Un análisis de las cuentas públicas de México, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia de los últimos 16 años revela que los ministerios de Ambiente operan con menos del 1 % del presupuesto nacional. Las prioridades nacionales se concentran en el gasto social, la estabilidad económica, la seguridad y la infraestructura.
Cristina Fernández Aguilar / Mongabay Latam
América Latina alberga el 40 % de la biodiversidad del planeta, contiene más de una cuarta parte de los bosques del mundo, que son hogar de más de 800 pueblos indígenas, y enfrenta amenazas constantes ante el avance de economías ilegales. Sin embargo, la importancia que los gobiernos asignan a la protección del ambiente en términos económicos parece ser nula si revisamos sus presupuestos nacionales.
Con el propósito de monitorear el nivel de importancia que los Estados de la región asignan a la protección de la naturaleza, Mongabay Latam analizó las cuentas públicas de Perú, México, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia de los últimos 16 años y encontró que los ministerios de Ambiente han sido sistemáticamente relegados al último escalón de las prioridades estatales.
La base de datos construida para esta investigación, a partir de información extraída de las partidas presupuestales oficiales, reveló que entre 2011 y 2026 el promedio de la inversión ambiental en cada uno de estos seis países no superó el 1% del gasto total del Estado.
Fueron entrevistados 31 exfuncionarios, investigadores y especialistas en conservación en los países analizados. El consenso es claro: históricamente, se trata de un sector al que se le ha negado la prioridad y el peso que verdaderamente requiere.
“Nos encontramos en los niveles históricos más bajos del presupuesto nacional, la situación se complica mucho más con la decisión oficial de dejarnos al margen de los acuerdos internacionales e incumplir las metas climáticas”, dice Gonzalo Vergez, coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Por su parte la diputada boliviana Cecilia Requena reclama: “Hay un error constante en los miserables montos de presupuestos [ambientales], es un gravísimo error de concepción de lo que es importante e irreversible, como son los ríos contaminados con mercurio [debido a la minería de oro]”.
Para José Antonio Dávalos, exministro de Ambiente de Ecuador, el debilitamiento del presupuesto e incluso la degradación del sector ambiental responde a una tendencia en la región. “Estos países necesitan que el sector ambiental sea lo menos complicado para que no entre en conflicto con otros sectores”.
Esta situación beneficia a proyectos enfocados en la extracción de recursos, de acuerdo con Juan Carlos González, economista ambiental y asesor en proyectos de conservación de biodiversidad y territorios de pueblos indígenas en América Latina. “Si quieren abrir una nueva ronda petrolera, no les conviene un ministerio de Ambiente fuerte”.
Al comparar, además, el presupuesto asignado a los gabinetes ambientales con el destinado a otras carteras se detectó la misma tendencia: Ambiente se quedan siempre con la tajada más pequeña del pastel. Esto contrasta con el presupuesto que se asigna a carteras como las de Defensa, que en todos los países ha sido superior a las de Ambiente.
En un contexto donde la sostenibilidad aún no se considera un pilar del desarrollo nacional, ¿cuáles son los sectores prioritarios en estos países?
Por citar unos ejemplos, en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas reforzó su dominio presupuestario, pasando de representar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026.
En Argentina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no solo es el más grande, sino que su importancia ha crecido sustancialmente: pasó de recibir el 53 % del presupuesto en 2017 al 79 % en 2026.
No es el mismo escenario en Bolivia, donde la seguridad interna y la defensa nacional son la prioridad. Los ministerios de Gobierno y Defensa encabezan el ranking de distribución presupuestal.
“Sí hay una crisis económica, pero hay otros sectores que también están creciendo. La [Secretaría] de la Defensa [de México] tenía un presupuesto en el año 2000 que era el doble que el de Ambiente y ahora es más del triple”, advierte Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretaria de Medio Ambiente de México.
La prioridad en Ecuador, México y Colombia, según la distribución de los recursos, son los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Social.
