El mar Caribe desde el Club de Pesca, en el centro de Cartagena, Bolívar.
Imagen: Olga C Guerrero.
Un lugar de especial belleza es Isla Múcura, en el Caribe Colombiano. Hace parte del archipiélago de San Bernardo, jurisdicción administrativa de Cartagena, Bolívar.
Esta área está siendo afectada por la intrusión marina, es decir, invadida por el mar que ha penetrado áreas terrestres. La intrusión podría terminar en la división de la isla, según explica la investigadora Karem Acero, tal y como ha ocurrido con las islas Ceyzén y Panda.
Antiguamente en este lugar cubierto por mangles había un camino que conectaba al poblado de Puerto Caracol con la Playa Pública, en el norte de la isla, pero ante la arremetida marina, los pobladores se vieron obligados a construir un paso en madera, que denominaron el Puente del Amor.
Contexto en: El impacto del cambio climático en la zona insular de Cartagena – RED PRENSA VERDE
Fotografía: Olga Cecilia Guerrero / Red Prensa Verde
La investigación periodística, realizada en los últimos cinco meses, entrega a través de tres reportajes, las evidencias de cómo el cambio climático ha venido impactando a comunidades y ecosistemas de la zona insular de Cartagena, Bolívar.
Los hallazgos se centran en la desaparición de Isla Maravilla debido al aumento del nivel del mar, la erosión costera y la acidificación del océano, aceleradas por la ausencia del Estado. Hasta el momento se desconoce si esta es la primera isla reportada como desaparecida en Colombia en tiempos de la emergencia climática o si ya se han referenciado situaciones similares en otras zonas del país.
Isla Maravilla, ‘Patrimonio Intangible de la Nación’, estaba ubicada al norte del golfo de Morrosquillo, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, en jurisdicción administrativa del Distrito de Cartagena. Pertenecía al archipiélago de San Bernardo, hoy constituido por nueve islas: Múcura, Tintipán, Panda, Palma, Boquerón, Ceyzén, Cabruna, Mangle y Santa Cruz del Islote, esta última artificial. Todo este conjunto, a su vez hace parte del área marina protegida: Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, creado en 1977.
Isla Maravilla diez años atrás / Jorge Moreno
Antigua isla Maravilla, hoy Bajo Maravilla / OlgaCeciliaGuerrero RPV
El informe también retrata el avanzado deterioro de las demás islas. Por ejemplo, Panda, ya está dividida en dos grandes bloques debido a la erosión y el aumento del nivel del mar. Cada bloque a su vez se encuentra fragmentado, presenta inundación y pérdida de suelo.
Ceyzén, una división por el mismo fenómeno, incrementado por la tala ilegal del manglar. Isla Mangle, también declarada como ‘Patrimonio Intangible de la Nación’, presenta intrusión marina. Isla Múcura tiene una apertura en area contigua a la playa pública, que según la investigadora Karem Acero, es el inicio de su división. Ha perdido una importante porción de suelo debido al proceso erosivo en su perímetro. La situación de Tintipán no es distante, y se ha incrementado por la tala y apropiación de baldíos de la Nación con fines turísticos.
Estado de uno de los dos grandes bloques en que se convirtió la Isla Panda, debido a la fragmentación por erosión costera y aumento del nivel del mar, dos de los impactos directos del cambio climático en esa región caribeña. Foto OlgaC Guerrero/ RedPrensaVerde
A todo lo anterior, sigue la vulnerabilidad de las dos comunidades afro que poblaron el archipiélago hace más de 200 años: Puerto Caracol en Isla Múcura y Santa Cruz del Islote, quienes sufren con más frecuencia los constantes mares de leva, vendabales, erosión costera y la presión de agua, que penetra en sus casas.
Los nativos, dicen vivir aislados de las políticas nacionales, regionales y locales. Uno de los llamados al gobierno es a readecuar la escuela de preescolar de Isla Múcura debido a que se encuentra en riesgo de colapso. En este poblado, de 250 habitantes, no hay agua potable, alcantarillado ni centro de salud. La energía se obtiene desde hace unos cinco años a través de páneles solares, sin embargo la queja de los nativos es por el alto costo del servicio.
Igualmente, en Santa Cruz del Islote, conocida como la isla más densamente poblada del mundo, los más de 700 habitantes carecen de un proceso planificado de gestión del riesgo, no existe un plan de evacuación en caso de una emergencia o evento asociado al clima.
La zona hace tres años no cuenta con Inspector de Policía con presencia en el área, el funcionario despacha desde Cartagena.
El trabajo periodístico recoge las voces de líderes comunitarios y da a conocer la visión de investigadores del archipiélago como el profesor Fabio Flórez, Sandra Vilardy, actual viceministra de Ambiente; Juan Manuel Díaz, director científico de la Fundación MarViva; Karem Acero, de la Universidad Nacional, entre otros.
¿Qué manifiestan las comunidades ante la pérdida de su isla? ¿Cómo asumen las instituciones los efectos por causas climáticas que están ocurriendo en el archipiélago? ¿Cuáles son las salidas para mejorar la vida de los isleños en medio de la crisis climática?
Comunidad de Puerto Caracol, Isla Múcura. Foto Olga CGuerrero/RPV
La investigación periodística realizada por Olga Cecilia Guerrero de Red Prensa Verde e Ignacio Galán de Brigard de Shots de Ciencia, contó con la edición de la periodista ambiental María Mónica Monsalve/ América Futura-El País.
Este es un proyecto de Narrativas Climáticas desarrollado por la Fundación Boell Colombia, Censat Agua Viva y el Ministerio de Ambiente de Alemania.
Septiembre 8 de 2022
Informe A San Bernardo Red Prensa Verde – Shots de Ciencia
También encuentras los reportajes en los siguientes links:
Desapareció Maravilla, ‘la isla de las aves’ – RED PRENSA VERDE
Comunidades de Isla Múcura, entre la erosión y el ascenso del nivel del mar – RED PRENSA VERDE
Santa Cruz del Islote, una isla artificial vulnerable al cambio climático – RED PRENSA VERDE
Foto superior: Portada Santa Cruz del Islote. Imagen: Ignacio Galán/ Shots de Ciencia.
Isla Fuerte está ubicada en el mar caribe, pertenece al Distrito de Cartagena, pero está ubicadfa frente a las costas de Moñitos y San Bernardo del Viente, en el departamento de Córdoba.
Foto: Olga Cecilia Guerrero.
Una hembra de cóndor de los Andes (Vultur griphus) nació el pasado 8 de abril en el Aviario Nacional de Colombia, ubicado en la Isla de Barú, Cartagena, Bolívar.
Fueron 58 días de incubación en un escenario preparado para dar vida al polluelo. El Aviario acondicionó para la pareja de cóndores una zona de exhibición de 400 metros cuadrados con cavidades rocosas para anidar, cascadas de agua y vegetación.
En ese hábitat nació el nuevo huésped del Aviario que es resultado del Programa Nacional de Cría del Cóndor, diseñado para aumentar la población de esta especie en el país.
Carlos Cortés, zootecnista del Aviario, cuenta que “es la primera vez que nace una hembra de esta pareja. Gracias al cuidado de sus padres se logró con éxito este nacimiento de manera natural, contribuyendo a la preservación de esta especie. Se ofrecieron las condiciones para que ellos se sintieran cómodos, tuvieran una alimentación adecuada y constante, y hoy con este nacimiento se ven los resultados”.
