Las familias del resguardo Yaguará II, pertenecientes a las etnias tucano, piratapuyo y pijao, habían regresado al territorio en 2019 pero hoy denuncian un nuevo desplazamiento. Este hecho se da ‘ad portas’ de que inicie la temporada seca, en la que se hacen grandes talas de bosque.
Rutas del Conflicto
En 2004, la mayoría de familias del resguardo indígena Yaguará II habían salido desplazadas de su territorio, ubicado entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por las amenazas de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La violencia se acrecentó después de que fracasaran los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y que sufrieran ataques por parte de la Fuerza Pública y del grupo guerrillero. El desplazamiento se dio en junio de ese año, después de los asesinatos de los indígenas Orlando Cruz y Serafín Méndez y la desaparición del gobernador indígena Escolástico Ducuará.
En esa ocasión solamente una familia de la etnia piratapuyo se resistió al desplazamiento y siguió en sus tierras, cuidando el espeso bosque que queda entre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, el más grande del país, y las sabanas del Yarí. Durante el desplazamiento llegaron colonos de otras partes del país e incluso indígenas de otra etnia.
Los indígenas huyeron de su territorio debido a las amenazas que les hicieron las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc cuando se negaron a sembrar coca y talar bosque al interior de su resguardo. Aunque se desplazaron desde mediados de agosto, solo lo hicieron público hace pocos días por medio de una carta abierta al presidente Iván Duque en la que solicitan su ayuda.
En 2019 varias familias del resguardo indígena retornaron al territorio con la esperanza de recuperar y conservar sus tierras. Desde 2017 tienen una medida cautelar que obliga a diferentes entidades del Estado a actuar en la conservación del territorio y en el retorno de las personas del resguardo, conformado por indígenas de las etnias piratapuyo, pijao y tucano. Sin embargo, desde principios del 2021 volvieron las amenazas de los grupos armados que se denominan como la “autoridad” de la zona hasta que, hace un mes, la comunidad no aguantó más y se volvió a desplazar. Algunas familias llegaron a San Vicente del Caguán, otras a Neiva y otras a Bogotá.
En esta ocasión, incluso la familia Piratapuyo que resistió por años al desplazamiento debió abandonar el territorio que llevaban cuidando por décadas. Los grupos armados amenazaron con reclutar a los menores de edad y no tuvieron otra opción que irse para cuidar a los niños y jóvenes, aunque no todos se desplazaron. Algunas familias se quedaron a merced de lo que pueda pasar y de las imposiciones del grupo armado. “Una de las grandes preocupaciones es que el resguardo se fraccione, entre los que se quedaron y los que salieron”, afirmó una fuente en territorio que pidió reserva de su nombre debido a las amenazas que se presentan en la región.
Las autoridades indígenas enviaron una carta al presidente Iván Duque, el pasado 21 de septiembre, para contarle del nuevo desplazamiento y solicitarle la protección de su territorio y sus derechos. La “huida” de su territorio se dio en agosto pero lo habían mantenido en reserva mientras todas las personas salían, ya que el grupo armado les pidió que no se desplazaran.
La salida de los cuidadores del territorio
En 2019, cuando las familias indígenas retornaron después de su primer desplazamiento, tenían la esperanza de ayudar a detener la creciente deforestación pues su territorio se ubica estratégicamente entre los parques Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena, tres de los más amenazados en Colombia por pérdida de bosque. Su lucha se centró en el proceso de restitución de tierras que les otorgó medidas cautelares en 2017 y en disminuir la tala para la conservación del territorio.
La comunidad, como se mencionó en un reportaje publicado a mediados de este año, estaba trabajando en diferentes proyectos que permitían un uso sostenible de los recursos forestales, fortalecían la gobernanza de los miembros del cabildo y buscaban generar una fuente de ingreso que los ayudara a conservar el territorio. Estos procesos se detuvieron totalmente y la posibilidad de retomarlos es incierta dado el nuevo desplazamiento que empezó el pasado mes de agosto.
Las disidencias se habían presentado ante los indígenas de Yaguará ll a inicios del 2021, argumentando que eran la autoridad en la zona. Por esta razón la comunidad se reunió con ellos y les solicitaron que no permitieran la tala indiscriminada de bosque. “Les dijimos que necesitábamos que se detuviera la deforestación, que había colonos que estaban talando mucho”, aseguró una persona del resguardo que prefirió la reserva de su nombre. Después de eso, uno de los comandantes de las disidencias en la zona se comprometió a limitar la tala a cinco hectáreas.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron en julio pasado las denuncias que señalaban la construcción de carreteras ilegales al interior del resguardo. La vía Puerto Cachicamo – La Tunia se presentó como la que mayor deforestación estaba generando, no solo en el territorio indígena sino también al interior del Parque Chiribiquete. En la presentación del informe de deforestación del 2020, el ministro de ambiente, Carlos Correa, señaló que iban a trabajar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior en detener la deforestación y el acaparamiento de terrenos, pero hasta ahora no habido mayores avances en esta región.
Los cultivos de coca fueron un punto de choque entre las disidencias y los indígenas, quienes habían prohibido tajantemente la siembra de esta planta en sus territorios y que es usada por los grupos armados para la fabricación de cocaína. En parte, aseguran, esta fue la razón de las primeras amenazas contra las autoridades indígenas que llegaron en abril del 2021. “Estas personas [las disidencias] les advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito”, dicen en la carta que le enviaron al presidente Duque.
