Villa de Leyva, Boyacá, al fondo la cadena montañosa conocida como Morro Negro.
Imagen: Olga Guerrero / RPV.
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Villa de Leyva, Boyacá, al fondo la cadena montañosa conocida como Morro Negro.
Imagen: Olga Guerrero / RPV.
Por riesgo de colapso piden permiso para retirar 32 palmas sembradas en los separadores de las vías del centro de la ciudad. Un grupo ambientalista se opone a la tala de los árboles que tienen entre 40 y 45 años.
La solicitud del alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, a la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (Corpoboyacá) para el aprovechamiento de 32 palmas datileras (P.dactylifera) por posible riesgo de colapso, generó controversia.
Las palmas que la Alcaldía busca remover acudiendo a una ‘acción preventiva’ son adultas, oscilan entre 40 a 45 años de haber sido sembradas y están ubicadas a lo largo de la carrera 11, en el centro de la ciudad.
El colectivo ambiental denominado ‘Las Palmas hablan’ se opuso a la tala o traslado por considerar que se trata de un patrimonio urbano. «Son palmas canarias (Phoenix canariensis) no datileras, ya que fueron mal identificadas, la Alcaldía no se puede basar en una inspección ocular».
Además criticó la falta de un peritaje científico, afirmando que la Personería Municipal se opone al mismo, esta entidad inició una Acción Popular.

«Creemos que para decidir es necesario tener un concepto técnico idóneo y que la sociedad sea informada y pueda participar del debate. Se insta a las autoridades a reconsiderar su decisión y a la ciudadanía a informarse y participar en la discusión. La tala equivaldría a la muerte de las palmas porque su traslado es inviable», declaró el líder del colectivo ‘Las Palmas Hablan’, Felipe Velazco.
También denunció el desmonte de su campaña educativa: «¡Nos Quieren Matar!» compuesta por 27 láminas, distribuidas en 55 pendones informativos, desarrollada como expresión Pre-COP 16 de Biodiversidad e instalada en la carrera 11 de Sogamoso, el 18 de octubre. Esta fue removida siete horas después de su instalación por las autoridades.
Red Prensa Verde espera el pronunciamiento de la Alcaldía respecto al sustento técnico de la propuesta y de Corpoboyacá frente a los trámites, viabilidad de la solicitud y atención al llamado del colectivo ambientalista.



Campaña del coletivo ‘Las Palmas hablan’ en Sogamoso, Boyacá Foto: Fundación Montecitos.
Olga Cecilia Guerrero / Para: Shots de Ciencia / Este reportaje hace parte del especial transmedia “Labrar el agua hasta la última gota”.
Un nuevo incidente técnico impidió que el municipio de Aquitania, Boyacá, estrenara una de las obras más esperadas en las últimas décadas: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Esto se suma a una serie de inconvenientes que surgieron desde que inició el proyecto.
Se trata de una falla en el transformador que suministraba la energía, lo que interfirió con los análisis fisicoquímicos que pondrían a prueba la eficacia de la planta.

Este es el transformador que ha demorado el los trabajo para iniciar las labores en la PTAR de Aquitania.
El transformador no solo era antiguo, sino que se compartía con la comunidad aledaña, y no soportó la alta demanda de energía, necesaria para operar la planta. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de un generador eléctrico, este no opera de manera continua. Conseguir otro transformador a través de la Empresa de Energía de Boyacá tardaría un año, razón por la cual la administración municipal decidió comprarlo para ganar tiempo.
“Se alcanzaron a realizar las pruebas en un 30% y ahora están suspendidas mientras se adquiere uno nuevo, proceso que ya se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y se espera finalizar en diciembre”, explicó el alcalde de Aquitania, Héctor Orlando Barrera.
La construcción de la planta se anunció en 2018 y comenzó a desarrollarse en 2019 con recursos de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB) y aportes del municipio por un valor de $3.773 millones.
La meta es conseguir la desinfección de las aguas del 80 % del alcantarillado urbano que oscila entre 7.000 a 9.000 usuarios, con una capacidad de 20 litros por segundo, antes de ser descargadas en el lago de Tota. El 20% restante corresponde a un sector de la vereda de Vargas con suelo más bajo y no tiene conexión con la tubería que va a la planta.
Si el sistema funciona de manera óptima permitirá disminuir la carga contaminante que ingresa a diario a uno de los recursos hídricos más importantes del país: la cuenca binacional del lago de Tota es catalogada como la de mayor extensión en Colombia y la segunda en América del Sur. Esta abastece los acueductos de la cuenca en Aquitania, Tota y Cuítiva y Sogamoso, Nobsa, Firavitoba y las industrias de Paz del Río, en la provincia de Sugamuxi. Además, una gran parte de las zonas de cultivo de la cuenca.

