El proyecto Ticoya contempló la protección de 131 531,7 hectáreas de tierra, que conforman el Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño, Amazonas, en el extremo sur de Colombia.
Esteban Tavera y Marcela Martins / IPS*
PUERTO NARIÑO, AMAZONAS, COLOMBIA. El 31 de diciembre de 2010, la empresa multinacional South Pole y la Asociación de Autoridades Indígenas Aticoya, en la Amazonia colombiana, firmaron un contrato para proteger la selva amazónica con el objetivo de vender créditos de carbono a través de una inicativa REDD+ llamada “Proyecto de Mitigación Forestal Ticoya”.
Esta duró 13 años, porque en noviembre de 2023, la organización indígena decidió ponerle fin. Según líderes de Aticoya, autoridad política en el resguardo indígena, «el proyecto no cumplió ninguna de las actividades propuestas para proteger los bosques y los recursos generados con la venta de bonos de carbono nunca fueron transparentes ni llenaron sus necesidades».
Los bonos de carbono son un mecanismo de financiamiento climático contemplado en el Acuerdo de París, específicamente en su Artículo 6.
Este sistema permite que los países o empresas compensen sus emisiones de gases de efecto invernadero pagando por proyectos que capturan CO₂ en otros lugares, o que reduzcan estas emisiones (por ejemplo, mediante la reforestación o el uso de energías renovables).
Los proyectos conocidos mundialmente como REDD+ (en inglés) se basan, como expresa su nombre, en la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques.
El proyecto Ticoya contempló la protección de 131 531,7 hectáreas de tierra, que conforman el Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño, Amazonas, en el extremo sur de Colombia. Pero, de acuerdo a lo que relatan algunos pobladores, ni siquiera habría cumplido con lo mínimo: garantizar que la deforestación frenara.
Hoy, autoridades y comunidades indígenas dicen sentirse defraudados por la empresa y preocupados porque la selva sigue en riesgo por la deforestación y la entrada de economías ilegales. A esto se suma la inseguridad alimentaria de las 22 comunidades que cuidan de ella.
La sede de la organización indígena Aticoya es una casa de madera que está bordeada por ventanales que permiten ver los árboles que rodean la vivienda y la cancha de fútbol, a un costado. En una de las paredes cuelga un pequeño pendón que tiene los dibujos de un árbol y una maloka en el centro, y que en la parte posterior exhibe el título “Árbol de estrategias de mitigación”.
El pendón es un mapa mental que resume el “Proyecto de Mitigación Forestal Resguardo Indígena Tikuna Cocama y Yagua (Ticoya)”, iniciativa que vendió bonos de carbono durante doce años bajo la promesa de cuidar la selva amazónica y evitar la deforestación.
Allí puede leerse que contempló actividades como: recuperación y rehabilitación de bosques, proyectos productivos y empresariales agropecuarios sostenibles, fortalecimiento de la seguridad alimentaria por medio de chagras, monitoreo y patrullaje del territorio y fortalecimiento de la gobernanza.
“Pero nosotros nunca logramos desarrollar ninguno de esos objetivos porque la plata era muy poca. Lo que nos llegaba lo distribuíamos entre las 22 comunidades que hacen parte del resguardo. Nunca vimos las garantías para obedecer nada de esto”, dice Aleksis Damancio Silva, secretario general de Aticoya, la organización indígena que administra esta reserva.
Mientras Damancio mira el pendón que contiene los objetivos incumplidos, agrega que tampoco está seguro de que hubiesen visitas de verificación que pudieran constar de que efectivamente la comunidad estaba desarrollando las actividades, y afirma que la deforestación nunca paró en el territorio. Es decir, si es que la empresa visitó el territorio para verificar, lo hizo a espaldas de las principales autoridades indígenas.
Según él, los dineros generados por la venta de bonos de carbono nunca alcanzaron para sustituir lo que gana una persona de la comunidad que trabaja en la venta de madera y mucho menos era suficiente para financiar recorridos de patrullaje o proyectos de producción agrícola.
“Yo me pregunto, ¿es suficiente recibir 120 o 150 millones de pesos (cerca de 37 mil dólares) para cumplir con esos objetivos en 22 comunidades? Por ejemplo, yo no puedo hacer un proyecto de piscicultura en mi comunidad porque, por muy pequeño que sea, necesito al menos unos 90 millones de pesos (22 mil dólares) y eso solo hablando de una comunidad. Entonces, yo no podía poner a trabajar a mi gente por esa plata”, sentencia Damancio.