Argentina, Ecuador y Bolivia: erosionaron sus ministerios
Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años es la erosión de la importancia de los ministerios de Ambiente, situación que ha ocurrido, de manera más evidente, en Argentina, Ecuador y Bolivia.
En Argentina, el Ministerio de Ambiente pasó a ser una cartera degradada al rango de Subsecretaría en 2024, con la llegada de Javier Milei.
Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, afirma que en Argentina, “independientemente del gobierno nacional de turno, los temas ambientales nunca fueron prioridad y por eso nunca se logró una incidencia real en la promoción de un modelo de desarrollo sustentable en la política nacional”. Una opinión con la que coincide el coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Gonzalo Vergez, quien advierte, además, que con el gobierno de Javier Milei el país se encuentra en “el momento más crítico de la historia ambiental”.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advierte que al bajo presupuesto se suma “el recorte en instituciones, en programas y personal, y también en la participación argentina en las cumbres de cambio climático y biodiversidad”.
Esta inacción financiera, sumada a la degradación institucional del Ministerio de Ambiente, coincide con periodos de alta incidencia de incendios forestales, dejando a las brigadas de control en una situación de vulnerabilidad extrema.
“La disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego representa un claro retroceso, toda vez que el fideicomiso constituía una herramienta ágil y veloz para dar respuesta a las demandas de la temática”, sostiene Martín Illescas, exdirector General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández.
En Ecuador se repite la misma historia de recortes presupuestales y de degradaciones. Tras la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, en 2020, la entidad ha tenido que gestionar una agenda doble con pocos recursos. Pasó de manejar 147 millones de dólares en 2012, su máximo histórico, a apenas 30 millones de dólares en 2025. Casi la quinta parte del presupuesto que solía tener.
Tarsicio Granizo, actual director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2018), admite que la falta de interés del Estado por el ambiente se evidencia claramente en la baja asignación de recursos económicos. “El tema ambiental no ha sido, en la mayoría de las veces, una prioridad para el Estado y eso se refleja en los presupuestos”.
La situación ambiental en un país que debe enfrentarse a la presión minera y al crimen organizado en la Amazonía parece agravarse, pues en 2026, bajo el gobierno de Daniel Noboa, el Ministerio de Ambiente y Agua fue absorbido por el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).
El sector ambiental fue reducido así a dos viceministerios: uno de Ambiente y otro de Agua. Según la información remitida a Mongabay Latam por el actual MAE, para 2026, el presupuesto conjunto de ambas dependencias fue de 14.6 millones de dólares, distribuidos en 11.4 millones para Ambiente y 3.2 millones para Agua. Esta cifra es menos de la mitad de lo que manejó el Ministerio de Ambiente y Energía en 2025 y la más baja desde 2011.
La falta de presupuesto parece reflejarse en la lenta operación dentro de esos dos viceministerios. A la fecha, hay más de 43 000 trámites sin atender en el Viceministerio de Agua y en el Viceministerio de Ambiente, de acuerdo con información entregada por el MAE.
Bolivia es uno de los países donde el presupuesto ambiental ha crecido con los años. Sin embargo, esta asignación representa, en promedio, apenas un 0.56% del Presupuesto General del Estado (PGE) en los últimos quince años.
Para Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra, esta cifra demuestra el “real interés” que les dan las autoridades bolivianas a materias ambientales, que por ahora –afirma– “solo queda en discursos”. “Detrás de picos estadísticos recientes, la historia fiscal del país revela un abandono crónico que tocó fondo en 2015, cuando el sector ambiental recibió un humillante 0.3 % del PGE. Las cifras oficiales exponen que la crisis climática se combate con discursos millonarios, pero con billeteras vacías”.
También se debe tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto del Ministerio del Ambiente se destina a la categoría de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periurbanas. En 2025, este programa recibió el 68 % de los fondos destinados a la cartera ambiental, cifra que indica que la prioridad absoluta del ministerio fue el servicio básico en ciudades.
