Smurfit Kappa Colombia (SKC), una empresa papelera con plantaciones certificadas con la etiqueta de silvicultura ética FSC, se enfrenta a la oposición de los agricultores locales e indígenas por disputas de tierras e impactos medioambientales. Las comunidades que viven cerca de sus plantaciones dicen que estas son las responsables de la escasez de agua y de una disminución en la biodiversidad y fertilidad del suelo.
Natalia Torres / Mongabay Latam
A vista de pájaro, el verdor se expande en el horizonte tropical andino del departamento colombiano del Cauca. Una imagen que podría confundirse con un extenso bosque natural. Sin embargo, las comunidades indígenas misak y los agricultores que viven en la región saben que esos árboles conforman una plantación de pinos perteneciente a una de las empresas productoras de pulpa y empaques de papel más grandes de Colombia.
Smurfit Kappa Colombia es el nombre comercial de Cartón de Colombia S.A., empresa que nació en 1944 y cuya mayoría accionaria pertenece hoy a la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Group PLC. En 1986 el grupo Smurfit comenzó la compra accionaria hasta que en 2019 consolidó el control de la compañía con el 97%. Hoy ya tiene el 99% de las acciones.
La operación en Colombia es una de las seis más importantes del gigante internacional, que va desde las plantaciones forestales que producen la materia prima para las fábricas de pulpa, luego va a las máquinas de papel y termina en las plantas en donde se hacen los empaques. Una operación que en 2021 alcanzó ventas netas por cerca de 257 millones de dólares.
Los productos derivan de árboles como el pino pátula (Pinus patula) y el eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), especies que no son nativas de la región. Sus plantaciones se localizan en 33 municipios de seis departamentos colombianos y suman un total de 63.500 hectáreas (22 500 de bosques naturales y 41 000 de plantaciones forestales.
Según los datos recolectados en el Atlas de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, la compañía llegó al Cauca en la década de los setenta con la siembra de árboles en algunas tierras arrendadas y otras compradas. Actualmente, el departamento es importante para la empresa, ya que allí se encuentra casi un tercio de sus plantaciones en el país, con alrededor de 3 000 hectáreas en el municipio de Cajibío. Esta plantación cuenta con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), una etiqueta de silvicultura ética que promueve la gestión responsable de los bosques y que SKC tiene desde 2003.
Sin embargo, existen conflictos socioambientales y los miembros de las comunidades local e indígena misak de Cajibío (gente del agua) han expresado su enojo acusando a la empresa de acaparamiento de tierras. Pedro Josse Velasco, uno de los líderes misak, dijo a Mongabay Latam que SKC ha legalizado la propiedad de los predios mediante arrendamientos de territorios ancestrales que termina comprando a precios bajos, legalizaciones de tierras que fueron despojadas y otras que les han sido cedidas por el Estado a partir de baldíos.
Los líderes de la comunidad denuncian afectaciones ambientales y solicitan a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura que respeten el acuerdo de paz de 2016, que en sus capítulos étnico y de reforma rural, promete distribuir tierras a las comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales afectadas por el conflicto armado que ha azotado al país por más de 50 años.
Aproximadamente el 55 % de las familias colombianas perdieron acceso a sus tierras durante el conflicto. Los líderes locales argumentan que la redistribución de tierras se ha atrasado considerablemente, aunque con los representantes del gobierno de Gustavo Petro se han logrado acercamientos para lograr la reparación colectiva de las comunidades afectadas por el conflicto, según explicó Velasco.
La empresa multinacional, por su parte, niega todas las acusaciones de acaparamiento de tierras y negligencia. “Antes de consolidar procesos como la compra de tierras, realizamos rigurosos análisis legales y de antecedentes de las propiedades para asegurarnos de que todo respete los criterios de la ley”, le dijo a Mongabay Nicolás Pombo, gerente de la División Forestal de Smurfit Kappa.
Un mandato de los pueblos indígenas
En 2017, en asamblea los pueblos misak, nasa y pijao que ocupan el occidente del país decidieron fortalecer las acciones de“recuperación de la memoria colectiva, territorial y ancestral de territorios; fue un mandato y por ello en 2020 comenzamos las acciones para entrar a tomar las tierras”, explicó el taita (líder) Pedro Velasco.
