiguiendo a las palomas torcazas (Zenaida auriculata) que crecen altamente en la urbe”, explica Alex Ospina, director de la Fundación Águilas de los Andes.
“Hemos encontrado esta especie en Bogotá, Tunja, Medellín, Cali y Pereira o sea ya no son halcones exclusivamente de selva. Por este boom del avistamiento de aves se han tomado fotos en estos lugares y eso es sorprendente porque están desde tierras bajas hasta Bogotá”.El águila penachuda tampoco cumplirá su función como depredadora en un ecosistema de bosque por su impronta. Lo mismo ocurre con Morita, el águila de páramo, no se puede liberar porque, aunque vuela y caza, tiene una dependencia humana bastante marcada.
“Es una ave perdida para los ecosistemas. Si se dejara libre buscaría a la gente inmediatamente y volvería a estar en peligro. Al llegar a su madurez se ha tornado agresiva porque busca aparearse con quienes considera su familia, los humanos”, enfatiza la bióloga Morales.
Debido a los daños que sufrieron estas aves, ahora cumplen una tarea distinta a su naturaleza, la lucha contra del tráfico de fauna y la tenencia de aves como mascotas. Entre tanto, pacientes como cernícala, águila arpía, halcón peregrino o las águilas reales de montaña y muchas más, siguen sanando sus heridas en medio de cantos y vocalizaciones.
Graznidos de ayuda
Con todo el trabajo que tiene la organización para la atención diaria a las rapaces, también lucha a diario para su sobrevivencia. No es fácil mantener a tantas aves las 24 horas durante los 7 días a la semana. Alex Ospina, su fundador, afirma que además de ser una pasión, este ejercicio de conservación genera costos que van desde el pago del arriendo, la alimentación los medicamentos, el personal, hasta la adecuación de las cámaras donde se alojan las aves, que deben ser de una madera especial para que no se lastimen.
Para suplir sus gastos, Crarsi gestiona recursos, acude a la venta de camisetas, tiene un programa de apadrinamiento de pacientes, hace crowdfunding para reparar las instalaciones y busca el apoyo de entidades gubernamentales y privadas que quieran unirse a la labor de restaurar a las víctimas del tráfico ilegal.Su trabajo es una forma de vida para que las aves que llegan con las alas rotas, con ayuda de los especialistas, puedan emprender el largo camino a la libertad.
Plumas nuevas
Injerto de plumas a un águila real de páramo en Crarsi. Alex Ospina, Ana María Moreno y Alejandro Henao. Foto: OlgaCGuerrero / RedPrensaVerde 2023
Uno los procesos especializados que desarrollan en Crarsi para la recuperación de la avifauna consiste en restablecer el plumaje de las aves. Alex Ospina, director de la Fundación Águilas de los Andes (FADA) es quien realiza el injerto de plumas dañadas para dejarlas en condiciones óptimas.
Las plumas rotas son reparadas con otras de este u otros animales, técnica que aprendió hace muchos años y que ha sido efectiva para que los animales no pierdan su capacidad de vuelo.
A la luz del día, con la ayuda de dos asistentes, por más de dos horas realiza la intervención no invasiva, no causa dolor al animal. Comienza con la selección de las plumas en un banco que tiene el Centro, recopiladas de diferentes especies, colores y tamaños. Cada ave tiene alrededor de 50 y 52 y durante el proceso van siendo reparadas según el orden que cada una ocupa en el plumaje.
Acompañamos a Crarsi en el procedimiento de injerto de plumas a Morgan, un águila real de Montaña, especie emblemática para esta organización.
Nuestro más reciente informe multimedia https://alas-rotas.com/ relata la realidad de las aves rapaces afectadas por la cacería no sostenible, los accidentes en vuelo, el tráfico y la tenencia ilegal.
Encontramos un lugar en Pereira, Colombia, donde un grupo de investigadores especializados dedica su tiempo a recuperar estas aves maltratadas o enfermas. Es el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces San Isidro (Crarsi) de la Fundación Águilas de los Andes (FADA) a donde llegan ‘pacientes’ de todo el país. Una vez diagnosticadas reciben tratamientos, terapias y cuidados especiales para sanar sus heridas.
Algunas de esta aves son remitidas por las autoridades ambientales y generalmente primero son atendidas de urgencia en el Bioparque Ukumarí de Pereira, especializado en fauna silvestre, dotado de alta tecnología y aliado de Crarsi.
Después de varios meses de trabajo muchas aves consiguen restaurar sus habilidades alimenticias, de vuelo o caza para una posterior liberación en la naturaleza. Otras, no lo logran y deben quedar bajo protección humana para siempre.
Felix es un macho de águila penachuda (Spizaetus ornatus). Foto: Olga Cecilia Guerrero / RPV
Este informe multimedia de Red Prensa Verde está compuesto por cuatro reportajes: Alas rotas: el trabajo de rehabilitación de las aves; Morgan alista vuelo, el estado de conservación del águila real de montaña (Spizaetus isidoris); Cetrería,como técnica de conservación y Tráfico, las cifras que se mueven en Colombia.
A lo largo del informe, la audiencia encontrará infografías y audiovisuales como por ejemplo el procedimiento de injerto de plumas que reciben las aves con traumas en sus alas y otro sobre el arte de la Cetrería.
Causan problemas a flora y fauna de diversos países, a través de la depredación, la competencia, la transmisión de enfermedades o la hibridación. También generan impactos a la salud pública y a las economías.
La población decastores en Chile y Argentina se estima entre los 100 000 y los 150 000. Esa invasión afecta ya todas las cuencas hídricas de Tierra del Fuego. Los científicos ecuatorianos creen que el caracol africano ha llegado al 95 % del territorio, mientras que la rana coquí antillano se encuentra en grandes ciudades colombianas como Cali, Bucaramanga y Barranquilla y, además, ha desarrollado resistencia a un mortal hongo que afecta a otros anfibios.
En Perú, la liebre europea va liderando una carrera de alta velocidad, pues avanza hasta 14,5 kilómetros por año en la puna peruana y más de 18 kilómetros anuales a lo largo de los ríos de la costa y la sierra. En México tratan de cerrarle las puertas a la palomilla del nopal, ya que sus larvas son capaces de acabar con una penca entera en menos de 24 horas.
Estos son cinco casos que ilustran los efectos negativos de especies invasoras en Latinoamérica. Cinco casos que son abordados en reportajes realizados por Mongabay Latam; La Barra Espaciadora, de Ecuador; El Tiempo, de Colombia; y La Lista, de México, y que se suman a las historias del visón americano (Argentina), el kikuyo (Perú), el lirio acuático (México), la tilapia (Ecuador), el hipopótamo (Colombia) y el paiche (Bolivia) publicadas en el 2022.
En cada país hay decenas de especies como estas que fueron introducidas a territorios que no eran su hábitat nativo, y que en esos nuevos espacios han generado múltiples estragos. Plantas, animales y microorganismos han sido llevados de manera intencional y accidental a lugares en donde ahora se les considera invasoras; algunos de ellos han encontrado ahí condiciones óptimas para vivir, por lo que sus poblaciones han crecido, incluso, a ritmos mayores que en sus rangos de distribución original. Algunas de estas especies se establecen y propagan causando impactos adversos y, en varios casos, irreversibles.
El castor es 100 % vegetariano y tiene hábitos familiares, ya que vive en pareja junto a una o dos camadas de crías. Cada pareja suele tener un par de descendientes al año. Este roedor puede vivir entre cinco y seis años. Foto: Pixabay.
En un artículo reciente publicado en Forum Network —un espacio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para expertos y líderes de opinión—, los investigadores Helen Roy, Tanara Renard Truong, Peter Stoett y Aníbal Pauchard destacan que “hay muchas formas en que las especies exóticas invasoras causan problemas a otras especies, por ejemplo, a través de la depredación, la competencia, la transmisión de enfermedades o la hibridación. Las especies exóticas invasoras están implicadas en muchas extinciones en todo el mundo, especialmente en islas que son particularmente vulnerables a las invasiones biológicas”.
El Informe de Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental de Política Científica sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés), publicado en 2019, reveló que un millón de especies están en riesgo de extinción. Entre las causas directas de la crisis de pérdida de biodiversidad se encuentran las especies exóticas invasoras.
“Quizás lo que más cuesta hoy es que la sociedad entienda que el conjunto de todas las invasiones biológicas es un problema. Si la gente sigue mirando a cada especie invasora por separado, lo ve como un problema local, pero en realidad estamos ante un problema mayor, un problema global”, asegura Aníbal Pauchard, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de Chile y profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.
En el 2015, autoridades peruanas realizaron campañas informativas y recogieron información sobre la especie. Foto: cortesía de Serfor.
Un problema global que se sale de control
“Los registros acumulados sobre especies exóticas invasoras han aumentado un 40 % desde 1980, de la mano del incremento del comercio y de las dinámicas y tendencias de las poblaciones humanas. Casi una quinta parte de la superficie terrestre corre el riesgo de sufrir invasiones de fauna y flora, con los consiguientes efectos sobre las especies autóctonas, la función ecosistémica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, así como sobre las economías y la salud humana”, indicaba IPBES en su informe de 2019.
La preocupación por este tema es tal que, hacia finales de 2023, IPBES publicará el primer gran informe global sobre especies invasoras. Se trata de una evaluación temática preparada durante los últimos cuatro años por 86 destacados expertos de todas las regiones del mundo y de muchas disciplinas.
El informe presentará y evaluará críticamente la evidencia disponible sobre las tendencias, impulsores e impactos de las invasiones biológicas en las personas y la naturaleza. Además, delineará opciones clave de gestión y políticas para lograr los objetivos establecidos por el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal en diciembre de 2022. De hecho, la meta 6 se refiere específicamente a las especies invasoras y plantea reducir en un 50 % las tasas de introducción y el establecimiento de especies invasoras potenciales o conocidas.
Rana coquí antillano en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga – EL TIEMPO.
Para Pauchard, quien está coordinando el informe que presentará IPBES este año, es muy positivo tener una cifra tan ambiciosa como el 50 %, pero asegura que esto significa que los países ya deben pasar del discurso a realmente tomar acciones concretas para combatir este gran problema para la biodiversidad. “Cada país va a tener que establecer una infraestructura, y cuando digo infraestructura no me refiero solamente a una infraestructura física, sino a una infraestructura institucional y a una gobernanza que permitan alcanzar esta meta”, dice el investigador.
En muchos casos, los efectos negativos de las especies invasoras no solo rompen el equilibrio de los ecosistemas nativos sino que traen importantes retos económicos y hasta de salud pública.
En Argentina, por ejemplo, se calcula en 66 millones de dólares anuales las pérdidas por daños directos a los bosques ocasionados por el castor (Castor canadensis) y, en Chile, en 2020, se estimó en 73 millones de dólares el perjuicio económico provocado por esta especie que tumba árboles y crea represas en los ríos. “Los árboles de la Patagonia —coihues, lengas, ñires, raulíes, entre otros— pertenecen todos al género Nothofagus que no pueden vivir en un humedal y demoran varias décadas en crecer”, explica Alejandro Valenzuela, bioecólogo especializado en manejo de especies invasoras e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.
La liebre europea (Lepus Europaeus) es una especie con características ventajosas para expandirse en los lugares a los que llega. Cada hembra adulta puede tener de 2 a 3 partos anuales, sumando entre 5 y 13 cachorros por año, ya que la gestación apenas dura 42 días. Además, el macho alcanza la madurez sexual a los 6 meses de edad y la hembra, a los 7 u 8 meses. La liebre no tiene depredadores en Perú y el biólogo Daniel Cossíos aclara que una especie nativa como el zorro gris es muy pequeña para cazarla; mientras que el zorro serrano —que es un poco más grande— es poco común en la costa. Y aunque los pumas y las rapaces sí podrían consumirla, eso parece no estar ocurriendo aún y tampoco se sabe con exactitud en cuánto tiempo la considerarán una presa. Mientras tanto, la liebre sigue causando problemas a la agricultura pues se alimenta de cultivos como cebada, quinua, tarwi, avena, alfalfa y papa.
El 31 de julio de 2006 se detectó la plaga en la punta sur del destino turístico de Isla Mujeres, a una hora de Cancún. La especie de nopal afectada fue la Opuntia dillenii. Foto: Caleb Slemmons – Flickr.
La palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), que fue un controlador eficaz de nopales invasores en Australia y Sudáfrica, genera un gran temor entre los científicos mexicanos, pues en este país hay más de 100 especies nativas de nopales. México es el primer productor de estas plantas a nivel mundial con 874 000 toneladas al año, según reportó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2022. Los científicos aseguran que si la plaga, que ya había afectado en el pasado a varias islas del Estado de Quintana Roo, entra al territorio continental, la catástrofe natural y económica podría ser de magnitudes inimaginadas.
En Ecuador, el caracol africano (Achatina fulica) no es solo un problema para plantas nativas y cultivos comerciales de gran escala, sino que el molusco está asociado a varias enfermedades que pueden afectar a los humanos, como la meningitis. Por ejemplo, en el 2008, tres años después del primer hallazgo de caracol africano en el país, hubo un brote de esta enfermedad en la costa ecuatoriana por la ingesta del molusco que dejó, incluso, muertos. “En el 2008, yo pensé que esto iba a quedar en la memoria, en la huella histórica de Ecuador, porque 10 personas murieron; los niños quedaban bizcos por la meningitis. La meningitis indica muerte”, dice Modesto Correoso, uno de los investigadores que más ha estudiado moluscos terrestres en el país.
En el caso de la rana coquí (Eleutherodactylus johnstonei), su expansión en las grandes ciudades colombianas ha sido tan vertiginosa que la gente piensa que se trata de una especie local. Una de sus principales características es que, a pesar de su pequeño tamaño de aproximadamente 3 centímetros, emite sonidos entre los 2000 y 3500 hertz. “El volumen al que esta rana canta afecta bastante a otras especies de ranas y anfibios que utilizan vocalizaciones”, destaca Camilo Estupiñán, biólogo e investigador que ha estudiado a la coquí antillano en Cali. Por ejemplo, entre las ranas amenazadas por su canto están la endémica Dendropsophus columbianus y algunas especies de los géneros Scinax, Leptodactylus y Eleutherodactylus.
El caracol africano es capaz de acabar con plantaciones enteras, si se sale de control. Sin, embargo, también se alimenta de otras especies y puede llegar a ser caníbal. (Foto: cortesía, archivo personal de Modesto Correoso).
Para Ileana Herrera, bióloga, profesora de la Universidad Espíritu Santo e investigadora del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (Inabio), en los países latinoamericanos es común que existan las políticas, las normativas y los reglamentos para atender especies invasoras, “pero falta la ejecución, cómo llevar al campo toda esta teoría del manejo y el control de las especies. Necesitamos protocolos que puedan ser ejecutados en el campo con los recursos que tenemos”, comenta Herrera.
El reto es grande si se quiere cumplir con la meta de reducir en 50 % las tasas de introducción y establecimiento de especies invasoras que se fijó en el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB). En 2019, el IPBES ya lo dejó bastante claro: “El ritmo de introducción de nuevas especies exóticas invasoras parece ser mayor que nunca y no tiene visos de disminuir”.
*Imagen principal: El castor es 100 % vegetariano y tiene hábitos familiares, ya que vive en pareja junto a una o dos camadas de crías. Cada pareja suele tener un par de descendientes al año. Este roedor puede vivir entre cinco y seis años. Foto: Cristopher B. Anderson.
Casi 3 000 especies de flora y fauna silvestres se encuentran en Peligro Crítico de extinción en América Latina y el Caribe. En su Día Mundial, expertos en especies silvestres buscan hacer énfasis en la importancia de las estrategias de conservación para salvarlas.
Alrededor del mundo, más de 150 000 animales, plantas y hongos corren el riesgo de desaparecer por los efectos de las actividades humanas. De estas, al menos 63 183 especies silvestres están bajo alguna categoría de amenaza en Latinoamérica y el Caribe. Así lo establece la Lista Roja de las especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Este inventario mundial es un sistema para clasificar a las especies que están en alto riesgo de extinción. De la cantidad de especies animales y vegetales evaluadas por científicos en los países de América Latina y el Caribe, 2 743 están en la categoría más riesgosa: En Peligro Crítico de extinción.
Este panorama ha llevado a que científicos, organizaciones no gubernamentales y comunidades pongan en marcha numerosas iniciativas exitosas que luchan para salvarlas. Una de ellas es Revertir el Rojo, movimiento global que impulsa la cooperación estratégica y la acción para garantizar la supervivencia de las especies y los ecosistemas silvestres, y que busca reunir a agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, zoológicos, acuarios, jardines botánicos o acuerdos multinacionales, entre otros colaboradores.
“Lo que queremos hacer con Revertir el Rojo es cambiar la narrativa: que sea optimista y positiva. No se trata de lamentarnos por todas las especies que están disminuyendo, sino de unir esfuerzos y recuperarlas”, afirma Jon Paul Rodríguez, doctor venezolano en ecología y biología evolutiva que, desde 2016, es presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN.
La CSE reúne a una red de más de 8 500 científicos voluntarios que, en casi todos los países del mundo, trabajan en la generación de conocimiento sobre el estado de las especies y las amenazas a las que se enfrentan —información con la que alimentan a la Lista Roja—, así como para proporcionar asesoramiento, desarrollar políticas y directrices y facilitar la planificación de la conservación.
Ser optimistas no significa ocultar la realidad, reitera Rodríguez, pues la tendencia negativa en la pérdida de biodiversidad no se detiene. Aún así, “hay que reconocer que, cuando nos sentamos juntos, nos ponemos a pensar, tomamos la experiencia y la evidencia científica y, con ello orientamos e informamos nuestros planes de acción, es muy común que el resultado sea una mejora del estatus de las especies”.
Estos son tres casos exitosos en la recuperación de especies amenazadas en Latinoamérica, hoy es el Día Mundial de las Especies Amenazadas, que se celebra el tercer viernes de mayo de todos los años desde 2006 a partir de una propuesta de la Coalición de las Especies Amenazadas
Evitar que desaparezcan los jaguares
En los bosques secos del Chaco boliviano, la expansión de la frontera agrícola se ha convertido en un problema para el jaguar (Panthera onca). En estas zonas, el félido suele verse como un animal peligroso que puede atacar a las personas o a su ganado. Por este motivo, aunque es una especie protegida, ha vivido una intensa persecución.
“La verdad es que, si alguien gana, siempre es el humano. Al final, es quien termina disparando. No es algo de mano a mano”, dice Liliana Jáuregui, especialista en casos de justicia ambiental para el Comité Holandés de la UICN y líder del proyecto Operación Jaguar.
Esta es apenas una de las amenazas para este mamífero. La caza, el tráfico ilegal, y la destrucción de su hábitat son otros factores que han puesto a los jaguares bajo la categoría de Casi Amenazado en la Lista Roja de la UICN.
“Se levanta un peligro y empieza otro”, —afirma la experta—. “En los últimos 70 años, su distribución histórica se redujo en un 50 %, debido a problemáticas como el cambio de uso de suelo o por los bosques arrasados y convertidos en pastizales para ganadería. Además, el jaguar ha enfrentado durante siglos una presión sistemática por cacería de diferente fin. También, por el acceso que se tiene ahora al hábitat del jaguar, hay muchas más posibilidades de comercializar ilegalmente a los cachorros”, explica Jáuregui.
Operación Jaguar trabaja con cuatro estrategias. La primera, es entender el tráfico, cómo y por qué se hace. Segundo, proteger las áreas bastión del jaguar en colaboración con las comunidades. Tercero, colaborar con las autoridades para combatir los crímenes ambientales contra la especie. Y, finalmente, crear conciencia a nivel de los países de donde se extrae la especie, pero también en aquellos que son intermediarios y destinatarios.
“Para proteger a la especie, trabajamos con organizaciones y con todas las formas de gobernabilidad que existen en el territorio: gobiernos indígenas, municipales y nacionales, por ejemplo”, señala Jáuregui.
A través de las investigaciones de Operación Jaguar, la UICN y Earth League International (ELI) lograron identificar a 75 personas de interés involucradas en sofisticadas redes del tráfico de jaguar en Latinoamérica. A la vez, demostraron cómo es que este crimen contra la vida silvestre está vinculado con otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la minería ilegal en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Surinam.
“Nuestro eslogan es que el jaguar no siga el destino que ha tenido el tigre— concluye Liliana Jáuregui. “Cuando ya está en la Lista Roja y avanza en las categorías, es muy difícil volver. No basta con restaurar cientos de áreas de bosque para que el jaguar esté bien. Necesita mucho más espacio. El hábitat es un factor crítico, por eso hay que hablar de conectividad, de colaboración y trabajo transnacional y regional, así como del involucramiento a las comunidades”.
Garantizar la permanencia del vuelo de la cotorra margariteña
La cotorra margariteña (Amazona barbadensis) es la única especie del género de los loros verdes que habita en bosques secos. Esta ave de plumaje verde y amarillo brillante, solamente se encuentra en la costa de Venezuela, en las islas de Margarita y La Blanquilla, además de la zona oeste de la Península de Macanao. También se les puede encontrar volando en Bonaire, isla de los Países Bajos.
“Así que, prácticamente, es una especie venezolana, con una población en Bonaire”, dice Jon Paul Rodríguez. En 1987, el experto fundó la organización Provita, en Venezuela, dedicada al desarrollo de soluciones para la conservación y que, dos años más tarde, se dedicó a la conservación de esta ave actualmente enlistada como Casi amenazada en la Lista Roja de la UICN.
Hay dos amenazas principales para la cotorra: la captura y venta ilegal para convertirla en mascota y la extracción de arena para la construcción, que arrasa con los árboles que son su hábitat.
“Primero, es muy interesante el fenómeno de las mascotas, porque en Macanao la mayor parte de las personas —que no son muchas, son pocos miles— son pescadores. Cuando los hombres se van a pescar y pasan tres o cuatro meses en altamar, hay una tradición de dejar una cotorra con su familia, con la esposa y los hijos, que les acompaña en su ausencia. No es exactamente un sustituto del hombre, sino un miembro más de la familia”, narra Rodríguez.
Esta tradición ha generado una altísima presión para las cotorras, pues se estima que hay unas 3 000 en cautiverio, dentro de las casas de la península de Macanao, mientras que, en vida silvestre, se cuentan cerca de 2 000.
Macanao tiene un ambiente árido, donde la mayor parte de los árboles grandes crecen a orilla de las quebradas estacionales, al pie de las laderas del paisaje montañoso. Allí es donde ocurre la minería de arena a cielo abierto, actividad económica que se ha extendido a lo largo de la zona. Ese mismo lugar es donde las cotorras tienen sus nidos.
Cotorras cabeciamarillas (Amazona barbadensis) despegando desde un palosano (Bulnesia arborea). Foto: Vivek Menon
“Hay dos árboles en particular —el guayacán (Guaiacum officinale) y el palo sano (Bulnesia arborea)—, que son muy grandes y es donde las cotorras forman cavidades y ponen sus nidos. La actividad de extracción de arena ocurre en estas quebradas y, para poder hacerlo, remueven toda la vegetación. Es un impacto muy severo sobre las zonas de reproducción: árboles muy sanos, grandes y bellos son eliminados por completo”, describe el especialista.
El trabajo del equipo ha consistido en la restauración de los bosques que la minería destruyó y en prevenir el saqueo de los nidos a través de la vigilancia. También en la creación de nidos artificiales mejorados con base en la investigación. Estas actividades son realizadas por Provita en colaboración con los EcoGuardianes, habitantes de la isla entrenados y dedicados a la conservación, así como con el Hato San Francisco, aliados por muchos años de la organización y en donde opera la Arenera La Chica.
“El efecto de todo esto ha sido extremadamente positivo. Cuando empezamos a trabajar en los años ochenta, había como 700 cotorras y, hoy en día, hay unas 2 000. Es decir, hemos triplicado la población. Los últimos cuatro años, del 2019 para acá, han sido nuestros años de mayor producción”, afirma Rodríguez.
Como parte del proyecto, se registró el nacimiento de 140 pichones en el año 2019; en el 2020, otras 140 aves más y, en los dos años siguientes, 2021 y 2022, llegaron a 200 y 212 nuevas cotorras. En este 2023 documentaron por primera vez el nido con el mayor número de pichones a la vez: siete.
“Es un proyecto de esos que me hace muy feliz. Si tú vas al campo en este momento, en temporada de cotorras, es fabuloso, fabulosísimo, porque los sitios donde trabajamos —como la quebrada La Chica— puedes estar caminando por el bosque seco y hay cientos de cotorras alrededor tuyo, volando y haciendo nidos”, concluye Rodríguez.
Evitar que las cactáceas sean historia
Querétaro es un estado pequeño, de poco más de 11 000 kilómetros cuadrados, ubicado en la región norte central de México. A pesar de su tamaño, tiene una riqueza en plantas —todavía inexplorada en su totalidad— que podría rebasar las 4 000 especies.
Algunas tienen mayor foco de atención porque son únicas en el planeta. El caso más emblemático es la Mammillaria herrerae, cactácea que hoy es bandera para proteger a todas las demás cactáceas y el resto de flora del semidesierto queretano hidalguense, conocido también por ser la porción más al sur del gran desierto de Chihuahua, y donde se encuentran alrededor de 30 especies en riesgo de extinción.
“Es una planta muy emblemática y atractiva. Sólo por su belleza estética y sin menoscabar todo su valor estético y económico —porque lo tiene— es la cactácea más bonita del mundo”, dice Emiliano Sánchez Martínez, director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, de Querétaro, institución que se enfoca no solamente en el trabajo directo con las especies silvestres, sino a investigar el funcionamiento general de los ecosistemas.
Mammillaria herrerae, Emblema de la Biodiversidad del Estado de Querétaro. Foto: Archivo del Jardín Botánico de Cadereyta
La especie fue descubierta a finales de la década de los años veinte y descrita en 1931. En la actualidad, como tantas otras plantas, Mammillaria herrerae tiene dos grandes problemas: su extracción ilegal y la acción humana sobre el territorio, principalmente, con procesos agrícolas y construcciones que afectan su hábitat.
“Desde el momento de su descubrimiento ha estado sujeta a las presiones de extracción ilegal, a grado tal de que algunas de sus poblaciones han sido totalmente extirpadas”, dice Sánchez, experto que colaboró en la evaluación de la cactácea para incluirla, en 2009, bajo la categoría de Críticamente Amenazada, en la Lista Roja de la UICN.
“Entre 2015 y 2016, censamos a la especie y encontramos que existen solamente dos poblaciones, una de ellas muy mermada. Necesitamos reforzar las cuestiones del hábitat porque es crítico”, agrega. Para recuperarla, investigadores del Jardín Botánico lograron reproducirla, tanto por la vía convencional —a través de la semilla—, como a través de técnicas de cultivo de tejidos.
“Aunque no contamos con un laboratorio para el cultivo de tejidos, estamos haciendo alianzas con universidades de Querétaro”, dice Sánchez. De la misma manera, el Jardín Botánico no sólo ha desarrollado múltiples proyectos para la propagación de esta y otras plantas, sino que se ha abocado a la investigación, conservación y educación ambiental, con lo que buscan que la gente conviva en armonía con la flora silvestre.
Unidad de Propagación de Plantas Silvestres está en funcionamiento desde 2003 en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, en Querétaro, México. Foto: Archivo del Jardín Botánico de Cadereyta.
Son tres las especies de tapir que habitan en los países de América Latina, desde México hasta el norte de Argentina, y todas están en algún nivel de riesgo de extinción. Investigadores de Colombia, Perú y México hablan sobre la situación, amenazas y programas de protección para estos mamíferos considerados arquitectos de los bosques.
En América Latina habitan tres de las cuatro especies de tapir que existen en el planeta: el de montaña o andino (Tapirus pinchaque), el de tierras bajas o amazónico (Tapirus terrestris) y el centroamericano (Tapirus bairdii). Según diversas investigaciones científicas, los fósiles más antiguos del género Tapirus datan de hace 30 millones de años.
Son los mamíferos terrestres vivos más grandes de América Central y América del Sur, con un peso que puede alcanzar los 300 kilos. Sus dimensiones no lo han salvado de estar en grave riesgo de extinción. El tapir de montaña y el tapir centroamericano están categorizados En Peligro, mientras el tapir de tierras bajas figura en situación Vulnerable, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El tapir centroamericano está categorizado En Peligro de extinción. Foto: Santiago Gibert Isern/WWF México.
Los tapires son considerados los arquitectos o jardineros del bosque, debido a su capacidad de dispersar gran cantidad de semillas de las plantas y frutas de las que se alimentan, permitiendo así que árboles y plantas crezcan en diferentes lugares. Así que su ausencia en los ecosistemas forestales tiene toda una serie de efectos negativos.
En elDía Internacional del Tapir, que se recuerda cada 27 de abril, veamos cuál es la situación de las tres especies que se encuentran en América Latina, desde México hasta el norte de Argentina, y qué se está haciendo para proteger a los arquitectos del bosque.
Una mirada a la especie milenaria
La principal amenaza de esta especie emblemática es la reducción y transformación de su hábitat. “La deforestación en Centroamérica está dejando sólo algunos relictos de bosque, la mayoría en la zona del Caribe. Mientras que en los Andes, especialmente en las zonas más altas, aún hay áreas muy conservadas, pero también es una zona de alto desarrollo urbano. Dos de las capitales de nuestros países Andinos están ubicadas en zonas donde potencialmente podría estar la especie”, comenta José Fernando González, director científico de la Fundación Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT), en Colombia.
González también menciona la transformación que está sufriendo la Amazonía, a partir de los intensos procesos de deforestación. Otras amenazas mencionadas por el director científico de ProCAT es la cacería, porque al ser una especie grande, “provee una cantidad de carne considerable”; así como el riesgo de ser atropellados. Para el tapir centroamericano y el amazónico, el atropellamiento es una amenaza muy fuerte.
Marina Rivero, integrante de Bioconciencia, organización dedicada a la bioconservación, la educación y la ciencia, menciona que otra de las amenazas es la infraestructura, como por ejemplo, la construcción del llamado Tren Maya en México o la construcción de carreteras, así como la implementación de nuevos sitios de zonas ganaderas que están transformando el hábitat del tapir.
Rivero también señala que la tasa de reproducción del tapir es lenta, lo que pone en riesgo su supervivencia. “Es una especie que tiene una gestación de 13 a 14 meses, más de un año, además, la cría se queda más o menos un par de años con la mamá. Entonces, para que esa hembra tenga una nueva cría tienen que pasar aproximadamente de 3 a 4 años. Eso limita el crecimiento poblacional de estos animales”.
Imagen de cámara trampa de un tapir de montaña (Tapirus pinchaque) tomada en Perú. Foto: SBC.
Se les llama fósil viviente —agrega Rivero— porque siguen teniendo la misma morfología desde que aparecieron hace 30 millones de años, pero cada vez se está reduciendo más la población de estas especies.
Lizardo Cruz, Coordinador de Paisajes Prioritarios de Jaguar del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF-México, menciona que el depredador natural del tapir es el jaguar; pero también existen conflictos con los perros. “Son perros domésticos que muchas veces, por la falta de cuidado, se vuelven parcialmente silvestres y crean problemas porque se van al monte y atacan animales, se les ha visto como depredadores importantes desde venados hasta tapires”
Colombia: una subespecie en Peligro Crítico
“Colombia es el único país que tiene presencia confirmada de las tres especies”, señala José Fernando González, director científico de la Fundación Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT). “Son tres especies muy carismáticas y muy importantes, pero que reciben poca atención para su conservación”, agrega.
El tapir es una especie milenaria en peligro de extinción. Foto: Marina Rivero.
Aunque todas las especies de tapir que habitan en Latinoamérica están con algún nivel de amenaza, la que más preocupa en Colombia es una subespecie del tapir amazónico, el Tapirus terrestris colombianus que, según el libro Rojo de Mamíferos de Colombia, está en Peligro Crítico de extinción, la categoría más alta de amenaza.
El Tapirus terrestris colombianus —explica González, de ProCAT— se restringe a las zonas bajas de la parte occidental de los Andes. “Es una subespecie del tapir amazónico que está críticamente amenazada con mucho riesgo de desaparecer porque habita en la región del Magdalena, que ha sido súper transformada por el desarrollo humano”, comenta.
Si bien el tapir de tierras bajas —que habita en los nueve países amazónicos, además de Paraguay y el norte de Argentina— es el menos amenazado de las tres especies del continente, en el caso de la subespecie que habita en Colombia la situación es diferente. “Esta subespecie está separada del resto de la distribución en la Amazonía, porque habita en el otro lado de los Andes, en los valles interandinos, donde prácticamente su hábitat ha desaparecido”.
González agrega que actualmente se realiza un estudio para analizar en dónde se está perdiendo el hábitat y en dónde están ocurriendo los mayores frentes de deforestación, además que se están haciendo investigaciones en la zona del Magdalena Medio para evaluar sus poblaciones.
“No tenemos una estimación de la población, pero sabemos que hay una población en la Sierra Nevada de Santa Marta y otra en el Magdalena Medio y se han hecho esfuerzos por mantenerla y recuperarla, pero sigue siendo una especie muy crítica en Colombia y con riesgo de desaparecer”, señala el investigador de ProCAT.
En el caso del tapir de montaña, que también habita en Colombia, González recuerda que en febrero de 2022 se lanzó el Programa de Conservación de la Danta de Montaña, una ruta de trabajo para proteger y conservar a las poblaciones de esta especie en Colombia. La iniciativa considera a las áreas naturales protegidas del sistema de parques nacionales como uno de los centros de atención para el programa, además que incluye otras iniciativas de conservación públicas y privadas.
El tapir amazónico (Tapirus terrestris) está categorizada en situación Vulnerable por la UICN. Foto: Instituto Humboldt Colombia.
Para el caso del tapir centroamericano — que también habita en Colombia, específicamente en la frontera con Panamá— González indica que no se tienen registros de esta especie desde hace varios años, por ello, se han instalado cámaras trampa en el Parque Nacional Natural Los Katíos. “Esperemos que todavía estén ahí sus poblaciones”, dice el experto.
Perú: nuevos estudios sobre el tapir de montaña
El tapir de montaña habita en los Andes de Ecuador, Colombia, y el norte de Perú en un área de aproximadamente 3 140 000 hectáreas. Un territorio que se ha reducido con el paso del tiempo por la fragmentación de sus bosques debido, principalmente, a los cambios en el uso de la tierra impulsados por la agricultura, la ganadería, el pastoreo y la construcción de carreteras.
En Perú habitan el tapir de montaña y el tapir amazónico. Foto: SBC.
Según la UICN su población no supera los 2 500 individuos adultos, por lo que está categorizada En Peligro, sin embargo, en Perú enfrenta una situación de mayor amenaza por lo está categorizado como en Peligro Crítico de extinción.
El estudio Distribución y estado de conservación de la danta de montaña (Tapirus pinchaque) en Perú, publicado en el año 2022, da cuenta de cuál es la situación de esta especie en los Andes peruanos. “Son casi 183 000 hectáreas de bosques distribuidos en dos bloques donde habita el tapir andino. El más amplio es el bloque norte que llega desde Ecuador hasta antes del río Huancabamba y el bloque sur que abarca desde la comunidad de Cañaris, en la sierra de Lambayeque, hasta el Bosque de Protección Pagaibamba, en Chota, Cajamarca”, explica Alex More, director de Conservación de la Sociedad de Conservación del Oso de Anteojos (SBC) Perú y autor principal del estudio.
Según se indica en el estudio, de las 182 918 hectáreas que corresponde al hábitat del tapir, aproximadamente el 60 % se encuentra dentro de las áreas protegidas. “Todavía existen brechas de protección, especialmente en el sur de su área de distribución. Las concesiones mineras cubren el 27 % de su rango actual”, indica el estudio.
Un estudio realizado en Perú determinó que la extensión del hábitat del tapir de montaña abarca casi 183 000 hectáreas. Foto: SBC.
El bloque más grande corresponde al norte —explica More— con aproximadamente 150 000 hectáreas. En ese sector se ubica el Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, área natural protegida creada para proteger al tapir. Sin embargo, en el bloque sur —agrega More— la superficie protegida no llega al 2 %.
Para el estudio se utilizaron cámaras trampa, así como encuentros directos, además se recurrió a las imágenes satelitales y la información geoespacial para superponer las áreas protegidas, las concesiones mineras y la deforestación sobre el hábitat del tapir.
More también señala que la mayor conservación de los bosques en el bloque norte se debe al establecimiento de varias áreas protegidas y otras figuras de conservación regional, principalmente áreas de conservación privadas que se lograron establecer en coordinación con comunidades campesinas.
El tapir de montaña habita en los Andes norte de Perú. Foto: SBC.
La creación de un grupo técnico de especialistas para la conservación del tapir de montaña y el oso de anteojos en los Andes norte de Perú es un reciente esfuerzo para proteger esta especie, cuenta More. Se trata de un equipo formado por investigadores e instituciones que participaron en el estudio de la distribución y estado de conservación del tapir.
México: el tapir centroamericano y su relación con el agua
“El tapir tiene una estrecha relación con zonas húmedas, ya que requiere consumir una gran cantidad de agua, principalmente durante la temporada de sequía, razón por la cual visita los cuerpos de agua regularmente”, se indica en el artículo “El tapir, un vecino poco conocido”, publicado en el año 2022.
Se puede observar al tapir en las fuentes de agua de la Selva Maya. Foto: Fernando Contreras/WWF Mexico.
El agua le ayuda a digerir la fibra que consume —se lee en el documento—, además de refrescarse y bajar su temperatura corporal, por lo que es relativamente común encontrar algunos individuos dentro de cuerpos de agua en el interior de la selva, sobre todo en la época de sequía.
Fernando Contreras-Moreno, investigador de WWF México y autor principal del estudio, explica que los tapires desarrollan varios de sus procesos naturales en el agua. “Hemos tenido avistamiento de tapires copulando en el agua, no es exclusivo, pero muchas veces si lo hacen, pareciera que el agua aporta tranquilidad suficiente para poder llevar a cabo estos procesos. Además, metabólicamente, para que se den los procesos de digestión, necesitan consumir una gran cantidad de agua o estar remojados. Lo que hemos visto también en la Selva Maya es que muchas veces defecan en los cuerpos de agua”.
Contreras-Moreno también menciona que en los últimos años se ha observado, sobre todo en la Selva Maya, un desfase en los patrones de precipitaciones. “Mientras menos llueve más tapires aparecen buscando agua en los potreros de ganado, en los pueblos, en las carreteras. No tenemos evidencia de que esté estrictamente relacionado, pero pareciera que hay una tendencia”.
Se han colocado bebederos en la Selva Maya para ayudar a los tapires durante la temporada de sequía. Foto: Fernando Contreras / WWF México.
El investigador también explica que en la Selva Maya no hay ríos, sino cuerpos de agua pequeños, como lagunas de máximo dos a tres hectáreas, que en una sequía extrema podrían secarse, por tanto, los tapires deben salir de su hábitat natural para buscar otras fuentes de agua.
“En 2019, cuando tuvimos una sequía extrema, al no encontrar fuentes de agua en la naturaleza, llegaban hasta los bebederos que tienen los ganaderos. La evidencia que tenemos de 2019 es que todos los animales que encontramos tenían un alto grado de deshidratación, es decir, con los globos oculares hundidos, daño hepático, riñones afectados”, explica el investigador.
Otros problemas relacionados con la sequía se explican en la publicación que documenta las observaciones realizadas en la región de Calakmul.
“Los tapires, en la búsqueda de agua para beber, toman riesgos mayores y se acercan aún más a los poblados, toman agua de los apiarios (donde se crían y cultivan abejas), se adentran en los potreros del ganado para tomar de los bebederos y jagüeyes (zanjas hechas en el suelo para captar agua) del ganado, y en situaciones extremas salen de la selva e irrumpen en las carreteras y entran a los poblados en búsqueda de cualquier fuente de agua que pueda salvarles la vida”.
En la Reserva de Biosfera de Calakmul, los investigadores han instalado una red de bebederos artificiales para atender las necesidades del líquido para los tapires durante las temporadas secas. Adicionalmente, se han colocado cámaras trampa junto a estos bebederos para hacer un monitoreo de la especie.
El tapir centroamericano habita desde el sur de México hasta el norte de Colombia. Foto: Fernando Contreras / WWF México.
Estos animales buscan selvas con alto grado de conservación —menciona Contreras-Moreno— por tanto, habitan en parques nacionales y reservas federales, que tienen una selva con un nivel de conservación alto. Aún así, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera y el cambio de uso de suelo son amenazas muy grandes.
Lizardo Cruz explica que la Selva Maya —sur de México, parte de Guatemala y de Belice— es clave para la conservación del tapir centroamericano y, probablemente, la zona de Mesoamérica que alberga la mayor cantidad de tapires de esta especie. “Si no es por las comunidades presentes en la Selva Maya, estaríamos viendo una especie en mucho mayor riesgo de extinción”.
Para los investigadores de WWF, una de las primeras acciones que se deberían tomar para proteger a los tapires es establecer una estrategia internacional para determinar las poblaciones, identificar los lugares en donde habitan y definir las amenazas en cada país.
Los tapires son los mamíferos nativos terrestres más grandes de Centroamérica y Sudamérica. Foto: Fernando Contreras / WWF México.
Marina Rivero, de Bioconciencia, señala que se ha establecido la Alianza para la Conservación del Tapir, un grupo de especialistas de México y Centroamérica que se ha propuesto realizar estudios para estimar la población en todo su rango de distribución.
La investigadora, por ejemplo, realizó una investigación en la Sierra Madre de Chiapas, en tres áreas naturales protegidas —la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana y la Reserva de la Biosfera El Triunfo— donde se logró hacer una estimación de aproximadamente 260 tapires. Además, “se buscó identificar los corredores y los sitios potenciales que podrían mantener la conectividad de ciertas poblaciones de tapires en Chiapas”.
Las comunidades locales son actores clave para la conservación del tapir. Foto: Marina Rivero.
Rivero también menciona que en México se trabaja con las comunidades locales que mantienen grandes extensiones de vegetación y son actores clave para mantener las poblaciones de tapires.
Imagen principal: Tapir centroamericano. Foto:Fernando Contreras / WWF México.
El objetivo es gestionar las zonas paramunas a través de cuatro líneas de acción: conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la promoción de sistemas sostenibles y la transformación de conflictos socioambientales.
El convenio de cooperación para conservar el 50 por ciento de los páramos de Colombia fue firmado por la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las entidades consideran que once de las 78 cuencas hidrográficas de esta región se encuentran en estado crítico para proveer de agua a sus habitantes, razón por lo que anuncian la construcción de la Estrategia para la Gestión Integral de los Complejos de Páramos de la Región Central de Colombia.
Explican que, en áreas de Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta se encuentra el 50% de los páramos del país y 11 de las 78 cuencas hidrográficas de esta región que presentan en estado crítico para proveer de agua a sus habitantes.
El objetivo es gestionar las zonas paramunas de la Región Central a través de cuatro líneas de acción: conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la promoción de sistemas sostenibles y la transformación de conflictos socioambientales.
“La relevancia de esta estrategia radica en que busca dar respuesta a la problemática que afecta a los 18 complejos de páramos de la Región Central, en los que se han identificado aproximadamente 276.320 hectáreas transformadas, equivalentes a un 18% del área de páramo, lo que genera presión sobre estos ecosistemas y amenaza la seguridad hídrica regional”.
La RAP-E y PNUD consideran que al conservarlos se garantiza el agua potable para los más de 16 millones de habitantes de esta Región Central. Mucha de esta riqueza en biodiversidad y servicios ecosistémicos está en la Región Central con 18 complejos de páramos que tienen una extensión de 1.444.741 hectáreas.
Acciones en 18 complejos
Las entidades definieron cuatro líneas de acción como parte de la Estrategia para la Gestión Integral de los Complejos de Páramos de la Región Central de Colombia: la primera es la conservación de la biodiversidad y mejoramiento de la oferta, regulación y calidad hídrica en la que ser intervendrán los complejos de páramos: Los Nevados, Chili-Barragán, Las Hermosas, Nevado del Huila (Moras), Chingaza, Cruz Verde (Sumapaz), Los Picachos, Miraflores, Guanacas (Puracé) y Coconuco.
La segunda, es la promoción de sistemas sostenibles de bajo impacto compatibles con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y agrobiodiversidad de los páramos; en la que se intervendrán los complejos de páramos: Guerrero, Tota (Bijagual), Mamapacha, Pisba, Sierra Nevada del Cocuy, Altiplano Cundiboyacense, Guantiva (La Rusia), Iguaque (Merchán), Rabanal y Río Bogotá, Cruz Verde (Sumapaz), Guanacas (Puracé), Coconuco y Sotará.
La tercera es el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral de los páramos y la cuarta, la gestión del conocimiento técnico, tradicional y ancestral para la conservación de los páramos.
En estas se desarrollarán acciones en los 18 complejos de páramos de la Región Central de Colombia, que comprende territorios de Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta.
Los resultados que espera la alianza
Fortalecer los procesos participativos para la conservación de la biodiversidad y del recurso hídrico en páramos de la Región Central.
Lograr la reconversión y adopción de prácticas productivas de bajo impacto compatibles con el clima y la conservación de los páramos, con enfoque de género, étnico y diferencial.
Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gobernanza local y gestión integral de los páramos y del recurso hídrico.
Difundir y sistematizar conocimiento y lecciones aprendidas para la conservación de los páramos y del recurso hídrico.
Más datos
En el mundo 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable y que en Colombia la cifra asciende a 3,2 millones de personas.
Según el Índice de Seguridad Hídrica, desarrollado por el PNUD y la RAP-E, Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo.
Estos alcanzan una superficie aproximada de 2.906.136 hectáreas, distribuidas en 37 complejos, que proveen cerca del 70 % del agua del país.
En el norte del Guaviare, las comunidades integran un corredor ecológico de 109 000 hectáreas para la protección del jaguar y la Amazonía colombiana. Ganaderos, campesinos, operadores turísticos y firmantes del acuerdo de paz hacen parte de una apuesta colectiva por la reconciliación con la naturaleza y con los habitantes de un territorio históricamente afectado por la guerra.
Después de que termina la finca de Alirio Becerra, y el potrero donde tiene sus vacas, aparece un caño (canal natural de un río), y después del caño el piedemonte, donde la sabana y la selva espesa se abrazan en una pequeña vereda del municipio de San José del Guaviare, en el sur de Colombia. Cuando llueve, los caminos anaranjados y opacos de la zona, llenos de polvo, pasan a ser un lienzo café brillante en el que quedan plasmadas las huellas de lo que sea que atraviese el camino. Fue justo allí, al borde del potrero, adentro y por los caminos que llevan a él, donde hace años Alirio Becerra encontró las huellas de un animal que no había visto nunca; no eran de una vaca ni de una danta y tampoco de un perro.
Ese día, de madrugada, el campesino acompañaba a su hijo a cruzar el caño que conecta la finca y la escuela de la vereda. El sonido de la lluvia y los pasos de padre e hijo ambientaban el recorrido hasta que Alirio, de regreso a su terreno, escuchó un movimiento en el agua del caño. Pensó que era un venado de los que usualmente se encontraba cerca a la finca y se quedó quieto para no espantarlo; detuvo su andar para verlo salir sin asustarlo. Pero cuando el animal que chapaleaba se asomó entre la vegetación, el asustado fue Alirio.
Era un jaguar de pelaje amarillo con manchas oscuras, patas cortas y ojos redondos que se le quedaron mirando fijamente. Sostuvieron la mirada por un instante. Alirio primero pensó en cómo defenderse. Tenía un machete pequeño que llevaba para abrirse paso entre las ramas del camino. Algo más grande tampoco hubiera sido de utilidad porque se quedó atónito ante la presencia del animal.
Pasaron un par de segundos o una hora, no tiene cómo saberlo, hasta que el jaguar rompió el contacto visual para dar vuelta y continuar con su camino. Cuando Alirio salió de su aturdimiento, hizo lo mismo.
Las amenazas del jaguar
El jaguar (Panthera Onca) es el tercer félido más grande del planeta, después del tigre asiático y el león africano, pero su mandíbula es la más fuerte de todas: es capaz de atravesar el caparazón de una tortuga. Habita 18 de los 21 países de América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina; sin embargo, la cantidad de individuos de la especie está decreciendo, razón por la cual la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) categorizó al jaguar en estado Casi Amenazado.
En El Salvador y Uruguay, de hecho, el jaguar ya se encuentra extinto y en Colombia,el área que habitan los jaguares se ha reducido en un 39 %, de acuerdo con información recopilada por la organización no gubernamental WWF. La destrucción de su hábitat y la caza son las dos principales amenazas para la permanencia del jaguar en este país.
En el Guaviare, las vacas y los cultivos son la principal fuente económica de los campesinos, y una causante importante de la deforestación. De acuerdo con Global Forest Watch, un sistema de monitoreo de bosque en el mundo, este departamento perdió 276 000 hectáreas de bosque primario húmedo entre 2002 y 2021. En extensión, el tamaño del bosque perdido sería equivalente a sumar la superficie total de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuatro ciudades más grandes de Colombia.
Por otro lado, en el Guaviare, puerta de entrada a la Amazonía en Colombia, las personas y los jaguares comparten un mismo espacio, lo que genera conflictos que muchas veces terminan con la muerte del animal, asegura Silvia Vejarano, bióloga y especialista en conservación que desde hace 10 años trabaja en WWF Colombia. El caño por el que Alirio ayuda a cruzar a su hijo de camino a la escuela es el mismo en el que el jaguar bebe agua y se alimenta de venados, chigüiros y, cuando no tiene otra opción, del ganado de sus vecinos campesinos.
Alirio Becerra vive desde hace veinte años en Sabanas de la Fuga, una vereda que hace parte de la zona rural de San José del Guaviare, tiene una finca de 50 hectáreas, 33 cabezas de ganado y cultivos de yuca. Aunque él mismo no ha sufrido la pérdida de su ganado, cada vez es más común el relato de los vecinos que encuentran los restos de sus vacas porque se las ha comido el jaguar. Becerra cree que es cuestión de tiempo para que sea su turno. “Ahora es un delito matar al jaguar, pero si usted lo único que tiene es una vaquita que consiguió con tanto trabajo y se la come un jaguar, usted se encuentra ese animal con ira y lo mata. Tenemos que buscar una solución, porque ahora lo que hay es un problema”, explica.
Según Vejarano, la razón de ese conflicto radica en que las presas del jaguar también han disminuido debido a la caza: “La gente no solo tumba monte para ampliar sus potreros sino que además están acostumbrados a comerse las presas del jaguar, pequeños animales herbívoros que andan en el bosque, como cerdos de monte y chigüiros. La gente no solo está invadiendo las áreas donde vive el jaguar, sino que se está comiendo su alimento, entonces el jaguar tampoco tiene muchas más opciones que amenazar el ganado de las personas y ahí se producen conflictos”.
Rosa Umaña es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ataguara, en San José del Guaviare, y lleva 25 años trabajando por la protección del medio ambiente en el departamento. Ella misma se reconoce como “ambientalista de tiempo completo” y, por adentrarse en los espesos bosques para poner vallas en contra de la caza de animales, ha sido blanco de amenazas.
Su experiencia le ha permitido hacer un análisis que explica, de manera sencilla, el conflicto que genera la caza indiscriminada de la fauna: “Si yo le violo la despensa de su casa, usted tiene que ir a buscar cómo alimentarse. No digo que un campesino no pueda matar un gurre (armadillo), una lapa o un saíno para la comida, pero cuando hablamos de tres o cuatro para ir a vender, eso es otra cosa. Hemos roto la cadena alimenticia de nuestra fauna y nos venimos a quejar de que se nos comen una vaca, pero nosotros somos los únicos culpables de que eso pase”.
Un corredor para proteger la casa del jaguar
La preocupación de los campesinos que han perdido sus cabezas de ganado, gallinas y hasta perros llegó hasta la Corporación de Desarrollo Sostenible del Nororiente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental en el Guaviare. De acuerdo con Orlando Castro, director de la seccional Guaviare de la corporación, de ese conflicto surgió lacreación de un corredor ecológico que incluye la participación de la ciudadanía.
Un corredor ecológico es un espacio de la naturaleza que conecta distintas zonas boscosas o ecosistemas para que los animales puedan moverse. “Esto es especialmente importante para especies tan demandantes de un buen hábitat como el jaguar porque este félido necesita moverse y si atraviesa paisajes que se han transformado (como fincas ganaderas, por ejemplo), va a poner en riesgo los medios de vida de las personas y a él mismo”, afirma Jimena Puyana, gerente nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD.
Las espesas selvas del Guaviare poseen senderos que comunican a las distintas comunidades en el territorio. Foto: David Borda.
Además, los corredores ecológicos son importantes porque aunque haya jaguares en los fragmentos de bosque más grandes, “es difícil garantizar el futuro de esos animales en el largo plazo si esos bosques no se conectan entre ellos”, complementa Silvia Vejarano, de WWF Colombia. Lo que sucede es que los corredores les permiten a los jaguares reproducirse entre familias distintas y no entre miembros de su manada, y eso asegura una descendencia más fuerte en términos genéticos y menos expuesta, por ejemplo, a enfermedades.
El Corredor de Protección del Jaguar en Guaviare, nombre oficial que recibe la iniciativa que une a la comunidad y a las autoridades ambientales en un mismo propósito desde febrero de 2021, hace parte del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, que a su vez forma parte de un programa regional más ambicioso: Paisajes Sostenibles de la Amazonía, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, se trata de un esfuerzo que se enmarca en el Plan Jaguar 2030, un plan regional de los países del sur y el centro de América para garantizar la protección de la especie y su conectividad por los ecosistemas del continente.
Actualmente, cinco zonas integran el Corredor de Protección del Jaguar en Guaviare. En total, son 109 000 hectáreas que se extienden principalmente por la ribera del río Guaviare.
Específicamente, este corredor conecta varias áreas protegidas: la Serranía de La Macarena, la reserva forestal protectora de La Lindosa, la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Sin embargo, el corredor ecológico del jaguar en Guaviare no solo tiene como objetivo conectar los paisajes naturales, sino lograr que los paisajes que ya están intervenidos, es decir, las propiedades privadas en las que hay fincas, cultivos y ganado, también mantengan o establezcan áreas de protección para el jaguar. Para Puyana, ese es el verdadero corredor. “Es un tema ambiental, pero también un tema de gobernanza, un tema organizativo, de quienes están ahí y hacen un acuerdo para que el manejo de ese espacio recoja consideraciones ambientales”.
La elección del jaguar como especie a conservar no solo tiene que ver con el conflicto que los campesinos alertaron, sino con que es una especie sombrilla. “El bioma de la Orinoquía y el de la Amazonía, si bien son diferentes, deben mantener la conectividad ecológica, o sea, que haya flujo de genes, de especies, de energía, esto es lo que mantiene la funcionalidad de los ecosistemas. Las especies focales (o sombrilla) nos dan un indicador de cómo están esos flujos porque requieren hábitats y áreas de acción bastante grandes”, explica Vejarano, de WWF Colombia. “Eso quiere decir que si mantenemos el jaguar, estamos manteniendo también a las especies que están debajo de él en esa pirámide que tiene el gran depredador en la parte más alta, y otro montón de especies más pequeñas debajo. Así protegemos todas las poblaciones de las que el jaguar depende y los bosques en los que viven”, agrega.
Monitoreo, luego cuido
La carretera polvorosa que lleva a El Edén es un camino anaranjado que a lado y lado está estrechado por paredes verdes de árboles y arbustos. El calor que rebota del suelo seco contra el cuerpo de quienes andan sudorosos, agotados y tostados, se queda atrás con solo poner un pie en el bosque. La selva ofrece un abrazo de frescura y sombra, una obra orquestada por las sombras del cedro, la ceiba, el yarumo y el cumare, dirigida por el sol que se filtra entre hojas y ramas y compuesta por la brisa del río Guaviare.
Dentro de esa selva espesa, en algún punto que Jonathan Torres podría identificar con los ojos cerrados, está una de las 55 cámaras trampa que hacen parte del corredor del jaguar, instaladas por la comunidad con el apoyo y capacitación de WWF Colombia. Torres guía el grupo con determinación y cuando encuentra la cámara amarrada a un tronco, se detiene y pide la atención de quienes lo escuchan.
César García, firmante del Acuerdo de Paz, instalando una cámara trampa. Foto: David Borda.
Él es el presidente de la Asociación de Flora y Fauna del Guaviare (Asoflofagu), de la que hacen parte familias de las veredas El Limón, El Edén, Cambulos y Campoalegre, todas ubicadas en la mitad del corredor y vinculadas directamente a su monitoreo. Para confirmar la presencia del jaguar y su fauna asociada, WWF Colombia se unió a organizaciones y comunidades para instalar cámaras con sensores que activan la captura de fotos o videos cuando captan el movimiento de cualquier animal que pase por su campo de visión.
Chaqueto, chigüiro, morrocoy, cajuche, saíno, danta. Las fotos de los animales aparecen entremezcladas con imágenes vacías, del paisaje, porque el sensor de las cámaras se activa también por la caída de una hoja o incluso un cambio en la luz. Entre octubre de 2021 y noviembre de 2022, las 55 cámaras del corredor registraron doce especies presas del jaguar y cuatro especies de félidos silvestres: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), yaguarundí (Herpailurus yagouarundi) y tigrillo (Leopardus pardalis).
Gracias a esa estrategia, en el corredor ecológico del Guaviare han sido identificados 26 jaguares distintos, que se diferencian porque sus manchas, sus rosetas, son como las huellas dactilares: son distintas en cada individuo.
Sandra Pérez es habitante del corredor del jaguar, antropóloga y activista ambiental y social. Hace parte de una corporación que lleva el mismo nombre del corredor del jaguar, precisamente porque tienen el mismo objetivo: la protección de la especie para la conservación de la Amazonía.
