La minería ilegal que causó un desastre ambiental en el río Jatunyacu, provincia de Napo, se ha trasladado a Huambuno y Ahuano, con efectos de contaminación y deforestación. Hasta la minería legal ha operado sin todos los permisos ambientales, hoy está en funcionamiento una polémica concesión para extracción de material pétreo.
Redacción Montañas y Selva / Mongabay Latam
Por favor, no diga mi nombre ―esta frase se repite entre la gente de la zona que ha denunciado las operaciones de la minería ilegal y los incumplimientos de la legal en la provincia de Napo―.
Alberto* es oriundo de la zona del río Huambuno. Trabaja en el turismo ecológico y es parte de una comunidad ancestral que no está de acuerdo con la minería. Frente a su propiedad, al otro lado del río, desde hace varios años ha visto cómo se ha incrementado la presencia de retroexcavadoras que van desfondando el suelo más de 10 metros para extraer oro, destruyendo todo lo que está a su paso.
El hombre ha venido documentando con fotos y videos esta actividad hasta que, una tarde de 2022, fue encañonado en la sien.
―Vino un hombre, me apuntó y me dijo que si sigo denunciando me va a matar y me va a dejar botado como perro, en la calle o en el río. Yo, en ese momento, pensé que me disparó, pero no me disparó.
El caso es complicado y está siendo investigado por la Fiscalía. Alberto ha documentado la presencia de 18 frentes mineros con más de 80 retroexcavadoras en el trayecto Dorado-Huambuno-Cashayaco-San Pedro de Huambuno, Alto Huambuno y Río Blanco. Dice que las máquinas trabajan de día y de noche.
―Están destruyendo el río del que bebíamos y que usábamos para bañarnos. El agua comenzó a contaminarse. Se afectan las ranas, las aves, toda la biodiversidad. Nunca hubo socialización, ni capacitación, sino que de la noche a la mañana aparecieron las máquinas. Yo tengo puesta una denuncia y mis tíos también pusieron siete denuncias más pero nunca hicieron el peritaje y está todo en la Fiscalía de Quito― dice Alberto con voz nostálgica.
Un estudio de la Universidad Ikiam, además de demostrar que en Napo hay ríos muertos como el caso del Chumbiyaku, que tiene 500 veces más metales pesados de los límites permitidos, indica que en las áreas afectadas por la extracción aurífera, el suelo se erosiona, pierde materia orgánica y el drenaje gradual de los desechos contaminantes baja hacia capas inferiores del suelo, convirtiendo en tóxicas e inservibles las tierras.
Familias de la zona de Ahuano, cercanas a las poblaciones de Huambuno Alto y Río Blanco, han denunciado afectaciones en su piel por bañarse en el río Napo.
¿Quiénes manejan las concesiones?
La comunidad de Río Blanco está dividida. Cinco familias crearon una nueva llamada Ñucanchi Urku y dieron paso a la minería. Alberto nombra las concesiones Napu Kury, Huambuno 1, Huambuno 2, Huambuno 3 y el Emprendimiento Minero Familia Romero.
Napu Kury no está en la lista de operadoras inscritas en el Ministerio de Energía y Minas y el Emprendimiento Minero Familia Romero está concesionado al señor Iván Romero.
Huambuno 1, Huambuno 2 y Huambuno 3 están concesionadas a la empresa Transconmi Construcciones Cía. Ltda. El actual representante legal es Nelson Ashanga. El fundador, gerente general y accionista de esta empresa de 2010 a 2021 fue Telmo Andrés Bonilla Abril, alcalde del cantón Archidona, en la provincia de Napo.
De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, la empresa Transconmi no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras. Esta alianza periodística intentó comunicarse con el exalcalde Bonilla, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco hubo respuesta por parte de la empresa a través de los teléfonos y correo que tienen registrados en la Superintendencia de Compañías y que, coincidencialmente, es el mismo correo de contacto de la empresa Terraearth Resources.
Terraearth Resources es una empresa minera de capital chino que tiene varias concesiones para la extracción de oro dentro de la provincia de Napo. Sin embargo, ha tenido varios llamados de atención y notificaciones por parte del Ministerio de Ambiente debido a incumplimientos ambientales. Aun así, sigue operando.
En el Sistema Único de Información Ambiental (SIUA) del Ministerio de Ambiente se registran tres pedidos de licencia ambiental para las tres concesiones Huambuno. La última es reciente, tiene fecha del 23 de abril de 2023. Todas fueron archivadas, lo que significa que no cumplieron los parámetros para obtener el permiso ambiental. Sin embargo, en el terreno hay máquinas operando.