El epicentro de esas acciones bajo el lema “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” está en el municipio de Cajibío, en donde se encuentra la plantación más grande de SKC, con 3 100 hectáreas cultivadas, según el cálculo de los misak. En julio del 2021, agricultores locales e indígenas ocuparon las plantaciones de la empresa en protesta y talaron unas 1 000 hectáreas de pinos y eucaliptos rosados. Las reemplazaron con cultivos de alimentos y establecieron un campamento en el límite de las plantaciones.
“Arrancamos sus pinos tal como ellos hacen con nuestros cultivos de maíz, frijoles y mandioca [en las plantaciones]”, dijo David Yalanda, agricultor misak.
En comunicado de prensa, Smurfit Kappa Colombia, expresó su preocupación por la que llamó invasión a sus predios, y alertó por los “impactos negativos para un gran colectivo” y el riesgo para 180 empleos en Cajibío.
“Esta tierra pertenecía a Leónidas Paz, y mis padres y tíos solían plantar alimentos en asociación con él. Él les daba la tierra, las semillas y mi familia proporcionaba la mano de obra, y parte de los insumos agrícolas”, explicó Juan, miembro de la comunidad misak que vive cerca de los cultivos forestales, quien pidió que no se revelara su nombre real por motivos de seguridad. Durante las manifestaciones del 2021, los habitantes locales informaron que habían sido atacados por trabajadores de SKC y que uno fue ilegalmente arrestado por las fuerzas armadas cuando conducía a su casa.
El primer muerto que dejó esta confrontación, en agosto de 2021, fue el joven comunero, Huber Samir Camayo, quien recibió un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento con la policía cuando intentaban desalojar a su grupo de una ocupación en la vereda la Laguna en Cajibío. El más reciente fue Juvencio Cerquera, quien el 9 de noviembre de 2022, murió por una bala presuntamente disparada por un trabajador de la multinacional, en el municipio de Sotará.
Las acciones de recuperación son permanentes y se dan en varios sitios del departamento. En noviembre 19 de 2022, hicieron la “toma y posesión” de la casa matriz de Smurfit Kappa en Cajibío. “Con el canto y medicina ancestral la casa queda sanada y armonizada: ahora es la casa matriz de los territorios de vida interétnicos e interculturales”, aseguró en su twitter, el taita Velasco.
En este momento hay tensión entre los líderes indígenas y los representantes del Gobierno por las promesas hechas durante la campaña del actual presidente y las acciones que anuncian.
Esta lucha ha dejado amenazas de muerte. Después de las acciones de recuperación, grupos paramilitares enviaron panfletos dando un ultimátum a quienes insistan en ocupar tierras privadas. Los líderes han recibido amenazas directas y por ello la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, instó investigar las amenazas contra Pedro Velasco por su participación en la lucha contra Smurfit Kappa.
Tierras ancestrales
Los misak solían habitar las tierras bajas de la región de Cauca, pero cuando llegaron los colonizadores españoles, la comunidad fue desplazada a las montañas, a unos 40 kilómetros de Cajibío. Luego de numerosas luchas por las tierras, se asentaron en la reserva de Guambia, en donde vive la mayor parte de su población de 23 000 habitantes.
Debido a la falta de suficientes tierras productivas para todos, se restablecieron otros asentamientos misak en las tierras bajas. En Cajibío, dos de estos asentamientos, que suman un total de 110 familias misak, están junto a las plantaciones de SKC. “Aquí, una familia de ocho o diez integrantes sobrevive con el cultivo de alimentos en una o dos hectáreas, pero esto no alcanza”, afirmó un líder del Cabildo Misak la Laguna, asentamiento cerca de las plantaciones de SKC en Cajibío, en donde la unidad familiar agrícola (la mínima requerida para la subsistencia de una familia campesina) es de entre 4 y 6 hectáreas.
En 2017, se ordenó a la multinacional restituir un terreno de 78 hectáreas en el Valle del Cauca a la familia Rivera, luego de que el Tribunal de Sustitución de Tierras de Cali determinara que SKC había obtenido ganancias con el conflicto armado, adquiriendo tierras a un precio bajo. Este es el único caso exitoso de restitución de tierras contra la multinacional.
