Se propone la creación de una nueva autoridad: la Unidad Ambiental Marina que funcionaría desde Buenaventura (Valle del Cauca) y tendría jurisdicción nacional, exceptuando las áreas que administra Coralina y Parques Nacionales.
RPV. Reparos al proceso de modernización del Sistema Nacional Ambiental (SINA) que el Ministerio de Ambiente promueve a través de un proyecto de ley, hizo el contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano (CCO).
Esta entidad, fundada en 1969, tiene entre sus funciones coordinar la formulación y ejecución de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros. Para desarrollar su labor agrupa a unas 60 entidades entre públicas, privadas, académicas y no gubernamentales del país. La Comisión está adscrita a la Vicepresidencia de la República.
La reforma anunciada por el Ministerio preocupa a las entidades que hacen parte de la CCO porque —según su Secretario Ejecutivo— no ha sido construido de común acuerdo y los asuntos que tratan sobre el Océano no se han trabajado al interior de la misma.
“Afecta a la CCO en el sentido de que no se respetó el papel de coordinación que realiza, y se podría haber participado en una redacción del proyecto o haber convocado a debates de las instituciones que trabajan con la Comisión, que son cerca de 60. El fin es que hubiese consenso amplio y así evitar lo que está sucediendo ahora y es que todos reaccionen de manera incómoda porque el proyecto solo se conoció en la presentación del Consejo Nacional Ambiental. Antes de eso no se tuvo acceso”.
Para el Contralmirante Soltau, el mar de Colombia no se puede manejar desde un solo sector, es un territorio enorme, de casi un millón de kilómetros cuadrados: “Esa característica de ser enorme, le da un sentido en el cual la coordinación de temas y sectores es importante, por eso se creó la Comisión. Y es que todo lo que pasa en el mar nos afecta y preocupa, y un proyecto de ley como este, que está construido sin los procesos necesarios en lo marítimo, termina perjudicando al país en lugar de beneficiarlo”, dijo el Secretario Ejecutivo de la CCO.
Advirtió que las entidades del mar ya se pronunciaron y le manifestaron al ministro de Ambiente Gilberto Murillo, lo que consideran ‘peligros y desconocimientos de las personas que elaboraron el articulado’, ofreciendo el espacio de concertación y construcción: «Queremos que el Ministerio continúe trabajando dentro de la Comisión, en los espacios que ésta tiene establecidos y así coordinar la Política Nacional del Océano. También que constituya unas mesas o escuche a los distintos actores y luego realice debates de cara al país. Esperamos que esa sea la respuesta a futuro».
Puntos discordantes
Son cuatro los cambios del SINA que le preocupan a la CCO:
- El primero es la reforma de las Corporaciones ambientales costeras:
“Hay que generar una transformación real de las corporaciones en el sentido de no quitarle la responsabilidad sino hacer que todas las entidades que trabajan en un territorio tengan la sinergia necesaria y procedimental para que se cumplan las leyes que ya están emitidas”, explica Soltau.
- El segundo aspecto relevante es que se afectaría la formulación de la Política Integral de Mares, trabajo que desde hace dos años realizan más de 30 entidades bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y en el cual el Ministerio de Ambiente ha participado.
El funcionario explica que el DNP ha hecho un esfuerzo importante en la formulacióm de la mencionada Política, a través de un documento CONPES, el cual estaría listo en diciembre de 2017: !Allí, las entidades relacionadas directa o indirectamente con el mar han aportado a la construcción de una matriz de factores, desde hace un año y medio, y se ha llegado a acuerdos. En todo el proceso ha estado el Ministerio de Ambiente».
- El tercer tema se refiere a que los mayores detalles no se encuentran escritos en el proyecto de ley sino que pasarían a ser reglamentados en el Ministerio en próximos meses.
“Las reglamentaciones no están, y la ley lo que pretende hacer es que ellos solos la realicen y los demás sectores se acomoden. No sabemos qué puede salir de eso. El proyecto de ley entrega facultades al Ministerio de Ambiente que a su vez lo aisla de todo el sistema territorial del Océano”, advierte Soltau.