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022. Entre enero de 2022 y enero de 2023 se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino, donde la minería se expandió en 55 hectáreas entre enero y diciembre de 2022, según un nuevo cálculo de MAAP.
Para muchas personas en la región, si Yutzupino fue un biocidio, Huambuno es uno más grande. Por eso, Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de Ecuador y miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Naturaleza, cree que el Estado debe declarar la emergencia ambiental en la provincia de Napo.
Sin embargo, hasta el momento no hay importantes operativos en esa zona, y ya no llegan los ministros, ni los policías, ni los militares. Quienes denuncian viven entre amenazas.
La Agencia de Regulación Minera realizó 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país en el 2022. De esos, sólo 20 fueron en Napo, a pesar del crecimiento desbordante de los frentes mineros en esta provincia. La cifra total de controles es 17 % menor que 2019, año en el que se realizaron 418 operativos a nivel nacional.
Dentro de las causas que Fiodor Mena nombra para el desastre de los ríos de Napo está la debilidad institucional. De acuerdo con el informe de la Comisión de Biodiversidad de la exAsamblea Nacional, hasta 2022 se contaba con sólo un especialista técnico minero que debía controlar 552 concesiones mineras inscritas y 171 en trámite distribuidas en tres provincias: Napo, Orellana y Pichincha. Además, este técnico tenía que realizar trámites administrativos e informes. Muchos informes.
El mismo documento de la Asamblea da cuenta de que existe una gran cantidad de trámites represados en la Agencia de Regulación Minera: 275 trámites pendientes en el sistema Quipux, 190 informaciones semestrales de producción, 165 informes anuales de explotación y producción, además de las denuncias ciudadanas y los acompañamientos a los operativos de control solicitados por el Ministerio de Ambiente, Fiscalía, municipios, entre otras instituciones.
Para Michelle Báez, ecóloga política y profesora en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), el Estado está en alianza con el sector minero. “El Estado defiende los intereses del capital minero y viceversa. De hecho, hay recompensas como cargos importantes en las empresas luego de salir del sector público. Es una práctica muy común que empleados de empresas extractivas vayan a cargos públicos y luego regresen a mejores posiciones en las privadas. Esto se llama dinámica de puertas giratorias. En estos intercambios, el Estado y la minería viven en constante contubernio”, asegura.
En Ecuador se propuso una Ley de control de las puertas giratorias. El debate sobre el proyecto de ley se dio en el Pleno de la Asamblea, duró menos de dos horas y se archivó por mayoría el 24 de marzo de 2022.
Nada de esto es nuevo
Esto ya sucedió.
Napo vive un indeseado dejavú.
En Ecuador, la noticia de la pérdida masiva y acelerada de bosque, así como la contaminación del río Jatunyaku, en la zona de Yutzupino, causó controversia nacional. Entre octubre de 2021 y enero de 2022, la minería ilegal en esa zona se expandió en 70 hectáreas, lo equivalente a 99 canchas de fútbol profesional.
A partir de la presión social de las comunidades y las organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza, el 13 de febrero de 2022 se llevó a cabo un gran operativo de control en lo que quedaba del río. Hasta el lugar llegaron la ministra del Interior, el ministro de Defensa y 1600 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Entre los enormes cráteres de roca y las montañas de escombros, en lo que antes era un cristalino afluente del río Napo, esa madrugada se incautaron 148 retroexcavadoras; 97 motores de succión de agua; 16 bombas de agua; 80 máquinas de separación de minerales, llamadas “Zetas”; 41 tanques de plástico de 1000 litros con combustible, y otros bienes que se utilizaron para extraer oro.
En la mañana de ese día de febrero circularon fotos, videos y las imágenes aéreas del desastre ecológico, del biocidio. Hubo personas arrestadas que luego fueron dejadas en libertad.
En mayo de 2023, a la entrada de Tena, la puerta a la selva amazónica de Ecuador, las retroexcavadoras incautadas y varadas seguían en pie, como dando la bienvenida a los visitantes.
Tena es la capital y ciudad más grande de la provincia de Napo, una región de rica biodiversidad, rodeada de exuberantes colinas tropicales y ríos que atraen a los turistas que buscan aventuras en kayak y caminatas por la selva.
