Acuerdo de Escazú

Ante un grupo de ambientalistas —hace ya un año y medio—el Presidente Iván Duque pidió al Congreso acelerar la ratificación del tratado. Sin embargo, a la fecha solo se ha realizado un debate después de haber sido aplazado cuatro veces. ¿Qué ocurre en las comisiones segundas de Cámara y Senado donde cursa el proyecto para su ratificación?

 

Olga Cecilia Guerrero / Periodista ambiental 

 

La fotografía es del 12 de diciembre de 2019, día en que el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez convocó a líderes ambientales, funcionarios y algunos diplomáticos al acto de presentación de la firma del Acuerdo Escazú.

Este es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, único derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Durante el evento en el Palacio de Nariño con fondo navideño y en tono emotivo, el mandatario dio un discurso de 23 minutos. Primero exaltó a Misael Pastrana como el primer presidente ambientalista de Colombia, luego agradeció  a cuatro exministros, a expertos (por reclamar desde la academia una acción decidida desde la cabeza del Estado para enfrentar la deforestación), a organizaciones y por anticipado al Congreso.

En su disertación hizo un recorrido por asuntos sobre energía renovable, movilidad limpia, economía circular, Acuerdo de Minamata, Consejo Nacional contra la Deforestación, carbono neutral, siembra de árboles, bosques comerciales, Cumbre de Río, Kioto, COPS hasta llegar al el Acuerdo de Leticia.

A partir del minuto 14 y hasta el final, Duque habló del tratado y reconoció la importancia del acceso a la información, el derecho a la participación y la justicia ambiental, destacando que en estos aspectos Colombia ya se había adelantado:

…Yo me siento muy contento con la firma del Acuerdo de Escazú… creo que es una oportunidad y una demostración de que los colombianos podemos tener diferencias políticas, ideológicas si se quiere, pero que hay temas que nos unen. Y el tema ambiental nos une.

A los miembros del Congreso sugirió: hacer de pronto una serie de talleres, audiencias públicas con líderes ambientales. A la Unión Europea, a la OEA, al Embajador de Noruega y a la Embajadora de Costa Rica, les dijo: traigan expertos.

Con efusividad se comprometió a sacar el tratado adelante: Demos el paso, pero hagámoslo rápido. Ahora la firma no es todo. La firma abre un proceso. Y yo espero que en la próxima legislatura presentemos la ratificación del instrumento, expresó a sus invitados.

Para cerrar el encuentro el Presidente pidió a sus contertulios no dejar en blanco su paso por palacio: Yo no quisiera que la foto que quedara de este encuentro sea la de un presidente en un atril. Yo quiero que todos los que han trabajado por el medio ambiente durante décadas sean también los protagonistas de este maravilloso encuentro. Y los quiero invitar a todos a que, como símbolo de que el medio ambiente une a nuestro país, aquí todos seamos los que nos tomemos esta foto para ser transmitida a un país que quiere ver acuerdos en materia ambiental.

 

Han pasado 17 meses y de ese notable encuentro solo queda la foto. Ese logro de los ambientalistas y organizaciones para que el Acuerdo de Escazú emprendiera el camino hacia la legalización está opacado, en uno de los países con mayor número de conflictos ambientales y defensores amenazados y asesinados. A pesar de las palabras del Presidente, el debate del tratado hoy se encuentra atascado en el Congreso.

Ha corrido tanto tiempo que, mientras en Colombia el Acuerdo salta obstáculos, en el esquema internacional siguió su curso y el pasado 22 de abril entró en vigor al ser ratificado por 12 países.

Para que sea una realidad y haya un próximo retrato de la ratificación, el proyecto de ley debe superar un evento público todavía no convocado, el tercer doble pico de la pandemia, el reciente estallido social, la oposición gremial y la dilación de la propia bancada de gobierno.

Para hallar el punto de desencuentro entre congresistas y ver el fondo de lo que ocurre con esta iniciativa promovida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, —adscrita a las Naciones Unidas ONU—, Red Prensa Verde hizo el ejercicio de traer a la memoria la única sesión que sobre el Acuerdo se ha realizado en Senado y Cámara. El fin es conocer cómo está la balanza, qué piensan senadores y representantes  para responder: ¿Quién es quién frente al Acuerdo de Escazú?

