©Darlin Bejarano
El reto para el gobierno es garantizar su protección sin perjudicar las condiciones de vida de las 6500 personas que lo habitan.
Antonio José Paz Cardona / Mongabay Latam
Como ya había ocurrido con la Amazonía colombiana y con el río Atrato, hace unos días el páramo de Pisba, en el departamento de Boyacá, fue declarado sujeto de derechos.
En este histórico fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, se intenta que el páramo y todo lo que en él habita (flora, fauna, recursos naturales y personas) sean reconocidos por la ley. Pero esto no se logró de la noche a la mañana, fue producto de una tutela ─herramienta jurídica que tienen los colombianos para hacer valer sus derechos fundamentales─ interpuesta por algunos habitantes de los municipios ubicados en ese ecosistema, en la que solicitaban que la delimitación del páramo de Pisba debía contar con amplia participación ciudadana. Se dio un plazo de un año para cumplir con esta orden.
La delimitación del páramo de Pisba hace parte de la meta que se propuso el gobierno anterior de fijarles límites a los 36 complejos de páramos con los que cuenta Colombia para garantizar así su protección. El país cuenta con cerca del 50 % de estos ecosistemas en el mundo, incluido el Sumapaz, el más grande del planeta. De acuerdo con el Instituto Alexander von Humboldt, la mayoría se ubican en las partes altas de la Cordillera de los Andes y otros en la Sierra Nevada de Santa Marta, cubriendo cerca de 2 906 137 hectáreas, equivalentes al 3 % de la superficie del país.
©Corpoboyacá.
Al final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya se habían delimitado 34 complejos de páramos y solo faltaban el de Pisba y el de Cocuy, ambos en el departamento de Boyacá, el que cuenta con la mayor cantidad de estos ecosistemas. La razón por la que estos dos páramos aún no han sido delimitados es que muchos de sus pobladores se encuentran preocupados por su futuro económico, pues con la delimitación quedarán prohibidas muchas actividades agropecuarias y mineras.
©Gobernación de Boyacá.
Precisamente, la incertidumbre que generaba este asunto llevó a que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, apoyara a varios líderes de diferentes sectores que finalmente interpusieron la tutela. En últimas, el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá solicita que el páramo se delimite en concertación con las comunidades que lo habitan, pues se consideró que el estudio técnico, económico, social y ambiental se quedaba corto en su componente social.
La sentencia dice textualmente en su punto resolutivo 5 que “el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación de las entidades descritas en el numeral anterior (Corpoboyacá y Corporinoquia), deberá respetar los siguientes parámetros mínimos: Compensar a las personas afectadas con la delimitación del Páramo de Pisba, atendiendo las medidas consideradas por la Corte Constitucional o las que resulten proporcionales a la afectación (…). Adelantar concertaciones inclusivas, con la intervención de la totalidad de entes territoriales cuyo territorio se encuentre dentro de la delimitación del páramo de Pisba, los representantes de los titulares mineros, los mineros tradicionales, los trabajadores mineros, los agricultores, los habitantes de las regiones ubicadas en las zonas objeto de delimitación…”.
Carlos Amaya dijo que “este tipo de procesos deben ser ejemplo tanto para las comunidades, como para el propio Estado. Boyacá sigue dando ejemplo y demostrando que la voz de cada uno de los boyacenses vale. El camino que debemos seguir es el de la concertación y no el de las imposiciones desde frías oficinas de Bogotá. Las decisiones que afectan a los territorios tienen que ser tomadas en diálogo abierto, franco y amplio con sus habitantes”.
El páramo de Pisba se encuentra en el departamento de Boyacá, que concentra 18,3 % de estos ecosistemas en Colombia. Foto: Corpoboyacá.
En diálogo con Mongabay Latam, Amaya expresó que el único departamento en Colombia donde se le alertó al gobierno de la problemática de los páramos fue Boyacá y que él, como gobernador, radicó una carta donde le pedía al entonces ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo que antes de emitir una resolución tenía que ir a Boyacá, concertar con las comunidades y hacer un plan muy serio sobre la reconversión productiva. Esto último era de especial importancia para el mandatario regional pues con la delimitación muchas actividades que actualmente se realizan en el páramo quedarían restringidas y/o prohibidas, por lo que las personas necesitaban una clara respuesta y acompañamiento que les permitiera seguir teniendo un sustento económico sin tener que abandonar sus territorios.