- El cuarto es sobre la creación de una nueva entidad llamada Unidad Ambiental Marina:
“Esta autoridad se crearía escindiendo funciones de autoridades que ya la tienen en varias leyes y decretos es decir que estamos desconociendo la historia del país marítimo desde los años 60 y eso no debería pasar. Si el Ministerio tiene problemas sin resolver que lo haga a través de las autoridades que ya están creadas en el mar y no que genere nuevas autoridades.
Asegura que el país no está en un buen momento económico presupuestal para crear más entidades: “Para tener unas autoridades marítimas nos hemos demorado unos 50 años en estructuración. No entiendo por qué tendría que entrar a estructurarse otra autoridad que no va a tener el conocimiento de todo lo que se viene aprendiendo hace tantos años. Si hay entidades como la Dirección General Marítima (DIMAR), que tiene cerca de mil personas, presencia en muchos lugares con capitanías de puerto y otra como la Armada Nacional con 34 mil personas y presencia en todos los puertos del país y el mar; uno no entiende por qué tiene que haber otra cuando estas funcionan y tienen el conocimiento. ¿No es más fácil en una democracia generar procedimientos y procesos para ahorrar recursos y controlar y administrar el territorio?”, finalizó el Secretario Ejecutivo de la CCO.
¿Qué dice la propuesta de reforma?
Según el Ministerio, el proyecto de Ley “busca fortalecer y modernizar el Sistema Nacional Ambiental (SINA) con el fin de avanzar hacia el desarrollo sostenible en el marco de la construcción de paz estable y duradera, y de garantizar el ejercicio del derecho a gozar de un ambiente sano”.
Para cumplir con lo anterior, entre una serie de ajustes, propone la creación de la Unidad Ambiental Marina, como Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, adscrita al Ministerio de Ambiente, con personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera.
Estará encargada de planificar y administrar el medio marino y sus recursos na
turales renovables y coordinar la vigilancia y control de los mismos con la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Armada Nacional de acuerdo a una reglamentación expedida por el Ministerio de Ambiente.
Tendrá jurisdicción en todo el territorio marino nacional, salvo en la jurisdicción de Coralina y Parques Nacionales Naturales.
Su domicilio será Buenaventura (Valle), en la Costa Pacífica y ejercerá sus funciones a nivel nacional para lo cual contará con Unidades de Gestión Territorial, que ejecutarán sus competencias en áreas delimitadas del territorio.
Funciones:
- Ordenar y administrar el medio marino y sus recursos naturales renovables de conformidad con la política ambiental, los instrumentos y reglamentación definidos por el Ministerio de Ambiente.
- Adelantar los estudios para la declaratoria, ampliación o sustracción de Distritos Nacionales de Manejo Integrado
- Administrar y manejar los Distritos Nacionales de Manejo Integrado que declare el Ministerio de Ambiente.
- Coordinar la vigilancia y control tendientes a la preservación y protección del medio marino.
- Apoyar la elaboración de la política ambiental y reglamentación en temas ambientales.
- Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Nación en asuntos de su competencia.
- Liquidar, cobrar y recaudar los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento del medio marino y sus recursos naturales renovables
- Ejecutar los planes, programas, estrategias y proyectos para la conservación, manejo, uso sostenible y restauración del medio marino y sus recursos naturales renovables, sin perjuicio de las funciones adelante el INVEMAR, en el medio marino.
- Otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del medio marino y sus recursos naturales renovables y emitir concepto previo para licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades a desarrollarse en el medio marino y sus recursos naturales renovables a cargo de la ANLA o de las autoridades ambientales regionales, salvo los casos asignados de manera privativa al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Recaudar, conforme a la Ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento de los permisos, las concesiones, y demás autorizaciones ambientales de competencia.
- Realizar el seguimiento a los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.
- Ejercer las funciones policivas y sancionatorias.
- Adquirir conforme a la legislación vigente bienes de propiedad privada.
- Adelantar los cobros coactivos
Intentamos tener la visión del Ministerio de Ambiente sobre el tema, pero no fue posible.