La Corporación Corredor del Jaguar busca aprovechar el monitoreo para hacer pedagogía entre la comunidad, principalmente con la niñez. “Desconocemos el lugar en el que vivimos, y el monitoreo es una estrategia muy importante para eso, para hacer no sólo investigación sino educación ambiental. Nos ha permitido conocer más nuestro territorio, quererlo, valorarlo. Hay niños en San José del Guaviare que no saben que hay un saíno, una danta. Los niños aprenden a escribir con j de jirafa y no con j de jaguar. Esto tiene que transformarse en juegos, en material pedagógico y curricular que empiece a generar otra visión del territorio en los niños y niñas”.
Para poder ver las imágenes de las cámaras trampa, los campesinos tienen que llevar la memoria a sus fincas, donde tienen dispositivos en los cuales reproducirlas. Foto: David Borda.
Los dueños de las fincas donde se realiza el fototrampeo han recibido capacitaciones para que sean ellos mismos quienes programen las cámaras y puedan extraer los registros que de allí resulten. De esa forma se procura, además, que la comunidad continúe con el monitoreo a largo plazo y que las personas se sumen a la conservación no por obligación, sino porque conocen mejor la fauna que los rodea.
“Nosotros nunca tendremos los recursos para monitorear jaguares en todo el país y no creo que ninguna ONG los tenga, ni el Estado”, dice Silvia Vejarano. Es por eso que “este tipo de monitoreo y la conservación hay que hacerla con la gente, que a la gente le interese y le vea un beneficio a hacerla. De lo contrario eso no funciona, y va a seguir habiendo cacería, y va a seguir habiendo retaliación contra el jaguar de algún tipo”, añade.
Cuando un habitante del corredor ve las fotografías del jaguar, se da cuenta de que su casa no es solo suya, sino que ahí habita alguien más. Darse cuenta de que la casa no es propia, sino compartida, implica pensar en formas de convivencia, no sólo entre los seres humanos y la fauna del territorio, sino entre las mismas comunidades que comparten casa entre ellos y con el jaguar.
Jaime Cabrera, especialista en monitoreo comunitario de WWF Colombia, ve esta actividad como una herramienta para reconocer y apropiarse del territorio, más que un objetivo en sí mismo. “Sobre todo, es una apuesta de convivir con el otro y ese otro es la naturaleza, el jaguar, pero también los vecinos.La paz es una gran apuesta que tenemos en Colombia, que no es fácil. Entonces, convivamos con ese otro que son los firmantes de paz que están viviendo al lado de nosotros y que, como al jaguar, no los conocemos, o les tenemos miedo, o les tenemos una rencilla que ni siquiera es nuestra sino de nuestros papás y abuelos”.
El jaguar conciliador
En uno de los extremos del corredor del jaguar, cerca de la Reserva Nacional Natural Nukak, está el centro ecoturístico Manatú, Maravillas de la Naturaleza. Se trata de una agencia de viajes y servicios turísticos de firmantes del Acuerdo de Paz que se selló en 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
De Manatú hacen parte doce excombatientes que vieron en el turismo una alternativa productiva después de la guerra. Su representante legal es César García, un hombre de 30 años, hijo de campesinos, convencido de que la reconciliación tiene que incluir, necesariamente, a la naturaleza y los animales. “La reconciliación de los seres humanos con el jaguar y con el ecosistema engrana una práctica de aprender a cultivar, de aprender a compartir. ¿Qué vamos a compartir? El territorio.
Los animales no conocen de límites ni de geografía, para ellos todo es igual, todo es su paso, todo es su casa, van para donde van”, cuenta sentado en una silla de plástico con el horizonte sobre sus hombros y el cielo infinito rodeando su cabeza. De espaldas al bosque y de frente a la sabana, Manatú se presenta como el centro de un domo en el que el sol, cuando los pájaros anuncian el amanecer, pinta las paredes de cristal con todas las variedades de naranja y amarillo que tiene en su paleta.
Jaguares fotografiados por una cámara trampa ubicada en la vereda Sabanas de La Fuga, en el predio de la familia Rojas Sánchez. Foto: Cortesía de las Comunidades Monitoras Corredor del Jaguar.
Además de prestar servicios de alojamiento y alimentación a turistas, Manatú tiene un sendero interpretativo de 1200 metros que incluye una recreación de un campamento guerrillero. En ese camino hay dos cámaras trampas que son operadas por los mismos excombatientes. “El que sabe manejar la tecnología simplemente le dice a uno ‘esta cámara se prende así y se programa así’ y ya queda lista, pero el que sabe los pasos de los animales es el campesino que está en el territorio. Se adhieren los dos conocimientos, el empírico y el profesional”, explica García.
“Es bastante gratificante llegar a una cámara trampa y cuando aparece un felino entonces digo: esta foto la tomé tal día, la tomé yo porque soy el que instaló la cámara, el que hace todo el proceso, y sé por dónde pasó el felino y a qué hora”, agrega.
Manatú también hace parte de la Red de Turismo, Paz y Reconciliación por la Defensa de los Territorios y del Pulmón del Mundo, una iniciativa que surgió de la unión de doce espacios donde se reunieron los exguerrilleros, que busca articular y fortalecer los proyectos de turismo que han surgido del proceso de paz, ubicados en la Amazonía y su área de influencia.
Las comunidades han construido maneras de movilizarse en la selva, que comparten con el jaguar y otras especies. Foto: David Borda.
El objetivo de esa red es aprovechar el turismo que ha sido posible gracias al proceso de paz. Departamentos como el Guaviare han logrado desarrollar apuestas turísticas que antes de la firma del acuerdo eran impensables, porque allí la guerra fue protagonista por décadas. Según registros de la Unidad de Víctimas, 48 350 personas han declarado hechos victimizantes en el marco del conflicto armado en Guaviare: el 58 % de los habitantes del departamento.
La reconciliación que ha propiciado el jaguar hace que este proyecto turístico de excombatientes se articule, además, con otros emprendimientos turísticos que hacen parte del corredor.
Del jaguar a otros animales
Econare, Villa Lilia y Asopronare son tres empresas turísticas que tienen su propia maravilla de la naturaleza en la vereda Damas de Nare: un espejo de agua que refleja todo lo que ocurre en el cielo. Cuando atardece, el techo de nubes que recubre la selva es también una alfombra en el agua. En ese encuentro, los pájaros vuelan y los peces nadan en el cielo cuando el sol se pone sobre el horizonte de la laguna, anaranjado arriba y abajo.
En invierno, el río Guaviare reclama la laguna y la hace parte de su caudal ancho y desbordado. En ese cuerpo de agua de 81 hectáreas, quieto y apacible en los días de sol, habitan delfines rosados de agua dulce (Inia geoffrensis), también conocidos como toninas, que ofrecen un espectáculo e incluso interactúan con los turistas que los visitan. Las tres empresas turísticas de la vereda hacen parte del corredor del jaguar, han sido capacitadas en turismo y están comprometidas con la conservación.
Aunque la fauna se ha convertido en un atractivo turístico muy importante para el Guaviare, el destino más reconocido del departamento son las pinturas rupestres de Cerro Azul, una vereda ubicada a 47 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Dentro de la vereda existe un afloramiento rocoso que pertenece al escudo guyanés y que es conocido como Cerro Pinturas, un tepuy, que es un cerro catalogado como uno de los lugares con mayor concentración de arte rupestre en el mundo: aproximadamente 1100 metros cuadrados.
Subir Cerro Pinturas es hacer un viaje en el tiempo. Al principio del recorrido hay una cámara trampa que hace capturas del jaguar, un animal que, de manera paralela, está representado en los murales que fueron pintados hace más de 7000 años por las comunidades que habitaban Cerro Azul. Ambas son formas de conocer y dejar evidencia para el futuro de la riqueza que alguna vez habitó el planeta.
Pinturas rupestres de Cerro Azul. Foto: David Borda.
Precisamente esa cámara les ayudó a Norbey Rojas, su papá José Noé y su hermano William Alexander a tomar decisiones que minimicen los impactos del turismo en Cerro Pinturas. Ellos forman parte de la asociación que hace los recorridos y que hoy emplea a 22 guías. “Aquí se hizo un estudio de capacidad de carga que arrojó que podríamos hacer el recorrido con 169 personas por día, pero nosotros veíamos que el lugar se alteraba, los terrenos se dañaban, entonces decidimos que vamos a manejar la carga sobre 120 personas. El objetivo es que sea un turismo sostenible, que no sea masivo.
Entre un grupo y otro se deja un intervalo de veinte minutos y con la cámara vimos que en ese intervalo pasan los animales por el sendero. Nos dimos cuenta de que sí se genera un tipo de equilibrio y creemos que lo estamos haciendo bien”, afirma Norbey.
¿Y el ganado?
A Raúl Tolosa, el jaguar le comió más de veinte cabezas de ganado en dos años. Otros tantos animales desaparecieron y algunos otros fueron heridos y aún conservan la marca de las garras del jaguar en su cuerpo.
Las Colinas, su finca, tiene 1200 hectáreas y poco más de 400 reses. Ante la imposibilidad de cercar ese terreno, Tolosa implementó una de las medidas que el PNUD ha validado en otras regiones del país para proteger el ganado de los ataques de jaguar.
Rodeó un área más pequeña, de 53 hectáreas, con una cerca antidepredatoria de cuatro líneas de alambre eléctrico y otra de alambre de púas en la parte inferior, para evitar que el jaguar se arrastre, pero separada veinte centímetros del suelo para que puedan pasar animales más pequeños sin lastimarse, como el armadillo, el gurre o el cachicamo.
En la zona cercada puso a los animales más vulnerables a un posible ataque del jaguar: los terneros y los que están heridos, enfermos o débiles. Tolosa construyó en su finca, además, un acueducto ganadero con energías alternativas: una bomba tipo lapicero que funciona con paneles solares y extrae agua del caño y la bombea de manera automática al tanque, a medida que beben las vacas.
De esa manera, el ganadero convirtió la suya en una de las cuatro fincas que sirven de modelo para que la comunidad conozca las medidas que pueden tomar para protegerse de los ataques del jaguar. Este es un ejercicio que hace parte de las Escuelas de Promotoría Campesina implementadas por el PNUD para la socialización de estrategias que fortalezcan el corredor ecológico del jaguar.
Aprovechar sin destruir
Proteger el jaguar implica pensar en modelos de producción responsables con los ecosistemas, que a la vez sean económicamente rentables para los campesinos. No se trata de no tocar el bosque, sino de aprovecharlo para que siga siendo habitable por el jaguar.
Miguel Mejía, coordinador del proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, piensa que “es importante pasar de la lógica que considera los bosques como áreas intocables o prístinas e inhabitables, al reconocimiento de los ejercicios de gobernanza, tenencia, dominio y propiedad de las comunidades, el uso sostenible y una economía de la biodiversidad para las comunidades, por ejemplo, con el turismo de naturaleza, el agroturismo y el aprovechamiento de los frutos del bosque”.
Churuco avistado en las inmediaciones de la laguna Damas del Nare. Foto: David Borda.
Las juntas de acción comunal, entendidas como la forma de organización por excelencia de las veredas y corregimientos en Colombia, han sido fundamentales para encaminar las propuestas y estrategias de protección del jaguar entre las comunidades que habitan su corredor ecológico. Las 109 000 hectáreas forman un territorio pequeño entre la vasta extensión de los departamentos de la Amazonía colombiana, que suma más de 40 millones de hectáreas, pero es enorme en iniciativas para la protección de la naturaleza.
Hace años, después de que Alirio Becerra se encontró al jaguar, otro de sus hijos, el más pequeño, también se lo cruzó en el camino, cuando iba para la escuela. “Yo lo miré y él se fue, no hace nada”, recuerda Alirio citando a su hijo. Aunque reconoce que siente miedo por la posibilidad de que su familia sufra un ataque, no existe en su cabeza la posibilidad de matar al jaguar, más bien busca que tanto su finca como sus hijos puedan estar protegidos mientras el félido los rodea.
Como él, hoy cada vez más vecinos que viven en el corredor están hallando la forma de cuidarse y cuidar al jaguar. Algunos se lo han encontrado y lo han mirado a los ojos, otros han visto sus huellas y unos más han escuchado su voz. Todos, de alguna manera, han entendido que jaguar y seres humanos comparten la misma casa.
Imagen superior: Jaguar (Panthera onca). Foto: Carlos Navarro. Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Vorágine.
En el Día Mundial del Agua, uno de los principales objetivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el reconocimiento y gestión sostenible de los humedales como soluciones al cambio climático. En Colombia se encuentra la Estrella Fluvial Inírida, un complejo de humedales prioritarios para la conservación en el país, al ser el sustento de comunidades indígenas y campesinas, así como de numerosas especies de flora y fauna.
Astrid Arellano / Mongabay Latam
Están en muchas partes del planeta, pero aún no se sabe con exactitud qué porcentaje de la Tierra está ocupado por humedales. Podrían ser unas 570 millones de hectáreas, es decir, un 6 % de la superficie terrestre. Aún hay muchas preguntas sobre ellos; de lo que no hay duda es que los estamos perdiendo. La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional Ramsar alerta que el 90 % de estos ecosistemas están degradados o ya no existen.
En el marco del Día Mundial del Agua, celebrado cada 22 de marzo desde 1993, la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) tiene como uno de sus principales objetivos el reconocimiento y gestión sostenible de los humedales, ecosistemas cuyo cuidado forma parte de las soluciones basadas en la naturaleza ante las inclemencias del cambio climático.
Los peces presentes en los humedales de la Estrella Fluvial Inírida, en Colombia. Foto: Camilo Díaz / WWF Colombia
La celebración coincide este año con la Conferencia sobre el Agua —que se realizará del 22 al 24 de marzo de 2023, en Nueva York— donde se buscará adquirir compromisos y soluciones entre los países y las sociedades con respecto a la crisis y uso del agua y su saneamiento. Así se pretende adoptar la Agenda de Acción del Agua, definida como un plan rápido y transformador para cumplir los objetivos y metas mundiales relacionados con este recurso natural.
La conferencia también tiene entre sus propósitos el fomento a la cooperación transfronteriza en materia de aguas, crear una nueva plataforma para consolidar los datos y la información relacionados con este recurso, e impulsar una gestión adecuada de las fuentes de agua.
En el marco del Día Mundial del Agua, presentamos el caso de la Estrella Fluvial Inírida, un importante complejo de humedales que es protegido por comunidades indígenas y campesinas en Colombia.
Paisaje de la Estrella Fluvial Inírida, en Colombia. Foto: Juan Camilo de la Cruz / WWF Colombia
La tierra de mucha agua
La Estrella Fluvial Inírida (EFI), en Colombia, se conforma por tres grandes ríos: Guaviare, Atabapo e Inírida. Es un espacio con aguas de colores diversos y que conforman un sistema hidrológico clave para la conservación de una alta riqueza de especies de flora y fauna del país, así como para la vida de numerosas comunidades indígenas y campesinas.
Hay tanta agua en este lugar, que el departamento de Guainía, donde se ubica la EFI, fue llamado así por el pueblo indígena Yurí, pues en su lengua la palabra Guainía significa “la tierra de muchas aguas”. El valor que tiene el complejo de humedales originados por los ríos derivó a que el 8 de julio de 2014, se designaran 250 159 hectáreas de la EFI como sitio Ramsar.
“Este sitio es parte fundamental de nuestra vida; todo gira en torno al agua porque (los ríos) son nuestras únicas vías de acceso, son nuestras fuentes de alimentación; son el mercado de todas las comunidades”, dice Rosa Durán, lideresa indígena Curripaco, originaria del Resguardo Tierra Alta.
Mujer indígena de la comunidad caranacoa lava la ropa junto a sus hijos a orillas del Río Inírida, en Guainía, Colombia. Foto: Yulieth Mora Garzón / Instituto SINCHI
La abundante biodiversidad que hay en el lugar ha sido el objetivo de actividades que los han puesto en riesgo. La minería ilegal, la pesca sin control y la deforestación, explica Durán, son amenazas constantes. Durán, además, es tesorera de la Corporación Mesa Ramsar y coordinadora del proceso de implementación del Plan de Manejo del Sitio Ramsar EFI. Junto con la Asociación de Campesinos para la Sostenibilidad Zona Ramsar —todas creadas previo a la designación del sitio Ramsar, en 2013— se ha hecho frente a esas problemáticas para asegurar el futuro de este inmenso ecosistema dulceacuícola y, en consecuencia, el bienestar de sus comunidades.
Hoy la EFI es uno de los humedales prioritarios para la conservación en Colombia y en el mundo, por lo que su existencia también es motivo de celebración en el Día Mundial del Agua.
Monitores de fauna en la Estrella Fluvial Inírida, en Colombia. Foto: Yulieth Mora Garzón / Instituto SINCHI
Colombia, un país de humedales
Los humedales, definidos por el Instituto Humboldt, “no son charcos y mucho menos pocetas de aguas negras”. Son ecosistemas que, debido a sus condiciones geomorfológicas e hidrológicas, permiten la acumulación del agua de una forma temporal o permanente. Es decir, “son esponjas” o reservorios hídricos. Los 48 473 humedales que se encuentran en Colombia están distribuidos, mayormente, en las regiones del Amazonas, Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco y Pacífico, y abarcan cerca del 26 % del territorio nacional.
Mauricio Valderrama, experto en ecología de la pesca y conservación de recursos naturales, director de la Fundación Humedales —organización no gubernamental que trabaja con ecosistemas acuáticos de Colombia y su relación con la sociedad desde hace más de 20 años— afirma que los humedales vuelven al país sudamericano una nación privilegiada en el mundo cuando se habla de agua, así como a los recursos y servicios que ofrecen: alimento, transporte, turismo, agua para riego en la agricultura y para la ganadería, regulación del clima y la mitigación de inundaciones, entre muchos otros.
“Los colombianos vivimos en un país anfibio; desde niño, todo colombiano tiene alguna relación con los ecosistemas acuáticos, porque hay agua por todos lados —dice Valderrama—. Los humedales son ecosistemas estratégicos, pero también son los ecosistemas más amenazados en el mundo. Son áreas donde ya existe mucha intervención, mucha transformación y, obviamente, por eso decimos que están en una categoría de amenaza. Colombia es riquísimo en humedales, pero solo el 7 % de ellos tienen algún grado de protección”.
Un pescador de la Estrella Fluvial Inírida, en Colombia. Foto: Camilo Díaz / WWF Colombia
Afortunadamente, dice el experto, cada vez hay mayor interés en actuar a favor de su conservación, particularmente, en las comunidades locales que habitan estos ecosistemas y donde se ha desarrollado una mayor conciencia sobre sus necesidades y ha crecido la intención de participar y proponer actividades.
“Pero también tenemos que decir que esas personas no se pueden dejar solas —afirma el especialista—,las autoridades ambientales y las políticas nacionales tienen que trabajar de forma efectivay dando soluciones reales a los problemas de la gente que vive en los ríos. Son quienes necesitan la verdadera atención del Estado”.
Estrella Fluvial Inírida: un sitio megadiverso
La riqueza de este sitio es impresionante. De acuerdo con el plan de manejo de la EFI, se demostró a través de estudios biológicos y socioeconómicos la mega biodiversidad que alberga, pues se registraron 903 especies de plantas, 364 de peces —que representan el 37% de la riqueza de la cuenca Orinoco y el 23% de las 1595 especies dulceacuícolas registradas en Colombia—, 66 de anfibios, 106 de reptiles, 491 de aves y 200 de mamíferos.
Además, el sitio tiene una gran relevancia cultural para las comunidades indígenas que lo habitan y que dependen de él para su sustento: los pueblos Curripaco, Puinave, Sikuani, Cubeo, Piapoco, Piaroa y Tucano —con población mayoritaria de los dos primeros— y comunidades campesinas provenientes de departamentos como Meta, Casanare, Cundinamarca y Boyacá, establecidas principalmente sobre el río Guaviare.
Un pescador de la Estrella Fluvial Inírida, en Colombia. Foto: Camilo Díaz / WWF Colombia
Según el plan de manejo de la EFI, la importancia pesquera de la Estrella Fluvial Inírida fue un criterio importante para su designación como sitio Ramsar en 2014. Su riqueza en peces es parte integral de la suficiencia alimentaria de los pueblos originarios, mientras que la región es reconocida por su actividad de pesca ornamental que la posiciona como el principal centro de acopio de ese recurso en Colombia. Debido a esta importancia pesquera, se trabaja en el establecimiento de una reglamentación sobre las actividades, a cargo de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), con la participación de las comunidades indígenas que hacen parte del sitio Ramsar y así contribuir al fortalecimiento de las iniciativas locales de gestión de los peces.
“La vida de las comunidades indígenas y campesinas de este sector gira en torno a la pesca, la agricultura y la cacería; mucha de la alimentación depende de la pesca de consumo —que es del 70 %— y el resto de la carne de monte y de la agricultura; así es básicamente para las 25 comunidades indígenas y las 65 fincas campesinas que habitamos este territorio”, explica Rosa Durán.
Rosa Durán, lideresa indígena Curripaco. Foto: Instituto SINCHI
Natalia Atuesta, bióloga especialista en uso y manejo de vida silvestre, e investigadora del grupo de fauna del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI —con quienes trabajan el monitoreo de fauna de consumo desde el 2019—, señala que el sitio Ramsar tiene la vocación de hacer conservación, pero también del uso sostenible de los recursos naturales, por lo que no se trata de “no tocar, sino de usar sin acabar”.
La experta comenta que “esa es la aproximación de las personas que viven en las comunidades que ancestralmente han usado esos recursos y que son los gestores y manejadores de ese territorio, por eso se organizaron en la Mesa Ramsar y nosotros, como instituciones, hemos entrado a apoyar técnicamente a las comunidades”.
De esta manera, han sido las propias comunidades quienes han sido capacitadas para la recolección de los datos que son posteriormente analizados por el Instituto SINCHI. A la fecha, el equipo de monitoreo comunitario está conformado por unas 30 personas que se han especializado en los últimos años.
“Siempre les estamos devolviendo los datos para que se generen conversaciones, pues ellas son las que proponen las medidas de manejo y qué es lo que quieren hacer”, agrega Atuesta.
Monitores de fauna acuática de la Estrella Fluvial Inírida. Foto: Camilo Díaz / WWF Colombia
Además, las comunidades han propuesto siete zonas de reserva en la EFI que eligieron, por ejemplo, por ser áreas de reproducción de especies y desde donde se mueven hacia otras zonas.
“Hay reservas que se han decidido por conocimiento de los viejos o por sus recorridos de monitoreo en sus territorios donde hay áreas que no se conocían antes y que ahora saben que están conservadas, por lo que son buenos sitios para mantener esa fauna disponible”, dice Atuesta, mientras que hay otras reservas destinadas para hacer vedas de algunas especies u otras donde hay playas específicas para la conservación de las nidadas de tortugas.
Pescadores de la Estrella Fluvial Inírida utilizan métodos de pesca tradicionales. Foto: Camilo Díaz / WWF Colombia
Las amenazas al ecosistema
Los factores adversos en la EFI incluyen la extracción de oro y coltán. De acuerdo con Rosa Durán, la problemática empezó a partir del año 2021, con el avance de la pandemia del COVID-19. Ahora existe la presencia de balsas mineras trabajadas por personas externas a la zona y que, a su paso, también reclutan mano de obra indígena barata.
“Es muy triste, porque la gente desarrolla la actividad porque dicen que están solos, porque están en el abandono total del Estado, porque no hay presencia de nadie más que nosotros que, como comunidades, estamos dando vueltas por ahí, tratando de hacer registros de pesca y de fauna, y hablando con la gente. Pero somos un grupo de indígenas y de campesinos en contra de muchas otras cosas que no son tan buenas para el medio ambiente o para las mismas comunidades”, lamenta la lideresa indígena.
Comunidad de Caranacoa, en Guainía, Colombia. Foto: Yulieth Mora Garzón / Instituto SINCHI
Así,la minería ilegal se está presentando mayormente en uno de los ríos: el Atabapo, donde la actividad de estas balsas remueve la tierra y ocasiona una gran degradación en el río. “Ahora se empiezan a ver montañas de arena blanca y ya hay cambios, por ejemplo, en la reproducción de los peces y las tortugas, que las monitoreamos y ya no se ven como se veían anteriormente. Es prácticamente como si se estuvieran acabando”, afirma Durán.
El monitoreo de pesca de consumo se ha realizado durante los últimos 12 años. De acuerdo con Durán, sus resultados señalan que no ha cambiado la variedad de peces presentes, sino su cantidad.
“Los pescadores ahora tienen que dedicar más horas a la pesca para poder sacar una cantidad más o menos grande; sí hemos visto una afectación, porque además de la disminución en el número, también hay cambios en el tamaño y en la reproducción”, agrega Durán.
Monitores de fauna de la Estrella Fluvial Inírida, durante su capacitación en 2021 en la comunidad de Caranacoa, Guainía. Foto: Yulieth Mora Garzón / Instituto SINCHI
En ese sentido, ejemplifica que el bocachico (Prochilodus mariae), un pez de escama, anteriormente medía unos 25 centímetros y hoy mide cinco centímetros menos. Además, solía reproducirse en el mes de mayo, pero ahora empieza entre marzo y abril.
La minería no es la única amenaza para estas especies. La lideresa apunta también la deforestación y los incendios que se presentan sobre los ríos, las lagunas y los caños, así como la sobrepoblación en la zona —que deriva en problemáticas como la sobreexplotación de los recursos y el comercio ilegal— y el uso de artes de pesca inadecuadas.
“El aumento de personas por los problemas de migración, provoca sobrepoblación y, como la Estrella Fluvial es la zona donde se consigue la mayor parte de animales y de peces, toda la gente los saca del mismo territorio para su consumo y su comercio —explica Durán—. Además, con esas artes de pesca inadecuadas, cogen todas las especies pequeñas y en épocas de veda, por eso logramos con la Aunap que se haga un ajuste: corrimos la veda, porque anteriormente empezaba en mayo y ahora es en abril”.
Los pescadores de la Estrella Fluvial Inírida están regresando al uso de métodos tradicionales de pesca. Foto: Camilo Díaz / WWF Colombia
Por eso también se trabajó en la recuperación del uso de artes de pesca tradicionales que, de acuerdo con Durán, provocan un menor impacto. Esto resultó en una serie de acuerdos locales entre las comunidades indígenas y que se elevaron a una resolución pesquera.
“Tenemos 25 acuerdos con 15 instituciones de orden local, nacional e internacional, buscando que cada una, desde sus competencias y desde la nuestra como comunidades indígenas, podamos hacer actividades que lleven a la conservación y uso sostenible de este territorio —explica Durán—. Las resoluciones que hemos logrado en cuanto a pesca y también el monitoreo de fauna que estamos haciendo en este momento con el Instituto SINCHI, son en el marco del proyecto GEF Corazón de la Amazonía donde se asientan muchas instituciones que buscan también la conservación de estos territorios estratégicos”.
El futuro de la Estrella Fluvial Inírida
La colaboración de las comunidades ha sido fundamental y desde la Mesa Ramsar se ha impulsado la educación ambiental. “La intención es que la gente empiece a caer en cuenta de que, en algún momento, las especies que tenemos se pueden acabar y no le podremos dejar nada a nuestros hijos o a nuestros nietos. Finalmente, la cultura indígena, nuestros conocimientos ancestrales y tradiciones, son los que han hecho que estos territorios conserven durante muchísimos siglos. Todo el conocimiento —el de la pesca, la cacería y la agricultura— está ligado al agua”, dice Durán.
La lideresa indígena agrega que los siguientes pasos del proyecto de conservación tienen que ver con el fortalecimiento de las actividades económicas, sobre todo, en un turismo de naturaleza con perspectiva ecológica y que beneficie a las mujeres.
Monitores de fauna de la Estrella Fluvial Inírida en capacitación con el Instituto SINCHI. Foto: Yulieth Mora Garzón / Instituto SINCHI
“Que todo esto que hacemos sea un atractivo para que la gente (de las comunidades) empiece a ver que un animalito vale más vivo que muerto y que se empiece a concientizar sobre el hecho de que la fauna está para su alimento, más no para la venta”, dice Durán. Lo que espera para el futuro es un verdadero reconocimiento y valoración de la Estrella Fluvial Inírida y todo lo que significa no sólo para las culturas indígenas que la habitan, sino para el bien de todas las especies de flora y fauna que la necesitan.
“Quisiera que de verdad se viera como ese lugar importante que es. No solamente nosotros como comunidades indígenas, sino también las otras personas que están muy cerca, pero que pareciera que no les ven importancia —concluye Durán—. La EFI está en la zona de nuestro municipio de Inírida, que no tiene control sobre las aguas negras y todo está cayendo a los ríos donde la gente se baña, saca el agua para tomar y el pescado. Por eso quisiera elevar esa voz de auxilio por esta zona tan importante y que, de verdad, se vea al agua como algo vital”.
Imagen superior: Comunidades indígenas navegan el Río Inírida, Guainía. Foto: Yulieth Mora / Instituto Sinchi
En Colombia, se celebra este 21 de febrero el Día de las Lenguas Nativas para destacar la importancia de la riqueza lingüística y cultural de la Nación. En el país se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 maternas, de las cuales 65 son lenguas indígenas.
Los hijos mayores de Edimilsa Lima, indígena de la etnia tuyuca de la Comunidad La Libertad en Mitú, Vaupés, no hablan su lengua materna pero ella dice trabajar intensamente para que su hija Emillie Michelt de dos años lo logre.
«Aquí donde vivo nosotros somos pluriétnicos y es difícil enseñar y aprender todas las lenguas, pero yo creo que debería haber una escuela de formación etnocultural donde los niños accedan y puedan aprender sobre cualquier lengua».
Edimilsa hace parte de una comunidad que hace parte de la familia lingüística tukano-oriental, a la cual pertenecen más de una decena de lenguas habladas en el Vaupés y en los departamentos que lo rodean.
Para la Organización Nacional Indígena (ONIC), «La población tuyuca que habita territorio colombiano se estima en cerca de 650 personas, de las cuales aproximadamente el 75% habla su lengua ancestral.El 25% restante que no la habla, está conformado por personas que pertenecen a todas las generaciones, y no solo a una. Por otra parte, muchos tuyucas han adquirido otras lenguas de los pueblos con que comparten territorio, debido a las alianzas matrimoniales que establecen con grupos diferentes al propio«.
La organización explica que en Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. De ellas 65 son lenguas indígenas, dos lenguas criollas (palenquero de San Basilio y la de las islas de San Andrés y Providencia – creole), la Romaní o Romaníes del pueblo Room – Gitano y la lengua de señas colombiana.
De este número de lenguas, la Amazonia colombiana es la región con mayor diversidad lingüística del país en tanto 51 lenguas se agrupan en la región, es decir un 78%, según el artículo: Las lenguas indígenas de Colombia y del Amazonas colombiano: situaciones, perspectivas, disponible en la Revista Colombia Amazónica 9°.
«Nosotros estamos celebrando este día, pero con una gran preocupación porque desde el Instituto Sinchi y en conjunto con las comunidades desarrollamos la investigación de Indicadores de Bienestar Humano Indígena y hemos encontrado una gran pérdida en las comunidades amazónicas debido al bilingüismo, a la lengua hegemónica y también como desenlace de las migraciones que se dan a nivel interno de la Amazonia y de la multietnicidad en las comunidades».
Para Juan Felipe Guhl, coordinador del programa Dinámicas Socioambientales y Culturales del Instituto Sinchi, «una lengua nativa es modo único de expresión del hombre entre su sociedad con el ambiente, con el cosmos, con sus orígenes. Existen palabras únicas en estas lenguas que no tienen traducción al castellano y estas palabras son usadas en los rituales y formas de curación de los chamanes».
Vaupés por ejemplo, es uno de los departamentos donde más se hablan lenguas nativas porque allí confluyen 23 pueblos étnicos como el Tucano, Tatuyo, Piratapuyo, Tuyuca, Desano, Barazano, Jupda/ Judpa, Wanano, Kubeo, Carapana, Tariano, Bará, Siriano, Pisamira/Yurutí, Curripaco, Macuna, Taiwano/Eduria, Tanimuca;Cabiyari, Pisamira, Juhup/Yuju, kakua y Hupdës.
¿Cuándo es vulnerable una lengua?
La alerta de las Naciones Unidas indica que cada dos semanas en el mundo desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Al menos el 43% de las 6000 lenguas que se calcula que se hablan en el planeta, están en peligro de extinción.Solo unos centenares de lenguas tienen realmente cabida en los sistemas educativos y en el dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el campo digital.
Según información del Instituto Sinchi, se estima que una lengua que tenga entre 2.000, 1.000 y 500 hablantes está en estado de vulnerabilidad y una lengua con menos de 100 hablantes está en situación de alto riesgo. En la Amazonia colombiana la mayoría de lenguas habladas tienen menos de 1.000 hablantes, lo que las convierte en lenguas vulnerables, pero existe un número importante de lenguas que están por debajo de los 500 hablantes.
En Colombia, la celebración del Día de las Lenguas Nativas se estableció a partir de la Ley 1381 de 2010. En dicha Ley se declara el 21 de febrero como la fecha que destaca la importancia de la riqueza lingüística y cultural de la nación. Esta fecha se suma a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna proclamada por la UNESCO en 1999.
«Nosotros estamos celebrando este día, pero con una gran preocupación porque desde el Instituto SINCHI y en conjunto con las comunidades desarrollamos la investigación de Indicadores de Bienestar Humano Indígena y hemos encontrado una gran pérdida en las comunidades amazónicas debido al bilingüismo, a la lengua hegemónica y también como desenlace de las migraciones que se dan a nivel interno de la Amazonia y de la multietnicidad en las comunidades».
En 2021, junto a las comunidades y con el acompañamiento técnico del Ministerio de Cultura y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural -CNPC, avaló la postulación de los bailes tradicionales de los pueblos indígenas Uitoto Mɨnɨka, Bora, Okaina, Muinane de La Chorrera, Amazonas como Patrimonio de la Nación. Esta postulación dio vía libre para que la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera -Azicatch iniciara su proceso de reconocimiento como patrimonio inmaterial de los colombianos.
«Los bailes tradicionales son rituales que sirven para la transmisión de la lengua de los mayores a los menores, donde a través de espacios lúdicos y de trabajo y de comprensión se maneja el medioambiente, el equilibrio de la sociedad y el bienestar de las personas. Nuestro llamado está dirigido a que la etnoeducación se dé con bilingüismo real en las comunidades donde las personas fortalezcan la permanencia de sus lenguas y donde los programas sean acordes a las realidades socioculturales de cada una de las regiones», considera el investigador Guhl.
Más de 450 familias de siete municipios del sur del departamento han transformado sus fincas en espacios de conservación de suelos, bosques y agua, al tiempo que tienen proyectos productivos que les permiten tener soberanía alimentaria.
Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam
Poco más de una hora de carretera separa al municipio de San José del Fragua de Florencia, la capital del departamento de Caquetá, al sur de Colombia. A un lado de la vía se aprecian los grandes picos de la cordillera oriental de los Andes y, al otro, el comienzo de las inmensas planicies amazónicas.
El casco urbano de San José del Fragua es pequeño y sus habitantes aún recuerdan cómo el conflicto armado se instaló en su territorio, primero con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego con los paramilitares. Durante años, recorrer las aguas cristalinas de los ríos que atraviesan el municipio y muchos de sus sitios turísticos era una tarea riesgosa.
Hoy, el municipio trata de sacarle ventaja al ecoturismo en lugares como la imponente Piedra del Indio Apolinar, una inmensa roca de unos 40 metros de diámetro y 28 de alto que es considerada sagrada para los indígenas ingas en el Caquetá, y Portales de Fraguita, en donde el río del mismo nombre pareciera haber roto en dos una gran montaña y abrirse paso en medio de ella.
Piedra del indio Apolinar, San José del Fragua, Caquetá. Foto: Antonio Paz.Portales del Fraguita, San José del Fragua, Caquetá. Foto: Antonio Paz.
Al adentrarse en la zona rural, las fincas ganaderas dominan el paisaje que antes era ocupado por los bosques de la Amazonía. Y es que Caquetá es uno de los departamentos que encabeza las listas anuales de deforestación en Colombia. Según las cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), esta regióm perdió38 383 hectáreas de bosque en 2021; 5 861 más que en 2020, lo que representó el mayor aumento en el país.
Datos de la plataforma Global Forest Watch indican que el municipio de San José del Fragua perdió 580 hectáreas entre 2020 y 2021. Las zonas más afectadas por la deforestación suelen estar en el llamado piedemonte amazónico, en donde la frontera agropecuaria cada vez le gana más terreno a la selva.
El paisaje cambia cuando se llega a la finca de la familia Quimbayo Gutiérrez. La presencia de los árboles empieza a ser más frecuente y parches de bosque natural aparecen de repente. Esta familia forma parte del programa Finca Amazónica, iniciativa promovida desde el 2006, y de forma ininterrumpida, por la Vicaría del Sur de la Arquidiócesis de Florencia, perteneciente a la Iglesia Católica.
En el sur del Caquetá, la iglesia tiene entre sus pilares la conservación de la Amazonía y uno de sus principales proyectos es trabajar con los campesinos que fueron desplazados por el conflicto armado y llegaron a zonas del piedemonte amazónico de los municipios de Morelia, Albania, Curillo, Valparaíso, Solita, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, causando la tala de la selva en su intento por sobrevivir en un nuevo lugar.
Finca Amazónica lleva casi 27 años transformando, con participación activa de las familias campesinas, la forma de apropiación y aprovechamiento de los recursos amazónicos.
“Esto acá [la finca] era puro potrero. La quebrada se había secado porque había sido deforestada. En esta zona había muchas quemas. Lo primero que hicimos cuando entramos a Finca Amazónica fue dejar que se arborizara todo al lado de la quebrada. Lo primordial fue recuperar el agua. Familia, tierra, bosque, agua y ganas de trabajar, ese ha sido nuestro compromiso, y tomar esa conciencia de que esto no es de la noche a la mañana, todos estos procesos son a largo tiempo, pero uno va viendo los resultados”, dice Petronila Gutiérrez, quien junto a su esposo e hijos es dueña de la finca La Miranda, un predio de 32 hectáreas en donde han reforestado bosque y puesto en marcha técnicas de agricultura y ganadería sostenibles.
Así lucen muchos predios del piedemonte amazónico del sur del Caquetá. Foto: Antonio Paz.La familia Quimbayo Gutiérrez dejó que la vegetación amazónica se recuperara en varias hectáreas de su finca y la quebrada que pasaba por su predio reapareció. Foto: Antonio Paz.
Fincas campesinas que conservan la Amazonía
Petronila y su esposo Ovidio Quimbayo forma parte de las primeras familias que se vincularon al proyecto Finca Amazónica de la Vicaría del Sur de la Arquidiócesis de Florencia. Recuerdan que una de las cosas que más los motivó es que pudieron diseñar y planear cómo querían que fuera su finca y cómo podían hacerla compatible con la conservación del bosque amazónico. Ellos mismos determinaron el tiempo en que iban a ir implementando sus proyectos productivos sostenibles y crearon un plan de trabajo para cumplir con esas metas.
Petronila Gutiérrez dice que las fincas amazónicas como la suya funcionan porque entendieron que necesitan suelo, agua y bosque en excelentes condiciones para que sus predios puedan garantizarles, a la vez, la soberanía alimentaria.
“Todas estas plantas que usted ve por acá, en esta huerta ecológica, en el invernadero y en medio de los árboles nativos, las he sembrado yo”, dice mientras camina entre el denso pasto y señala árboles frutales, hierbas aromáticas y arranca unas plantas para obtener de las raíces la cúrcuma y el jengibre. Se siente orgullosa de su labor de agricultora y recuerda que durante las cuarentenas por el COVID-19, cuando los alimentos se encarecieron y escasearon, ella y su familia tuvieron comida de sobra y hacían trueque con los vecinos de otras fincas amazónicas.
Vivero en la finca La Miranda de la familia Quimbayo Gutiérrez. Foto: Antonio Paz.
No todo ha sido fácil. Familias como la Quimbayo Gutiérrez aseguran que lograr el compromiso de los más jóvenes es uno de los principales retos.
Esa afirmación la confirma Edinson Ovidio Quimbayo, uno de sus hijos. “Solo hasta hace unos cuantos años me vinculé con la Vicaría, porque yo siempre tuve la idea de ser ganadero, como muchos de los que viven en esta región. Mi idea de ganadero exitoso era la de la ganadería tradicional, (el éxito es) el que más tuviera tierra. Eso no iba mucho con las ideas de mi papá, que siempre ha sido agricultor”, comenta Quimbayo.
Una fuerte sequía que azotó a San José del Fragua lo hizo cambiar de parecer. Se quedó sin agua y lo mismo le pasó a los predios ganaderos de la región. Para su sorpresa, la finca de sus padres —a los que veía con desconfianza, por cultivar en medio de los árboles nativos amazónicos y dejar que la vegetación se regenerara sola alrededor de la quebrada— tenía agua, alimento y parecía ser inmune a los estragos del clima.
“En ese momento entendí que esto de la Finca Amazónica valía la pena y empecé a recibir las capacitaciones. Me costó, pero entendí que era mejor tener una ganadería intensiva, donde lo que más importa no es tanto la cantidad de vacas que tengas, sino que haya una mejor ganancia por el producto [leche]. Puedes tener muchos animales, pero eso también es mucho gasto y al final no te das cuenta de que el dinero que te queda es muy poco. Comenzamos a dividir potreros, crear sistemas silvopastoriles donde tenemos vegetación que le sirve de sombra y alimento a los animales, y empezamos a rotar las vacas en los 52 lotes que ya tenemos hoy”, dice Quimbayo.
Sistemas agrosilvopastoriles en las fincas amazónicas. Foto: Antonio Paz.
Agripino Lara, líder del equipo de apoyo de la Vicaría del Sur y del proyecto Finca Amazónica, comenta que a lo largo de los casi 27 años que tiene el programa han trabajado en las fincas de 710 familias campesinas.“En la actualidad estamos con 469 finca-familia, en 73 veredas de seis municipios del sur del Caquetá. El proyecto impacta poco más de 14 000 hectáreas de predios del piedemonte amazónico, teniendo en cuenta que la extensión de cada finca es, en promedio, de unas 30 hectáreas”.
Lara asegura que los campesinos pueden vivir en la Amazonía. La idea del proyecto, explica, es que sus fincas sean compatibles con la vocación del suelo amazónico que es bastante frágil y que se genere en las familias el sentido de pertenencia por esta región. “Finca Amazónica busca fomentar la soberanía alimentaria, el cuidado de la biodiversidad, el suelo, el agua y el bosque. El objetivo es plantear un desarrollo humano integral al tiempo que las fincas se convierten en opciones reales de conservación y de mitigación y adaptación al cambio climático”, asegura.
Uno de los ríos que atraviesa el municipio de San José del Fragua, en el departamento de Caquetá, Colombia. Foto: Antonio Paz.
Trabajo comunitario de casi tres décadas
Agripino Lara destaca que una de las fortalezas de Finca Amazónica es que el conocimiento que adquieren los campesinos es replicado por ellos mismos, pues algunos se convierten en facilitadores del programa: capacitan a las familias en técnicas de conservación y de producción sostenible, visitan las fincas y dan asesoría en la implementación de todas las actividades.
Ese es el caso de Diego Fabián Gómez: “Empecé con la Vicaría del Sur en 1996, cuando era un campesino muy joven que vivía en una finca en zona rural de Florencia. Un día llegó el padre Arnulfo Trujillo y empecé a vincularme con la parte espiritual, pero también empecé a interesarme en la parte social e hice un curso de promotor comunitario”.
Finca La Miranda de la familia Quimbayo Gutiérrez en 2021 y proyección a 2024. Esta planeación es uno de los principales ejercicios participativos del proyecto Finca Amazónica. Los campesinos diseñan su finca con base en los conocimientos adquiridos. Foto: Antonio Paz.La familia Quimbayo Gutiérrez ha sembrado frutales entre los árboles nativos de la Amazonía. Foto: Antonio Paz.
Para 2009, comenta el facilitador, la Vicaría decidió implementar las tres líneas temáticas de su misión en todos los proyectos que adelantaba en el sur del Caquetá, entre ellos Finca Amazónica. “Esas líneas temáticas son vivencia de la fe, Amazonía y derechos humanos; en todos los proyectos tienen que ir las tres líneas. En Amazonía está todo lo que tiene que ver con el cuidado del territorio; en derechos humanos, todo lo que tiene que ver con defensa del territorio y garantía de los derechos de los campesinos y en vivencia de la fe, toda la parte espiritual”, agrega Gómez.
El interés de la iglesia católica de Caquetá en el cuidado del medioambiente cobró un papel todavía más protagónico luego de que el papa Francisco dedicara, en 2015, una de sus encíclicas, Laudato sí, a este tema, y que en 2020 publicara la exhortación Querida Amazonía.
Incluir a la Amazonía como eje fundamental de los proyectos en el sur del Caquetá se convirtió en una prioridad, ya que “por su origen de colonos, venidos de diferentes regiones del país e incentivados por programas gubernamentales de producción pecuaria extensiva como alternativa económica regional, trataron de conservar sus costumbres sociales, culturales, religiosas y productivas en un ecosistema amazónico frágil y biodiverso que no conocían, lo que terminó permeando la relación del hombre con la naturaleza”, se menciona en un libro publicado por la Vicaría del Sur en 2020 y que narra la experiencia de Finca Amazónica.
Conservar la Amazonía, y al mismo tiempo tener alternativas de producción sostenible, es una de las frases que repiten familias campesinas como los Quimbayo Gutiérrez. Además, están convencidos de que su papel en el campo es indispensable para la sociedad colombiana. “Si a nosotros nos terminan sacando del campo, por falta de oportunidades para producir y tener lo necesario para la familia o porque decida el gobierno que es mejor el petróleo que el agua, ¿cuál será el futuro de las nuevas generaciones?”, dice Ofelia Sotto Correa, campesina del municipio de Belén de los Andaquíes.
Edinson Ovidio Quimbayo, campesino perteneciente al proyecto Finca Amazónica. Foto: Antonio Paz.
Una de las iniciativas de Finca Amazónica que los campesinos más destacan es el rescate y conservación de las semillas nativas. “Si tenemos semillas, logramos que las familias tengan soberanía alimentaria. En este momento existe entre los campesinos una red de conservacionistas de semillas nativas y criollas donde también se fomenta el intercambio de esas semillas entre todos”, afirma Diego Fabián Gómez.
Petronila Gutiérrez es una de las personas que más ha impulsado el proyecto de conservación de semillas y asegura que “se ha promovido a través de trueques, o sea de intercambios. Los vecinos le dan a uno y uno les da a ellos, y luego sembramos para asegurarnos de que se conserven las especies. Acá en la finca tengo más de 80 semillas diferentes”, asegura.
Las familias que hacen parte de Finca Amazónica también llevan varios años participando de los mercados campesinos, una estrategia del programa que Agripino Lara y Diego Fabián Gómez consideran muy importante, pues tener ingresos económicos sólidos es una de las principales preocupaciones en la región.
“El mercado campesino en San José del Fragua se hace cada mes, el primer domingo, somos unas 18 familias que salimos de forma constante. Todo se vende y decidimos vender al mismo precio de los demás mercados porque vendemos cultivos limpios, no se tienen químicos y vendemos directamente al consumidor”, dice José Naez Baquiro, de la vereda La Palmeras de San José del Fragua.
María Petronila Gutiérrez es una de las campesinas que más ha aportado al proyecto de conservación de semillas nativas y criollas. Foto: Antonio Paz.
Las fincas amazónicas también cuentan con estufas ecológicas que aíslan y aprovechan mejor el calor, disminuyen la contaminación del aire por la emisión de CO2, el consumo de leña y, por lo tanto, la tala de árboles.
En el tema de saneamiento básico hanimplementado tecnologías como las letrinas de pozo sencillo, baterías sanitarias con conexión a sistemas sépticos, trampas de grasas y jabones, filtros para aguas residuales y biodigestores que, además de disminuir el potencial contaminante de los excrementos, producen gas que es usado para la cocción de alimentos.
Estufa ecológica elaborada con asesoría del proyecto Finca Amazónica. Foto: Antonio Paz.Estufa ecológica elaborada con asesoría del proyecto Finca Amazónica. Foto: Antonio Paz.
Diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Caquetá destacan el programa de conservación de Finca Amazónica y su rol para enfrentar los fuertes fenómenos de deforestación en el departamento.
Diego Cardona, coordinador del Área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva, una ONG ambientalista que trabaja en defensa de los territorios junto a comunidades en Caquetá y otras regiones del país, asegura que diversos estudios científicos ya han confirmado cómo el manejo comunitario es mucho más eficiente para mantener la calidad de los ecosistemas y de los territorios, y tener menores tasas de deforestación, si se compara con otras medidas como, por ejemplo, la creación de áreas protegidas con fuertes restricciones como los parques nacionales. “En ese sentido, la Finca Amazónica es una medida efectiva para reducir y controlar la deforestación en una región como la Amazonía y como el departamento del Caquetá, que es el más afectado por la pérdida de bosques en el país. Es una medida completamente legítima, necesaria y que ha mostrado buenos resultados”, comenta Cardona.
Por su parte, durante el evento Diálogos sobre deforestación: pensando y actuando desde los territorios,organizado por Censat Agua Viva y Tropenbos Colombia en Florencia, Caquetá, realizado en septiembre de 2022, Sergio Martínez, abogado y especialista en derecho ambiental e integrante de Tropenbos destacó: “Iniciativas como esta contrastan con el discurso que ha venido calando de un tiempo para acá, sobre todo cuando iniciaron los operativos Artemisa (acción del gobierno de Iván Duque para combatir la deforestación), que ven al campesinado y a los indígenas como amenazas y depredadores de la naturaleza. Han venido sacando adelante sus apuestas por el cuidado y la conservación de sus territorios sin apoyo de entidades gubernamentales”.
Imagen superior: Portales del Fragüita, San José del Fragua, Caquetá. Foto: Antonio Paz.
La reserva de agua dulce superficial más grande de Colombia seguirá recibiendo las aguas del alcantarillado del municipio de Aquitania por lo menos hasta marzo de este año, cuando entre en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Por ahora se resuelve el suministro de energía para finalizar las pruebas técnicas. Con nueva tecnología y mayor tamaño, la nueva obra es similar a la que fue demolida.
Un nuevo incidente técnico impidió que el municipio de Aquitania, Boyacá, estrenara una de las obras más esperadas en las últimas décadas: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Esto se suma a una serie de inconvenientes que surgieron desde que inició el proyecto.
Se trata de una falla en el transformador que suministraba la energía, lo que interfirió con los análisis fisicoquímicos que pondrían a prueba la eficacia de la planta.
Este es el transformador que ha demorado el los trabajo para iniciar las labores en la PTAR de Aquitania.
El transformador no solo era antiguo, sino que se compartía con la comunidad aledaña, y no soportó la alta demanda de energía, necesaria para operar la planta. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de un generador eléctrico, este no opera de manera continua. Conseguir otro transformador a través de la Empresa de Energía de Boyacá tardaría un año, razón por la cual la administración municipal decidió comprarlo para ganar tiempo.
“Se alcanzaron a realizar las pruebas en un 30% y ahora están suspendidas mientras se adquiere uno nuevo, proceso que ya se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y se espera finalizar en diciembre”, explicó el alcalde de Aquitania, Héctor Orlando Barrera.
La construcción de la planta se anunció en 2018 y comenzó a desarrollarse en 2019 con recursos de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) y aportes del municipio por un valor de $3.773 millones.
La meta es conseguir la desinfección de las aguas del 80 % del alcantarillado urbano que oscila entre 7.000 a 9.000 usuarios, con una capacidad de 20 litros por segundo, antes de ser descargadas en el lago de Tota. El 20% restante corresponde a un sector de la vereda de Vargas con suelo más bajo y no tiene conexión con la tubería que va a la planta.
Si el sistema funciona de manera óptima permitirá disminuir la carga contaminante que ingresa a diario a uno de los recursos hídricos más importantes del país: la cuenca binacional del lago de Tota es catalogada como la de mayor extensión en Colombia y la segunda en América del Sur. Esta abastece los acueductos de la cuenca en Aquitania, Tota y Cuítiva y Sogamoso, Nobsa, Firavitoba y las industrias de Paz del Río, en la provincia de Sugamuxi. Además, una gran parte de las zonas de cultivo de la cuenca.
Vista de la planta de tratamiento de agua residuales de Aquitania.
Seguidilla de obstáculos para descontaminar el agua
La falla en el transformador no ha sido el único tropiezo. Aunque a la fecha la obra física ya está terminada en su totalidad, ha tenido múltiples demoras.
Acorde al ingeniero Alejandro Aponte, subdirector de interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB), uno de los primeros inconvenientes en la obra, fue adelantar gestiones para la intervención del colector a la entrada de la planta para lo cual fue necesario contar con la autorización y servidumbre en un predio privado; esto retrasó en parte la ejecución de este tramo del proyecto.
Luego, en 2020, vino la pandemia del Covid 19 que también ocasionó dificultades para la importación de equipos electromecánicos necesarios para la operación de la planta.
Un tercer problema ocurrió cuando se retomaron las labores, porque ya no se encontraba mano de obra ‘calificada’ en el municipio. En Aquitania son escasos los trabajadores debido a la alta demanda del sector agrícola, porque esta localidad es el primer productor nacional de cebolla larga, lo que demanda un importante número de jornales. Esto restringió en parte el rendimiento buscado para la ejecución, que se suplió con mano de obra de migrantes venezolanos.
Y este año, comentó Aponte, cuando la estructura física había finalizado y comenzaban las pruebas finales, antes de la entrega de la planta: “la conexión eléctrica presentó fallas, derivadas de un transformador a la entrada del sistema”.
Con esas situaciones, pese a que la planta ya está construida en un 100 por ciento, se ha cambiado más de cinco veces la fecha de la entrada en operación. El nuevo plazo para la entrega final, es en marzo de 2023.
“El tema de la demora ha generado inquietudes, pero la administración municipal está atenta a explicar que ya se tiene lista la obra y darle tranquilidad a la ciudadanía. El Consejo de Planeación y el Concejo municipal pidieron visitas y estamos abiertos a explicarles como es el proceso y el avance”, nos dijo el alcalde Barrera.
Enfatizó que es una de las obras más importantes realizadas hasta ahora, no solo por el capital invertido sino por los beneficios que tendrá hacia el lago.
Ante las demoras, la Contraloría, que “procura el buen uso de los recursos y bienes públicos”, le puso el ojo a la PTAR de Aquitania.
Según Barrera, la entidad ha realizado varias visitas y se le ha entregado la información necesaria y las carpetas con la información solicitada.
Por su parte, el Aponte, de la ESPB, advirtió que a la fecha la Contraloría adelanta un acompañamiento permanente al proyecto; la solicitud de información se ha realizado dentro del marco de este acompañamiento con la entrega de los informes técnicos y financieros del proyecto, al igual que los soportes de los pagos realizados: “Este tipo de intervención se realiza en diferentes obras de municipios de Boyacá, más cuando se disparó la alarma por las demoras en el cierre del proyecto”, explicó Aponte.
Además, informó que el Departamento de Boyacá realizó una inversión de $2.984 provenientes del Sistema General de Participaciones Departamental. Por otro lado, el municipio aportó $623.204 provenientes del Sistema General de Participaciones y $415.148 corresponden a Regalías del Fondo de Compensación Regional.
En tal sentido el Departamento realizó un aporte de recursos del 74% del total del valor del proyecto.
La PTAR de Aquitania es una de las obras de mayor importancia para la salud ecosistema.
Mientras la planta entra en operación, el agua del alcantarillado, como viene ocurriendo en las últimas décadas, seguirá siendo vertida al lago de Tota sin ningún tratamiento. Al tiempo que, a un kilómetro de distancia, en la vereda de El Cajón, es captada nuevamente para el acueducto municipal.
Lo que se espera de la nueva PTAR: la reducción de bacterias
“Hay un efecto cultural y es que nos acostumbramos a que no hay problema en que las aguas residuales lleguen al lago y las casas rurales no tengan sus respectivos pozos sépticos, porque no ha habido una presión o estímulo para que la comunidad reflexione sobre lo que pasa con estas aguas en el ecosistema”, comentó Javier Acevedo ambientalista de Aquitania.
Investigaciones sobre el lago realizadas por la Universidad Javeriana y la UPTC, citadas por la revista Ciencia en Desarrollo volumen 11 de 2020, indican que, “En el lago es posible encontrar bacterias coliformes, sólidos suspendidos, compuestos orgánicos biodegradables y sólidos inorgánicos disueltos, los cuales pueden causar enfermedades, eutrofización y problemas relacionados con toxicidad y carcinogénesis”.
La ingeniera Liliana Acevedo Torres, gerente de la Unidad de Servicios Públicos (USP) de Aquitania explicó: “como las aguas son domésticas no conllevan procesos de desinfección tan altos y tediosos como ocurre en otros municipios o ciudades porque no hay procesos industriales. Es simplemente eliminar o bajar el nivel de la bacteria E.e-coli y la salmonella, las más presentes en estas aguas residuales”.
La Escherichia coli (E.coli) es una bacteria que habita en los intestinos de humanos y animales sanos, la mayoría de estas son inofensivas pero algunas cepas pueden causar fuertes malestares, consigna la Organización Mundial de la Salud. La salmonella (Salmonella enterica) también es una bacteria que se expulsa mediante las heces (materia fecal) y la forma más frecuente de infección en las personas es a través de agua o alimentos contaminados”.
Vertimiento de aguas residuales en la quebrada «La Mugre». Son aguas que van a parar directamente al lago de Tota.
La USP cuenta que el tratamiento proyectado de las aguas se basa en bacterias anaerobias, un proceso de oxigenación de las aguas y tratamiento de lodos para luego continuar su vertimiento al lago, y así, disminuir los parámetros con los que ingresa el agua al sistema.