 

Recuento de una sesión cuatro veces aplazada 

 

Pocos minutos después de que iniciara la primera sesión virtual sobre el tratado, el pasado 4 de noviembre de 2020 en el Congreso de la República, se produjo la siguiente intervención:

— Es paradójico y no deja de causar suspicacia que desde hace unas horas, ―justo cuando vamos a empezar la discusión del Acuerdo de Escazú, que deriva entre otros compromisos del Estado en la protección de la vida y actividad de los líderes ambientales― esté circulando una amenaza de muerte firmada por el bloque Magdalena Medio de las ‘Águilas Negras’ contra una serie de dirigentes ambientales de Santander.

Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, habló así de la situación en el Magdalena Medio y leyó el panfleto nombrando a los 19 integrantes de la lista de defensores ambientales acusados de ‘comunistas disfrazados de líderes sociales’. Rafael Centeno, Fabian Díaz, Óscar Sampayo, este último de la Alianza libre contra el Fracking y 16 personas más, a quienes daban un plazo de 24 horas para salir de la región como primer y único aviso.

— Esto se suma al asesinato permanente de líderes ambientales y a este clima de violencia. Ayer fue muerto Jorge Solano, líder y defensor de derechos humanos, en Ocaña, área del Catatumbo. Dejo constancia y radico esta terrible amenaza ante la Secretaría, expresó el Senador.

 

— Claro que sí, Dr. Sanguino, cedo la palabra al representante Carlos Ardila, contestó el senador Juan Gómez, presidente de las comisiones segundas conjuntas de Cámara y Senado. Ardila toma la palabra:

— Dejo constancia de una triste noticia para el país: en ese momento hay campesinos heridos por enfrentamiento con erradicadores en Puerto Asís, Putumayo… debo lamentar que nuestra fuerza pública que debería proteger los derechos humanos de colombianos y campesinos, hoy termine enfrentándose a quienes debe proteger y cuidar. Llamo la atención al Gobierno para que atienda las peticiones de los campesinos del Putumayo que de manera exitosa lograron sustituir 10 mil hectáreas de coca en una primera fase y le han pedido al Gobierno una y otra vez, una segunda fase de sustitución voluntaria. Ellos esperan que se cumplan los compromisos de esa fase, ya que han honrado lo que suscribieron con el Estado.

Así, con dos evidencias sobre una realidad social en dos departamentos distantes pero con un conflicto común, comenzaba la primera sesión virtual conjunta de las comisiones segundas de Cámara y el Senado, para debatir la ley sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado por Colombia ante la ONU en diciembre de 2019, luego de meses de presión por parte de organizaciones ambientales.

Colombia suscribe Acuerdo de Escazú:“La firma de este instrumento ratifica compromiso del Pdte Duque con la promoción de los DD.HH, la protección del medio ambiente y marca un hito histórico para el cumplimiento de Colombia de los ODS de ONU”:Embajador Guillermo Fernández de Soto pic.twitter.com/vL0g66E9mf

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 11, 2019

 

Mauricio Parodi, representante antioqueño de Cambio Radical, pidió la palabra para dejar constancia respecto a que las empresas Asociación de Bananeros de Colombia  (Augura) y Embotelladora de la Sabana SAS, aportaron a su campaña política y podrían verse beneficiadas o perjudicadas con las decisiones sobre el Acuerdo. Fue la única salvedad presentada.

El secretario continuó con el orden del día y anunció que los ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente, Justicia e Interior presentaban el proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Cuatro meses atrás, exactamente el 23 de julio, había sido radicado con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque como proyecto de Ley 265 para Cámara de Representantes y el 27 del mismo mes como 057 de 2020 en Senado.

Sin embargo, con todo y mensaje de urgencia, hasta ese 4 de noviembre, solo había logrado cuatro aplazamientos, una ponencia negativa y otra a favor, firmada por cinco de los 14 miembros.

A esta primera sesión virtual en las comisiones segundas de Senado y Cámara, asistían 11 senadores, 14 representantes, dos ministros (Relaciones Exteriores, Claudia Blum y de Ambiente, Carlos Correa), dos viceministros (de Justicia e Interior), el delegado para Asuntos Ambientales de la Procuraduría y dos invitados de la sociedad civil, uno a favor y otro en contra del Acuerdo.

