Montes de María

SERIE

POSCONFLICTO: GUERRA A MUERTE POR LA TIERRA I

 

La Superintendencia de Notariado tiene registro de acumulación de baldíos actualmente en siete departamentos: Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Casanare, Cesar y Vichada. Son 762 807 hectáreas acumuladas.

 

María Fernanda Lizcano / Mongabay Latam

 

  Carmelo Márquez siempre tiene una razón para pelear. Todos los días lucha, incansable, por defender sus derechos y los de su territorio: los Montes de María, una subregión que comprende 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar, al norte de Colombia.

A Carmelo, la vida le ha enseñado a no rendirse. Y cómo no aprender esa lección después de haber sido desplazado forzadamente ocho veces por grupos de guerrilla y paramilitares, ser testigo mudo de la sangre que se derramó con las 56 masacres que ocurrieron en su territorio y ver cómo sus amigos de lucha fueron asesinados por buscar lo que consideraban justo.

Todos los días trabaja su pedazo de tierra: siembra ñame, yuca, maíz, tabaco negro, ajonjolí y algunas hortalizas. Las dos hectáreas en las que cultiva no son suyas, pero las cuida como si lo fueran. Ese terreno hace parte de una finca de 23 hectáreas, en la vereda Villacolombia, del municipio de Ovejas (Sucre), en las que no solo trabaja Carmelo, sino también otras seis familias. Les toca apretarse y compartir ese suelo fértil, pues no hay más. Esa es la razón por la que tanto pelea este hombre de 48 años: la tierra la tienen unos pocos, una situación que históricamente se ha presentado en Colombia y que incentivó, incluso, la creación de la guerrilla de las FARC, desmovilizada en noviembre de 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz.

Allá, en los municipios de Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto, son cientos los campesinos inconformes porque desde 2010 su territorio fue lleno, entre otras, por las plantaciones forestales de teca, un árbol que da una madera considerada preciosa. Se trata de un proyecto de reforestación de la empresa cementera Argos que busca contrarrestar los efectos ambientales que causa la minería a cielo abierto, pero que también tiene un objetivo económico, pues cuando el árbol llega a su madurez productiva (que puede ser a los 20 años) se exporta la madera y se obtienen ingresos adicionales para la compañía. Hace ocho años compraron 6600 hectáreas para la teca, pero solo sembraron 1000.

“Cuando Argos llegó con la teca nos quitaron el agua y las vías, que antes eran comunitarias. Hay unos jagüeyes (depósitos de agua) que construimos colectivamente para recolectar agua y tenerla en los tiempos largos de sequía, pero los privatizaron cuando ellos compraron la tierra. (…) Hoy nos han convertido en jornaleros y se cambió el modelo económico de esta región, que era la agricultura”, reclama Carmelo.

El problema, según él, empezó desde que Argos pisó esos suelos caribeños. La comunidad reclama que la compañía no investigara realmente los orígenes de las tierras que, de acuerdo con la empresa, compró de buena fe. Montes de María ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, prácticamente fue un territorio de disputa entre la extinta guerrilla de las FARC y los paramilitares. Esa subregión del caribe colombiano fue el escenario de las más cruentas masacres, como la que ocurrió en febrero del 2000 en el corregimiento El Salado del municipio de Carmen de Bolívar, cuando el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinó a más de 60 personas.

Jairo Barreto, miembro de la Organización de Población Desplazada (OPDS) de Montes de María, cuenta que el conflicto armado y la presión de grupos económicos hizo que muchas tierras de esta región se les compraran a los campesinos por valores muy bajos. “Una parcela de dos hectáreas de tierra que normalmente valía seis millones de pesos (2100 dólares), la compraron a 500 000 (175 dólares) por hectárea o menos”, dice. Y Carmelo agrega que muchos campesinos salieron corriendo del territorio por temor a las intimidaciones, como le ocurrió a él, cuando en 2011 tuvo que huir de la vereda Borrachera, de Carmen de Bolívar, por las amenazas que recibió tras persuadir a otros campesinos de la zona para que no vendieran sus parcelas.