Lo que se espera ahora es que el polluelo siga siendo criado por sus padres. Para Cortés, «cualquier evento reproductivo es una nueva oportunidad para aumentar la población de estos individuos y así aumentar la esperanza que se sigan reproduciendo, siendo esta una especie amenazada y sus poblaciones en el mundo disminuyen cada vez más en vida silvestre».
CONTEXTO
Las injerencias de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca en Cardique datan casi desde la creación de esa entidad en 1993 y buena parte de ella se evidencia en los vasos comunicantes del investigado empresario con quienes han pasado por la dirección o han ocupado cargos administrativos en esa corporación ambiental. Eso se sabe por testimonios de exfuncionarios, quienes afirman que a esos cargos solo llegan profesionales con el visto bueno de ‘El Turco’.
GUILLERMO ARIZA CABRERA, director de Cardique de 2001 a 2003
Guillermo Ariza Cabrera es un ingeniero civil, oriundo del departamento del Atlántico, que llegó a la dirección de Cardique en 2001, en reemplazo de Cecilia Bermúdez Sagre, quien ocupó ese cargo entre 1995 y 2000.
Ariza Cabrera llegó a la dirección de Cardique en medio de ruidos porque, supuestamente, Hilsaca le entregó prebendas a siete de los 12 miembros de la junta directiva de esa entidad para que lo eligieran del listado de 39 aspirantes, denunció en aquel momento la Red de Veeduría Ciudadana de Cartagena.
En esa junta directiva tienen asiento el gobernador de Bolívar, cuatro alcaldes de los 21 municipios en los que Cardique tiene jurisdicción y delegados del presidente, el Ministerio del Medio Ambiente, ONG ambientalistas, sector privado y comunidades negras.
La Red de Veeduría Ciudadana de Cartagena también dijo que el interés de Hilsaca en controlar la entidad tenía que ver con la decisión de otorgar una licencia ambiental a Aguas de Cartagena, para la construcción de un emisario submarino, obra que generó polémica en la ciudad por las afectaciones que podría causarle al ecosistema marino y a las comunidades vecinas del punto donde está ubicada esa infraestructura.
Tras esa denuncia, el propio Ariza reconoció conocer a Hilsaca, a la vez que negó que hubiera tenido injerencia en su elección. Señaló en su momento que se tomaría el tiempo necesario para estudiar el tema de la licencia ambiental para el emisario submarino, que, en junio de 2001, seis meses después de su posesión, terminó otorgando. 
Ese no fue el único ruido que acompañó al ingeniero Ariza en su paso por Cardique. En abril de 2012, cuando ya no estaba al frente de la entidad, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara por, supuestamente, financiar al Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según declaración de Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, jefe paramilitar en la zona baja de los Montes de María y en el casco urbano de Cartagena, Ariza les habría aportado “60 millones de pesos al grupo armado”.
Alias ‘Juancho Dique’ fue también uno de los cuatro exparamilitares que señaló en 2008 a ‘El Turco’ Hilsaca de ser colaborador del Bloque Héroes Montes de María. Lo hizo durante las versiones libres celebradas en Barranquilla como parte del proceso de Justicia y Paz.
AGUSTÍN CHÁVEZ PÉREZ, director de Cardique de 2004 a 2010)
Agustín Chávez Pérez llegó a la dirección de Cardique en enero de 2004 tras haber sido elegido por la junta directiva de esa entidad en diciembre de 2003, para reemplazar a Guillermo Ariza Cabrera. Su llegada, según empleados y exempleados de esa corporación, se dio con el visto bueno de Hilsaca, con quien tenía una relación de amistad de vieja data, ya que, según Semana.com, fue gerente de una de sus empresas.
Pero más allá de eso, la clara evidencia de que la llegada de Chávez Pérez a la dirección de Cardique terminó beneficiando a ‘El Turco’ y su emporio económico es un millonario contrato, por $22 173 millones, para recuperar la Ciénaga de la Virgen. Esta CAR lo adjudicó en 2007 al Consorcio Ciénaga de la Virgen, en el que Construcciones Hilsaca Ltda -hoy AGM Desarrollos SAS- tuvo un 75 % de participación y la firma barranquillera Servicios de Dragados y Construcciones el 25 % restante.
Aunque inicialmente fue firmado por $22 173 millones, el contrato de la Ciénaga de la Virgen terminó costándole al erario $33 259 millones, después de cuatro adiciones presupuestales y tres modificaciones al manejo administrativo de la plata. Además, la Contraloría encontró que no hay evidencias que comprueben que las obras se hayan hecho.
El de Hilsaca no habría sido el único apoyo de Chávez Pérez para llegar al cargo. El exjefe paramilitar Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, confesó haber presionado a los mandatarios con asiento en la Junta de Cardique para que lo eligieran, algo que Chávez negó. En noviembre de 2010, Chávez fue removido de su cargo por la Procuraduría por haber firmado en plena ley de garantías, entre enero y marzo de 2006, 104 contratos por cerca de $4713 millones.
OLAFF PUELLO CASTILLO, director de Cardique entre 2012 y 2018
El arquitecto Olaff Puello Castillo entró a Cardique en 2008 como subdirector de Planeación y después de la interinidad en la que estuvo esa corporación por la remoción del cargo de Agustín Chávez Pérez. Puello Castillo fue elegido en 2012 con el apoyo de los 12 miembros de la Junta.
La llegada de Puello fue vista en Cartagena como la continuidad del poderío de Hilsaca en esa entidad, porque desde su cargo en la subdirección de Planeación fue uno de los funcionarios que evaluó y avaló contratos millonarios que le fueron adjudicados a las empresas de ‘El Turco’. Por ejemplo, en 2008, Puello recomendó que le fuera adjudicado a la firma Construcciones Hilsaca Ltda ⎼hoy AGM Desarrollos SAS⎼ un contrato, por $1395 millones, para el mantenimiento de parques y las intervenciones de canales pluviales de Cartagena.
Puello fue reelegido en ese cargo en 2015 y, tres años después, en 2018 fue capturado por la Fiscalía (junto a tres funcionarias más), después de una investigación que evidenció contratación ficticia, soportada con facturas, planos topográficos y registros fotográficos falsos, contratos millonarios que generaron un detrimento cercano a los $27 900 millones. Después de su captura y en medio de su proceso judicial, en 2019, la Fiscalía allanó su vivienda junto a los bienes de los otros exfuncionarios procesados por contratación irregular.
ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ, director de Cardique desde noviembre de 2019)
El ingeniero civil Ángelo Bacci Hernández llegó a Cardique en 2014 y en junio de 2018 fue designado director encargado de la entidad en reemplazo del capturado Olaff Puello. Antes de esa designación, Bacci Hernández se había desempeñado como director Ambiental de Cardique.
Después de más de un año como director encargado, en noviembre de 2019, la Junta directiva lo eligió como director en propiedad con 12 de 12 votos posibles.
Bacci es conocido en la Cartagena política como amigo de ‘El Turco’. “Le camina derechito”, nos dijo un exfuncionario de Cardique con quien hablamos. Otra fuente nos detalló que la relación de ambos les viene desde Magangué, de donde es natural Bacci y donde Hilsaca empezó su carrera empresarial.
EL ‘TURCO’ Y OTROS FUNCIONARIOS CLAVE DE CARDQUE
LUZ DARY BENAVIDES
Esta ingeniera civil, de origen santandereano, trabajó en la Subdirección de Planeación de Cardique durante al menos 15 años. En 2012, hizo parte del listado de elegibles para ocupar la dirección de esa entidad, puesto que terminó en manos de Olaff Puello.