Stasiek Czaplicki, economista ambiental e investigador boliviano, explica que durante muchos años la mayor parte del presupuesto ambiental correspondía a un presupuesto hídrico-productivo, que contemplaba proyectos de riego, represas, entre otros, y no a un presupuesto hídrico-ambiental, es decir proyectos de conservación de cuencas hídricas o saneamiento de agua.
“Por ejemplo, en 2024, más del 60 % del presupuesto de dicha cartera estaba destinado al rubro hídrico. Asumir que todo ese presupuesto era ambiental puede falsear el análisis y dar la impresión de que existía un presupuesto amplio para temas ambientales, cuando no fue así”, detalla el investigador.
En ese contexto, a fines de 2025, el presidente Rodrigo Paz anunció la disolución del Ministerio de Ambiente y Agua y su fusión con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Aunque en la actualidad el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente se encuentra en funciones, en el documento de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas los presupuestos de ambas carteras figuran separadas en 2026: Planificación del Desarrollo cuenta con 830 600 572 bolivianos (unos 70.9 millones de dólares) mientras que Ambiente y Agua cuenta con 2 653 024 121 (unos 226 millones de dólares).
México, con presupuestos que superaron los 72 000 millones de pesos (alrededor de 4222 millones de dólares) en años recientes y una ejecución promedio de 97 %, lidera el volumen financiero y la eficacia de gasto entre los países analizados.
Sin embargo, su estructura presupuestaria esconde una trampa. Al desglosar el presupuesto del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales la realidad interna muestra una concentración en infraestructura hídrica, es decir, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Mientras, las entidades encargadas de la protección ambiental, como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vieron reducida o congelada su participación en la torta presupuestaria.
Históricamente, la Comisión Nacional del Agua ha concentrado los recursos del sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En 2023, la CONAGUA absorbió el 89 % de los recursos totales, dejando a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental con presupuestos que rondaron apenas el 2 % y el 1.2 % del sector, respectivamente.
“Conagua concentra hasta el 90 % de los recursos destinados y hay cada vez menos dinero para otras instancias muy necesarias y bastante afectadas en los últimos años”, precisa a Mongabay Latam Gina Chacón, directora de política pública de la organización Wildlands Network, una ONG que trabaja en la protección y restauración de hábitat de vida silvestre.
Aunque el presupuesto asignado al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantiene en un nivel intermedio (45 564 millones de pesos en 2026, unos 2675 millones de dólares), los presupuestos de 2025 y 2026 confirman una reducción frente a años anteriores.
De acuerdo con Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el financiamiento destinado al sector ecológico experimentó un declive drástico a partir de 2015, coincidiendo con la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Agrega, además, que en ese periodo se impulsaron políticas que favorecieron otras áreas en detrimento de la agenda ambiental.
A esto se añade que la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido una de las más volátiles en la última década, especialmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde la dependencia tuvo tres titulares distintos.
Los cuestionamientos al sector han girado en torno a la subordinación del Ambiente frente a proyectos energéticos y de infraestructura, como el Tren Maya, así como conflictos éticos y recortes presupuestales.
Chacón agrega que no solo hay una tendencia a desfinanciar los órganos desconcentrados de Ambiente, sino que hay opacidad en la rendición de cuentas de este gasto. “Tampoco hay información que dé cuenta del uso del dinero público que se asigna a cada uno de estos órganos desconcentrados dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, indica la experta.
Se contactó en varias ocasiones a la vocería de la Semarnat para conocer su posición frente a la brecha presupuestal con la que opera. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Colombia y Perú, baja eficiencia y la última prioridad
Colombia es una de las naciones más peligrosas para quienes protegen el ambiente. Al menos 548 defensores del ambiente y el territorio han sido asesinados en el país entre 2012 y 2025, según el último reporte de Global Witness. Detrás de las muertes más recientes está el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados y la minería ilegal, entre otros conflictos socioambientales y casos de criminalización.