Según el Ministerio de Turismo (MINTUR), en Napo existen 318 atractivos turísticos, la mayoría son sitios arqueológicos (81), seguido por 68 cascadas, 15 miradores y 14 cavernas como la conocida Jumandy. Esto hace que la actividad turística sea el segundo rubro de ingresos económicos de la provincia, luego de la agricultura. Una de las principales actividades es el canoping que se practicaba en ríos como el casi desaparecido Jatunyaku.
De acuerdo con las organizaciones sociales y defensores de la naturaleza, más de dos mil personas trabajaron, entre octubre de 2021 y febrero de 2022, en la extracción ilegal de oro. A pesar de que, en noviembre de 2021, la extraña aparición de las primeras cuatro retroexcavadoras en las orillas del Jatunyaku llamó la atención de activistas ambientales que denunciaron la situación en la Gobernación del Napo, y hasta por redes sociales, pero no tuvieron respuesta. Desde el mirador Los Ceibos se veía claramente el avance de las máquinas naranjas que de 4 pasaron a 10, a 50, a 100 a 148.
El mirador fue el primero en ser clausurado. Nadie alrededor sabe quién exactamente puso las cintas amarillas con la palabra peligro en letras negras a la entrada y, si lo saben, no lo dirán. Por ahí pasaron las retroexcavadoras para entrar de manera clandestina al río Jatunyaku. Actualmente, en la unión de la carretera Troncal Amazónica con la vía secundaria donde se encuentra el mirador hay un control policial, pero el miedo, la duda y la desconfianza se mantienen entre los pobladores.
Personas de la zona cuentan que les pagaron entre 2000 y 2500 dólares por el paso de cada una de las máquinas retroexcavadoras por sus terrenos. A cambio, debieron mantenerse en silencio.
Oliver* tenía 17 años cuando comenzó la destrucción del río Jatunyaku en el 2021.
―Si uno se ponía debajo de las “retros”, por donde caminaba encontraba oro ―cuenta como si fuese una de sus primeras hazañas de juventud―. A veces nos hacían pagar 1 dólar para entrar a minar, pero valía la pena. Eso fue al inicio, luego comenzó a llegar más y más gente, por ahí dicen que fueron miles. Yo vi mujeres embarazadas, niños, adultos. Nos empujábamos para coger el oro. Yo tuve suerte, me gané unos miles de dólares― dice Oliver con sonrisa todavía inocente.
―¿Y cómo era el proceso? ¿Quién te compraba el oro?
―Un señor, un viejito que tenía un local en Tena. Solo a él le podías cambiar el oro y te daba dinero en efectivo.
―Eras joven. Tenías 17 años cuando se saqueó el Jatunyaku. ¿No tuviste miedo?
Con la picardía de la adolescencia, Oliver sonríe y acepta que tuvo miedo al inicio pero que después reflexionó para sí mismo: “Si todos lo hacen, ¿por qué me voy a quedar sin oro?”.
―Mi mamá me decía que no fuera. Pero nosotros éramos una familia pobre, y de un momento a otro teníamos mucho dinero bajo el colchón.
―¿Y qué hicieron con ese dinero?
―Mandamos a mis hermanas a otra ciudad para que se compren una casa y salgan de aquí. Yo no me voy porque no quiero dejar a mis padres solos. Aquí no podíamos tener mucho dinero porque solían venir a requisarnos cuando empezaron a hacer operativos.
―¿Tanto dinero hicieron?
―Uf, sí. Imagínese que en un buen día se sacaban varios gramos de oro. Teníamos que andar ‘pilas’ porque si no, te podían seguir para robarte. Hubo casos de que entre vecinos se estafaron.
―¿Te robaron alguna vez?
―No porque aprendí a ser precavido. Una noche encontré un pedazo de oro así de grande (con sus manos tersas por la edad y bronceadas del sol, separa el aire unos 10 centímetros). Y, ¿sabe qué hice? Me fui al bosque, alrededor de las 11 de la noche. Despacito para no hacer bulla. Mirando a todos lados. Me fui bien profundo y me quedé escondido entre un árbol haciendo silencio y con el oro en las manos. Me mantuve casi como una estatua. ¡Por tres horas! Hasta estar segurísimo que nadie me siguió. Ahí, como a las 2 de la mañana, con la luz de la luna, enterré mi oro. Sólo yo sé dónde está.