La población local y los activistas del departamento del Cauca también acusaron a la empresa de pagar precios deslealmente bajos por tierras en su región. SKC se incluye en la lista de empresas extranjeras que contribuyen al acceso desigual de tierras en Colombia elaborada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), organización no gubernamental (ONG) colombiana que defiende los derechos humanos.
Certificación del FSC en donde se pierden bosques
Los productos de papel de SKC del Cauca presentan la etiqueta de FSC que acredita “normas sociales y medioambientales rigurosas” auditadas por un tercero independiente. Sin embargo, el FSC ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales por fallos sistemáticos que permiten que empresas con antecedentes cuestionables se beneficien de la certificación.
En el caso del Cauca, los agricultores locales y misak dicen que se enfrentan a la reducción de las fuentes hídricas, debido al alto volumen de agua que consumen las plantaciones.
De acuerdo con la legislación colombiana, los pinos y eucaliptos deben plantarse al menos a 30 metros de distancia de las cuencas hidrográficas para proteger el recurso. Sin embargo, durante las visitas a las plantaciones de Smurfit Kappa en el Cauca, Mongabay pudo constatar tres casos de árboles plantados junto a cursos de agua.
“El problema es que este modelo [de monocultivo] expulsa a las comunidades de su territorio y destruye sus ecosistemas”, explicó Diego Cardona, coordinador de bosques y biodiversidad de la organización no gubernamental CENSAT Agua Viva, en una entrevista para Mongabay.
Los habitantes rurales que viven cerca de las plantaciones de SKC dependen parcialmente de sistemas de pozos y bombas de agua artesanales, ya que el acueducto rural no satisface las necesidades de la comunidad. A Mongabay le contaron sobre las dificultades para acceder a suficiente agua durante las temporadas de sequías, debido al agotamiento del recurso en los acuíferos subterráneos.
“Hemos visto una reducción en las corrientes de agua a causa de los pinos año tras año. No se respetan nuestras fuentes de agua, ya que los eucaliptos se plantan precisamente junto a los ojos de agua. El problema es crítico”, afirmó un líder misak, quien nos pidió que no usáramos su nombre real por su seguridad.
Sin embargo, aún no se han llevado a cabo estudios para examinar la reducción de los niveles de agua subterránea a causa de las plantaciones de pinos y eucaliptos en Colombia.
El profesor Guillermo Vasquez, experto en hidrología forestal de la Universidad Nacional de Colombia, cuestiona la idea de que las plantaciones de estas especies deterioran las fuentes de agua. Sin embargo, reconoce que “en un bosque natural, [la hidrología] es mucho mejor. Tiene mayor cantidad, buena regularidad y excelente calidad”. Durante un estudio, Vasquez halló que las plantaciones de monocultivos forestales consumen un 15 % más de agua superficial que un bosque natural.
Los ecologistas y la población local también alertan sobre el impacto medioambiental que estas plantaciones tienen en la biodiversidad y en la calidad del suelo en la región.
Pombo le dijo a Mongabay qué SKC solo usa herbicidas durante los dos primeros años del establecimiento de la forestación y según los requisitos legales pero no especificó qué herbicidas. Agregó que las actividades de SKC se llevan a cabo con responsabilidad y que los recursos hídricos se gestionan como corresponde.
La denuncia por afectaciones a las fuentes de agua llegó incluso al Tribunal del Cauca. En 2021, un fallo sancionó al representante legal de Smurfit Kappa y al director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) por desacatar una sentencia de 2009, que ordenaba la protección de fuentes hídricas en los municipios de Sotará y Timbío. De acuerdo a miembros de la comunidad la reducción en las afluentes llegó a un punto en que no se podía pescar. “[Estas plantaciones] son lugares muy estériles. He tomado muestras en bosques de pinos en la región andina y no encontré ni una especie de ranas […], en general, evitan ir allí porque la hojarasca y el suelo son muy ácidos”, explica Nicolás Urbina, especialista en biodiversidad y conservación en la Universidad Javeriana.