 

Fue en un contexto como este en el que Argos compró tierras en Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas. Sergio Osorio, vicepresidente Administrativo de la compañía, argumenta que cuando arribaron en 2010 a esos municipios el conflicto armado “había terminado”, un hecho que ─según dice─ se materializó desde 2007 con la muerte del entonces líder de las FARC, Martín Caballero.

“Cuando empezamos a buscar la tierra para el proyecto no compramos a pequeños campesinos, sino que encontramos a inversionistas que tenían terrenos muy grandes. (…) Y el precio que nosotros pagamos fue, en promedio, de tres millones de pesos (1050 dólares) por hectárea. Luego  nos dimos cuenta que esos grandes propietarios habían comprado años atrás a campesinos por precios muy bajos, incluso a 100 000 pesos (35 dólares) la hectárea”, argumenta.

 

 

Desigualdad rural

 

Desde 2012, cuando se empezó a hacer efectiva la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), pobladores acudieron al Tribunal Superior de Cúcuta para pedir que les devolvieran sus predios. Hasta el momento la justicia ha emitido sentencias en las que afirma que, aunque Argos sí compró de buena fe, no está exento de culpa y debió tener en cuenta el contexto de violencia que vivieron esos municipios.

Según el primer fallo del Tribunal, de febrero de 2016, si Argos hubiera investigado el origen de los terrenos se habría dado cuenta de que en la Gobernación de Bolívar estaban radicadas algunas denuncias por una compra masiva de tierras en la zona baja de Carmen de Bolívar. Y agrega: “Contrario a ello, el comportamiento negocial de la sociedad adquirente, se dirigió a expandir sus negocios en zonas que fueron azotadas por la violencia y a costa de la situación de desplazamiento y abandono sufrido por los propietarios de los fundos adquiridos”.

Hasta el momento, de 11 sentencias en las que campesinos exigen la restitución, 10 han salido a su favor. “De las 6600 hectáreas que tenemos en Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto, han sido reclamadas 1800. Se han entregado cerca de 400 hectáreas, las demás están en el proceso”, explica Osorio.

El caso de la gigante cementera Argos es solo una muestra de los problemas de la tierra en Colombia y de cómo el conflicto ha influido en la acumulación de territorio. “Cuando un actor armado interviene, ocurre un desplazamiento y luego vienen otros y compran. ¿Por qué? Las personas no quieren regresar debido a motivos de seguridad, y en consecuencia se facilita el proceso. Esta es una forma que se ha utilizado para acaparar tierras en el país”, expresa Irina Junieles, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.

 

Junieles explica que el acaparamiento es “la acumulación de tierras por diversas formas jurídicas, algunas de ellas para destinarlas a una actividad productiva de gran industria. Está asociado en algunos casos a industrias extractivas y me refiero no solo a las que tienen que ver con minería, sino con vocación agrícola”.

Lo que dice lo respaldan las cifras que reveló Oxfam tras analizar el último Censo Nacional Agropecuario del DANE, en el que se recalca que el 1 % de las fincas más grandes del país tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. Una concentración que es evidente y que hace a Colombia el país con peor distribución de la tierra en Latinoamérica. Ese informe mostró además que, de los 111,5 millones de hectáreas censadas, 34,4 millones están dedicadas a la ganadería, solo un 8,6 a la agricultura y 63,2 millones son territorios de bosques. Estas cifras preocupan, sobre todo porque los predios utilizados para ganadería han aumentado considerablemente. Es como si casi toda Alemania, o dos veces Uruguay, estuviera ocupada por ganado.

“Los nuevos datos confirman una preocupante y acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones, las cuales han ido acaparando una fracción cada vez mayor del territorio a costa del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas”, dice el estudio. Y es que mientras en 1970 las fincas más grandes de Colombia ocupaban cinco millones de hectáreas, en 2014 pasaron a ocupar 47 millones.

La ganadería extensiva es, sin duda, una de las responsables de la deforestación en el país. Pero no solo esto. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), también es el sector que más emite Gases de Efecto Invernadero y es una de las principales causantes de la degradación del suelo y de los recursos hídricos.