"Extrañamente" se suspende las sesiones conjuntas de comisiones segundas de @SenadoGovCo y @CamaraColombia, convocadas para inciar el trámite de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Gobierno le dio mensaje de urgencia pero su coalición "sospechosamente" lo está retrasando. pic.twitter.com/U3VZPp2FIu

— Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) October 14, 2020

 

 

Ministerios presentaron el proyecto   

 

La canciller Claudia Blum, defendió la participación del Gobierno en el proceso de creación del Acuerdo y recordó que este lo firmó el 11 de diciembre de 2019 en Nueva York: El Acuerdo de Escazú está en línea con el marco jurídico nacional y traza objetivos comunes que no serán implementados de un día para otro, sino de manera progresiva. Incluye el respeto a la soberanía de sus estados sobre sus recursos naturales… Es la misma fórmula de la Convención Marco de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica y el de Minamata… Así, reafirma el compromiso del gobierno a la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

A Blum le siguió Francisco José Chaux, viceministro de Justicia, quien también se pronunció a favor y dijo que el tratado refuerza el debido proceso: Es bastante claro en su Art. 8 en establecer una serie de condiciones de acceso a la justicia en material ambiental y hay que entenderlo en contexto a la Constitución Política y las leyes que existen en el Estado colombiano.

Mientras hablaban los funcionarios, a un lado de la pantalla de Youtube, canal donde se realizaba la transmisión, aparecían intermitentes opiniones de los asistentes con la etiqueta: #EscazuAhora.

Continuó Carlos Alberto Baena, viceministro de Participación del Ministerio del Interior y se refirió a la duda del congresista Ernesto Macías del Centro Democrático quien envió una carta al Ministerio para preguntar si se requería consulta previa para aprobar el tratado: No se requiere consulta previa porque las normas contenidas en Escazú no tienen afectación directa a comunidades étnicas, afrodescendientes, palenqueras, ni a la comunidad en general. No hay necesidad de abordar esa temática. Acompañamos la posición que se fije desde el Ministerio de Ambiente y la Cancillería.

En la sesión se estrenaba como Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa: El gobierno cumple el compromiso suscrito con los actores sociales y ambientales que priorizaron en las Mesas Ambientales el Acuerdo de Escazú y llega respaldado por seis ministerios: Interior, Justicia, Cultura, TIC, Cancillería y Ambiente.

Habló de los cuatro espacios de socialización que organizó la entidad con 180 asistentes cada uno, y también explicó que este ha contado con un diálogo con Ecuador que ya lo ratificó, lo mismo que en espacios de capacitación en la Cepal: Desde el Ministerio apoyamos y aprobamos su ratificación. El Acuerdo está articulado con la agenda ambiental internacional de desarrollo sostenible y con la normativa nacional vigente.

Una vez el gobierno sentó su posición, llegó la participación de los congresistas y entonces se escucharon voces de diferentes sectores. Algunos pidieron que debían acogerse a la ley y atender la solicitud presidencial para darle trámite urgente al proyecto, luego de tantos aplazamientos. Otros propusieron alargar el debate, otorgar más tiempo al análisis, programar tres eventos en tres ciudades distintas para estudiar mejor el tratado y uno dijo que lo mejor era de una vez archivarlo.

Así fue la participación uno a uno de los senadores y representantes durante la primera y única sesión en las comisiones segundas, encargadas de estudiar los proyectos de ley sobre política internacional, fronteras, defensa y fuerza pública, que se desarrolló en tres horas y media:

 

Los que apoyan Escazú 

 

Iván Cepeda, senador Bogotá, Polo Democrático Alternativo:

Es de inmensa responsabilidad esta decisión de las comisiones segundas. Es evidente que estamos asistiendo a la constatación de que se agotó el tiempo para tomar decisiones estratégicas que puedan salvar la vida en el planeta. Aquí hay un llamado del Gobierno para que se le de un trámite de urgencia y llevamos cuatro sesiones en las que no se ha podido hacer la discusión. No se ha cumplido con la Ley Quinta. Pido que se haga el debate de cara al país sin más dilación, se han recibido conceptos claros de Ministerio del Interior. Llevamos discutiendo otros temas que no tienen mensaje de urgencia. Pido que no haya más dilaciones. Considero que la pregunta de Macías es improcedente, es un absurdo. El Ministerio del Interior ya dio una respuesta clara.

 

Feliciano Valencia, senador Cauca, Movimiento Alternativo Indígena y Social: 

Las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación que recogen a los 115 pueblos indígenas de Colombia, en ningún momento han elevado alguna solicitud de consulta previa, al contrario en una carta al gobierno y al Congreso manifiestan iniciar trámite al debate. Me uno a las voces que piden dar debate al proyecto de ley para que se refrende este Acuerdo que significa fortalecer la legislación ambiental en Colombia.