Como funcionaria de Cardique, Benavides era reconocida por su cercanía con Hilsaca. “Era de su cuerda directa”, nos dijo una persona que conoció de cerca a Benavides. De hecho, así la veían quienes coincidieron con ella durante su paso por esa corporación.
Como parte de sus funciones, Benavides debía supervisar las obras contratadas y hacer los informes de ejecución de las mismas. También hacía parte de los comités evaluadores de las licitaciones. Por ejemplo, Benavides recomendó la adjudicación de tres contratos en los que participó AGM Desarrollos SAS, propiedad de Hilsaca: uno en 2007, por $22 173 millones, para la recuperación de la Ciénaga de la Virgen; otro en 2008, por $1379 millones, para el mantenimiento de nueve parques y la intervención de 54 canales en Cartagena, y uno más, en 2012, por $12 097 millones, para la construcción de un muro de contención en la Loma del Marión.
En 2019, Benavides fue señalada por la Fiscalía como persona clave dentro de una trama de corrupción de Cardique, que dejó al director Olaff Puello tras las rejas y llevó a ese ente a ocupar 104 bienes de funcionarios y 26 contratistas. El detrimento, calculó la Fiscalía, fue de $27 900 millones.
Catalina Noguera, fiscal del caso, dijo que era Benavides la segunda funcionaria más importante en ese desangre de recursos. “Era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, informó la fiscal.
En 2019, la Fiscalía dijo que estaba prófuga.
SAYDE ESCUDERO JALLER
Esta economista trabaja en Cardique desde 2001. Ha sido contadora, directora encargada y subdirectora administrativa y financiera, su cargo actual. De este departamento dependen la oficina de Talento humano y las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería.
Es hermana de Roxana Escudero Jaller, con quien Hilsaca tiene un hijo.
En 2012, hizo parte del listado de elegibles para ocupar la dirección de esa entidad, puesto que terminó en manos de Olaff Puello.
CARMEN DE CARO
Esta abogada, nacida en Magangué, es la actual personera de Cartagena. Antes de ser elegida, en enero pasado, por el Concejo, se desempeñaba como jefe de control interno disciplinario de Cardique. En ese cargo estuvo entre enero de 2018 y diciembre de 2019.
Antes, entre 2008 y 2012, fue contratista de la Alcaldía de Magangué, cuando el alcalde de ese municipio era Arcecio Pérez, apoyado por la condenada empresaria Enilce López, alias ‘La Gata’, amiga y antigua socia de Hilsaca. También estuvo en el área de Cartera de la administración de Alberto Barboza, alcalde de Cartagena entre 2004 y 2006, y cuya candidatura fue financiada por Hilsaca.
De hecho, ‘El Turco’ llegó a tener mucha influencia en ese gobierno, le dijeron a Semana.com en 2005 tres funcionarios distritales y dos constructores. Además, La Silla Vacía encontró que Sandra Eugenia Covo, miembro de la junta directiva de AGM Desarrollos SAS —una de las empresas de ‘El Turco’—, fue tesorera durante esa administración.
Justo por ese pasado, el alcalde de Cartagena, William Dau, dijo en enero pasado en el Concejo cartagenero que sería “un acto de mala fe” y “una declaratoria de guerra anticipada” el nombramiento de esta abogada como personera.
CONTEXTO:
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El rastro del ‘Turco’ Hilsaca en la megacontratación de Cardique
Perfil del ‘Turco’ Hilsaca:
El tercero de ellos se convirtió en una fallida recuperación de la Ciénaga de la Virgen, que hoy tiene puesta la lupa de la Contraloría y la Fiscalía porque durante una década fue poco lo que hizo el Consorcio de Hilsaca para salvar ese ecosistema al que cada vez le queda menos tiempo.
Este contrato entregado a ‘El Turco’ Hilsaca, hoy símbolo del desgreño administrativo imperante en Cardique, data del 29 de junio de 2007.
Fue firmado con el Consorcio Ciénaga de la Virgen por $22 173 millones. Se trata de una millonaria obra, proyectada a 14 años, para el mejoramiento hidráulico y el saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas en la Ciénaga de la Virgen de Cartagena. Esta es una laguna costera en el extremo norte de esa capital, separada del mar Caribe por el corregimiento de La Boquilla y conectada con la bahía de Cartagena a través de seis caños y un complejo de lagos interiores.
Las principales obras de esa intervención consistían en la relimpia manual o mecánica de los canales, arroyos y descoles, incluyendo la remoción del material, y la construcción de canales en concreto reforzado y de diques de cierre para deshidratación de sedimento.
Sin embargo, terminó costándole al erario $33 259 millones, después de cuatro adiciones presupuestales y tres modificaciones al manejo administrativo de los recursos.
“Eso pasó porque a los cuatro meses de adjudicadas las obras, el Consorcio logró el control total sobre el encargo fiduciario al que eran transferidos los recaudos por la sobretasa ambiental, cobrada en el impuesto predial de los cartageneros y en los peajes Marahuaco y Puerto Colombia, en la vía Barranquilla–Cartagena. Con esa plata fue que Cardique proyectó la financiación de los trabajos en la Ciénaga de la Virgen por 14 años”.
Fue así como, después de una primera modificación firmada el 9 de octubre de 2007, ese privado comenzó a administrar unos dineros que por Ley debieron estar siempre bajo la batuta de Cardique. Una entidad que pese a estar llamada a liderar la recuperación de la Ciénaga, terminó protagonizando varias irregularidades más, detectadas por la Contraloría en 2017 después de dos auditorías.
El equipo auditor se encontró con la ausencia de fundamentos jurídicos y técnicos para la celebración de este contrato, especialmente por las condiciones en que se firmó: año a año Cardique y el contratista iban definiendo las obras a intervenir, según los millonarios recaudos por sobretasa ambiental.
En un año ese tributo por impuesto predial genera hasta $55 606 millones, como ocurrió en 2018, mientras que por peajes unos $1641 millones, divulgó la Contraloría en la más reciente auditoría financiera que le hizo a Cardique en 2018 y publicó en noviembre de 2019.
Otra inconsistencia fue la débil ejecución de esas obras. A 2017 no estaban construidos unos canales en concreto que facilitarían el tránsito de las aguas que desembocan en la Ciénaga. “En su lugar, se aduce haber hecho relimpias, apertura de canales en tierra y descoles apilando la basura que extraen de la misma ciénaga”, se lee del informe de esa entidad. Intervenciones sobre las que la Contraloría no encontró las respectivas pólizas de seguro, garantía de una buena ejecución.
La última irregularidad tuvo que ver con la desconexión entre los trabajos supuestamente hechos y los estudios y diseños contemplados desde la apertura del proceso licitatorio, aunado al nulo monitoreo de Cardique, pues la Contraloría no halló informe alguno de esa entidad sobre los avances o estados de ejecución del contrato.
Esas conclusiones del equipo auditor originaron una investigación a cargo de la Fiscalía, que un año después terminó descubriendo todo un entramado de contratos fantasmas más allá de la Ciénaga de la Virgen: Cardique le adjudicó en 2016 a distintas empresas, unas 220 obras que nunca se hicieron, para la supuesta limpieza y mantenimiento de arroyos y caños con problemas de sedimentación. Contratos que causaron un detrimento patrimonial de al menos $27 900 millones.