A ello se suma otros problemas ambientales que atentan contra la biodiversidad del país, como la deforestación, la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y la amenaza a hábitats cruciales, especialmente a las áreas protegidas.
Este escenario en Colombia sucede a pesar del aumento sustancial del presupuesto para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El análisis revela que, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, los fondos asignados a la cartera ambiental se cuadriplicaron entre 2022 y 2024. No obstante el incremento, la cifra asignada al Ministerio de Ambiente de Colombia apenas representó durante su gobierno alrededor del 0.16 % del Presupuesto General del Estado en 2015.
Para Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia y excongresista por el Nuevo Liberalismo para el periodo 2022-2026, aunque haya un aumento del presupuesto, no todos los nuevos recursos están relacionados a atender los problemas del sector ambiental.
El ex representante de la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal) señala que el monto asignado a la cartera ambiental aún está lejos de la cifra que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir en el 1 % de Producto Interno Bruto (PIB), que para el caso de Colombia equivaldría a cerca de 18 billones de pesos. “Aquí no estamos llegando a la décima parte de eso”, señala el excongresista.
Por otro lado, a pesar de tener más recursos, la eficiencia del gasto del Ministerio de Ambiente se desplomó a un mínimo histórico de 32.34% en 2024, que se recuperó alcanzando un 70 % en 2025, pero en lo que va de este año su ejecución es apenas del 25 % (hasta septiembre).
“El gobierno de Petro ha tenido importantes presupuestos para invertir en el sector ambiente, pero con una pésima ejecución. Por ejemplo, el freno a la deforestación y restauración de la conservación de la Amazonía tenía una apropiación de 354 000 millones de pesos (unos 88.5 millones de dólares) y su ejecución fue cero en 2026”, explica Miranda.
Dentro del sector ambiental colombiano, el Ministerio de Ambiente es la entidad que recibe la mayor parte del presupuesto del sector (un promedio de 35 %), mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia apenas el 11 % y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 5.28 %.
A decir de los expertos, la situación de Parques Nacionales es una muestra de la debilidad del financiamiento de todo el sector ambiental y de cómo afecta el cuidado de las 123 áreas protegidas que tiene el país. “En ese caso, ni siquiera hablamos de problemas en el presupuesto de inversión, ahí [la falta de] recursos inclusive complica el funcionamiento de todo el Sistema de Parques Nacionales”, explica Sandra Vilardy ex viceministra de Ambiente.
En Perú, un país marcado por la inestabilidad política, con 9 presidentes en los últimos 10 años, el Ministerio del Ambiente (Minam) no solo se enfrenta a la escasez, sino a la invisibilidad política. Esta cartera se sitúa en el último escalón de las prioridades del país.
Para Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el presupuesto del Minam “es insuficiente y muy limitado para la cantidad de obligaciones y los desafíos que tiene el sector ambiental”.
Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, añade que es insuficiente en comparación con lo que se asigna a otros sectores dentro del presupuesto nacional. “Más aún, teniendo en cuenta la importante contribución que tienen los bienes y ecosistemas para el bienestar de la población”, argumenta.
La distribución del gasto en Perú revela que las prioridades estatales están ancladas en la infraestructura física, la defensa y la economía, dejando el capital natural en el último lugar de la fila, con un promedio histórico de participación en el Presupuesto General de la Nación de apenas 0.12 %.
El análisis de la evolución presupuestaria de los ministerios de Perú entre 2011 y 2026 revela una expansión significativa del gasto público y cambios en las prioridades estratégicas del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, pasó de manejar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026. Su presupuesto creció un 206 %, consolidándose como la cartera con mayor asignación de recursos.
Y aunque el Ministerio de Ambiente ha experimentado un crecimiento notable —pasó de 78.9 millones de soles (unos 28.6 millones de dólares) a 290.4 millones de soles (unos 86.17 millones de dólares) entre 2011 y 2026—, su peso relativo sigue siendo pequeño.
