Por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.
Daniela Aguilar / Mongabay Latam
“No recuerdo un periodo en el que se haya talado tanto”. “Es como el principio del fin”. “Una terrible conjunción de condiciones”. Así, algunos expertos consultados por Mongabay Latam expresan su preocupación por la tala desaforada que se viene dando en la Amazonía del Ecuador en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre las principales causas, mencionan la falta de control de la autoridad ambiental y el creciente interés de los madereros ilegales que se aprovechan de las circunstancias.
“La pandemia lo que ha hecho es exacerbar la tala”, sostiene en diálogo con Mongabay Latam, Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka con sede en la ciudad de El Coca, provincia de Orellana, que trabaja con comunidades indígenas de la zona e intenta crear una cultura de paz en torno a los pueblos aislados. Para Solís “hay una falta de sensibilización en el tema de en qué lugares se puede talar, y sobre todo, en el cuidado de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”.
Algunas comunidades indígenas se han convertido, además, en blanco de los madereros ilegales. Estos han llegado hasta sus territorios para convencerlos de que vendan la madera balsa de sus bosques. El que hayan accedido en algunos casos, explica Solís, es consecuencia de la ausencia del Estado durante la emergencia y la falta de asesoría técnica para aprovechar legalmente sus recursos sin convertirse en víctimas de los intermediarios.
Solís comenta que es un secreto a voces que el río Shiripuno, en Orellana, se ha convertido en vehículo para la movilización de los troncos que se talan en territorios de las comunidades ribereñas, principalmente waorani. La intersección del afluente con la vía Auca —a la altura de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), establecida por el Estado para la preservación de los pueblos indígenas en aislamiento— se ha convertido en sitio de acopio de madera obtenida ilegalmente. Y no solo pasa allí. “En el caso de los kichwas, hay varias comunas en los márgenes del río Napo que están en esa situación y que son las más afectadas. El transporte se hace a través del río y la madera llega hasta Puerto Providencia [provincia de Sucumbíos], que conecta con Shushufindi, luego con Lago Agrio y por allí salen los camiones”, señala el abogado.
La incursión desmesurada de los madereros ilegales tuvo su punto más álgido durante los primeros meses de la pandemia, cuando “frente al puesto de control del Ministerio de Ambiente (MAE), que es la entidad que debería controlar la tala ilegal, se ubicó un aserradero”, indica Solís en referencia a la Estación de Monitoreo de la ZITT. “El Ejército hizo un operativo en el lugar y lo retiró, pero son aserraderos móviles que se pueden reubicar luego”, dice y agrega que a lo largo de la vía Auca, que es la entrada al Parque Nacional Yasuní, existen varios de esos aserraderos.
Aunque los expertos consultados señalan la falta de fiscalización del Estado, el Ministerio de Ambiente asegura que ha mantenido los puestos fijos de control forestal en carreteras desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, el 11 de marzo, y que desde julio ha retomado las acciones de vigilancia que se hacen a las industrias forestales, que incluyen operativos de control en aserraderos y depósitos de madera. El resultado, señala el Ministerio en respuesta a un pedido de información hecho por Mongabay Latam, es de 181 retenciones de madera a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, que representan 3176 metros cúbicos. Solo entre julio y agosto ocurrieron 84 retenciones (46,4 %).
Fuentes:Policía, Ministerio de Ambiente y Fuerzas Armadas.
*En algunas retenciones no se informó el volumen de madera decomisado o el tipo de madera encontrado.
Fue en julio cuando se dispararon los reportes de la Policía y las oficinas provinciales de Ambiente sobre retenciones de madera ilegal. Se registraron 51 retenciones solo en ese mes y varias de ellas fueron realizadas en el puesto de control fijo ubicado a la altura del puente sobre el río Coca, en la ciudad de El Coca, capital de la provincia de Orellana. Pero ese punto de inspección se evade fácilmente, comenta Xavier Solís. “Hay varias rutas alternativas como una que se llama la vía Zorros, que conecta con Tena [provincia de Napo] a través de un camino de segundo nivel, una parte asfaltada y la otra de tierra. Por allí también transitan los camiones”, indica.