Por esa contratación ficticia, soportada con facturas, planos topográficos y registros fotográficos falsos, la Fiscalía les imputó cargos en 2018 al exdirector de Cardique Olaff Puello Castillo, a tres de sus subalternos (Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos en la CAR) y a dos contratistas (Bernabé Maldonado Maldonado, contador, y Fredy Rodgers, topógrafo). A los pocos meses, en 2019, la Fiscalía ocupó 104 bienes de funcionarios y contratistas que se prestaron para la trama de corrupción.
Durante la toma de bienes, la fiscal Catalina Noguera anunció que, después de Puello, la segunda funcionaria más importante en ese desangre de recursos era Luz Dary Benavides Piza. “Era la que desde Cardique se encargaba de este tipo de obras”, informó la fiscal.
Benavides Piza es una ingeniera civil que trabajó en la Subdirección de Planeación de esa CAR hasta 2019, cuando la Fiscalía le perdió la pista. En su paso por Cardique (al menos 15 años) era reconocida por su cercanía con Hilsaca. Fue ella quien en 2007 recomendó la adjudicación de las millonarias obras para el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen, como se lee en la evaluación del proceso licitatorio.
La Contraloría de Bolívar además encontró un posible detrimento patrimonial en ese contrato por $54 817 503 y les abrió, en 2018, un proceso de responsabilidad fiscal a Olaff Puello, al Consorcio y a los interventores Tecnogestiones Ltda y Consig Ltda.
El ente de control no encontró evidencias de que el Consorcio Ciénaga de la Virgen hubiese pagado todas las comisiones que le correspondían por ser el administrador de la fiducia. Por el contrario, los casi $55 millones salieron de dineros que le pertenecían a Cardique y no de los recursos propios del privado, como lo establecía el contrato.
A los hallazgos de la Contraloría se sumó un llamado de la Procuraduría, que en julio de 2018 pidió la suspensión del contrato y de su interventoría, debido al posible daño patrimonial. El acto de liquidación del contrato, en efecto, se firmó el 23 de noviembre de 2018, tres años antes de su vencimiento y sin mayores transformaciones ambientales para la Ciénaga.
Pese a toda esa millonaria inyección de plata pública, la Ciénaga de la Virgen perdió una década valiosa para su recuperación, pues el contrato entregado al Consorcio era clave dentro de un conjunto de acciones para mitigar el daño ambiental. Su agonía ha aumentado con la tala indiscriminada de manglares, que provocan la pérdida progresiva de hábitat de aves ⎼protagonistas de este ecosistema⎼ y con los asentamientos ilegales en su orilla. Cambuches y casas de cemento edificados sobre rellenos de basura y escombros que los habitantes, empujados por la pobreza, le roban al agua para conformar uno de los cinturones de miseria más grandes de Colombia.
A eso se suman los miles de metros cúbicos de sedimentos y desechos que terminan año tras año en la Ciénaga, que desde la década de los 40 se convirtió en el principal receptor de aguas residuales de Cartagena, por encima de su capacidad de autorregeneración. Solo hasta 2013, cuando entró en funcionamiento el emisario submarino, el alcantarillado de la ciudad no drena a esta laguna costera, ahora va al mar. La agonía de la Ciénaga se agudiza también por sus problemas de comunicación con el sistema de caños después de la ampliación de la pista del aeropuerto, en la década de los 70, y la construcción del Anillo Vial a finales de los 80.
Toda esta nociva interacción humana con la Ciénaga también ha terminado afectando su fauna, cuya abundancia, décadas atrás, se reflejaba en canoas llenas de jaibas, caracoles y camarones. Faenas que los pescadores ahora ven como postales lejanas y solamente posibles si navegan Caribe adentro.
“Por aquí uno tiene como tres años sin poder decir que se ha comido un arroz de cangrejo de la Ciénaga”, dice Juan Henríquez, director de Verde Calicanto, una organización de la que hacen parte ciudadanos que como él viven en El Progreso, El Pozón y Fredonia. Se trata de barriadas caracterizadas por un marginamiento histórico –dados sus altos índices de pobreza– que limitan con el extremo de la Ciénaga, una zona que los turistas no ven desde el fotogénico centro amurallado de Cartagena.
Ante la falta de políticas públicas contundentes, Verde Calicanto ⎼que debe su nombre al Canal Calicanto que desemboca en la Ciénaga⎼ desde hace siete años le apuesta a oxigenar este cuerpo de agua. Lo hace de la mano de otros cinco colectivos comunitarios, como parte del macroproyecto Ecovida. Las seis organizaciones dictan charlas a quienes viven a orillas de la Ciénaga para recordarles cuán urgente es su conservación. También organizan, tres veces al año con la ayuda de la empresa privada, jornadas de limpieza en los canales cercanos.
Sobre botes en fibra de vidrio, construidos con ayuda del Sena, suelen recolectar toneladas de desechos: mientras una persona va remando, otra recoge con azadones y deposita, especialmente, icopor y plástico en bolsas grandes de uso industrial. Basura que debió depositarse en Los Cocos, el relleno sanitario de Cartagena, y no en estas aguas. Las jornadas son verdaderos paliativos para un ecosistema en cuidados intensivos como este, que debieran liderar Cardique y la Alcaldía de Cartagena, no solo la sociedad civil.
El segundo millonario contrato que acabó en manos de Hilsaca fue uno para el mantenimiento de nueve parques y la intervención de 54 canales en Cartagena, algunos a través de limpieza con retroexcavadora y otros con la construcción de box culverts en concreto reforzado (estructura que soporta taludes).
El 29 de diciembre de 2008, Cardique le adjudicó ese contrato de $1379 millones a Construcciones Hilsaca Ltda, cuyo representante legal en aquel momento era el propio Hilsaca. Como ocurrió con el proceso de la Ciénaga de la Virgen, en esta licitación también la empresa de Hilsaca fue proponente único y la recomendación de adjudicación la hicieron funcionarios cercanos a él: Olaff Puello Castillo, subdirector de Planeación en ese entonces, y Luz Dary Benavides, profesional universitaria de esa dependencia. De hecho, la propuesta de Construcciones Hilsaca Ltda obtuvo 100 de 100 puntos posibles.
El contrato tuvo dos otrosíes, ambos para modificar las condiciones técnicas de las obras, y tres suspensiones, por lo que su plazo de ejecución pasó de tres a 11 meses: la primera suspensión se dio por demoras en la entrega de diseños de unos boxcoulverts; la segunda, por la prolongación de la sequía, que no facilitaba las condiciones para la siembra de plantas y el mantenimiento de los parques, y la última por un saldo en los giros de Cardique al contratista para la remoción e instalación de tapas en concreto reforzado.
Todas esas suspensiones y reinicios de obras también las autorizaron los funcionarios Puello y Benavides.
Este paquete de intervenciones en los caños y canales cartageneros se suman a los contratados por la Alcaldía de Cartagena, que entre 2013 y 2018 invirtió $75 568 millones en limpieza. Recursos, tanto del Distrito como de Cardique, que terminan siendo unos millonarios pañitos de agua tibia para un problema mayúsculo: la falta de un Plan Maestro de Drenajes Pluviales, cuyo primer esbozo data de 1982 como resultado de un programa de cooperación técnica con Naciones Unidas.
Desde entonces, las administraciones de turno han actualizado el Plan y ejecutado algunas de sus obras sin lograr una intervención que le ponga punto final al problema: barrios inundados ⎼en temporada de lluvias⎼ por canales y caños desbordados que suelen ser usados como basureros a cielo abierto.
Además de ser paliativos, la Fiscalía encontró que los contratos de limpieza de arroyos y reservorios son los más usados para prácticas corruptas en Cardique y, justo por ese tipo de contrataciones, en septiembre de 2019, les imputó cargos a 21 excontratistas.