Ratifico que ninguna organización ha solicitado consulta previa, al contrario, piden que se abra el debate para ratificar el Acuerdo.

 

Carlos Ardila, representante por el Putumayo, Partido Liberal

No se requiere que se reglamente la consulta previa porque el Acuerdo es para todos los colombianos no solo para comunidades indígenas o que estén sujetos de consulta previa. Una cosa es el Acuerdo y otra el desarrollo legislativo en Colombia. Le pido al Ministerio del Interior remitir la respuesta al senador Macías para evitar discusiones inanes.

 

 

Antonio Sanguino, senador Norte de Santander, Partido Verde:

Quiero reclamar por Colombia y América Latina un debate legal, sin jugaditas, que sea un debate serio, sin acudir a trapisondas y sin zancadillas que impidan que Colombia siga teniendo un papel destacado en temas ambientales.

Escazú fue un tratado construido en la región, Colombia asistió a nueve reuniones presenciales, seis virtuales y recogía los conceptos del sector público, empresarial, académico y organizaciones. Nos pareció extraño que este sea el quinto intento de hacer el debate. El argumento de Cambio Radical y el Dr. Vargas Lleras es sencillamente traído de los cabellos. Lo que dice el Dr. José Luis Pérez es un exabrupto. Yo me he estado preparando para controvertir las falacias que han ido construyendo para desvirtuar el tratado.

 

Berner Zambrano, senador por Nariño, Partido de la U:

No quise firmar ninguna ponencia solo quería escuchar al Gobierno. Fue una iniciativa presentada por el propio Gobierno, como debe ser, por seis carteras, como será de importante el tema que es para seguir afianzando la legislación colombiana que tenemos a través del Acuerdo, que es algo que ya esta en la Constitución como la participación, la información pública, la justicia y la defensa de quienes defienden el ambiente. Y es tan importante que fue presentada con mensaje de urgencia. Hoy me han convencido aún más de tener la tranquilidad, la Canciller que solo habló de las bondades de la iniciativa, lo mismo el Ministro de Ambiente. Por eso no nos podemos quedar atrás para ratificar este Acuerdo.

 

Abel David Jaramillo, representante de Caldas, Movimiento Alternativo Indígena y Social ‘Mais’:

Antes de empezar a debatir hay que desvirtuar en quién solicita las consultas previas.

Escazú no tiene nada que ver con la consulta previa. El proyecto tiene todo el aval y todo el apoyo de las organizaciones indígenas, son seis las que avalan el Acuerdo de Escazú.

 

Los que no apoyan o dudan de Escazú:   

 

Ernesto Macías, Huila, senador Centro Democrático:

No firmé ninguna ponencia ni a favor ni en contra. He recibido muchas comunicaciones de comunidades que exigen la consulta previa, por ejemplo de comunidades Afro Consejo Comunitario de Río Pepe, Jubaradó y de Buenaventura. Por eso elevé consulta al Ministerio del Interior.

El Acuerdo de Escazú no es la hecatombe que presagian algunos ni la panacea que sueñan otros. Si uno lee el tratado, Colombia tiene si no más el 90 por ciento de lo que allí está contenido. Pondré mi propia ponencia y quedo en espera de la respuesta escrita del Ministerio del Interior sobre la consulta previa.

 

José Luis Pérez, Valle del Cauca, Cambio Radical:

El Gobierno debe ocuparse primero de reglamentar las consultas previas. Este tratado puede estar introduciendo reformas de las consultas previas que no se han reglamentado. Algunos ambientalistas advierten que no se ha hecho consulta previa a la consulta. No hay consulta a la consulta esto puede generar una verdadera incertidumbre en proyectos estratégicos en Colombia como por ejemplo el tramo Mulalo-Loboguerrero, proyecto estratégico de infraestructura que conectará al Océano Pacífico y que no se ha podido destrabar porque la consulta previa no tiene términos, no se ha reglamentado lo mismo que en la vía que viene de Nariño a Popayán. Tengo reparos sobre la conveniencia de ratificar este tratado y firmo ponencia negativa porque no es conveniente en este momento ratificar este tratado.