Extrayendo balsa sin control
“De verdad no hay mucho empleo, no hay empresa, no hay lugar que dé trabajo”, sostiene el presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Gilberto Nenquimo, para explicar por qué varias comunidades han sido sorprendidas por madereros que han llegado hasta sus territorios para ofrecerles dinero a cambio de sus árboles de balsa. Según señala, son once las comunas de su nacionalidad que han sido visitadas por los ilegales: tres en la provincia de Orellana, tres en Napo y cinco en Pastaza. Además, menciona los puertos fluviales por donde sacan los troncos extraídos del territorio waorani: Puerto Pitacocha en Pastaza, Puerto Coninpare en Napo y Shiripuno en Orellana.
No es una actividad colectiva, señala Gilberto Nenquimo, sino decisiones individuales que han generado conflictos al interior de las comunidades. Nenquimo reconoce que esta dinámica ha sido impulsada por los madereros, y que lo que ha hecho falta es la orientación del Estado en la extracción de balsa, un maderable que es permitido bajo regulación. “Antes era así: llegaban los balseros, conversaban con los waorani y comenzaban a talar. Por árbol pagaban entre tres y ocho dólares. Ahorita me están diciendo que ya bajó la balsa y que solo van a pagar dos dólares. Eso se llama aprovecharse”, sostiene. “Otro problema se crea porque ellos [los madereros] llevan licor a las comunidades, un licor que llamamos puro, y negocian: tanto de dinero [por la madera] y dos galones de puro”, agrega Nenquimo.
No solo los pueblos waorani y kichwa han sido enredados por los ilegales que han llegado a arrasar con todo. También ha sido el caso de la nacionalidad achuar, cuyo territorio abarca 800 000 hectáreas comprendidas entre las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago. “Hay apenas dos licencias [forestales] para las miles de balsas que se han talado en los últimos seis meses. Estoy hablando de 20 000 [árboles] que es el dato que tenemos, aunque algunos dicen que son más de 35 000 solo en territorio achuar. Es un volumen importante”, sostiene Belén Páez, directora ejecutiva de la Fundación Pachamama, quien conoce de cerca el caso de este pueblo indígena.
“El precio de venta de un tablar [de balsa] de exportación que pasa por varias fases de corte está en 0,85 dólares, pero se están vendiendo árboles de balsa de dimensiones gigantescas en cinco dólares. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la pérdida a largo plazo para las familias que están dentro de este juego de especulación”, asegura Páez.
Hace un año, con la construcción de la vía a Copataza, que conecta al puerto fluvial de igual nombre con Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, el pueblo achuar comenzó a afrontar la problemática de la tala. Según la Fundación Pachamama, esta situación se ha agravado durante estos últimos meses de pandemia. En este caso, los madereros se han servido de los ríos Copataza, Pastaza y sus afluentes para transportar la madera. Su blanco principal ha sido una serie de islas de balsa ubicadas en esa zona.
“Esta entrada desde Copataza hasta el bajo Pastaza es un recorrido donde hay más de 21 comunidades. Frente a estas comunidades hay islas de balsa y han entrado ya sea por necesidad, negligencia o falta de acuerdos de la nacionalidad. Según dice, el problema no acaba ahí pues una situación similar viven los indígenas shuar de Morona Santiago, al lado del río Upano.
Más pérdidas que beneficios para los indígenas
Gilberto Nenquimo, presidente de la nacionalidad waorani, dice que es consciente de las cuantiosas pérdidas que ha significado para su pueblo la participación de intermediarios en la venta de la madera. Por eso, asegura que solicitó por escrito la presencia del Ministerio del Ambiente (MAE) en territorio, para que les ayuden a establecer directrices en el aprovechamiento de balsa. Incluso, se ofreció a pagar los vuelos para movilizar a los delegados de la entidad. Pero nada se ha podido concretar. “Imagínate lo que hacen, cuando uno ofrece todo, pagado el vuelo, todo coordinado y que digan que han cambiado la agenda”, se queja Nenquimo y agrega que están luchando contra reloj para regular la situación.
El MAE afirma que conoce de la existencia de “una gran demanda para el aprovechamiento de balsa en el país, presumiblemente debido a su valor comercial”. A pesar de lo que afirma Nenquimo, esa cartera de Estado asegura que, a través de sus Direcciones Zonales y Oficinas Técnicas distribuidas a lo largo del país, “generan procesos constantes de capacitación a comunidades indígenas, con la finalidad de dar a conocer los requisitos que establece la normativa forestal para que se haga un correcto aprovechamiento y movilización del recurso y de esta manera reducir el aprovechamiento ilegal de la balsa”. Sin embargo, el MAE no le especificó a Mongabay Latam cuáles comunidades han sido atendidas.