El tercer gran contrato entregado a ‘El Turco’ Hilsaca se remonta a 2012 por $12 369 millones, para estabilizar un sector de Cartagena conocido como la Loma del Marión, una estribación que atraviesa de oriente a occidente varios barrios, ubicados entre las avenidas Pedro de Heredia y Crisanto Luque, con algunas zonas cuyo riesgo de deslizamiento solo se recuerda en cada temporada de lluvias. Especialmente porque su suelo no es estable y, sobre él, debería haber vegetación y no urbanizaciones ni invasiones de cambuches.
Hilsaca se ganó ese contrato como miembro del Consorcio Control de Inundaciones 2012, representado en ese momento por su hijo Gabriel Hilsaca Acosta. Su socio fue la cartagenera Promotora El Campín, con el 25 % de participación. Una firma que ha tenido entre sus accionistas al cuestionado grupo político de Bolívar García Zuccardi, hasta hace poco integrado por los excongresistas Juan José García, condenado por peculado por apropiación y quien falleció recientemente por coronavirus, y Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica. Ambos tuvieron injerencia en el directorio de Bolívar del Partido de La U.
El Consorcio Control de Inundaciones se impuso sobre otros dos oferentes en esa licitación: Consorcio Megadiques, conformado por tres empresas de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, respectivamente, y Consorcio Leticia, integrado por una firma de Cartagena y otra de Bogotá.
La propuesta del consorcio de ‘El Turco’ obtuvo la mayor calificación: 940 de mil puntos posibles. Con $12 097 millones fue la oferta con mayor valor de las tres que tuvo esa licitación. Las de los otros dos competidores no superaban los $12 000 millones.
Según la evaluación, la propuesta de Control de Inundaciones obtuvo el puntaje más alto entre los tres oferentes porque ‘presentó un sólido programa de obras’. Fue la única que puntuó en ese ítem (obtuvo 250 puntos que fueron determinantes para su calificación total) dado su detallado esquema de inversiones, con proyecciones precisas de tiempo y personal.
Este comité evaluador lo integraron Luz Dary Benavides Piza, ingeniera de la Subdirección de Planeación, cercana a Hilsaca, y Saray Hernández Durán, una de las capturadas por la Fiscalía en 2018 por el entramado de contratos ficticios.
El contrato, cuyo valor inicial fue de $12 097 millones, tuvo una adición presupuestal de $271 millones y cuatro cambios de fecha: de seis meses de ejecución pasó a 10. Además, dos otrosíes: el primero modificó unos insumos usados en los trabajos de contención y, el segundo, las condiciones de desembolso de la plata: el privado sólo comenzaría a recibir recursos a partir del 30 % de ejecución de la obra.
Los trabajos comenzaron en agosto de 2012 y consistieron en el levantamiento de un muro de contención y de terrazas en las estribaciones de la loma para mitigar su deslizamiento en los sectores Nueva Granada, 9 de abril, San Francisco y Manzanares, después de la temporada invernal de 2010, una de las más intensas de los últimos años en Colombia.
Esas lluvias produjeron, entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, 2219 emergencias por inundaciones, avalanchas y deslizamientos en distintas regiones, según un informe para evaluar el impacto económico del fenómeno de La Niña, realizado por la Cepal, el DNP y el BID. En Cartagena y los municipios de Bolívar esa ola invernal dejó a 43 500 familias damnificadas, millares de viviendas destruidas y pérdidas económicas en más del 5 % del PIB departamental, según datos publicados por el Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias.
En 2010, antes de la millonaria intervención de Cardique en la Loma del Marión, la Alcaldía había invertido $1200 millones en levantamiento de pilotes y construcción de drenajes para las aguas subterráneas. Ambas intervenciones, que sumaron $13 569 millones, no solucionaron por completo los problemas de deslizamiento en algunos de los barrios edificados sobre la Loma. Especialmente porque el muro de contención de Cardique estaba proyectado como parte de una primera fase, que necesitaría de una segunda intervención. Sin embargo, esos trabajos no se hicieron.
Consejo de Redacción le preguntó a Cardique las razones por las que no se realizaron esas obras, pero no hubo respuesta alguna a los dos derechos de petición enviados entre marzo y mayo pasados.
En Nueva Granada reconocen que la construcción del muro de contención sirvió para detener parte de los deslizamientos que no los dejaban dormir tranquilos. Los moradores ⎼recuerda Osvaldo Beleño, miembro de la Junta de Acción Comunal⎼ sentían que las casas loma arriba, en el sector 9 de abril, podrían derrumbarse en cualquier momento sobre ellos, loma abajo.
Como la segunda etapa de intervención en la Loma quedó en el limbo, los habitantes comenzaron a sembrar por cuenta propia árboles alrededor del muro de contención para generar una zona verde que ayude a mitigar la sedimentación y genere una contención natural en tiempos de lluvia.
“Le estamos apostando a convertir ese pedazo en una zona verde junto a una hectárea y 100 metros que es lo único que queda libre de la Loma. Todo lo demás está urbanizado”, explica el líder Beleño.
Mientras tanto, los deslizamientos siguen siendo una amenaza para una parte de los cartageneros que viven allí: en 2017, por ejemplo, la tierra volvió a ceder con las lluvias y dejó vulnerables a 22 familias del Mirador del Nuevo Bosque, un barrio cuyas viviendas están sobre las partes bajas y medias de la Loma.
Cercano a ese sector, también están en riesgo los habitantes del Mirador de Zaragocilla, un conjunto residencial construido sobre terreno inestable al que en 2015 se le vino abajo uno de sus muros de contención. La Alcaldía de Cartagena tuvo que destinar recursos para volverlo a levantar.
Durante la última década, sus moradores han visto los cimientos socavarse con cada temporada de lluvia y han temido también el derrumbe de sus apartamentos, edificados por la constructora de Héctor García Romero, hermano del fallecido excongresista Juan José García Romero, uno de los socios de constructora El Campín con la que Hilsaca se ganó el contrato para levantar el muro de contención en la Loma.
Una de las habitantes del Mirador de Zaragocilla, quien pidió reservar su identidad, narra que todavía hoy el peligro persiste porque algunas paredillas de la zona presentan grietas y amenazan con caerse.
El contrato de la Loma del Marión, al igual que los de la intervención en la Ciénaga de la Virgen y el sistema de caños de Cartagena, evidencian cómo la entidad llamada a preservar tres grandes ecosistemas estratégicos de Bolívar no ha cumplido sus funciones a cabalidad. Por el contrario, a partir de las investigaciones de los entes de control, se develó su operatividad, por más de una década, bajo la sombra de la corrupción. Esta última le ha costado al erario, según la Fiscalía, casi $28 000 millones, una cifra que representa en recursos la mitad de los tres megacontratos entregados a la empresa de Hilsaca.
Detrás de todos estos contratos adjudicados por Cardique hay un posible patrón de colusión que tiene como común denominador a una compañía de Hilsaca. Cuando eso ocurre, es decir, cuando una firma o persona ejerce control sobre las contrataciones, se termina limitando la libre competencia y la pluralidad de oferentes, un asunto que le compete investigar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En el pasado, esa entidad multó a distintas empresas colombianas del sector azucarero y de papeles suaves por este tipo de conductas, conocidas también como cartelización.
Pese al detrimento y a la poderosa mano de ‘El Turco’ detrás, Cardique sigue sin estar blindada contra futuras contrataciones fallidas o a medias. Tampoco los organismos de control ni la justicia han adoptado medidas contundentes que garanticen su funcionamiento acorde con su misión ambiental.