Irina Junieles cree que los actores armados y las relaciones comerciales que han hecho con actores económicos poderosos han jugado un papel trascendental en el acaparamiento de tierras. “A veces ocurre que la persona no vende el predio, pero lo arrienda durante 40 años. No hay ilegalidades porque puedes arrendar tu predio, pero en la práctica, lo que implica, es que hay un actor económico que hace el desarrollo que quiera implementar, llámese ganadería extensiva o monocultivos”, añade.

Y ese último punto también se ha convertido en un dolor de cabeza. De las más de 8,5 millones de hectáreas de uso agrícola sembradas en el país, según Oxfam, más del 35 % se dedican para la producción de cultivos agroindustriales como café, palma africana y caña de azúcar. Docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle han expuesto, en distintos encuentros en los que han debatido los efectos ambientales de los monocultivos, que estos afectan notoriamente los ecosistemas y no permiten que el suelo recupere los nutrientes. Además, han resaltado que los riesgos no son solo medioambientales, sino también socioeconómicos, “pues ha llegado a ser una excusa para la expropiación de campesinos, con el fin de obtener territorio cultivable”.

 

 

“O vende o le compro a la viuda”

 

En Colombia miles de campesinos abandonaron sus predios para proteger sus vidas o simplemente para salir de un contexto de terror y muerte; pero también son muchos los que fueron despojados de sus tierras de manera arbitraria: se las quitaron, entre otras, haciendo uso de artimañas jurídicas.

“Los registradores y notarios de Carmen de Bolívar y San Jacinto tenían toda la información de las personas que poseían parcelas sin legalizar. Ellos les decían a las empresas y les hacían los trámites para adjudicárselas. (…) La intimidación era una de las estrategias más frecuentes. Mandaban un grupo armado y amenazaban a los campesinos diciendo: ‘o vende o le compro a la viuda’. Y es así como muchos se hicieron a la tierra y la han acumulado”, cuenta Jairo Barreto sobre la situación en los Montes de María.

Lo que narra Jairo no es un secreto. Rocío Peña, coordinadora del Observatorio de Tierras, un programa de investigación del que hacen parte varias de las universidades más importantes de Colombia, confirma que para despojar jurídicamente a las personas de sus tierras se ha contado con la complicidad de notarios, jueces y registradores. “Eso es algo comprobado. Al Estado no le ha interesado la distribución de la tierra, sus planes no van encaminados a la soberanía alimentaria, ni a la mejora de los campesinos”, manifiesta.

 

Mandaban a un grupo armado y amenazaban a los campesinos diciendo: ‘o vende o le compro a la viuda’. Y es así como muchos se hicieron a la tierra y la han acumulado”, Jairo Barreto, Organización de Población Desplazada (OPDS) de Montes de María.

 

Y es que la Superintendencia de Notariado y Registro asegura que se han identificado más de 65 formas de despojo jurídico en el país, entre las que están: las ventas forzadas, las ventas a bajo precio (aprovechando la situación de vulnerabilidad), la suplantación, la falsedad en documento público, las ventas sin la debida autorización de los Comités de Atención Integral a la Población Desplazada y la titulación indebida de predios. “El despojo se dio en 18 millones de hectáreas”, le dijo el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa, a Mongabay Latam.

Este pasado fue el que, según varias sentencias judiciales, habría pasado por alto Argos. Pero no solo ellos, según el análisis de Oxfam, el 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes del país dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Por eso, tras la problemática en Ovejas, Carmen de Bolívar y San Jacinto, la compañía tomó la decisión de donar las tierras a la Fundación Crecer en Paz, creada por ellos mismos, para que administrara los terrenos. “Es una fundación que la creó el Grupo Argos, pero no es de Argos. Es de la sociedad civil. Todos los beneficios son para los campesinos de la región. La idea es incentivar el desarrollo, y por eso también donamos 18 000 millones de pesos”, asegura Sergio Osorio, directivo de la empresa, quien también es miembro de la junta directiva de la Fundación.

A pesar de esto, Carmelo Márquez asegura que la creación de la Fundación Crecer en Paz no cambia nada. “Es el mismo modelo, ellos son la junta directiva y van a tener al campesino como comodato en la tierra. No le van a dar escrituras y si no se somete a las directrices que pongan, como sembrar teca o cacao, pues va para afuera. Eso no es viable. Seguimos sin acceso a la tierra propia. Hay quienes van a acceder por necesidad, pero la mayoría no estamos de acuerdo”, enfatiza.