 

Gustavo Londoño, Valle del Cauca, representante por Vichada, Centro Democrático

El Acuerdo si perjudica a Colombia y a los colombianos, le abre la puerta a la participación y la información y a que haya participación de extranjeros como por ejemplo de Venezuela en temas de infraestructura y desarrollo agropecuario. Los colombianos necesitamos protegernos. Esto beneficia a un grupo de personas que dicen ser ambientalistas. Soy de la Colombia profunda y en mi ignorancia le digo a la gente que perjudica al desarrollo del país. No debe ser aprobado. Hay que cuidar el ambiente pero protegiendo los intereses privados. Hay que proteger el ambiente pero no de esta forma. Mi voto es negativo.

 

Jhon Milthon Rodríguez, senador por el Valle del Cauca – Colombia Justa Libre:

Manifiesto mi preocupación por un Acuerdo que tiene condiciones de globalidad que no reconoce y por el contrario afecta la autonomía de nuestra nación, donde ya hay regulaciones y leyes que salvaguardan el ambiente natural. No necesitamos eso. Tenemos características muy específicas en el desarrollo rural y en el desarrollo ambiental de nuestros los pueblos, Colombia tiene características particulares y es imposible globalizarlas, los conceptos de la consulta previa y de los pisos térmicos nos hacen muy diferentes. Por esa razón hemos radicado una proposición de archivo porque como es un acuerdo integral no nos queda otra opción por el bien del respeto a la defensa de la soberanía nacional, pedir archivo de esta ley.

Creo que con las leyes vigentes ya tenemos mas que suficiente y no necesitamos judicializar en términos internacionales e intervención indebida a las decisiones particulares a la administración de recursos, determinación de las comunidades y territorios afrodescendientes e indígenas.

 

Juan Diego Gómez, senador Antioquia, Partido Conservador, presidente comisiones conjuntas segundas de Cámara y Senado.

Pido no precipitar la votación sino que haya un camino de concertación para la ratificación del Acuerdo. Hay algunas dudas y quisiera concertar cómo resolver esas inquietudes y luego buscar los votos para que se aprobado. Me gusta el Acuerdo pero tengo mis dudas y debe haber mayor socialización, me gusta el acuerdo y lo quisiera votar positivo, pero por procedimiento pido que se hagan tres foros regionales en Ibagué, Neiva, Cúcuta o Bucaramanga. Pido que haya medición de fuerzas y que haya un camino de concertación. Que se haga el debate.

 

Juan David Vélez, representante Antioquia, Colombianos en el Exterior Centro Democrático

Celebramos que se han llevado a cabo dos audiencias públicas, el problema es que estas dan claridad o mantienen las dudas; en este caso las dudas se han mantenido y por eso es necesario profundizar el debate. Me parece peligroso esa doble moral que no se respete la independencia de poderes ahora, que se hable que si le interesa a la oposición, entonces hagan un llamado para que el gobierno ponga a trabajar a su bancada, pero si no les interesa ahí si nos tratan de que nos arrodillamos al gobierno nacional. No hay un consenso en este debate.

Pido que se hagan tres audiencias o diálogos regionales porque es necesario que esto tenga más discusión. La consulta del senador Macías necesita todo el estudio.

 

Paola Holguín, senadora Antioquia, Centro Democrático

Preocupa el tema de la neoinquisición porque este Acuerdo es todo o nada. No creo que este bien despreciar dudas de los sectores productivos y muchos congresistas, no se le puede tener miedo al debate. Hay temas de fondo sobre soberanía, conflicto de jurisdicciones y muchas cosas que merecen aclararse. Hemos recibido muchas cartas de agremiaciones que tienen dudas sobre el Acuerdo. No funciona el chantaje de que somos partido el gobierno.

 

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Al debate fueron invitados dos analistas del Acuerdo: Lina Muñoz, académica y miembro de Alianza por el Acuerdo de Escazú y docente de la Universidad del Rosario. Así fue su participación:

Resulta un tanto irónico que en el país donde más se asesinan personas por defender al ambiente y que se caracteriza por estar en el podio de los países con el mayor número conflictos ambientales, que algunos presuman que con la legislación que se tiene es suficiente. Ningún esfuerzo que Colombia haga será demasiado para proteger la vida de las personas defensoras del ambiente. El Acuerdo es imparable, no tiene fecha de vencimiento y es una realidad en América Latina, poco a poco la región se irá incorporando. Entrego las casi 12 mil firmas de colombianos que piden la ratificación del Acuerdo, en memoria de los 64 defensores asesinados en 2019.