Uno de los poderes económicos más sólidos de Bolívar en los últimos 30 años es el que ha forjado Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como ‘El Turco’ Hilsaca. Un hombre que ha sido bautizado por la prensa capitalina como “el amo del alumbrado público” de Colombia, pero cuyo reconocimiento en su departamento natal se debe más a la financiación de campañas políticas, a su injerencia en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y a sus supuestos lazos con organizaciones criminales.
Nacido en el ribereño municipio de Mompox, Hilsaca se dio a conocer primero como contratista público, en los años 90, después de haber sido obrero en Ecopetrol, comerciante de ganado y dueño de una discoteca en Magangué (Bolívar).
En aquellos años comenzó a forjar su imperio económico con los negocios que firmaba su empresa Hilsaca Construcciones -hoy AGM Desarrollos S.A.S- con el Ministerio de Minas, la Corporación Eléctrica del Caribe (Corelca), la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, para construir infraestructura pública y administrar varias concesiones de alumbrado en el país.
Para la opinión pública, el nombre de este descendiente de libaneses dejó de ser exclusivamente sinónimo de empresario cuando comenzó a tener líos con la justicia. En julio de 2009, la Fiscalía le profirió una medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad, como determinador de los asesinatos de cuatro mujeres(Lourdes Lara Champen, Ofelia del Rosario Correa Torres, Betsabit Obaida Espitia Nerio y Heidy Mailth Smith Pérez), ocurridos en 2003, cerca de la Torre del Reloj, sitio emblemático del Centro histórico de Cartagena.
Esos hechos, negados por ‘El Turco’ y conocidos como la ‘Masacre de la Torre del Reloj’, los cometieron paramilitares del Grupo Urbano de Cartagena, brazo del Frente Canal del Dique, del Bloque Montes de María. Después de ocho meses en la cárcel, en marzo de 2010, Hilsaca quedó libre por falta de pruebasy en 2017 el Tribunal Superior de Bogotá condenó por esos crímenes a 40 años de cárcel al exparamilitar Eugenio Reyes, alias ‘Geño’.
Dos meses después, en mayo de 2010, ‘El Turco’ volvió a la cárcel, pero en esa ocasión porque cuatro exparamilitares lo señalaron de ser colaborador del Bloque Héroes Montes de María. Un escuadrón ilegal que operó en los municipios de Sucre y Bolívar, entre 1996 y 2005, responsables de al menos 18 masacres. Dos de quienes lo señalaron fueron Uber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, exjefes de ese grupo ‘para’.
Sobre esa supuesta colaboración económica también hay registros en el computador de ‘Jorge 40’, antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC y quien regresó a Colombia en septiembre de 2020 después de haber pagado condena en Estados Unidos desde 2008. Alguien llamado “A. Hilsaca” aparecía en su listado de financiadores.
El nombre de ‘El Turco’ además salió a relucir en una grabación del Ipod (reproductor de música de la marca Apple) de Salvatore Mancuso, otro exjefe ‘para’ extraditado. En él se escucha una conversación que sostiene con ‘Jorge 40’ sobre supuestos acuerdos políticos y económicos con Hilsaca.
Los líos de Hilsaca con la Justicia continuaron en 2014. El 20 de noviembre de ese año fue detenido como parte de la investigación que inició la Fiscalía por el asesinato de Jhon Ovallos Angarita, hijo de Emel Ovallos, exparamilitar que declaró en su contra por el cuádruple asesinato de las mujeres en Cartagena.
Al igual que ocurrió durante años con la condenada Enilce López ‘La Gata’, antigua empresaria del chance en el Caribe y quien fuera amiga de Hilsaca, la sola mención del nombre de ‘El Turco’ genera temor entre los bolivarenses. “Muchos bajan la voz y hablan entre susurros para referirse a él, así no haya nadie cerca, como si tuviese oídos por todos los rincones”, escribió la periodista Salud Hernández, en la columna¿Gran corrupto o ejemplar empresario?, publicada el 8 de mayo de 2019, en El Tiempo.
Un temor alimentado no solo por los crímenes que giran alrededor suyo, sino también por intimidaciones que se difunden a su nombre, como aquella que lanzó uno de sus hijos en un audio que circuló en septiembre de 2016 por la plataforma Whatsapp. Lo grabó después de que a él y a su padre los atracaron en un restaurante de Bocagrande. El joven vaticinó la muerte de los atracadores.
“Fueron directo a donde nosotros a quitarnos todas las cosas (…) Nos tiraron a nosotros nada más. Mi papá pidió escolta, esos yo creo que no salen vivos hoy de aquí”, fueron las palabras de Hilsacahijo en aquella grabación.
De hecho, de ese miedo que Hilsaca genera este equipo periodístico fue testigo durante la reportería. Dos personas pidieron borrar todo rastro de comunicación para que no quedaran evidencias de los datos entregados sobre él. “Uno nunca sabe”, dijo una de las fuentes. Una tercera advirtió cuán “delicado” era investigar sobre la vida y obra de Hilsaca.
. Su poder económico:
En 1993 Hilsaca fundó, en Magangué, su empresa AGM Desarrollos SAS, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería y construcción en áreas de alumbrado, minería y obras civiles, con la que se ha ganado contratos como la fallida recuperación de la Ciénaga de la Virgen, limpieza de caños y canales en Cartagena o la readecuación del alcantarillado de Bocagrande. Varias de esas obras han generado investigaciones en los organismos de control por problemas durante su ejecución.
AGM Desarrollos SAS tiene hoy 265 empleados y sus representantes legales son Paúl Andrés Durango Hernández y Gustavo Adolfo Ñañez Calero, según su certificado de Cámara de Comercio. En el pasado, esa representación estuvo en manos del mismo ‘Turco’ y de su hijo, Gabriel Hilsaca Acosta. Este último es la cabeza visible de esa compañía en Centroamérica.
A través de ella, Hilsaca maneja concesiones de amoblamiento urbano, fotomultas de tránsito y alumbrado público. Hasta 2014, estas últimas sumaban 38, en igual número de municipios, por un valor estimado en $1,5 billones, según una investigación de la revista Dinero.
Entre esas concesiones están los alumbrados públicos de capitales como Cúcuta y Riohacha. Algunos, con condiciones favorables al concesionario, en detrimento del erario. Uno de esos municipios fue Ocaña, segunda población de Norte de Santander. Allí AGM Desarrollos SAS desplazó en 2013 a la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander. Por ese contrato, en 2018, la Procuraduría dejó en firme, en un fallo de segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años del exalcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo.
Otra concesión que se ganó, pese a las críticas del zar anticorrupción de la presidencia de posible negociación hecha a su medida, fue la de Mompox. En 2007, se la entregó el alcalde de la época, Marco Tulio Eljaude -su primo-, quien defendió esa adjudicación argumentando la ausencia de otros proponentes.
El poder económico de ‘El Turco’ también incluye hoteles y bares en el Centro Histórico y Getsemaní, a través de Promotora Hotelera Santos de Piedra SAS, empresa matriz de los hoteles Peregrinos, Santos de Piedras, Santo Toribio, Monaguillo de Getsemaní, Casa Cardenal y Capellán de Getsemaní, y de El Güero Tacos Bar, la Casa del Ron, restaurante bar Cleo y Tequila Santanera.