“Con un manejo adecuado los lodos se pueden utilizar como abono orgánico para cultivos, porque tienen buenos nutrientes para el suelo. Una vez sea entregada la planta estos se dispondrán para la ciudadanía; la USP garantizará que no tendrán bacterias y se pueden aprovechar para producir alimentos”, le contó Shots de Ciencia la ingeniera Acevedo Torres.
Con la nueva planta, se aspira a que el agua llegue a un 95.5% de limpieza de carga bacteriana de E. coli y salmonella que es lo que indica la norma sanitaria sobre calidad de agua.
Por su parte, sobre el regreso de las aguas del lago para abastecer a la población de Aquitania y reportes como los de la UPTC, la Unidad de Servicios Públicos indica que el líquido del acueducto que se suministra a los aquitanenses, tiene un índice de riesgo de calidad de 0%. Este índice mide la calidad del agua para consumo humano, en el que 0 es “sin riesgo” y 100 es “sanitariamente inviable”.
“La desinfección se realiza a través de cloración, filtrado y desinfección. La calidad de agua es buena, no requiere nada más, es agua potable”, explicó la funcionaria Acevedo Torres. Asegura que la cloración destruye la salmonella y el E.coli al 100 %.
Sin embargo, en los acueductos rurales no es así, la eficacia de las plantas es solo del 17 %. Son los acueductos que llegan del páramo de los Curíes y Guane, donde se presenta contaminación en los canales por presencia de animales y basuras, indica la USP.
El fantasma de la vieja PTAR
Para construir la nueva planta, tuvo que demolerse la antigua, considerada por muchos habitantes como “un elefante blanco”. Esta había sido construida 30 años atrás y no cumplió su objetivo, porque a los cinco años de inaugurada, en el año 95, dejó de funcionar debido a que las aguas residuales y lluvias la llenaron de sedimentos.
En 2012 la Gobernación de Boyacá reportó su inadecuado funcionamiento por inconvenientes económicos que impedían su operación y mantenimiento. En sus últimos años de vida útil alcanzó con dificultad el 50 % del tratamiento, informaron voceros municipales.
Javier Acevedo, ambientalista de Aquitania, comentó: “en el pasado Día del Lago de Tota le pregunté al ingeniero geógrafo Rito Alfonso Pérez Preciado (fallecido recientemente) por la planta y en su concepto me dio a entender que no le gustaba la nueva obra. Precisó que el lago se merecía una planta con mejores condiciones tecnológicas”.
A Javier le preocupa que esta segunda planta tenga el mismo sistema de la anterior que no funcionó, solo que ahor se trata de una obra más grande. «La primera no dio la capacidad de tratar todas esas aguas porque no había separación de las aguas lluvias y las residuales. No se planificó para el futuro. Considera que fue una mala experiencia porque este municipio ha crecido, sigue creciendo y el alcantarillado aun es muy ineficiente«.
“No se perciben cambios significativos. Volvemos a tener el mismo problema de la anterior, porque varias carreras: la décima, novena y otras, no tienen la separación de aguas lluvias. Los que estamos en la parte ambiental, cruzamos los dedos para que esta PTAR funcione aún con el sistema de alcantarillado que tiene el municipio”, agregó este amientalista.
Al ser consultado el alcalde Barrera sobre el tema, afirmó que el municipio ya tiene un proceso de separación de aguas, que comenzó en 2019 y terminó en 2020 del que queda un 30 % pendiente: “Se contrató la consultoría para cumplir con la separación de las aguas residuales que quedan, por 300 millones y ya salió a licitación. Es decir, se tiene cubierto cerca del 70% del municipio en tres tramos. Con la tercera etapa se completa la separación de aguas lluvias y residuales en el casco urbano”.
¿Por qué se utilizó un sistema similar al antiguo y con una inversión tan grande?
Liliana Acevedo Torres, gerente de la USP recalcó que, aunque este es un sistema parecido al que tenía la anterior planta, la actual es más convencional porque incluye nuevos procesos como el cribado, la eliminación de materiales grandes y pequeños, una recirculación más completa con bioindicadores y lechos de secado. La antigua solo contaba con un zanjón de oxidación, y una recirculación en la que la fuerza que traía el agua contribuía a su circulación y, dado que no ocurría, el agua se estancaba. Ahora ese no será el caso porque están los motorreductores y los cepillos de aireación.
Sobre este asunto, el interventor Alejandro Aponte aseguró: “Las conversaciones que he tenido con los ingenieros de apoyo de la empresa y diseñadores, es que el proyecto se hace porque las estructuras de la anterior planta se encontraban en un avanzado estado de deterioro. El sistema eléctrico no estaba siendo funcional, debía ser repotenciado y en general la vida útil de la planta estaba cerca de su terminación”.
Según él, encontraron que la disposición de los elementos de la planta de tratamiento si eran los indicados, pero por su estado fue necesario reconstruirla. “El 95 por ciento de las estructuras se construyeron de cero y se modificaron, también se optimizaron los procesos y esas áreas de contacto del líquido aumentaron buscando mejorar la eficiencia de la planta. También se instalaron equipos electromecánicos que buscarán realizar de manera más eficiente el tratamiento”
En la ejecución de la obra no hubo Veeduría Ciudadana y tampoco se activó el Consejo de Cuenca que actúa para algunas decisiones sobre el ecosistema desde la sociedad civil, pero Barrera afirma que en poco tiempo estará lista la planta y la documentación, que quedarán a disposición de quien los requiera.
Vista aérea de la PTAR de Aquitania.
Al consultar sobre el costo que significará el manejo de la planta con el uso de energía las 24 horas, el mandatario le afirmó a Shots de Ciencia que esa es una de las preocupaciones del municipio porque significa personal y recursos: “Hemos estado haciendo una actualización de costos para determinar cuál sería el valor total de la administración de la planta. Me preocupa que ese costo se deba trasladar a los usuarios y es una de las complicaciones que se podría presentar, pero estaremos atentos a subsanarlo”.
Por otro lado, el interventor Alejandro Aponte opina que el proyecto surtió un proceso de reformulación para ajustar el diseño eléctrico en función de la revisión realizada por la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica (EBSA), y adicionalmente se realizó un balance de mayores y menores cantidades. No obstante, a la fecha no se han suscitado reclamaciones por sobrecostos derivados de los tiempos de ejecución del proyecto.
“Como supervisores de la obra damos un parte de tranquilidad a la comunidad, teniendo en cuenta la culminación de las obras, estaremos atentos a adelantar la puesta en marcha una vez se restablezca el servicio de energía eléctrica a la entrada de la planta. Se socializará el cierre del proyecto, con el ánimo de informar a la comunidad su resultado», aclaró el funcionario.
Aponte sostiene que la planta suplirá una necesidad sentida en el municipio y va a tener un efecto ambiental importante. Por tanto, dependerá de la óptima operación que se le dé por parte del prestador del servicio de alcantarillado del municipio, para que tenga un mantenimiento y operación adecuada y con el tiempo su eficiencia aumente.
Este reportaje hace parte del especial transmedia “Labrar el agua hasta la última gota” de Shots de Ciencia. El trabajo fue posible a la beca Crea digital con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia.
Smurfit Kappa Colombia (SKC), una empresa papelera con plantaciones certificadas con la etiqueta de silvicultura ética FSC, se enfrenta a la oposición de los agricultores locales e indígenas por disputas de tierras e impactos medioambientales. Las comunidades que viven cerca de sus plantaciones dicen que estas son las responsables de la escasez de agua y de una disminución en la biodiversidad y fertilidad del suelo.
A vista de pájaro, el verdor se expande en el horizonte tropical andino del departamento colombiano del Cauca. Una imagen que podría confundirse con un extenso bosque natural. Sin embargo, las comunidades indígenas misak y los agricultores que viven en la región saben que esos árboles conforman una plantación de pinos perteneciente a una de las empresas productoras de pulpa y empaques de papel más grandes de Colombia.
Smurfit Kappa Colombia es el nombre comercial de Cartón de Colombia S.A., empresa que nació en 1944 y cuya mayoría accionaria pertenece hoy a la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Group PLC. En 1986 el grupo Smurfit comenzó la compra accionaria hasta que en 2019 consolidó el control de la compañía con el 97%. Hoy ya tiene el 99% de las acciones.
La operación en Colombia es una de las seis más importantes del gigante internacional, que va desde las plantaciones forestales que producen la materia prima para las fábricas de pulpa, luego va a las máquinas de papel y termina en las plantas en donde se hacen los empaques. Una operación que en 2021 alcanzó ventas netas por cerca de 257 millones de dólares.
Los productos derivan de árboles como el pino pátula (Pinus patula) y el eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), especies que no son nativas de la región. Sus plantaciones se localizan en 33 municipios de seis departamentos colombianos y suman un total de 63.500 hectáreas (22 500 de bosques naturales y 41 000 de plantaciones forestales.
Vista panorámica de las plantaciones monocultivo de pino y eucalipto de la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia en Cajibío, Cauca. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Según los datos recolectados en el Atlas de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, la compañía llegó al Cauca en la década de los setenta con la siembra de árboles en algunas tierras arrendadas y otras compradas. Actualmente, el departamento es importante para la empresa, ya que allí se encuentra casi un tercio de sus plantaciones en el país, con alrededor de 3 000 hectáreas en el municipio de Cajibío. Esta plantación cuenta con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), una etiqueta de silvicultura ética que promueve la gestión responsable de los bosques y que SKC tiene desde 2003.
Sin embargo, existen conflictos socioambientales y los miembros de las comunidades local e indígena misak de Cajibío (gente del agua) han expresado su enojo acusando a la empresa de acaparamiento de tierras. Pedro Josse Velasco, uno de los líderes misak, dijo a Mongabay Latam que SKC ha legalizado la propiedad de los predios mediante arrendamientos de territorios ancestrales que termina comprando a precios bajos, legalizaciones de tierras que fueron despojadas y otras que les han sido cedidas por el Estado a partir de baldíos.
Los líderes de la comunidad denuncian afectaciones ambientales y solicitan a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura que respeten el acuerdo de paz de 2016, que en sus capítulos étnico y de reforma rural, promete distribuir tierras a las comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales afectadas por el conflicto armado que ha azotado al país por más de 50 años.
Con el rostro cubierto y un machete, un manifestante indígena misak patrulla la zona del monocultivo de pinos y eucaliptos. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Aproximadamente el 55 % de las familias colombianas perdieron acceso a sus tierras durante el conflicto. Los líderes locales argumentan que la redistribución de tierras se ha atrasado considerablemente, aunque con los representantes del gobierno de Gustavo Petro se han logrado acercamientos para lograr la reparación colectiva de las comunidades afectadas por el conflicto, según explicó Velasco.
La empresa multinacional, por su parte, niega todas las acusaciones de acaparamiento de tierras y negligencia. “Antes de consolidar procesos como la compra de tierras, realizamos rigurosos análisis legales y de antecedentes de las propiedades para asegurarnos de que todo respete los criterios de la ley”, le dijo a Mongabay Nicolás Pombo, gerente de la División Forestal de Smurfit Kappa.
Plantaciones ubicadas junto a fuentes de agua. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Un mandato de los pueblos indígenas
En 2017, en asamblea los pueblos misak, nasa y pijao que ocupan el occidente del país decidieron fortalecer las acciones de“recuperación de la memoria colectiva, territorial y ancestral de territorios; fue un mandato y por ello en 2020 comenzamos las acciones para entrar a tomar las tierras”, explicó el taita (líder) Pedro Velasco.
El epicentro de esas acciones bajo el lema “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” está en el municipio de Cajibío, en donde se encuentra la plantación más grande de SKC, con 3 100 hectáreas cultivadas, según el cálculo de los misak. En julio del 2021, agricultores locales e indígenas ocuparon las plantaciones de la empresa en protesta y talaron unas 1 000 hectáreas de pinos y eucaliptos rosados. Las reemplazaron con cultivos de alimentos y establecieron un campamento en el límite de las plantaciones.
“Arrancamos sus pinos tal como ellos hacen con nuestros cultivos de maíz, frijoles y mandioca [en las plantaciones]”, dijo David Yalanda, agricultor misak.
En comunicado de prensa, Smurfit Kappa Colombia, expresó su preocupación por la que llamó invasión a sus predios, y alertó por los “impactos negativos para un gran colectivo” y el riesgo para 180 empleos en Cajibío.
“Esta tierra pertenecía a Leónidas Paz, y mis padres y tíos solían plantar alimentos en asociación con él. Él les daba la tierra, las semillas y mi familia proporcionaba la mano de obra, y parte de los insumos agrícolas”, explicó Juan, miembro de la comunidad misak que vive cerca de los cultivos forestales, quien pidió que no se revelara su nombre real por motivos de seguridad. Durante las manifestaciones del 2021, los habitantes locales informaron que habían sido atacados por trabajadores de SKC y que uno fue ilegalmente arrestado por las fuerzas armadas cuando conducía a su casa.
Un hombre y una niña misak contemplan una cruz ubicada en el lugar en donde, aparentemente, un joven manifestante murió a manos de un policía. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Las acciones de recuperación son permanentes y se dan en varios sitios del departamento. En noviembre 19 de 2022, hicieron la “toma y posesión” de la casa matriz de Smurfit Kappa en Cajibío. “Con el canto y medicina ancestral la casa queda sanada y armonizada: ahora es la casa matriz de los territorios de vida interétnicos e interculturales”, aseguró en su twitter, el taita Velasco.
En este momento hay tensión entre los líderes indígenas y los representantes del Gobierno por las promesas hechas durante la campaña del actual presidente y las acciones que anuncian.
Esta lucha ha dejado amenazas de muerte. Después de las acciones de recuperación, grupos paramilitares enviaron panfletos dando un ultimátum a quienes insistan en ocupar tierras privadas. Los líderes han recibido amenazas directas y por ello la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, instó investigar las amenazas contra Pedro Velasco por su participación en la lucha contra Smurfit Kappa.
Vista panorámica de las plantaciones de pino y eucalipto de la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia en Cajibío, Cauca. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Tierras ancestrales
Los misak solían habitar las tierras bajas de la región de Cauca, pero cuando llegaron los colonizadores españoles, la comunidad fue desplazada a las montañas, a unos 40 kilómetros de Cajibío. Luego de numerosas luchas por las tierras, se asentaron en la reserva de Guambia, en donde vive la mayor parte de su población de 23 000 habitantes.
Debido a la falta de suficientes tierras productivas para todos, se restablecieron otros asentamientos misak en las tierras bajas. En Cajibío, dos de estos asentamientos, que suman un total de 110 familias misak, están junto a las plantaciones de SKC. “Aquí, una familia de ocho o diez integrantes sobrevive con el cultivo de alimentos en una o dos hectáreas, pero esto no alcanza”, afirmó un líder del Cabildo Misak la Laguna, asentamiento cerca de las plantaciones de SKC en Cajibío, en donde la unidad familiar agrícola (la mínima requerida para la subsistencia de una familia campesina) es de entre 4 y 6 hectáreas.
En 2017, se ordenó a la multinacional restituir un terreno de 78 hectáreas en el Valle del Cauca a la familia Rivera, luego de que el Tribunal de Sustitución de Tierras de Cali determinara que SKC había obtenido ganancias con el conflicto armado, adquiriendo tierras a un precio bajo. Este es el único caso exitoso de restitución de tierras contra la multinacional.
La población local y los activistas del departamento del Cauca también acusaron a la empresa de pagar precios deslealmente bajos por tierras en su región. SKC se incluye en la lista de empresas extranjeras que contribuyen al acceso desigual de tierras en Colombia elaborada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), organización no gubernamental (ONG) colombiana que defiende los derechos humanos.
Los agricultores misak regresan a casa luego de cosechar frijoles, mientras cruzan la plantación de café de un miembro de la comunidad. En el fondo, se pueden ver los monocultivos de pinos y eucaliptos que colindan con las tierras cultivadas por los misak. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Certificación del FSC en donde se pierden bosques
Los productos de papel de SKC del Cauca presentan la etiqueta de FSC que acredita “normas sociales y medioambientales rigurosas” auditadas por un tercero independiente. Sin embargo, el FSC ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales por fallos sistemáticos que permiten que empresas con antecedentes cuestionables se beneficien de la certificación.
En el caso del Cauca, los agricultores locales y misak dicen que se enfrentan a la reducción de las fuentes hídricas, debido al alto volumen de agua que consumen las plantaciones.
De acuerdo con la legislación colombiana, los pinos y eucaliptos deben plantarse al menos a 30 metros de distancia de las cuencas hidrográficas para proteger el recurso. Sin embargo, durante las visitas a las plantaciones de Smurfit Kappa en el Cauca, Mongabay pudo constatar tres casos de árboles plantados junto a cursos de agua.
“El problema es que este modelo [de monocultivo] expulsa a las comunidades de su territorio y destruye sus ecosistemas”, explicó Diego Cardona, coordinador de bosques y biodiversidad de la organización no gubernamental CENSAT Agua Viva, en una entrevista para Mongabay.
Una mujer misak posa frente a un ojo de agua donde Smurfit Kappa de Colombia plantó varios árboles del monocultivo, que luego fueron talados por los manifestantes. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Los habitantes rurales que viven cerca de las plantaciones de SKC dependen parcialmente de sistemas de pozos y bombas de agua artesanales, ya que el acueducto rural no satisface las necesidades de la comunidad. A Mongabay le contaron sobre las dificultades para acceder a suficiente agua durante las temporadas de sequías, debido al agotamiento del recurso en los acuíferos subterráneos.
“Hemos visto una reducción en las corrientes de agua a causa de los pinos año tras año. No se respetan nuestras fuentes de agua, ya que los eucaliptos se plantan precisamente junto a los ojos de agua. El problema es crítico”, afirmó un líder misak, quien nos pidió que no usáramos su nombre real por su seguridad.
Sin embargo, aún no se han llevado a cabo estudios para examinar la reducción de los niveles de agua subterránea a causa de las plantaciones de pinos y eucaliptos en Colombia.
El profesor Guillermo Vasquez, experto en hidrología forestal de la Universidad Nacional de Colombia, cuestiona la idea de que las plantaciones de estas especies deterioran las fuentes de agua. Sin embargo, reconoce que “en un bosque natural, [la hidrología] es mucho mejor. Tiene mayor cantidad, buena regularidad y excelente calidad”. Durante un estudio, Vasquez halló que las plantaciones de monocultivos forestales consumen un 15 % más de agua superficial que un bosque natural.
Suelo en las plantaciones de pinos y eucaliptos. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Los ecologistas y la población local también alertan sobre el impacto medioambiental que estas plantaciones tienen en la biodiversidad y en la calidad del suelo en la región.
Pombo le dijo a Mongabay qué SKC solo usa herbicidas durante los dos primeros años del establecimiento de la forestación y según los requisitos legales pero no especificó qué herbicidas. Agregó que las actividades de SKC se llevan a cabo con responsabilidad y que los recursos hídricos se gestionan como corresponde.
La denuncia por afectaciones a las fuentes de agua llegó incluso al Tribunal del Cauca. En 2021, un fallo sancionó al representante legal de Smurfit Kappa y al director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) por desacatar una sentencia de 2009, que ordenaba la protección de fuentes hídricas en los municipios de Sotará y Timbío. De acuerdo a miembros de la comunidad la reducción en las afluentes llegó a un punto en que no se podía pescar. “[Estas plantaciones] son lugares muy estériles. He tomado muestras en bosques de pinos en la región andina y no encontré ni una especie de ranas […], en general, evitan ir allí porque la hojarasca y el suelo son muy ácidos”, explica Nicolás Urbina, especialista en biodiversidad y conservación en la Universidad Javeriana.
Una de las ranas que está muy amenazada en las zonas donde opera SKC es la ranita venenosa del Valle del Cauca (Andinobates bombetes), especie endémica de Colombia. Actualmente, la región andina se enfrenta a una tasa de deforestación del 75 % en sus bosques naturales.
“Si caminas por la plantación, no oyes ningún ave. Pero donde yo vivo, se ven muchos tipos que llegan todos los días. Es por eso que queremos que se vaya Cartón de Colombia. Para que vuelvan las aves”, dijo el líder misak.
A unos metros de las plantaciones de la multinacional, un habitante mantiene un pequeño bosque natural en su propiedad. La fertilidad de la tierra ha permitido el crecimiento de flora diversa y producir un próspero paisaje biodiverso. Foto cortesía de Antonio Cascio.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) catalogó a este tipo de plantaciones como “bosques plantados”. Se trata de un término que ha generado desacuerdo entre las organizaciones ambientalistas. “Decir que una plantación es un bosque es como decir que un acuario es un océano”, dijo Cardona de CENSAT Agua Viva.
Cardona recordó el caso más controvertido de deforestación tropical asociado a SKC que tuvo lugar en Bajo Calima (ubicado en la costa del Pacífico, al norte de la región del Cauca) durante más de 30 años. “En Bajo Calima, se destruyó el ecosistema durante años a través de las prácticas de corta a tala rasa. Esto significa usar una cadena atada a dos tractores y barrer con todo, incluidos los animales”, explicó.
Pedro Josse Velasco, uno de los líderes misak. Foto: Dora Montero.
Beneficios, incentivos y cambios
Aunque las comunidades que viven cerca de las plantaciones critican los efectos medioambientales ocasionados por SKC, algunos residentes locales celebran la presencia de la multinacional en una zona rural en donde hay poco empleo. En 2020, la división forestal de SKC generó 2 808 puestos de trabajo en el país.
“Cartón de Colombia proporciona educación, repara las carreteras y da trabajo a las personas. Es la única empresa que ofrece empleo por aquí”, explicó Osvaldo Yánez, exempleado de SKC y residente de Cajibío.
Desde que comenzaron nuestras actividades, en Smurfit Kappa, hemos creído en el respeto por el medio ambiente en las áreas donde tenemos el privilegio de operar y lo hemos puesto en práctica”, dijo Pombo.
SKC gestiona cerca de 22 000 hectáreas de bosques naturales en el país. Sin embargo este esfuerzo de conservación es financiado principalmente por el gobierno colombiano, a través del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), que busca fomentar la inversión de esta industria en el país. El gobierno no solo cubre el 75 % de los costos para conservar estos bosques, sino también la mitad de los costos de establecer una forestación y mantenerla durante los primeros cinco años.
Empleados de la multinacional Smurfit Kappa talando árboles en la forestación. Foto: cortesía de Antonio Cascio.
Los ecologistas argumentan que estos incentivos están concentrados en las manos de las grandes empresas como SKC y que benefician sobre todo los ingresos de las empresas.
“Creo que los incentivos se podrían implementar de otra manera. El CIF tiene tres categorías: para reforestar, para conservar y para propósitos comerciales. En la práctica, sin embargo, esos recursos solo se entregan a las forestaciones comerciales y se concentran en las manos de unas pocas empresas como Smurfit Cartón de Colombia”, dijo Cardona.
A pesar de las distintas perspectivas respecto a las plantaciones forestales, el déficit de tierras en el Cauca (y en Colombia en general) impulsa a los académicos y activistas a defender un cambio en el modelo forestal, basado en la gestión comunitaria de los bosques y territorios como una iniciativa para la protección.
“Reemplazar las zonas no productivas con sistemas agroforestales o silvopastoriles podría beneficiar a las comunidades y al medioambiente”, afirmó el profesor Jorge Ramirez, ingeniero forestal de la Universidad del Cauca. “Plantar y plantar más árboles sería muy fácil, pero la gente no come madera”.
Imagen superior: Un hombre y una niña misak contemplan una cruz ubicada en el lugar en donde, aparentemente, un joven manifestante murió a manos de un policía. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Tras el fracaso de las ‘Metas Aichi’, la Conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), realizada en Montreal, acaba de adoptar un nuevo mecanismo que apunta a disminuir la pérdida de biodiversidad a 2030.
Las decisiones tomadas en Montereal, Canadá, entre estas, el llamado 30×30comprome al mundo a enfocar su esfuerzo en los siguientes ocho años: a 2030 el 30% de ecosistemas degradados en tierra y mar deberán ser restaurados y el 30% de áreas terrestres y marinas tendrán que ser conservadas y administradas.
Lo consigna el Acuerdo Kunming-Montreal, logrado el pasado 19 de diciembre en #Canadá, tras 10 días de deliberaciones, en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP-15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), realizada entre el 9 y 19 de diciembre en Montreal, Canadá, con presencia de representantes de 196 países.
Colombia tuvo participación a través de los delegados y negociadores del Ministerio de Ambiente y sus institutos de investigación, también con asistencia de organizaciones conservacionistas y empresariales.
Presidente de la COP15 Huang Rinqiu cierra la Conferencia con nuevo acuerdo. Imagen: UN
Esta Conferencia de las Naciones Unidas se caracteriza por ser un encuentro de carácter mundial, equivalente a las COP de cambio climático, solo que de biodiversidad.
Para realizar un evento de esta magnitud, antes de la Conferencia se efectuaron una serie de encuentros previos en los que los países iban señalando el camino. Fueron cuatro los años de preparación, incluidos dos de pandemia. El primer borrador del marco fue publicado en julio de 2021 y según el Convenio de Diversidad Biológica se basó en las lecciones aprendidas del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la Biodiversidad.
La COP15 buscaba la adopción de un nuevo marco global de biodiversidad posterior a 2020. ¿Para qué? Para que el mundo tenga una visión estratégica y una hoja de ruta global para la conservación, protección, restauración y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas para la próxima década, indica el CDB.
“También porque, tal y como lo explica WWF, “los objetivos y metas negociados en 2010 en Aichi, Japón, vencieron en 2020 por lo que es necesario renovarlas para avanzar la agenda de biodiversidad y atender las causas de su pérdida”. (Ver infografía)
“Diez años después de este plan hacemos una reflexión y vemos que es mínimo el cumplimento de las metas porque fueron establecidas con instrumentos de falencias, muy endógenas, nunca incluyó a los sectores, no tuvieron compromisos, no miraban el desarrollo sectorial, no había indicadores, financiación, recursos e implementación”, expresó Rodrigo Moreno de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto Humboldt.
El nuevo marco global
La Unión Internacional para la Naturaleza (UICN) expresó que el Acuerdo marca un paso importante, en la dirección correcta, ‘aunque no vaya tan lejos como nos hubiese gustado’ y aplaude el 30×30 y pide que las Áreas Clave área la Biodiversidad se incluyan en ese 30%.
“Resulta alentador que, a partir de ahora, el componente relativo a las especies obligue a actuar para detener la extinción de las especies amenazadas y a reducir diez veces el riesgo de extinción para el 2050. En cambio, el componente de los ecosistemas es decepcionantemente débil ya que no establece ningún mandato para detener la pérdida de la superficie cubierta por ecosistemas naturales, ni para reducir el riesgo de colapso de los ecosistemas”.
WWF afirma que ve con buenos ojos el objetivo del acuerdo de conservar al menos el 30% de la tierra, agua dulce y océanos del mundo, que respeta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y reconoce las contribuciones de los territorios indígenas y tradicionales en el objetivo de esta meta.
Sin embargo, alerta que el objetivo acordado de revertir la pérdida de la biodiversidad en 2030 podría verse socavado si no se tratan adecuadamente a nivel nacional cuestiones tan importantes como la protección de ecosistemas intactos y la lucha contra la producción y consumo insostenibles.
Marco Lambertini, director general de esta organización Internacional afirma que el acuerdo representa un hito importante para la conservación del mundo natural, y la biodiversidad nunca ha estado en un lugar tan alto en la agenda política y empresarial, pero puede verse socavado por una implementación lenta y falta de movilización de los recursos prometidos y carece de un mecanismo obligatorio para que los gobiernos adopten medidas más ambiciosas si no se logran los objetivos.
“Ahora tenemos que ver la implementación inmediata de este acuerdo, sin excusas ni retrasos: la naturaleza y todos los que dependemos de ella para nuestro sustento, economía y bienestar hemos estado esperando demasiado, ya es hora que la naturaleza prospere de nuevo. Los gobiernos han escogido el lado correcto de la historia en Montreal, pero la historia nos juzgará si no cumplimos la promesa que hicimos hoy”
¿Y el 70% restante?
Para Ecologistas en Acción, el Marco Global de Biodiversidad aprobado no aborda la raíz de las causas de la pérdida de biodiversidad. Considera que la causa de la crisis de la biodiversidad es un sistema que coloca las ganancias y el poder de las corporaciones sobre las personas y la naturaleza y permite que los intereses corporativos influyan en los resultados: Al no incluir suficientes mecanismos para atajar esas raíces el acuerdo no será capaz de frenar la pérdida de biodiversidad.
“La UE, otros países como Canadá, e incluso algunas organizaciones sociales y ambientales, pusieron siempre el foco del Marco Global en la protección del 30 % de las áreas marinos y terrestres antes de 2030, y esta Meta se ha aprobado. Sin embargo, para Ecologistas en Acción, más importante que el porcentaje del área a proteger era que los espacios protegidos tengan adecuados planes de gestión y que realmente se apliquen, algo que no se ha incluido suficientemente en el acuerdo. Si proteger el 30 % de los espacios naturales permite destruir el 70% es evidente que no es un buen acuerdo”.
Esta ONG, en colaboración con la CBD Alliance, ha defendido que la estrategia debía actuar sobre las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, con compromisos contundentes para reducir la huella ecológica, y asumir medidas más ambiciosas como reducir el uso, no solo la peligrosidad, de los pesticidas o aplicar el principio de precaución a la biotecnología. “Medidas de gran calado que implican soluciones para la totalidad de la superficie planetaria y no solo una porción de la misma”.
SEO/Bird Life declara que el acuerdo no refleja la voluntad con la que los países habían llegado a la Cumbre, bajo presidencia de China. “Parecía haber un consenso generalizado sobre la necesidad de que el mundo se dotara de un marco de actuación global muy ambicioso, con objetivos claros y medibles. Sin embargo, en las negociaciones del acuerdo, quedó claro que esto no sería posible. El texto final propuesto por la presencia china y aprobado sin debate de cada una de sus partes, adolece de concreción y cuenta con demasiados claroscuros”.
Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife: “en primer lugar, hemos de valorar que, por fin y tras años de retraso, el mundo cuente con un marco de acción común para detener la pérdida de biodiversidad. Hay avances relevantes en materia de conservación como, por ejemplo, el objetivo 30×30: el compromiso de proteger y conservar el 30% de la tierra y los océanos para 2030. También se han puesto encima de la mesa soluciones sobre financiación, eliminación de subvenciones perjudiciales, respeto de derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales o igualdad de género”.
Considera que al Marco le faltan detalles y el lenguaje vago utilizado en algunas partes del texto no ayudan.
Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de la misma organización, explica que tras dos años de retraso se ha alcanzado el mejor acuerdo posible, pero tal vez no el acuerdo que necesitaba el planeta: “El acuerdo mezcla metas altamente ambiciosas con otras demasiado suaves en aspectos clave para detener la pérdida de biodiversidad. En cualquier caso, las deficiencias del texto podrían solventarse si se aprobase de forma rápida una hoja de ruta detallada que especifique cómo se van a cumplir cada uno de los objetivos y metas. Además, sería beneficioso si la periodicidad de las COP de la CBD pasasen a ser anuales como en el caso del clima o como mucho bianuales lo que permitiría ir haciendo correcciones en el caso de que la Marco Global para la Biodiversidad se muestre insuficiente”.
Sobre la financiación
Respecto al paquete de financiación aprobado para la conservación mundial, en los países en desarrollo, WWF celebra el compromiso de los gobiernos de eliminar los subsidios perjudiciales para la naturaleza y el de aumentar, sustancial y progresivamente, el nivel de los recursos financieros de todas las fuentes en 2030, movilizando al menos 200 mil millones de dólares por año. Esto significaría duplicar la cantidad propuesta en 2020. Otro logro importante es el compromiso de 20 mil millones de dólares en los flujos financieros internacionales en 2025 y 30 mil millones para 2030.
Lin Li, directora senior de Política e Incidencia de WWF Internacional agregó: “La misión del acuerdo de detener y revertir la pérdida de biodiversidad en 2030 tiene el nivel de ambición adecuado, pero si sumamos los objetivos y metas, por sí solos no son suficientes para conseguirlo”
Cita como ejemplo que carece de un objetivo numérico para reducir la insostenible huella de carbono de la producción y el consumo. “Esto es decepcionante y requerirá que los gobiernos tomen medidas a nivel nacional. Sin embargo, estamos esperanzados, hace dos semanas teníamos una montaña de diferencias que resolver. Hoy nos vamos con un acuerdo que empieza, al menos, a sanar nuestra relación con la naturaleza”.
Ahora lo que sigue, advierte la organización, es que los países cumplan con el Acuerdo de Kunming-Montreal, lo que incluye traducirlo a ambiciosos planes nacionales y políticas proporcionales con la escala de la crisis de la naturaleza. Los países deben actualizar sus estrategias nacionales de biodiversidad y los planes de acción para alinearlos con el objetivo mundial de revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.
Pasó el primer debate en el Congreso de la República, el proyecto de ley que busca combatir la deforestación con la trazabilidad ganadera, es decir, el seguimiento del ganado para evitar que provenga de áreas deforestadas en parques naturales o resguardos indígenas.
Aunque no hay duda de que la Amazonía juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático, año tras año los países que forman parte de la cuenca cuentan uno a uno los árboles caídos. En el caso de Colombia, la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras se han convertido en los principales enemigos para este ecosistema, de acuerdo con investigaciones académicas y de entidades estatales. Y aunque la amenaza está muy bien identificada por el gobierno, hasta ahora el país no cuenta con mecanismos que permitan evitar que la carne o los lácteos que consumen los colombianos provengan de áreas protegidas o zonas deforestadas. Un proyecto de ley que impulsa la bancada ambientalista, sin embargo, busca cambiar esta situación.
Este es el panorama actual. Por ejemplo, según cifras de los últimos años de Parques Nacionales Naturales, por lo menos 100 000 reses fueron detectadas en el corredor biológico del que forma parte el Parque Nacional Natural Tinigua (Meta), en la Amazonía colombiana. En esta área protegida, como reportan los datos oficiales, se deforestaron 5300 hectáreas de bosque en el primer trimestre de 2022.
Pero este no es el único parque afectado tanto dentro como alrededor por la presencia de ganado. Según datos del ICA, al Tinigua le sigue el Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena (Meta) con 54 800 reses, el Parque Nacional Natural Picachos (entre Caquetá y Meta) con 22 800 cabezas de ganado y La Paya (Putumayo) con 4900.
Las reservas o resguardos indígenas tampoco se han salvado de los daños que conlleva la presencia del ganado. Un ejemplo. Aunque en el resguardo indígena Nukak no se conoce un estimado de reses, la reserva del mismo nombre—cuya área coincide en parte con la comunidad indígena— alberga 4400 reses y ha perdido 236 hectáreas de áreas forestales entre abril de 2021 y marzo de 2022, según cifras del ICA y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), respectivamente.
Ganado en la finca dentro del parque Chiribiquete que de manera indirecta ha llegado a varios supermercados de Colombia. Foto: EIA.
En la vereda Yaguará II, que tiene una parte de su territorio dentro del resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, se vacunaron 406 vacas en 2020. Un dato preocupante: no había actividad ganadera en el área en el 2016, como lo reportó el medio colombiano 360 grados y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). De abril de 2021 a marzo de 2022, el resguardo perdió 5517 hectáreas de bosque, de acuerdo con cifras de la FCDS.
Los expertos que conocen el tema señalan que existen diversos mecanismos que son utilizados por los responsables del ganado para conseguir que este se alimente, de manera ilegal, en las áreas protegidas. Alejandra Laina, asesora de la dirección ejecutiva de la FCDS y conocedora de la agenda legislativa relacionada con la deforestación y la trazabilidad ganadera explica uno de esos mecanismos: “Tienes dos fincas que se llaman igual. Registran las vacas en la finca que está fuera del parque nacional y eso dice tu guía de movilización (de ganado). Las sacas, las vacunas y luego las devuelves allá (al Parque Nacional o resguardo indígena)”, explicó Laina.
La segunda causa de pérdida de bosque en Colombia son las malas prácticas de ganadería extensiva, según el promedio generado por el IDEAM para el período 2017 – 2021. En Caquetá, Guaviare y Meta, los departamentos del arco amazónico y los más deforestados, hay 5 millones de reses, el 17 % de las 28 millones que hay en el país.
Estas dinámicas ejemplifican lo difícil que es rastrear la movilidad del ganado y la propiedad de la tierra donde están las reses. En un país como Colombia, donde se consume la carne de 2429 reses cada día, según datos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), no es claro en qué sitios de sacrificio terminan las reses que pastan en áreas protegidas.
Pero, ¿cómo funciona esta dinámica de la ganadería asociada a la ocupación del territorio? Según se lee en un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN): primero “limpian” un terreno tumbando el bosque o quemándolo, luego lo ocupan con ganado y finalmente venden esa tierra. “La verdadera función del ganado no es que se venda carne o cuero, sino ser celadores (guardianes) de la propiedad de la tierra”, le dijo a la BBC el sociólogo y abogado colombiano Alejandro Reyes. Y en ello coincide también Augusto Castro-Nuñez, ingeniero agrícola que lleva más de 13 años investigando la deforestación en Colombia, quien señaló en una entrevista con Mongabay Latam que la “ganadería finalmente conlleva a la adquisición de la tierra, posteriormente al acaparamiento de la misma y luego a su venta”.
Deforestación en la Amazonía colombiana. Foto: James Bargent.
En este contexto, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, presentó por segunda vez un proyecto de ley para crear mecanismos que permitan rastrear el ganado en Colombia y así evitar que esta actividad siga provocando deforestación. Los ponentes del texto del proyecto son las representantes a la Cámara Julia Miranda (del Nuevo Liberalismo y ex directora de Parques Nacionales), Olga González (Partido Liberal) y Leyla Rincón (Pacto Histórico).
“Lo que hemos identificado es que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en Colombia. Y la deforestación es el principal problema ambiental de nuestro país. Más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la transformación de suelos”, dijo Julia Miranda en una entrevista con Mongabay Latam.
La primera vez que se presentó la propuesta de ley, en 2021, se archivó sin ser aprobada en ningún debate al no ser considerada una prioridad en la agenda legislativa de los congresistas. Esta vez ya superó su primer debate, pero aún le faltan tres.
Utilizar los datos para detener la deforestación
En Colombia, la información sobre registro y movilización de ganado no se cruza con la de deforestación y de propiedad de las tierras. Esto impide que se sepa con claridad a quién pertenece la finca cuyas vacas pastan ilegalmente en parques naturales o resguardos indígenas.
Ganado en Colombia. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.
Es por eso que la principal apuesta de este proyecto de ley es el cruce o ensamble de al menos cuatro sistemas de información relacionados con el ganado, los bosques y el uso de tierras.
¿A qué sistemas se refieren? El primero de ellos es el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (SINIGAN) que reúne información de las reses desde su nacimiento hasta la llegada al consumidor final, incluyendo su ubicación, el inventario de vacunación y movilización. Esta base de datos es manejada por el ICA y fue creada por la Ley 914 de 2003. Su objetivo es que lleguen productos lácteos o cárnicos de alta calidad a los consumidores. Su información es útil en procesos de certificaciones de hatos libres de enfermedades o con buenas prácticas ganaderas y sanitarias.
El SINIGAN, además, contiene los registros del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (SNIITA), creado por la Ley 1659 de 2013. También contiene la base de datos del Sistema de Información para Guías de Movilización de Animales (SIGMA), que se creó en 2014 y cuya función es tener un control del transporte de las reses para evitar el contrabando y la diseminación de enfermedades. Asimismo, asigna cupos máximos de reses a mover por finca, recolecta información de coordenadas y nombre del predio de donde provienen las vacas.
El segundo es el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono y el Registro Nacional de Zonas Deforestadas, administrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El tercero es el sistema de catastro del del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y, por último, está el Registro de la Propiedad Inmueble, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), que reúne información sobre las transferencias de predios como compraventas, permutas o intercambios de propiedades con valores similares, sucesión o fallos de jueces.
Alejandra Laina, de la FCDS, valora positivamente el proyecto de ley y su propuesta de conectar estos sistemas, pues para la experta es clave contar con una herramienta que permita seguir el ganado desde su nacimiento hasta la venta. Además resalta la importancia de utilizar datos que están disponibles y que no están siendo cruzados. “SINIGAN opera por sí solo, para las guías de movilización te pide una coordenada, pero esa coordenada no se cruza con ordenamiento (territorial), entonces no sabes si está en un resguardo, una reserva forestal, dentro de una finca. El sistema de bosques es otro, no interopera (se cruza) con Sinigan. Si lo logran hacer, sería ideal”, precisa.
La urgencia de ordenar el territorio
En Colombia, las grandes fincas de más de 200 hectáreas suman el 43.9 % de la tierra, porcentaje que está en manos de un 1.6 % de los propietarios, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Esta distribución y ocupación del territorio no ha sido, en muchos casos, reconocida por todas las entidades del Estado, por lo que urge poner en orden el tema de la propiedad.
Esa es la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha en 2016 el proceso del catastro multipropósito, que consiste en la creación de un sistema actualizado de datos que pretende definir la titulación, formalización, tamaño y restricciones de uso de predios que han estado en una ambigüedad jurídica sobre su propiedad. Se trata de una especie de censo de la tierra que apunta a renovar y nutrir el Sistema Nacional Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que contiene información de propiedad, valor y uso del territorio. Su creación es compleja porque requiere recolectar información en municipios en donde hay pocos datos oficiales o no los hay, y en los que existen contextos de alto riesgo de seguridad y donde se necesitan métodos de mapeo de la tierra como los vuelos con drones. Según cifras del IGAC, la actualización del catastro multipropósito ya se ha realizado en un 40 %.
Grandes lotes en la Amazonía son talados y quemados para el acaparamiento de tierras. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
El proyecto de ley también propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada del manejo de los terrenos estatales o baldíos, realice la creación de matrículas inmobiliarias para estos, como los que están en los parques naturales nacionales. Las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad son documentos que recogen información de los linderos o límites, así como la extensión de un terreno o el historial de transferencias de su titularidad.
Juan Manuel Pinzón, abogado en temas ambientales de la FCDS, apoya la propuesta. “Más de la tercera parte del país son reservas. El certificado de tradición te permite tener un número de catastro. Este te envía a un mapa con los límites, con toda su historia e información, pues no es suficiente con saber que ese terreno simplemente es del Estado. Imagínate hacer esa tarea en una tercera parte del país. Cualquier elemento que alimente o permita la identificación de un predio incluidos los baldíos de la nación, es bienvenido”, dijo Pinzón.
Para la congresista ponente del proyecto, cruzar la información disponible es clave. “Nos va a permitir saber si el ganado o el predio donde están las reses [por eso también se vinculan los sistemas de catastro y registro de la propiedad inmueble], está vinculado a procesos de deforestación”, dijo la representante Julia Miranda.
Pero esta es solo una parte del trabajo en el camino para detener la pérdida de bosque, dice Sandra Durango, investigadora y zootecnista especialista en acuerdos de cero deforestación, instrumentos público-privados para que las cadenas productivas no tumben bosques. “El solo cruce de la información no va a servir. En Colombia hay que fortalecer la capacidad de las instituciones como el IDEAM, su capacidad de monitoreo [de los bosques]. También el uso que se le da a la información de movilización de ganado que hoy es específicamente sanitario. Y la información del catastro está desactualizada. Es uno de los puntos críticos para la trazabilidad en Colombia, tener realmente la ubicación y la georreferenciación de cada predio ganadero, que sea real, verídica”.
Durango además resaltó la importancia de los acuerdos de cero deforestación, iniciativas que buscan garantizar que las redes de proveedores de ganado, lácteos y carne no tumben bosques. Y valoró el diálogo con los campesinos y ganaderos como prioritario para buscar soluciones. “[No mejorará la situación] si no generamos un trabajo territorial con los productores de carne y leche, si no se hace sensibilización de porqué es importante el tema de trazabilidad. Se necesita generar confianza”, dijo.
Ganado en una finca de Alvarado, departamento de Tolima. Foto de Guillermo Rico.
Fiscalizar las redes de proveedores y centros de sacrificio
El proyecto de ley señala que la red de proveedores de leche y carne para grandes empresas, así como los centros de concentración y sacrificio de ganado, deberán asegurar en un plazo de dos años que las prácticas empleadas no fomentan la deforestación ni afectan a las áreas protegidas. El ICA y el Ministerio de Ambiente tendrán seis meses para formular dicha política específica que deberán cumplir las redes de proveedores, los centros de concentración y sacrificio.
Roberto Bruce, director jurídico de la agremiación de ganaderos de Colombia Fedegán, le dijo a Mongabay Latam que participaron en las discusiones de este proyecto de ley y que lo ven de manera favorable. También resaltó que la ganadería no se opone a la conservación de los bosques amazónicos y reiteró que las reses nunca deben entrar a parques naturales. “Desde Fedegán hemos sido precursores en la implementación de los sistemas silvopastoriles, en sistemas que sean amigables con el medio ambiente, que ayudan a la captura de carbono”, indica Bruce. La ganadería silvopastoril integra árboles y arbustos con las reses, no únicamente pastos como ocurre con la práctica extensiva.
La propuesta de ley también contempla que la banca deberá practicar la debida diligencia al otorgar créditos para ganaderos en zonas con alta deforestación. De ser aprobada la propuesta legislativa, la Superintendencia Financiera emitiría una política que regule la materia.
Alejandra Laina, de la FCDS, señala que la Superfinanciera —como se refieren coloquialmente a la entidad bancaria— ya tiene avances: “La Superfinanciera ha estado interesada en ver cómo se hace, ha trabajado en cómo poner a operar los sistemas de información, para entender desde donde se piden los créditos. Por lo menos ya está ese interés”. Además añade que en el tema de trazabilidad del ganado colombiano también serán importantes las normas que están diseñando Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.
Presencia de nuevos abiertos de deforestación en la Amazonia. Foto: FCDS.
Financiación y seguimiento de la trazabilidad
En Colombia no se parte de cero en el tema de reglamentación de la trazabilidad del ganado. Desde que se instauró la Ley 1659 de 2013, en el país existe una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal conformada por el Ministerio de Agricultura, el de Comercio, Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el ICA, la Policía Nacional, un representante de los gremios y el Ministerio de Salud. Esta nueva propuesta de ley agrega la presencia del Ministerio de Ambiente para que las decisiones sobre trazabilidad del ganado tengan en cuenta las dinámicas de deforestación.
Respecto a la financiación de los mecanismos de trazabilidad ganadera, el proyecto de ley pide a las entidades que busquen los recursos en un plazo de seis meses. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, es escéptico sobre la financiación de las políticas de trazabilidad de ganado en caso de que se apruebe el proyecto. “Creo que no existen los recursos económicos para montar un sistema robusto”.
Imagen superior: Ganado en Colombia. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.
Desde que se tiene memoria, las islas del archipiélago han sido deforestadas sin control ante la ausencia institucional. Pero fue durante la pandemia que se aceleró la venta de lotes especialmente en la Isla Tintipán. La ciudadanía reclama acciones contundentes de las autoridades para evitar que el bosque que queda siga siendo destruido.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
El negocio de compraventa ilegal de lotes es hoy el principal motor de deforestación en el archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiano.
Los otrora exuberantes bosques de manglar de este escenario natural, localizado entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han sido sometidos a una tala continua y a la ocupación ilegal por nativos y foráneos.
El archipiélago está conformado por nueve islas: Múcura, Tintipán, Ceycén, Mangle, Panda, Palma, Boquerón y Cabruna. Además, por el Islote de San Bernardo o Santa Cruz del Islote, como se le conoce ahora, una isla artificial de apenas 1,57 hectáreas, construida por una antigua comunidad afrodescendiente cuya población oscila entre los 700 y mil habitantes.
El problema más grave hoy, explica la Agencia Nacional de Tierras (ANT), es la tala de mangle y relleno que realizan invasores para conformar terreno consolidado y así poder construir sus viviendas.También retiran grandes cantidades de arena de sitios conservados, para llevarlas a zonas de construcción y crear playas artificiales por encargo.
Actualmente son 126 los baldíos reservados de la Nación ocupados de manera ilegal en las islas, reporta la ANT. Al tiempo que hay lotes ya listos para negociar. De esta forma, tener un terreno a orillas del transparente mar de Tintipán es un privilegio que conlleva una apropiación indebida del patrimonio nacional.
El modus operandi de los ‘loteros’ como se les conoce a los comerciantes furtivos de los baldíos, no ha cambiado desde hace 40 años, cuando durante la ‘bonanza marimbera’, a la zona llegaban traficantes y contrabandistas, quienes fueron los primeros poseedores ilegales.
La Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la ANT explica que la venta se da a través de “la invasión directa de los nativos del Islote o de la financiación de un tercero que los contrata, en su mayoría, mediante la modalidad de tala y compactado para posteriormente construir o simplemente vender el lote sin ningún tipo de edificación”.
Los terrenos los ofrecen a través de un contacto, visita a la zona o por el envío de fotografías en medios digitales. En las islas afirman que a lo largo de los años, muchos ocupantes se han aprovechado de los nativos para montar sus negocios turísticos.
Un lote básico para una cabaña, se consigue entre 25 y 50 millones de pesos. Si es ‘calzado’ como dicen los isleños, es decir listo para construir, tiene un costo adicional. Si es elevado, con playa artificial o más metros cuadrados, la cifra comienza a subir.
Áreas donde se ha removido el manglar en Isla Tintipán. Imagen: Ignacio Galán
El virus de la invasión
Durante la pandemia por coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, se disparó la deforestación del manglar en las islas, especialmente en Tintipán, la más grande del archipiélago. Aparecieron decenas de parches blancos en el bosque y luego nuevas cabañas, hospedajes y hoteles.
Ahora son parte de la cadena de turismo que se promociona en internet y que se traduce en cientos de visitantes anuales, a quienes ofrecen toda clase de planes: deportivos, rumba, descanso o desconexión. Promueven alojamientos desde hamacas, posadas sobre el mar y suits. Paseos nocturnos, piscinas de agua dulce o playa nudista. Los turistas comparten sus recorridos en redes sociales y dicen que es el destino de moda.
Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.
Llama la atención el alto flujo de visitantes de distintos países y que algunos extranjeros estén al frente de negocios turísticos en los baldíos de la Nación y en pequeñas islas artificiales levantadas sobre vestigios de arrecifes coralinos. Sin embargo, detrás de esa realidad, aparece el verdadero conflicto social y ambiental. Aunque las islas están enmarcadas en un área protegida, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ha sido y sigue siendo vulnerado frente a los ojos de todos.
En áreas deforestadas y playas donde se ha retirado material, se aceleran procesos de erosión e intrusión marina, donde el mar penetra, inunda y afecta irreversiblemente los litorales. El interior de las islas está conformado por pantanos de mangle, que a raíz de la tala se están dividiendo e incluso desapareciendo con los impactos del cambio climático.
Los ecosistemas más afectados son: bosques de manglar, arrecifes de coral, bosque seco, praderas de pastos marinos, lagunas costeras y litoral arenoso.
Santa Cruz del Islote, isla artificial construida por nativos sobre una plataforma coralina. Imagen: Ignacio Galán
Adicionalmente, opinan los propios pobladores, se ha desconocido el Artículo 63 de la Constitución Política Nacional, según el cual: “los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables».
En décadas recientes la invasión al litoral y los bajos coralinos, es realizada a veces por interpuesta persona, por familias poderosas, personalidades, empresarios, políticos, artistas, turistas y hasta, explican nativos, funcionarios públicos. En algunos casos es difícil identificar a los dueños porque cuando las autoridades visitan el lugar, solo encuentran a los encargados de cuidar las construcciones, quienes impiden el acceso al área.
Hoteles de lujo bordean la línea de costa de Tintipán, otros más fueron construidos directamente sobre la plataforma arrecifal. Imagen: IgnacioGalán
Un ejemplo de lo que ocurre en las islas, es el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien al parecer construyó y rellenó sobre una terraza coralina una casa de descanso (techo azul), en 650 metros de obra, frente a la Isla Tintipán.Cuando Noticias Uno hizo la denuncia en 2016, era conocida como Las Gaviotas. Recientemente fue reformada como hotel-isla 5 estrellas, La Gaviota, con playa elevada, piscina dentro del mar, ocho habitaciones y una capacidad para 25 personas.
Miguel Samper, ex director de la Agencia Nacional de Tierras le dijo a El Espectador en 2018 que el exmagistrado Pretelt estaba siendo investigado por ocupar sin autorización dicha propiedad de la Nación. El hotel no ha dejado de funcionar.
Isla Tintipán es la más grande del archipiélago de San Bernardo y la más afectadas por la tala de manglar. Imagen: Ignacio Galán.
Atacan a Parques Nacionales
El archipiélago depende administrativamente del Distrito de Cartagena y desde hace tres años no designa un inspector de Policía presencial, el que está nombrado despacha desde la ciudad, debido a que fue amenazado.
Un funcionario de Parques Nacionales, ―quien pidió omitir su nombre― comentó a Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, que la tala de mangle es el principal problema del parque. Como no tienen facultad policiva, cuando se presenta un caso se reporta a las instituciones correspondientes. “Lo que pasa es que el territorio es muy grande y a veces cuando volvemos a pasar por una zona ya hay sitios impactados. Después de que se le haga el debido proceso hay que emprender proyectos de restauración para mitigar y corregir ese problema”.
En efecto, el área protegida tiene 120 mil hectáreas marinas y en el sector de San Bernardo patrullan cuatro guardaparques en turnos quincenales. Ellos habitan una cabaña como sede, preparan su comida, atienden diferentes tareas a diario, entre estas desplazarse a las ocho islas. Son la única representación del gobierno las 24 horas.
Vigilar el parque es complejo. A mediados de este año dicha sede de Parques Nacionales, ubicada en Isla Múcura, fue atacada después de un operativo de la Armada Nacional y otras autoridades, en el que fue atrapado un nativo mientras ocasionaba daños al ambiente en la Isla Tintipán.
Como represalia, un grupo de personas desembarcó en la sede de Parques y realizó una especie de asonada. Rompieron la casa e intentaron quemarla pese a que allí se encontraba un funcionario.
El infractor, quien había sido trasladado a Cartagena, quedó libre a los tres días luego de que hoteleros de la mencionada isla ayudaran en su defensa. No es la primera vez que ocurre una situación como esta. Hace un año y medio la cabaña también fue atacada.
Reparaciones en la cabaña de Parques después de los daños ocasionados por miembros de la comunidad.
A raíz de esta situación, habitantes de la zona insular se pronuncian en contra de las ocupaciones ilegales. Argumentan que el archipiélago sin autoridades presentes es proclive a toda clase de delitos.
Por tanto, reclaman a las entidades de control, al alcalde de Cartagena William Daw, a la ministra de Ambiente Susana Muhamad y al mismo presidente Gustavo Petro, ―quien visitó las islas durante su campaña― apersonarse, tomar acciones y resolver las problemáticas de seguridad y orden.
A cargo del cuidado del archipiélago, por ley y por fallo del Consejo de Estado, existe una confluencia de funciones en diferentes entidades: Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Cardique, Distrito de Cartagena, Carsucre, Parques Nacionales y Dirección General Marítima (Dimar).
Esta última tiene como tarea específica regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público, como controlar la construcción y el uso de islas artificiales. Adicionalmente, adelantar y fallar las investigaciones y sancionar por contaminación, construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos de su jurisdicción.
Dicha entidad, Cardique y Parques Nacionales no atendieron a las repetidas solicitudes de información sobre las problemáticas que afronta el archipiélago y su gestión para resolverlas.
Hablan habitantes del archipiélago
Al abordar a algunos habitantes sobre los procesos de deforestación, manifestaron que fue un error talar los manglares porque las islas se han desestabilizado irremediablemente. Aunque accedieron a dar sus declaraciones, los entrevistados requirieron no publicar su nombre.“Le pedimos a las autoridades que actúen con decisión y eficiencia porque si siguen a este ritmo, cuando vayan a actuar ya no habrá nada que proteger. Este año terminarán de vender los lotes que quedan. Sabemos que hemos hecho un uso inadecuado, pero hacen falta acciones puntuales del Distrito de Cartagena. La misma parte institucional no lo permite. Son muchas entidades a cargo y todas se tiran la pelota, al final nadie responde”.
Consideran que Tintipán cada día se deteriora más y a medida que pasa el tiempo se hace menos factible arreglar los daños: “Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario. El Estado nunca las reconoció como valores ecosistémicos desde el punto de vista integral donde las comunidades son sujeto de derechos”.
Otro más piensa que faltan políticas articuladas desde y hacia la comunidad, porque existe un vacío y además una falta de organización y conocimiento interno sobre estos temas: “Hay choque y un proceso muy grande por parte de foráneos que esclavizan. Se han venido apoderando de los territorios y han deteriorado más de lo que estaba el ecosistema manglar y las playas. Los controles se deben extender a Sucre donde hay un fuerte nexo de comercio y turismo”.
“Las islas han ido degradándose. Han tenido una involución por falta de políticas, de empoderamiento comunitario”
Sobre el trabajo gubernamental, indican: “Están ahí y no hay acciones reales, que serían demoler y devolver esos predios como terrenos colectivos. Ha sido negligencia del Estado, no ha habido procesos, lo único que puede blindar lo que queda es la titulación colectiva, políticas ambientales concretas y la educación para que todos hablen el mismo lenguaje”.
Mientras las autoridades toman el control de los bosques, la comunidad y algunos hoteleros crearon un vivero con especies de mangle rojo y blanco, en Isla Múcura. Con ayuda de guardaparques, los niños del colegio recogen semillas, apoyan en el cuidado de las plántulas y realizan siembras periódicas en las áreas afectadas. Aclaran, que se necesitan fuertes inversiones y sostenidos procesos de restauración en todas las islas.
Esos brotes sembrados por los niños isleños son la esperanza de que un día, cuando sean adultos, eso de ‘la compraventa de lotes en el manglar’ sea una más de tantas historias que se cuentan en las noches de luna en las islas de San Bernardo.
Retoños de mangle rojo.
¿Cómo están las demás islas?