Una de las ranas que está muy amenazada en las zonas donde opera SKC es la ranita venenosa del Valle del Cauca (Andinobates bombetes), especie endémica de Colombia. Actualmente, la región andina se enfrenta a una tasa de deforestación del 75 % en sus bosques naturales.
“Si caminas por la plantación, no oyes ningún ave. Pero donde yo vivo, se ven muchos tipos que llegan todos los días. Es por eso que queremos que se vaya Cartón de Colombia. Para que vuelvan las aves”, dijo el líder misak.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) catalogó a este tipo de plantaciones como “bosques plantados”. Se trata de un término que ha generado desacuerdo entre las organizaciones ambientalistas. “Decir que una plantación es un bosque es como decir que un acuario es un océano”, dijo Cardona de CENSAT Agua Viva.
Cardona recordó el caso más controvertido de deforestación tropical asociado a SKC que tuvo lugar en Bajo Calima (ubicado en la costa del Pacífico, al norte de la región del Cauca) durante más de 30 años. “En Bajo Calima, se destruyó el ecosistema durante años a través de las prácticas de corta a tala rasa. Esto significa usar una cadena atada a dos tractores y barrer con todo, incluidos los animales”, explicó.
La confrontación llegó hasta el país cuna de la multinacional. En abril de 2022, el taita Velasco hizo presencia en la asamblea de accionistas de Smurfit Kappa en Dublín, donde visibilizó el conflicto entre las comunidades y la empresa. El gobierno irlandés pidió a la Embajada en Colombia intentar mediar en este conflicto; ya se dieron las primeras visitas y conversaciones.
Beneficios, incentivos y cambios
Aunque las comunidades que viven cerca de las plantaciones critican los efectos medioambientales ocasionados por SKC, algunos residentes locales celebran la presencia de la multinacional en una zona rural en donde hay poco empleo. En 2020, la división forestal de SKC generó 2 808 puestos de trabajo en el país.
“Cartón de Colombia proporciona educación, repara las carreteras y da trabajo a las personas. Es la única empresa que ofrece empleo por aquí”, explicó Osvaldo Yánez, exempleado de SKC y residente de Cajibío.
Desde que comenzaron nuestras actividades, en Smurfit Kappa, hemos creído en el respeto por el medio ambiente en las áreas donde tenemos el privilegio de operar y lo hemos puesto en práctica”, dijo Pombo.
SKC gestiona cerca de 22 000 hectáreas de bosques naturales en el país. Sin embargo este esfuerzo de conservación es financiado principalmente por el gobierno colombiano, a través del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), que busca fomentar la inversión de esta industria en el país. El gobierno no solo cubre el 75 % de los costos para conservar estos bosques, sino también la mitad de los costos de establecer una forestación y mantenerla durante los primeros cinco años.
Los ecologistas argumentan que estos incentivos están concentrados en las manos de las grandes empresas como SKC y que benefician sobre todo los ingresos de las empresas.
“Creo que los incentivos se podrían implementar de otra manera. El CIF tiene tres categorías: para reforestar, para conservar y para propósitos comerciales. En la práctica, sin embargo, esos recursos solo se entregan a las forestaciones comerciales y se concentran en las manos de unas pocas empresas como Smurfit Cartón de Colombia”, dijo Cardona.
A pesar de las distintas perspectivas respecto a las plantaciones forestales, el déficit de tierras en el Cauca (y en Colombia en general) impulsa a los académicos y activistas a defender un cambio en el modelo forestal, basado en la gestión comunitaria de los bosques y territorios como una iniciativa para la protección.
“Reemplazar las zonas no productivas con sistemas agroforestales o silvopastoriles podría beneficiar a las comunidades y al medioambiente”, afirmó el profesor Jorge Ramirez, ingeniero forestal de la Universidad del Cauca. “Plantar y plantar más árboles sería muy fácil, pero la gente no come madera”.
Imagen superior: Un hombre y una niña misak contemplan una cruz ubicada en el lugar en donde, aparentemente, un joven manifestante murió a manos de un policía. Foto cortesía de Antonio Cascio.
Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/08/fsc-certified-paper-plantation-faces-farmer-backlash-in-colombia/
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