Esa empresa, según registros públicos de la Cámara de Comercio, tiene 81 empleados y ha sido representada legalmente, en distintas ocasiones, por los hermanos Alfonso y Gabriel Hilsaca Acosta, hijos de ‘El Turco’.
Hilsaca también tiene participación en el negocio de la disposición final de las basuras, a través de la empresa Caribe Verde SA ESP, con sede en Turbana y operador del Parque Ambiental Loma de Los Cocos, según contrato firmado en abril de 2005 con la Alcaldía de Cartagena por 20 años. Este funciona como relleno sanitario y escombrera de Cartagena en el corregimiento de Pasacaballos. Otra empresa relacionada con ‘El Turco’ es Bioger, que maneja la concesión de basuras en algunos municipios de Bolívar y que ha sido cuestionada por incumplimientos.
Su poder ha trascendido fronteras. En 2016, una de sus empresas firmó millonarioscontratos para el cambio de luminarias de mercurio a tipo led con la alcaldía de San Salvador, capital de El Salvador, en Centroamérica.
. Su mano en la política de Bolívar:
Por años el nombre de ‘El Turco’ ha estado asociado a la financiación de campañas políticas en Cartagena, Turbaco y Arjona. Evidencia de su protagonismo en las elecciones de los últimos años de Cartagena fueron las atípicas de 2003. En uno de los debates previos a las elecciones de aquel octubre, varios de los candidatos trataronde desvincularse públicamente de él, dados los rumores de la época sobre su apoyo económico a varias de esas campañas.
De hecho, en una entrevista que le dio a Revista Semana en 2005, reconoció que le entregó dinero a Alberto Barboza, quien fue alcalde de Cartagena entre 2004 y 2006, recursos que no quedaron registrados en los reportes de financiación del entonces candidato.
Hilsaca llegó a tener mucha influencia en ese gobierno, le dijeron a Revista Semana tres funcionarios distritales y dos constructores. Además, La Silla Vacíaencontró que Sandra Eugenia Covo, miembro de la junta directiva de AGM Desarrollos SAS —una de las empresas de ‘El Turco’—, fue tesorera durante esa administración.
Después desde el Palacio de La Aduana, Barboza le adjudicó a Caribe Verde, otra de las empresas de Hilsaca, la concesión del relleno sanitario de Cartagena.
Esa injerencia no la tuvo en varios de los gobiernos siguientes ni la tiene hoy en la actual administración de William Dau, con quien los últimos dos años ha librado una batalla judicial. En diciembre pasado, el hoy alcalde de Cartagena tuvo que retractarse despuésde acusarlo de “ser el mayor delincuente de Cartagena y Bolívar”. Hilsaca lo demandó por injuria y calumnia.
“Yo presenté varias pruebas contra el señor Hilsaca, pero el juez municipal y el del circuito que atendieron el caso no las tuvieron en cuenta (…) Por eso denuncio a los dos jueces, pero le terminaron dando la razón al señor Hilsaca”, dijo Dau en aquel momento.
La confrontación entre Dau y ‘El Turco’ está lejos de apaciguarse. Al alcalde no le cayó bien la elección como personera distrital de la abogada Carmen de Caro, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario en Cardique, entre 2018 y 2019.
“Un acto de mala fe” y “una declaratoria de guerra anticipada” fueron las palabras con las que el alcalde calificó el posible nombramiento de la abogada, el pasado 2 de enero en la instalación del Concejo. De ella también dijo que es “considerada ficha de quien ha sido “dueño de Cardique los últimos 20 años”.
Su injerencia en Cardique:
Casi que desde su creación, en 1993, Cardique, ha tenido a la sombra a ‘El Turco’ Hilsaca, como lo han contado La Silla Vacía, El Espectador y El Tiempo.
La Corporación, autoridad ambiental en 21 de los 46 municipios de Bolívar, ha tenido en su dirección a personas cercanas a él. Entre ellos Agustín Chávez Pérez, destituido por la Procuraduría por haberse extralimitado en sus funciones desde esa entidad y quien llegó a dirigirla después de haber trabajado en una de las empresas de Hilsaca. También, Olaff Puello, actualmente en casa por cárcel por una trama de contratos falsos descubierta por la Fiscalía en 2018.
Dos personas con las que este equipo investigador dialogó, por separado, y que tuvieron vínculos con esa Corporación, recordaron que el nombre de ‘El Turco’ estaba omnipresente en esa entidad. Al preguntarle a uno de ellos qué recordaba de Hilsaca en su paso por Cardique, nos dijo: “que mandaba”, “que elegía a los directores”, “que tenía injerencia en la contratación” y “tenía a personas de su confianza en puestos clave”.
Al revisar el organigrama de Cardique, este equipo investigador encontró a funcionarios clave como Luz Dary Benavides , ingeniera que trabajó en la Subdirección de Planeación, y Saide Escudero Jaller, subdirectora administrativa y financiera.
El poder de Cardique radica en su facultad para otorgar o negar permisos ambientales para obras de infraestructura en sus 21 municipios de influencia, así como sancionar a quienes atenten contra los ecosistemas en esos territorios. Cardique, por ejemplo, le dio licencia ambiental a Hilsaca, el 18 de marzo de 2005, para la construcción y operación del proyecto Parque Ambiental Loma de Los Cocos, como sitio de disposición final de las basuras en Cartagena. En julio de ese año, también autorizó la cesión de la licencia ambiental de ese proyecto a favor de la sociedad Caribe Verde, en aquel momento representada por Rodger Emigdio Turizo Turizo, quien ha sido representante legal de Hilsaca Construcciones, hoy AGM Desarrollos SAS.
Esta entidad maneja un presupuesto anual cercano a los $45 000 millones y administra también los ingresos por sobretasa ambiental, cobrada en el impuesto predial de los cartageneros y en los peajes Marahuaco y Puerto Colombia, en la vía Barranquilla – Cartagena.
Ese impuesto genera, por predial, hasta $55 606 millones, como ocurrió en 2018, mientras que por peajes unos $1641 millones, divulgó la Contraloríaen la más reciente auditoría financiera que le hizo a Cardique en 2018 y publicó en noviembre de 2019.
Y es por toda esa estela de líos judiciales, manejos políticos y un halo de magnate influyente en distintos escenarios de poder, que muchos ciudadanos como la columnista Salud Hernández, se han llegado a cuestionar si Hilsaca es un “gran corrupto” o un “ejemplar empresario”.
CONTEXTO:
Quieren cambiar la desesperanza que dejó el conflicto armado en su pueblo, por educación y cuidado de la naturaleza.
Ellos dicen que su historia parece sacada de un cómic. Son diez jóvenes de los Montes de María que se rebelan contra el sino que atrapó a su pueblo en las últimas décadas: la pobreza y la violencia.
Oscilan entre los 18 y 23 años, quieren estudiar una tecnología o ir a la universidad, ayudar a sus familias y proteger el ambiente. Por eso crearon la ‘Liga de las abejas’, un proyecto que busca generar empleo, oportunidades educativas y fortalecer el trabajo comunitario.
De los diez, solo una joven ha podido llegar a la universidad. Los demás cursan bachillerato y otros que ya salieron se desempeñan como jornaleros en fincas que cultivan ajonjolí, mientras definen su futuro.
Viven en el corregimiento de Guaymaral, en el municipio de Córdoba, Bolívar, una región sobre los 25 m.s.n.m., ubicada entre el río Magdalena y los Montes de María. Un lugar reconocido por su amplia biodiversidad y, hace unos años, por las cruentas noticias sobre el conflicto armado.