Mientras continúa la caminata y conversación con Oliver, intentando llegar al nuevo mirador que se construyó unos metros a la izquierda del antiguo, un hombre aparece. Oliver inmediatamente empieza a hablar de aves y de qué lugar turístico recomienda visitar en la zona.
El hombre se interna en el mirador. Cuando desaparece, el joven susurra que esa persona es del “grupo de inteligencia de los mineros”, que ellos andan en todos lados y le “avisan todo al patrón”. Que no les gusta que vengan personas o periodistas a preguntar mucho.
La inacción del Estado
En marzo de 2022, días después del operativo en Yutzupino, doce colectivos de Napo interpusieron una Acción de Protección al Estado ecuatoriano por falta de control a las concesiones mineras. Ganaron en primera y segunda instancia. El 13 de abril de 2022, el juez de la Corte Provincial de Napo obligó al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) a presentar, en 180 días, un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal de toda la provincia, causada por la falta de control.
Las autoridades no han cumplido con la sentencia.
Los colectivos interpusieron, en enero de 2023, una nueva demanda por incumplimiento de la demanda anterior. Nuevamente, el juez de la Corte de Justicia de Napo les dio la razón y ordenó la destitución de los tres ministros, la reparación de las zonas afectadas y 48 horas para presentar el plan de reforestación.
Sigue sin haber respuestas estatales y nadie fue destituido.
Poco más de un año después, el 13 de abril de 2023, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría (121 de 137 votos) el Informe de Fiscalización y Seguimiento de la minería ilegal en Napo, en la zona de Yutzupino y emitió una resolución. En el documento se reconoce la inoperancia del Estado y los grandes daños sociales y ambientales en un radio de 20 kilómetros alrededor del río Jatunyaku, llamado “Punto cero”. La resolución de la Asamblea Nacional es vinculante e incluye 36 obligaciones y acciones inmediatas que varios Ministerios debieron cumplir para parar el biocidio de Yutzupino.
Exigencias como que en 60 días el Presidente de Ecuador reforme los Decretos Ejecutivos 754 y 151 relacionados con la minería.
Al Ministerio de Minas le obligó a reestructurar la Agencia de Regulación en un máximo de 60 días. Esto no ocurrió. Solo cambiaron de director, quien dijo, a través de su dirección de Comunicación, que dará entrevistas cuando esté más empapado de los temas.
El Ministerio de Minas tenía 90 días para entregar a la Asamblea Nacional un informe geológico y una nueva normativa que mejore los procesos de control. Y, en ese mismo tiempo, debía solicitar los informes técnicos y legales a la Agencia de Regulación para la extinción de los derechos mineros.
A la Agencia de Regulación le obligó, en menos de 30 días, a contratar seis especialistas de seguimiento y control minero, solo para la provincia de Napo. Al Ministerio de Ambiente le dio 30 días para crear los procesos de determinación de daño ambiental. Al Ministerio de Salud le dio 30 días para lograr un estudio del nivel de afectación de la población derivado de la actividad minera. Al Ministerio de Transporte le dio 30 días para regularizar todas las maquinarias y retroexcavadoras, y asegurarse que tengan su certificado de instalación de GPS.
“Nada se ha cumplido. Nada. A veces me decepciona tanto circo y novela que no termina en nada concreto, medible y tangible”, dijo por teléfono el Defensor del Pueblo de Napo, Andrés Rojas, el 18 de mayo de 2023, el día que se clausuró la Asamblea Nacional, luego de la muerte cruzada invocada por el presidente Lasso.
Rojas está haciendo el seguimiento del cumplimiento de la resolución de la Asamblea por la que tanto lucharon. Cuenta que, desde la Presidencia, lo último que le dijeron fue que no les llegaba todavía la notificación.
El Ministerio de Ambiente respondió para esta investigación que están analizando la situación y que es todo lo que pueden decir. La respuesta fue parecida en el Ministerio de Minas. La Agencia de Regulación alega que casi está naciendo de nuevo y no sabe de esta resolución y el Ministerio de Transporte no ha brindado respuesta hasta el momento.
El desorden estatal es tan grande que varios responsables de las instituciones públicas nombradas no conocían la resolución que surgió a partir del informe de Fiscalización de la Asamblea Nacional y pidieron copia del documento para saber de qué se trata.
Gustavo Redín, abogado experto en temas ambientales y parte de la organización CEDENMA ―que agrupa a varias organizaciones ambientalistas ecuatorianas― recordó que, no se puede esperar mucho si, para colmo, el ente de fiscalización que emitió esta resolución, la Asamblea Nacional, ya no existe luego de la Muerte Cruzada.
