Cincuenta congresistas enviaron carta al presidente Iván Duque en la que expresan la necesidad de hacer un debate riguroso y de cara al país, sobre el fracking y los dos proyectos de ley que buscan prohibir este proceso en Colombia.
Antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, so pena de correr con un riesgo innecesario frente a eventuales demandas en contra del Estado por incumplimiento, 50 congresistas de diferentes partidos políticos pidieron al presidente Iván Duque, suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los Pilotos de Fracking y/o los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (CEPI), que se realizarían en Puerto Wilches, Santander.
Consideran que “el ritmo acelerado con el que el gobierno promueve estos proyectos es desconcertante”, porque se busca evaluar los proyectos piloto antes de que finalice este mandato, es decir, antes de 2022, según lo expresado por el ministro de Minas, Diego Molano.
Para los firmantes “es un tiempo limitado desde todo punto de vista porque estamos a solo 20 meses de un cambio de gobierno y sabemos que los impactos del fracking no se hacen visibles en el transcurso de los meses, sino con el paso de los años, como ha sido ampliamente documentado en las áreas explotadas mediante el fracking en Estados Unidos, Canadá y Argentina”.
La carta expresa que el “avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial. Se requiere brindar el espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking en Colombia”.
¿QUÉ SON LOS PPII?
Según el Decreto 328 de 2020. Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) “son procesos experimentales, científicos y técnicos, de carácter temporal, que se desarrollan en un polígono específico, y que buscan recopilar información social, ambiental, técnica, operacional y de dimensionamiento de los Yacimientos No Convencionales (YNC), que requieran el uso de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal (FH-PH) para su extracción”.
Buscan generar “conocimiento para el fortalecimiento institucional, promover la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información y evaluar los efectos de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal (FH-PH), según las condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control que se establezcan”.
“Falta rigor científico”
Para los firmantes, el proceso de contratación se hace sin consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la vigilancia de la suficiencia de los datos, “existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación”.
Adicionalmente, expresan que las líneas base se publicarían después de la entrega de contratos y licencias ambientales. “Todo lo anterior representa serios conflictos de interés que desde todo punto de vista vician la rigurosidad del proceso científico en el que actuarían las empresas que se pretenden contratar”.
Otro de los aspectos que destacan en la carta es que las normas expedidas por el gobierno no garantizan un blindaje suficiente frente a los potenciales riesgos de afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades: “los decretos y reglamentaciones expedidos a la fecha presentan, a todas luces, falencias metodológicas para hacer de los PPII un ejercicio participativo y democrático: No garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran ‘comunidad’ a quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y global de los impactos”.
La evaluación de los resultados, manifiestan, en vez de llevarse a cabo por parte de evaluadores pares externos como es habitual en los estudios científicos, corre por cuenta de comités liderados y conformados en su mayoría por el mismo Gobierno Nacional, “lo cual podría resultar en un sesgo a la hora de evaluar los métodos utilizados y los datos obtenidos, que además repercutiría en la legitimidad del gremio de los hidrocarburos”.
Sobre control político
Los congresistas dicen estar preocupados porque consideran que mientras están trabajando en la virtualidad y ocupados en gran medida en la búsqueda de soluciones a la crisis de salud pública y a la recesión económica, derivada por la pandemia, se avance en un proceso ‘tan delicado’ como el de los PPII sin que este sea sometido al necesario control político.
“No existe fundamento lo suficientemente sólido para avanzar sin ningún tipo de precaución en la implementación de los pilotos. Si la razón para acudir al fracking es el autoabastecimiento del país, no se entiende el motivo por la cual continuamos con las exportaciones de hidrocarburos. Si el motivo para este afán es la reactivación económica, no es claro por qué continuamos supeditando nuestras eventuales fuentes de ingreso a un producto que recientemente ha mostrado bajos precios y una alta volatilidad en el mercado, que será aún mayor con el paso del tiempo y el fortalecimiento de la reglamentación climática en todos los países del mundo”.
Actualmente transitan dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia, firmados por cerca de 50 congresistas.
Por las razones anteriores, piden tener en cuenta las mencionadas variables antes de entrar a suscribir cualquier tipo de acuerdo contractual, y recuerdan que tampoco se han cumplido a cabalidad los requisitos que la Comisión de Expertos determinó para darles viabilidad a los proyectos pilotos.
Por el contrario, dicen, los Pilotos de Fracking, tal como están definidos en el Decreto 328 de 2020, dejan serias dudas respecto a su capacidad de evaluar importantes riesgos e impactos: “Dicha normatividad crea una innecesaria incertidumbre científica frente a la conveniencia del desarrollo de estos pilotos y del fracking para el país. Por eso, señor Presidente, por el respeto que merece el proceso legislativo en el cual se tramitan dos proyectos de ley que prohíben la técnica del fracking y por la obligación estatal de garantizar a la ciudadanía y a las comunidades las condiciones democráticas necesarias para el debate público, le solicitamos que no se lleve a cabo la entrega de contratos para el desarrollo de pilotos de fracking en el país”.
La carta está firmada por representantes y senadores del partido MAIS, Lista de la Decencia, Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido FARC, Partido de la U y Colombia Humana.
Representante a la Cámara, Wilmer Leal.
Foto superior: Imagen de jwigley en Pixabay