Isla Mangle. Imagen: IgnacioGalán
Isla Mangle: de gran belleza natural, es ‘Patrimonio Intangible de la Nación’ por ser un ecosistema de particular significado ecológico. Allí existe una colonia de aves y alta riqueza hidrobiológica. Aún así, pescadores instalan rancherías de paso para realizar sus faenas, afectando los manglares. Tiene menos de una hectárea y presenta erosión e intrusión marina. Al momento de ser visitada por Red Prensa Verde y Shots de Ciencia presentaba acumulación de basuras plásticas depositadas posiblemente por las corrientes marinas.
Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán
Isla Múcura: A la fecha registra 38 ocupaciones ilegales entre estas, viviendas, hoteles comunitarios, un hostal y tres hoteles de lujo. Estos últimos privatizaron las playas y no permiten el tránsito de personas distintas a sus huéspedes en sus zonas cercadas. Un constructor rompió la playa de El Cholo para abrir un canal y entrar sus botes.
La isla tiene la única playa pública del archipiélago. Su antiguo bosque fue quemado hace más de 100 años y convertido en toneladas de carbón, que se vendió en Cartagena y Montería. Luego el área fue utilizada para realizar una siembra intensiva de coco, que a esta fecha ya desapareció.
Isla Ceyzén. Imagen Ignacio Galán
Isla Ceycén: está dividida en dos. Perdió una laguna ubicada en el centro de la isla, debido a la continua tala de mangle, que junto al aumento del nivel del mar incrementaron los procesos erosivos. Existen algunos tramos donde la isla está a punto de volverse a dividir. Además, actualmente se reportan nueve procesos de ocupación ilegal, entre estos una construcción de tres pisos en uno de sus extremos y en el otro un poblado de pescadores, informó la Agencia Nacional de Tierras.
Isla Panda. Imagen Ignacio Galán
Isla Panda: deforestada y fragmentada por la erosión marina y el incremento del nivel del mar, está destinada a desaparecer. El tramo más grande está ocupado con una vivienda desde hace mucho tiempo. La otra fracción más pequeña está inundada y en avanzado deterioro, es frecuentada por pescadores que tiene allí dos alojamientos de madera y plástico. Tanto Panda, como Mangle y Cabruna, fueron utilizadas como polígono y centro de operaciones militares por parte de la Armada Nacional y el programa Unitas en 1963. Los disparos de cañón generaron daños en el ecosistema terrestre insular.
Isla Palma: excluida del Parque Nacional, registra diferentes ocupantes ilegales. Hace varias décadas funcionarios de la Universidad Nacional pensaron en crear un instituto de Investigación marina, pero la isla fue vendida por su ocupante a un narcotraficante, quien la llamó ‘La isla de la Maravilla’ y construyó un zoológico y acuario con especies exóticas como leones, flamencos y otros más. Años después en otra parte de la isla funcionó el desaparecido hotel Decameron. Después de esta firma la isla ha pasado por varios dueños y ahora presenta diferentes instalaciones hoteleras.
Isla Boquerón:Ha sido tomada por hoteleros, procesos que lleva actualmente la ANT. Es la isla más próxima al continente, se ubica frente a San Onofre y cerca de Tolú, Sucre, por lo que registra un alto flujo de visitantes.
RECUPERAR Y CONTROLAR LOS BALDÍOS, ¿UNA MISIÓN POSIBLE?
Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceyzén, Palma, Múcura y Tintipán. De estos, 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos. ¿Qué tan fácil es articular a las entidades encargadas de proteger las islas?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) heredó del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el seguimiento y control a los predios baldíos reservados de la Nación, en los archipiélagos de Corales del Rosario y San Bernardo, zona insular de Cartagena.Para asumir esta labor, creó en 2015 el Grupo de islas, islotes y cayos de la Nación dependiente de la Subdirección Tierras de la Nación que, desde el 2018 hasta agosto de este año, ha realizado 392 inspecciones para evaluar el estado de los predios y detectar invasiones.
Lo hace en cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que amparó el derecho a un ambiente sano a las comunidades de Santa Cruz del Islote e Isla Múcura, ─dado el deterioro y ocupación ilegal de las islas─ según la Acción Popular instaurada en 2003 por el ciudadano Reynaldo Muñoz.
Pese a esto el deterioro de las islas continúa. La entidad no tiene competencia sancionatoria y cada vez que evidencia la posible comisión de una infracción ambiental o urbanística en sus inspecciones oculares, debe remitir las quejas o denuncias a las demás entidades también obligadas por el fallo a conservar las islas: Parques Nacionales, Dirección General Marítima (Dimar), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Distrito de Cartagena y Corporación Autónoma Regional del Sucre (Carsucre).
Después de siete años de haber recibido la misión, la entidad reporta cinco reuniones con las mencionadas entidades, cuatro en 2021 y una en 2022. También afirma que la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas es la falta de articulación interinstitucional.
Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, preguntaron cómo ha sido la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Archipiélago de San Bernardo (ASB) en los últimos años.
Hotel en Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán
¿Cómo son las visitas al ASB para realizar el seguimiento y control en las islas?
A través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (SATN), se realizan visitas técnicas con ‘factor sorpresa’ a los baldíos reservados de la Nación. El fin es evidenciar las actividades desarrolladas en los predios por los ocupantes y verificar si se ajustan a la normatividad.
¿De qué manera la ANT cumple con el fallo del Consejo de Estado?
Para el cumplimiento de esta orden judicial, la Agencia estructuró un nuevo reglamento que se ajustara a la realidad de la situación socio jurídica de las islas, es el Acuerdo 106 de 2019 alineado con el Modelo de Desarrollo Sostenible (MOS) del Plan de Manejo del Área Marina Protegida. Este permite a los arrendatarios realizar obras, proyectos o actividades con permiso o licencia ambiental. También estableció el pago en especie como un incentivo o compensación a los cánones de arriendo hasta por el 75% mensual, frente a obras de protección costera y proyectos ambientales que se realicen los poseedores en los predios baldíos reservados.
Son 126 los terrenos invadidos en las islas de Panda, Ceycén, Palma, Múcura y Tintipán. 14 ocupantes manifestaron querer regularizar la situación o hacer entrega voluntaria de los terrenos.
¿Cuál es el área invadida en las islas?
Se ha evidenciado que la mayor parte de los predios baldíos reservados de la Nación, ubicados en las archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, tienen un área de ocupación de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, según los planos y georreferenciación, del lnstituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
¿Cuál es el número de terrenos ocupados ilegalmente?
Según el proceso de caracterización en el archipiélago, los datos son: uno en Isla Panda, 9 en Ceycén, 3 en Palma, 38 en Múcura y 75 en Tintipán.Es importante aclarar que todos los predios ubicados en las islas, islotes y cayos de los mares de la Nación, sobre los cuales no haya una regularización a través de contrato de arrendamiento, comodato o uso, en derecho están indebidamente ocupados.
Este es el listado de los predios ocupados según la caracterización realizada por el Grupo de islas, islotes y cayos de la Subdirección de Tierras de la Nación de la ANT.
A partir de las comunicaciones enviadas a los ocupantes ilegales, ¿cuántos tienen intención de arrendar o entregar los terrenos?
Han manifestado la intención de regularizar su ocupación varios de los ocupantes (14 con 18 terrenos) que en su momento suscribieron contrato con el extinto Incoder o que están ocupando los predios, pero nunca han suscrito contrato, de manera verbal o escrita.
¿Cuáles considera la ANT son las causas directas del incremento del fenómeno de ocupación ilegal?
Si bien es una pregunta relativa a un criterio, objetivamente puede afirmarse que las causas son múltiples. La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el ASB se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
Solo un predio ocupado en isla Múcura paga arriendo, ¿por qué los demás no lo hacen?
Según información que reposa en la entidad, ningún predio baldío ubicado en el archipiélago de San Bernardo, tiene contrato de arrendamiento vigente, hasta tanto se lleven a cabo los levantamientos topográficos que excluyan del perímetro las zonas de uso público o bajamar, para poder entregar el uso y aprovechamiento de administración.
Evidencias de deforestación y ocupación ilegal de baldíos. Crédito: Subdirección de Tierras de la Nación.
Las comunidades dicen que una forma de blindar el territorio es titularlo a los nativos. ¿Es viable esta propuesta?
No existe reglamentación específica para lograr la titulación de comunidades negras en las áreas inadjudicables, siendo estos bienes de la Nación. Pese al ‘título atípico’ que otorgó Incoder (Resolución 3393 de 2014) al Consejo Comunitario de Islas del Rosario Orika, de un baldío de 400 hectáreas para 319 familias, afirmando que la comunidad las ha ocupado ancestralmente.El Consejo Comunitario del lslote presentó petición de titulación colectiva, al lncoder, de un folio, debe volverlo a presentar porque así no reúne los requisitos.
La falta de articulación de las entidades que concurren en competencias en el archipiélago se considera como la mayor causa del incremento en la ocupación irregular en las islas.
Quienes están en contra de la ocupación de las islas, reclaman más agilidad y decisión para controlar la desenfrenada invasión en las islas. ¿Que deberían hacer ANT y las demás instituciones en este sentido?
Las acciones que se han tomado por iniciativa de la ANT, frente a la Isla de Tintipán, han sido cuatro encuentros en 2021 y uno en 2022, con el Parque Nacional, el Centro de lnvestigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), La DIMAR, Cardique y ANT: el 11 de mayo, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 16 de noviembre de 2021 y 25 de enero de 2022.La entidad realizó visitas de inspección ocular a los 79 predios ubicados en Tintipán e hizo requerimientos al CIOH del envío de estudios que se han desarrollado en la Isla Tintipán, sin obtener respuesta hasta la fecha. También entregamos informes con 24 quejas y evidencias de zonas taladas, compactadas y rellenadas en el archipiélago de San Bernardo, al Parque Nacional Natural y a Cardique.
¿Finalmente, a partir de la nueva dirección de la ANT se intensificará el trabajo en este territorio?
Las propuestas de trabajo para el territorio por parte del Gobierno Nacional serán incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Privados se han apoderado de los baldíos de la Nación en el archipiélago de San Bernardo.
Este informe especial fue financiado con recursos de la beca otorgada por la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) como proyecto de la iniciativa Unidos por los Bosques, con el apoyo de la Embajada de Noruega.
Este Informe especial está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace.
Este lugar, en el que viven entre 700 y 1000 personas en solo 1,57 hectáreas, es considerado una de las zonas más densamente pobladas en el mundo. Pese a los avances que deja la erosión y el aumento del nivel del mar en el territorio, la isla no cuenta con un plan de evacuación por parte de las autoridades.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
Alexander Atencio Gaspar llegó hace 18 años a Santa Cruz del Islote para ser profesor de la escuela. Su nueva vida laboral le causó un fuerte choque. Venía de la ciudad y debía acostumbrarse a vivir en una hectárea de suelo en medio del mar. A pesar del intenso calor, no había luz, ni agua potable.
En medio de su rutina como docente, supo que había carencias más allá de la educación, tantas que terminó involucrándose en la vida isleña, viviendo sus problemáticas y, con los años, convirtiéndose en líder comunitario.
En este camino encontró que los asuntos ambientales eran de los más complejos del islote. Iban desde el manejo de la pesca, los residuos y el uso de las especies forestales en las islas. Pero había uno de gran magnitud: el impacto que el cambio climático estaba teniendo en ese pequeño territorio.
“Santa Cruz está peligrando hace muchos años debido a fenómenos antrópicos como es el ascenso del nivel del mar. Anteriormente la marea subía en noviembre, pero me acaba de decir un nativo que, ayer, la marea se alzó inmensamente y solo estamos en mayo. El problema grave es ese, la subida de la marea y la erosión costera. Hay deterioro y desaparición de las islas”
Esos cambios en la marea se están intensificando. Antes era de 10 centímetros y ahora son de 20. Las temporadas de calor se daban en un periodo, ahora son en otro. Cuenta también que el mar se mete al islote, entra a las habitaciones y a sus angostas calles. A la vez hay mucha sequía. Allí la mayoría de las casas tienen un muro de contención porque la misma marea, con su impacto, se las lleva.
«Un dato que pocos manejan: 1.57 hectáreas, es el tamaño de esta isla. Tenemos aproximadamente 700 personas viviendo en temporadas bajas. En temporadas altas fluctúan alrededor de 900-1000 personas. Cuando hablo de fluctuación, son las personas que están por fuera: estudiando, que vienen acá a festejar, a compartir con sus familiares. Retomando nuevamente el tema del enfoque ambiental, es así como en el quehacer y el sentir de formar el grupo ecológico es buscar alianzas con las instituciones que realmente tienen una competencia, más no la están cumpliendo.
¿Por qué digo esto? Aquí hay alrededor de cinco o seis, si no es más, dependencias estatales que tienen una responsabilidad misional y las menciono: Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía de Cartagena, Parques Nacionales, Cardique, Armada Nacional, Corporación de Turismo, Dirección Marítima, la comunidad como tal porque también es un estamento social, los hoteles y los asociados en pequeñas microempresas o en pequeños negocios de emprendimiento. Estamos hablando de un sinnúmero de entidades que, si por lo menos fueran inteligentes, se reunirían en una mesa de diálogo donde cada objetivo de ellos apuntara a un objetivo común ¿cuál es? el cuidado y protección de las islas de San Bernardo«.
Alexander Atencio, profesor y líder de Santa Cruz del Islote
Lápices contra la erosión
El otro efecto visible en Santa Cruz del Islote, es la erosión costera, en la que el permanente golpeteo de las olas, vientos y mareas va causando pérdida de suelo. Al ser una isla artificial, el mar entra en contacto directamente con las viviendas.
Su nombre original es Islote de San Bernardo, pero tomó el de la advocación religiosa del lugar, la ‘Santa Cruz de Mayo’. La isla fue construida sobre un cayo que era utilizado por pescadores. Poco a poco lo fueron rellenando con rocas sacadas del mar o ´rocas muertas´ como las llaman los nativos, para construir las primeras casas. Los isleños dicen que le han robado territorio al mar para cementar el poblado, por lo cual es considerada isla artificial.
Juvenal Julio, de 75 años y líder de la comunidad del Islote cuenta que la erosión y el aumento del nivel del mar los ha afectado, pero ellos no se dejan. Si no hubiesen hecho las obras para sostener la isla, ya no estaría en pie. Se refiere a las barreras rompeolas, llamadas coloquialmente ‘lápices de material’, que se elaboran en cemento y varilla.
“Uno los hace con moldes y, cuando ya están, los va lanzando al mar y ahí se va piloteando y se van construyendo los cuadritos. Aquí en esta casa no se ha metido el mar, pero las que están más bajas, como la de al lado, se entra a los cuartos y a la sala. Le hemos ido robando el terreno al mar… De todas maneras, estamos sobre la roca de Dios y él nos mantiene bien”, agrega Juan Guillermo Perry Escobar, nativo de 66 años.
Guillermo, es el responsable de uno de los dos acuarios del poblado donde exhiben tiburones, pargos, meros y otros peces, para generar ingresos por turismo. En ese avance para ganar terreno marino construyó varias albercas y elevó su casa donde se siente protegido:
“Nosotros nacimos aquí, somos afrodescendientes, el mar me llegaba a la rodilla, había tempestades y mal tiempo y el gobierno no venía. No había luz, solo un trapito y ACPM. Nacimos aquí y así nos gustó, luego las cosas fueron cambiando. Esto era puro mar, donde estamos ubicados, por ahí 30 metros de fondo y 40 de ancho, esto lo hice yo en 30 años porque no teníamos donde vivir, hoy en día estamos aquí. Hay que tenerlo en mantenimiento, uno tiene que meterle dinero, si no, se cae”.
Peces en el acuario de Santa Cruz del Islote. Foto: Ignacio Galán
A Santa Cruz del Islote se le conoce como la isla más densamente poblada del mundo porque allí habitan entre 700 y 1000 personas, en solo 1,57 hectáreas, según la temporada. De la actividad pesquera, la población ha ido migrando al turismo, debido al agotamiento de los recursos, a los efectos climáticos y a la falta de coordinación de las instituciones, como lo expresa el profesor Alexander Atencio:
“Es un problema complicado y es una falta de política a nivel central y local porque, tengo entendido, que hace 10 años Cartagena hizo uno de los documentos más importantes que se han hecho sobre cambio climático. Si no recuerdo mal, es el 4C”.
Se trata de los estudios del llamado Plan Cartagena, Competitiva y Compatible con el Clima 4C, financiados por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos. A partir de estos convenios, se produjeron diferentes documentos que analizaban la situación del Distrito de Cartagena, catalogada como una de las ciudades que más sufrirá las consecuencias del cambio climático en el mundo. Y aunque Santa Cruz del Islote hace parte del área protegida desde Parques Nacionales, depende administrativamente de esta ciudad, así como todo el archipiélago de San Bernardo, conformado por nueve islas.
Uno de los documentos del 4C es Lineamientos de adaptación al cambio climático del área insular del Distrito de Cartagena de Indias, realizado en 2014. En su análisis de vulnerabilidad socioeconómica, plantea un escenario en el que califica al islote con el mayor impacto del archipiélago, con un 62,2%.
“Se presenta para toda el área afectada una vulnerabilidad social y económica muy alta; lo que permite categorizar al islote como un área en donde se conjuga una alta sensibilidad, alta afectación, que lleva a que esta área pueda tener un impacto considerable por el aumento del nivel del mar, especialmente en las viviendas y la población asentada más cerca al mar”.
También advierte que, según modelos y un escenario pesimista, al año 2040, el 75% del área del islote estaría inundado, por lo cual a esa fecha las condiciones no serán óptimas para que sea habitado. Y anuncia que allí se verá vulnerada más de la mitad de la población, equivalente a 125 hogares, conformados por 621 personas en 102 viviendas
Una situación que desde hace muchos años preocupa a un científico que habita el archipiélago, el profesor Fabio Flórez, quien ha estudiado el territorio por más de cuatro décadas y, cada vez que puede, lanza un grito de auxilio para que desde el centro miren hacia la zona insular.
«¡Terrible! Para mí la isla de mayor peligro es: la comunidad de Santa Cruz del Islote. Increíble. Una comunidad con origen de ─más o menos─ 350 años de vida. Actualmente sometida al cambio climático, a una afectación total sobre la comunidad, con el aumento del nivel del mar ─que invade sus pequeñas casas, sus pequeños sitios de habitación─. Una comunidad totalmente anfibia, que yo considero lo más desarrollado en pesca artesanal marina de Colombia, está en Santa Cruz del Islote. Artesanos empíricos, poniendo en práctica diferentes clases de faena de pesca ─algunas un poco contradictorias─ en la explotación del recurso acuático marino«.
Vulnerabilidad en la zona insular de Cartagena:
Fuente: Plan 4C – Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima.
Ocho años después de la publicación del estudio ¿qué ha pasado con el Plan C4? Responde el docente Atencio:
«Tengo entendido que hace alrededor de 10 años Cartagena hizo uno de los documentos más grandes que tuvo sobre cambio climático. Si no me equivoco se llamaba C4. Entonces no sé para qué hicieron ese estudio… para ponerle unas murallas a Cartagena, pero la zona insular, que realmente es al que está pasando los embates, la que está sufriendo con este cambio climático, en diferentes temas económicos, sociales, culturales, ¿que está pasando con esta comunidad? ¿Dónde están los impactos económicos, sociales y ambientales que arrojó esa investigación en donde se gastó una gran cantidad de dinero?.
Me parece que son cosas sin sentido, son cosas que creería que el mismo Ministerio de Medio Ambiente debe apropiarse. Ahora, a través del resorte que hicieron con el tema de áreas marinas protegidas, que cogieron 568.000 hectáreas y las convirtieron en área protegida, con 19 comunidades. Dentro de ese proceso de consulta en el cual fui partícipe como representante legal y como consultor sobre esos temas en esta zona, se llegaron a unos preacuerdos, pero los acuerdos han quedado ahí. Hace 3-4 años hicimos un componente del capítulo étnico donde se incorporó el tema de idiosincrasia insular dentro de la política del plan de manejo de área marina protegida, y eso ha quedado ahí.
Pienso que hay mucha negligencia, mucha incompetencia por parte del ente estatal. Hay que sacarles el verdadero sentir a estos procesos, como lo hacen los países extranjeros que cuando cogen un tema ambiental lo empiezan y lo terminan. Buscan los recursos a nivel nacional e internacional para poder mitigar esos acuerdos que se hacen. No le veo sentido a gastarse tres mil, dos mil, mil millones de pesos en un proceso de pre consulta, para que quede 10 años, 15 años, que cualquier gobierno venga y lo implante… En 10, 15 años que quiera ocurrir, las islas desaparecieron«.
Pescadores de Santa Cruz del Islote. Foto: Ignacio Galán
Red Prensa Verde y Shots de Ciencia consultaron al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) sobre los avances de los planes de atención proyectados para esta zona insular dentro de la emergencia climática. Sin embargo, el EPA respondió que el Plan 4C ya no está vigente. La administración lo está actualizando y ahora se denomina Plan Integral de Gestión de Cambio Climáticoproyectado en cinco fases, de las cuales se encuentra en la primera, de alistamiento. Dicho proyecto no cuenta con información que involucre a la zona insular.
Ante esto, Atencio muestra su desilusión y hace un listado de instituciones que tienen competencia y responsabilidad misional en el archipiélago, pero que no la están cumpliendo.
«Siempre hemos estado marginados, aquí no se ha logrado nada sin lucha jurídica, nada. Aquí desde el 2015 tengo instaurada una acción popular en el Contencioso de Cundinamarca. Bajo el principio de un plan de evacuación, necesidades básicas insatisfechas y unos acuerdos de Parques Nacionales a través de la consulta del Plan de Manejo, ya la consulta se hizo. Fue un escenario que se logró gracias a Dios. Estamos esperando a que las acciones se hagan.
Todo ha sido a través de luchas. No solo de nosotros como líderes sino de personas que han estado interesados: abogados, antropólogos, sociólogos… que ven en estas comunidades un futuro cultural, ambiental y social, o sea, un patrimonio. Como pueblo negro, como pueblo étnico, fuimos amparados por la norma de 2011, tenemos unas prioridades y unas condiciones como minoría étnica que nos protege y nos salvaguarda frente al resto de la población colombiana.
Gestión del Riesgo está demandado dentro de las necesidades básicas insatisfechas en el 2015. Hizo unos estudios previos de pequeñas cosas, para salir del paso, pero eso vienen cada seis meses cuando se inunda o cuando ocurre un mar de leva que impacta a la comunidad, de resto no viene».
Afirma también que la comunidad, pese a que convive a diario con los desajustes climáticos, no está tan informada sobre el tema:
“Si partimos a la comunidad en tres escenarios, adultos y jóvenes y niños; los dos primeros no han dimensionado la preocupación sobre el cambio climático tal vez por desconocimiento,. Como no ha venido nadie a hacer un estudio específico, nadie los ha educado. Los niños sí tienen idea y enfoque porque desde la escuela se les viene enseñando”.
Menciona que hay un tema que también es preocupante frente a la emergencia climática: el turismo desbordado. Está haciendo que el problema incremente, dada la alta generación de residuos sólidos e impactos a la flora y fauna. Reclama un plan para equilibrar la capacidad de carga del islote.
Un asunto que, indica, no se ha cumplido por parte de Parques Nacionales y que se trabajó cuando se realizaron los procesos de consulta previa para la creación de una gran Area Marina Protegida en Cartagena.
Otro aspecto en el que insiste Atencio, es cómo la comunidad ha abogado en los últimos años por tener un plan de evacuación ante una eventualidad, que a la fecha tampoco está proyectado.
Después de 18 años en la isla, el profesor Atencio ahora es director de la Institución Educativa Santa Cruz del Islote en la que estudian 225 niños en primaria y secundaria, y en la que trabajan 12 docentes, en cinco salones y dos jornadas. Además, dicta la materia de ecoturismo en bachillerato desde el enfoque, ambiental, social y cultural.
En este tiempo, el docente, quien ha destinado su tiempo libre a defender los derechos de la isla y de sus habitantes, se graduó también como dirigente local.
Su amor por ese territorio lo expresa diciendo que, a pesar de todos los conflictos socioambientales, la isla es un orgullo para la nación, porque tiene una cultura cimentada en una idiosincrasia y cosmovisión de hace más de 200 años.
Para él, el concepto ‘de la isla más densamente poblada del mundo’ va más allá del mismo poblamiento y de la necesidad de adaptación y de la resiliencia en las condiciones climáticas:
“Santa Cruz del Islote es un ejemplo de cómo será el mundo a futuro. La gente aquí sabe vivir en pequeños espacios geográficos. Sabe canalizar y dar importancia al agua. Y tiene la capacidad de lograr una cohesión social al convivir entre 700 y mil personas en 1,57 hectáreas. En esta isla artificial, el día a día es interactuar con la gente, vivir la necesidad de la gente y esconderse en la problemática de la gente. Es lo que el mundo vivirá dentro de pocos años”.
Viviendas de Santa Cruz del Islote. Foto. Ignacio Galán
Este material está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace.
INFORME ESPECIAL: IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO
SEGUNDO REPORTAJE:
ACORRALADOS
Los habitantes piden obras de protección para resguardar el archipiélago de San Bernardo de los impactos del cambio climático. Existen lineamientos de adaptación desde 2014, pero no han llegado al territorio. Una de las construcciones con mayor riesgo es la escuela de preescolar.
Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
Ignacio Galán / Shots de Ciencia
Saltar a medianoche de la cama para rescatar los objetos que se está llevando el mar. Verificar que la familia se encuentre bien y completa. Retirar, a la mañana siguiente, rocas, palos, conchas de caracol y basuras que quedan esparcidas por la casa.
La marea no tiene horario. A veces entra a las 9 de la noche, pero puede ser a las 11 o a las 2 de la mañana. Se hace más intensa en luna llena y entonces pasa sin permiso por la cocina, atraviesa la pequeña sala y, como si nada, va directo a la habitación. Mario Moreno Zúñiga vive este escenario y, a pesar de la frecuencia con que ocurre, no se acostumbra. Dice que ama el mar, depende de él, pero también respeta su fuerza y a veces le teme.
Mario Moreno, afectado por los mares de Levaen Puerto Caracol, Isla Múcura.
Él es pescador, tiene 46 años, vive con su esposa, sus dos hijas pequeñas y un cuñado, en una vivienda de madera que él mismo construyó. Está ubicada en el poblado de Puerto Caracol, en Isla Múcura, que hace parte del Archipiélago de San Bernardo, en la jurisdicción de Cartagena, Bolívar.
Se refiere a los mares de leva que con el tiempo han intensificado su fuerza y frecuencia. El mar de leva es una ola amplia cargada de mucha energía que destruye las líneas de costa. En la zona se presenta un aumento anual y según definición del biólogo y profesor Fabio Flórez, vecino de esta comunidad, “son pequeños tsunamis”.
«Muchas veces se ha metido hasta en el cuarto. Muchas veces en el cuarto, en la sala. Me ha tocado pararme a media noche a buscar sacar agua porque se ha metido. Estamos buscando construir más para que no se nos lleve la casita. Anoche hubo una marea muy llena. Yo había echado unos palos ahí, pero que va, esa marea todo eso se lo llevó. Estaba grande, grande la marea. Allá hasta donde está Arturo, todo eso lo llenó, todo, todo. Aquí también se metió la marea«.
Aunque quisiera evitar la situación levantando una barrera de cemento para elevar la casa ─como la mayoría de los habitantes lo han hecho─ Mario dice que no puede. La autoridad ambiental lo prohíbe y, si lo hace, es posible que le desbaraten la obra. Él tendría que dejar su casa, o tal vez, hacer un reforzamiento muy costoso.
«Uno vive del mar. Yo he vivido toda la vida aquí, toda la vida. No me puede echar nadie cuentos del mar, porque yo he vivido desde pelado en el mar. El mar es el que le da el sostén de todos los días. Pero anoche hizo como la mamá o el papá de las mareas: como a las 9 o 10, 11 de la noche. El así como a uno le da, también le quita a uno. ¿Por qué? Porque a veces viene una ola y unos vientos que tiene uno que buscar auxilio porque se meten vientos de 4 y 5 días, muchos días».
Mario, como todos en el Puerto, explica que detrás de esa intromisión que siempre lo desvela están dos de las consecuencias del cambio climático: el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Eso lo tiene claro porque ha visto las transformaciones en el territorio. Lo mismo que Arturo, José del Carmen y los demás habitantes del caserío que sufren y también se trasnochan por la misma causa.
Al indagar sobre la situación con un funcionario de Parques Nacionales, este comentó a Red Prensa Verde y Shot de Ciencia que esta es un área protegida con unas condiciones naturales especiales, donde su labor como entidad es ejercer la autoridad ambiental para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales.
Aclaró que a la comunidad se le procura ayuda en sus procesos y proyectos económicos y sociales, siempre y cuando no signifique la alteración del ecosistema.
“La erosión costera nos representa una amenaza tanto para las comunidades asentadas como para las islas. Pero esto tiene que coincidir con lo que está estipulado por Resolución 1426 de 1996 y es por eso es que tratamos de hacer que no crezcan las construcciones de manera ilegal”.
Los niños de preescolar, en riesgo
Una de las construcciones con mayor vulnerabilidad, según los líderes, es la escuela de preescolar, donde estudian 30 niños de Múcura y Santa Cruz del Islote. La historia cuenta que, a Juan Manuel Moreno, uno de los primeros habitantes y fundadores de Puerto Caracol, se le veía trabajar con frecuencia en un lote junto al mar. Ponía a sus hijos y a los niños del pueblo a arrastrar caracoles y arena en un carrito, a veces por las tardes o en sus ratos libres.
El profesor Fabio Flórez le preguntaba por qué hacía eso y él le respondía que tenía la ilusión de algún día tener una escuela. Juan Manuel calzó el lote, como dicen en el archipiélago, es decir, puso las bases de la construcción con sus hijos y nietos. Luego lo rellenó. Al poco tiempo falleció sin terminar la obra.En 2009, llegó de visita el médico ortopedista Carlos Leal, quien se alojó en el hotel Punta Faro.
Al recorrer la isla vio el pueblito y se enteró de que la comunidad no tenía escuela. Tomó unas fotos para buscar recursos en sus viajes internacionales y volvió dos años después con 25 millones de pesos. Hicieron unos planos y con ese dinero construyeron el centro escolar. Por eso el profesor Flórez dice que esa obra se llama “La escuela de Juan Manuel”, ese es el nombre verdadero. La Secretaría de Educación de Cartagena solo hizo la cerca hace unos años.Arturo Berrío relata que la construcción ha sufrido graves daños en sus bases y ya cedió una vez. Fue arreglada, pero el mar entró nuevamente por debajo y la pared frente al mar está en peligro de caer, explican.
«Hace como 5 o 6 años vinieron unos señores, que ahora no recuerdo como se llaman… dizque iban a hacer mejoras de vivienda. Pero eso nunca llegó aquí. Prometen, prometen, para acá, para allá, que miren. Vamos allá a reunión… Nada, se lo llevó el viento.»
La escuela de preescolar de Isla Múcura está en peligro debido a que sus bases están deterioradas. La comunidad pide intervención urgente. Imagen: Ignacio Galán
Salón de clase en la escuela de Isla Múcura, que prersenta riesgo en su estructura. Foto. Olga C Guerrero.
El temor de los líderes es el riesgo que corren los menores y los dos maestros porque en cualquier momento la construcción puede colapsar. Por eso Berrío busca otra solución:
“Haremos una comisión para hablar con uno de los dueños del hotel Punta Faro para que por favor nos done un pedazo de tierra donde se pueda hacer una escuelita nueva, ojalá con una alberca y una canchita y así ellos puedan jugar, eso nos daría tranquilidad. Que no lo haga por nosotros sino por los niños”, relata Berrío.
La comunidad habla de una ausencia estatal desde siempre. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Cartagena, de quien dependen administrativamente, hasta hace cuatro años se hizo cargo de la educación en el archipiélago, informaron. Tiene dos vigilantes en la escuela y contrata una lancha que lleva a los pequeños de isla en isla a estudiar. Los de preescolar van a Isla Múcura y, los de primaria y bachillerato, a Santa Cruz del Islote, en dos jornadas.
«Primero, aquí hay un riesgo grande por tema de erosión. Las olas pegan fuerte y en cualquier momento esta placa… en una ocasión ya se vino, se derrumbó.
Darwin Cesar, líder de Isla Múcura
Gracias a Dios no hubo un niño. Pero cuando pegan los fuertes vientos las tejas salen volando. Necesitamos un aula más grande. Nosotros también somos colombianos. Necesitamos una institución que coja primaria y secundaria. Nosotros también tenemos los mismos derechos que tienen los de Bogotá y otras ciudades -nosotros como isleños-. Nosotros somos cartageneros, pero ¿cómo vamos a decir que somos cartageneros si la Alcaldía de Cartagena nos tiene descuidados? O sea, nosotros ni siquiera tenemos la bandera para decir que somos bolivarenses. Para el Gobierno colombiano el Archipiélago de San Bernardo no es Colombia porque no se interesan. Las islas están desapareciendo por el tema de la erosión costera«, exclama Darwin Cesar. líder de Puerto Caracol.
Mientras hablan al tiempo, los hombres reclaman porque a Múcura nunca ha ido un alcalde de Cartagena. El único que fue se llama Carlos Mieles de la localidad 1 encargada de los asuntos insulares. Darwin César recuerda su nombre porque hace cuatro años les llevó un sistema de tanques para el almacenamiento del agua que llega una vez al mes del continente en el buque cisterna o en el que a veces lleva la Armada:
“Fue una bendición, no teníamos donde poner una tonelada de agua y menos la posibilidad de construir una alberca. Es el único gobierno que ha hecho algo por nosotros”, comenta César.
Otras carencias
Arturo Berrío, Puerto Caracol, Isla Múcura. Foto Ignacio Galán
Una de sus mayores necesidades es tener un puesto de salud. Cuando hay un enfermo deben llevarlo a Santa Cruz del Islote donde hay una enfermera. Si es muy grave, a Tolú o a Cartagena. Un pasaje normal en lancha rápida a Tolú cuesta 80 mil pesos y tarda una hora y media. A la capital de Bolívar cuesta 130 mil pesos, y se navega durante 2 o 3 horas.
«No tenemos, por lo menos, recurso de un médico. A veces cualquier niñito se enferma, o uno viejo, que le den siquiera los primeros auxilios, aquí no hay nada de eso. Muchas veces uno va a Islote: tampoco se consigue nada. De pronto una enfermera que sabe poner una inyección, y a veces no está tampoco, a mi me ha tocado. He ido a buscar y no hay nadie. Por ese lado estamos graves. Porque siquiera hubiera un médico 15 días de un mes. Aquí a veces que sacan la gente a medianoche y tienen que salir a la lata en cualquier lancha. Sea el viento como esté, que el paciente no se nos vaya a morir. Son cosas que por acá necesitamos y no tenemos«.
Los líderes en medio de bromas sobre su propia situación hablan de cómo ha crecido el poblado y de cómo, a pesar de todo, la gente del archipiélago es sana, poco se muere. Por ejemplo, para inaugurar el cementerio que está en Tintipán, tuvieron que traer a una señora desde Cartagena.
Nadie se salva de la erosión
Al finalizar el recorrido por Puerto Caracol ─y bordear la isla─ se llega a los hoteles: todos presentan rastros de la erosión costera. Dahlandia, es el primero en la punta suroccidental de la isla. Se trata de un hostal ecológico administrado por el biólogo y profesor Fabio Flórez, quien ha intentado varias formas de proteger el predio que la Nación le tiene arrendado. Es el único que paga cada año por su usufructo. Alguna vez construyó una barrera antioleaje y por no haber hecho el trámite correspondiente tuvo que pagar una multa y hacer un estudio de protección para la isla en tiempos de Julia Miranda como directora de Parques Nacionales. Dicho proyecto nunca fue ejecutado. Reposa hace tiempo, ‘sin pena ni gloria’, dice él, en los anaqueles de esa entidad.
Según testimonios de antiguos pescadores, hace 200 años aproximadamente, el predio donde hoy está el hotel Dahlandia, llegaba hasta el Cayo Grande situado en el costado suroeste, produciéndose una pérdida de 130 metros de un retroceso de la línea de costa y pérdida de 1.500 metros de área de la isla. La investigadora Karem Acero en su estudio Efectos ambientales del ascenso del nivel medio del mar. Caso: Isla Múcuralo describe así:
Zona de retroceso de playa con pérdida de 130 metros de la línea de costa y 1.500 metros de área de la isla. Imagen: Ignacio Galán
“Es una evidencia contundente del ascenso del nivel medio del mar que como consecuencia erosiona la isla poco a poco”. La línea de costa de isla Múcura ha cambiado aceleradamente.
Los demás son hoteles que, según sus capacidades económicas, han instalado distintos mecanismos de contención: desde barreras de rocas traídas desde el continente, hasta espolones, muros, rellenos y trabajos de ingeniería de alto nivel y presupuesto.
Se ve el deterioro de la playa El Cholo, árboles caídos, otros en el límite del mar. La línea de costa está invadida por kioskos y espolones mar adentro de aproximadamente 10 metros de longitud. La arena que solía ser lugar de anidación de tortugas marinas (carey y verde) está ocupada por mobiliario turístico. Ciudadanos antiguos de la isla reportaron hace 40 años una anidación de tortuga carey en la playa El Cholo. Sus huevos se los comió un pescador. Otra anidación fue observada en la isla Ceyzén.
El pantano de mangle del lugar, se comunicó con un canal al mar hecho en cemento por donde entró al interior del pantano la arena que el mar aportaba a la playa. Dicha playa, fue alterada y destruida. La investigadora Acero, quien hizo un trabajo de reconocimiento de lugares emblemáticos para la población, califica la situación así:
“La comunidad identifica la única playa donde hubo anidamiento de tortugas, la playa El Cholo, ubicada al noroccidente de la isla. Es el lugar donde se presenta mayor erosión por fuertes vientos y obras inadecuadas que dejaron sin playa a la Isla y sin hábitat a algunas especies”.
Las escasas áreas de manglar que quedan en isla Múcura son las barreras naturales protectoras más eficientes. Imagen: Ignacio Galán.
Avanza la erosión en la línea de costa en Isla Múcura. Imagen: Ignacio Galán.
Barrera artesanal en Puerto Caracol. La comunidad de Puerto Caracol construye muros protectores con cemento (cuando hay), caracolas, palos, plásticos o lo que tengan a la mano. Imagen: Ignacio Galán.
Terminado el recorrido de las áreas privadas y los hoteles, se sigue bordeando la isla y se llega a La Punta donde está la playa pública, el único lugar de la isla donde puede operar el turismo comunitario. Según Acero, hace cerca de dos décadas esta se convertía en cancha de fútbol, pero con un retroceso en la línea costera de casi 45 metros, hoy es solo mar. Los habitantes señalan los 8 a 10 metros de playa que quedan. A esta playa pueden llegar en un día de temporada turística, hasta 1.500 personas.
Al lado de la Punta está el muelle público y la cabaña de Parques Nacionales, zona con avanzada erosión que se inunda en ciertas épocas del año. De allí sigue el sendero hacia Puerto Caracol. Una buena parte de este se perdió debido a que hace ocho años el mar invadió el área y formó una bahía. Para poder conectar las zonas públicas con el caserío, la comunidad se vio obligada a construir un paso peatonal al que llamó el Puente del Amor. Acero en su trabajo denomina esta intrusión marina como el comienzo de la división de la isla, tal como ocurrió en Ceyzén y Panda, otras islas del archipiélago.
Puente del Amor, área de intrusión marina, donde la fuerza de las olas abre un boquete de inundación. La investigadora Karem Acero considera que es en este punto geográfico donde comienza a dividirse Isla Múcura, tal y como ya ocurre con las islas Ceyzén y Panda. Foto: Ignacio Galán / Shots de Ciencia.
El paso elevado que la comunidad bautizó «el Puente del Amor» y el comienzo de la división de Isla Múcura.
“Al iniciar el fraccionamiento de la Isla por el bosque de manglar del costado sur, cerca de la laguna costera, uno de los efectos que empiezan a vivirse hoy en día con las mareas altas es la inundación del sector suroriente que puede dividir la playa pública y la cabaña de parques del resto de la isla”.
La comunidad teme que, si no se realizan acciones de prevención y protección, están en una situación muy vulnerable ante posibles nuevos eventos meteorológicos y climáticos.
«Bueno, del Iota, fue un coletazo, algo leve, pero nos afectó bastante. Vinieron como a los tres días con unos mercaditos para subsanar la cosa, pero en realidad, lo que nosotros, como población necesitamos, nunca llegó. Eso salió en Caracol, durante este mandato de Duque, siempre fue “San Andrés, San Andrés, San Andrés…” y nosotros también fuimos afectados. Hubo casas que se les voló el techo, se acabó un hostal, le derrumbó las paredes a un hostal de los nativos, hubo viviendas que también fueron destrozadas por el coletazo. Muchos muros de protección de los que nosotros tenemos como comunidad desaparecieron. A otros se les metió el agua directamente a la casa.
Para el Gobierno Nacional no pasó nada. Digámoslo así: el archipiélago de San Bernardo, para el Gobierno Nacional, no existe. ¿Por qué? Porque cuando vienen, vienen con cositas muy pequeñas, no vienen a vivir la problemática que nosotros tenemos como comunidad. Nadie se preocupa por las zonas insulares aquí en el Archipiélago de San Bernardo. La única institución que permanece las 24 horas es Parques Nacionales, la única. Los demás, pues, no vienen ni a contar chistes y tienen jurisdicción acá.
— ¿Y gestión del riesgo de Cartagena no ha venido, tampoco?
Sin embargo, al consultar al EPA sobre posibles soluciones a la comunidad y sobre la inclusión en el plan de las problemáticas de la isla, la respuesta es que hasta el momento no se ha incorporado la zona insular.
Daniela Henao, coordinadora del proceso de actualización del Plan informó que no se han contemplado temas como la erosión costera y el ascenso del nivel del mar en las islas. Sin embargo, afirma que están dispuestos a conocer las problemáticas y analizar cómo se puede abordar el tema con las entidades nacionales. Invemar también reportó que la entidad no tiene proyectos en ese sentido:
“Para el área mencionada no se están implementando acciones ni proyectos de adaptación y mitigación por parte de Invemar. Los insumos de la investigación se han incluido en los planes de manejo del área marina protegida”.
La ecóloga Sandra Vilardy, al ser entrevistada cuando ejercía como directora de Parques cómo Vamos (hoy es viceministra de Ambiente), afirma que toda la problemática de San Bernardo está diagnosticada. Ahora hay que mirar cómo se va a acompañar a la comunidad en una transición hacía la adaptación.
“Necesitamos pensar en acompañar a los más vulnerables que ya lo están sufriendo, la plata de las regalías debe estar pensándose en eso. Todos nos tenemos que adaptar, hay prioridades, pero los habitantes de línea de costa e insulares son los primeros”.
Es categórica al afirmar que hay un principio constitucional del Estado que es proteger la vida de los colombianos y, en este caso, eso no se está cumpliendo. Cree que el nuevo gobierno debería hacer ajustes y promover una entidad dedicada a la adaptación y transición climática, no solo orientada a los asuntos de energía, como lo está ahora.
«Acá hay un principio y el de la seguridad y de garantizar la vida de los colombianos. Es un principio Constitucional del Estado. Pero al Estado le ha costado entenderlo. Para mi, el próximo Gobierno debería hacer una modificación institucional muy importante y empezar -tal vez no lo logre en los cuatro años- pero necesitamos un ministerio, o una entidad de este nivel, para la adaptación y la transición climática. Que no sólamente hable de energías, porque se la pasan peleando por las energías -no, no- es la adaptación territorial, económica y social del país ante el cambio climático.»
Lo que reclama la investigadora Vilardy es que el Estado asuma su responsabilidad frente a la emergencia climática y permita que ciudadanos como Mario, Arturo, José del Carmen y todos los que deben levantarse a atajar la marea a cualquier hora de la noche, puedan tener un auxilio oportuno y preventivo de las instituciones.
Isla Múcura / Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
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Era una colonia de avifauna marina y refugio de pescadores. La erosión, el ascenso del nivel del mar, la acidificación del océano y el abandono del Estado, aceleraron su pérdida. Comunidades afro de esa región insular de Cartagena hablan de su ausencia. Las demás islas del Archipiélago de San Bernardo presentan avanzado deterioro.
La madrugada del 17 de mayo llovió tanto que el techo de madera y zinc parecía romperse. El aguacero anunciaba el fin de la temporada seca y el comienzo de meses de humedad. Amainó hacia las 2 de la tarde y el cielo más despejado permitió zarpar desde la Isla Múcura en el archipiélago de San Bernardo.
Yeison Macías Campo, experimentado piloto nativo, salió del muelle occidental, bordeó lentamente la zona de playa y giró hacia el sur. Poco a poco, mientras remontaba las olas, aumentó la velocidad.
Después de navegar durante 25 minutos apareció un objeto en la distancia. Una especie de bandera, pero no era el tricolor nacional. El piloto se acercó lo más que pudo, apagó el motor, respiró profundo y con rostro de duelo exclamó:
-Es aquí. Debajo de estos palos está Isla Maravilla.
Dos varas emergentes sostenían un banderín de plástico, raído de tanto ondear. Una señal para pescadores y viajeros de que ahí se hallaba el punto exacto donde Colombia perdió años atrás una porción de su territorio. Era también un recordatorio permanente de la velocidad con la que los efectos del cambio climático golpean desde hace tiempo al Caribe.
Bajo Maravilla, donde hasta hace algunos años se encontraba Isla Maravilla. Al fondo Isla Tintipán. Fotografía: Ignacio Galán/Shots de Ciencia
Maravilla tenía menos de una hectárea y estaba asentada sobre una antigua formación coralina. Hacía parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y Archipiélago de San Bernardo (PNNCRSB), creado en 1977, localizado a dos horas en lancha rápida desde Cartagena (Bolívar) y a 45 minutos desde Tolú (Sucre).
Cuentan los nativos que su suelo desprendía mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle bobo (Laguncularia racemosa) y unos cuantos arbustos de mangle zaragoza (Conocarpus erectus). De sus encantos el que más la destacaba era ser ‘la isla de las aves’.
Desde allí despegaban y aterrizaban en un interminable revoloteo, fragatas, pelícanos, maría mulatas, gaviotas, cormoratas, alcatraces, tijeretas de mar, garzas y tantas más, que habían elegido ese pedazo de suelo como hábitat. Allí pernoctaban. Una vida aérea que se compaginaba con la abundancia acuática, la microfauna, el arrecife coralino, los pastos marinos y una alta productividad biológica.
“Por los aportes de materia fecal de las aves como fertilizante acuático, sus alrededores fueron un verdadero acuario natural. Yo lo vi, y las responsables eran las aves, también había toda una variedad de crustáceos, peces, y corales”, relata el profesor Fabio Flórez, habitante de Isla Múcura y estudioso del archipiélago.
Isla Maravilla, años atrás. Foto: José Moreno.
Su valor ecosistémico era de tal magnitud que fue caracterizada, junto con isla Mangle, a 25 minutos de allí, como ‘Patrimonio Intangible de la Nación’. Ese calificativo, intangible, según Parques Nacionales, se le da a “aquel ecosistema de alto significado ecológico, que presenta un buen estado de conservación o un mínimo de alteración y debe ser protegido con el fin de que sus condiciones se preserven a perpetuidad”.
Sí, a perpetuidad. Por esta razón, Parque Nacionales diseñó un Plan de Manejo para orientar la gestión de conservación en 2006. Dispuso que la isla estaba destinada exclusivamente a la investigación. Las únicas acciones permitidas eran recorridos de vigilancia, señalización y monitoreo. Se prohibían actividades de recreación, turismo, tránsito, extracción, aprovechamiento de recursos y vivienda. Nada se podía tocar, nada se podía llevar, debía ser objeto de riguroso estudio. Eso decía el papel.
En efecto, el archipiélago fue escenario para un sinfín de investigaciones científicas. Un ejemplo es el inventario de avifauna que realizaron en 1982, José Gregorio Moreno y Ricardo Antonio López de la Universidad Nacional, en cuatro de las islas del archipiélago: Tintipán, Múcura, Ceycén y Maravilla. En ese entonces reportaron 53 especies de aves ubicadas en 26 familias, de las cuales el 15% eran aves playeras y 5% de hábitos marinos, 38% residentes y 62% migratorias.
Además, revelaron la presencia abundante de la paloma cabeciblanca (Columba leucocephala), que hasta entonces solo se había observado en San Andrés y Providencia; el primer registro en Colombia de la anidación de la garcita verde (Butorides virescens maculatus), los segundos registros para el país de reinita de magnolia (Dendroica magnolia) y chipe suelero (Seiurus aurocapillus) y así, muchas otras especies.
Los investigadores colectaron 256 especímenes que luego disecaron y conservaron con su caracterización y descripciones. Hoy están depositados en la Colección Ornitológica del Instituto de Ciencias Naturales en Bogotá.
Isla Maravilla, ya deteriorada. – Foto: José Moreno
En ese tiempo no todos los estudios llegaban a manos de la administración del Parque. El Plan del Manejo advertía que había una pérdida de información relevante, ya que no existía una compilación de todas las investigaciones que pudieran aportar datos para las decisiones que se debían tomar sobre esta área protegida.
También, decía el documento, el Parque enfrentaba graves problemas para su preservación desde lo social, lo político y económico, incluyendo poderosos conflictos de intereses en lo regional y nacional. Se hablaba de la falta de personal, porque solo trabajaban siete personas de planta y siete contratistas para 120 mil hectáreas. Y aclaraba que el archipiélago de Corales del Rosario y la península de Barú, que también hace parte del área, concentraba todos los programas y proyectos, con un énfasis turístico.
Este Plan, carta de navegación para la administración del Parque, fue demandado en 2011 por no haber tenido en cuenta a las comunidades isleñas. Comenzó entonces un proceso jurídico que finalizó siete años después en una concertación con la comunidad.
Entre tanto, Isla Maravilla permaneció durante mucho tiempo con baja presencia institucional y pasó a ser escenario de pesca, turismo, recreación y extracción.
Hacia 2012 un estudio del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar (2012), retrató cómo Maravilla ya estaba deteriorada:
“Corresponde a un pequeño islote de 0.004 km2 constituido por arrecife coralino y sustrato biogénico (restos de conchas y fósiles calcáreos) con una cobertura escasa de manglar en mal estado por el fuerte oleaje, que funcionaba como resguardo para una diversidad de especies marinas (peces y esponjas), así como lugar de anidamiento para algunas especies de aves”.
En 2020, finalmente Parques Nacionales publicó la nueva versión del Plan de Manejo que, según miembros de la comunidad de Múcura, a la fecha no ha sido socializado.
En este documento Isla Maravilla ya no aparece como Patrimonio Intangible. Fue reclasificada como “Zona de manejo especial con las comunidades o Subzona de conservación y restauración participativa ‘Bajo Maravilla’ antiguamente denominada Isla Maravilla”. Lo curioso es que era tarde para ponerle títulos a la isla: para ese año ya había desaparecido.
La fecha exacta en que el islote desapareció no es clara. Voceros de las comunidades que conviven con el hoy bajo Maravilla, aseguran que fue hace cinco años, es decir en 2017. Invemar, al citar a Parques Nacionales, reporta que fue en 2006-2007. La bióloga Karem Acero en su investigación para la Universidad Nacional Efectos del ascenso del nivel medio del mar en isla Múcura indica que el comienzo de su pérdida fue en 2015 y adiciona una evidencia fotográfica comparativa entre 2011 y 2019:
“Esta es la mayor prueba de desaparición de las Islas en el archipiélago y de la pérdida de servicios ecosistémicos. Actualmente se pueden pisar los restos de litoral rocoso de Maravilla, que están inundados entre 30 cm y 50 cm. Durante el último trabajo de campo (2019), se realizó la visita a Isla Maravilla para comparar el terreno inundado actualmente, que hasta hace 4 años (2015) era sitio de paso para aves migratorias. En la imagen de la derecha se observa el litoral rocoso y lo que queda de base de la Isla, en la imagen izquierda se observan los últimos relictos de manglar perdiendo terreno por la intrusión del mar”.
«Mire, la verdad que cuando hablo de eso siento tristeza. Porque, primeramente, Maravilla, que fue la última en desaparecer, era una isla que era un punto de referencia y era donde anidaban variedad de aves. En esa infancia nosotros íbamos allá y no teníamos el flujo de turismo que hay ahora. Venían incluso hasta velas, no venían motores, sino a vela. Nosotros los llevábamos allá remando, ahí estaban todas las tijeretas, alcatraces, fragatas…»
Años después de su desaparición, muchos nativos recuerdan a Maravilla como si fuera un familiar que partió. Hay miradas de dolor y añoranza cada vez que preguntan por ella. Un líder local, que pide no mencionar su nombre, así lo siente:
«Queríamos a Isla Maravilla, era la isla de los pájaros, muchos vivían ahí y muchos llegaban en octubre cuando vienen las migratorias. Hoy en día… ¿a dónde lo van a hacer? Allá nadie las molestaba. Nosotros como pescadores, cuando estábamos en mal tiempo también nos refugiábamos ahí. Tenía un gran valor para nosotros, allí íbamos a ver nuestra pesca. Las dos poblaciones que existimos aquí, Santa Cruz del Islote y Puerto Caracol en Isla Múcura, hacíamos uso de ella, también era nuestro refugio.»
Juvenal Julio Berrío, líder, navegante y antiguo pescador de Santa Cruz del Islote (Q.P.D.) Foto: Ignacio Galán.
Para intentar alargar la vida de la isla, los pescadores quisieron construir una muralla en piedra de cantera. El fin era frenar el impacto del oleaje y protegerla de la erosión. Cuentan que Parques Nacionales les advirtió que no podían intervenirla. “Lo que el mar trae, el mar se lleva”, es la frase que retumba en la comunidad con ironía, ya que era la respuesta que los funcionarios les daban cuando insistían en ‘salvar’ la isla.
«Nosotros vimos el proceso desde que comenzó hasta que finalizó, cuenta el líder. Se fue erosionando poco a poco. En un momento la gente quiso protegerla, pero no lo permitieron. Si íbamos a poner una piedra para que la isla aguantara un poco más, nos atacaban las autoridades. Nos causó un gran impacto, tristeza, mucha impotencia porque nosotros pudiendo hacer algo no podíamos hacer nada. Esto es como perder un órgano de nuestro cuerpo, como perder un riñón, la isla era fundamental para nosotros. Esa es la prueba de que el gobierno no está haciendo nada por este territorio.»
También explica que cuando se vive en medio del mar, los habitantes solo pueden transitar de isla en isla para ganarse la vida, por eso la extrañan. El piloto, Yeison, lo confirma.
Yeison Macías Campo
Actualmente, el área sumergida sigue siendo utilizada como antes. Los pescadores extraen caracol pala, langosta y otros mariscos a pulmón. También pescan en sus alrededores con extensas redes conocidas como trasmallos o boliches. Cuando atrapan langostas las guardan vivas en jaulones instalados a la orilla del mar, frente a sus casas. Ahí las almacenan hasta que pueden venderlas a los hoteles locales o compradores de Tolú o Cartagena. En Múcura, solo hay luz entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana gracias a un sistema solar donado por Japón, por lo tanto, este método es mejor que mantenerlas refrigeradas. Y es que uno de estos crustáceos puede valer desde 70 mil pesos en adelante.
Maravilla también sigue siendo utilizada para el turismo. Ahora, los promotores turísticos de Tolú y Coveñas la ofrecen como parte del plan: “Visita a la isla que desapareció”. No es extraño ver visitantes careteando y buceando en esas aguas.
Yerlis Paola Berrío, representante del Consejo Comunitario de San Bernardo cuenta que los ancianos y sabedores del lugar insisten en que la isla se puede recuperar. Quieren que vuelva a emerger. Para esto proponen hacer un relleno y una protección costera a partir de la siembra de manglar y que este sirva de protección costera natural. También saben que es solo una propuesta dado que la autoridad ambiental no lo permite.
¿Por qué desapareció Maravilla?
La investigadora Karem Acero, en sus estudios, ha encontrado que la pérdida de Isla Maravilla se dio por inundación y pérdida de terreno, ambos procesos derivados del aumento del nivel del mar y de la intensificación de los procesos erosivos.
Una idea que comparte con Juan Manuel Díaz, director científico de la Fundación MarViva, quien asegura que es un fenómeno completamente natural, que se ha venido acelerando con el aumento gradual del nivel del mar causado por el calentamiento global.
“Esos antiguos arrecifes, al bajar el nivel del mar, quedaron emergidos de uno a tres metros por encima del nivel del mar, formando las islas. Desde ese momento, hace unos 5.000 años, las islas quedaron expuestas a la acción erosiva de las olas, las corrientes y el viento. Dicha erosión natural hace que las islas, desde aquel entonces, vengan reduciendo su tamaño y algunas hayan desaparecido ya».
“Estos ocasionan su disolución parcial y consecuente fracturamiento, caída de bloques y el retroceso de la línea de costa. En islas como Ceycén y Maravilla el proceso erosivo se ha acelerado por la tala indiscriminada de manglar y la extracción de coral”.
En la misma línea, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), confirma que, en el escenario del cambio climático, los efectos inducidos por el aumento del nivel del mar son esencialmente importantes para definir el grado de vulnerabilidad de una zona o población.
Y, agrega, estos archipiélagos (Rosario y San Bernardo), caracterizados por tener un sistema hidrodinámico, que funciona mediante la acción del oleaje y los vientos alisios del noreste, han sido objeto de monitoreo por más de 50 años, debido a las variaciones del nivel del mar y al incremento en la tasa de erosión.
Adicionalmente, el estudio Visión integral de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, desarrollado por Incoder y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 2014, argumenta que, dichos procesos erosivos, también están relacionados con el deterioro que sufre la terraza coralina ante su exposición a agentes atmosféricos y marinos como la escorrentía y el oleaje. San Bernardo recibe la carga de sedimentos del río Sinú y del Magdalena por el canal de Dique.