La minería de la prefectura de Napo
―Tengo miedo― dijo con la voz doblegada Gonzalo*, quien vivía en la comunidad de Balzachicta, 10 minutos río abajo de la comunidad de Alberto.
Gonzalo era operador turístico y comenzó a observar, en septiembre de 2022, entre las salidas y llegadas de los turistas en lanchas que, frente a su propiedad, maquinaria pesada desviaba abiertamente el río Napo en la desembocadura del río Arajuno. Los visitantes comenzaron a quejarse del estruendoso sonido de la maquinaria que no paraba las 24 horas. Algunos salieron molestos, otros, sorprendidos.
Gonzalo tomaba fotos y videos, y los subía a las redes sociales. La zona que estaba siendo removida era un banco de arena, que era parte de la comunidad de Balzachicta, en la que existe una concesión para la extracción de material pétreo que pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y que utilizaba el material para una importante obra: “los 14 kilómetros de asfaltado de la vía Río Pusuno – Ahuano tercera etapa, anhelada por muchos moradores”.
Esta concesión no tenía todavía los permisos ambientales para operar y el registro en el Ministerio de Energía y Minas aún estaba en trámite. Sin embargo, desde septiembre de 2022 las volquetas, retroexcavadoras, y clasificadoras de material llegaron con más frecuencia al lecho del río.
Gonzalo siguió día a día los avances de la extracción de material pétreo. Mandó cartas a los ministerios de Turismo, Ambiente, Minas, y a la Fiscalía, hasta que el 5 de diciembre de 2022, la Dirección Zonal del Ambiente suspendió las operaciones de la concesión debido a infracciones como no contar con Registro Generador de Desechos Peligrosos, la contaminación y desvió del cauce del río Napo y no contar con los permisos administrativos.
Fiódor Mena era el director regional del Ministerio de Ambiente en ese momento y confirma que estas concesiones no tenían todos los actos administrativos al día. Por eso dio la orden de suspensión.
Sin embargo, las máquinas siguieron en funcionamiento.
El 1 de marzo de 2023, con las insistentes denuncias en redes sociales de algunos pobladores como Gonzalo, el Estado hizo un gran operativo y clausuró las máquinas de la Prefectura por incumplimientos administrativos y ambientales. A pesar de esto, el 2 de marzo las máquinas siguieron funcionando.
―Nosotros no impedimos totalmente la extracción de material, pero que se haga una minería responsable, lo que estamos viendo es que minan como les da la gana. Hay gente que no quiere comprometerse [exigiendo minería responsable] porque tienen miedo. Mis dos vecinos no firmaron la denuncia, me dijeron que no querían tener problemas―, dice José Punzhi, habitante de la comunidad de Balzachicta.
A pesar de toda la controversia, en abril de 2023 finalmente se aprobaron los permisos de funcionamiento para la concesión de la Prefectura de Napo: “ya les dimos el permiso, habían cumplido con los papeles que debían presentar y era un pedido de algunos pobladores, dueños de hoteles y lodges que decían que se beneficiarían de la carretera”, comenta Mena con una sonrisa decepcionada. Luego, con los cambios de autoridades (el 2 de abril de 2023 el viceministro de Ambiente, José Antonio Dávalos pasó a liderar esta cartera), Mena fue removido de su cargo.
“Lo que no se toma en cuenta es que, a gran, mediana o pequeña escala, la minería siempre traerá conflictos porque es posesión forzosa de la tierra, del agua, de los recursos naturales. En nuestros estudios hemos podido ver que los mismos problemas de las pequeñas mineras, los hay en las megamineras. Hay derechos igual de vulnerados. Empezando con que ninguna empresa en el país ha cumplido con el mandato de la Consulta Ambiental ni la Consulta Previa, libre e informada”, concluye Báez.
A pesar de las resoluciones, de los operativos, de las noticias, de las demandas, de la fuga de oro y de la devastación ambiental, Napo está viviendo un segundo biocidio.
*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.
Imagen de apertura: A pesar de que el 1 de marzo de 2023 miembros de la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía paralizaron las actividades de la concesión de la Prefectura, al día siguiente, las máquinas volvieron a trabajar. Foto: Cortesía.
***Este proyecto de Montañas y Selva fue desarrollado en alianza periodística con InquireFirst y con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation.
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