Juan Carlos Ahué es indígena tikuna y forma parte de la organización Aticoya. En su momento fue uno de los principales críticos del proyecto firmado con la multinacional South Pole y hoy dice no estar de acuerdo con firmar proyectos de bonos de carbono en su comunidad.
“Yo entiendo que esto debe ser un proceso largo, donde las comunidades deben conocer bien el proceso, leer el contrato… no correr. Aquí se hizo corriendo y por eso nos estrellamos”, afirma Ahué. Él vive en Puerto Esperanza, una pequeña población que hace parte del Resguardo Ticoya, y que está conformada por cerca de 600 habitantes. “En mi comunidad, por ejemplo, a cada familia nos tocó 11 mil pesos al año (cerca de tres dólares)”, recuerda.
Testimonios como ese hay por doquier en el resguardo. Arturo Candamil es pescador, cazador y comerciante. Vive en la comunidad de Tres Esquinas Boyahuarzú, muy cerca de la frontera con Perú. Cuenta que participó en algunas actividades de reforestación que hacían parte del proyecto REDD+, con la cual tuvo que sembrar cientos de plántulas pero, asegura, nunca hubo un seguimiento para que los cultivos prosperaran.
Tres Esquinas es una población que está muy cerca de la selva virgen, por lo que muchos de sus habitantes, como Candamil, basan su sustento en lo que ella les da. Solo en esta población, según dice, dos personas se dedican diariamente a la extracción de madera.
“Aquí la deforestación nunca paró. Las personas que se dedican a cortar madera viven de eso”, comenta. Pero otra de las razones que tienen estas comunidades para cortar madera es que de eso depende la construcción de sus viviendas.
“En una reunión con South Pole, la comunidad les dijo que si se llegaba a prohibir completamente el corte de madera tenían que garantizar un proyecto de vivienda digna porque nosotros cortamos mayormente para construir nuestras casas”, detalla Candamil.
Pero eso nunca prosperó y una prohibición de ese tipo, además, no hubiera funcionado porque, según dice, una buena parte de la deforestación viene de personas que cruzan la frontera con el Perú en horas de la noche para cortar árboles que están en territorio del resguardo Ticoya, actividad que ellos no pueden controlar.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la deforestación sigue siendo un tormento para estas comunidades y estos bosques. Solo en 2024 se perdieron 77 124 hectáreas en la Amazonia colombiana.
Sobre esto, Henry Silvano, quien es el kuraka o autoridad política de Tres Esquinas Boyahuarzú, dice que hubo una gran decepción con el proyecto. “La intención era ocupar a esa población para no deforestar, sino tenerlos ocupados en otras actividades, como reforestar o estar atentos a que no haya otras personas que lo hagan, pero eso se logró en una mínima parte”, sentencia Silvano.
Ovidio Maceo es indígena tikuna, vive en la comunidad Naranjales, al bordo del río Amazonas, y hace parte de la guardia indígena, que es la organización comunitaria que cumple las veces de policía en el territorio. Justamente, una de las labores de la guardia es patrullar el territorio y procurar un buen uso de los bienes de la naturaleza.
Maceo dice que, “una de las razones que hemos visto de la tumba de árboles es por el narcotráfico. Aquí en mi comunidad no se presenta tanto ese problema pero ya sabemos de otras comunidades donde los compañeros guardias sí están sufriendo con eso”.
Además de la deforestación, otro de los problemas que trae el ingreso de narcotráfico a la selva amazónica es que dificulta las labores de patrullaje y control que hacen los guardias indígenas, que son organismos civiles, sin armas, y los expone ante los riesgos que conlleva lidiar con economías ilegales. Ese es otro de los objetivos del proyecto REDD+ que nunca se cumplió.
Un poblador de una de las 22 comunidades, que quiso mantener su identidad bajo reserva, contó que hoy tiene gran desconfianza en Aticoya debido a lo que pasó con el proyecto REDD+ y afirma que, de presentarse otra situación de ese tipo, los recursos deberían llegar directamente a las comunidades porque ya no está confiado de que el manejo haya sido el adecuado.