“El presupuesto se define en función al peso político. No se define en función de las necesidades directas de la población, sino principalmente está vinculado con el poder político”, dice Alicia Abanto y explica que los congresistas influyen para la definición de los presupuestos en relación a los intereses que representan.
El relegamiento de la agenda ambiental en Perú no solo se refleja en la precariedad de sus presupuestos, sino también en las decisiones del propio Congreso de la República, que en los últimos años ha promovido retrocesos normativos. Ejemplo de ello son las ampliaciones otorgadas por el Parlamento al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las modificaciones a la Ley Forestal y de fauna silvestre. “Lo que se busca es debilitar la regulación, porque la regulación, es decir, implementar estándares sociales, ambientales, implica una inversión que no quieren hacer”, opina Lucila Pautrat, directora de la organización Kené, ONG que realiza investigaciones para la conservación, defensa y manejo sostenible de los bosques amazónicos y sus ecosistemas.
Para Ruth Luque, expresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en el Congreso y actual senadora del nuevo Congreso bicameral, existe un tema político que influye en el presupuesto y es el debilitamiento de la institucional ambiental. “En estos últimos cinco años es como si el Minam no existiera”, comenta.
Mongabay Latam solicitó entrevistas a los ministerios de Ambiente de México, Argentina, Colombia, Bolivia y Perú para abordar estos temas, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron el pedido. Solo la cartera de Ecuador respondió a solicitudes de información que confirmaron la carencia con la que opera y que se refleja en falta de atención a trámites.
Protegidas en papel, abandonadas en el presupuesto
Las agencias encargadas de las áreas naturales protegidas en América Latina operan también bajo una asfixia presupuestaria que contradice la riqueza biológica de la región. A pesar de custodiar ecosistemas que albergan el 40 % de la biodiversidad mundial, estas entidades reciben asignaciones marginales que rara vez superan el 0.08 % del presupuesto nacional.
La consecuencia directa de este ahogamiento económico es el déficit de guardaparques y una paulatina cesión del control territorial frente al avance de las actividades extractivas y el crimen organizado. Mientras la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) recomienda como estándar de protección la presencia de al menos un guardaparque por cada 26 kilómetros cuadrados (2600 hectáreas) de área protegida, la realidad latinoamericana bordea el desamparo.
“Hay una brecha de guardaparques, el parque automotor no se renueva, el tema salarial sigue congelado desde 2012”, dice sobre las carencias en el sector un guardaparques ecuatoriano que pidió reserva de su identidad.
En algunos países, como en México, la brecha es extrema: un solo guardaparque debe patrullar 1385 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a cubrir casi la totalidad de la superficie de la Ciudad de México. En Colombia, según una investigación de la economista Adriana Soto, existe un custodio por cada 550 kilómetros cuadrados. En Ecuador, el territorio continental apenas dispone de 598 guardaparques para resguardar su patrimonio natural, a pesar de que se requerirían al menos 5240 agentes para garantizar un umbral mínimo de cobertura.
En Argentina, donde unos 580 guardaparques intentan resguardar cerca de 5 millones de hectáreas, un agente por cada 8000 hectáreas, los analistas apuntan a las deficiencias de una gestión puramente reactiva. “La prevención siempre es la política más barata y efectiva, pero para eso hay que invertir antes y la política está acostumbrada a actuar de manera tardía y reactiva”, precisa Matías Trebucq, economista especializado en ecología y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En Perú, recién en septiembre de 2025, tras la aprobación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques, se oficializó una nueva escala remunerativa para los 900 guardaparques que están a cargo de las 77 áreas naturales protegidas del país.
Con esta disposición, el sueldo mensual de los guardaparques en general subió a 2865 soles (unos 834 dólares), mientras que para los más expertos aumentó a 3265 soles (unos 950 dólares), además de otros beneficios. “Era un sector que estaba completamente rezagado y sus salarios eran de menos de 1000 soles (menos de 300 dólares)”, recuerda la congresista Luque.