Los hombres armados solicitaron un censo de los habitantes de la zona y otro encuentro para inicios de agosto en el que, además, estuvieran presentes los campesinos del área. En esta reunión no estuvo el mismo comandante guerrillero y, según relatan los indígenas, los disidentes fueron más hostiles.
“La orden era que teníamos que parar nuestro proceso de restitución [de tierras] porque eso era trabajar con el Estado, teníamos que detener los proyectos y que a nosotros solo nos pertenecían 30 mil hectáreas”, aseguró alguien de la comunidad, a pesar de que en 1995 el resguardo fue creado sobre 146 500 hectáreas que les adjudicó el hoy extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Aunque los indígenas dijeron que se iban a marchar, el grupo guerrillero les pidió que no se desplazaran y que se quedaran al interior, porque “iban a respetarlos”.
Sin embargo, a los miembros del resguardo Yaguará II les quedó preocupando una frase: “Esas tierras no les pertenecen, nos pertenecen a nosotros [las disidencias]”. Los indígenas se negaban a aceptar que el territorio que se les adjudicó a las familias de las etnias piratapuyo, pijao y tucano no les fuera reconocido. “Nos llenamos de temor. Ante las amenazas e imposiciones nadie se iba a quedar, porque no querían detener la tala y nosotros estábamos luchando por conservar esos bosques”, aseguraron.
Según cifras de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), puestas en la carta que los indígenas le enviaron al presidente, “entre abril del 2019 y marzo del 2021, se han deforestado 5150 hectáreas de bosque virgen dentro de nuestro territorio”. Además, un reciente reporte muestra que la región amazónica en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú perdió más de dos millones de hectáreas entre 2017 y 2020, y una cuarta parte de esta pérdida ocurrió en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. En Colombia, según Global Forest Watch, la deforestación se localiza dentro y en los alrededores de áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena.
Débil respuesta estatal
A mediados de agosto de este año las familias que abandonaron el resguardo Yaguará II llegaron a San Vicente del Caguán y se presentaron ante la Alcaldía para poner la denuncia por desplazamiento colectivo, sin embargo, los indígenas dicen que la institución se negó a recibirla y dijeron que solo aceptarían denuncias individuales, lo cual les generó mayor temor por sus vidas. La comunidad de Yaguará II denuncia que no les han brindado la ayuda que se debe ofrecer en estas circunstancias.
La alcaldía del municipio no respondió a los cuestionamientos hechos por los indígenas. Simplemente explicaron que “en caso de desplazamiento se coordina con la Personería y Defensoría del Pueblo, si lo amerita se entrega ayuda humanitaria por parte del municipio y después se convocan los consejos de Justicia Transicional y de Seguridad Municipal y que, al final, en caso de ser necesario, buscan el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.
Una persona en territorio que pidió la reserva de su nombre dijo que los grupos armados tienen control de la zona porque el Estado nunca ha hecho presencia. “Pasan meses y uno no ve a ningún funcionario del Estado allá, uno solo los ve cuando tiene que ir hasta la cabecera municipal. Un llamado es que hagan presencia para que se respete la vida y la integridad de las personas de esta comunidad”, aseguró.
Aunque desde 2017 la medida cautelar ordenó al Ministerio de Ambiente, a las autoridades ambientales de la zona (Corpoamazonia, Cormacarena y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico) y a la Fiscalía General, “implementar una estrategia integral e inmediata para que cesaran la tala indiscriminada de bosque al interior de Yaguara II y la colonización de terceros no indígenas en el mismo territorio”, las instituciones no han hecho mucha presencia al interior de la zona.
El Ministerio de Ambiente informó que avanzan en la formulación de un plan de manejo forestal para productos no maderables en una superficie de 6000 hectáreas, “que permitirá contribuir con el control efectivo del núcleo activo de deforestación denominado ‘Marginal de la Selva’, así como reducir la presión sobre el Resguardo Indígena y preservación del PNN Serranía de Chiribiquete”. La entidad aseguró que en la semana del 20 de septiembre, el liderazgo del resguardo Yaguará solicitó una revisión y suspensión de todo el proceso que se lleva con ellos.
“Del Minambiente y Visión Amazonía se tienen los recursos asegurados de este proyecto y habrá la respectiva revisión con esta comunidad para determinar las alternativas que mejor los beneficien”. También se buscó al Ministerio del Interior para conocer qué ayuda le brindará a los indígenas para garantizar su pronto retorno, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.
Varias personas en territorio aseguraron que constantemente hay operativos por parte del Ejército contra las disidencias de Gentil Duarte en el departamento de Caquetá y que el grupo guerrillero en varias ocasiones ha acusado a los indígenas de ser informantes del Estado. La comunidad siempre ha negado estas acusaciones y son enfáticos en decir que lo único que piden es el reconocimiento de su territorio por parte de las instituciones y de los actores ilegales.
Aunque al interior del resguardo Yaguará II han trabajado diferentes organizaciones sociales y ambientales, ninguna quiso dar declaraciones. Por una parte, piden que la voz de los indígenas sea la que se escuche, y por otra, manifestaron que la situación en la zona es tan complicada que no tienen garantías de seguridad para dar testimonios.
Imagen superior: Maloca en la Amazonía colombiana. Foto: Juan Gabriel Soler, Fundación Gaia Amazonas.
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