Al consultar a la multinacional South Pole sobre las preocupaciones e inconsistencias comentadas por muchas personas en la comunidad, su respuesta indicó que la operación de la empresa en el proyecto fue como “consultora en materia de carbono” y que sus actuaciones se ciñeron a normas nacionales e internacionales de verificación de proyecto de bonos de carbono.
“Dado que se trata de un proyecto con el que prácticamente no hemos tenido contacto durante más de dos años, lamentablemente no podemos comentar ni proporcionar más información sobre su situación actual”, contesto un representante en Colombia.
Una regulación que no llega
En Colombia, en agosto de 2024, la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, explicó ante el Congreso de la República que esa cartera buscaba emitir una regulación que pusiera en el centro a quienes son propietarios del uso del suelo y que activara el rol de las instituciones del Estado, así como que permitiera brindar mayores beneficios a las empresas comprometidas con la descarbonización.
Esa regulación nunca fue publicada y, a corte de agosto de 2025, este sigue siendo un mercado sin regulación en el país. Se solicitó entrevista con la ministra, Lena Estrada Añokazi, pero al cierre de la edición no se recibió respuesta.
De otro lado, la Corte Constitucional de Colombia, sentenció en 2024 a favor de una comunidad indígena de la Amazonía que demandó a varias empresas porque en medio de un proyecto de venta de bonos de carbono violaron sus derechos fundamentales.
Es la sentencia identificada como T-248 de 2024, que ordenó al Ministerio de Ambiente liderar la creación de un protocolo con perspectiva étnica para este tipo de proyectos.
Según Chiesie Salinas, coordinadora de la Línea de Justicia Ambiental de Akubadaura, organización que acompaña desde hace 11 años a comunidades indígenas en la reivindicación de sus derechos, la sentencia es un avance en la protección de comunidades que se involucran en este mercado.
Sin embargo, “tras casi un año de su emisión, no se ha evidenciado un cambio sustantivo en las políticas públicas ni en los marcos regulatorios que garanticen la implementación efectiva de los mandatos de la sentencia”, afirma Salinas.
En Brasil, la Ley 15042 de 2024 avanza al prever la “inclusión de cláusulas contractuales que garanticen la distribución justa y equitativa y la gestión participativa de los beneficios monetarios”, garantizando a las comunidades el derecho “sobre al menos 50 % de los créditos de carbono o CRVE (Certificado de Reducción Verificada de Emisiones) derivados de proyectos de remoción de gases de efecto invernadero (GEI) y el derecho sobre al menos 70 % de los créditos de carbono o CRVE derivados de proyectos REDD+ con enfoque de mercado”.
Juliana Coelho Marcussi, directiva de Políticas Climáticas y Mercados de Carbono del instituto LaClima, comenta que, con la construcción del sistema de gobernanza del mercado brasileño y la definición del órgano gestor, se esperan nuevos avances.
“La gran importancia de este órgano es que no solo será responsable por la gestión del sistema, sino también por las reglas, por la reglamentación del sistema. Es en esa reglamentación donde deben establecerse directrices y reglas adicionales sobre las salvaguardas sociales”.
Según Soledad Aguilar, experta en derecho internacional ambiental, existen problemas que son inherentes al propio mecanismodice que , siempre hay riesgos en este negocio y eso puede impactar de manera diferenciada a cada comunidad.
“En cada caso hay que asegurarse de que ese riesgo no se manifieste, tomando las medidas correspondientes en cada situación. Hay comunidades que son dueñas de la tierra, otras que no. Comunidades que la usan o que están desde hace 200 años pero no tienen título. Hay que mirar cada caso”.
Pero lo cierto es que muchas de estas comunidades, como pasa con Ticoya, viven en condiciones socioeconómicas tan precarias, que siguen expuestas a las ofertas de empresas que quieran usufructuar de sus territorios y expectativas. Varios pobladores allí, en Puerto Nariño, Colombia, manifestaron que – de tener una mejor oferta a futuro – volverían a firmar un contrato de este tipo. Necesitan el dinero.
Por eso, mientras este mercado siga siendo visto como una forma de satisfacer necesidades básicas o como un simple negocio entre particulares que no se preguntan por los efectos en las comunidades vecinas y la biodiversidad, estará cada vez más lejos de cumplir con sus verdaderos propósitos ambientales y climáticos.
ALIANZA INFORMATIVA
INTER PRESS SERVICE (IPS) – RED PRENSA VERDE
*Artículo suministrado por IPS y elaborado con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