Por su parte, la directora de la Fundación Pachamama, Belén Páez, comenta que a través de la Defensoría del Pueblo están emprendiendo acciones encaminadas “a generar medidas de protección administrativas frente a la ilegalidad que ocurre en el aprovechamiento-deforestación de balsa en la provincia de Pastaza”. Según dice, se trata de acciones que cuestionan a los ministerios de Ambiente y Agricultura y a programas de políticas públicas que, incluso, tienen financiamiento internacional para trabajar esos temas, como es el caso de Proamazonia. Básicamente quieren saber qué es lo que están haciendo las entidades frente a esta situación.
Así mismo, Páez explica que la forma legal y técnica de talar la balsa incluye el establecimiento de un plan de manejo, la obtención de las debidas licencias ambientales y la incorporación de un plan de monitoreo para la debida restauración y reforestación, la cual debe ser inmediata. “Si es que no hay un manejo adecuado, ese pueblo o comunidad puede perder la oportunidad de volver a incursionar en esta actividad”, Recal.
Degradación: un fenómeno del que no se habla
Aunque la balsa no es una especie en peligro y, por sus características, crece en zonas secundarias en donde ha habido inundaciones de ríos o deslaves de tierra, su función no es menos importante para los bosques amazónicos. Así lo indica la directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia, Carmen Josse, quien además menciona que “se están perdiendo estos rodales [conjunto grande de árboles] de balsa que son muy importantes para mitigar el tema de las inundaciones cuando hay crecidas”, indica.
En esa misma línea, Belén Páez agrega que “hay un balance perfecto en ese ecosistema amazónico, una red de conexiones que al momento de romperse genera varios tipos de eventos. En este caso, estamos viendo las inundaciones que se dieron hace pocos meses en la zona del [río] Bobonaza que afectaron a varias comunidades y que tienen que ver con esta pérdida de islas de balsa que son como barreras naturales”.
Páez destaca que la balsa no crece como mala hierba, como se dice popularmente. “Algunas pueden ser centenarias, van formando islas y meandros en los cauces de los ríos por cuestiones específicas de equilibrio”, comenta. Según dice, la tala de balsas provoca una inevitable pérdida de aves como el águila arpía y los papagayos, mamíferos como las nutrias de río, y una gran afectación de sitios de anidación de tortugas y caimanes.
Si bien es cierto que las islas de balsa del territorio achuar vienen siendo deforestadas durante la pandemia, en otros puntos de la Amazonía se está realizando su extracción selectiva, lo que lleva a un fenómeno de degradación. Según explica Josse, “la forma más común de medir las emisiones y pérdidas de áreas boscosas es la deforestación. Pero hay todo un tema de degradación que es distinto. En ese caso, la tecnología de medición y monitoreo no está enfocada en identificar la pérdida de un área determinada de bosque sino la disminución de su biomasa, de su densidad”, explica y añade que la selva amazónica “está perdiendo su calidad, su integridad y sus árboles semilleros porque estamos sacando todo lo que podemos sacar: madera vendible, comerciable”.
Para Josse es preocupante que las mediciones ambientales que realiza el Estado no tengan en consideración el fenómeno de degradación. “Todos nuestros esfuerzos, toda la cooperación que recibe el país por los temas de cambio climático, todo está enfocado en detener la deforestación pero no estamos haciendo lo suficiente por entender, monitorear y enfrentar la degradación, que es mucho más importante en términos de emisiones forestales”.