Córdoba limita con Zambrano, El Carmen de Bolívar y Magangué. Es una tierra sembrada de ajonjolí, planta que se cultiva en duros jornales, con técnicas manuales, bajo el ardiente sol.
Mara Salcedo es una de las gestoras de ese cambio. Hace unos años creó la Asociación de Jóvenes Emmanuel Guaymaral para hacer trabajo social.
“Empezamos a ver la necesidad de empleo y estudio de los jóvenes en el territorio. Al principio no teníamos idea como poder ayudar para que no salieran de aquí y tuvieran las condiciones dignas para vivir. Luego tuvimos la oportunidad de conocer un proceso de otra organización de productores apícolas, nos empezó a llamar la atención y de ahí nació la idea de formar la Liga de las abejas. Es una oportunidad para nuestras vidas, para la familia, para la comunidad en general, teniendo en cuenta que nuestro ecosistema es apto para la producción de miel. Desde entonces no dejamos de soñar y construir nuestra empresa».
Saben muy bien que las abejas son fundamentales en la polinización de las plantas, por eso Mara explica: «cuidar abejas sería el gran aporte a nuestro territorio para resignificar a nuestros campesinos, a nuestra seguridad alimentaria, a la vida misma. También buscamos la manera de que los jóvenes tengan oportunidades y una buen vida en el campo. Nuestro objetivo es comercializar miel y todos sus derivados. Trabajamos con abejas melíferas africanizadas que son las que producen miel en esta zona, teniendo en cuenta el ecosistema», cuenta la emprendedora.
Para lograrlo, los diez jóvenes atendieron el llamado de la organización Planeta Rural y se aliaron con las abejas, no sin antes ponerse la capas de superhéroes que evocan los cómics.
Planeta Rural, es una organización que prepara a los jóvenes para hacer frente a los problemas de insuficiencia alimentaria, migración, rural, deterioro ambiental y pobreza.
La joven los conoció a través del líder Silfredo Fuentes Chiquillo y en un encuentro juvenil en Boyacá. «Supe de su trabajo, la responsabilidad que tienen con las zonas rurales, el amor por el campo y los principios morales y cristianos. Me vinculé como voluntaria y capitán satélite».
En octubre de 2019 conformaron la Liga de las abejas a través del establecimiento de colmenas que les permiten la generación de empleos sostenibles gracias a la producción de miel y sus derivados.
El fin es que al llegar a la etapa de producción puedan obtener ingresos de al menos dos salarios mínimos mensuales por joven, de esta manera la pobreza se ve disminuida.
Este proyecto da la opción de que los jóvenes cordobeses puedan educarse, ya que al emplearse en los cultivos agrícolas no podrían dedicar tanto tiempo a su estudio profesional.
Pero a la vez, al ser Córdoba un municipio mayorista en siembra de ajonjolí, esta planta juega un papel importante en la alimentación de las abejas, su presencia facilita la producción de melíferas.
Para cumplir el sueño de la Liga, Planeta Tierra realiza la campaña de crowdfunding «La liga de las Abejas” con el fin de captar recursos que permitan instalar 120 colmenas que serán cuidadas y cosechadas por estos diez jóvenes rurales de los Montes de María.
Nazly Ortíz Daza, de Planeta Rural, afirma que “esta es una forma inteligente para que contribuyamos a derrotar a la pobreza, la violencia y la extinción de abejas en nuestra Colombia rural, por eso invitamos a la gente a que adopte una colmena o parte de ella”.
Por ahora, mientras consiguen los fondos, aspiran entregar las primeras 12 colmenas a uno de los jóvenes, el próximo mes.
La población actual de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en el Magdalena Medio colombiano, oscila entre los 65 y 80 individuos, sin embargo, en la siguiente década el número podría aumentar a 150 animales.
La proyección realizada por investigadores de la Universidad Javeriana, Cornare y el Instituto Humboldt, indica que el área de distribución actual de los hipopótamos es de 1.915 kilómetros cuadrados, pero la especie podría extenderse hasta los 13.587 km2.
Ese alto potencial de invasión está dado, entre otros factores, por la similitud de los valles y planos inundables estacionales de los grandes afluentes africanos —de donde son nativos— al hábitat que ofrece la cuenca media del río Magdalena, que habitan actualmente.
Dicha dispersión de hipopótamos en Colombia representa impactos para las comunidades locales, ecosistemas y especies nativas. Las áreas con mayor probabilidad de presencia y dispersión son: sistemas productivos ganaderos, ecosistemas de humedales temporales y áreas cercanas a asentamientos humanos.
La información corresponde al análisis publicado en el Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad Continental de Colombia (Bio 2018).
Foto: Felipe Villegas
Los investigadores detectaron alta probabilidad de invasión para los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca), Buenavista y La Dorada (Caldas), y Puerto Triunfo (Antioquia), que actualmente no reportan presencia del mamífero.
Lo mismo ocurriría en Puerto Boyacá, Puerto Niño y Dos y Medio (Boyacá); Puerto Perales Nuevo, Puerto Perales, Puerto Nare, el corregimiento de la Sierra en Puerto Berrío, San Miguel del Tigre y Casabel en Yondó (Antioquia); Puerto Olaya, Carare, San Rafael de Chucurí, Vijagual, Badillo, Carpintero, Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander); Cantagallo, Veracruz, Bodega Central, Las Pallas, El Dique, San Pablo y Santo Domingo (Bolívar); y Loma de Corredor, Puerto Mosquito, El Contento, Gamarra, Puerto Viejo y Palenquito (Cesar), municipios sin presencia de hipopótamos pero con alto potencial de invasión.
Las entidades mencionadas realizan acciones de manejo de estos especímenes como confinamiento, encierro, ceba y captura de los individuos, movilización a zoológicos y un plan de esterilización que cuesta alrededor de $10.500.000 por individuo.
“En la región donde se han establecido los hipopótamos, se presenta una mayor cercanía y percepción diferencial con la especie, factor probablemente asociado al interés turístico y económico que representa para las comunidades de la zona. No obstante, dicha situación dificulta aún más su manejo”, explican los investigadores.
En contraposición, aclaran, la comunidad de pescadores en otros municipios manifiesta una percepción negativa más acentuada y un temor ante eventuales encuentros con los hipopótamos, debido a posibles agresiones de las que puedan ser objeto en zonas de ríos y caños.
Se calculan entre 65 y 80 animales en estado silvestre habitando áreas de humedales y cuerpos de agua asociados al río Magdalena, en algunas áreas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Santander.
El estudio sugiere tener como herramienta clave los mapas identificando sitios donde podría establecerse la especie en un lapso de diez años. “Estos resultan útiles en el diseño de estrategias orientadas al monitoreo continuo de las áreas de distribución actual y potencial de los hipopótamos, y podrían, además, determinar el impacto de la especie en los ecosistemas y al interactuar con las comunidades, y en la formulación e implementación de un plan de manejo”.
Es urgente la consolidación de un plan de manejo y su articulación con el Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras, los institutos de investigación y el Ministerio de Ambiente.
En cualquier caso, las acciones sugeridas por este equipo de expertos requieren fortalecerse con recursos técnicos y financieros, con los que no se cuenta en la actualidad.
El grupo de expertos también sugiere continuar las labores de prevención de contacto con los hipopótamos, la creación de herramientas de detección y alerta temprana que integren análisis de relación con algunas especies nativas y el monitoreo participativo -con comunidades aledañas a las zonas ribereñas de influencia– de las poblaciones de estos mamíferos.
©Felipe Villegas