Según Amaya, “por lo general las decisiones que toma el gobierno nacional son inconsultas, fuera de contexto y lo que uno ve es que no se ha establecido ningún plan serio de reconversión productiva y financiación de la manera de vivir de los habitantes. Hemos dicho, en resumen: delimitación sí pero no así”.
El origen de la polémica
El tema de la delimitación de los páramos se remonta al 2011, cuando después de uno de los Fenómenos de La Niña más fuertes que ha vivido el país, que dejó miles de damnificados y pérdidas materiales por 11,2 billones de pesos (6052 millones de dólares), el gobierno nacional ordenó fortalecer y delimitar algunos ecosistemas estratégicos, como los páramos y humedales, para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos. Se solicitó entonces que los 36 complejos de humedales que estaban representados en una escala 1:100.000 se actualizaran a 1:25.000.
El páramo de Pisba alcanza una altura de 3800 metros sobre el nivel del mar. Foto: Darlin Bejarano.
Además, en el 2016 la Corte Constitucional dijo que en los páramos no se podía realizar ningún tipo de actividad extractiva o minera pues estos ecosistemas son “fábricas de agua”, importantes y vitales para la regulación del recurso hídrico y de los cuales se aprovisionan los acueductos municipales y veredales, así como los sectores productivos e industriales de Colombia. Esto generó un manto de temor entre las personas que durante siglos han realizado actividades en los páramos.
El Instituto Humboldt también ha expresado en ciertos momentos que “a pesar de que existe prohibición absoluta de desarrollar actividades mineras y agropecuarias en los páramos, la aplicación de esta prohibición no puede afectar de manera irrazonable o desproporcionada los derechos de particulares que desarrollan lícitamente esta actividad, y especialmente, de los pobladores que han vivido en estos territorios y cuyo bienestar y seguridad alimentaria dependen directamente de estos ecosistemas”.
Finalmente, el Humboldt desarrolló los términos de referencia para la delimitación, los cuales se denominaron estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales (ETESA). En ellos confluyen todos los parámetros necesarios para la delimitación. Luego, fue el Ministerio de Ambiente el que les dijo a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que aplicaran la metodología ETESA y le entregaran esos insumos para hacer la delimitación.
Los páramos son grandes captadores de agua. ©Gobernación de Boyacá.
“En el 2017 desarrollamos esos estudios y dentro de ellos se tuvieron en cuenta las comunidades. Hay dos componentes, un entorno regional y uno local. El local es el área ‘in situ’, de influencia directa del complejo de páramo. En el área de Corporinoquia lo que identificamos fue que la zona se encuentra muy bien preservada y los pobladores que habitan allí son muy escasos. En nuestro caso, por ejemplo, no identificamos actividades mineras, ni de agricultura ni ganadería extensiva. Por el contrario, en jurisdicción de Corpoboyaca sí hay mucha gente y se desarrollan todas estas actividades”, le dijo Fabián Rincón, líder del área de Biodiversidad de la subdirección de Planeación Ambiental de Corporinoquia, a Mongabay Latam.
Rincón también añadió que ahora les toca sentarse nuevamente con el Ministerio de Ambiente y revisar los nuevos términos para poder desarrollar el componente social con mayor profundidad y así cumplir con lo que dice la sentencia.
Corpoboyacá es quizás la Corporación Autónoma Regional que tuvo un trabajo más arduo a la hora de delimitar los complejos de páramos pues cuenta con 7 de los 36 complejos y Boyacá es el departamento con mayor porcentaje de estos ecosistemas (18.3 % del total nacional). Ricardo López, director de la corporación, dice que 5 páramos ya están delimitados y faltan dos, Cocuy y Pisba. “Cuando hicimos los estudios de este último nos encontramos con algo especial: es el más poblado del país y hay mucha actividad minera y agrícola allí”. Esta es la principal razón para que la tarea haya sido tan compleja y que el tema haya llegado hasta instancias judiciales.
El páramo es vital para la regulación del recurso hídrico ya que permite aprovisionar el agua para los acueductos veredales y municipales. ©Corpoboyacá.
Según López, tomó la decisión de buscar unos recursos adicionales para hacer un estudio profundo sobre el tema socioeconómico pues encontraron que en el páramo habitan 6234 personas y que, por ejemplo, una sola vereda en el municipio de Chita tiene 1200 habitantes y gran infraestructura vial. “Ese estudio se lo remití al ministro hace cerca de un año y le solicité detener la resolución hasta que no se hiciera un acercamiento con las comunidades”, dice. Esa solicitud iba en el mismo sentido de lo que pedían líderes comunitarios y alcaldes.