Los nativos reconocen las consecuencias de la deforestación. Admiten que fue un error talar el manglar, haber pescado con dinamita y sobreexplotar el caracol pala ante la falta de una veda y de una autoridad regulatoria. Pero aseguran que no sabían que todo eso traería consecuencias graves para su territorio, porque no existía la conciencia ambiental de hoy. Aclaran que no sólo fueron ellos los responsables de estas actividades.
Un elemento adicional sobre el colapso de Maravilla es la acidificación del océano. Sandra Vilardy, exdirectora de Parques Cómo Vamos y hoy viceministra de Ambiente, agrega que la isla, al estar compuesta de roca coralina, se torna muy frágil y, como el mar se está acidificando, es abrasivo con el coral, que está destinado a diluirse.
Otras islas han desaparecido
La disolución no fue solo en la ‘Isla de las Aves’; otras del archipiélago de San Bernardo ya se han extinguido. De eso conoce muy bien Juvenal Julio Berrío, ´El Tiburón’, uno de los líderes más antiguos del archipiélago. Ha sido pescador, navegante y conocedor del territorio. Sus padres fueron descendientes directos de los primeros pobladores de Santa Cruz del Islote.
Mientras caminaba por las angostas calles de su caserío, con una bolsa de caracoles y mariscos para llevar a Cartagena, narró sus recuerdos de infancia. Enumeró, una a una, las 16 islas del archipiélago de las cuales, según su conocimiento, ya no están seis: Galera, Arena, Isla de Jesús, Mogote, Mogote el Medio y la más reciente, Maravilla.
«Hombre, esas islas se perdieron por la tala de manglar anteriormente. Porque anteriormente venían -no sólamente los nativos, venía gente del continente- a llevarse barcos de madera. A largo plazo el resultado es que las islas pierden toda la vegetación, la erosión y el nivel del mar cada día van subiendo, se las va tragando…
Por ejemplo: Maravilla, que fue la última. Galera. Hay dos que no las conocí que eran Isla Arena e Isla de Jesús. Y acá estaban Mogote y Mogote el Medio y había otro Mogote más que era otra isla. Por todo, eran 16 islas, hoy en día mire las que hay: está -del golfo, para acá- Punta de San Bernardo -que eso pertenece a Bolívar, eso no pertenece a Sucre, porque Sucre nunca ha tenido islas-, Punta de San Bernardo, le llaman Boquerón, Cabruna -que queda frente al Rincón del Mar-, Isla de Palma -donde estaba el zoológico-, Mangle, Panda, Ceycén, Múcura, Islote -que es la capital de las islas- y Tintipán -que es la más grande del archipiélago-.»
“De seguir la tendencia actual de aumento del nivel del mar y de la erosión, estimo que todas las islas del archipiélago habrán desaparecido («hundido») antes de terminar el siglo XXI, o sea en unos 75 años. Las próximas en desaparecer serán probablemente Isla Mangle e Isla Panda”.
Caravanita y Pérdida son islas que también desaparecieron hace unos 60 años debido al alto grado de exposición a la acción de las corrientes y el oleaje, cuenta en su estudio Karem Acero.
Según testimonio de pescadores, también desapareció la isla Ahogada, frente a Rincón del Mar, en Sucre.
Por esto surge una pregunta obvia. ¿Cuál es el futuro de las islas? Juan Manuel Díaz, asesor científico de la Fundación MarViva tiene parte de la respuesta.
A lo anterior, Juvenal Julio refuta: Panda y Ceyzén colapsarán primero y en menos tiempo: diez años.
En el mapa elaborado por el profesor Flórez, publicado en 2003, aparece registrada la Isla Maravilla.
«Ceycén y Panda, conforme van, yo le digo que por ahí en 10 años más -si no le meten mano- desaparecen. Porque es que van desapareciendo pero rapidito, rapidito. De aquí, vamos ahora allá, para que vean, porque desde acá se ve.»
Otro testigo de este proceso de degradación ambiental es el profesor Fabio Flórez, un biólogo del interior del país que llegó hace cuatro décadas a isla Múcura y se quedó en el territorio. Conoce de cerca el avance del cambio climático porque los daños por erosión también han llegado a las puertas de su casa.
«Este otro mapa lo dirigí yo, no lo pinté, lo pintó una profesora de arte de la Universidad Nacional, pero yo lo dirigí en el año 2003. Ahí figuran ocho islas que componen el archipiélago. Hay islas que están ahí que ya desaparecieron. Ahí está la Isla Maravilla que ya no existe… todas las islas actualmente están divididas. La Isla Múcura: son dos islas, era una sola. La Isla Ceycén era una sola, son dos islas. Todas las islas son ahora dos islas. Divididas.
La máxima altura de las islas: 2 metros. En los valles los manglares, y si le quitamos los manglares, y si aumenta el nivel del mar, y si aumentan los mares de leva… todo en aumento. Las islas ahora son como 14, ya no son 8. Y ¿a quién le interesa? No será al gobierno, no será al Estado, no será a Parques Nacionales, no será la Agencia de Tierras, olvídese. Eso para mi es grave, de ahí parte mi gran preocupación».
Panda ya está colapsando
La angustia del profesor Flórez no es en vano. El piloto Yeison se dirigió a isla Panda, ubicada a 20 minutos del ahora Bajo Maravilla.
Desde la lancha se observa una cadena de islas regadas sobre el mar. Panda está dividida en dos islas grandes y una de estas, a su vez, en pequeñas partes. En el tramo de mayor tamaño hay una casa habitada, propiedad de un funcionario de la Armada, contaron pescadores. Aunque estas islas son baldíos de la Nación, como ocurrió en otros lugares del archipiélago, fueron ocupadas por privados.
La erosión y el aumento del nivel del mar fragmentaron a Isla Panda. Fotos: Ignacio Galán
Separada por un amplio boquete a unos 50 metros, está la otra parte de Panda. Yeison desembarca en ella. Amarra la lancha de un árbol, camina por el suelo marino que se hunde al pisar, cual arena movediza. Atraviesa un tapiz de centenares de conchas, caracoles y corales. Y llega a un rancho de madera en piso de tierra, amoblado con un catre. Afuera, posan sobre una estufa de leña dos lámparas de keroseno. Y detrás, un enorme tanque recoge agua lluvia del techo. Unos pasos más allá hay un cambuche de madera y plástico.
Es el refugio de dos pescadores que pasan allí faenas de hasta un mes. Cuando tienen pesca suficiente la venden a los compradores de las islas. También, viajan a Tolú, Berrugas o Rincón del Mar, en el departamento de Sucre, para hacer mercado y retornar otra temporada.
Aquí, esta vez sin permiso de la autoridad ambiental, los pescadores hicieron su propio rompeolas. Es una muralla en piedra que no supera un metro, construida alrededor de la isla. En algunos tramos el mar la derribó. Una nueva fue levantada con pequeñas conchas de caracol pala (Strombus gigas) que destaca sus tonalidades rosa. El tamaño de las caracolas parece sugerir que no llegaron a la madurez. Sobre el suelo arenoso quedan pocos mangles en pie. Otros más están al límite del agua, o ya dentro del mar.
Panda colapsa. Las huellas de la erosión se ven en los cuatro puntos cardinales, en la caída del rompeolas artesanal, en los árboles navegantes y en los espacios de playa inundados. La barrera desesperada de los nativos no logró contener el poder de la erosión y la fuerza del continuo oleaje.
Por eso el experto de MarViva, ‘El Tiburón’ y la gente de Múcura e Islote vaticinan que será la próxima isla que el archipiélago perderá para siempre. Se hunde ante la tristeza de los nativos y ante el silencio de las autoridades nacionales.
Isla Ceyzén sigue el mismo camino. La isla con mayor área de manglar, hace tiempo está partida en dos. Desde Islote o Múcura se ve un boquete suficientemente ancho como para que transiten varias embarcaciones.
La isla Mangle presenta daños por erosión y retroceso en su playa. Pese a ser patrimonio intangible, hace unas décadas fue convertida en blanco por la propia Armada Nacional. El programa Unitas ─que auspiciaba Estados Unidos ante la amenaza que le representaba la antigua Unión Soviética─ realizó allí maniobras tácticas con militares de varios países y la convirtió en polígono.
Sobre su frágil base coralina dispararon proyectiles de cañón. El profesor Flórez conserva las pruebas de estos ejercicios navales: dos enormes y pesadas ojivas fueron encontradas por pescadores en Panda y Mangle.
Ruptura en la Isla Ceyzén, provocada por la deforestación de una laguna, el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Foto: Ignacio Galán
La imagen satelital de Google Earth también muestra la división de la isla Ceyzén
Otro ángulo sobre la fragmentación de Ceycén. Foto: Ignacio Galán
Ojivas disparadfas por militares contra las islas, fueron encontradas por pescadores. Foto: Olga C. Guerrero
Lejos de allí se encuentra Isla Fuerte, que presenta el 50 % de su área erosionada. Múcura, Tintipán e islote también enfrentan el fenómeno.
¿Qué se puede hacer? ¿Existe alguna forma de detener por lo menos la erosión de estas islas? Para Juan Manuel Díaz, sí se pueden adoptar medidas de ingeniería que, si bien no impiden la erosión, logran mitigar o frenar sus efectos en el corto y mediano plazo. Sin embargo, se trata de intervenciones muy costosas y cuyos resultados no siempre resultan efectivos. Además, si bien tales obras – como diques, espolones y rompeolas – pueden frenar la erosión de las islas, también pueden causar desvío de corrientes y alterar patrones sedimentarios, con lo cual se pueden desencadenar impactos negativos para algunos ecosistemas marinos.
“En mi opinión, antes de emprender ese tipo de obras onerosas, deben implementarse medidas de reubicación de la población que habita las áreas insulares hacia el continente, para lo cual es necesario destinar espacios para atender su demanda de infraestructura, servicios y medios de vida. Las islas son parte de un sistema natural que es muy dinámico, luchar en contra de la tendencia de esa dinámica resulta generalmente y a largo plazo en una pérdida de tiempo y de dinero”.
La hoy viceministra Sandra Vilardy afirma que los parques marinos son los de mayor susceptibilidad a las diferentes dimensiones en las que se va a expresar el cambio climático, más cuando la tasa de aumento del ascenso del nivel del mar está tomando un carácter de curva exponencial, con graves efectos, sobre todo más en el mar Caribe que en la costa Pacífica.
“¿Que hizo el estado colombiano por estas islas? Nada. Colombia y su sistema de áreas protegidas está en mora de pronunciarse y hacer una planeación estratégica frente a la crisis climática. Van a ver pérdidas y daños. Es una realidad. Esto lo sabíamos, pero la prevención no está instalada. La atención nos ha fallado, la información estaba. La gestión de riesgo está dedicada a atender el desastre, no a prevenir. Es un enfoque muy complicado que está generando un efecto no deseado”
También lamenta que las zonas insulares no sean tan visibles porque el ascenso del nivel del mar causará problemas de manera exponencial, particularmente en el mar Caribe.
«En el país venimos hablando del ascenso del nivel del mar -de la mano del Invemar- hace ya más de una década. Ellos hicieron las primeras estimaciones de efectos de ascenso del nivel del mar, sobre todo, en el litoral y en ciudades costeras, pero esa ha sido una línea que tampoco ha tenido suficiente apoyo para poderla trabajar. Mucho menos en las zonas insulares, que lamentablemente no generan tanto impacto económico ni son tan visibles. Entonces tenemos un déficit importante de esa información, tenemos algunas modelaciones, pero por ejemplo las que se hicieron hace más de una década, [pero] con unos escenarios climáticos que ya -hoy en día- están completamente reajustados. Son orientadores, pero no son tan precisos.
Lo que sabemos, hoy en día, es que la tasa de ascenso del nivel del mar está tomando un carácter de curva exponencial y eso va a tener unos efectos más impactantes en el mar Caribe que en el océano Pacífico. El detalle de localización no lo tenemos a nivel nacional. Es una de las solicitudes que ha hecho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) a las Naciones: por favor cojan estos modelos y aterrícenlos a escala nacional. En la Tercera comunicación de cambio climático hay una aproximación cercana, pero los aspectos insulares quedan un poco invisibilizados. Pero el efecto en esas pequeñas islas no está medido, no está evidenciado, porque pareciera que no son tan importantes. Tenemos una nube de mala información, de información difusa y que no se ha podido concretar. Por ejemplo, es importante nuestra recomendación a Parques Nacionales de que se monitoreen los efectos del cambio climático de manera concreta para cada parque. Esa es una medida de manejo que tiene que ser incorporada. Ahorita con el nuevo CONPES de la nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), algo hay, pero no tiene la contundencia y la fuerza que uno podría estar esperando en estos tiempos de crisis climática.»
¿Qué piensa el gobierno de lo que ocurre en el archipiélago? El Ministerio de Ambiente del Gobierno Duque respondió a través de la oficina de prensa que el asunto es resorte de Parques Nacionales y la Unidad Nacional de Tierras.
El Jefe del Parque Nacional remitió a Orlando Molano, anterior Director Nacional y este no contestó el llamado, el derecho de petición y un cuestionario. La exdirectora de Parques Nacionales, Julia Miranda, tampoco respondió las preguntas sobre el manejo del parque en décadas anteriores.
Algunos de los líderes de San Bernardo critican la ausencia prolongada de las instituciones en la vida de los isleños. Uno de ellos es el profesor Alexander Atencio, director del colegio de Santa Cruz del Islote, quien a lo largo de 20 años ha emprendido batallas legales para hacer valer los derechos de la comunidad. Recalca que además del cambio climático, por el abandono de los gobiernos es que las islas han ido desapareciendo. Asegura que las instituciones han sido inoperantes en hacer una articulación con la comunidad porque no es solo dictar normas y prohibir, sino buscar el diálogo y promover actividades de co-manejo, como se hace en algunas regiones del Pacífico.
Por eso la investigadora Vilardy opina que, en tiempos de emergencia climática, con una aceleración de los impactos socioambientales, la respuesta del Estado es paquidérmica y ante esto las comunidades deben exigir más.
Refugio de Pescadores con una barrera de caracol pala para proteger a la isla contra el oleaje, en Isla Panda. Foto: Ignacio Galán
Desintegración de Isla Panda en la zona habitada. Foto: Ignacio Galán
Centenares de conchas de caracoles son utilizadas por los pescadores como rompeolas para proteger lo que queda de Isla Panda. Foto: Ignacio Galán.
“Hay países donde tienen una infraestructura y unas capacidades mayores ─donde la velocidad puede ser un poquito mayor─. En nuestro país atender la crisis climática está siendo extremadamente lento. La estrategia 2050, que es la estrategia a mediano y largo plazo, tiene una información robusta pero la posibilidad de que esa información sea incorporada a las alcaldías, a los municipios, a los diferentes actores productivos u otras instituciones, está siendo super lenta. Lo mismo pasó con la tercera comunicación de cambio climático, tú ves hoy en día los planes de desarrollo municipal, los planes de manejo de cualquier área protegida, no han logrado incorporar esa información.
Además de que el Estado responde muy lentamente con lo que ha logrado avanzar, la incorporación de estos ─los instrumentos de manejo y de gestión─ está siendo súper lento. Al Estado le cuesta mucho aprender lo poco que hace, la poca información que logra gestionar. Por eso ahí, en toda esta escena climática, es tan importante la acción ciudadana. Porque como es tan evidente en todo el mundo, a los ciudadanos les ha tocado ese papel de dinamizadores de la acción, de la incidencia, para poder acelerar un poquito las acciones del Estado que es mucho más rígido y paquidérmico. Por eso es tan importante, en estos temas climáticos, que la acción ciudadana sea decidida, porque al final son los ciudadanos los que tienen que darle la cara».
Terminado el recorrido por las islas, Yeison enciende el motor del bote y emprende el regreso. Atrás quedan Ceyzén, Mangle, Tintipán, Islote y Múcura. Ondeando sigue la hilacha siniestra del bajo Maravilla. Cualquier día el mar se la llevará, como pasa cada tanto. Entonces, un buen pescador correrá a buscar otras astas para enterrarlas en el lodo coralino ─y en ausencia de una boya que ice la bandera nacional─ amarrará un plástico nuevo. Así no se perderá la insignia, memoria insular contra el olvido.
En los pequeños poblados la vida seguirá, los pescadores volverán a faenar temprano. Las mujeres de Puerto Caracol barrerán, con escobas de esparto, los charcos que los aguaceros dejan. Se reunirán temprano los corrillos frente al mar para tomar café y hablar del inagotable asunto de la ‘islita’.
Fue en uno de esos corrillos que se formó el 17 de mayo, mientras caía el chubasco mañanero que, Andrés Julio, un joven pescador, dijo: Isla Maravilla todavía existe, lo que pasa es que ahora está bajo el mar.
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CREADORES
Este informe especial fue producido en una alianza periodística de la Red Prensa Verde y Shots de Ciencia, como parte del proyecto Narrativas Climáticas del Periodismo Regional, bajo el patrocinio de la Fundación Heinrich Böll Colombia, CENSAT Agua Viva y el Ministerio de Medio Ambiente Alemán.
Este material está publicado bajo licencia Creative Commons, puede ser reproducido total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, sus autores y se anexe el enlace de la publicación original.
Red Prensa Verde y Shots de Ciencia presentan un informe especial sobre los efectos del fenómeno global en el archipiélago de San Bernardo, ubicado entre los departamentos de Bolívar y Sucre.
La investigación periodística, realizada en los últimos cinco meses, entrega a través de tres reportajes, las evidencias de cómo el cambio climático ha venido impactando a comunidades y ecosistemas de la zona insular de Cartagena, Bolívar.
Los hallazgos se centran en la desaparición de Isla Maravilla debido al aumento del nivel del mar, la erosión costera y la acidificación del océano, aceleradas por la ausencia del Estado. Hasta el momento se desconoce si esta es la primera isla reportada como desaparecida en Colombia en tiempos de la emergencia climática o si ya se han referenciado situaciones similares en otras zonas del país.
Isla Maravilla, ‘Patrimonio Intangible de la Nación’, estaba ubicada al norte del golfo de Morrosquillo, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, en jurisdicción administrativa del Distrito de Cartagena. Pertenecía al archipiélago de San Bernardo, hoy constituido por nueve islas: Múcura, Tintipán, Panda, Palma, Boquerón, Ceyzén, Cabruna, Mangle y Santa Cruz del Islote, esta última artificial. Todo este conjunto, a su vez hace parte del área marina protegida: Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, creado en 1977.
Isla Maravilla diez años atrás / Jorge Moreno
Antigua isla Maravilla, hoy Bajo Maravilla / OlgaCeciliaGuerrero RPV
El informe también retrata el avanzado deterioro de las demás islas. Por ejemplo, Panda, ya está dividida en dos grandes bloques debido a la erosión y el aumento del nivel del mar. Cada bloque a su vez se encuentra fragmentado, presenta inundación y pérdida de suelo.
Ceyzén, una división por el mismo fenómeno, incrementado por la tala ilegal del manglar. Isla Mangle, también declarada como ‘Patrimonio Intangible de la Nación’, presenta intrusión marina. Isla Múcura tiene una apertura en area contigua a la playa pública, que según la investigadora Karem Acero, es el inicio de su división. Ha perdido una importante porción de suelo debido al proceso erosivo en su perímetro. La situación de Tintipán no es distante, y se ha incrementado por la tala y apropiación de baldíos de la Nación con fines turísticos.
Estado de uno de los dos grandes bloques en que se convirtió la Isla Panda, debido a la fragmentación por erosión costera y aumento del nivel del mar, dos de los impactos directos del cambio climático en esa región caribeña. Foto OlgaC Guerrero/ RedPrensaVerde
Hablan los nativos
A todo lo anterior, sigue la vulnerabilidad de las dos comunidades afro que poblaron el archipiélago hace más de 200 años: Puerto Caracol en Isla Múcura y Santa Cruz del Islote, quienes sufren con más frecuencia los constantes mares de leva, vendabales, erosión costera y la presión de agua, que penetra en sus casas.
Los nativos, dicen vivir aislados de las políticas nacionales, regionales y locales. Uno de los llamados al gobierno es a readecuar la escuela de preescolar de Isla Múcura debido a que se encuentra en riesgo de colapso. En este poblado, de 250 habitantes, no hay agua potable, alcantarillado ni centro de salud. La energía se obtiene desde hace unos cinco años a través de páneles solares, sin embargo la queja de los nativos es por el alto costo del servicio.
Igualmente, en Santa Cruz del Islote, conocida como la isla más densamente poblada del mundo, los más de 700 habitantes carecen de un proceso planificado de gestión del riesgo, no existe un plan de evacuación en caso de una emergencia o evento asociado al clima.
La zona hace tres años no cuenta con Inspector de Policía con presencia en el área, el funcionario despacha desde Cartagena.
El trabajo periodístico recoge las voces de líderes comunitarios y da a conocer la visión de investigadores del archipiélago como el profesor Fabio Flórez, Sandra Vilardy, actual viceministra de Ambiente; Juan Manuel Díaz, director científico de la Fundación MarViva; Karem Acero, de la Universidad Nacional, entre otros.
¿Qué manifiestan las comunidades ante la pérdida de su isla? ¿Cómo asumen las instituciones los efectos por causas climáticas que están ocurriendo en el archipiélago? ¿Cuáles son las salidas para mejorar la vida de los isleños en medio de la crisis climática?
Comunidad de Puerto Caracol, Isla Múcura. Foto Olga CGuerrero/RPV
La investigación periodística realizada por Olga Cecilia Guerrero de Red Prensa Verdee Ignacio Galán de Brigard de Shots de Ciencia, contó con la edición de la periodista ambiental María Mónica Monsalve/ América Futura-El País.
Tan solo un mes y medio después de que Iván Duque dejó la Presidencia, el gobierno de Gustavo Petro presentó cifras actualizadas que muestran que la tendencia de la pérdida de bosques este año viene en aumento. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que se hizo un análisis de dos décadas y reveló que, entre 2001 y 2021, se deforestaron 3 182 876 hectáreas, de las cuales 1 858 285 (58 %) corresponden a la Amazonía.
Hace tan solo mes y medio, Carlos Eduardo Correa, hoy exministro de Ambiente, reveló las cifras de deforestación de Colombia durante el 2021. Y lo hizo después de que ambientalistas colombianos llevaran meses preguntándose por qué la tardanza en mostrar el panorama de los bosques en el país, y a muy pocos días del 7 de agosto, fecha en que el presidente Iván Duque dejaba la Casa de Nariño para darle paso a su sucesor, Gustavo Petro.
En ese momento Correa reveló que, durante el 2021, se perdieron 174 103 hectáreas de bosque natural, lo que sería equivalente a casi el área de Bogotá.
Las cifras mostradas en ese entonces por el Ministerio de Ambiente, indicaban que el departamento de Antioquia perdió 2894 hectáreas menos de bosque y fue el que más redujo su deforestación —en 2020 había perdido 12 645 hectáreas—, mientras que Caquetá, en la Amazonía, perdió 5861 hectáreas más de bosque —en 2020 perdió 32 522 hectáreas— y presentó el mayor aumento en el país. Otros de los territorios más impactados fueron Guaviare (25 021 hectáreas), Putumayo (12 804 hectáreas) y el sur del Meta, que también forma parte de la selva amazónica.
Tan solo un mes después de posesionada como ministra de Ambiente en la era Petro, Susana Muhamad destacó la importancia que el tema ambiental tiene para el gobierno y entregó cifras detalladas de lo que ha venido ocurriendo con la pérdida de bosques en Colombia no solo durante el año pasado sino durante las últimas dos décadas.
Muhamad dijo que, para el periodo 2001 – 2021 se deforestaron en Colombia 3 182 876 hectáreas, de las cuales 1 858 285 (58 %) corresponden a la Amazonía del país.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, presenta cifras actualizadas de deforestación en septiembre 2022. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
Cifras contradictorias entre gobiernos
Uno de los pronunciamientos de la ministra Susana Muhamad que más llamó la atención tiene que ver con cambiar la lógica de medición de la deforestación y trabajar en una estrategia integral que tendrá como foco el beneficio de las comunidades y la restauración de los bosques.
“Hay que mirar otra lógica de medición. Hay que ver qué está quedando atrás y el impacto acumulativo que tiene la deforestación. Estamos perdiendo conexiones, que es lo que sustenta el agua y es fundamental para la agricultura [..] no sólo hay que frenar la deforestación sino restaurar”, aseguró la ministra.
Muhamad también fue enfática en señalar que entre 2001 y 2021 la Amazonía ha venido perdiendo un promedio de 88 490 hectáreas de bosque al año.
Tendencia de deforestación en Colombia 2001 – 2021. Gráfico: Ministerio de Ambiente de Colombia.
“Queremos sentar una línea base de dónde estamos iniciando como Gobierno y queremos hacer un llamado a toda la sociedad porque el problema lo tenemos que ver de frente”, dijo la ministra, quien además entregó datos de lo reportado en deforestación por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para 2022, contrario a la demora en anuncio de cifras que se venía dando en el anterior gobierno.
“Este punto de partida lo que nos muestra es la gravedad del fenómeno. Este año ya vamos 11 % más alto [52 460 hectáreas] sumando los dos primeros trimestres, en comparación con el año pasado [2021]. Viene el último trimestre donde se presenta la afectación más grave si no hacemos algo”, indicó Muhamad y añadió que, hasta el momento, todo apunta a que la tendencia de aumento continuará.
Los datos presentados por el nuevo Ministerio de Ambiente de Colombia muestran un panorama completamente diferente al que indicó el exministro Carlos Eduardo Correa antes de dejar su cargo. Hace menos de dos meses dijo: “Lo que hoy nos demuestran las cifras es que el gobierno del presidente Duque cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia, que había logrado su pico más reciente en el año 2017 con 219 552 hectáreas deforestadas”.
De hecho, especialistas como el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez consideran que la política en materia de deforestación de Duque fue un fracaso. Con una deforestación de 700 mil hectáreas durante su cuatrienio, la problemática empeoró en un 5 % durante el gobierno de Duque en comparación con el segundo mandato de Juan Manuel Santos.
Extensos lotes deforestados y carreteras que aparecen en medio de la selva para expandir la colonización. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
Rodríguez asegura que, “decir que se tuvo mucho éxito cuando lo que se hizo fue estacionarla (la deforestación), entre 170 000 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”.
Cifras y nuevas metas
En cifras, durante el primer trimestre del año 2021 se deforestaron 45 500 hectáreas en Colombia, mientras que durante el mismo periodo del 2022 la cifra fue de 50 400 (aumento del 11 %). Frente al segundo trimestre, que corresponde a la primera temporada de lluvias en el país, 1580 hectáreas fueron deforestadas en el 2021, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 2060. Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia son los seis departamentos más afectados.
La ministra Muhamad resaltó que la praderización orientada al acaparamiento de tierras, prácticas insostenibles de ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, desarrollo de infraestructura de transporte no planificada, extracción ilícita de minerales, tala ilegal de madera y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, son las principales causas de la deforestación en el país.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), le dijo a Mongabay Latam que dado que la ganadería y el acaparamiento de tierras son un factor clave de deforestación en la Amazonía colombiana es necesario que el nuevo gobierno impulse el seguimiento a la cadena de suministro del ganado colombiano. “Es la posibilidad de hacerle seguimiento a la cadena cárnica o láctea desde el sitio de origen hasta su disposición final en la cadena comercial, lo cual permite saber si en algún momento se utilizan áreas deforestadas o que se deforesten, lo que les debería generar un impedimento legal para comercializar y una sanción”.
En su primer análisis sobre la deforestación en el país, la ministra Susana Muhamad también anunció que Colombia emprenderá el “camino a ser una nación forestal”, por lo que avanza en una estrategia para hacerle frente a la pérdida de bosques, que incluirá nuevas lógicas de medición, aunque no reveló mayores detalles. También dijo que se busca impulsar el pago por servicios ambientales, fomentar la economía forestal en los territorios y garantizar el control territorial con sentido y respeto social.
También aseguró que durante esta semana se reunirá el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF) para analizar cada una de esas propuestas. “Estamos trabajando en un plan de contención para ver si logramos bajar la deforestación en los últimos tres meses de este año, iremos a territorio y queremos que cada núcleo de deforestación se convierta en un núcleo de desarrollo forestal. Queremos trabajar acuerdos sociales y de conservación con las comunidades aledañas a los Parques Nacionales Naturales; los Parques son con la gente”, señaló.
Quemas en la Amazonía colombiana. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.
El Ministerio espera poner un freno a la pérdida de bosques en lo que queda del 2022 pero, por ahora, la tendencia de aumento sigue vigente. En el primer semestre del año la deforestación ha aumentado un 11 % respecto al mismo periodo de 2021.
El exministro Manuel Rodríguez asegura que el gobierno de Gustavo Petro hereda esta deuda ambiental que a la vez es un gran reto, por ello recomienda a la nueva gestión empezar por “examinar con mucho cuidado las causas o cuáles fueron las debilidades de la política antideforestación del gobierno Duque y del gobierno Santos. La ventaja del nuevo gobierno es que en la cúpula del Ministerio (de Ambiente) hay gente que sabe del tema por primera vez en años”.
Imagen principal: Incendios en la Amazonía colombiana. Febrero 2022. Foto: FCDS.
En el resguardo indígena Curare Los Ingleses, dos comunidades trabajan en la conservación del caimán negro, una especie explotada durante décadas para la exportación de sus pieles. Después de 14 años de defensa de su hábitat, en enero de 2022, realizaron el primer monitoreo de la especie donde lograron avistar 123 individuos de diferentes edades.
Para los pueblos indígenas del bajo río Caquetá, en Colombia, los lagos de Puerto Caimán son una gran maloca. En esa casa hecha de agua habita el caimán negro (Melanosuchus niger), una especie sagrada para su cultura. Así lo afirman los sabedores, quienes narran que el abuelo caimán solía ser un hombre que bajó a la Tierra, desde un planeta de nube, para convertirse en la especie que hoy es la dueña del agua y de los peces.
“Quedó como un ser de valor importante, sagrado”, dice Moisés Yucuna, sabedor de la comunidad de Borikada. “Por eso, donde esté, en lo profundo de algunos caños o lagos –donde no pega la correntada de los ríos y pueden estar quietos– hay abundancia de pescados. Él quedó como el dueño de todo, de la gobernanza de las diferentes especies. Ahí permanecen los abuelos caimanes y todos esos peces siempre los acompañan; ellos están alrededor, pegados a los abuelos”.
En el área no municipalizada de La Pedrera, ubicada al nororiente del departamento de Amazonas –en la frontera con Brasil y sobre el bajo Río Caquetá– se encuentra el resguardo indígena Curare Los Ingleses, un territorio que ha trabajado desde hace años para conservar y proteger a este reptil que, por décadas, fue víctima de explotación para el comercio de sus codiciadas pieles, lo que casi lo hizo desaparecer de la zona.
Equipo de co investigadores del primer monitoreo de caimán negro. Foto: Jack Hernández
De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el caimán negro es una especie categorizada como en Riesgo menor desde el año 2000, sin embargo, se señala que es dependiente de esfuerzos de conservación para evitar que sea puesta En Peligro otra vez.
Desde 2008, las dos comunidades del resguardo –Borikada y Curare– se organizaron con grupos de vigías para cuidar al caimán negro y a los sitios sagrados donde habita. Sin embargo, desconocían su estado de conservación. Por ello, años más tarde, solicitaron el apoyo de la organización Conservación Internacional –con quienes ya habían trabajado anteriormente– y en enero de 2022, a través del proyecto Amazonía Verde, se realizó el primer monitoreo de la especie en Puerto Caimán, un sistema de tres lagos de aguas negras.
Esta actividad arrojó el avistamiento de 123 individuos de diferentes edades, donde se identificaron al menos 18 adultos, 26 subadultos, 16 juveniles y 18 neonatos. El caimán más grande midió 5 metros y 7 centímetros, mientras que el más pequeño alcanzó una talla de 23 centímetros.
Caimán negro (Melanosuchus niger). Foto: Jack Hernández
Estos monitoreos no serían una tarea sencilla sin el trabajo de los sabedores, explica Yucuna, pues son ellos quienes están conectados espiritualmente con los caimanes y, a través de conjuros, les piden permiso para que el equipo de vigías e investigadores puedan entrar a su territorio de forma segura: ni los hombres perturban a los caimanes, ni los reptiles atacan a los visitantes.
“Los abuelos siempre suben a hacer su trabajo de control, prevención y protección al lago, para que a los que monitorean no les pase nada, ningún inconveniente hecho por estos animales”, dice el sabedor.
Vigías comunitarios para salvar al caimán
El caimán negro es un reptil de gran tamaño que puede llegar a medir entre cinco y siete metros de longitud. Habita en varios países de la cuenca amazónica, como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú y Colombia, país donde se le ha reportado en tres departamentos: Amazonas, Putumayo y Vaupés, dentro de los lagos o en algunos ríos de aguas blancas y negras, bosques inundables o en pantanos marginales poco profundos.
Es un depredador generalista, es decir, come cualquier tipo de presas: desde un animal muy pequeño hasta un venado, por lo que, al ser regulador, contribuye a mantener la estructura de estos ecosistemas. Las hembras, dependiendo de su edad, pueden poner entre 20 a 40 huevos a las orillas de los lagos, donde los cuidan durante tres meses.
Caimán negro acercándose a carnada. Foto: Jack Hernández
“Entre los años 70 e inicios de los 80 en esa zona de Colombia [cerca al resguardo] se tuvo una problemática muy fuerte de cacería de los caimanes, porque siempre han sido muy apetecidos por la piel y también por la carne, no solamente por los pobladores locales sino por personas externas, no indígenas o por el comercio externo”, afirma Jack Hernández, biólogo y consultor de Conservación Internacional.
Hernández, también encargado de liderar los monitoreos biológicos y elaborar planes de manejo ambiental con los resguardos indígenas y veredas campesinas del bajo río Caquetá, narra que las comunidades indígenas estaban preocupadas por lo común que era ver cientos de caimanes cazados que bajaban constantemente desde los lagos hacia el casco urbano para su exportación y venta, algo que ocurría desde hace más de 50 años.
El biólogo Jack Hernández. Foto: Cortesía Jack Hernández
“En este momento [en 2008] el resguardo empieza a buscar alguna solución para esta problemática de caza indiscriminada y sobreexplotación, y pide el apoyo de Conservación Internacional. Ahí es donde nace el Programa de Vigías Comunitarios de la Conservación”, explica el biólogo.
Después, en 2014, con el financiamiento de Conservación Internacional, se construyó una cabaña para realizar las tareas de control y vigilancia en la entrada de los lagos. Desde entonces, las familias del resguardo se turnan la estadía en ella una vez al mes para poder controlar a los cazadores, mientras que obtienen una remuneración por su labor.
Caseta de vigilancia en Puerto Caimán. Foto: Jack Hernández
Ya en enero de 2022 ocurrió un intercambio de conocimientos entre Conservación Internacional, los sabedores, el equipo de vigías y co investigadores –título que tienen los colaboradores del resguardo indígena–, durante una capacitación previa al monitoreo de la especie.
“La idea era que se diera un diálogo de saberes, donde ellos nos contaron cuál es la información que conocen sobre el caimán. Saben bastante de la especie, sobre todo los sabedores del resguardo pues han convivido toda la vida con ellos”, dice el especialista.
En ese primer encuentro de capacitación, el equipo del resguardo aprendió cómo se hacen los monitoreos de caimán desde el punto de vista científico y la metodología del muestreo: cómo se hace el conteo, cómo se mide el tamaño de los caimanes y sobre la importancia de realizar una actividad como esta.
“Pero, además, queríamos que plantearan cuál era el objetivo del monitoreo para ellos, porque esta es una iniciativa que surgió del propio resguardo”, dice Jack Hernández de Conservación Internacional.
Coinvestigadores llegando a la cabaña de vigías de Puerto Caimán. Foto: Jack Hernández
Albear Yucunaes uno de los vigías de Puerto Caimán. Su tarea, junto a otros compañeros, consiste en realizar recorridos de protección, control y vigilancia durante dos jornadas diarias, durante la mañana y la tarde, para evitar el ingreso de personas extrañas.
“Dentro de los lagos de Puerto Caimán se realizan los trabajos de vigilancia y protección porque también existe una buena cantidad de especies de fauna acuática; en especial, resaltan las especies sombrilla [aquellas que requieren de grandes hábitats para existir y que funcionan para determinar la buena salud y conservación del ecosistema], como la arawana (Osteoglossum bicirrhosum), que años atrás era explotada sin control y se vio en vías de extinción. Este es un sitio de criadero de la especie”, explica el vigía. “Hasta ahora, el trabajo de conservación del caimán negro ha dado resultados y se ha reflejado en la abundancia y el crecimiento de la población, por eso se sigue con el mismo mecanismo de protección”, agrega.
Equipo de coinvestigadores durante sus recorridos en Puerto Caimán. Foto: Jack Hernández
El monitoreo esperado
Uno de los eventos más destacados de la estrategia de conservación fue el monitoreo que se realizó del 17 al 20 de enero de 2022. De noche, y a bordo de una pequeña canoa de madera a remo, tres investigadores avanzaron de forma silenciosa en las aguas oscuras, a una velocidad apenas de entre cinco a diez kilómetros por hora, impulsados solo por uno de ellos que estaba en la parte trasera de la embarcación.
“En el centro va una persona que se conoce como el capturista, que es quien se encarga de tomar los datos y llenar los formatos que diseñamos para recoger toda la información de los caimanes: quién es el observador, cuál es el nombre del río, cuáles son las coordenadas del GPS, la fecha, cuál es la especie que se registró y la longitud de su cabeza. En la proa de la embarcación va el observador que, básicamente, lo que hace es iluminar las orillas del lago con una linterna de largo alcance. Es allí donde normalmente los caimanes suelen estar flotando en las noches”, explica el biólogo Jack Hernández.
Monitoreo nocturno sobre balsa en lagos de Puerto Caimán. Foto: Jack Hernández
Esta iluminación directa a los ojos de los caimanes ocasiona una reflexión ocular, como un destello intenso de color rojizo provocado por efectos del tapetum lucidum, la capa reflectante que poseen en la parte posterior del ojo.
“Esta metodología es muy buena porque, cuando tú alumbras a un caimán, lo puedes detectar incluso a una distancia de 200 metros, más o menos. Utilizamos las medidas morfométricas del cuerpo, es decir, con la longitud de nuestras manos [desde la balsa, a una distancia de 30 centímetros] medimos la longitud de la cabeza, desde la punta de la nariz hasta el centro de los ojos”. Después de esto, utilizan unas ecuaciones para estimar el tamaño real de la cabeza y de todo el animal.
Iluminación directa a los caimanes durante el monitoreo en lagos de Puerto Caimán. Foto: Jack Hernández
“Hay algunos artículos científicos que utilizan esta metodología, pues señalan que si calculas la longitud de la cabeza utilizando ecuaciones morfométricas, puedes obtener un estimado de la longitud del cuerpo”, agrega el biólogo.
A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, Hernández señala que los caimanes más grandes eran muy tranquilos y permitían acercarse, mientras que los más pequeños se dejaban agarrar para medirlos.
Co investigadores tomando medidas de un caimán neonato. Foto: Jack Hernández
El futuro de la conservación
“Actualmente, las familias que protegen al caimán también están haciendo recorridos de control, vigilancia y monitoreo biológico en senderos que recorren periódicamente y van registrando todas las especies de fauna que avistan”, dice el biólogo Jack Hernández.
De esta forma, el trabajo plantea ir más allá del caimán negro. En la extensión de poco más de 2,5 kilómetros de Puerto Caimán, los vigías comunitarios de Curare y Borikada también trabajan en la preservación de múltiples especies donde destacan las tortugas charapa (Podocnemis expansa) y el pez pirarucú (Arapaima gigas), ambas especies emblemáticas de la región.
“Actualmente se están entrenando, con el apoyo de Conservación Internacional, en cómo monitorear fauna de manera participativa, es decir, que toda la comunidad se capacite en estos temas para que cualquier persona tenga la capacidad de hacer un monitoreo”, explica Hernández.
Caimán neonato. Foto: Jack Hernández
Una de las técnicas empleadas es la instalación de cámaras trampa que les permiten conocer la fauna presente en su territorio y que ayudan a entender mejor esos esfuerzos de conservación, pues se ven reflejados en una fauna estable, con buenas poblaciones y una buena diversidad.
“Por esos monitoreos biológicos que ellos realizan también reciben un reconocimiento monetario, porque igual es un trabajo que ellos están haciendo para su territorio”, afirma el biólogo. “Las cámaras no se han puesto todavía cerca del área de Puerto Caimán, pero sí dentro del resguardo. Como son especies que tienen unos rangos de distribución muy amplios, seguramente son las mismas especies que hay en los lagos: mamíferos grandes y medianos, y aves terrestres. Hemos visto una diversidad muy alta de especies en las cámaras, como jaguares, dantas, puercos de monte, osos hormigueros, venados y una especie muy rara de registrar en la Amazonía: el perro de orejas cortas (Atelocynus microtis)”.
Jaguar (Panthera onca) capturado por una de las cámaras trampa. Foto: Conservación Internacional Colombia
Además, contiguo al resguardo se encuentra el Parque Nacional Natural Río Puré, el cual es habitado por pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por lo que es un área protegida en donde no deben colocarse cámaras que perturben su modo de vida, indica Hernández para dimensionar la importancia de proteger esta región.
Mapa del resguardo indígena Curare Los Ingleses. Foto: Jack Hernández
Gonzalo Tanimuca es co investigador del proyecto de la comunidad Curare y explica que, finalmente, el objetivo de los trabajos es que las nuevas generaciones puedan conocer al caimán negro y así sensibilizarlas para que sean ellas quienes continúen con las actividades de conservación.
Por ello, el resguardo busca que próximamente, y con el avance de las investigaciones, los niños no solo vean al caimán en un libro que distribuirán en las escuelas –con ilustraciones hechas por la propia gente del resguardo y los resultados de la investigación cultural y de monitoreo– sino que también tengan la oportunidad de observarlo presencialmente. De hecho, así lo pidieron los abuelos.
“En los años cincuenta y sesenta, de acuerdo con nuestros abuelos, el caimán era un animal muy buscado para hacer zapatos y maletines, pero nuestros sabedores dijeron que no debe ser así, porque nuestros nietos tienen que conocerlo y tienen que protegerlo. La brújula tradicional hizo que se redujera ese procedimiento de explotación”, concluye Tanimuca. “El tradicional dijo: ‘compañeros, es nuestra vida, es nuestro pensamiento, es nuestro futuro, entonces hay que conservar a ese animal’. Es importante porque nuestra niñez quiere conocer a esa especie y nosotros tenemos un tema tan importante que se llama educación ambiental, donde les explicamos cómo se reprodujo, cómo fue maltratado y cómo ahorita lo estamos protegiendo”.
Ilustración de caimán negro elaborada en el resguardo indígena Curare Los Ingleses. Foto: Conservación Internacional Colombia
Imagen superior: Caimán negro (Melanosuchus niger). Foto: Jack Hernández
Desde la pandemia no se actualizaba la lista de los 25 primates más amenazados del mundo. En su publicación 2022-2023 hay siete especies latinoamericanas, cuatro de ellas tienen hábitat en Brasil y dos en Colombia y Ecuador. Análisis de la situación de tres monos en Colombia, Perú y Ecuador y los esfuerzos para recuperar sus poblaciones. Dos de ellos se encuentran en Peligro Crítico (CR) de extinción y uno en la categoría Vulnerable (V).
Antonio Paz cardona / Mongabay Latam
Se revela la actualización de la lista 2022-2023 de las 25 especies más amenazadas del mundo. Este es un esfuerzo de científicos a nivel global no solo para mostrar la situación de estos mamíferos sino para que se tomen acciones que permitan su recuperación y conservación.
Esta es la primera actualización que se hace desde la pandemia por COVID-19 y en la lista aparecen seis primates de África continental, cuatro de Madagascar, ocho de Asia y siete de América. “Madagascar y Brasil tienen cuatro; Indonesia tiene tres; China, Colombia, Ecuador, Nigeria, Panamá y Tanzania tienen dos, y Argentina, Belice, Camerún, Costa Rica, Costa de Marfil, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, República Democrática del Congo, México, Myanmar, Nicaragua, Perú, Singapur, Sri Lanka y Vietnam tienen uno”, señala la publicación.
Las especies en peligro en América son: el chango o mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) catalogado como En Peligro (EN), el tití de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps), el mono capuchino de Brasil (Cebus kaapor), el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), el tití de alta Floresta (Plecturocebus grovesi), el mono guariba (Alouatta guariba) y el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps); estos últimos seis están clasificados como en Peligro Crítico (CR), según la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El pasado primero de septiembre se celebró el Día Mundial de los Primates. Esta es la historia de tres especies de monos en Colombia, Perú y Ecuador que enfrentan algún tipo de amenaza mientras que grupos de científicos trabajan en grandes esfuerzos a largo plazo para su recuperación y conservación.
Reconectando el bosque para el choibo en Colombia
El mono araña café (Ateles hybridus) habita en el Caribe colombiano y parte del noroccidente de Venezuela, y se encuentra en Peligro Crítico (CR) de extinción, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.
Andrés Link, profesor del departamento de Biología de la Universidad de Los Andes en Colombia, lleva más de cinco años estudiando y trabajando con estos micos a través de la Fundación Proyecto Primates, de la cual es fundador. “Básicamente el problema más grande que tienen es que en gran parte de su distribución, como todos los valles interandinos y el norte de Colombia, los bosques han desaparecido y siguen desapareciendo muy rápido”, comenta.
Lo anterior es crítico ya que es una especie muy sensible a la pérdida de hábitat y debido a su gran tamaño —es uno de los monos más grandes del país— necesita amplias extensiones de bosque para vivir. La situación para el choibo o marimonda del Magdalena, como también se le conoce en Colombia, es compleja pues, según Link, en las zonas donde vive se ha perdido más del 85 % de las coberturas boscosas y lo poco que queda está muy fragmentado.
Andrés Link y su equipo de trabajo han estado estudiando su comportamiento y su dieta. Se sabe que son importantes dispersores de semillas ya que solo comen frutas y hojas, por lo que son vitales para la regeneración de los bosques. Son animales longevos, pueden vivir aproximadamente 40 años en vida silvestre, pero tienen ciclos reproductivos lentos, lo que los hace vulnerables a las amenazas que diezmen sus poblaciones: una hembra tarda entre ocho y nueve años en dar a luz a su primera cría y, después de esto, en el mejor de los casos, tiene una cría cada tres años.
Mono araña café, marimonda del Magdalena o choibo. Foto: Mauricio ‘El Pato’ Salcedo – WCS Colombia.
Sobre su comportamiento, Link asegura que viven en grupos de muchos machos y hembras, en números que varían entre los 15 y 40 individuos. “Son muy interesantes porque no viven todos juntos. En otras palabras, aunque viven en un mismo territorio, se dividen en subgrupos de entre 2 y 5 micos. Es como un salón de clases, en donde algunos juegan en el recreo y después hacen las tareas con otros. Pero, en sí, pertenecen al mismo salón”, comenta el biólogo.
A pesar del riesgo en que todavía se encuentra el mono araña café, el Proyecto Primates trabaja con comunidades locales en los municipios de Puerto Parra y Cimitarra, en el departamento de Santander (cuenca media del río Magdalena), principalmente en fincas ganaderas donde están creando corredores de bosque que permitan conectar las zonas fragmentadas y ampliar el hábitat de los monos.
“Desde hace unos cinco años hemos trabajado en varios predios grandes, por ejemplo, la hacienda Lusitania en Cimitarra y otro que se llama Hacienda San Juan de Carare, que son predios que tienen bosques fragmentados pero con una composición muy especial porque casi todas las especies son nativas de la región”, cuenta Link.
La labor empieza por encerrar áreas de unos 20 a 30 metros de ancho en las que siembran árboles nativos. Para el biólogo, la estrategia ha sido exitosa ya que los suelos de la zona son muy fértiles, los árboles crecen rápido y en los cinco años que llevan haciendo siembras han observado que las cuatro especies de primates de la región, incluido el choibo, ya hacen uso de estas nuevas zonas.
El choibo es un excelente dispersosr de semillas. Foto: Mauricio ‘El Pato’ Salcedo – WCS Colombia.
Para los científicos, que los monos sean vistos en las ramas de los nuevos árboles es un logro enorme. “Se necesitaron dos años para que especies como el mono cariblanco y el mono nocturno empezaran a usar los corredores y de tres a cuatro años para que los monos aulladores hicieran lo mismo. A partir de los cuatro años lo empezaron a usar los monos araña. Procesos que pensábamos que iban a tomar décadas para poder conectar los sitios, han estado ocurriendo mucho más rápido”, destaca Link y agrega que “conectar los bosques nos permite conectar las comunidades de primates y eso genera una conectividad genética que hace que las poblaciones puedan ser un poco más resilientes y dependan menos de nosotros a futuro”.
Conservación productiva para el mono choro de cola amarilla en Perú
“Es una especie emblemática de los Andes Tropicales peruanos porque, a diferencia de lo que nos podemos imaginar cuando pensamos en monos, este no está en la selva amazónica, en las partes bajas, si no que vive en las montañas altas, a una altitud de 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar”, comenta Fanny Cornejo, vicepresidenta para Perú del grupo especialista de primates de la UICN y directora ejecutiva de Yunkawasi, una organización que desde 2007 trabaja con comunidades amazónicas y andinas para el conocimiento de sus recursos naturales y brindarles soporte técnico sobre cómo utilizarlos y conservarlos.
En el caso del mono choro de cola amarilla, una de sus principales amenazas también está en la pérdida de hábitat. Cornejo asegura que los Andes es una de las zonas en Latinoamérica que han sido más intervenidas, donde hay muchas carreteras y muchos cultivos. De hecho, se estima que este mono ha perdido más del 80 % de su hábitat en las últimas tres generaciones.
Entre las principales características de este primate peruano está su voluminoso pelaje color caoba que cubre hasta su cara, una cola totalmente prensil y que el vello púbico que cubre los genitales es de color amarillo brillante, tanto en machos como en hembras.
Las mayores poblaciones del mono choro están en los departamentos de Amazonas y San Martín. Sin embargo, hace un par de años Fanny Cornejo y otros colegas descubrieron una población nueva en el departamento de Junín, en el centro del país.
“Eso para mí refleja lo poco que sabemos acerca de la biodiversidad de los Andes tropicales porque si bien son una zona muy intervenida, esta población que descubrimos en el 2020 está a solo 10 minutos de una carretera importante”, dice Cornejo y agrega que aunque no tienen registros, es muy probable que la especie también esté presente en el departamento de Pasco. “A mí no me sorprendería que encontremos más poblaciones escondidas entre los bosques montanos en los Andes, es un tema de ir a buscarlos”.
Las últimas estimaciones que se hicieron en el país sugieren unos 1000 individuos maduros, es decir con capacidad reproductora, pero Cornejo cree que esas estimaciones cambiarán pues, en el momento de publicados los datos, no se habían incluido los individuos observados en Junín. Es por eso que ahora uno de los focos de trabajo de la organización Yunkawasi está en ese departamento.
“Trabajamos bajo un enfoque integral que llamamos conservación productiva, donde proveemos asistencia técnica a las poblaciones locales para que hagan un cambio de forma de cultivo. Por ejemplo, cambiar de un sistema cafetalero tradicional expuesto al aire libre a un café bajo sombra que tiene árboles nativos y que, al tenerlos, genera una continuidad en el bosque donde podemos tener a monos choros que utilizan las partes altas de los árboles”, dice la bióloga peruana.
Uno de los proyectos en los que Yunkawasi está trabajando involucra al gobierno regional de Junín y a las comunidades campesinas de la zona para la creación de un área protegida que tendría como objeto de conservación, justamente, al mono choro de cola amarilla.
Por su parte, en el departamento de Amazonas trabajan desde hace 15 años en el desarrollo económico sostenible de las poblaciones locales para frenar el avance de la frontera agrícola. “Esto lo estamos haciendo a través de escuelas de campo agrarias técnicas en el tema de cacao, de café y de ganadería. Hay resultados muy bonitos. Los agricultores que son parte de estos programas tienen compromisos de conservación y eso quiere decir que, al recibir el apoyo, se comprometen a no ampliar la frontera agrícola, protegiendo los bordes de los bosques donde se encuentra el mono choro”, asegura Cornejo.
Stella de la Torre, bióloga y profesora de la universidad San Francisco de Quito, asegura que son varias las especies de primates en Ecuador que tienen amenazas. Para ella, la zona más crítica es la costa ecuatoriana, donde habitan dos de las 25 especies de monos más amenazados del mundo: el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps) y el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), ambos en Peligro Crítico (CR) de extinción, según la Lista Roja de especies de la UICN y destacados en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo.
“La principal razón de que las poblaciones estén muy mal es que en la costa del Ecuador la mayoría de los bosques ya no están”, dice enfáticamente de la Torre.
Además de la pérdida de hábitat, la bióloga asegura que, en el caso del mono capuchino, este se enfrenta a un problema adicional. Al ser monos muy inteligentes y súper adaptables, han aprendido a comer de los cultivos que la gente, por ejemplo el maíz. Debido a la pérdida de sus bosques entran en conflicto directo con los campesinos: “la gente no les quiere y, aparentemente, en algunos casos les matan”, reconoce.
Aunque de la Torre ha trabajado en proyectos de conservación con estos dos primates, lleva más de 20 años dedicada al estudio del mono leoncillo que habita en la Amazonía de Perú, Ecuador, Colombia y parte de Brasil y Bolivia. Hasta hace poco se pensaba que se trataba de una misma especie pero se trata de dos diferentes, divididas por el río Napo: Cebuella pygmaea en el norte y Cebuella niveiventris en el sur. Ambas especies están en la categoría de Vulnerable (V) de la Lista Roja de Especies de la UICN.
Leoncillo (Cebuella pygmaea) juvenil. Foto: Pablo Yepes.
“Son muy parecidas físicamente y son muy especialistas en hábitat, viven solamente en bosques de galería, es decir, a orillas de ríos y lagunas”, comenta la investigadora de la Universidad San Francisco de Quito y agrega que en Ecuador las densidades de estos pequeños primates son muy bajas, entre otras razones, porque los primeros lugares de asentamientos humanos suelen ser cerca a ríos y otras fuentes hídricas.
“En los últimos 20 años hemos visto una disminución drástica de las poblaciones que hemos estado estudiando, sobre todo en la Amazonía norte ecuatoriana”, afirma.
Pero hay un problema adicional que preocupa a de la Torre: los leoncillos estarían siendo víctimas de patógenos, hasta ahora no identificados, que los estarían matando. La investigadora dice que, al parecer, eso ocurre incluso en sitios en donde el bosque está en buen estado de conservación.
Los leoncillos están entre los monos más pequeños del mundo y, según la bióloga, los adultos pueden medir aproximadamente 12 centímetros sin contar la cola y pesar alrededor de 150 gramos. En la cabeza tienen una especie de “melena” y de ahí su nombre de leoncillo. También son conocidos como monos de bolsillo debido a su pequeño tamaño, por lo queson capturados frecuentemente para tenerlos como mascotas. Muchos mueren en ese proceso porque son muy sensibles a cambios en sus formas de vida.
Leoncillo (Cebuella niveiventris). Foto: Pablo Yepes.
“Viven en grupos familiares y tienen lo que se conoce como reproducción cooperativa. La mamá generalmente da a luz a gemelos pero lo único que hace es lactarlos. El que los cuida en la mayoría de los grupos es el papá: los carga y les enseña a cazar insectos, se asegura de que lo sigan y les comparte todo”, detalla la investigadora.
Ya son dos décadas en las que de la Torre viene trabajando con el grupo ‘Bosques, monos y gente’ que creó en la Universidad San Francisco, implementando acciones de conservación de manera amplia para luego centrar gran parte de su trabajo en el territorio de la nacionalidad indígena secoya o siekopai del Ecuador, en la cual quedan menos de 1000 personas. “Esperamos haber contribuido a mantener el bosque, a reducir un poco la deforestación comparada con otras áreas que no están dentro del territorio indígena. La comunidad está empoderada y son ellos quienes manejan los programas de conservación”.
En territorio siekopai se han venido haciendo monitoreos del leoncillo que habita al norte del río Napo y, a pesar de los esfuerzos, la tendencia indica una disminución de las poblaciones. Sin embargo, de la Torre no cree que esto se deba a que las estrategias no hayan sido efectivas sino a las enfermedades que los estarían afectando. “Aún no tenemos evidencia de eso, lo único que sabemos es que hay lugares en donde el bosque está en buen estado pero, en pocos meses, han desaparecido los grupos de monos y no es que se hayan movido a otros lugares o se hayan dispersado”, comenta la investigadora.
¿Cuáles son las deudas que dejó la administración anterior en materia ambiental y qué retos tendrá la entrante? La deforestación es el mayor pasivo que deja Duque, así como el mayor reto que enfrentará Gustavo Petro. Fortalecer las áreas protegidas, la seguridad de líderes ambientales, contener las economías ilegales y acelerar las energías sostenibles, también son claves.
“Lo que hoy nos demuestran las cifras es que el gobierno del presidente Duque cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia, que había logrado su pico más reciente en el año 2017 con 219 552 hectáreas deforestadas”, dijo el exministro de Ambiente Carlos Correa en julio de 2022.
No obstante, especialistas como el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez consideran que la política en materia de deforestación de Duque fue un fracaso. Con una deforestación de 700 mil hectáreas durante su cuatrienio, la problemática empeoró en un 5 % durante el gobierno de Duque en comparación con el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Gustavo Petro se comprometió a reducirla como uno de los puntos de su decálogo de objetivos estratégicos.
La pérdida de bosque es uno de los muchos puntos resaltados por expertos, organizaciones ambientales y exfuncionarios entrevistados para este artículo que analiza lasdeudas del gobierno de Duque y los retos que tendrá que enfrentar el gobierno entrante.