La directora ejecutiva de Ecociencia explica que del total de biomasa forestal que ha perdido el Ecuador en un periodo de 14 años (2003 – 2016), el 78% se debe a degradación y el 22% restante a deforestación. Esto en referencia al estudio regional en el que participó Ecociencia junto a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). “En términos porcentuales, Ecuador es uno de los países con el índice más alto de degradación”, agrega
Otro punto importante que destaca Josse, y con el que coinciden algunos de los expertos consultados, es que la política forestal ecuatoriana no considera las complejidades del país, que tiene su mayor patrimonio forestal en la Amazonía en manos de los pueblos y comunidades indígenas. “¿Cómo debemos manejar ese patrimonio? No es lógico que se trate a esos bosques con esa riqueza como se trata a cualquier plantación forestal de eucalipto, pino o teca […] debe dimensionarse el problema y debe hacerse un proceso adecuado que incluya una política coherente y consciente. No se puede simplemente cerrar los ojos”, sostiene.
Por ejemplo, en el caso de la balsa en territorio achuar, “no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) pero cabe la casualidad de que son territorios en mejor estado de conservación porque no ha habido carreteras que expandan la frontera petrolera y minera”, comenta Belén Páez, pero enfatiza en que eso está cambiando con la vía a Copataza, promovida por el gobierno local de Pastaza dentro de su plan de conectividad.
El peligro ronda las áreas protegidas y los pueblos aislados
Algunos expertos piensan que las áreas protegidas están en riesgo debido al acelerado aumento de la tala en medio de la pandemia, la osadía de los madereros y el debilitamiento institucional del Ministerio de Ambiente; como consecuencia de la disminución presupuestaria que mantiene en incertidumbre a cerca de 200 guardaparques cuyos contratos ocasionales vencen a finales del 2020.
El pasado 5 de junio se retuvieron 18,65 m3 de madera que había sido talada de la Reserva Ecológica Mache – Chindul de Quinindé, provincia de Esmeraldas. El 17 de julio se registró la retención de 13,5 m3 de madera de balsa, cortada y apilada, al interior de la Reserva Biológica de Limoncocha en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Pocos días después, el 23 de julio, una inspección en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en Esmeraldas, detectó zonas de tala, aunque no se registró ninguna incautación.
“Hay un fenómeno que no es oculto y es que la madera, como la balsa, se está terminando en los territorios comunitarios. Si no existe en territorios comunitarios, van a entrar en los parques nacionales, en las zonas intangibles”, señala Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka y agrega que en El Coca, provincia de Orellana, los madereros lograron talar en terrenos que pertenenecen a las Fuerzas Armadas. “Si es que pueden entrar a estos lugares de los militares, entran en cualquier lugar”, dice. Mongabay Latam consultó con los militares para confirmar si interpusieron una denuncia por este hecho, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.
Con Solís coincide un guardaparque del Yasuní que accedió a hablar con Mongabay Latam bajo la premisa de ocultar su identidad, por temor a represalias en época de recortes. “Cuando encuentran el mercado para el aprovechamiento de madera, [los taladores] no ven límites y se dan los modos para llegar hasta los puntos donde existe el recurso”, comenta. En el Yasuní existen 45 guardaparques que tienen a su cargo la protección de un millón de hectáreas, con la complejidad que implica la coexistencia de varias nacionalidades indígenas, actividades petroleras y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.
Aunque los guardaparques del Yasuní no han registrado retenciones de madera ilegal durante la emergencia sanitaria, el funcionario entrevistado reconoce que “por esta cuestión de la pandemia no se ha podido movilizar mucho el personal”.
En este contexto de tala en medio de la pandemia, hay especial preocupación por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que podrían ser afectados por las actividades madereras en los territorios waorani de las riberas del río Shiripuno, en la franja de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT). “A lo largo de la historia están registrados los enfrentamientos que han existido entre madereros y pueblos aislados, incluso algunos madereros han sido lanceados, pero no sabemos cuántos de los aislados han muerto a manos de madereros que entran armados a la selva”, sostiene Xavier Solís. Y a eso se suma la construcción de una vía petrolera en el corazón del Parque Nacional Yasuní y al borde de la ZITT. “No es un sendero ecológico, sino una carretera de 4,4 kilómetros que está llegando al lugar donde transitan y viven los pueblos en aislamiento voluntario. Es clarísimo el impacto de la deforestación”, asegura la integrante del Colectivo Geografía Crítica, Amanda Yépez.
Imagen superior: Tres aserraderos clandestinos ubicados en el cantón Arajuno, provincia de Pastaza, fueron desarticulados en operativo realizado por el Ejército y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía el pasado 23 de julio de 2020. Se retuvo madera de balsa. Foto: Policía Ecuador.