¿Y ahora qué?
A pesar de esto, López considera que “toda el agua sucia” en la polémica sobre la delimitación de los páramos terminó recayendo sobre la corporación. “Nadie discute la política de protección de páramos, había que hacerlo y estábamos demorados. Pero es que se ha enviado el mensaje de que la delimitación llevaba consigo la expulsión de los campesinos del páramo. Eso no es cierto, no se ha dicho que no puede haber actividades allí”, afirma.
De acuerdo con el funcionario, lo que sí es cierto es que se tendrán que cambiar o modificar algunas actividades. De hecho, el 18 de mayo de este año el Ministerio de Ambiente emitió la resolución 0886 en la que se establecen los lineamientos para la formulación de los Planes de Manejo de los páramos y donde se convoca, además, al ministerio de Agricultura y todas sus instituciones adscritas para que junto con el Ministerio de Ambiente empiecen a formular planes de reconversión y sustitución de actividades; entre las que se encuentran algunas muy dañinas para el ecosistema de páramo, como por ejemplo la ganadería extensiva, que debe ser sustituida por otra que, en menor terreno, genere los mismos o más recursos económicos al campesino.
Colombia cuenta con el 50 % de los ecosistemas de páramo en el mundo. ©Corpoboyacá.
Ahora bien, la mayoría de páramos ya están delimitados pero aún no cuentan con un Plan de Manejo y el problema es que su elaboración requiere de un dinero considerable que el nuevo gobierno debe destinarle a las CAR. La pregunta que surge es: ¿cuándo se destinarán esos recursos?
En el caso de Corpoboyacá, Ricardo López asegura que elaborar estos planes para los páramos de su jurisdicción requerirá de aproximadamente 9000 millones de pesos (poco más de 3 millones de dólares). “Se necesita que el nuevo gobierno siga con esta política y dé los recursos para la formulación de los Planes de Manejo ya que estos son los que involucran programas y proyectos que van principalmente en dos vías: proteger el ecosistema y darles alternativas a los campesinos que han vivido toda su vida allí para que permanezcan allí”, dice.
Otro de los temas que ha generado mucha confusión es conocer ¿hasta dónde van los páramos? Los pobladores, y en general los colombianos, no entienden por qué si el Instituto Humboldt ya definió, científicamente, hasta dónde va cada complejo de páramo, ahora hay que hacer una nueva delimitación.
El punto es que los insumos entregados por el Instituto no son vinculantes y el Ministerio puede tomarlos en cuenta, pero definir una nueva línea ─más arriba o más abajo─ dependiendo de los informes ETESA elaborados por las CAR.
Los campesinos han convivido durante siglos con este ecosistema. ©Gobernación de Boyacá.
Por ejemplo, Fabián Rincón de Corporinoquia, asegura que dentro de su jurisdicción tienen cinco complejos de páramos y varios de ellos se salieron del límite que trazó el Humboldt en su momento, “por procesos altos de restauración y recuperación se encontró que el páramo iba más abajo, abarcando áreas de bosques altos andinos, subpáramo, entre otros”. Pero también cuenta que se subió la línea de páramo en otros casos porque los ETESA identificaron que el ecosistema no era funcional hasta ese límite que había fijado el Humboldt. En otras palabras, habían perdido su capacidad de producción o regulación.
Ricardo López, director de Corpoboyacá lo explica de la siguiente manera: “El Humboldt tiene un criterio. A través de sus investigaciones establece qué es y qué fue páramo, hay zonas que hoy son potreros pero resulta que fueron páramo y para el Instituto siguen siéndolo, pues el hecho de que el ecosistema esté alterado no le quita su condición de páramo”.
Lo cierto es que hasta el momento todavía falta delimitar los páramos de Cocuy y Pisba. En este último caso, el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá otorgó un plazo de un año para que el Ministerio de Ambiente haga pública la resolución de delimitación, la cual debe ser concertada con las poblaciones que viven y desarrollan actividades en el páramo.
“Lo más importante es adaptar las actividades de los campesinos para que ellos mismos ayuden a proteger los páramos, pero eso es lo que el Gobierno nunca ha tenido claro. Siempre dicen: ‘delimitamos’, pero lo hacen desconociendo la problemática social que dejan en los territorios. Creo que va a haber una discusión muy interesante sobre el tema en todo el país”, aseguró Carlos Amaya, gobernador del departamento de Boyacá. La tarea parece no ser fácil.
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