El Presidente Iván Duque saludó a los soldados que participaron en la primera acción de la Campaña ‘Artemisa’ contra la deforestación, en la que se recuperaron 120 hectáreas de bosques. Foto: Efraín Herrera – Presidencia de Colombia.
Los pendientes y desafíos en la deforestación
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez fue tajante en su evaluación: “Colombia en los últimos ocho años ha fracasado en el tema de la lucha contra la deforestación. Decir que se tuvo mucho éxito cuando lo que se hizo fue estacionarla (la deforestación), entre 170 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”.
Nicola Clerici, investigador académico de la deforestación en Colombia y conocedor de la importancia del corredor biológico Andes-Amazonía, también se refirió a la pérdida de bosque y cuestionó las cifras presentadas recientemente por el exministro de Ambiente Carlos Correa. “El IDEAM maneja un modelo de escenarios futuros de la deforestación que es como una caja negra, no es de fácil acceso entender cómo se ha construido y cuáles son los intervalos de incertidumbre asociados. El exministro Correa dijo: ‘contuvimos la deforestación (en 2021)’, pero yo no estaría tan feliz. Las cifras son en términos absolutos muy altas. Más allá del modelo del Gobierno, esto no representa un éxito”, dice el investigador de la Universidad del Rosario.
Deforestación en la Amazonía colombiana. Foto: James Bargent.
Una de las medidas del Gobierno Duque con las que trató de reparar la deforestación fue la siembra de 180 millones de árboles, iniciativa que fue anunciada en 2019. De esa meta, lograron sembrar 143 millones de árboles, es decir un 80 %.
Pero, según refiere el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, este programa tiene sus falencias. Primero, en su opinión, combatir la deforestación debería ser el primer objetivo, antes que la siembra. “Sí, yo creo que es la prioridad, si un país tiene recursos escasos (como Colombia), tiene que dedicarse a combatir la deforestación totalmente. Porque un bosque amazónico o de buena salud que se pierde, es irreversible. Se puede hacer seguramente alguna restauración, pero el bosque que va a restaurarse, pues no va a ser equivalente al que existía”. Y resalta, además, que la siembra no estaría siendo priorizada en las áreas de mayor deforestación o de bosques en vía de extinción, a lo que Silvia Gómez, directora de la organización Gaia Amazonas, añade que no hay que perder de vista que el número de árboles sembrados es mucho menor al de los deforestados.
En 2019, Duque anunció la que sería su principal política contra la deforestación, la operación militar y judicial Artemisa. Pero al cierre de su gobierno, los efectos de la operación han sido limitados, según los especialistas. “La operación Artemisa no ha dado significativamente con los grandes deforestadores, que tienen conexiones políticas en el territorio. Se ha ido sobre todo por los pequeños colonos, que son responsables pero en menor medida”, asegura Nicola Clerici.
Silvia Gómez de Gaia resalta que el enfoque punitivo de la operación Artemisa no es suficiente. “Se requieren acciones diferenciadas, preventivas, que pongan en el centro la coordinación de comunidades indígenas y pueblos que están en el centro de la deforestación. No ataca el origen del problema”.
La operación también tiene cuestionamientos por posibles violaciones de derechos humanos. Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y dirigente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), dijo en una entrevista con Mongabay Latam que la operación Artemisa los está victimizando. “Por la operación Artemisa está capturado un gobernador indígena. Está en la cárcel todavía. El presidente Duque lo señaló de ser el más grande deforestador en San Vicente del Caguán. Es un montaje”, indica Garay.
Ahora esta deuda la hereda el gobierno de Gustavo Petro. La deforestación es sin duda el gran reto, destaca Rodríguez, por ello recomienda a la nueva gestión empezar por “examinar con mucho cuidado las causas o cuáles fueron las debilidades de la política antideforestación del gobierno Duque y del gobierno Santos. La ventaja del nuevo gobierno es que en la cúpula del Ministerio (de Ambiente) hay gente que sabe por primera vez en años”.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), dijo que dado que la ganadería y el acaparamiento de tierras son un factor clave de deforestación en la Amazonía colombiana es necesario que el nuevo gobierno impulse el seguimiento a la cadena de suministro del ganado colombiano. “Es la posibilidad de hacerle seguimiento a la cadena cárnica o láctea desde el sitio de origen hasta su disposición final en la cadena comercial, lo cual permite saber si en algún momento se utilizan áreas deforestadas o que se deforesten, lo que les debería generar un impedimento legal para comercializar y una sanción”. Al respecto, hay un proyecto de ley de los representantes Juan Carlos Losada y Julia Miranda que busca impulsar el tema de la trazabilidad en la ganadería.
¿Áreas desprotegidas?
Una semana antes de dejar el Gobierno, el exministro de Ambiente Carlos Correa tuiteó: “Colombia ya cuenta con más del 30 % de sus áreas marinas y terrestres protegidas y conservadas”. Esto iba en línea con uno de los compromisos de Duque asumidos ante la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, y es que cada país declare como protegidas al menos el 30 % de sus áreas marinas y terrestres.
Sin embargo, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez cuestiona nuevamente estos supuestos logros. “Hay información falsa. Es cierto que Colombia ya cumplió la meta para el año 2030 en áreas marítimas. En lo continental, las que se crearon (para llegar al supuesto 30 %) fueron unas áreas complementarias que son distintas a las áreas protegidas. En Colombia, las únicas áreas protegidas son los parques naturales nacionales y los santuarios de flora y fauna. Es una farsa”.
También conversamos con la ex alta consejera presidencial para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático del gobierno de Santos y actual directora de la Fundación Malpelo, Sandra Bessudo, quien celebró la ampliación de las áreas protegidas marítimas. “Hay zonas que para mí se debieron haber creado como zonas de no pesca, que quedaron como de pesca y lo digo basados en la información científica. Se hizo un gran esfuerzo en la ampliación de áreas marinas protegidas y en la consecución de recursos financieros para apoyar la implementación de estas. La implementación, ese reto, ya le queda al gobierno Petro y las entidades ambientales, particularmente a Parques Nacionales”.
Manuel Rodríguez duda de la implementación. “Existe un muy bajo control de Colombia sobre sus áreas (protegidas). En las zonas costeras hay un manejo muy insuficiente que vea todo el tema de control y vigilancia de la pesca. ¿Quién va a vigilar esas áreas marinas?, ¿con qué recursos? Yo creo que el presidente por mostrar resultados, se precipitó a crear todas las áreas marinas y que, estratégicamente, eso fue un error”.
Si bien para Nicola Clerici, investigador de la Universidad del Rosario, fue bueno ampliar las áreas continentales, le preocupa que se trate de una protección más en el papel. “Pensamos, por ejemplo, en el Parque Natural Nacional Tinigua, con altas tasas recientes de deforestación, nadie lo está controlando de manera efectiva. Y hay situaciones parecidas que se verifican en el PNN Catatumbo o Sierra de la Macarena, entre otros. No se está invirtiendo en un manejo efectivo del parque”, señala el experto, quien resalta la falta de vigilancia y control como un grave problema.
Por eso, el tema de las áreas protegidas presenta importantes retos para el gobierno entrante. Rodríguez marca como punto de partida la urgencia de fiscalizar: “En primer término, deben asegurar el control estatal sobre los parques nacionales que hoy no lo hay en al menos nueve de los once parques naturales de la Amazonía. No hay presencia del gobierno porque los expulsaron las fuerzas subversivas”.
Protección de líderes sociales y ambientales
De acuerdo con los especialistas, el gobierno de Petro inició con el pie derecho sus políticas en materia de protección de los líderes ambientales. Antes de la posesión de Petro, la bancada de Gobierno en el Senado aprobó en segundo debate el Acuerdo de Escazú, cuyo uno de sus principales objetivos es la protección de la integridad de defensores del medio ambiente. Este acuerdo había sido rechazado por la bancada del uribismo en el Congreso durante el cuatrienio de Duque.
También, el sábado 27 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro anunció el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en Cauca, una iniciativa entre el Gobierno, congresistas, las fuerzas policiales y militares, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por reducir la violencia contra líderes sociales.
Esta política para proteger a los líderes se ha construido de la mano de la sociedad civil. Un documento titulado Plan de Emergencia, coordinado por la organización Somos Defensores, ha sido socializado con el Gobierno y este lo ha acogido. La coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro, se mostró esperanzada en la llegada del nuevo gobierno y espera que los líderes sociales puedan recuperar la confianza en la institucionalidad.
Ministra de Ambiente de gobierno Petro, Susana Muhamad, y Luisz Olmedo Martínez, nuevo director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Esta confianza se perdió durante el Gobierno Duque. Entre 2016 y 2022, según Indepaz, el país ha visto1341 agresiones contra líderes sociales, 329 masacres y 337 ataques a firmantes del Acuerdo de Paz. “Durante los cuatro años del gobiernoDuque, los espacios de interlocución que había para discutir estos temas quedaron de lado. No hubo un diálogo fluido con el gobierno para analizar conjuntamente la situación y qué medidas tomar. Además, los órganos de control, de alguna manera estuvieron tomando partido hacia los planteamientos del gobierno, hablo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Se constató un comportamiento negacionista de parte de las autoridades para asumir la gravedad de la situación”, precisa Lourdes Castro.
También criticó el enfoque militarista. “Durante el pasado gobierno la respuesta fue la militarización. Esta por lo general lleva a que en muchos casos se eleven los riesgos y la vulnerabilidad de los liderazgos en vez de la protección”, indica la coordinadora de Somos Defensores.
Volviendo al nuevo gobierno, Castro se muestra positiva. “Habrá un trabajo del gobierno Petro con representantes de las organizaciones sociales, en territorios priorizados, con autoridades indígenas y afro. Por ejemplo, que se reivindique en los planes de acción las guardias indígenas”, complementa Castro.
Precisamente, entre los mayores defensores del medioambiente y los bosques en Colombia están los pueblos indígenas. El líder indígena Carlos Garay, de la OPIAC, nos dio su balance de la era Duque: “Como pueblos amazónicos, vemos con mucha preocupación la desprotección de los territorios indígenas y de sus líderes durante el gobierno de Iván Duque. Los indígenas amazónicos que estamos considerados protectores de la Amazonía colombiana y sus dirigentes que interlocutarían como autoridades tradicionales hacia el Estado colombiano fueron prácticamente desconocidos por el gobierno anterior. No hubo una estrategia de protección”.
Líderes sociales de la OPIAC en su congreso de 2019.
También hizo un balance de cifras de indígenas asesinados y agresiones. “Tuvimos un docente asesinado en Caquetá, más de 12 compañeros indígenas asesinados en el Putumayo, incluido el gobernador del pueblo kichwa muerto en la vereda alto remanso, de Puerto Leguízamo, en una aparente ejecución extrajudicial. Cuatro compañeros asesinados del pueblo awa en Nariño, que también ha sido víctima en Putumayo. Un compañero awa que está desaparecido por la misma fuerza pública. En total en la Amazonía, hubo 13 personas asesinadas”. También mencionó que hay comunidades indígenas en confinamiento, que ni pueden ir a comprar utensilios por órdenes de los grupos armados ilegales.
El líder indígena además aseguró que tienen expectativas en el nuevo gobierno. “Tenemos una esperanza. Se debe crear política de protección al medio ambiente, consolidar una estrategia de trabajo entre el Gobierno y los pueblos indígenas”.
Delitos ambientales y economías ilegales
El representante de la OPIAC, Carlos Garay, denunció cómo el gobierno anterior no hizo mayor esfuerzo para contener la minería ilegal en la Amazonía colombiana, particularmente en Inírida, Guainía. “La minería ilegal en los territorios se incrementó y realmente no hubo tampoco una política de Estado que combatiera la minería ilegal. No sabemos cuál fue la intención del gobierno, siempre los operativos militares iban en contra de casi de la minería tradicional. Pero contra los grandes mineros nunca se combatió. Esto perjudicó mucho a los territorios indígenas”.
Manuel Rodríguez también dijo que el gobierno de Iván Duque no redujo el problema, pero admitió que se trata de una problemática regional y alimentada por el precio internacional del oro. “Se avanzó muy poco. Hay que reconocer que el problema está descontrolado en América Latina en general. El mismo problema lo encuentras en Perú, en Brasil. Es una actividad altamente rentable y a diferencia de la coca, se comercializa legalmente. Los proyectos de trazabilidad del oro han fracasado”, precisó el exministro, quien además se declaró escéptico frente a las soluciones para combatir el narcotráfico o la minería ilegal, ya que dependen de dinámicas globales.
Rodríguez también resaltó los retos que representan los cultivos ilícitos y la economía del narcotráfico. “Colombia sigue atrapada en la tragedia que ha estado más de 40 años, la de los cultivos ilícitos”, dijo Rodríguez. Además relacionó los asesinatos de lideres sociales a retaliaciones o represalias de grupos armados ilegales.
Volviendo al tema de la minería ilegal, aunque el gobierno de Petro parece decidido a combatirla, las técnicas mencionadas han sido criticadas por especialistas que las consideran de antaño. “Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata”, dijo Petro ya como presidente. El líder indígena Carlos Garay dice que esa estrategia es problemática: “Yo viví una experiencia en el departamento de Caquetá, donde combatir la minería ilegal era bombardear las balsas mineras o las dragas sobre los ríos, lo que hacía esto era contaminar más porque al bombardear la balsa, todo el combustible que se derramaba caía sobre el río Caquetá. La fuerza pública nunca admitía que ese combustible había contaminado el río”.
Petro además ha propuesto para evitar que la minería ilegal de oro sirva como lavado de activos, que haya de por medio un solo comprador de oro, que sería el Banco de la República.
Otra economía ilegal de alta relevancia fue señalada por Rodrigo Botero. Se trata del acaparamiento de tierras como factor de deforestación, fenómeno que necesita ser enfrentado y que el reciente fallo de la Corte Constitucional presenta un reto para el Gobierno de Petro. “Mientras no haya asignación de baldíos masiva y rápida, como lo declara el fallo de la Corte Constitucional, para generar derechos sobre las poblaciones campesinas, que son las más afectadas por esta indefinición jurídica, el mercado de tierras informal e ilegal va a seguir presionando para el tema de la deforestación porque es un gran negocio. Las relaciones que hay que generar inmediatamente son los derechos de comunidades campesinas de manera masiva y rápida que además mantenga la característica de reserva forestal, es decir que el único uso posible (de las tierras otorgadas) sea el mantenimiento de la cobertura forestal”.
Consulta previa y licenciamiento de proyectos
Otro aspecto importante a analizar es el de las consultas previas a pueblos afro e indígenas para proyectos extractivos en sus territorios, así como el tema de las licencias que se otorgan para la explotación de los recursos. Para el líder indígena Carlos Garay, el marco actual no es suficiente. “Lo que queremos realmente es una política de protección de la Amazonía directa con los pueblos indígenas, que haya un reconocimiento de la autoridad ambiental indígena”.
Silvia Gómez le recomendó a la administración Petro trabajar de la mano de los pueblos indígenas, proteger sus territorios y la consulta previa. “Yo no me atrevería a decir que (el reconocimiento de los pueblos indígenas) sea tan coyuntural como que lo haya empeorado el gobierno saliente, ni lo pueda solucionar el gobierno entrante. Es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano hace mucho tiempo, pero sin duda es una de las cosas pendientes que tiene el gobierno Petro es realmente asumir y ajustar la institucionalidad para implementar la descentralización efectiva y el reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales como gobierno autónomo en su territorio. Los gobiernos indígenas realmente pueden ser gobiernos autónomos y eficientes. Ya hay gobiernos indígenas sobre el 24 % de la Amazonía que mantienen casi que el 95 % o más de los bosques en pie. Ya están haciendo su parte. Se requiere realmente entender que los gobiernos indígenas son un actor clave”
El presidente Gustavo Petro recibe un obsequio de una lideresa indígena en el departamento del Amazonas, Colombia durante su segunda semana de gobierno. Foto: Presidencia de la República de Colombia.
Según Manuel Rodríguez, el tema de licenciamiento de proyectos fue manejado de manera correcta por el gobierno saliente. “Durante la administración Duque, se fortaleció la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Uno ve que esa agencia archivó dos solicitudes de licencia ambiental en Santurbán y otra en Jericó”, puntualizó Rodríguez.
Energías renovables, petróleo y fracking
Manuel Rodríguez se mostró favorable respecto a los resultados de Duque en materia de desarrollo de energías sostenibles como alternativa a los combustibles fósiles. En esta área, el gobierno Duque asegura haber triplicado en 15 meses la capacidad de energías renovables no convencionales, es decir eólica y solar. En magnitudes de capacidad energética, dice que antes de su gobierno el país tenía 60 megas y lo dejó con 2250. También celebró haber dejado 27 proyectos de energías limpias comprometidos por $16 billones de pesos colombianos (3687 millones de dólares) para “energías eólica, fotovoltaica y 9 líneas de transmisión”.
Respecto a la intención de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera por parte del gobierno de Petro, Rodríguez no está convencido. “Estoy en desacuerdo con eso. Obviamente en Colombia hay que disminuir el uso de combustibles fósiles como parte del proceso de descarbonización de la economía, es absolutamente clave en el sector transporte. Pero eso es distinto al negocio de exportación. Colombia debe seguir vendiendo petróleo porque tiene muchas necesidades que resolver”.
Sobre una de las primeras medidas del gobierno Petro de impulsar un proyecto de ley que prohíba el fracking, Silvia Gómez de Gaia celebró la decisión. “El Gobierno (Duque) fue muy terco en persistir en una propuesta de proyectos pilotos de fracking, a pesar de que está absolutamente comprobado que es una práctica cuya fracturación hidráulica genera muchísimas consecuencias en fuentes de aguas subterráneas y que genera movimientos sísmicos incontrolados”.
Incendios en la Amazonía colombiana. Febrero 2022. Foto: FCDS.
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) publica el Primer reporte sobre el estado de los modos de vida y territorios aborígenes del departamento del Amazonas.
El documento da a conocer los Indicadores de Bienestar Humano Indígena (IBHI),herramienta no convencional creada desde el Instituto Sinchi como un sistema de información que permite valorar y seguir los cambios en la vida y los territorios indígenas de la Amazonia colombiana.
Según la entidad, se trata de 21 indicadores diseñados bajo un enfoque diferencial y se enmarcan en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas: “Se constituyen como instrumento para la gestión de información y el apoyo a la toma de decisiones de las Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Amazonas”.
Comprenden el análisis de los patrimonios ambientales, culturales, sociales y económicos y están estructurados en cinco grandes áreas: control colectivo del territorio, agencia cultural autónoma, autonomía alimentaria, ambiente tranquilo, autocuidado y reproducción.
“Cuando se aplican estos indicadores en las comunidades indígenas se puede comprender, por ejemplo, la vigencia de las autoridades tradicionales, las razones del flujo poblacional, el uso de la lengua propia, los niveles de educación formal como mecanismo de desarrollo e interactuación con las sociedades externas, la base natural sobre la que se sustenta la alimentación como el número de especies cultivadas, recolectadas, cazadas y pescadas disponibles”, explica el Sinchi.
Los indicadores también revelan los niveles de transformación y conservación de las especies y la disponibilidad de semillas propias; la existencia y las repercusiones de problemáticas sociales que afectan la tranquilidad en los territorios; la presencia del Estado y la prestación de servicios públicos como agua potable, disposición de las aguas servidas, recolección de basuras, energía eléctrica.
Y se reporta la atención preventiva y curativa de enfermedades por métodos tradicionales, el tipo de prácticas tradicionales deportivas o los niveles de desnutrición de la población, situaciones que trascienden en la calidad de vida de las comunidades indígenas.
Para Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Dinámicas socioambientales del Instituto Sinchi, “Los IBHI son más que insumo investigativo, son una herramienta y su aplicación ayuda a la planeación de las comunidades indígenas sobre sus propios planes de vida, dándole luces de sus fortalezas y debilidades. Así desde la caracterización hasta la verificación es un ejercicio de investigación propia, donde las comunidades indígenas se cuestionan sobre su bienestar, sus modos de gobernanza, de producción y de salud. De esta manera, los IBHI son una herramienta clave hoy en día para la planificación y toma de decisiones de las comunidades indígenas en la Amazonia”,
¿Cómo se origina?
Acosta, concluyó su Tesis Doctoral en 2013 con la investigación “Pueblos Indígenas de la Amazonia e Indicadores de Bienestar Humano en la encrucijada de la globalización: estudio de caso de la Amazonia Colombiana”. Tres años después, en 2016 el Instituto Sinchi empezó a implementar estos indicadores en los 22 pueblos indígenas del departamento del Amazonas, en sus 26 resguardos indígenas y con las 14 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs) del Amazonas, logrando levantar la línea base de 21 indicadores IBHI. En el año 2021 se aplicaron en el Guainía en las 25 comunidades del Sitio Ramsar EFI y actualmente se aplican en 15 comunidades del resguardo Gran Vaupés.
Junto al investigador Delio Mendoza, se conformó el Grupo de InvestigaciónDinámicas Socioambientales y Culturales, avalado por Colciencias en categoría B, y que hace parte del programa Dinámicas Socioambientales y Culturales del Instituto Sinchi, dirigido por el antropólogo Juan Felipe Guhl.
“Llevamos 20 años trabajando de la mano con Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas, Vaupés y Guainía, comprendiendo sus diversas cosmovisiones y desde el 2015 generamos la propuesta de Indicadores de Bienestar Humano Indígena. Hoy el Instituto Sinchi y el Dane cuentan con una mesa técnica que estudia las posibilidades para que se puedan levantar las líneas base, de esta larga investigación, en todos los departamentos y resguardos de la Amazonía”, afirma el investigador Acosta.
Preparándose para la fiesta, comunidades indígenas de Mitú, Vaupés Foto: Iván Montero /Instituto Sinchi
Conocer más a los pueblos aborígenes
En el departamento del Amazonas existen hoy 22 pueblos indígenas que representan el 57,7 % del total presente en la Amazonia colombiana que abarca los departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés; la Bota Caucana; y las vertientes amazónicas de Nariño y el Sur del Meta.
Según el investigador Acosta, hoy los colombianos sí sabemos cuántos indígenas hay gracias a los datos del Dane, que incluyen, desde el censo del 2018, un enfoque diferencial, pero es un hecho que los instrumentos aplicados para levantar esa información no tienen necesariamente en cuenta la realidad sociocultural, económica y territorial de cada uno de los pueblos indígenas.
Por esta razón era necesario crear una metodología específica para estos pueblos en la que participan dinamizadores o miembros de cada comunidad. El Instituto les retribuye económicamente y son elegidos por una asamblea general y delegados en el territorio. «Los hemos capacitado para que puedan aplicar los formatos de los 21 IBHI, ellos se encargan incluso de advertirnos que en esa comunidad que representan alguna variable debe ser ajustada. Ese es el nivel de detalle de nuestros indicadores».
Ya con los datos en mano, los dinamizadores locales consolidan la información hasta entregar su reporte al Instituto Sinchi, “en algunas comunidades hoy lo hacen desde su computador y nos envían la información digital, nuestra tarea es revisar formato por formato, luego ingresamos la información a nuestra base de datos general y realizamos un encuentro con dinamizadores para que ellos mismo generen una interpretación comunitaria de los datos y puedan socializarlos con su comunidad”, explica Acosta.
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“El proceso investigativo que hoy permite contar con los Indicadores de Bienestar Humano Indígenas (IBHI), ha recorrido un camino abierto desde el año 2003 junto a las Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas como guías espirituales”: Sinchi.
“La implementación de los IBHI ha sido un proceso de concertación permanente con los pueblos indígenas en el departamento de Amazonas, desde su conceptualización, el levantamiento de la línea base hasta el análisis de la información. Esta relación ha permitido la conformación de un marco metodológico que hace de este proceso una experiencia interdisciplinaria e intercultural donde confluyen aspectos técnicos del conocimiento científico y los aspectos culturales y sociales de los conocimientos tradicionales, así como los procesos de participación de las organizaciones de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas”.
Se habla de abundancia, no de pobreza
“Nosotros creemos que el concepto de bienestar está dado por la abundancia, más no por la pobreza. La abundancia es un concepto indígena de la “gente de centro” (uitoto, muinane, bora, andoque, nonuya, miraña y okaina) del departamento del Amazonas, que podría ser asimilado por otras etnias amazónicas desde sus propias perspectivas culturales y determina el apogeo del hombre indígena, al haber conseguido, para su beneficio y el de sus futuras generaciones diferentes elementos que les permitirían sobrevivir: alimento, conocimiento, consejos e identidad, todo enmarcado en un ambiente de relacionamiento espiritual con la naturaleza.
Así, el punto de partida de los IBHI es la abundancia, más no la pobreza, toda vez que el bienestar de los pueblos indígenas parte de la plenitud, en términos de territorio, alimentos y conocimientos, principalmente, mas no de la carencia de elementos, donde la lucha es obtenerlos mas no recuperarlos, como podría ser el caso de los pueblos indígenas.
“La pobreza lleva consigo un fondo material, mientras que el soporte de la abundancia es la reciprocidad y de respeto por la naturaleza. De esta manera los IBHI, se proponen como una forma diferencial para medir el bienestar de los pueblos indígenas”, afirma Delio Mendoza, investigador del Instituto Sinchi e indígena de la etnia uitoto – Gente de Canangucho.
De esta forma, el documento busca poner en conocimiento público los resultados de la evaluación de la información de línea base de cada uno de los indicadores, como punto de partida para posteriores mediciones.
Comunidad de San Martín, Amazonas. Foto: Paola Aponte/Instituto Sinchi
Herpetólogos de México, Colombia y Ecuador coinciden en que se necesita más información sobre estos enigmáticos reptiles para comprender su taxonomía, su ecología y así poder plantear medidas efectivas para su conservación. Las serpientes siguen siendo asociadas a mitos e historias populares sobre mala suerte y maldad. La falta de educación y conocimiento sobre estos reptiles sigue siendo una de sus principales amenazas.
Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam
Escurridizas, silenciosas y reinas del escondite. Así son las serpientes y eso, precisamente, hace bastante difícil que los investigadores puedan recolectar especímenes en campo. También hay que agregar que son pocos quienes se dedican a su investigación si se compara con otros reptiles como las lagartijas o anfibios como las ranas, y aún menos si se compara con otros grupos como aves y mamíferos.
Una de las principales conclusiones de tres expertos latinoamericanos consultados por Mongabay Latam es que aún falta mucho por conocer sobre su taxonomía y su ecología. En general, no se tienen muchos detalles sobre su comportamiento, sus hábitos o su dieta.
Este 16 de julio se conmemora el Día Internacional de las Serpientes, animales que suelen ser antagonistas de diversos relatos culturales y a los que, el desconocimiento por parte del ser humano, ha llevado a que “prácticamente en el campo no se le perdone la vida a ninguna serpiente”, dice Daniela García, investigadora asistente de las colecciones biológicas del Instituto Humboldt en Colombia.
Este es el panorama de las serpientes en México, Colombia y Ecuador, sus amenazas, los retos para conservarlas y algunos casos de especies recién descritas por la ciencia.
México: un país de serpientes
Diadophis punctatus. Pedregal de San Ángel CDMX. Foto: Oscar Flores-Villela.
Óscar Flores-Villela es biólogo, profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y curador de la colección de anfibios y reptiles de la facultad de Ciencias. Para él, es muy poco lo que se conoce sobre la taxonomía de las serpientes, es decir, su clasificación —por especie, género, familia, orden, clase y reino— , lo cual representa un problema porque esta es la base para luego profundizar en otros temas.
En el caso mexicano, muchas de las colecciones de sus serpientes están en museos e instituciones de Europa y Estados Unidos porque científicos de estos países fueron los primeros en explorar la biodiversidad del país, “y muchas veces hay que viajar y consultar las colecciones allá para ver la taxonomía, de alguna manera esa es una limitante para la investigación”, asegura.
Flores-Villela comenta que hay algunos grupos de serpientes en los que hay mayores estudios como las cascabel, “pero tenemos un montón de especies de culebras chiquitas que se entierran en el suelo que en realidad son prácticamente desconocidas, no solo en su taxonomía, sino en su biología”, dice y agrega que “falta mucho conocimiento, incluso básico como saber cuántas especies hay, en dónde están y donde se distribuyen, eso es lo más básico y en muchos grupos no se conoce muy bien”.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México hay 322 especies de serpientes, de las cuales 250 son culebras —no son venenosas y representan tres cuartas partes del total— , 44 víboras, 15 coralillos, entre otras. En el país se encuentra poco más de la quinta parte de los géneros de serpientes del mundo y casi el 50 % de las especies son endémicas. De hecho, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en diversidad de reptiles.
Crotalus ravus, Amecameca, Estado de México. Foto: Oscar Flores-Villela.
Aunque muchas personas les temen, las serpientes brindan importantes servicios ecológicos a los humanos. Flores-Villela destaca que muchas culebras grandes cumplen un papel muy importante en el control de roedores, por ejemplo, se alimentan de ratones que se han convertido en plagas en cultivos y pueden ser transmisores de enfermedades.
De acuerdo con el investigador, México no cuenta con un proyecto nacional de conservación de serpientes, pero hay proyectos a nivel internacional, por ejemplo, uno de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que está haciendo un esfuerzo para tener un diagnóstico de la conservación de muchos grupos de animales y plantas a nivel mundial, incluidas las serpientes. “He participado en ellos y, de hecho, hace 15 días estuve en Aguascalientes en un taller para evaluar el grado de conservación de un par de géneros de serpientes venenosas de México [nauyacas] que son muy desconocidas. Llegamos a conclusiones importantes sobre qué se puede hacer para conservar esos dos géneros que incluyen cuatro especies”, comenta y añade que la idea es hacer ejercicios similares con otros géneros en el país.
Una de las principales conclusiones de ese taller, y de la experiencia de Flores-Villela con serpientes, es que se necesitan más estudios básicos sobre estos animales y que en muchos casos no hay suficientes muestras de tejidos para hacer secuenciaciones y análisis de ADN. También considera que el ciudadano común y corriente le tiene miedo a cualquier serpiente y piensa que todas son venenosas. “Son raras las poblaciones que distinguen entre venenosas y no venenosas, por lo general, a cada serpiente que ven le dan un machetazo, un balazo o le avientan una piedra. Ese es un problema muy grave de conservación basado en el desconocimiento”, resalta.
El biólogo Oscar Flores-Villela en su trabajo con serpientes. Foto: cortesía de Oscar Flores-Villela.
A pesar de que aún falta conocer más sobre estos reptiles, los investigadores intentan avanzar en medio de las dificultades. De acuerdo con Flores-Villela, desde el año 2020 se han descrito dos nuevas serpientes de cascabel en México. A partir del estudio de una serpiente que tenía amplia distribución, y ya teniendo muchas muestras de tejidos, se hicieron análisis moleculares y se encontró que había diferencias, luego se estudió con más detalle la morfología y se lograron separar en dos nuevas especies.
“En el 2021, un estudiante y yo describimos una nauyaca nueva de Querétaro y también en el 2021, junto con otros con otros colegas de la Universidad de Texas, describimos una culebrita enterradora chiquita, que parece una lombriz de tierra, en Jalisco”, dice el investigador.
Nuevas serpientes en Ecuador
Omar Torres Carvajal lleva gran parte de su vida dedicado al estudio de los reptiles. De hecho, actualmente es el curador de este grupo en el museo QCAZ de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). El año pasado, junto con dos colegas, publicó un artículo en la revista Journal of Natural History en el que se estudió ampliamente a la serpiente liana marrón (Oxybelis aeneus) que tiene un gran rango de distribución en América y descubrieron que, en realidad, se trataba de ocho especies diferentes. Hicieron análisis moleculares e incluyeron nuevos ejemplares recolectados en el oeste de los Andes ecuatorianos, que los llevaron a concluir que, además, había una nueva especie para la ciencia.
Rayos X de una serpiente Atractus snethlageae. Foto: Bioweb Ecuador.
“Ahora mismo estamos investigando a Oxybelis fulgidus que resulta ser gigantesca en comparación con las serpientes liana descritas en el artículo del año pasado. Son serpientes que pueden llegar a medir casi dos metros de longitud pero son igual de delgaditas. Son muy bonitas, tienen un color verde brillante y una franja amarilla brillante, son muy llamativas y son arborícolas”, comenta Torres.
Y es que uno de los desafíos que los herpetólogos han tenido que afrontar no solo tiene que ver con nuevas especies encontradas en campo y que luego son descritas, sino que hay muchas serpientes de amplia distribución que se pensaba eran una sola especie pero terminan siendo varias. Su morfología es muy parecida y, por lo general, se necesitan estudios genéticos para confirmar si se trata de la misma especie o de una diferente.
Eso es lo que está haciendo Torres nuevamente en este momento. “Estamos estudiando si es que en realidad se trata de una sola especie como se ha dicho hasta ahora, que va desde México hasta Sudamérica, o en realidad son varias especies, que es lo que sospechamos. Estamos juntando evidencia molecular con secuencias de ADN y una colega en Alemania está haciendo tomografías computarizadas, donde pones el ejemplar en una especie de máquina de rayos x que te toma muchas imágenes. Lo que hacemos es estudiar principalmente el cráneo, que es una de las zonas donde suele haber diferencias entre las serpientes”.
En 2020, en un trabajo liderado por el biólogo brasileño Paulo Melo-Sampaio, donde Omar Torres fue coautor, un análisis detallado de la serpiente Atractus snethlageae les permitió identificar que había cuatro especies diferentes en el rango de distribución de este reptil cuando, durante muchos años, se pensó que se trataba de una sola especie. Las serpientes se encuentran en peligro en los ecosistemas que habitan en la Amazonía brasileña y ecuatoriana.
En medio de todo el trabajo que adelanta con serpientes, Torres asegura que todavía no hay suficientes científicos estudiando a estos reptiles. Y es que las serpientes son difíciles de ver y difíciles de encontrar, “por ahí tú te estás acercando y cinco metros antes de que llegues a una serpiente, se va, porque siente el movimiento a través de las vibraciones de nuestras pisadas. Ellas no tienen oídos ni orejas ni tímpanos, pero cada paso tuyo causa una vibración en la tierra que se transmite a un oído interno muy parecido al nuestro”, comenta. Entonces, los animales huyen, son escurridizos y se esconden fácilmente en una zona donde tienes miles de hierbas y plantas que les sirven de escondite.
El investigador ecuatoriano asegura que eso desanima mucho a los estudiantes o a los investigadores: “ellos dicen, ‘para qué me voy a meter a hacer un estudio de dieta o de ecología con una serpiente si me voy a demorar 20 años, cuando puedo estudiar a esta rana o a esta lagartija en un mes’. El tema logístico es bastante complejo”.
Por otra parte, Torres cree que no se valora lo suficiente a las colecciones que hay en los museos, que tienen un gran número de ejemplares de serpientes y pueden servir también para analizar, por ejemplo, la dieta de dichos animales. “Uno puede hacer rayos X o disecciones, sacar todo lo que se tiene en el tracto digestivo y con eso podrías tener un buen análisis. Creo que también es responsabilidad nuestra como profesores o curadores de museos incentivar este tipo de estudios”.
Ejecutar un programa de conservación de serpientes en Colombia
“Estos resultados indican que es imprescindible invertir grandes esfuerzos en educar y sensibilizar a la fuerza de trabajo campesina, operarios, sus hijos y otros trabajadores del campo, sobre la importancia de la conservación de las serpientes y sus servicios ecosistémicos. De esta forma se logrará reducir la muerte de serpientes de forma significativa, ya que con una mínima reducción del 10 %, serían cerca de 11 millones de serpientes disponibles para el buen funcionamiento de los ecosistemas”, dice el documento donde uno de los principales autores es el reconocido biólogo John Lynch.
Además, según estudios de Lynch, en Colombia mueren de 5000 a 50 millones de serpientes por municipio a causa de la tala de bosques y destrucción de los hábitats donde viven ellas y sus presas.
El documento también llama la atención en que “en la actualidad, el conocimiento de la estructura de las comunidades de serpientes todavía es muy pobre. Aún cuesta construir listas de especies por cada región ecogeográfica, que cuenten con detalles sobre la distribución de cada especie a nivel regional y local, que permitan relacionar su preferencia y fidelidad de hábitats, o tolerancias ante los disturbios antrópicos. Así mismo, Colombia no cuenta con un estudio poblacional de alguna especie de serpiente que permita dar las directrices para el manejo y uso sostenible de estos reptiles”.
Equis Roja (Bothrocophias myersi), especie endémica del Pacífico de Colombia. Foto: Carlos Galvis.
A pesar de que este programa nacional es de 2016, seis años después las conclusiones no han variado. Daniela García, investigadora asistente de las colecciones biológicas del Instituto Humboldt en Colombia, asegura que además de la pérdida de hábitat, las serpientes tienen otras amenazas como el tráfico ilegal y el atropellamiento en carreteras “porque al ser animales exotérmicos, que reciben la energía del ambiente, las carreteras se convierten en una opción para ellas, sobre todo en las noches, y los vehículos terminan atropellándolas”.
El miedo de las personas a las serpientes se posiciona como otro de los peores enemigos para estos reptiles. “Es urgente educar sobre sobre las serpientes, dar a conocer información sobre ellas a las comunidades e indicarles que no todas las que observan son venenosas y aún así no hay que exterminarlas. Por ejemplo, de las 325 especies que tenemos en Colombia solo 50 son venenosas, de las cuales 20 son víboras y 30 son corales. El porcentaje de serpientes venenosas es bajo”, asegura García.
Una falsa serpiente coral en Colombia. Foto: Rhett A. Butler / Mongabay
La investigadora coincide con Omar Torres en que trabajar con serpientes en campo suele ser una tarea compleja pero también cree, al igual que él, que se deberían aprovechar más las colecciones biológicas para hacer investigaciones. “Hay herramientas como por ejemplo las colecciones que son abiertas al público, como las del Instituto Humboldt, que abre sus puertas para que cualquier investigador pueda ir a revisar ejemplares y basarse en preguntas asociadas a especímenes ya existentes en la colección. Hay que darle importancia a estas colecciones biológicas, a toda la información que albergan y todo lo que se puede sacar de ellas”, asegura García.
El informe reconoce los aportes de los pueblos indígenas en materia de conservación de la biodiversidad, por lo que llama a los países a tomar en cuenta sus derechos, además de tomarlos como ejemplo e impulsar sus estrategias. Los pueblos indígenas gestionan la pesca, la recolección, la captura de animales terrestres y otros usos de especies silvestres en más de 38 millones de km² de tierra en 87 países. Se estima que el 15 % de los bosques mundiales son manejados como recursos comunitarios por los pueblos indígenas.
Astrid Arellano / Mongabay Latam
La Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) publicó un nuevo informe donde visibiliza que las contribuciones de los pueblos indígenas a la conservación de las especies silvestres no son un tema menor. El uso de estas por parte de las comunidades es fundamental para sus identidades, expresiones culturales y medios de subsistencia, señala el documento, por lo que también han contribuido a mantener poblaciones abundantes y saludables en sus territorios, bajo valores de respeto, reciprocidad y responsabilidad.
En el Informe de evaluación de la IPBES sobre el uso sostenible de las especies silvestres, publicado este 11 de julio, el organismo intergubernamental independiente —que buscar dotar de datos científicos respecto al estado de la biodiversidad del planeta a los tomadores de decisiones en los países— evalúa el uso sostenible de las especies silvestres poniendo el foco en las prácticas ambientales y contextos espaciales, comunidades humanas, políticas, sistemas de gobernanza e instituciones, considerando enfoques diversos que lleven a mejorar la sostenibilidad de sus usos “para reducir y eventualmente eliminar las acciones insostenibles e ilegales dentro de los ecosistemas”.
Para tal efecto, señala que la evidencia científica suele ser limitada y que el conocimiento indígena y de las comunidades locales es subutilizado y devaluado. Por ello, apunta que si bien existe un reconocimiento mundial sobre su importancia en la sostenibilidad del manejo de plantas, animales y hongos de todo el planeta, “las iniciativas de política nacional a menudo no les involucran en la toma de decisiones”, por lo que su inclusión en el desarrollo e implementación de políticas requiere “un compromiso sostenido y un reconocimiento a la autoridad de ambos sistemas [indígena y local] como autoritarios, pues al hacerlo pueden ser mutuamente beneficiosos”.
Planta medicinal mostrada por un indígena Pucara, en Jujuy, Argentina. Foto: Abelino Palacios.
Entre los hallazgos obtenidos por 85 líderes científicos y sociales, así como poseedores de conocimientos indígenas y locales, tras cuatro años de trabajo, IPBES reconoce que, a nivel mundial, la deforestación es generalmente menor en territorios indígenas, en particular, donde hay seguridad en la tenencia de la tierra, continuidad del conocimiento y las lenguas, así como medios de vida alternativos.
Según IPBES, los pueblos indígenas manejan la pesca, la recolección, la captura de animales terrestres —incluida la caza— y prácticas no extractivas como la observación de especies silvestres como sus medios de subsistencia y economía en más de 38 millones de km² de tierra en 87 países, en un área que coincide con aproximadamente el 40 % de las zonas terrestres conservadas, incluidas muchas con alto valor de biodiversidad. Además, estima que el 15 % de los bosques mundiales son manejados como recursos comunitarios por los pueblos indígenas y las comunidades locales, mientras que la tala industrial se produce en más de una cuarta parte de los bosques del mundo.
La organización señala que dos tercios de la madera en rollo industrial a nivel global provienen de especies de árboles silvestres, mientras que el comercio de plantas, algas y hongos silvestres constituye una industria de miles de millones de dólares.
Vista aérea de la deforestación en la selva amazónica. Árboles cortados y quemados en un camino de tierra ilegal para abrir tierras para la agricultura y la ganadería en el Bosque Nacional Jamanxim, en Pará, Brasil. Foto: PARALAXIS / Shutterstock.com
En cuanto a la vida acuática, el informe recoge que las estimaciones mundiales recientes indican que aproximadamente el 34 % de las poblaciones de peces silvestres marinas están en sobrepesca y que solo el 66 % se pesca dentro de niveles biológicamente sostenibles. Esta imagen global muestra fuertes diferencias, pues muchas de las pesquerías a pequeña escala evaluadas en el mundo se han considerado insostenibles o parcialmente sostenibles, especialmente en África para la pesca continental y marina, y en Asia, Latinoamérica y Europa para la pesca costera.
El informe también aborda el uso y el comercio ilícito de especies silvestres y sus autores concluyen que el comercio ilícito “constituye la tercera clase de comercio ilícito más importante, con valores anuales estimados de hasta 199 000 millones de dólares”. Así, la madera y los peces representan el mayor volumen y valor del comercio ilegal de especies silvestres.
IPBES reconoce que, cuando se ha respetado el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales y cuando se ha reducido la inseguridad de la tenencia o titulación existe “evidencia de mejoras en seguridad alimentaria y resultados positivos de conservación de las especies silvestres”.
Por ello, encuentra que “las políticas que apoyan los derechos de tenencia con seguridad, el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques, así como el alivio de la pobreza, crean condiciones favorables para el uso sostenible de las especies silvestres” y que deberían tomarse como ejemplo los periodos de descanso, prohibiciones espaciales y temporales de uso, y designación de áreas y especies de uso exclusivo por grupos de parentesco, es decir, especies relacionadas entre sí.
Mujer del pueblo indígena Huitoto, de la Amazonía colombiana, tejiendo una canasta tradicional. Foto: PINZONOOB / Shutterstock.com.
Las propuestas de los pueblos indígenas
Viviana Figueroa, especialista en conocimientos tradicionales, originaria del pueblo Omaguaca, en Argentina, y miembro del equipo del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, quien trabajó en el proceso de diálogo con los autores del informe, sugiere que este documento “no quede en el escrito” y que los países deben traducir sus resultados a los ámbitos nacionales, pues en la actualidad eso no ocurre y, por el contrario, se ha criminalizado sistemáticamente a quienes defienden la naturaleza y el territorio.
“Hay países que persiguen a los indígenas. Incluso, en algunos casos, son penalizados, llevados a procesos judiciales por el uso de ciertos animales o plantas que están en peligro de extinción”, afirma Figueroa. “Pero no ha sido el uso de los pueblos indígenas lo que les ha puesto en peligro, sino la sobreexplotación comercial que se hace y que nada tiene que ver con la percepción de los pueblos indígenas”, resalta.
Figueroa señala que los principales planteamientos de los pueblos indígenas en este documento son: primero, que se reconozca su contribución real, efectiva y evidente en la conservación de la biodiversidad –que ahora está respaldada con estos estudios– y, segundo, que se reconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas pues, en estos espacios, sin ser áreas protegidas, se conserva una gran diversidad de especies.
Viviana Figueroa en Jujuy, Argentina. Foto: Abelino Palacios.
“El informe reconoce específicamente que las especies silvestres juegan un rol esencial para el buen vivir de los pueblos indígenas y que es importante también que haya un reconocimiento y un apoyo al trabajo y a la conservación que ellos hacen”, agrega la especialista.
Figueroa recuerda el informe de IPBES de 2019 y dice que poco ha cambiado desde aquella publicación. “Lamentablemente, como dice aquel informe, ‘las tierras de los pueblos indígenas son islas en un mar de devastación’ y eso hace que cada vez tengamos y suframos mayores presiones en la explotación y sobreexplotación de recursos naturales en nuestras tierras y territorios”, manifiesta.
Por ello, continuar su conservación es indispensable porque son parte de su identidad, cultura y desarrollo económico, “pero además son esenciales para la vida en la Tierra y esto no ha sido fácil. Hay muchos conflictos sucediendo en diferentes partes del mundo y lo que queremos es que la sociedad y los países entiendan que, para nosotros, la protección de la Madre Tierra es fundamental”, concluye.
Indígenas de los estados amazónicos de Pará y Amapá marchan al Ministerio de Justicia en Brasilia, en protesta por las invasiones de sus territorios y los recientes asesinatos de líderes indígenas. Foto: Tiago Miotto / CIMI.
Prioridad a la titulación de los territorios indígenas
Leví Sucre Romero, líder del pueblo indígena Bribri, de Costa Rica, y coordinador general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), dice que esta organización de pueblos indígenas, desde Panamá hasta México, ha insistido desde hace muchos años en la necesidad de que se reconozca el conocimiento indígena sobre cómo se debe interactuar con la naturaleza para mantener un equilibrio.
“Entonces, me parece que las voces de los pueblos indígenas en estos espacios están teniendo eco y, curiosamente, tienen eco primero en la parte científica, pues son los científicos quienes empiezan a reconocer que el conocimiento de los pueblos indígenas es importante en el combate al cambio climático”, dice Sucre. “Ahora, la Plataforma de Biodiversidad ya empieza también a mostrarlo. Eso solamente es evidencia de lo que ya hemos venido diciendo nosotros desde hace mucho rato: las voces de nosotros sí tienen bases”, añade.
Sin embargo, Sucre coincide en que no basta solo con reconocerlo. “Ahora hay que entenderlo y comprenderlo para que se convierta en políticas, en iniciativas de leyes y derechos que consoliden ese conocimiento. Para nosotros no basta con que digan que los pueblos indígenas tienen conocimiento, sino que requerimos que en el futuro eso se convierta en acciones concretas en diferentes niveles”, sostiene.
Levi Sucre en Talamanca, Costa Rica. Foto: AMPB.
Sucre puntualiza que estas deberán incluir el reconocimiento y legalización de tierras, la protección a los defensores de los territorios, la aplicación de la consulta previa, de inversiones directas y, sobre todo, dependerá de que el mundo técnico, científico y político comprenda exactamente qué es ese conocimiento y cómo funciona para poder generar acciones que sean contextualizadas y ajustadas a la cosmovisión de los pueblos.
Para el líder indígena, los países de América Latina –sobre todo en la región centroamericana– se encuentran en retroceso por la eliminación de los espacios de diálogo con los pueblos indígenas para generar políticas, para vigilar y discutir las acciones relacionadas al cambio climático y los derechos de la naturaleza y quienes la defienden.
“Nosotros somos los guardianes de los bosques, entonces, es urgente convertir este reconocimiento en acciones, porque la amenaza ante los bosques sigue y sigue fuerte. Me parece que estamos en retroceso y eso es muy preocupante”, concluye Sucre. Asegura que lo ha dicho varias veces e insiste en que lo seguirá repitiendo: “creo que hay una carrera desenfrenada de los políticos para recuperarse económicamente del impacto de la pandemia y no se dan cuenta que, precisamente, esa carrera desenfrenada puede generar más pandemias y eso es preocupante para nosotros”.
Xiomara Cabraca, agricultora indígena bribri, revisa un fruto de cacao. En la región de Talamanca, en Costa Rica, se cultivan palmas, cacao, madera y árboles frutales en un sistema agroforestal. Foto: Monica Pelliccia.
José Gregorio Díaz Mirabal del pueblo indígena wakuenai kurripaco, en Venezuela, y coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), es enfático al decir que los acuerdos en los foros mundiales respecto a estos temas se han quedado en promesas.
“Ya vamos nuevamente a la COP27 [de cambio climático] –en la COP26 se hicieron muchas promesas que todavía no se han cumplido– y es muy lenta la burocracia del clima, de la biodiversidad… Son negociaciones donde están muy por encima los intereses de las empresas transnacionales, ya sean farmacéuticas, petroleras o mineras, al igual que los intereses de los gobiernos, en este caso, los de América Latina”.
Díaz Mirabal recuerda que, en los países de la cuenca amazónica, las políticas de desarrollo tienen como prioridad la explotación minera y petrolera, “con un 90 % de dependencia a estos recursos y sin un plan de desarrollo sustentable y sostenible que garantice la vida de la naturaleza y de los pueblos indígenas”.
José Gregorio Díaz Mirabal en el lanzamiento de la Moción 129: “Amazonía por la vida: protejamos el 80% al 2025”. Foto: Cortesía COICA.
Para él, la pandemia demostró lo abandonados que están los territorios indígenas, pero de allí sale el petróleo, sale el oro, salen los recursos y en eso no se ven los beneficios a los pueblos indígenas. “En el caso específico del Convenio de Diversidad Biológica, que ahora se va a China, los pueblos indígenas amazónicos estamos planteando la prioridad a la titulación de los territorios indígenas para seguir siendo los territorios mejor conservados del planeta y estamos diciendo que se debe parar la extinción de la biodiversidad, porque ya estamos en un punto de no retorno”.
Díaz Mirabal reitera que cualquier política o estrategia sobre la biodiversidad debe tomar en cuenta los conocimientos de los pueblos indígenas, así como sus propuestas en materia sanitaria, de autoalimentación y de autogobierno para coordinar las políticas ambientales.
“El grave problema es que estos informes no son tomados en cuenta en las políticas de desarrollo, sociales y económicas de los países o no son tomados en cuenta por los que toman la decisión de alto nivel: presidentes, ministros, empresas. Entonces, ese quizás sea el gran reto que tenemos ahora”, comenta.
Vista aérea de la deforestación en la Amazonía brasileña. Tomada desde una pequeña aeronave utilizada para medir las emisiones de carbono. Foto: Luciana Gatti.
Para Díaz Mirabal, la urgencia radica en la necesidad de un plan de implementación, pero para eso, antes se necesita “un diálogo directo y sincero con los pueblos indígenas y sus territorios, y allí nosotros tenemos grandes estrategias”. Una de ellas, según dice, tiene que ver con su autonomía alimentaria en los territorios, donde hay un gran conocimiento sobre las plantas y los alimentos. En segundo lugar está su autonomía sanitaria, es decir, “el tema de la terapia, del conocimiento sobre las plantas que curan, sobre nuestro sistema de protección de la salud”. Y, un tercer elemento, es su autogobierno territorial, “nosotros, con nuestra guardia territorial y con nuestras autoridades tradicionales, todavía podemos proteger y defender la biodiversidad, la naturaleza y el territorio”.
Pero para eso, agrega el coordinador de COICA, se necesita la titulación de más de 100 millones de hectáreas pendientes en la región amazónica, en una estrategia que los pueblos indígenas de la región han llamado ‘Amazonía por la vida’ y que se aprobó en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas, para proteger a la Amazonía en un 80 %.
“Nosotros queremos exigir, queremos rogar que el foro de alto nivel donde se toman las decisiones en Naciones Unidas considere realmente nuestras propuestas y se pueda buscar un mecanismo de diálogo y negociación para la implementación”, dice Díaz Mirabal. “Si eso queda nuevamente en promesas, seguirá pasando lo que ya sabemos que pasa en nuestros países, como en Ecuador con el paro nacional, donde seguiremos exigiendo nuestros derechos desde la calle, desde los territorios. Ojalá que eso no pase… soñamos, aspiramos, a que se pueda llegar a un acuerdo”, concluye.
Durante la etapa más fuerte de la pandemia de COVID-19, mujeres de 20 pueblos indígenas de la Amazonía Peruana crearon un manual, huertos comunitarios y una farmacia indígena para atender esta y otras enfermedades. Foto: Programa Mujer de Aidesep.
Las conclusiones de IPBES
Finalmente, entre las conclusiones del informe, IPBES hace hincapié en la importancia de estrategias como las áreas protegidas, sin embargo, apunta que, para ser eficaces en la sostenibilidad del uso de especies silvestres, deben ser inclusivas con los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras personas involucradas.
Además, las opciones políticas que reconozcan y apoyen múltiples formas de conocimiento y los procesos normativos que las protejan, mejorarán y reforzarán la sostenibilidad del uso de especies silvestres, siempre y cuando unan a científicos, pueblos indígenas, comunidades locales y otros actores relevantes en un proceso de coaprendizaje.
Finalmente, el informe apoya las medidas que garanticen “que los poseedores de conocimientos indígenas y locales tengan consentimiento libre, previo e informado y reciban beneficios del importante uso de su conocimiento”, para que, de esta manera, se evite el desplazamiento de los pueblos y comunidades, y que trabajen acciones que les empoderen, respeten sus derechos y promuevan el acceso a normas consuetudinarias fundamentales para el desarrollo de políticas.
Sin consulta previa, pero con asignación presupuestal, avanza un proyecto del Departamento Nacional de Planeación para construir un embalse en esta cuenca.
Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Cesar instauraron las cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para solicitar la declaratoria del río Guatapurí como sujeto de derechos. De esta forma se evitaría la inundación de la cuenca media y baja, explican, dado que en la actualidad se adelanta el proyecto ‘Embalse Multipropósito Los Besotes’, por parte del gobierno nacional y regional.
La medida fue interpuesta por los pueblos Arhuaco, Wiwa, Kogui y Kankuamo, como habitantes ancestrales de esa región, contra el Departamento Nacional de Planeación (DNP) abanderado del proyecto.Esta entidad revivió en 2021 la antigua iniciativa y planteó una inversión de 150 millones de dólares en un área de inundación de 169 hectáreas, con 50 metros de altura y 1.560 metros de largo, en el llamado Valle de Los Besotes.
El mecanismo legal también busca la suspensión de las actividades del proyecto y que se ordene la realización de la consulta previa, a la que consideran tienen derecho:
Solicitamos afablemente se ordene al Departamento Administrativo Nacional de Planeación, que proceda a la suspensión del contrato que tiene por objeto: “Realizar la estructuración integral del proyecto denominado Embalse Multipropósito Los Besotes, ubicado en la ciudad de Valledupar, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, como iniciativa de desarrollo territorial y en consideración al requerimiento efectuado por parte de la Gobernación del Cesar.”, por no contar con las autorizaciones necesarias de los pueblos nativos originarios de este territorio, para levantar la información necesaria en el proceso contractual y así, proceda el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar a declarar el Río Guatapurí como Sujeto de Derecho.
Cuenca del río Guatapurí
Hasta el momento el DNP ha destinado $8.422.000.000 para el perfilamiento y la estructuración integral del proyecto, financiado con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación.
Dentro de la Línea Negra
El río Guatapurí nace en la laguna Curigua en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 4.400 m.s.n.m. y baja hasta Valledupar, capital del departamento del Cesar. A lo largo de su recorrido de 85 kilómetros recibe las aguas de cuatro afluentes, antes de desembocar en el río Cesar.
Valle de los Besotes, le puso el occidental. Para nosotros es Ikarwa, un lugar de encuentro de los cuatro pueblos donde existen sitios sagrados que se conectan con los demás sitios sagrados de la Sierra y así mantener la armonía a todas las tribus que hacen parte del corazón del mundo”, explica a RPV Juan Ceballos, director del colectivo de abogados Guacamaya Dumeka que representa a las comunidades indígenas.
Afirma que es obligación y compromiso de mayoras y mayores trabajar desde la cuenca alta para que el río se sostenga en su cuenca media y baja, por eso la necesidad de protegerlo de estas obras.
Acudimos al llamado de los sitios sagrados que pretenden ser inundados, por eso es que se busca cuidar el área. La gente disfruta mucho la cuenca baja, y comprendiendo toda esa importancia del cesarense, se ha protegido el río, las microcuencas, la cuenca y de paso las comunidades indígenas y campesinas del territorio. También para conservar la salubridad publica porque si se enferma el río, se enferma la humanidad.
La represa sería construida sobre algunos de los espacios espirituales de las comunidades que hacen parte de la llamada Línea Negra. Esta es una zona teológica o frontera invisible que delimita el territorio ancestral y que comprende 17 municipios y un Distrito en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, con 3 millones de habitantes. Dentro de la Línea están los sitios ceremoniales o espacios sagrados.
Río Guatapurí Foto: @IrkawaA
Es donde los mamos, las autoridades y comunidades tenemos que realizar los pagamentos (ofrendas en sitios específicos) dictados por la ley de origen para mantener la vida y el equilibrio. No se pueden privatizar y utilizar para fines personales, vender, comprar o comercializar, consigna el estudio Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento del Territorio de la Sierra Nevada.
El proyecto de embalse tiene como objetivo la generación eléctrica, el riego agroindustrial y aportar agua al acueducto de Valledupar. Ceballos afirma que el análisis de los mayores y mayoras es que un embalse con vida útil a 30 o 40 años, genera problemas espirituales y ambientales: Por unos supuestos beneficios en un desarrollo mal planeado se pretende dar supuestas soluciones a costa de unos efectos eternos. Si se quiere conservar para futuras generaciones hay que dejar el río vivo, no pensar a corto plazo de 30 o 40 años.