El presupuesto asignado “no permite que haya una presencia sólida de protección de los territorios, como para tener estaciones de control, de monitoreo en terreno, de más personal con experiencia”, advierte Abanto sobre la vulnerabilidad institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú.
En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra más de 98 millones de hectáreas, pero apenas recibe el 3.3 % del presupuesto total asignado al sector ambiental, mientras la infraestructura hídrica (CONAGUA) acapara el 82.7 %. Su participación dentro del Presupuesto General de la Federación resulta irrisoria, situándose históricamente por debajo del 0.04 %. Una precariedad similar se replica en Colombia, donde la participación de Parques Nacionales Naturales en el Presupuesto General nunca ha superado el 0.06 % en los últimos 15 años, tocando pisos del 0.03 %.
Especialistas añaden un ingrediente más a este escenario: la presencia de economías ilegales y de crimen organizado en áreas naturales que ha obligado a algunos Estados, como los de México y Colombia, a retirarse por falta de presupuesto. “Cuando hay un intento de defensa del territorio, desaparecen o matan a los líderes. Estamos metidos en un problema de inseguridad de tamaños mayúsculos”, sostiene Carabias, investigadora y ex secretaria de Medio Ambiente de México.
Estos espacios naturales enfrentan incluso presiones de actividades extractivas, como la minería. Un ejemplo es la Reserva de biosfera de la mariposa monarca, donde cerca del 6 % de la zona núcleo está concesionada a una empresa minera, según un análisis elaborado por la coalición Fuera Minería de ANP. Lo que pone en riesgo este ecosistema que alberga una variedad de microclimas, numerosas especies endémicas de flora y fauna, y es punto de anidación de la mariposa monarca (Danaus plexippus plexippus), especie emblemática del país.
En Argentina, a pesar del fuerte incremento nominal, producto del contexto inflacionario durante los gobiernos previos al de Milei, la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el Presupuesto General de la Nación se mantiene en niveles muy bajos, oscilando entre el 0.04 % y el 0.08 % y mostrando una ligera tendencia a la baja o estancamiento en los últimos años (2024-2026).
Para Federico Granato, abogado y expresidente del Directorio de la APN entre 2022 y 2023, Parque Nacionales de Argentina no suele ser visto como un organismo relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional ni está dentro de las prioridades políticas a largo plazo. “En cambio, se lo suele utilizar para propaganda política o para responder a alguna urgencia mediática”, señala.
En el caso de Perú el presupuesto del Sernanp representa, a la fecha, apenas el 0.05 % del Presupuesto General, una cifra que se ha mantenido a lo largo de los años y no ha variado con ningún gobierno. Mientras que el Sernap de Bolivia ha perdido peso presupuestal dentro del Ministerio de Ambiente: pasó de representar el 10 % del presupuesto de esa cartera en 2011 a un 2.8 % en 2026.
Czaplicki explica que en los últimos años el rubro de bosques y conservación quedó “muy desatendido”, ya que sus principales entidades, como el Sernap y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), contaron con presupuestos “muy bajos” que en su mayoría fueron financiados por la cooperación internacional. El especialista advierte que este presupuesto actual representa menos de la mitad de lo que se requiere para funcionar adecuadamente.
En Ecuador, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) necesita al menos 24.5 millones de dólares anuales para su operatividad básica. Sin embargo, según el exministro Granizo, el presupuesto real es de apenas 7 millones, monto que se agota exclusivamente en salarios.
La degradación institucional en Argentina, Ecuador y Bolivia, la reducción de recursos en México y Ecuador, la parálisis por falta de ejecución en Colombia y Bolivia, y la desatención sistemática a las áreas protegidas dibujan un panorama de vulnerabilidad regional que pone en riesgo la biodiversidad, el agua, el clima, la seguridad alimentaria y el territorio de las comunidades ancestrales de América Latina.
Imagen principal: Parque Nacional Llanganates, en Ecuador. Foto: Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
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