Detectan posible «negocio bajo la asignación crónica de recursos para la atención momentánea y no de fondo en la atención de riesgos».
Así lo informa un diagnóstico de la Contraloría General de la República, que califica como preocupante que en el primer semestre de 2021 se hayan triplicado las situaciones de calamidad respecto al mismo periodo en 2020.
En total, en los primeros seis meses de este año, 13 departamentos y 208 municipios emitieron decretos por calamidad para la atención de emergencias y desastres.
Las declaratorias de situación de calamidad pública a nivel departamental aumentaron en un 225%, pasando de 4 en el 2020 a 13 en el primer semestre de 2021. En el caso municipal, se presentó una variación del 118% con un incremento de 95 a 208.
Al cuantificar los afectados, esto equivale a 48.748 familias, 123.013 personas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En total, en los primeros seis meses de este año, 13 departamentos y 208 municipios emitieron decretos por calamidad para la atención de emergencias y desastres.
Al realizar el comparativo, en 2020 se presentaron 185 declaratorias de calamidad, de las cuales 86 se realizaron para la atención de la emergencia por la pandemia del COVID-19, equivalentes a un 46,48%.
Los departamentos con mayor número de decretos de declaratorias son: Córdoba, con 1 a nivel departamental y 28 municipal; Antioquia, 1 departamental y 22 municipales; Cauca, 1 departamental y 15 de sus municipios; Putumayo con 14 municipales; y Caquetá y Meta con 13 decretos municipales.
A corte del 30 de junio de 2021, la UNGRD reportó para atención de calamidades una inversión por órdenes de proveeduría de $10.481 millones, de $315 millones del Fondo de Inversión Colectiva y de $4.799 millones por órdenes de contratación expedita, para un total de $15.596 millones.
A través de dichas órdenes de proveeduría por $10.481 millones, la UNGRD atendió desastres y calamidades en 14 departamentos y 36 municipios, siendo Risaralda, Arauca y Nariño, los territorios en los que se invirtieron mayores recursos, explica la entidad. Y a través de los Fondos de Inversión Colectiva, la entidad transfirió recursos a 2 municipios: Puerto Asís (Putumayo), $214 millones, y Vistahermosa (Meta), $101 millones.
En el caso de las órdenes de contratación expedita, se pudo verificar en el diagnóstico una inversión de $4.799 millones para la ejecución de las obras de emergencia para el control de eventos de inundación y socavación, en los municipios de Salamina y El Piñón (Magdalena).
¿Qué pasa en La Mojana?
En La Mojana, durante 2010 y 2021 se han invertido recursos nacionales que superan los $1.2 billones sin incluir las inversiones regionales. Sin embargo, anota la Contraloría “a la fecha las obras estructurales del megaproyecto no se han ejecutado para erradicar o disminuir las inundaciones o sequías”.
El fin de las obras propuestas en la región, es construir un dique de 53 kilómetros y 32 compuertas que disminuya las afectaciones, en una zona que históricamente ha sido anfibia.
En efecto, al ser esta una zona de confluencia de los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca, es un área de drenaje natural afectada por las actividades humanas, es juna zona intrincada en 11 municipios de 4 departamentos.
La entidad de control manifiesta que “según el Fondo Adaptación, los recursos necesarios para ejecutar este megaproyecto ascienden a $3.4 billones, lo que significaría una inversión total cercana a los $4.6 billones”.
Este han se presentaron dos hechos que nuevamente han causado emergencias en la zona: A finales del mes de agosto de 2021, se rompió el Jarillón en el sector La Tea en el municipio de Guaranda, sobre la margen del Río Cauca, que afectó a 6.500 familias y 8 municipios (Majagual, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad y La Unión, en el departamento de Sucre, y Achí, Bolívar).
También se rompió el Dique San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, donde 350 familias resultaron afectadas y luego 200 tuvieron que ser evacuadas y reubicadas.
Según el Fondo Adaptación, los recursos necesarios para ejecutar este megaproyecto ascienden a $3.4 billones, lo que significaría una inversión total cercana a los $4.6 billones, pero a la fecha las obras estructurales no se han ejecutado.
Dice la Contraloría, que se requiere que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento del principio de oportuna información fortalezcan su capacidad de captura, consolidación y difusión de información, con el fin de contar a nivel nacional y territorial con todos los datos que permitan conocer las situaciones de riesgo en el país, tanto por amenaza como por ocurrencia, así como todos los factores sociales y presupuestales que se comprometen con la ocurrencia y atención de estos riesgos:
Se observan debilidades en el componente de prevención de riesgos: el 90% de los recursos destinados para emergencias y desastres a nivel nacional se invierten en atención ante la ocurrencia de los mismos.
También advierte: El mapa nacional y el histórico muestran regiones como la Costa Caribe, Chocó y La Mojana donde por las mismas épocas, en los mismos puntos o muy cercanos y por idénticas o similares causas, se presentan las declaratorias de calamidades con importantes inversiones de recursos que no impactan en el desarrollo social, sino que quedan reducidos a atender damnificados y afectados.
De igual manera, ha determinado en el diagnóstico que la UNGRD requiere fortalecer su capacidad de captura, consolidación y verificación de información, pues presuntamente podría estarse presentando el negocio de las calamidades, bajo la concurrencia de la asignación crónica de recursos para la atención momentánea y no de fondo para la atención de riesgos.