Carmelo, al igual que Jairo Barreto, cuestiona el  desarrollo que Argos llevó a la re

gión. “Nosotro

s no tenemos acueducto para nuestro municipio. Y el agua de Ovejas la mandan es para Carmen de Bolívar. A veces tenemos que romper la tubería para poder tener agua. Si no lo hacemos, no podemos vivir”, añade. Esta situación la ha alertado la Corporación Desarrollo Solidario, que desde 1992 apoya y asesora a comunidades, organizaciones y redes campesinas en la región de Montes de María. En 2015 ─cuando una fuerte sequía azotó la región─  la Corporación dijo que 17 comunidades campesinas se encontraban en riesgo de desplazamiento por falta del líquido vital. A este contexto hostil, se le suma la falta de vías.

Un Estado que no conoce sus tierras

 

La lucha por la tierra en Colombia es y seguirá siendo inminente. Aunque sin duda el conflicto armado fue un aliado perfecto para que algunos poderosos lograran adueñarse del territorio, también lo ha sido el Estado y los vacíos de las leyes. Alejandro Reyes, investigador experto  y quien fue uno de los asesores en el tema de tierras del Acuerdo de Paz con las FARC, dice que los jueces civiles han sido quienes históricamente, de manera “abusiva” e “ilegal”, han adjudicado los terrenos de la Nación, conocidos como baldíos.

“La prescripción, que es adquirir mediante un juicio de pertenencia un predio, solo se puede hacer sobre tierras privadas que hayan sido abandonadas por sus dueños. Como el territorio colombiano se ha ido ocupando progresivamente sobre los baldíos, los derechos de propiedad han surgido de manera irregular. Se ha producido un mercado ilegal de tierras que llamamos ‘la compra de mejoras’ y se ha producido una titulación informal e ilegal mediante esos juicios de pertenencia en los juzgados civiles”, explica Reyes.

El experto anota que la costumbre de los comerciantes ha sido comprar los derechos informales de ocupación a los campesinos por precios muy baratos. Con el manojo de billetes que reciben, los colonos se van a conquistar más adentro del territorio. Y es así como expanden esa frontera y se disminuyen los terrenos de la nación.

 

¿Cómo se “legalizan” esos predios?

 

Está claro que la mayoría de colonos no tienen la tierra formalizada, pero aun así, la venden informalmente con una “carta-venta”. Ese documento no tiene un valor legal, pero le sirve al comerciante para cuando quiera legalizar la tierra. Reyes explica cómo lo hacen:

Con la ‘carta-venta’ el comerciante acude ante un juez y solicita un juicio de pertenencia. En ese proceso le exigirán un par de testigos y si demuestra que tenía posesión de la tierra desde hace más de cinco años, se convierte en el dueño.
Surtido ese proceso, lleva el fallo del juzgado a una notaría para hacer la escritura.
Por último, entrega la escritura en una oficina de registro y queda legalizada como propiedad.
“Así es como los baldíos dejan de ser baldíos y la Nación los va perdiendo”, manifiesta Reyes y agrega que uno de los problemas de la tierra en Colombia es que el 60 % de los campesinos no tiene títulos.

Mongabay Latam conoció un documento de la Superintendencia de Notariado donde se especifica la cantidad de hectáreas, por departamento, que habrían sido adquiridas mediante estos juicios de pertenencia. En total, son más de 672 000 hectáreas que ya fueron “legalizadas” gracias a jueces, pero que presuntamente son baldíos que le pertenecen a la nación.

El superintendente de Notariado, Jairo Alonso Mesa, asegura que uno de los graves problemas de la Ley de Reforma Agraria (160 de 1994) es que, aunque se refiere puntualmente a la acumulación de baldíos, no brinda un mecanismo rápido y expedito para atacarla.

