Durante 2020 fueron 65 los asesinatos que ocurrieron en el país contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en diferentes regiones del país.
La organización investigativa Global Witness entregó su reporte anual en el revela que por segundo año consecutivo, Colombia ocupó el primer lugar en asesinato de defensores de la tierra y el ambiente.
Fueron 65 las personas que perdieron la vida debido a a su activismo, indica la organización que muestra cómo de un total de 227 ataques, más de la mitad, es decir, 124, ocurrieron en tres países: Colombia, México y Filipinas.
En el caso de Colombia, reporta que los asesinatos se presentaron en el contexto de ataques generalizados contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país, a pesar de las esperanzas del Acuerdo de Paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados, y la pandemia de COVID-19 solo sirvió para empeorar la situación. Los bloqueos oficiales llevaron a que los defensores fueran atacados en sus hogares, y se redujeron las medidas de protección del gobierno.
En México, documentaron 30 ataques letales contra defensores en 2020, un aumento del 67% con respecto a 2019. La tala estaba vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de los mimos estaban dirigidos contra comunidades indígenas. La impunidad de los crímenes contra los defensores sigue siendo sorprendentemente alta: hasta el 95% de los asesinatos no resultan en enjuiciamiento.
En Filipinas, el deterioro de la situación de los derechos humanos ha recibido una creciente condena internacional. Explica la organización que la oposición a las industrias dañinas a menudo se encuentra con violentas medidas represivas de la policía y el ejército: En nuestros datos, más de la mitad de los ataques letales estuvieron directamente relacionados con la oposición de los defensores a los proyectos de minería, tala y represas.
Los años del presidente Duterte en el cargo han estado marcados por un aumento dramático de la violencia contra los defensores. Desde su elección en 2016 hasta finales de 2020, 166 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados, un aumento impactante para un país que ya era un lugar peligroso para defender el medio ambiente, indica la investigación.
Amenazas a defensores de bosques
El documento aclara también que en los casos en que los defensores fueron atacados por proteger ecosistemas particulares, el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y el desarrollo industrial. En Brasil y Perú, casi tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en la región amazónica de cada país.
Según los informes, casi el 30% de los ataques estaban vinculados a la explotación de recursos como tala, minería y agronegocios a gran escala, y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. De estos, la tala fue el sector vinculado a la mayoría de los asesinatos, contabilizando 23 casos. México experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, con 9 en 2020.
Afirma también que al igual que los impactos de la crisis climática en sí, los impactos de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no se sienten de manera uniforme en todo el mundo. Es así como el Sur Global está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes, y en 2020 todos menos uno de los 227 asesinatos registrados de defensores tuvieron lugar en los países del Sur Global.
El número desproporcionado de ataques contra los pueblos indígenas continuó, con más de un tercio de todos los ataques fatales dirigidos a los pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades indígenas constituyen solo el 5% de la población mundial. Los pueblos indígenas también fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020.
Como ha sido el caso en años anteriores, en 2020 casi 9 de cada 10 de las víctimas de ataques letales eran hombres. Al mismo tiempo, las mujeres que actúan y hablan también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres a menudo tienen un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades y familias.
“El negocio es responsable”
Global Witness, es una organización con cerca de 100 empleados y sede en Bruselas, Londres y Washington D.C. Advierte que muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente: Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde del abismo, sino que ha seguido perpetuando el asesinato de defensores. En demasiados países, ricos en recursos naturales y biodiversidad climáticamente crítica, las corporaciones están operando con casi total impunidad. Debido a que el equilibrio de poder se apila a favor de las corporaciones, es raro que alguien sea arrestado o llevado a los tribunales por matar defensores. Cuando lo son, generalmente son los gatillos, los que sostienen las armas, no aquellos que podrían estar implicados, directa o indirectamente, en el crimen.
Llamado a los gobiernos: No más violencia
La organización dice que los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no cumplir con su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No están protegiendo a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetrando directamente violencia contra ellos, y en otros cómplices de los negocios.
Peor aún, los estados de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, Colombia y Filipinas, utilizaron la pandemia de COVID para fortalecer las medidas draconianas para controlar a los ciudadanos y cerrar el espacio cívico: Global Witness
Existe un vínculo claro entre la disponibilidad de espacio cívico y los ataques contra los defensores: las sociedades más abiertas y tolerantes ven muy pocos ataques, mientras que, en las sociedades restringidas, los ataques son mucho más frecuentes. Finalmente manifiesta que la mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en estados con libertades cívicas limitadas.
Este reporte obedece a que durante más de 25 años, Global Witness ha investigado y expuesto los abusos ambientales y de derechos humanos en los sectores del petróleo, el gas, la minería y la madera, y hemos rastreado el dinero y la influencia mal habidos a través del sistema financiero y político global.
Hoy en día, seguimos centrándonos en los actores abusivos, el mal uso del poder y los flujos financieros, pero nos hemos centrado en algunos de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad: la emergencia climática y los ataques al espacio cívico.