Los indígenas han acudido a muchas instituciones que desde el Consejo de Cabildos y han expuesto la importancia del río y su cuenca, manifiesta Ceballos: por eso es que queremos que se declare como sujeto de derechos, ser viviente y sintiente como el río Atrato y se busca como medida cautelar la suspensión de los estudios y realización de la consulta previa.
Durante el pasado fin de semana las comunidades realizaron ejercicios espirituales previos a la radicación de la demanda.
Se informó que hace unos 30 años la comunidad se asentó en el área del Guatapurí como respuesta a un primer intento de represar el río, y aunque había sido habitado ancestralmente, lo hicieron para repeler ese proyecto y defender el territorio.
Después de eso, hace unos 15 años trataron de empezar a trabajar, pero los indígenas lo impidieron y dañaron las máquinas amarillas. Ahora, lo vuelven a revivir y lo rechazan nuevamente pero enfocados en los trámites administrativos y legales, comenta el director de Guacamaya Dumeka.
Otro de los aspectos que entran a mediar para la realizaron de la obra es que hasta hace unas semanas el área habitada por las comunidades indígenas era área de ampliación de resguardo. Recientemente fue asignada como resguardo, donde sus habitantes están organizados a través de centros, donde se realizaría parte del proyecto es Kunarua, zona que comprende 14 comunidades pertenecientes a la etnia arhuaca.
¿Qué dice ENTerritorio?
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) fue creada en 2019 por el gobierno nacional, entre otros aspectos, para ser contratista estructurador. Es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La empresa asegura que la estructuración del proyecto tiene como objetivos: la entrega de los estudios integrales de factibilidad, para el suministro de agua al acueducto de Valledupar a 50 años, fortalecer las capacidades agrícolas en 10.000 hectáreas y realizar los análisis integrales para viabilizar la generación de energía a través de una Pequeña Central Hidreléctrica (PCH).Se calculan inversiones aproximadas de $600.000 millones y, en su construcción, se podrían generar unos 4.800 empleos, entre directos e indirectos.
A la fecha ha destinado 3.931 millones de pesos para el pago del informe integral de prefactibilidad, donde se incluyen los aspectos técnicos, jurídicos, prediales, ambientales, sociales y financieros de esta etapa. Los estudios, que al momento no cuentan con el aval de las 80 familias indígenas que habitan él área, se entregarán en septiembre.
Julián David Rueda Acevedo, subgerente de Estructuración de Proyectos de la Empresa, explicó mediante derecho de petición a las comunidades, que con la suscripción del Contrato 738 de 2020 DNP – 220004 ENT, el 4 de agosto de 2020, para realizar el perfilamiento, se pactó que ENTerritorio podrá a solicitud del DNP, acompañar y apoyar técnicamente a la entidad territorial en el trámite del proceso de Consulta Previa que realice el Gobierno Departamental del Cesar, ante la autoridad competente para el desarrollo del proyecto.
Informaron que a la fecha la empresa ha adelantado gestiones y acciones con miras a la consulta previa, de conformidad con la normatividad vigente y se cita cinco etapas: determinación de procedencia de la consulta previa, coordinación y preparación, preconsulta, consulta previa y seguimiento de acuerdos:
En la actualidad nos encontramos en la etapa de coordinación y preparación, pero avanzar en el cumplimiento de las etapas de la Consulta Previa, no necesariamente implica la asignación de recursos. La fuente de financiación y la disponibilidad para la asignación de los mismos dependerá de la certeza en los estudios y diseños que se realicen al contar con el permiso de acceso al territorio.
La comunidad indígena embera karambá de Quinchía lleva 13 años resistiéndose a la exploración y explotación minera de oro a gran escala. Pese a que se desconoció su presencia omitiendo el derecho a la consulta previa, sus lideresas han recibido amenazas anónimas y el proyecto minero sigue avanzando en el municipio, su defensa por el agua, el territorio y el mismo oro no se detiene y no se detendrá, en sus palabras, “hasta que el sol se apague”.
Edith Lucía Taborda Guevara es una mujer inquieta, de cabello oscuro, crespo y caminar suave, pero si fuera una palabra sería fuerza. Sin importar a quién se dirija, su voz retumba histriónica. Es gobernadora mayor de la parcialidad indígena embera karambá, una comunidad que forma parte del pueblo embera chamí desde hace 11 años.
Para los indígenas embera karambá el territorio no se vende, ni se negocia. En su cosmovisión, el agua es un bien común que les permite avanzar, fluir. “Así haya muchas cosas, si no hay agua, no hay vida, no hay naturaleza, no estaríamos nosotros”, manifiesta Edith Lucía. Mientras el oro es la sangre que corre por las venas de la madre tierra: “La vida del territorio, la armonía, el oro es necesario donde está y por eso vemos muchas desarmonías en los territorios, en los lugares donde se perfora”, agrega.
En Quinchía siempre han convivido la vocación agrícola con la minera, exactamente artesanal, que hoy practican tanto indígenas como mestizos. Los indígenas no se niegan a esta forma de minería, aunque Edith Lucía reconoce que también es una manera de desangre “de a poquito”, justificable cuando se hace “no solamente por sacar y atesorar, sino por lo menos (para) que haya un mínimo vital para cada familia”. “Con esa práctica que han hecho durante muchísimo tiempo, muchos años, muchas décadas, vemos que seguimos sobreviviendo y seguimos perviviendo, y siguen comiendo y están ahí, hay naturaleza. Pero si ya entra un proyecto de extractivismo a gran escala, a cielo abierto o subterráneo, pues obviamente se va a acabar con absolutamente todo”, explica.
La gobernadora se refiere a la empresa minera que llegó en 2009 al municipio. Empezó llamándose Seafield S.A.S., propiedad de Seafield Resources Ltd., empresa canadiense. Lentamente, fue haciéndose lugar entre la Asociación de Mineros de Miraflores, que desde 1991 contaba con un título minero para la explotación subterránea de oro y plata.
Kevin Andrés Hernández Vargas, guardia indígena karambá y minero artesanal, menciona que “cuando llegó la empresa minera cogió a estos 38 socios y les dijeron que ellos no eran capaces de tener el título, que no tenían lo de los recursos para poder sostener el título, entonces que en ese caso ¿por qué no se lo vendían más bien a ellos? Y se les comenzaron a entrar, a enredarlos”. Así, Seafield logró la cesión parcial de derechos de esa cooperativa de pequeños mineros: 10 % en junio de 2010, 30 % más a enero de 2013. A noviembre de ese mismo año ya eran 100 % suyos los derechos y obligaciones de ese contrato en virtud de aporte.
Kevin Hernández Vargas / Fotografía: Maritza Palma Lozano.
Seafield S. A. S. pasó en 2016 a llamarse Miraflores Compañía Minera S.A.S., quedando bajo el control de la empresa matriz North Hill Colombia Inc., con sede en Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. Eso significa que está registrada en el mayor paraíso fiscal y la novena jurisdicción más opaca del mundo, según el índice de secreto financiero del Tax Justice Network, una ONG enfocada en denunciar la evasión fiscal, la opacidad financiera y los paraísos fiscales.
En el 2013, cuando tuvo el 100 % del título de los pequeños mineros y 10 contratos más de concesiones mineras en todo el municipio, Seafield recibió un crédito de la compañía RMB Australia Holdings Limited por 46,7 millones de dólares a cambio de una prenda minera: el derecho de explorar y explotar las concesiones como garantía del préstamo. En 2014, Seafield solo tenía deudas y poca capacidad financiera, por lo cual RMB asumió el control de la compañía.
Actualmente, Miraflores es filial de Los Cerros Limited (LCL), una compañía australiana de Metminco y Andes Resources Limited, dos empresas mineras de ese mismo país. Metminco igualmente recibió créditos de RMB Australia Holdings. Desde 2019, la minera Miraflores tiene calculada una reserva de oro por 0,84 millones de onzas en la vereda Miraflores, 1,3 millones de onzas en Tesorito (vereda Veracruz) y 0,46 millones de onzas en la vereda Dosquebradas: un total de 2,6 millones de onzas de oro en Quinchía. A eso se suma otro yacimiento de 54 gramos de oro por tonelada de mineral total extraído en Chuscal, que se explora en alianza con Anglo Gold Ashanti desde 2019.
En total, a 2022, la compañía minera Miraflores tiene 12 concesiones activas (minas en exploración o listas para explotación), tres terminadas o en proceso de liquidación y cuatro solicitudes en evaluación, que cubren en total 4861 hectáreas. Cuatro de las concesiones fueron cedidas por Anglo Gold Ashanti a Miraflores.
Concesiones mineras de la compañía Miraflores. Rojo: en solicitud; azul y verde: activas. / Imagen generada desde el mapa de la Agencia Nacional de Minería.
Exploraciones y explotaciones mineras rodean a Miraflores
En la entrada a la vereda Miraflores, un tubo de acueducto delgado cruza la vía por el cielo. A unos cuantos metros, una carpa grande ─de propiedad privada─ tiene el logo de la compañía minera que adoptó el nombre de la vereda, pese a que sus habitantes indígenas no quieren compartirla con ellos. La carpa cubre una plataforma de exploración: un planchón vasto por donde perforan la tierra con maquinaria pesada las 24 horas. Una cuadra más arriba hay un pozo para echar el lodo resultante de las exploraciones: es el tanque de cianuración. En una esquina, antes de llegar a la cancha de la vereda, hay una oficina y una camioneta Nissan blanca ronda cerca de la plataforma todo el día.
La compañía Miraflores está en fase de exploración en algunas concesiones; en otras ya terminaron y bien renunciaron a la concesión o están haciendo montaje para explotar. Las exploraciones en Veracruz, aledaña a Miraflores, se hicieron cerca a guaduales ─parte del bosque seco tropical─, al menos un cauce y casas. Por donde pasaron las plataformas quedaron, como tumbas, placas de cemento numeradas, atravesadas verticalmente por tubos PVC.
El título de Miraflores cuenta con un Plan de manejo ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) que según la compañía minera “fue tramitado por otra empresa”, aunque en el registro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aparece a nombre de Miraflores S.A.S. La minera explicó a La Cola de la Rata “que ese documento no se utiliza para ninguna actividad en este momento”, debido a que en la actualidad “nuestra empresa no está realizando ningún tipo de trabajo en el yacimiento, diferente de los estudios de viabilidad técnica y ambiental para el futuro proyecto”.
Exploración a pocos metros de una vivienda. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
En 2013 ya habían explorado en Miraflores, uno de los lugares donde la compañía quiere pasar a explotar. Ante la Agencia Nacional de Minería, la compañía ha registrado como gran minería únicamente ese título minero; los demás los reporta para mediana (en ocho casos) y pequeña (en nueve), aunque cualquiera de estos proyectos podría crecer más adelante.
El problema es que nada más en Miraflores viven 141 indígenas karambá, de los 4902 de Quinchía. Siete de las concesiones de la compañía minera afectan 11 veredas donde habitan familias embera karambá.
Kevin, el guardia indígena, explica que a la población minera, campesina, mestiza y hasta indígena, la compañía minera les ha “prometido (…) indemnización, pensión, proyectos productivos” y la mayor bandera: trabajo. Por eso, “los que están a favor dicen que por culpa de nosotros no les han podido cumplir” y, en cambio,“cuando se reúnen con comunidad indígena y con asociaciones mineras (…) dicen que no tienen dinero para dar porque son una empresa muy pequeña”.
En la visión de la empresa, se centraron en relacionarse con los no indígenas por ser más numerosos. “La gran mayoría de los vecinos de la comunidad de Miraflores son comunidades no étnicas, entonces, de hecho, el relacionamiento principal de la compañía ha sido con las comunidades no étnicas, con la Junta de Acción Comunal de la vereda, con las asociaciones de usuarios de acueductos de las cinco veredas, digamos que están en la zona vecina a Miraflores”, explica Rafael Mateus, director de Portex, empresa encargada de las comunicaciones de la compañía Miraflores.
Mateus dice que desde 2016 la compañía ha socializado acuerdos con 193 mineros que trabajan en las minas artesanales de Miraflores, incluidas personas de la vereda. De ellos, 180 los han firmado, lo que significa una inversión “por el orden de los 6000 o 7000 millones de pesos [entre 1,5 y 1,7 millones de dólares]”.
Estas explicaciones las dio durante una videollamada del 11 de mayo que pidió para, en sus palabras, “contextualizar el trabajo de la compañía”, con el ánimo de que La Cola de Rata reformulara las preguntas que le había enviado a la gerente Catalina Cadena una semana antes. El segundo formulario fue respondido en junio. (Puede consultar las respuestas completas de Miraflores S.A.S. acá).
Las intimidaciones
La gobernadora karambá ve su labor de lideresa como un mandato de Dios “para creer, salvaguardar, proteger y velar por la madre tierra”. Se reconoce firme, aunque han existido “momentos en los que nos hemos sentido quebrantados”.
Cuenta que, finalizando 2012, mineros artesanales de la vereda Mápura se acercaron a la sede de la parcialidad indígena con la preocupación de no poder seguir haciendo minería de batea en el cauce entre la quebrada Aguas Claras y el río Mápura, que reciben las aguas del río Batero, como hace varias generaciones.
“En esos días, ellos veían que el agua bajaba blanca y se metían allá y de una salían con los pies quemados, con las manos quemadas, al hacerle el proceso de lavado de la batea”, dice Edith Lucía. “Entonces ya no podían meterse al río”.
Mineros e indígenas intuían que la sustancia que les causaba esa quemazón era un residuo de las perforaciones que tanto Seafield S.A.S. como otra compañía minera, venían haciendo en las partes altas, como parte de sus trabajos de exploración y explotación correspondiente. Para confirmarlo o descartarlo, solicitaron a la autoridad ambiental departamental (Carder) un estudio físico-químico del agua. En un primer momento su solicitud no fue atendida, pero, tras insistir, hubo una visita en 2013.
El día de la visita, cuenta la gobernadora, la funcionaria de la Carder y Taborda se encontraron en el centro poblado y se desplazaron hacia los puntos de inspección en una camioneta de la institución departamental. Al llegar a los puntos, la funcionaria le indicó que solo haría ─recuerda la gobernadora─ “una revisión ocular del terreno”, a lo que Edith Lucía contestó que “eso no servía para nada (…) sabiendo que lo que nosotros necesitábamos era saber qué era lo que estaba quemándoles los pies y las manos a nuestros compañeros”.
Minutos después, al celular de Edith Lucía llegó un mensaje:
“Ya vamos bajando con la gobernadora karambá”.
Taborda concluyó que el mensaje, en realidad, iba para alguien de la compañía minera. Intuyó que la Carder había avisado a la compañía de la supervisión.
Terminaron el recorrido en Mápura, donde se cruzaron con un antiguo docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien en ese tiempo ya trabajaba con la empresa minera. Edith Lucía reiteró su descontento con que el análisis se hiciera a ojo, argumentando que las “trazas en el agua se quedaban por un tiempo si había verano, pero con el invierno se iban y ya no se encontraba nada” a simple vista. En un momento, el exdocente le recomendó que no fuera sola al territorio, recuerda Edith sobre ese día de 2013.
“Creo que lo dijo más que todo por ser buena gente, pero cuando uno dice las cosas es porque sabe que puede suceder algo feo (…) Yo tenía una guardia conmigo y ella puso la denuncia”, agrega la gobernadora.
Su preocupación se sumaba a que un año atrás, en 2012, había recibido una amenaza de muerte anónima a su teléfono, estaba recién posesionada en su mandato como gobernadora. En adelante, cuenta, ya no pudo desplazarse con frecuencia y seguridad por el territorio.
Instituciones del Estado colombiano confirman ese temor. La Defensoría del Pueblo registró el siguiente episodio:
“El 4 de mayo de 2019, aproximadamente a las 7:00 p. m., un hombre desconocido estuvo vigilando el frente de la casa de la gobernadora Edith Taborda en el corregimiento de Batero. El hombre, que se comunicaba permanentemente por celular y observaba constantemente a los integrantes de la familia de la gobernadora mayor, mirando hacia el interior de la vivienda. Estuvo ubicado frente al predio durante cerca de una (1) hora, luego se trasladó seis metros más arriba, en donde permaneció una (1) hora más. Los integrantes de la guardia indígena intentaron acceder al hombre para tratar de identificarlo, pero al percatarse de la presencia de la guardia, este se desplazó hacia la tienda, se devolvió y nuevamente llegó al mismo sitio. Finalmente, el hombre huyó entre los cultivos de café”.
En la misma alerta, la Defensoría detalló otras situaciones con actores armados, entre 2017 y 2019, que afectaron la movilidad o intimidaron a líderes campesinos, reclamantes de tierra, ambientalistas y “autoridades étnicas del pueblo indígena embera chamí del municipio de Quinchía que integran las parcialidades embera karambá y embera chamí de Quinchía y el resguardo Escopetera Pirza”.
En otros momentos, Edith Lucía ha evidenciado que la vigilan hombres desconocidos en motocicletas y drones que sobrevuelan su casa de noche. “Se entiende que no es un delito, pero es un seguimiento que le están haciendo a uno”, acota.
Recientemente, en 2021, recibió también otra amenaza de muerte por mensaje de texto. Esta vez sucedió después de haber acompañado el plantón contra la subida de maquinaria minera. Le escribieron que la iban a matar por sapa.
Debido a esas amenazas, la líder embera karambá tiene un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Gobierno nacional desde 2019. Sin embargo, dice sentir preocupación porque su esquema ha menguado.
La situación de su comunidad también preocupa. Desde 2016, mediante un informe de riesgo, la Defensoría recomendó que la UNP adoptara un programa de protección colectiva para las comunidades y autoridades indígenas de Quinchía.
Exploración minera a pocos metros de un bosque de guaduales. Foto: Sandra Bejarano Aguirre.
En la alerta de 2019, la entidad refirió que “solo hasta abril de 2018 se activó la ruta de protección colectiva para la parcialidad embera karambá, y en noviembre de 2018 se realizó el taller de concertación de medidas”. En 2020, en un documento de seguimiento, enviado al Ministerio del Interior, advirtió que no había avances en la implementación, pese a que el 30 de agosto de 2019 el caso había pasado por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (Cerrem) y que se había enviado la “propuesta diseñada por la UNP de la ruta de protección individual y de la ruta de protección colectiva, tanto a la Alcaldía de Quinchía como a la Gobernación de Risaralda”. Expresó su preocupación porque “no existe una respuesta oportuna por parte de las entidades cuando se trata de la protección de las comunidades indígenas”.
Buscado por esta alianza periodística para hablar de la participación de la alcaldía en los procesos relacionados con la comunidad indígena karambá, el alcalde de Quinchía, Absalón Trejos Arias, no ha respondido hasta el día de publicación de este reportaje.
Otros integrantes de la comunidad dicen que, aunque no han recibido amenazas directas como su gobernadora mayor, sí han sido objeto de intimidaciones. El guardia Kevin Hernández ha visto hombres afuera de su casa que preguntan por él sin nunca identificarse, así como ha recibido llamadas en las cuales le cuestionan dónde está, para dónde va y qué planes tiene, siempre de personas que no se identifican. “Es mejor andar como con cautela”, acota.
¿Qué sostiene a Edith Lucía Taborda en su defensa pese a estos escenarios? Ella dice que “el mismo amor por el territorio, por la madre naturaleza, por la familia, por la gente que aquí vive” y, ante todo, “la voluntad y el ánimo de poder dejarles a nuestras próximas generaciones algo bonito” porque “el territorio es lo más sagrado que tenemos”.
Estaban borrados del mapa del Ministerio del Interior
El 25 de abril de 2014, la sala penal del Tribunal Superior de Pereira notificó al Ministerio de Minas y Energía de una sentencia en primera instancia en respuesta a una tutela interpuesta contra la compañía minera Seafield S.A.S. por Edith Taborda y Luis Arley Guapacha, entonces gobernador de otra comunidad indígena ─embera chamí─ de Quinchía.
Las dos comunidades argumentaban que Seafield S.A.S. había vulnerado su derecho a la consulta previa, libre e informada al realizar acciones de exploración, con las cuales, según ellos, había afectado a familias karambá en Miraflores y familias chamí en Limón, Santa María y El Naranjal.
Plataforma minera en Miraflores entre la montaña. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
La empresa minera se defendió manifestando que sus actuaciones se alineaban con la normatividad nacional. En su defensa, argumentó que en 2012 el entonces representante legal de Seafield S. A. S., Giovanny Ortiz Ramos, había solicitado a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior una certificación sobre la presencia de comunidades étnicas en seis puntos de influencia de su título minero 010-87M.
La respuesta del Gobierno nacional, según indicó la empresa ante el tribunal, certificó que allí no existían comunidades o parcialidades indígenas. “No hay registro de resguardos constituidos, comunidades por fuera de resguardo, consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos (…) ni se identifica presencia de otros grupos étnicos”, declaró la ingeniera topográfica Beatriz Leguizamón en la resolución 1952 de 2012 del ministerio.
Esa respuesta, sin embargo, contradecía otra información oficial del Estado colombiano. La parcialidad indígena embera karambá está reconocida por un concepto de 2007 del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que se encargaba de la gestión de tierras de minorías étnicas, mientras que la parcialidad embera chamí lo está desde 1997 (DET OFI6271). Por esta razón, en septiembre de 2013, el Ministerio del Interior debió emitir un nuevo concepto reconociendo la presencia de la comunidad indígena karambá en las coordenadas de trabajo de la compañía minera.
La tutela de los indígenas fue negada por improcedente, pero ─en la misma decisión─ los magistrados instaron a Seafield S.A.S. a que “en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha hecho, proceda a solicitarle a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior realizar la consulta previa con los miembros de las parcialidades indígenas”. Y resaltaba a la comunidad karambá de Miraflores.
El Tribunal Superior de Risaralda insistió en que no había vulneración de la empresa ni del ministerio, “la primera porque inicialmente actuó amparada en una certificación que le decía que en el área de influencia del título minero 010-87M no existía presencia de comunidades indígenas, y la segunda porque, hasta la fecha, no le han solicitado que inicie el proceso de consulta”. Aun así, reiteró su orden: “Ello no quiere decir que la empresa accionada no deba realizar la consulta”.
Apenas en 2015, la compañía Miraflores inició los encuentros para la consulta previa con la comunidad embera karambá. Es decir, seis años después de haber empezado a explorar allí.
Rafael Mateus explica que esta se hizo necesaria porque, aunque en 2011 les dijeron que no había indígenas en la zona, “cuando empezamos a hacer el levantamiento de línea base social, nos dimos cuenta que ahí en Miraflores había unas familias que se autorreconocían como embera karambá”. “Se hizo todo el esfuerzo por parte de la empresa de llegar a acuerdos con ellos”, dice Mateus, y agrega que la consulta comenzó tanto con los embera chamí como con los embera karambá. Con los últimos, en todo caso, no hubo acuerdo.
El 2015 fue tenso. En la visión de los indígenas, la consulta se configuró como una disputa para que se aceptara, sí o sí, el proyecto minero. Para la gobernadora karambá, incluso los funcionarios públicos, en sus palabras, “no venían como garantes de este proceso” o “eran sumisos solamente a lo que la empresa dijera”, mientras que aquellos que “hablaban algo a favor de la comunidad (…) los hacían vetar y de una los sacaban del tema y mandaban otras personas”.
Eso motivó a que antes de la reunión final, Edith Lucía buscara la asesoría de organizaciones legales como Dejusticia, Tierra Digna y Podion, además de denunciar la cooptación de garantes ante la sede nacional de la Defensoría del Pueblo. Logró que confirmaran el acompañamiento de distintos delegados de las instituciones nacionales para el cierre de la consulta.
En septiembre se cerró una discusión técnica que giró en torno a cómo socializar los estudios de impacto ambiental y territorial que permitirían a la comunidad indígena tener información real sobre las afectaciones a su territorio para, posteriormente, decidir si aceptaban o no la explotación. La postura de los karambá fue que se hiciera en conjunto entre la empresa minera y la comunidad indígena, para lo cual propusieron una ruta metodológica de 14 meses que consistía en socializar los impactos, recolectar información para identificar las afectaciones ambientales, socioculturales, económico-productivas y político-organizativas y, por último, activar un “laboratorio de aguas para examinar las afectaciones actuales y posibles (futuras) de las fuentes de agua” que les permitiera elaborar un plan de mitigación, de acuerdo con el relato de Taborda. Las reuniones de la consulta se hicieron en el teatro de Quinchía.
Rafael Mateus indica que el proceso de preconsulta duró 17 meses y “se hizo todo el intento, primero para llegar a acordar la ruta metodológica, y no se logró”.
La compañía agregó que “la Dirección de Consulta Previa dio por cerrada la Consulta Sin Acuerdos, dando por garantizado el derecho para la comunidad y facultando a la empresa a continuar con su proceso exploratorio y de explotación para el título 010-87M y por lo tanto, la elaboración de los estudios necesarios para la solicitud de licenciamiento ambiental».
Al final, solo llegaron a la fase de preconsulta, en la que se expone el marco jurídico de la consulta previa. Kevin Hernández también recuerda que, al cierre, una funcionaria del Ministerio del Interior dijo: “Aquí no se llegó a ningún acuerdo, entonces esto se cierra y le doy permiso a la empresa de que trabaje, que haga lo que quieran, pero sin tocar lo de la comunidad indígena”.
El abogado Fernando Herrera explica que, en efecto, las consultas se pueden cerrar por varios motivos, incluyendo que hubiese acuerdos, que fuesen parciales ─es decir, que la comunidad autoriza el proyecto bajo ciertas condiciones─ o no hubiese acuerdos. En este último caso, argumenta, aplica el decreto 1397 de 1996, que dice que “ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, comunidades y sus organizaciones”, a lo que se suma que “no se podrá otorgar ninguna licencia ambiental sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas, los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental”.
“Si esos proyectos no son aprobados por la Asamblea de Autoridades, no son proyectos legales y lo que se exige ahí a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que no se les otorgue licencia ambiental”, dice Herrera.
“Lo que dice la institucionalidad es que la consulta previa se empareja con el proceso de licencia ambiental, pero como la exploración no tiene licencia ambiental, entonces comienzan a explorar sin consulta previa”, dice Julio Fierro Morales, geólogo que trabajó en temas mineros en la Contraloría de Sandra Morelli y que lidera la Corporación Terrae.
Por este tipo de escenarios, en Colombia se han emitido sentencias a favor de otras comunidades indígenas que han tutelado a entidades del Estado por prácticas arbitrarias que afectan su derecho a la consulta. En una de ellas, la Corte ha admitido que las afectaciones tanto de exploración como explotación pueden impactar el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural de una comunidad indígena.
Rafael Mateus argumenta que “se le ha dado ya las garantías suficientes a la comunidad embera karambá para que ejerza su derecho fundamental de consulta previa”. Según su interpretación del convenio 169 de la OIT, la consulta previa “es la participación efectiva de las personas que puedan tener algún tipo de efecto, para que lo conozcan y participen y puedan acordar con el operador la manera en que se van a manejar los efectos”, pero, advierte, “no es una herramienta para oponerse”.
Después del fallido proceso de consulta, la compañía minera ha seguido haciendo mesas de concertación con mineros artesanales en las que invita a lideresas de la comunidad karambá. La más reciente se hizo en mayo de 2022. Edit Ladino, otra indígena karambá, explica que han asistido como oyentes, pero los karambá exigen que haya presencia del Ministerio del Interior y que, de cualquier manera, esas mesas no reemplazan el proceso de consulta.
La compañía respondió a esta alianza periodística que “el trámite de consulta previa en este caso ya se encuentra surtido”, pero que esto “no significa que el diálogo con esta comunidad esté cerrado por parte de la compañía». “Todo el equipo humano de nuestra compañía continúa presto a escuchar a la comunidad y tener un diálogo”, reiteró.
«A Miraflores no pasarán»
“Ellos dicen que entran como sea al territorio, que así estemos nosotros de acuerdo o no, entran por encima del que sea, entonces nosotros siempre hemos salido cuando van a subir maquinaria, cuando van a hacer plataformas, cuando hacen estudios, siempre hemos salido a preguntarles ‘¿qué están haciendo o con permiso de quién?’”, indica Edit Ladino con la mirada firme.
La compañía minera ha tenido un especial interés en iniciar la explotación y hacer más exploraciones en Miraflores. Ha recurrido a la compra de tierras, algunas con documentos que soportan la tenencia (como 33,333 % del lote El Oro), otras no; ha impuesto actos administrativos contra los mineros artesanales ante la Agencia Nacional de Minería; ha instaurado querellas contra los líderes y lideresas indígenas karambá de la vereda y ha enviado personal para adelantar labores de investigación o exploración aun sin consulta previa o permiso.
Todo lo ha detenido la comunidad karambá con la convicción de que en su territorio son autónomos.
Cuatro guardias indígena de Miraflores. / Fotografía: Maritza Palma Lozano.
Rafael Mateus, de la compañía minera, justifica que sí “se ha tratado de mover maquinarias sin permiso de la comunidad embera karambá, primero (porque son) vías públicas y las vías públicas son de libre tránsito para todos los colombianos, incluyendo las empresas”. Aclara que “las actividades de exploración se han hecho en predios o de la empresa o de personas privadas que han permitido” y defiende que “no es como si fuera territorio colectivo. (…) Quienes son dueños de los predios actúan como personas naturales”. En conclusión, dice, solo deben tramitar permisos ante las entidades del Gobierno.
Recientemente, el concejal Rafael Molina les hizo una insinuación a Edit y Wilber. El 9 de mayo de 2022 los visitó en su casa indicando que podían garantizar trabajo a un hermano de Edit, quien previamente envió su hoja de vida a la compañía. En el audio de la visita se escucha cuando el concejal les dice: “Ella (Catalina Cadena) me les manda a decir que está muy interesada en que ustedes, que son los que manejan en Miraflores, le autoricen y le permitan a ella poder subir la máquina hasta ahí (lote Las Pilas) por 15 días”.
La compañía minera expone que “se siguen buscando canales de diálogo con los hermanos embera karambá de la vereda Miraflores para poder trasladar el taladro e iniciar los trabajos de perforación donde trabajarán personas de la vereda, como lo vienen haciendo en los demás lugares de perforación, recibiendo ingresos para ellos, ellas y sus familias”.
Al menos en tres ocasiones la compañía ha subido acompañada de la fuerza pública: en febrero de 2020, durante una visita de la Agencia Nacional de Minería (ANM) por un acto administrativo; en abril de 2021, cuando la compañía intentó subir maquinaria, y en octubre de 2021, durante otro intento por subir un taladro de perforación para exploraciones, asistieron agentes de la Policía, entre ellos, agentes antiexplosivos. En el acto administrativo de 2020 hubo presencia del Ejército, pese a que en el informe de la misma ANM dicen: “Durante la visita no se contó con acompañamiento de la Policía Nacional, se hicieron presentes algunas unidades del Ejército Nacional que tampoco acompañaron el recorrido”. En todos los casos, la presencia de la fuerza pública quedó registrada en fotografías recolectadas por la comunidad indígena.
Miraflores S.A.S. sostiene que durante el 2022 también “se ha intentado llevar un taladro”.
Albeiro reitera: “Nos ha tocado, como el dicho, pararnos duro para atajar esa maquinaria para no dejarlos subir acá (…). Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”.
El 17 de febrero de 2021, cuando 50 guardias indígenas de la comunidad embera karambá pasaron la noche en medio de las montañas bajo la lluvia, la Agencia Nacional de Minería solicitó que debían dejar pasar a sus funcionarios a los lotes donde aplica el título minero 010-87M. Los indígenas se interpusieron en el camino obstruyendo las vías con el verde bosque de sus uniformes.
¿Su motivación? Está ligada al centro de sus creencias y valores. “Uno sigue luchando porque uno en lo espiritual y en lo de uno como indígena la prioridad es la madre tierra y para nosotros lo más importante es decir que donde nacimos ahí morimos”, sostiene Edit Ladino.
Imagen superior: Guardia indígena desde las montañas de Miraflores, Quinchía, Risaralda, Colombia. / Fotografía: Sandra Bejarano Aguirre.
El Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión que en abril pasado había tutelado el derecho a la consulta previa de Afrowilches y suspendido los pilotos de fracking. En protesta, este lunes 6 las comunidades de Puerto Wilches iniciaron protestas y cierre de vías.
Comunidades de Puerto Wilches (Santander) impugnarán el reciente fallo del Tribunal Administrativo de Santander que revocó la suspensión de los pilotos de fracking y pedirán a la Corte Constitucional su revisión. Consideran que el fallo desconoce el precedente de la consulta previa y viola los derechos de las comunidades afrocolombianas de ese municipio.
Las organizaciones sociales que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking lamentan la revocatoria de la decisión que tuteló el derecho a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) y anuncian que continuarán las acciones jurídicas, actividades de incidencia y movilización para que se prohíba esta técnica en el país.
“Como se pudo demostrar en el proceso, Afrowilches es una organización de base afro reconocida desde 2014 por el Ministerio del Interior, es integrante de la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Santander, y ha sido objeto de consulta previa en el pasado por parte de la CAS y la Gobernación de Santander”, asegura el comunicado de la Alianza contra el Fracking.
La suspensión
En sentencia del 21 de abril pasado, la juez Blanca Judith Martínez Mendoza del Juzgado Primero del Circuito Juzgado Administrativo de Barrancabermeja, Santander, había tutelado el derecho fundamental a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches -Afrowilches.
Como consecuencia de lo anterior, fue suspendido el proceso de licencia ambiental del proyecto PPII KALÉ otorgada mediante la Resolución No 00648 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto PPII PLATERO, hasta que se desarrollara el proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches en todas sus etapas.
Para desarrollar dicho proceso, la juez había ordenado a Ecopetrol S.A., a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, adelantara de forma coordinada las actuaciones administrativas pertinentes la realización de los procesos de consulta previa con la Corporación Afrowilches para los proyectos PPII KALÉ y PPII PLATERO.
Sin embargo, en el reciente fallo, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión por lo que estos procesos no se cumplirían.
La comunidad consideran que el fracking es una técnica que afectará los ecosistemas y en especial el suministro de agua y la biodiversidad de este territorio con una larga tradición petrolera.
Cierran vías
Este lunes 6 de junio la comunidad inició una serie de movilizaciones en contra del fracking y de la decisión del Tribunal, en diferentes puntos del municipio, que implican el cierre de vías y zonas de puerto hacia el sur de Bolívar. A las 5 de la tarde realizarán una asamblea para debatir la licencia social de esta técnica.
Se conoció que en el municipio el tráfico está bloqueado y el personal de sector petrolero, palmero y comercial se encuentra apostado en las vías al no poder llegar a sus lugares de trabajo.
Protesta contra el fracking en Puerto Wilches – Foto: ACF
Leonardo Gutiérrez, representante de la sociedad civil dijo a la emisora la Estación de Puerto Wilches que «al tumbar la tutela, Anla aprobó la licencia ambiental para el proyecto PPII KALÉ, ya que en el procedimiento solo faltan las observaciones de la comunidad y seguiría el trámite de la licencia ambiental de PPII PLATERO», según el dirigente, estaría lista en un tiempo de 30 días, aproximadamente.
A la vez fue citado un Cabildo abierto para el sábado 2 de julio, con invitación al presidente que para la fecha haya sido elegido, con el fin de conocer su posición frente a la técnica de fracturamiento hidraúlico proyectada en esa localidad.
En su decisión dada a conocer este 21 de abril , la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Colombia cesar todo tipo de interferencia en las zonas que corresponden a Nicaragua en el Mar Caribe desde su decisión del 2012, además de anular las regulaciones que había tomado, de conformidad con el contenido de su sentencia del 19 de noviembre del 2012.
Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Como era previsible, los alegatos de Colombia no surtieron mayores efectos, al tiempo que Nicaragua ve mediante esta sentencia consolidados y reafirmados sus derechos en estas zonas marítimas.
Las expectativas (erróneas) creadas en estos últimos días en Colombia deberán ahora ser explicadas por los mismos responsables de crearlas en la opinión pública colombiana. Una situación muy similar observada en Colombia en los días que antecedieron la lectura de la sentencia de la CIJ en noviembre del 2012.
De los siete puntos resolutivos, un último punto sobre las líneas de base recta adoptadas por Nicaragua en el 2013 y en el 2010 permiten a Colombia evitar una sentencia que la condenaría en todos los puntos dispositivos de la sentencia.
Imagen Google Earth
Consulta el texto completo de la sentencia del 21 de abril en francés y en inglés
Se reproduce la parte dispositiva final (párrafo 261) en la que se lee que la CIJ:
«1. Finds that its jurisdiction, based on Article XXXI of the Pact of Bogotá, to adjudicate upon the dispute regarding the alleged violations by the Republic of Colombia of the Republic of Nicaragua’s rights in the maritime zones which the Court declared in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua, covers the claims based on those events referred to by the Republic of Nicaragua that occurred after 27 November 2013, the date on which the Pact of Bogotá ceased to be in force for the Republic of Colombia;
2. Finds that, by interfering with fishing and marine scientific research activities of Nicaraguan-flagged or Nicaraguan-licensed vessels and with the operations of Nicaraguan naval vessels in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone and by purporting to enforce conservation measures in that zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
3. Finds that, by authorizing fishing activities in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
4. Finds that the Republic of Colombia must immediately cease the conduct referred to in points (2) and (3) above;
5. Finds that the “integral contiguous zone” established by the Republic of Colombia by Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, is not in conformity with customary international law, as set out in paragraphs 170 to 187 above;
6. Finds that the Republic of Colombia must, by means of its own choosing, bring into conformity with customary international law the provisions of Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, in so far as they relate to maritime areas declared by the Court in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua;
7. Finds that the Republic of Nicaragua’s straight baselines established by Decree No. 33-2013 of 19 August 2013, as amended by Decree No. 17-2018 of 10 October 2018, are not in conformity with customary international law«;
…/…
«1. Dit que la compétence qu’elle a, sur le fondement de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations, par la République de Colombie, des droits de la République du Nicaragua dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus à cette dernière dans son arrêt de 2012, couvre les demandes fondées sur les événements mentionnés par la République du Nicaragua survenus après le 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la République de Colombie ;
2. Dit que, en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua et en voulant faire appliquer des mesures de conservation dans cette zone, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime ;
3. Dit que, en autorisant des activités de pêche dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime
4. Dit que la République de Colombie doit immédiatement cesser le comportement visé aux points 2) et 3) ci-dessus
5. Dit que la «zone contiguë unique» établie par la République de Colombie par le décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, n’est pas conforme au droit international coutumier, ainsi qu’exposé aux paragraphes 170 à 187 ci-dessus ;
6. Dit que la République de Colombie doit, par les moyens de son choix, mettre les dispositions du décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, en conformité avec le droit international coutumier, en tant qu’elles ont trait aux espaces maritimes que la Cour a reconnus à la République du Nicaragua dans son arrêt de 2012 ;
7. Dit que les lignes de base droites de la République du Nicaragua établies par le décret no 33-2013 du 19 août 2013, tel que modifié par le décret no 17-2018 du 10 octobre 2018, ne sont pas conformes au droit international coutumier«.
Como se puede apreciar, Colombia ve frenadas sus osadas y reiteradas pretensiones, mientras que Nicaragua obtiene de la CIJ que ordene a Colombia cesar todo tipo de interferencias en las zonas marítimas bajo jurisdicción de Nicaragua.
Es de notar que en relación al punto resolutivo 7, Colombia no explicó en qué ello afectaba sus derechos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), un detalle que el juez Mohamed Bennouna (Marruecos) considera que la CIJ debió desestimar y que ahora, según él, sienta un peligroso precedente para la CIJ en el futuro, al existir en el mundo innumerables decretos unilaterales de líneas de base rectas para delimitar el mar territorial (Nota 1) que no siempre se adecúan a la letra de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto su declaración). Dicho sea de paso, Colombia a la fecha no ha ratificado este importante acuerdo universal (véase estado oficial de firmas ya ratificaciones): en América Latina, además de Colombia, únicamente El Salvador comparte esta situación, así como Venezuela (que tan siquiera lo ha firmado).
Con relación a los supuestos derechos de pesca artesanal de la comunidad de Raizales defendidos por Colombia, el párrafo 231 de la sentencia establece claramente que:
«231. For these reasons, the Court concludes that Colombia has failed to establish that the inhabitants of the San Andrés Archipelago, in particular the Raizales, enjoy artisanal fishing rights in waters now located in Nicaragua’s exclusive economic zone, or that Nicaragua has, through the unilateral statements of its Head of State, accepted or recognized their traditional fishing rights, or legally undertaken to respect them. In view of this conclusion, the Court need not examine the Parties’ arguments in respect of whether or in which circumstances the traditional fishing rights of a particular community can survive the establishment of the exclusive economic zone of another State, or Colombia’s contentions concerning Nicaragua’s alleged infringement of said rights through the conduct of its Naval Force».
../..
«231. Pour ces motifs, la Cour conclut que la Colombie n’a pas établi que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou que le Nicaragua a, par les déclarations unilatérales de son président, accepté ou reconnu l’existence de leurs droits de pêche traditionnels, ou pris l’engagement juridique de respecter de tels droits. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin pour elle d’examiner les arguments des Parties quant au point de savoir si et dans quelles circonstances les droits de pêche traditionnels d’une communauté donnée peuvent survivre à la création de la zone économique exclusive d’un autre Etat, non plus que les violations desdits droits que le Nicaragua, selon la Colombie, aurait commises du fait du comportement de ses forces navales«.
Algunas perspectivas después de esta sentencia
Habíamos tenido la oportunidad de analizar el procedimiento contencioso incoado por Nicaragua contra Colombia desde el 2013 y de mencionar algunos detalles pasados por alto por algunos analistas y colegas en Colombia (véase nuestra breve nota titulada: «Nicaragua / Colombia: a propósito de la lectura de la sentencia de la CIJ «).
Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de esta nota de prensa de Infobae titulada «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ», edición del 1/12/2012.
Como lo enseña la práctica luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, los jefes de Estado de ambos Estados podrían empezar a explorar algún tipo de acercamiento, fallo en mano, en aras de pacificar sus deterioradas relaciones bilaterales.
Al respecto, cabe recordar que tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después de leída la sentencia del 19 de noviembre del 2012, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Se trata de un espacio político natural que deriva de la lectura de un fallo de la CIJ entre dos Estados (con la notoria excepción de Costa Rica y Nicaragua), y ello en aras de ir normalizando paulatinamente sus deterioradas relaciones después de varios años de justas legales en La Haya: como todo espacio político, está sujeto a los vaivenes de la vida política; y sobre todo, a la capacidad de ambos contendores de aprovechar la ocasión que brinda el juez internacional a dos Estados que han litigado ante él (o de desaprovecharla).
En el caso de Colombia y de Nicaragua, cabe precisar que aún queda pendiente de resolución una segunda demanda planteada por Nicaragua en el 2013 (véase detalles del procedimiento en este enlace oficial de la CIJ), también relacionada al Mar Caribe. Aún se deben de fijar las fechas para la realización de las audiencias orales entre ambos Estados en La Haya, que constituyen la etapa final del contradictorio en el procedimiento contencioso ante el juez internacional: después de las cuales, se entrará a deliberar antes de dar lectura al fallo final. Es de precisar que el «délibéré» de la CIJ es usualmente de 6 meses pero puede ir hasta 13 meses (fue lo que ocurrió en el caso de la delimitación marítima entre Perú y Chile en el 2014). En el caso de Nicaragua y Costa Rica (primera sentencia del 13 de julio del 2009), la CIJ sorprendió a muchos observadores, con una deliberación de tan solo 4 meses.
No obstante la existencia de esta segunda sentencia pendiente de escucharse, esta situación no debería de servir de pretexto para no iniciar una fase de acercamiento en el plano bilateral. Ambos Estados pueden desde ya sentarse a negociar aspectos diversos a partir de esta sentencia leída este 21 de abril del 2022.
En el pasado Colombia procedió a una gestual inusual, llegando a declarar «inaplicable» el fallo de la CIJ del 2012 en setiembre del 2013 (Nota 2) y tensando innecesariamente los ánimos con Nicaragua, en vez de aprovechar el espacio ofrecido por el juez internacional al zanjar esta larga controversia marítima iniciada en 1980.
A modo de conclusión
La lectura de una sentencia de la CIJ siempre debiera ser celebrada, al consolidar la idea que la fuerza del derecho prevalece sobre el derecho de la fuerza en las relaciones entre Estados. Esta aseveración cobra particular relevancia en este 2022, en particular desde el pasado 24 de febrero, en el que el mundo asiste a un intento por parte de Rusia de hacer prevalecer el derecho a la fuerza sobre la fuerza del derecho, llevándola a un verdadero impasse.
Hay que saludar la perseverancia y la confianza de Nicaragua desde el 2001 en la justicia internacional ante las arremetidas (bastante inusuales) observadas desde noviembre del 2012 por parte de las autoridades colombianas: estas últimas deberían revisar sus accionar y adecuarlas a lo claramente establecido en el 2012 por el juez de La Haya.
Ojalá, a partir de la lectura de esta nueva sentencia, que las máximas autoridades de ambos Estados busquen la manera de reconducir sus relaciones bilaterales hacia aguas menos turbulentas: en efecto, Nicaragua y Colombia llevan 21 años enfrascados en complejas y costosas (Nota 3) batallas legales en La Haya sobre aspectos y controversias bilaterales que usualmente, dos Estados vecinos en el mar con voluntad para resolverlos, pueden perfectamente negociar.
Notas:
Nota 1: Véase, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 18851-RE adoptado por Costa Rica en 1988 sobre lineas de base rectas en el Pacífico, objeto de una nota formal de protesta de Estados Unidos en 1989, al no adecuarse – en lo más mínimo – a lo establecido en la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar (disponibles ambos textos en este Número de Limits in the Seas, publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos).
Nota 2: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer «non-applicable» l´arrêt de la CIJ: breves réflexions«, Université Laval (Canada), documento disponible aquí, así como en el sitio jurídico especializado en derecho internacional en Francia denominado Sentinelle (véase enlace).
Nota 3: Por lo general, el costo exacto de una demanda en La Haya, sea para el Estado demandante, o el demandado, constituye una zona gris sobre las que los Estados mantienen cierta imprecisión. Una prensa un poco más aguerrida y curiosa que la nicaragüense (o la costarricense, o la hondureña) como la prensa colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En América Latina, algunos datos han circulado en medios de prensa de manera esporádica: no obstante, sorprende el hecho que ni medios de prensa, ni órganos encargados del erario público, ni analistas, ni partidos de oposición hayan externado curiosidad sobre este preciso tema. Es así como en Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando la fuerte resistencia del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositarle a Ecuador en el 2013 la coqueta suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). El monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 interpuesta por Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar que debería poderse afinar y completar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso que concluyó en el 2015, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com); o bien, algún otro informe oficial detallado que tengan en su poder relacionado a otro Estado que haya litigado en La Haya. Con relación a Costa Rica, se desconoce el monto gastado por el Estado costarricense para sufragar los gastos de defensa de las demandas presentadas contra Nicaragua en el 2005, 2010, 2014 y 2017, así como para enfrentar la demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011 por la denominada «trocha fronteriza«. La incapacidad demostrada para negociar el monto por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en Isla Portillos que la CIJ plasmó en su sentencia de diciembre del 2015 (véase texto), invitando a ambos Estados a ponerse de acuerdo sobre el monto (párrafo 142), requirió una segunda etapa procesal que finalizó en febrero del 2018 con una sentencia de la CIJ (véase texto).
Nota de opinión elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Perenco es la petrolera que más ha sancionado la autoridad ambiental Corporinoquia. Sus afectaciones han sido hacia la flora, la fauna y la vida humana principalmente en el Casanare.
Catalina Sanabria Devia/Mongabay Latam-Rutas del Conflicto
Perenco es una compañía anglo francesa que posee más de tres mil pozos petroleros distribuidos a lo largo de 14 países. Sus actividades en Colombia iniciaron oficialmente en 1993, pero los activos de Aquitaine Colombia S.A que adquirió en la Cuenca de los Llanos estaban en operación desde los setentas. En 2014, la empresa también compró Petrobras, incluyendo 11 bloques de exploración y producción en tierra. Así, con los años, Perenco se ha abierto camino en el país, llegando a producir hasta 21 mil barriles de petróleo por día calendario.
Según datos otorgados por Corporinoquia, debido a daños al medio ambiente la empresa ha sido sancionada con multas monetarias que superan los 547 millones de pesos colombianos, lo que actualmente equivale a más de 144 mil dólares. Los tipos de afectaciones ambientales por las que estas multas se dictaron tienen que ver con contaminación del suelo, vulneración a la normativa ambiental y desvíos o acaparamiento de agua.
La de mayor valor fue por alrededor de 47 mil dólares. El 2 de agosto de 2019, Corporinoquia emitió un fallo en instancia final penalizando a Perenco por afectación al recurso hídrico, pues habría vertido aguas residuales y captado aguas subterráneas para uso doméstico en la Hacienda Guarataro, cerca al casco urbano de Yopal.
Hernán, cuyo nombre fue cambiado para mantenerlo en el anonimato y garantizar su integridad, es un líder comunal formado en temas medioambientales que asegura haber sido perjudicado directamente por Perenco. En sus tierras se encuentran varios pozos petroleros que, según él, han afectado el aire de su finca. El olor a hidrocarburos es bastante fuerte y perceptible debido a la quema de gas que sale de los pozos profundos a través de una tubería. Además, los generadores producen tanto ruido que a pesar de que Hernán ha pedido que se ponga una barrera auditiva con árboles, señala que Perenco no ha tomado la iniciativa.
También denuncia que la construcción de una pista de aterrizaje sobre el cauce hídrico del caño tradicional y popularmente conocido como “Mojaculos” ha envenenado el agua con el crudo que se saca de cada pozo y se transporta. “Se llenan los canales perimetrales de químicos y en invierno, con la lluvia, se rebosan e inundan mis tierras. Eso me ha ocasionado pérdidas de cultivos de arroz, plátano, yuca, todo. También muchas otras fincas se alimentan del caño y cuando llega el agua, está contaminada”, expresa.
Habitantes de municipios del Casanare exigiendo respuestas y compromisos por parte de Perenco. Foto: Cortesía de la periodista Martha Cifuentes.
Según Hernán, esta pista de aterrizaje construida en los 90 por Perenco también ocasionó la pérdida de fauna en zonas aledañas al municipio de Aguazul. “Iguanas, venados, especies de río nativas como las guavinas o los curitos practicamente han desaparecido, ya no se ven. El cambio ha sido impresionante”, sostiene.
La defensa por el territorio
La Fundación La Palmita es una organización que nació en el municipio de Trinidad. Desde hace ocho años trabaja en la Orinoquia y se está expandiendo hacia la región amazónica. Esta organización se enfoca en el reconocimiento de la biodiversidad, los mercados verdes, el fortalecimiento de capacidades ambientales comunitarias y programas de manejo de recursos hídricos. También tiene un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencias de la Tecnología y la Innovación.
Su directora, Carolina Mora, afirma que Perenco ha sido una de las empresas más antiguas y estables en el Casanare. La mayoría de sus pozos petroleros han permanecido bajo su concesión, a diferencia de otros que adjudica la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que con el tiempo son vendidos entre distintas compañías. Perenco ha sido la excepción porque es la única petrolera de Casanare que tiene oleoducto.
En el departamento la compañía ha firmado varios contratos, uno de ellos llamado Yalea. Otros cinco han sido de colaboración con Ecopetrol, denominados Casanare, Estero, Garcero, Corocora y Orocué. Con la ANH, la empresa tiene tres convenios por los bloques Oropendola, Balay y Cerrero. Según el Atlas de Justicia Ambiental, la adjudicación de varios de estos campos petroleros por parte de la ANH ha generado gran impacto en el departamento.
Ante ello distintas comunidades se han organizado por la defensa del territorio. En noviembre de 2018, por ejemplo, indígenas del Resguardo El Duya se declararon en resistencia pacífica por la falta de reparación y respuestas de Perenco frente al derrame de petróleo en el caño Ocumo, municipio de Orocué, ocurrido en 2014. Esta fuente hídrica servía de sustento para la comunidad indígena y aseguran que el crudo la contaminó. Según relató el medio local Prensa Libre Casanare, el derrame pudo deberse a la acumulación de gases en la tubería que terminaron presurizándola.
Por su parte, desde el 15 de diciembre de 2020 y durante varias semanas, habitantes de los municipios Trinidad y Paz de Ariporo se reunieron para protestar en contra de Perenco e impedir el acceso a su bloque petrolero ‘Caño Garza’, de fuerte influencia en la zona y que ha estado activo por alrededor de 40 años. Esta fue la medida a la que tuvieron que acudir, pues aseguraban que Perenco no había atendido a sus quejas y solicitudes.
Con arengas como “no hay escasez de recursos, hay escasez de conciencia”, decenas de familias exigieron el pago de compensaciones por modificación del paisaje. Alejandro López, diputado de la asamblea del Casanare, explica que durante la construcción de vías cercanas al bloque petrolero ‘Estero A’, ubicado en la vereda Centro Gaitán, Paz de Ariporo, se perjudicó el hábitat de muchas especies como el Hydrochoerus hydrochaeris, el chigüiro.
La comunidad se reunió para protestar en contra de Perenco e impedir el acceso a su bloque petrolero ‘Caño Garza’. Foto: Cortesía de la periodista Martha Cifuentes.
Carolina Mora y el diputado López concuerdan en que el problema es que las petroleras toman decisiones con sus consultores y expiden licencias desde Bogotá sin tener en cuenta las necesidades del territorio. “Las comunidades buscamos que esas inversiones se hagan pero que no se construyan afuera en un escritorio, sino que sea de manera conjunta. Ese es el llamado que se hace en los paros y manifestaciones”, expresa la directora de la fundación.
Tal como cuenta Hernán, desde 2002 existen los Autos de Requerimiento expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con los cuales se hace un recuento de las infracciones al cumplimiento ambiental ICA y se les da término a las empresas para solucionar sus problemas. “Los de Perenco, desde el primero hasta el del 2020, todos dicen lo mismo: riego de material contaminado, utilización de pozos como desagüe, falta de permisos, etcétera. Ahora tienen cuatro procesos abiertos, pero ahí siguen, no pasa nada”, afirma.
Falta de voluntad
El diputado Alejandro López también menciona que las empresas, por voluntad propia, no responden por sus acciones, mucho menos si el Estado no hace presencia en el territorio y no hay autoridades ambientales que las supervisen y sancionen. Un caso es el del 18 de mayo de 2017, cuando se dio un vertimiento de petróleo de Perenco en la vereda Sirivana, en Nunchía. Caracol Radio informó que, por el presunto desgaste en la infraestructura y su falta de mantenimiento, se rompió el tubo del oleoducto entre las estaciones Barquereña y Araguaney.
Aunque la compañía debió informar sobre el suceso dentro de las 24 horas siguientes al mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó que Perenco lo reportó a Corporinoquia y a la ANLA hasta cuatro y cinco días después de lo ocurrido. Tal como relata Caracol Radio, la lluvia de esos días hizo que el petróleo se esparciera aún más y llegara hasta el caño El Espino. Aunque en la zona no habitaran tantas familias, el agua para su uso y sus cultivos de arroz se perjudicaron. Entre más tiempo transcurre sin que se informe y se contenga el problema, más graves pueden ser las afectaciones.
Trabajo no hay, indemnización tampoco
La protesta de Trinidad y Paz de Ariporo en 2020 también se refirió a las afectaciones sociales por parte de Perenco. “Que llegue una industria de hidrocarburos a una región netamente ganadera y campesina, indudablemente impacta el relacionamiento entre comunidades. Empiezan a haber disputas por las ganancias que deja este tipo de empresas, cambia la forma de pensar la vida y hay conflictos por las pocas oportunidades que se les da a la gente”, sostiene Alejandro López.
En 2014, por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Tesoro de Bubuy, Milton Cárdenas Sanabria, interpuso una queja en contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo, pues aseguraba que Perenco no estaba cumpliendo los acuerdos de contratar a personas, estuviesen calificadas o no. Como se lee en el documento del reclamo, le correspondía al Tesoro de Bubuy un 50% del personal, a Coralia el 30% y a Salitico el 20% restante, todas ellas veredas del municipio de Aguazul que están en el área de influencia de la petrolera. Hernán cuenta que en 38 años Perenco no ha patrocinado la formación profesional de ningún habitante del Tesoro de Bubuy para que trabajen en su empresa.
La Fundación la Palmita tampoco ha podido obtener contratos con ninguna compañía de hidrocarburos. Aunque esta sea de la zona, de una familia casanareña y con reserva natural, no se le ha dado la opción de trabajar en el sector de compensaciones ambientales. “Las petroleras tienen intereses propios y es muy difícil mediarlos. Nosotros reconocemos que las personas de la región tienen un conocimiento igual de valioso que el de quienes llegan y entre todos podemos buscar la mejor manera para solucionar necesidades. Las empresas tienen que hacer propuestas construidas con las comunidades desde el ámbito técnico, científico, financiero, de gobernanza, etcétera. Deben tener en cuenta a las organizaciones y empresas locales y contratar gente del territorio”, menciona la directora.
La inversión social, con la que se remunera a la gente por el hecho de que las actividades industriales se desarrollen en su territorio, está regulada por el acuerdo 005 del 2011, emitido por la ANH. En un inicio se daba de forma voluntaria, pero ahora es obligatoria: “Todas las petroleras están corriendo a invertir porque les toca o los multan, y terminan debiéndole más al país”, dice Carolina Mora. A pesar de esto, de 2014 a 2016, Perenco no cumplió con los pagos a la comunidad que debía entregar en los municipios de Trinidad y Paz de Ariporo.