Como contraparte estuvo Carlos Augusto Chacón del Instituto de Ciencia Política:

El Acuerdo se sustenta en buenas intenciones pero se deben tener en cuenta los riesgos del activismo judicial y nos preocupa la seguridad jurídica del país.

El acuerdo no va a solucionar el problema de la deforestación vinculada a actividades ilícitas de minería y narcotráfico. Nos preocupa que organizaciones criminales valiéndose de ONG internacionales puedan oponerse a proyectos del Estado y la empresa formal para consolidar en sus territorios economías criminales.

¡Qué se archive!

 

Antes de cerrar la sesión, el congresista Jhon Milthon Rodríguez, presentó una proposición de archivo del proyecto que no fue aprobada. No se puede archivar sin antes adelantar las ponencias positiva y negativa.

Finalmente, los asistentes acordaron la realización de dos foros regionales sobre el Acuerdo, uno en Cúcuta sobre protección de líderes ambientales y el segundo, en Ibagué, sobre consulta previa.

El primero de estos encuentros ya se realizó el pasado 23 de noviembre y el segundo está pendiente. Sin embargo, debido a las vacaciones decembrinas de los parlamentarios, a la coincidencia actual del periodo legislativo con el tercer pico de la pandemia y ahora con los diálogos para sortear el paro nacional en los que trabajan las comisiones segundas, este no ha sido citado.

 

Defensores siguen en peligro

 

Mientras se retoma el segundo debate, por parte de senadores y representantes, muchos defensores ambientales siguen siendo amenazados y atacados. La lista es larga.

Es el caso de Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora indígena del resguardo La Laguna en Caldono, Cauca, quien fue asesinada el 20 de abril pasado luego de oponerse a los cultivos de coca en su territorio.

Gonzalo Cardona Molina, el guardián del loro orejiamarillo de la Fundación Proaves, asesinado en Roncesvalles, Valle del Cauca, entre el 8 y 10 de enero de 2021.

El pasado 29 de noviembre, Feliciano Valencia Medina, senador indígena por el Movimiento Mais fue víctima un nuevo atentado con armas de largo alcance en Toribío, Cauca, se dirigía al acto de conmemoración de una masacre. «Salí ileso gracias a la madre naturaleza», expresó.

Un mes antes, en Nuquí, Chocó, fue asesinada Juana María Perea Plata, activista ambiental y empresaria colombo-española, quien se oponía a la construcción del Puerto de Tribugá.

Esto sin mencionar el informe de Indepaz en el que indica que con Sandra Liliana y Gonzalo a la fecha son 52 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2021 y 1.166 desde la firma del proceso de paz.

Con el panorama anterior solo surgen nuevas preguntas: ¿Los sectores ambientales que hace 17 meses estuvieron en palacio y escucharon uno de los discursos presidenciales más largos en cuanto a temas ambientales se refiere, reclamarán nuevamente a la cabeza del Estado acelerar el debate para la ratificación del tratado? ¿El presidente Duque a su vez insistirá a la coalición de gobierno apoyar el Acuerdo con el fin de que avance y así cumplir la palabra empeñada en la Navidad de 2019? ¿Intercederán ante las partes los cuatro ministros que presentaron el proyecto? ¿Logrará el Acuerdo saltar los obstáculos y los ciudadanos verán antes que finalice el periodo Duque la respectiva fotografía del suceso?

 

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Foto superior: Efraín Herrera/ Presidencia de la República

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Ahora el Gobierno de @IvanDuque propone un nuevo diálogo nacional. En forma inaceptable, muchos de los acuerdos de la Conversación Nacional no se cumplieron.Ese fue el caso ambiental. En 2 acuerdos centrales nos pusieron conejo: el Acuerdo de Escazú y la Política Nal de Bosques.

— Manuel Rodríguez B. (@manuel_rodb) May 5, 2021

 

Exigimos al Gobierno y al Congreso la ratificación inmediata del Acuerdo de Escazú para que el país transite de una precaria participación ciudadana, en la que se excluyen o no se escuchan las expresiones populares, hacia una genuina democracia participativa.

— ForoNacionaAmbiental (@FNAmbiental) May 20, 2021

 

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Contexto:

ENTREVISTA AL SENADOR ANTONIO SANGUINO :

«Hay una estrategia para no ratificar el Acuerdo de Escazú»: Antonio Sanguino

 

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