“Solo da como opción la nulidad por parte de los jueces. Y cuando se llega a pedir este procedimiento, lo primero que le dicen a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es que ya el predio pasó —por ejemplo— por cinco manos, así que no hay mucho que reclamar. Y si el campesino que la vendió no está reclamando, pues menos se van a preocupar. La ANT ha interpuesto demandas, pero ninguna ha prosperado”, dijo Mesa.

Justamente, al nuevo Congreso de la República le quedará la tarea de tramitar el proyecto de ley que modificará la Ley 160 de 1994 y que, para muchos, legalizaría a quienes acumularon tierras baldías años atrás, especialmente los que adueñaron de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la medida de la tierra con la que el Estado cree que los campesinos pueden vivir dignamente y su tamaño depende de cada región, ─así como en el departamento de Cundinamarca puede tener un tamaño de solo 10 hectáreas, en la Altillanura puede superar las 2000 hectáreas─.

 

“Uno esperaría que se declare la ilegalidad de esas posesiones y el Estado recupere esos predios de grandes actores económicos que han acumulado tierra. Y también se espera que, en relación con campesinos que no han ocupado más de una UAF, se les pueda titular en el marco del compromiso que asumió el Estado en el Acuerdo de Paz”, manifiesta Irina Junieles de Dejusticia, quien también recalca que tal vez la meta más ambiciosa del Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC es adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos y legalizar siete millones más.

 

En la Amazonia están tumbando los territorios baldíos, para luego buscar que se les formalice la tierra. Esto ya tiene que parar: Jairo Alonso Mesa, superintendente de Notariado y Registro.

 

La tarea no será fácil. El superintendente Mesa reconoce que recuperar un baldío es un trabajo duro que requiere, entre otras cosas, mucha voluntad política. La Superintendencia de Notariado tiene, hasta el momento, un registro de siete departamentos donde actualmente habría una evidente acumulación de los baldíos. Mongabay Latam conoció que se trata de 762 807 hectáreas acumuladas en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Casanare, Cesar y Vichada.

“Es necesario resaltar que, de acuerdo con la Ley 160, nadie puede tener más de una UAF proveniente de baldíos, pues eso es considerado acumulación. Y es ilegal”, aclara el funcionario.

Mesa considera que, mientras el país no tenga un ordenamiento social de la propiedad y no se sepa a ciencia cierta para qué está diseñada cada región y cuál es el tamaño de cada Unidad Agrícola Familiar, no se va a resolver el problema de la acumulación. Por su lado, el investigador Alejandro Reyes cree que es indispensable que Colombia tenga un catastro multipropósito, que sería un sistema de información con los datos actualizados de la tierra.

La pelea por la tierra está ocasionando situaciones complejas para la sociedad y para el medioambiente. Un ejemplo de esto es la Amazonía, donde la frontera agrícola se expande cada vez más, mientras los territorios ocupados por bosques se reducen de manera acelerada. A esa región, a la que no llegó el Estado a hacer presencia tras la firma del Acuerdo de Paz, están llegando colonizadores con el objetivo de apropiarse de la tierra. Esta región está siendo invadida por grupos al margen de ley que han encontrado en este territorio un lugar perfecto para instaurar mercados ilícitos.

“En la Amazonía están tumbando los territorios baldíos, para luego buscar que se les formalice la tierra. Esto ya tiene que parar. Se deben empezar a delimitar muy bien las zonas de protección, para que aquellas personas que tumben el monte con el objetivo de legalizarlo, no lo logren. A esas tierras se les debería abrir folio de matrícula, como se hace con los Parques Naturales. El problema es que esto requiere de mucha autoridad”, enfatiza el superintendente.

Por ahora, Carmelo Márquez tiene claro que no volverá a huir. Se encuentra liderando una demanda que exige un proceso de reparación colectiva a seis comunidades de Ovejas y Carmen de Bolívar (Villacolombia, Medellín, El Palmar, Coquera, San Francisco y Borrachera). Sueña con que todos los campesinos en los Montes de María puedan vivir dignamente. Sueña con que todos se empoderen y decidan no huir más. Quiere seguir dedicado a la agricultura, sembrando yuca, ñame y maíz; pero en su tierra, en una tierra que realmente le pertenezca.

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Foto superior: Corporación Desarrollo Solidario CDS

 

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