Además Mora afirma que, como Perenco posee oleoducto propio, no aporta al mantenimiento de vías y no solicita un servicio de transporte a la comunidad como si lo hacen otras petroleras. Las veredas, cansadas de que no se les tenga en cuenta para tomar decisiones sobre las actividades que les afectan como territorio, tomaron la decisión de hacer la mencionada movilización a finales de 2020. Una de las solicitudes del pliego presentado en la mesa de concertación entre Perenco y la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo contempla un pago anual por parte de la empresa de 570 salarios mínimos, lo que en la actualidad sería equivalente a aproximadamente 152 mil dólares, para distribuirlos en estas zonas afectadas.
Después de 44 días de manifestación pacífica se pudo llegar a algunos acuerdos y compromisos que la petrolera ha cumplido parcialmente. Por ejemplo, mejoró la vinculación de mano de obra local. “Esto se logró gracias a mucha presión social, no ha sido fácil. De cierto modo ganó la comunidad porque luchó por exigir equidad social y se unificó en torno a un extraño, a un mal vecino como lo es Perenco”, asegura López.
Diputado Alejandro López en manifestación de las comunidades de Trinidad y Paz de Ariporo. Foto: Cortesía de la periodista Martha Cifuentes.
¿Nexos paramilitares?
En sus declaraciones ante la justicia, Nelson Vargas Gordillo, ex integrante de las Autodefensas Unidas del Casanare, señaló a Perenco de apoyar y financiar al grupo armado. Según cuenta El Espectador, Vargas afirmó que entre 2001 y 2002 la empresa les aportaba mensualmente a los paramilitares barriles de gasolina, les colaboraba en la restauración de vías y les pagaba 500 mil pesos por cada camión de crudo que escoltaran. Tras la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2016, se exhortó a la Fiscalía para investigar a la empresa por nexos paramilitares.
Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, señalado como narcotraficante y presunto jefe de finanzas del Bloque Centauros, testificó: “me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales (…) yo le manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se los fuera a tomar. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera, en un municipio que se llama Paz de Ariporo”.
Con arengas como “no hay escasez de recursos, hay escasez de conciencia”, decenas de familias exigieron el pago de compensaciones por modificación del paisaje. Foto: Cortesía de la periodista Martha Cifuentes.
En 2015 el líder ambiental de Trinidad, Daniel Abril Fuentes, fue asesinado por actores armados no identificados. Según ha documentado Rutas del Conflicto, el crimen podría estar relacionado con el liderazgo de Abril frente a procesos que buscaban comprometer a las empresas petroleras Ecopetrol y Perenco en cuanto a sus perjuicios al territorio. A pesar de estos hechos y testimonios, Perenco no tiene sentencias por parte de la Fiscalía y sigue operando con normalidad en el Casanare.
Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a Corporinoquia para obtener información sobre comunidades afectadas y las resoluciones de sus multas a Perenco. Sin embargo, la respuesta no fue detallada ni profunda. La entidad envió una tabla con datos con los que ya se contaba. También buscó por distintos medios lograr una entrevista con Perenco pero no se logró establecer contacto con ningún funcionario de la empresa.
Imagen principal: Comunidad de influencia del bloque petrolero Caño Garza unida en protestas contra Perenco. Imagen cortesía de Martha Cifuentes.
Este 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá su fallo en uno de los dos casos que opone Nicaragua a Colombia en las aguas del Mar Caribe. Se trata de una primera sentencia, mientras que se aguarda la lectura de otra, aún pendiente de resolución desde el 2013 en La Haya entre ambos Estados.
Nicolás Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Este 21 de abril, la CIJ emitirá su veredicto para esta demanda de Nicaragua contra Colombia planteada en el 2013 ante la justicia internacional.
Es muy probable que, conforme a su tradición, la CIJ busque la manera de dar a ambos Estados la posibilidad de declararse vencedor ante su respectiva opinión pública: es lo propio de un juez internacional como el de La Haya que debe también buscar, a través del texto de su sentencia, que dos Estados puedan normalizar paulatinamente sus relaciones después de largos y costosos años de procedimientos en La Haya.
Este espacio de disensión – que habría que saber aprovechar por parte de ambos contrincantes en aras de encausar sus relaciones hacia aguas menos turbulentas – se dará por un corto espacio de tiempo, ya que otra demanda de Nicaragua contra Colombia, también en materia de delimitación marítima, también con relación al Mar Caribe, aún permanece pendiente de resolución (véase detalles en este enlace oficial de la CIJ).
La sentencia de noviembre del 2012 de la CIJ sobre la delimitación marítima en el Mar Caribe opone a ambos Estados en cuanto a sus alcances, a su interpretación y a su implementación. Esta sentencia del 2012 respondió a una demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia el 5 de diciembre del 2001 ante la CIJ.
La demanda del 2001 encausó ante la justicia internacional de La Haya una situación incierta desde el punto de vista jurídico entre Nicaragua y Colombia, debido a la denuncia oficializada el 4 de febrero de 1980 del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 por parte de Nicaragua, a la que Colombia respondió con un «Libro Blanco» en 1980 (véase texto completo) refutando en todos sus extremos las pretensiones de Nicaragua. Entre 1980 y el 2001, Nicaragua esperó (sin mayores éxitos) que Colombia aceptara sentarse a negociar los límites de ambos en el Mar Caribe y se inclinó, a finales del 2001, por solicitar al juez de La Haya zanjar definitivamente esta controversia.
Profesor Nicolás Boeglin, Universidad de Costa Rica
Sobre lo acontecido durante las 24 horas previas a la fecha de presentación de la demanda de Nicaragua el 6 de diciembre del 2001, un dato de interés pocamente divulgado y que luego sería usado por los asesores legales de Colombia: el 5 de diciembre, Colombia optó sorpresivamente por retirar su declaración de aceptación de la jurisdición obligatoria de la CIJ hecha en … 1937. Años después, los asesores legales de Colombia intentaron (sin lograrlo) convencer a la CIJ que este retiro oficializado el 5 de diciembre del 2001 surtía efectos inmediatos (véase alegatos en francés y en inglés de Colombia pp.63-64 y pp.113-114 respectivamente): un interesante detalle poco conocido y que evidencia una maniobra extrañamente similar a la de Estados Unidos al conocerse de la inminencia de una demanda en su contra planteada por Nicaragua en 1984 en La Haya.
Más allá de similitudes que a veces plantean interrogantes muy válidas, resulta notable que los asesores legales de Colombia no se percataran de lo ocurrido con los argumentos de Estados Unidos en 1984 al declararse la CIJ competente y descartar efecto inmediato alguna para este tipo de retiros unilaterales (Nota 1).
Como lo enseña la práctica luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, los jefes de Estado de Colombia y de Nicaragua tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después de leída la sentencia del 19 de noviembre del 2012, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Es el espacio político natural que deriva de la lectura de un fallo de la CIJ entre dos Estados (con la notoria excepción de Costa Rica y Nicaragua), en aras de ir normalizando paulatinamente sus deterioradas relaciones despues de varios años de justas legales en La Haya: como todo espacio político, está sujeto a los vaivenes de la vida política y a la capacidad de ambos contendores de aprovechar la ocasión que les brinda el juez internacional.
Reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, tomada de Infobae, nota titulada: «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ», edición del 1/12/2012.
No obstante, conforme fue pasando el tiempo después del 19 de noviembre del 2012, el tono de voz en Colombia cambió. Cabe precisar que pese a externar su profundo malestar con lo oído en La Haya, las máximas autoridades de Colombia nunca presentaron ningún recurso en revisión o en interpretación a la CIJ para que esta jurisdicción aclarase el alcance de su sentencia del 2012.
Finalmente, Nicaragua optó por interponer dos nuevas demandas contra Colombia: una primera el 13 de septiembre del 2013 (véase texto de la demanda) y una segunda en parte originada por declaraciones de las máximas autoridades colombianas, el 26 de noviembre del 2013 (véase texto).
La sentencia que se oirá el próximo 21 de abril del 2022 refiere a la segunda de estas dos demandas.
La demanda del 2013 Nicaragua
En su demanda inicial planteada el 26 de noviembre del 2013 (véase texto completo en francés y en inglés), Nicaragua solicitaba a la CIJ que indicara que Colombia violó varias obligaciones de la misma Carta de Naciones Unidas así como sus nuevos derechos soberanos en el Mar Caribe tal y como derivan de la sentencia de la CIJ del 2012:
«22. On the basis of the foregoing statement of facts and law, Nicaragua, while reserving the right to supplement, amend or modify this Application, requests the Court to adjudge and declare that Colombia is in breach of:
— its obligation not to use or threaten to use force under Article 2 (4) of the UN Charter and international customary law;
— its obligation not to violate Nicaragua’s maritime zones as delimited in para‑ graph 251 of the ICJ Judgment of 19 November 2012 as well as Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in these zones;
— its obligation not to violate Nicaragua’s rights under customary international law as reflected in Parts V and VI of UNCLOS;
— and that, consequently, Colombia is bound to comply with the Judgment of 19 November 2012, wipe out the legal and material consequences of its interna‑ tionally wrongful acts, and make full reparation for the harm caused by those acts» (p. 24)
../..
«22. Au vu de l’exposé des éléments factuels et juridiques qui précède, le Nicaragua, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier la présente requête, prie la Cour de dire et juger que la Colombie :
— manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force ;
— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces;
— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits du Nicaragua en vertu du droit international coutumier tel que reflété dans les parties V et VI de la CNUDM;
— est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre 2012, d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses actes internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice causé par lesdits actes» (p. 25).
Tal y como se puede apreciar, Nicaragua considera que la actitud de Colombia contraviene a principios básicos establecidos dentro la Carta de Naciones Unidas y a lo dictaminado por el mismo juez internacional de La Haya desde el 2012 en lo atinente a las aguas pertenecientes a Nicaragua en el Mar Caribe. ¿Obligar a un Estado a respetar algo que fue ordenado por el juez internacional ante … el mismo juez internacional? Es la apuesta muy decidida hecha sin ninguna reserva por la diplomacia de Nicaragua, valiéndose para ello de varias declaraciones intempestivas y poco afortunadas hechas por algunas autoridades colombianas desde el 19 de noviembre del 2012.
El intento inicial (frustrado) de Colombia para evitar que la CIJ se pronuncie
Por su parte, Colombia presentó varias excepciones preliminares tendientes a declarar la CIJ incompetente.
Como ya viene siendo costumbre para los asesores legales internacionales contratados por Colombia frente a sus contendores contratados por Nicaragua, la CIJ las rechazó, y se declaró perfectamente competente en el mes de marzo del 2016 (véase texto de la sentencia sobre competencia de la CIJ). Un detalle muy poco divulgado en Colombia se ubica en la parte final dispositiva (párrafo 111) en la que se indica que la decisión se tomó por unanimidad o casi (catorce votos a uno). Estas cifras evidencian dos cosas:
– o bien para Colombia, una limitada capacidad de convencimiento entre los 15 juristas que integran a la CIJ, o bien;
– una notoria superioridad argumentativa de los asesores de Nicaragua.
Habíamos tenido la oportunidad de explicar el riesgo en el que usualmente incurre un Estado al presentar excepciones preliminares tendientes a evitar que la justicia internacional se pronuncie sobre el fondo:
«La presentación de excepciones preliminares busca no sólo evitar una decisión sobre el fondo por parte del juez, sino también que se debata el asunto como tal. Para algunos autores, este intento puede también denotar poca confianza del Estado en sus argumentos sobre el fondo: en una publicación especializada publicada en Francia se lee que: “Il n´est pas rare de remarquer que l´Etat qui présente ces exceptions a quelques doutes sur l´issue du procès, autrement dit, il préfère que l´affaire s´arrête plutôt que de risquer de tout perdre au fond» » (Nota 2).
En el 2017, en un gesto diplomático bastante inusual en La Haya, Colombia tuvo la extraña iniciativa de no enviar a ninguno de sus representantes a una reunión del Presidente de la CIJ en La Haya con los delegados de Nicaragua para finiquitar detalles y el calendario sobre el procedimiento a seguir (Nota 3): siempre hemos indicado a nuestros estudiantes que la originalidad en derecho internacional público, no tiene límites.
Las pretensiones finales de ambos Estados
En las audiencias orales realizadas a finales del mes septiembre e inicio del mes de octubre del 2021 (véase verbatim de la segunda ronda de alegatos orales), Nicaragua reiteró lo solicitado a la CIJ en el 2013, pero añadiendo nuevos puntos al exigir también al juez internacional de La Haya que establezca que:
«(a) By its conduct, the Republic of Colombia has breached its international obligation to respect Nicaragua’s maritime zones as delimited in paragraph 251 of the Court Judgment of 19 November 2012, as well as Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in these zones; and that, in consequence
(b) Colombia must immediately cease its internationally wrongful conduct in Nicaragua’s maritime zones, as delimited by the Court in its Judgment of 19 November 2012, including its violations of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in those maritime zones and take all necessary measures effectively to respect Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction; these measures include but are not limited to revoking, by means of its choice:
(i) all laws and regulations, permits, licences, and other legal instruments which areincompatible with the Court’s Judgment of 19 November 2012, including those related to marine protected areas;
(ii) the provisions of Decrees 1946 of 9 September 2013 and 1119 of 17 June 2014 in so far as they relate to maritime areas which have been recognized as under the jurisdiction or sovereign rights of Nicaragua; and
(iii) permits granted to fishing vessels to operate in Nicaragua’s exclusive economic zone, as delimited in the Court’s Judgment of 19 November 2012;
(c) Colombia must ensure that the decision of the Constitutional Court of Colombia of 2 May 2014 or of any other National Authority will not bar compliance with the 19 November 2012 Judgment of the Court;
(d) Colombia must compensate Nicaragua for all damage caused by its violations of its international legal obligations, including but not limited to damages caused by the exploitation of the living resources of the Nicaraguan exclusive economic zone by fishing vessels unlawfully “authorized” by Colombia to operate in that zone, and the loss of revenue caused by Colombia’s refusal to allow, or by its deterrence of, fishing by Nicaraguan vessels or third State vessels authorized by Nicaragua and, generally, for the damages caused by its actions and declarations to the proper exploitation of the resources in Nicaragua’s exclusive economic zone, with the amount of the compensation to be determined in a subsequent phase of the case; and
e) Colombia must give appropriate guarantees of non-repetition of its internationally wrongful acts, including by formally acknowledging that the boundary as delimited by the Court in its Judgment of 19 November 2012 will be respected as the international maritime boundary between Colombia and Nicaragua.
(f) Nicaragua also requests that the Court adjudge and declare that it will remain seised of the case until Colombia recognizes and respects Nicaragua’s rights in the Caribbean Sea as attributed by the Judgment of the Court of 19 November 2012» (véase verbatim, pp. 50-51)
A su vez, en sus argumentos finales, Colombia solicitó a la CIJ durante estas mismas audiencias orales celebradas en La Haya, que:
«I. For the reasons stated in its written and oral pleadings, the Republic of Colombia respectfully requests the Court to reject each of the Submissions of the Republic of Nicaragua, and to adjudge and declare that
1. Colombia has not in any manner violated Nicaragua’s sovereign rights or maritime spaces in the Southwestern Caribbean Sea.
2. Colombia’s Decree No. 1946 of 9 September 2013 (as amended by Decree No. 1119 of 17 June 2014) has not given rise to any violation of Nicaragua’s sovereign rights or maritime spaces.
(a) There is nothing in international law that precludes the contiguous zone of one State from overlapping with the exclusive economic zone of another State;
(b) The geodetic lines established in the Decree connecting the outermost points of Colombia’s contiguous zones do not violate international law;
(c) The specific powers concerning the contiguous zone enumerated in the Decree do not violate international law;
(d) No Colombian action in the contiguous zone has given rise to any violation of Nicaragua’s sovereign rights or maritime spaces.
II. Further, the Republic of Colombia respectfully requests the Court to adjudge and declare that
3. The inhabitants of the San Andrés Archipelago, in particular the Raizales, enjoy artisanal fishing rights in the traditional fishing grounds located beyond the territorial sea of the islands of the San Andrés Archipelago.
4. Nicaragua has violated the traditional fishing rights of the inhabitants of the San Andrés Archipelago.
5. Nicaragua’s straight baselines established in Decree No. 33-2013 of 19 August 2013 are contrary to international law and violate Colombia’s rights and maritime spaces. III. The Court is further requested to order Nicaragua
6. With regard to submissions 3 and 4, to ensure that the inhabitants of the San Andrés Archipelago engaged in traditional fishing enjoy unfettered access to:
(a) Their traditional fishing banks located in the maritime areas beyond the territorial sea of the islands of San Andrés Archipelago; and,
(b) The banks located in Colombian maritime areas when access to them requires navigating outside the territorial sea of the islands of the San Andrés Archipelago.
7. To compensate Colombia for all damages caused, including loss of profits, resulting from Nicaragua’s violation of its international obligations.
8. To give Colombia appropriate guarantees of non-repetition» (véase verbatim, p. 75).
Tal y como se puede observar, se trata de una batería de petitorias de ambos Estados a la que la CIJ debe ahora responder afirmativamente o negativamente o bien parcialmente, o bien desestimar en el caso de algunas de ellas.
Concluidas las audiencias orales en el mes de octubre del 2021 en La Haya, la CIJ entró a deliberar. En este caso, el «délibéré» de la CIJ se ubica en el plazo usual que la CIJ se otorga para discutir, afinar y elaborar finalmente el texto definitivo de su sentencia de seis meses (Nota 4): se trata de un período de tiempo que puede considerarse corto analizado desde Lima o desde Santiago de Chile, al compararse con los 13 meses que debieron esperar Perú y Chile en el 2014 para conocer la decisión de la CIJ en materia de delimitación marítima (13 largos meses de espera que dieron lugar a lo que denominamos un «innecesario nerviosismo» – véase breve nota nuestra al respecto).
Breves anotaciones (sin osar ningún pronóstico)
Pronosticar el contenido de una sentencia de la CIJ siempre se considera muy aventurado, al tener el juez internacional que encontrar algún tipo de balance en su decisión. Se trata de un equilibrio muy sutil que imprime en cada una de sus sentencias, con una intención muy clara.
Bien lo saben Costa Rica y Nicaragua, Estados que, apenas leída una sentencia en La Haya, elaboran a través de sus aparatos diplomáticos comunicados de prensa en los que enfatizan los puntos a su favor encontrados en la sentencia (y omiten convenientemente todos los demás): esta dinámica entre Managua y San José se verificó en julio del 2009, en marzo del 2011, en noviembre del 2013, en diciembre del 2015 y en febrero del 2018.
Ahora bien, si se compara el equipo de asesores y de diplomáticos de Colombia y el equipo de asesores y de diplomáticos de Nicaragua en La Haya (véase verbatim, páginas 4-9), se contabilizan 33 personas en el equipo colombiano, y 10 personas en el equipo de Nicaragua. Esta aparente abundancia de recursos humanos de un lado – que incluye a la titular de la cartera ministerial a cargo del aparato diplomático – no se observó en el 2012 (Nota 5) y puede en realidad evidenciar otra realidad, menos perceptible para el observador poco familiarizado: el desbalance significativo a favor de Nicaragua, cuyos asesores internacionales concentran, en nuestra modesta opinión, más experiencia en el arte del litigio internacional que sus homólogos contratados para defender a Colombia en La Haya.
El impresionante número de la delegación colombiana pareciera más responder a una operación de comunicación (Nota 6) que a integrantes cuyos aportes sean realmente significativos e imprescindibles para consolidar las pretensiones de Colombia en el Mar Caribe: es muy probable que, como parte de esta operación de comunicación, se incluya por parte de Colombia el uso (totalmente erróneo) de la palabra «contrademandas» que se debe sustituir por «demandas reconvencionales» tal como la versión española del Reglamento de la CIJ así lo indica (Nota 7).Sobre este punto preciso, reiteramos a nuestros estimables lectores que desde el 2012, Colombia no ha presentado ninguna demanda contra Nicaragua ante la justicia internacional, y que el uso del vocablo de «contrademanda» responde a motivos propios de la diplomacia colombiana (que pareciera querer hacer a un lado los términos de la versión oficial del Reglamento de la CIJ existente en castellano).
Con relación al desequilibrio en favor del equipo de Nicaragua en cuanto a una mayor experiencia en el litigio internacional se refiere, antes del fallo del 2012 de la CIJ se había tenido esta misma impresión: poca experiencia en el litigio de algunos de los integrantes internacionales del equipo colombiano comparada a la de sus pares contratados por Nicaragua. Este desbalance fue confirmado con la lectura del contenido de esta sentencia de la CIJ que Colombia, desde entonces, considera atentatoria a sus pretensiones en el Mar Caribe. En el 2013 sus máximas autoridades declararon esta sentencia «no aplicable» (Nota 8). Resulta oportuno traer a la memoria que, como parte de una inédita gestual que evidenció su profunda inconformidad con la sentencia de la CIJ, pocas semanas después de dictaminada en noviembre del 2012, Colombia optó por denunciar el Pacto de Bogotá adoptado en 1948 ( comunicado oficial): al hacerlo, se convirtió en el primer Estado en el mundo en denunciar un emblemático instrumento internacional que lleva el nombre de … su propia capital(Nota 9).
Recientemente, tuvimos la oportunidad de poner en contexto la carta de renuncia de Paul Reichler, asesor de Nicaragua en La Haya desde 1984 (véase nuestra breve nota al respecto titulada «Nicaragua: a propósito de la renuncia uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional«). Sin querer desmerecer en ningún momento a ninguno de los integrantes del actual equipo internacional de juristas contratados por Colombia, se debe precisar que esta probada y amplia experiencia de Paul Reichler no es aislada: es compartida por otros integrantes del equipo de Nicaragua.
En efecto, la observación del pequeño universo que gravita alrededor de la justicia internacional en La Haya pone de relieve la existencia de un reducido grupo de profesionales que concentra la defensa legal de los Estados ante la CIJ y la presentación oral de los argumentos de los Estados en francés y en inglés, y ello desde hace ya muchos años: véase la sección «Los Consejales de la Corona» en esta nota que publicamos en el 2015 en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDía, con ocasión de las últimas audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua antes del fallo de diciembre del 2015. En la precitada nota, indicábamos que:
«Si bien el listado de cada uno de los equipos de los Estados que comparecen ante el juez de La Haya son heterogéneos (e incluyen, además de asesores internacionales, consejeros, diplomáticos, historiadores, archivistas, asistentes, cartógrafos, expertos), detrás de esta aparente abundancia de recursos, se esconde una realidad un tanto exigua: la existencia de un «invisible college of international lawyers» (Oscar Schachter) de unos 12 a 15 juristas que toman regularmente la palabra antes los jueces en La Haya y que, por su talento oratorio, sus competencias y su innegable experiencia se reparten la cartera de los litigios en la capital holandesa«.
– – Notas – –
Nota 1: En el párrafo 63 de su sentencia de 1984 (véase texto), la CIJ aclaró a Estados Unidos que:
«But the right of immediate termination of declarations with indefinite duration is far from established. It appears from the requirements of good faith that they should be treated, by analogy, according to the law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from or termination of treaties that contain no provision regarding the duration of their validity. ../.. Or le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée indéfinie est loin d’être établi. L’exigence de bonne foi paraît imposer de leur appliquer par analogie le traitement prévu par le droit des traités, qui prescrit un délai raisonnable pour le retrait ou la dénonciation de traités ne renfermant aucune clause de durée«.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Nicaragua y Colombia a audiencias ante la CIJ«, DIPúblico, edición del 6/10/2015, disponible aquí.
Nota 3: Véase la sección «Un interesante detalle poco divulgado» en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «Nicaragua/Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia«, Ius360, edición del 16/10/2017, disponible aquí.
Nota 4: Por ejemplo, la regla de los seis meses para elaborar, discutir y acordar una versión definitiva del fallo se dio para el fallo del 19 de noviembre del 2012 entre Nicaragua y Colombia (último día de audiencias el 4 de mayo del 2012), el fallo del 20 de abril del 2010 entre Argentina y Uruguay (último día de audiencias el 1 de octubre del 2009), el fallo entre Nicaragua y Honduras del 8 de octubre del 2007 (último día de audiencias el 23 de marzo del 2007). En algunos casos, con un nivel de complejidad mucho mayor, este plazo se extendió como en el caso del fallo de la CIJ entre Honduras y El Salvador del 11 de septiembre de 1992 (últimas audiencias celebradas el 14 de junio de 1991) o el fallo del 27 de junio de 1986 entre Nicaragua y Estados Unidos (último día de audiencias celebrado el 20 de septiembre de 1985). Al contrario, y por razones poco claras, la Corte puede decidir adelantar abruptamente su decisión, como ocurrió en el caso del fallo del 13 de julio del 2009 entre Costa Rica y Nicaragua (audiencias últimas celebradas el 12 de marzo del 2009).
Nota 5: Si revisamos las audiencias públicas realizadas en mayo del 2012 entre ambos Estados en La Haya, no se evidenció un número tan elevado en la delegación de Colombia (véase verbatim del 4/05/2012, pp. 4-9). Al revisar el detalle de los asesores internacionales contratados por Colombia en el 2012, solo uno figura entre los que acudieron a las audiencias del 2021, mientras que Nicaragua para el 2021 ha mantenido en la presentación oral de sus argumentos a los principales integrantes de su equipo legal del 2012.
Nota 6: Tuvimos en el 2017 la oportunidad de referirnos a un insólito ejercicio por parte de Colombia, consistiendo en adelantar información antes del servicio de prensa de la CIJ y de manera errónea: véase BOEGLIN N., «Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ«, CiarGlobal, edición del 21/11/2017, disponible aquí.
Nota 7: En la precitada nota relativa al inusitado comunicado circulado por la diplomacia colombiana, se indicaba por parte nuestra que: «Lo que Colombia ha denominado “contra demanda” de manera un tanto antojadiza, es la posibilidad, como Estado demandado, de solicitar demandas reconvencionales, tal y como lo prevé el mismo Reglamento de la CIJ. Las demandas reconvencionales no pueden ser confundidas con ninguna otra figura: son parte de las distintas herramientas procesales que entran en la categoría de “incidentes procesales” (como por ejemplo las excepciones preliminares, la solicitud de intervención, de medidas provisionales, de unión o de acumulación de demandas entre otros). Las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ (Nota 1): se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una providencia.
Si bien los idiomas oficiales de trabajo de los jueces de la CIJ son el francés y el inglés, su Estatuto y su Reglamento cuentan con una versión oficial en español, disponible en este enlace oficial de la CIJ: el término “demanda reconvencional” es el único usado por el Reglamento de la CIJ en su versión en español.»
Nota 8: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer «non-applicable» l´arrêt de la CIJ: breves réflexions«, Université Laval (Canada), documento disponible aquí, así como en el sitio jurídico especializado en derecho internacional en Francia denominado Sentinelle (véase enlace).
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogotá par la Colombie«, Sciences-Po Paris /OPALC, texto disponible aqui, así como en el sitio digital Le Petit Juriste (véase enlace). Una versión bajo la forma de una artículo de opinión fue publicado en La Nación (Costa Rica) (véase enlace).
Nota 10: Por lo general, el costo exacto de una demanda en La Haya, sea para el Estado demandante, o el demandado, constituye una zona gris sobre las que los Estados mantienen cierta imprecisión. Una prensa más curiosa que la nicaragüense (o la costarricense, o la hondureña) como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En América Latina, algunos datos han circulado en medios de prensa de manera esporádica: no obstante, sorprende el hecho que ni medios de prensa, ni órganos encargados del erario público, ni analistas, ni partidos de oposición hayan externado curiosidad sobre este preciso tema. Es así como en Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle fente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando la fuerte resistencia del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositarle a Ecuador en el 2013 la coqueta suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). El monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 interpuesta por Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar que debería poderse afinar y completar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso que concluyó en el 2015, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com); o bien, algun otro informe oficial detallado que tengan en su poder relacionado a otro Estado que haya litigado en La Haya.
Nota de opinión elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), publicado por el Curso de Derecho Internacional de Costa Rica.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), analiza lo que pasó en Colombia durante enero y febrero, cuando se presentó la temporada más fuerte de incendios de la última década.
Todos los años, el inicio de la temporada seca en la Amazonía colombiana es el punto de partida también de los incendios forestales. El 2022 no fue la excepción, al contrario. Los incendios de enero pasado marcaron un récord si los comparamos con las cifras del último decenio. Miles de hectáreas de bosques desaparecieron.
Cada año, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es una de las primeras personas en alertar sobre esta situación que se repite y se agudiza conforme avanza el tiempo. Los constantes sobrevuelos de la FCDS revelan la pérdida de bosque en el arco noroccidental de la Amazonía. Los territorios arrasados por el fuego se transforman en grandes lotes desiertos que luego son sembrados con pastos, apetecidos por la agroindustria, y que después pasan a engrosar las grandes cifras de acaparamiento y especulación de tierras en la región.
La temporada de lluvias empieza a llegar en marzo y el enorme problema de la Amazonía queda relegado de la atención pública hasta que vuelven las épocas secas, o de menos lluvias, y los acaparadores retoman su rutina de talar y quemar bosque. Es un círculo vicioso que amenaza con acabar con la riqueza forestal del país. Mongabay Latam habló con Rodrigo Botero sobre una de las temporadas de incendios más difíciles de la historia reciente de Colombia, las acciones tomadas por el gobierno y lo que se viene haciendo bien y mal en la lucha para frenar la deforestación y combatir el tráfico de tierras en el país.
Rodrigo Botero, director de la FCDS. Foto: Cortesía Rodrigo Botero.
Cada año los incendios ocurren en los mismos sitios o en zonas muy cercanas a las previamente deforestadas. ¿Por qué Colombia falla tanto en la prevención de estos fenómenos si son reiterativos?
A los colombianos nos cuesta trabajo creerlo pero es tan sencillo como que el Estado no tiene control territorial. Durante todos los años en que se ha venido talando y deforestando la Amazonía, eso es lo que ha quedado claro.
Y no se trata de que no exista presencia de Ejército o Policía. De hecho, muchos puestos militares están al lado de sitios donde se viene dando una gran deforestación y donde hay nuevas carreteras y fincas. No hay quien ejerza una autoridad legítima, suficientemente fuerte en su capacidad de disuasión, para que la gente no siga deforestando. Esa capacidad no la tienen las corporaciones autónomas [autoridades ambientales regionales], ni Parques Nacionales, ni el Ministerio de Ambiente, ni las alcaldías, ni las gobernaciones, ni los bomberos, ni la Fuerza Pública y mucho menos la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Son instituciones en las cuales no existe la menor posibilidad de que se atienda un llamado para parar una deforestación o un incendio.
Pero Colombia tiene un monitoreo continuo de la deforestación…
El Estado colombiano tiene herramientas tecnológicas poderosísimas donde sabe exactamente, meses antes de que ocurran los incendios, de qué tamaño fue la deforestación y cuándo y dónde ocurrió. A pesar de esto, no se evitan los incendios ni que después los ilegales se apropien de la tierra. Y no solo eso, los acaparadores se quedan con la tierra y, después, el Estado tampoco es capaz de recuperarla.
¿Cuáles entidades deberían ocuparse de esa recuperación?
Eso lo debería hacer la ANT que, me parece a mí, es la entidad que más omisiones tiene en todo el sistema de instituciones colombianas que intervienen en el tema de tierras y, además, es una de las que más responsabilidades tiene en lo que está pasando en la Amazonía. El fracaso de la ANT es mayúsculo, no tiene la más mínima idea de dónde están nuestros baldíos, en qué condición se encuentran, qué uso tienen, si hay gente en ellos o no. Tampoco tiene la capacidad para hacer la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, que es una figura tipificada en el código penal y que hace parte de sus funciones constitucionales.
En otras palabras, Colombia, hoy por hoy, no tiene quien le responda por sus tierras. Ese detrimento patrimonial no tiene un doliente institucional. Ojalá algún día el Congreso llame a cuentas y exija saber qué ha pasado durante todos estos años en que se fueron perdiendo la tierra y los bosques y no hubo quien respondiera por eso, aun cuando existen instituciones que deberían hacerlo.
Incendios en la Amazonía colombiana. Febrero 2022. Foto: FCDS.
¿Qué fue lo que pasó entre enero y febrero, cuando se superaron los históricos de incendios para esos meses?
Esos incendios están relacionados con la fiebre por la tierra que está disparada. Los enormes mercados ilegales están teniendo efectos acumulativos, sinérgicos y negativos contra los bosques. Lo primero es que el precio de la tierra está subiendo: luego de deforestar, siembran pastos y ponen unos cuentos animales; esas tierras en el mercado agropecuario son muy rentables.
En segundo lugar, hay un mercado de coca creciente, con unos precios también subiendo, y una de las inversiones más frecuentes del narcotráfico está en tierras y en vacas. Lo tercero es que el mercado internacional de oro viene rompiendo récords históricos y hoy vemos cómo la Amazonía colombiana está repleta de dragas sacando oro y ese dinero se va, ya no solo para compra de armas, sino para deforestar tierras. Finalmente, están las vacas. En el último año, el mercado nacional de la carne aumentó más del 100 %, eso ha generado un proceso especulativo tremendo con la entrada en el mercado de más de medio millón de hectáreas en ganadería y más de un millón de reses en la región amazónica.
¿Cuáles han sido las zonas más afectadas por los incrementos en la tumba y quema de bosques amazónicos?
Hay cuatro grandes zonas: la región de Mapiripán, la región del Área de Manejo Especial de La Macarena (Amem) [que incluye a varios parques nacionales como Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos], la zona del Yarí y el gran Caguán. En unos sobrevuelos que hice en febrero, desde Mapiripán (Meta) hasta Puerto Leguízamo (Putumayo) había una sola línea de fuego. En más de 700 km lineales no había un solo sitio que no hubiera sido incinerado en estas zonas de gran importancia de conservación.
Cada año el parque Tinigua es el área natural protegida más afectada por la deforestación y los incendios. Incluso, se habla de que pronto perderá totalmente su función ecológica. ¿Qué pasará con la región norte amazónica si este parque desaparece?
Tinigua tiene casi perdida su función de conectividad ecológica. Cada vez disminuirá la disponibilidad de agua en los ríos Duda, Guayabero, entre otros que son parte esencial de la cuenca del río Guaviare. Se va a perder el último eslabón que había de ecosistemas de transición Amazonía-Orinoquía-Andes, que tiene uno de los más altos índices de biodiversidad del país y que, en un alto porcentaje, se desconocen las especies que lo habitan debido a los riesgos de seguridad que siempre han existido en la zona. Muchas especies también quedarán aisladas.
El parque Chiribiquete, el más grande de Colombia continental, también está empezando a ser invadido por la tala y las quemas…
Eso que está pasando es muy grave porque el río Apaporis, uno de los más importantes de la Amazonía colombiana, sufrió graves consecuencias en su caudal superficial durante el verano debido a lo que está pasando en Chiribiquete. Estamos perdiendo la conectividad entre Amazonía y Andes en la zona entre los parques Chiribiquete y Sierra de La Macarena. Esto está trayendo un problema de desplazamiento de comunidades indígenas locales, como ocurrió en el caso del resguardo Yaguara. Estamos a punto de generar un contacto no deseado con los grupos en aislamiento voluntario y estamos viendo cómo los grupos armados construyen y construyen carreteras en esta zona. Además, cada vez estamos más cerca de amenazar el patrimonio arqueológico y natural de las zonas más biodiversas de Chiribiquete, donde hay ecosistemas que no estaban representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que hoy están siendo afectados.
Minería ilegal en ríos de la Amazonía. Foto: FCDS.
¿Qué piensa del reciente cartel de grandes deforestadores presentado por el gobierno hace menos de dos meses?
No me gusta porque no veo a ningún gran deforestador de cuello blanco ahí. Hace unas semanas pasó algo muy curioso porque se dio la captura de uno de los deforestadores más importantes de Colombia y esa persona no estaba en el cartel que publicó la Policía. Es más, el hijo de ese deforestador está aspirando al Congreso por el partido político del gobierno actual.
Aun así, hay que reconocer la labor de la Fiscalía en la captura de este señor; la entidad está reorientando sus esfuerzos en inteligencia hacia otro tipo de fuentes, mecanismos, personas, tipos de economía y de asociaciones. Antes todo se concentraba en capturar a los campesinos que eran contratados para talar.
Hubo un momento donde se apreció cómo en 700 km lineales, entre Mapiripán (Meta) y Puerto Leguízamo (Putumayo), no había un solo sitio que no hubiera sido incinerado. El Estado no tiene control territorial y autoridades como la Agencia Nacional de Tierras están fallando en su trabajo.
En la Amazonía siempre se han escuchado rumores de que muchos candidatos al Congreso suelen ser financiadores de la deforestación en la región…
A mí me parece increíble cómo los campesinos en los pueblos observan las vallas de los candidatos y ellos mismos dicen que no se sabe cuál de todos es el más deforestador. Cuando la gente identifica a estos deforestadores de cuello blanco, pero la justicia no parece estar mirando hacia ese mismo lado, te das cuenta que nos falta mucho camino por recorrer. No estoy diciendo que las personas que aparecen en el cartel publicado por el gobierno no sean deforestadores, seguramente sí, pero no son los que yo llamaría grandes deforestadores.
Los grandes incendios entre finales de enero y comienzos de febrero causaron un gran revuelo nacional. Después de esto, el gobierno empezó a publicar diariamente los puntos de calor activos y con el pasar de los días concluían que estaban disminuyendo…
Yo entiendo que el Ministerio de Ambiente e institutos como el Sinchi miran puntos de calor en sus satélites pero yo no miro puntos de calor, yo veo incendios porque los estoy viendo en el territorio, porque estoy en el territorio. La única confusión que pueden tener es que no sepan cuál es un punto de calor y cuál es un incendio. Yo, Rodrigo Botero, con el sustento del trabajo que hacemos en la Fundación, puedo decir que sí se siguieron presentando incendios.
A finales de 2021 talaron el bosque y a comienzos del 2022 hicieron las quemas. El objetivo es lotear la Amazonía colombiana. Foto: FCDS.
¿Qué debería hacer el gobierno para lograr una prevención efectiva de los incendios y la tala de bosque que los anteceden?
Hay que avanzar en los procesos de formalización de derechos sobre la tierra y los bosques por parte de las comunidades campesinas, ligados a compromisos que ellos hagan para garantizar el buen funcionamiento de los ecosistemas. Paralelamente se tiene que hacer recuperación de tierras baldías indebidamente ocupadas por grandes apropiadores y poner las multas respectivas. ¿Cómo es posible que el Estado, teniendo en sus registros más de 100 mil hectáreas perdidas en la Amazonía el año pasado, no haya ejecutado ni una sola acción punitiva? ¿Cómo hacer que la información oportuna y de calidad llegue a decisiones oportunas y reales en los territorios?
No es posible que solo la sociedad civil, como en el caso nuestro [la FCDS] le contemos al país y a la sociedad lo que viene ocurriendo [con la deforestación] desde finales de 2021 y no haya una sola acción ejemplarizante. Está claro que uno de los incentivos del modelo de acaparamiento colombiano es la impunidad.
Imagen principal: Humo proveniente de un gran incendio en enero de 2022. Foto: FCDS.
El Ministerio de Ambiente publicó una resolución en la que actualiza los procedimientos para hacer sustracciones de las reservas forestales del país. Sin embargo, los sectores ambientales manifestaron su preocupación pues los requisitos para muchas actividades productivas, sobre todo para la minería, se vuelven más laxos.
La resolución 110 de 2022 fue firmada por el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco José Cruz Prada, y en ella “se establecen las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social”. Es decir, si el Estado colombiano considera de “utilidad pública” desarrollar una actividad económica dentro de una estas áreas, tiene luz verde para empezar a hacer los estudios ambientales correspondientes, aunque se trate de un ecosistema sensible.
Las reservas forestales fueron establecidas en la Ley 2 de 1959 —en la lista aparecen Cocuy, Sierra Nevada de Santa Marta, Central, Serranía de Los Motilones, Río Magdalena, Pacífico y Amazonía— y están orientadas al desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo, en su interior sí se encuentran algunas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y territorios colectivos indígenas y afro.
Expertos ambientales aseguran que la resolución pone en peligro amplias zonas de bosque intacto que tiene el país, sobre todo en el Pacífico y la Amazonía. “Este decreto del gobierno del presidente Iván Duque sobre la sustracción de las reservas forestales es un lamentable retroceso en materia de protección de bosques”, indicó el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra.
El ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa en un evento de la Red de Viverismo Comunitario y la Escuela Campesina para la Restauración y la Reconciliación de la Amazonía. Febrero 22, 2022. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.Grandes lotes talados y quemados en enero de 2022 en la Amazonía norte de Colombia. Foto: FCDS.
¿Conservar los bosques o facilitar las actividades productivas?
La polémica resolución 110 de 2022 actualiza los procedimientos y los requisitos para tramitar una sustracción de una reserva forestal nacional o regional, aunque el tema de las sustracciones no es nuevo para el país, según el Ministerio de Ambiente de Colombia. De hecho, la entidad asegura que el trámite de sustracción de reserva forestal fue creado hace 48 años a través del decreto de 1974 y luego, a través de la resolución 1526 de 2012, se establecieron las reglas para hacerlo.
¿Qué es lo nuevo? Hasta ahora, muchas de las solicitudes de sustracción habían sido negadas porque representaban impactos ambientales y no cumplían con los requisitos, pero lo que preocupa al sector ambiental con la nueva resolución es que el Ministerio flexibiliza las condiciones y facilita la obtención de los permisos de sustracción.
Uno de los puntos que más preocupa es la minería. Antes, para que un proyecto de exploración se desarrolle en una reserva forestal se requería de un trámite de sustracción que era estudiado por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente Sostenible, pero con la nueva resolución del Ministerio “se señala que para los casos que no requieran aprovechamiento forestal, ni remuevan la cobertura boscosa, ni generen fragmentación o degradación de bosques, el interesado solo tendrá que informar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para avanzar”, dijo una fuente experta consultada por Mongabay Latam que prefirió la reserva de su nombre. Es decir, “no debe solicitar la sustracción del área”, añadió.
La exdirectora de Parques Nacionales y hoy candidata al Congreso, Julia Miranda, ha sido una de las personas que más ha cuestionado la resolución del Ministerio y asegura que mientras se anuncia que se duplicará el área protegida del país en pocos meses, “la riqueza natural corre grandes riesgos con la posibilidad de sustracción de reservas forestales para actividades productivas o, por ejemplo, con permitir la exploración minera sin que haya necesidad de sustraer área de una reserva forestal. Esto es inconcebible”.
Río Apaporis en la Amazonía colombiana. Foto: Instituto SINCHI.
La preocupación de los expertos es mayor pues esta flexibilidad de la norma para la minería aceleraría el cambio de uso del suelo en ecosistemas claves, le abriría la puerta a proyectos que hasta el momento habían sido negados por su impacto ambiental y llegarían nuevas exploraciones y potenciales explotaciones en ecosistemas estratégicos del país que han permanecido conservados, en buena medida, gracias a la figura de reservas forestales.
“Lo que es increíble es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desconozca que, aunque no se talen árboles, estos proyectos representan impactos potenciales para todo el ecosistema y el territorio, que incluyen la afectación de comunidades locales, de la fauna, de corredores biológicos y la contaminación de aguas subterráneas, entre muchos otros impactos”, comenta la fuente consultada por Mongabay Latam que pidió la reserva de su nombre.
La resolución no solo ha tenido cuestionamientos ambientales. Expertos aseguran que el Ministerio de Ambiente usurpó las funciones del Congreso y actualmente hay una demanda en la que se piden medidas cautelares para suspenderla inmediatamente.
El Ministerio de Ambiente ha dicho que, en caso de que se haga una exploración minera y luego el interesado quiera explotar, sí se debe hacer el trámite para la sustracción del área de la reserva forestal. Además, asegura la entidad, el hecho de que se solicite la sustracción no necesariamente significa que el Ministerio, o las corporaciones autónomas regionales (CAR) en caso que sea una reserva regional, la van a aprobar, pues esta decisión depende de la evaluación técnica que adelante la autoridad ambiental correspondiente, “teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica y las características biofísicas del área que se pretende sustraer, en relación con el resto de la reserva”.
Además, el Ministerio afirma que, incluso si se llegara a aprobar la sustracción de la reserva, esto no significa que un proyecto minero obtiene la licencia ambiental ya que se trata de trámites diferentes y el segundo depende de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) o de las CAR. “Si se otorga la sustracción pero se niega la licencia, la resolución 110 determina el reintegro del área sustraída a la reserva forestal”, indica el Ministerio de Ambiente.
Paisaje en el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
A pesar de las explicaciones, Camilo Prieto, director de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, también considera peligrosa la resolución 110 porque “en el artículo 5 se simplifica el proceso para realizar sustracciones temporales en reservas forestales nacionales que estén con deforestación avanzada”, según le dijo al diario El Tiempo. Para los expertos, esto sería inconveniente porque no se tiene en cuenta que una zona deforestada podría restaurarse en virtud de sus valores ecológicos y, además, se podrían incentivar procesos de deforestación para que, una vez no haya cobertura vegetal, se solicite la sustracción al Ministerio de Ambiente.
¿Usurpación de funciones?
Más allá de las preocupaciones por la posible expansión minera y la flexibilización de los requisitos para solicitar la sustracción de reservas forestales, la resolución 110 expedida por el Ministerio de Ambiente el 28 de enero también tendría fallas jurídicas.
El abogado ambiental Rodrigo Negrete analizó el documento a profundidad y señaló que la resolución debería ser revocada o demandada. En primer lugar, el abogado asegura que lo establecido por el Ministerio le correspondía al Congreso “por cuanto no existe ninguna ley que faculte al Ministerio para expedir dicha regulación. El ministro de Ambiente ha suplantado las funciones del Congreso de la República y se ha extralimitado en sus funciones”.
Para el abogado, el tema es que mediante ley se estableció la competencia del Ministerio y de las CAR para efectuar sustracciones de áreas de reserva forestal. Explica que mediante una ley se crearon las sustracciones temporales y definitivas, mediante una ley se señaló la necesidad de compensar cada vez que se haga una sustracción temporal o definitiva y, por lo tanto, también debe ser una ley la que señale en qué casos proceden las sustracciones.
Territorios indígenas en zona de reserva forestal en la Amazonía de Colombia. Foto: Mayra Martínez / Gaia Amazonas.
Aunque el Ministerio aclaró que no se permiten actividades mineras en áreas de reserva forestal con vocación protectora —las cuales sí son áreas protegidas, 57 nacionales y 97 regionales que en total abarcan 774 000 hectáreas—, “el Ministerio omite esa precisión en la resolución 110, de manera que está dejando esa puerta abierta. Esa claridad estaba en la resolución 1526 de 2012, derogada por la resolución 110 de 2022”, enfatiza Negrete.
El abogado llama la atención en que se estaría creando un procedimiento “exprés” para la sustracción de áreas de reserva forestal, dejando de lado el deber de conservación ambiental que le corresponde al Estado, “contrariando la política contra la deforestación, privilegiando actividades extractivas sobre la conservación ambiental e incrementando factores que inciden en la crisis climática”.
Además, Negrete menciona otro aspecto importante y es que en la resolución 110 se estarían legalizando las plantaciones forestales comerciales dentro de las reservas forestales, refiriéndose al parágrafo 5 del artículo 5 donde se indica: “no se requerirá adelantar el trámite de sustracción en reservas forestales de la Ley 2 de 1959 cuando se desarrollen actividades de construcción o mejoramiento de caminos o carreteables forestales para el desarrollo de la economía forestal, necesarios para adelantar el manejo y aprovechamiento forestal, siempre y cuando la construcción o mejoramiento de estos caminos o carreteables forestales se ubiquen dentro de las plantaciones o cultivos forestales con fines comerciales […]”.
Para el abogado, estas plantaciones forestales comerciales son ilegales, “por cuanto se trata de actividades que cambiaron el uso del suelo y deberían ser objeto de sanción, no de legalización”.
A todo esto se suma que el pasado 16 de febrero, el congresista Juan Carlos Losada presentó una acción popular —mecanismo de protección de derechos en Colombia que sirve para evitar el daño, detener el peligro sobre los derechos e intereses colectivos, o cuando sea posible, para devolver las cosas a su estado anterior—. En este documento, Losada solicita medidas cautelares para frenar la resolución 110 mientras se da respuesta definitiva a la acción popular.
Según dice el congresista, no se puede usar el derecho “para vulnerar los derechos colectivos de los colombianos y destruir el medio ambiente para privilegiar los intereses de lucro de unos pocos. Esperamos pronto pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas para la suspensión de la resolución”.
Río en la Amazonía de Colombia. Foto: Rhett Butler.
El Ministerio de Ambiente sigue defendiendo el documento con que actualiza los requisitos y procedimientos para la sustracción de área de las reservas forestales, aún no hay una respuesta a la acción popular del representante Losada y los expertos ambientales siguen preocupados porque lo expedido por el Ministerio no estaría alineado con los compromisos que el país ha adquirido a nivel internacional para la protección de los bosques. Lo que sí es claro es que las reservas forestales incluyen más del 90 % de la Amazonía colombiana y más del 85 % del Pacífico, en el Chocó biogeográfico, donde aún se encuentran en pie la mayoría de los bosques del país.
Imagen principal: Amazonía colombiana. Foto: Rhett A. Butler.
El tribunal encontró que no hubo garantías de participación en la audiencia ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Policía Nacional hicieron en diciembre de 2020. La Corte también resaltó el hecho de que no se hicieran consultas previas en territorios indígenas y afro que se traslapan con zonas que se quieren asperjar.
La Corte Constitucional de Colombia dejó al gobierno del presidente Iván Duque sin la posibilidad de ejecutar la fumigación aérea con glifosato durante su mandato, cuando esta había sido una de las principales promesas y metas de su gobierno.
En resumen, la decisión judicial se sustenta en que la audiencia pública ambiental, que terminó en la aprobación del PMA para el retorno de la aspersión con glifosato en Colombia, vulneró el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, se resalta que en el proceso no se tuvo en cuenta que en muchas zonas se requiere consulta previa con comunidades indígenas y afro.
Invitación a la audiencia pública para modificar el plan de manejo ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos. Foto: Anla.
Sin garantías de participación
“La decisión de la Corte dejó sin efectos el plan de manejo ambiental y una resolución del Ministerio del Interior que decía que no se requería consulta previa. Ambas resoluciones quedan suspendidas y le ordenan al gobierno que tiene que rehacer todo el proceso participativo, tanto el de consulta previa con comunidades étnicas como el de la audiencia ambiental para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental”, le dijo Isabel Pereira, coordinadora de investigaciones de la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), a Mongabay Latam.
Varios sectores políticos de oposición al gobierno celebraron la decisión de la Corte. Humberto de la Calle, exnegociador del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en La Habana, comentó en su cuenta de Twitter: “Aplausos Corte Constitucional. Se cae el proceso de fumigación con glifosato. Se le da valor a la voz de las comunidades. Este gobierno se queda sin política. Era mejor haber seguido el camino señalado en el Acuerdo. Por ahí es la cosa”.
Sin embargo, esta decisión, como era de esperarse, no cayó muy bien en los sectores de derecha y del partido político del presidente Iván Duque. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que “la Corte Constitucional condena a Colombia a vivir en medio del narcotráfico. La fumigación no es la única herramienta pero sí una muy importante. El combate al narcotráfico debería unir al país. En cambio, promueven ilusorios pero imposibles discursos de legalización” y, en respuesta a Humberto de la Calle, añadió que el camino del Acuerdo de la Habana llevó al país a producir 200 mil hectáreas de coca y que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Penis) llevó al alza de asesinatos de líderes sociales.
Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que el gobierno acata la decisión de la Corte “aunque se estarían limitando las herramientas que el país requiere para enfrentar este delito [cultivos de uso ilícito]”.
Funcionarios del gobierno durante las reuniones informativas virtuales para modificar el plan de manejo ambiental para la aspersión aérea con glifosato: Foto: Anla.
Más allá de los desacuerdos políticos en torno al tema y a la decisión de la Corte, la sentencia resalta que el problema fue la falta de garantías de participación en la audiencia ambiental, trámite previo a la aprobación que la Anla hizo del Plan de Manejo Ambiental para la aspersión presentado por la Policía Nacional. “La Corte revisó cuatro tutelas [mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia]. Tres alegaban que no hubo garantías para la participación porque la audiencia se hizo en formato virtual y por las condiciones de 2020, donde todavía había confinamiento. La cuarta tutela tenía los mismos argumentos pero le sumaba el tema de consulta previa y demostraba que sí había territorios étnicos en varios de los lugares donde se pretendía asperjar”, comenta Pereira.
Para la investigadora de Dejusticia, el hecho de que hubiera una transmisión por Facebook o Youtube no contaba como participación debido a la enorme brecha digital que hay en Colombia, sobre todo en los territorios de las poblaciones interesadas, donde no hay acceso a internet y, en muchos casos, ni siquiera señal de celular.
A los expertos les preocupa que el gobierno nacional, en los menos de siete meses que le quedan en el poder, no promueva la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito sino que impulse la erradicación forzada por parte del Ejército, lo cual podría traer más violencia en los territorios.
La Corte Constitucional, entonces, le dio al gobierno nacional un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, para realizar las consultas previas a que hubiera lugar y para repetir la audiencia ambiental para el Plan de Manejo Ambiental (PMA). En lo que coinciden los expertos es que los menos de siete meses que le quedan a Duque en el poder no alcanzarán para dar trámite a lo solicitado y que, definitivamente, el PMA aprobado por la Anla “era muy deficiente”.
“El plan desconoce toda la conexión entre salud y medioambiente, por ejemplo, con el tema de aguas subterráneas que luego son de consumo humano. La evaluación ambiental también era muy deficiente. Asumían que la aspersión era efectiva y precisa, que la fumigación no iba a tener ningún desfase, que iba a caer en el punto planeado y que como había tal precisión, los costos ambientales eran cero”, le dijo María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes a La Silla Vacía.
La minga indígena se opone a la fumigación con glifosato y al fracking en sus territorios. Foto: Robinsón López, coordinador de Derechos Humanos de la Opiac.
Los procesos de participación serán largos en caso de que el gobierno, que llegue a la Casa de Nariño en agosto de este año, tenga en mente volver a las aspersiones aéreas. “Los mecanismos de concertación serían larguísimos, la mayoría de las poblaciones no están ni cerca de querer que se apruebe la fumigación. Tampoco se han cumplido los acuerdos de erradicación voluntaria y ahora quieren fumigar. Hay mucha desconfianza y desconcierto. Aunque la ruta es clara, es un proceso bastante enredado”, afirmó Vélez.
Isabel Pereira asegura que es importante estar pendiente de cuál será la actitud que tome el gobierno en los meses que le quedan en el poder, pues podrían incrementarse las erradicaciones forzadas a manos del Ejército, las cuales “han tenido muchos problemas y han terminado con heridos y muertos”.
El camino del gobierno para intentar reanudar las aspersiones
La aspersión aérea de glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito ha sido uno de los temas más espinosos en Colombia desde hace varias décadas y ha enfrentado a muchos de los gobiernos de turno con cientos de comunidades campesinas que viven en zonas con cultivos de coca, y que han manifestado que las fumigaciones afectan sus cultivos lícitos y les han traído problemas de salud y ambientales en sus territorios.
Desde 2015, el glifosato para erradicación de estos cultivos está prohibido en el país, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la aspersión aérea, cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional del año 2014.
En 2017 se dio otro hito judicial en torno al glifosato. Una sentencia de la Corte Constitucional ordenó reparar a la comunidad de Nóvita en el departamento de Chocó, por los daños causados por fumigaciones aéreas con glifosato en el 2013. La entidad también ratificó la suspensión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por medio de aspersiones aéreas en todo el país. Además, condicionó la reanudación del programa a la realización de un proceso de valoración de los riesgos de la utilización del químico en la salud humana y en la estabilidad del medio ambiente.
El intento del gobierno por reanudar el plan empezó a moverse con más fuerza el 30 de diciembre de 2019, en plenas festividades navideñas, cuando el Ministerio de Justicia presentó un decreto en el que se planteaban los mecanismos de control frente a los riesgos para la salud y el medio ambiente que trae esta práctica.
Hubo una primera citación a audiencia pública virtual en mao de 2020 para empezar a socializar el nuevo PMA pero una tutela —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— la frenó. El gobierno nacional insistió meses después, pero otra tutela volvió a tumbar la audiencia. Organizaciones sociales presentaron un incidente de desacato porque el gobierno volvió a citar la diligencia en medio de la pandemia y de manera virtual, pero esta vez el juez dijo que no había otra opción más que buscar una mezcla de virtualidad y presencialidad.
Fue entonces cuando la Anla citó nuevamente a audiencia, esta vez para el 19 de diciembre de 2020, cuando, por fin, se hicieron las reuniones virtuales. Finalmente, en abril de 2021 la Anla aprobó el PMA propuesto por la Policía Nacional, pero este fue objeto de varias tutelas que llevaron a que, en enero de 2022, la Corte Constitucional tumbara el PMA y alertara sobre la falta de participación en el proceso.
Isabel Pereira le dijo a Mongabay Latam que en Dejusticia están de acuerdo con la decisión de la Corte pero también admite que esta se quedó corta en algunos elementos que tienen que ver con acceso a la información. “La Corte da por sentado que hubo garantías y ahí no estamos de acuerdo. El plan de manejo ambiental es un documento de más de 3000 páginas. Solo descargarlo era casi imposible para alguien que no tiene un celular con datos y buena memoria. En él no hay una explicación clara de lo que está en juego. Además, al no estar en un lenguaje más cotidiano, no se puede garantizar una participación efectiva”, dice.
Finalmente, Pereira se pregunta: “¿Cuánto dinero gastaron la Anla y la Policía en todo este proceso del que, ya se había advertido, se iba a caer porque tenía errores graves en fondo y forma?”.
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El miedo de las personas a las serpientes se posiciona como otro de los peores enemigos para estos reptiles. “
