Comunidades denuncian más de 12 mil hechos victimizantes este año y se declaran en alerta máxima y asamblea permanente. Además piden fin al que consideran ‘exterminio físico y cultural’. Solicitan visita técnica de Naciones Unidas y comisiones de desminado en Chocó y otros territorios.
La denuncia pública internacional se basó en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas realizada entre el 19 y 21 de octubre de 2021, que presentó con cifras la agudización del conflicto armado en diferentes zonas rurales de Colombia.
El informe refiere la violación a los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario en territorios ancestrales, por parte de grupos armados legales, fuerza pública e ilegales, grupos paramilitares, disidencias de las Farc y grupos de narcotráfico.
«Esto incluye la falta de implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, en la que se incluye el capítulo étnico».
Delegados de las comunidades expresaron ‘extrema preocupación’ porque entre enero y octubre de 2021 se generaron 12 251 hechos victimizantes, especialmente en nueve departamentos y 19 comunidades aborígenes.
De los 12 251 acciones, 9 341 son confinamientos; 2 444 personas desplazadas; 177 homicidios. Además, se han presentado 159 casos de amenazas individuales y colectivas; 11 atentados; 4 secuestros; 3 masacres; y 3 muertes y 2 heridos por minas antipersonas; 72 hostigamientos y combates, 3 retenciones ilegales; 2 casos de tortura; 2 desaparecidos; 41 reclutamientos forzados, entre otras afectaciones.
Los departamentos con mayor número de vulneraciones son: Chocó, Cauca, Putumayo, La Guajira, Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Vichada y Arauca.
Los pueblos afectados: Wounaan, Embera Dobida, Katio y Chamí; Zenú, Nasa, Sikuani; Wayuu, Wiwa, Yanacona, Awá, Bari, Kametsa; Eperara Siapidara; Pastos; Yukpa; Arhuaco e Inga.
Mencionan también el desplazamiento de 1000 indígenas de Chocó y Risaralda que corresponde a familias asentadas actualmente en el Parque Nacional de Bogotá, debido al conflicto. Y a un grupo de jóvenes wayuu que hasta hace dos días hacían huelga de hambre en la Plaza de Bolívar para pedir mejoras en el plan de alimentación de su departamento.
Los representantes de los pueblos hablaron del asesinato de dos jóvenes wayuu en Tibú, Norte de Santander; del incremento de acciones violentas en Guainía, Putumayo y Caquetá; de cómo grupos armados ilegales han copado las cabeceras de municipios en el Amazonas y ocupado áreas de comunidades; del confinamiento y desplazamiento forzado y nueve homicidios en Chocó y 14 en Nariño.
Informaron que en el departamento de Cauca suman 85 homicidios de comuneros, de los cuales, cuatro corresponden a autoridades indígenas. También se han presentado 24 incursiones armadas, varias de ellas eran atentados contra líderes, comuneros y guardias indígenas, 92 amenazas individuales (líderes, guardias, autoridades, 43 amenazas colectivas y 40 reclutamientos a niños indígenas por grupos armados ilegales.
«Muchos de estos casos corresponden a retaliación por control territorial que, como parte de la autonomía territorial, las comunidades realizamos».
También denunciaron que en Guainía la minería legal ilegal ha obligado a los pueblos Nukak y Jiw a asentarse en San José del Guaviare con graves consecuencias para la población y para algunos de los jóvenes afectados por el consumo de sustancias psicoactivas y explotación sexual.
Las anteriores, solo son algunas de las complejidades que afrontan muchos pueblos aborígenes, por eso solicitan una visita del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU; una misión de observación sobre la situación de emergencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la búsqueda de soluciones por una mesa de coordinación de organismos internacionales y una comisión de desminado humanitario y la instalación de una mesa entre autoridades indígenas, la CIDH, ACNUR y ONU, para hacer seguimiento a la situación descrita.
Otros impactos como la minería
Tanto la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia como las comunidades afectadas por la violencia se declararon en alerta máxima y asamblea permanente hasta tanto se de una salida por parte del Estado y sean escuchados y ayudados por los organismos internacionales mencionados.