Vista de la planta de tratamiento de agua residuales de Aquitania.
La falla en el transformador no ha sido el único tropiezo. Aunque a la fecha la obra física ya está terminada en su totalidad, ha tenido múltiples demoras.
Acorde al ingeniero Alejandro Aponte, subdirector de interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB), uno de los primeros inconvenientes en la obra, fue adelantar gestiones para la intervención del colector a la entrada de la planta para lo cual fue necesario contar con la autorización y servidumbre en un predio privado; esto retrasó en parte la ejecución de este tramo del proyecto.
Luego, en 2020, vino la pandemia del Covid 19 que también ocasionó dificultades para la importación de equipos electromecánicos necesarios para la operación de la planta.
Un tercer problema ocurrió cuando se retomaron las labores, porque ya no se encontraba mano de obra ‘calificada’ en el municipio. En Aquitania son escasos los trabajadores debido a la alta demanda del sector agrícola, porque esta localidad es el primer productor nacional de cebolla larga, lo que demanda un importante número de jornales. Esto restringió en parte el rendimiento buscado para la ejecución, que se suplió con mano de obra de migrantes venezolanos.
Y este año, comentó Aponte, cuando la estructura física había finalizado y comenzaban las pruebas finales, antes de la entrega de la planta: “la conexión eléctrica presentó fallas, derivadas de un transformador a la entrada del sistema”.
Con esas situaciones, pese a que la planta ya está construida en un 100 por ciento, se ha cambiado más de cinco veces la fecha de la entrada en operación. El nuevo plazo para la entrega final, es en marzo de 2023.
“El tema de la demora ha generado inquietudes, pero la administración municipal está atenta a explicar que ya se tiene lista la obra y darle tranquilidad a la ciudadanía. El Consejo de Planeación y el Concejo municipal pidieron visitas y estamos abiertos a explicarles como es el proceso y el avance”, nos dijo el alcalde Barrera.
Enfatizó que es una de las obras más importantes realizadas hasta ahora, no solo por el capital invertido sino por los beneficios que tendrá hacia el lago.
Ante las demoras, la Contraloría, que “procura el buen uso de los recursos y bienes públicos”, le puso el ojo a la PTAR de Aquitania.
Según Barrera, la entidad ha realizado varias visitas y se le ha entregado la información necesaria y las carpetas con la información solicitada.
Por su parte, el Aponte, de la ESPB, advirtió que a la fecha la Contraloría adelanta un acompañamiento permanente al proyecto; la solicitud de información se ha realizado dentro del marco de este acompañamiento con la entrega de los informes técnicos y financieros del proyecto, al igual que los soportes de los pagos realizados: “Este tipo de intervención se realiza en diferentes obras de municipios de Boyacá, más cuando se disparó la alarma por las demoras en el cierre del proyecto”, explicó Aponte.
Además, informó que el Departamento de Boyacá realizó una inversión de $2.984 provenientes del Sistema General de Participaciones Departamental. Por otro lado, el municipio aportó $623.204 provenientes del Sistema General de Participaciones y $415.148 corresponden a Regalías del Fondo de Compensación Regional.
En tal sentido el Departamento realizó un aporte de recursos del 74% del total del valor del proyecto.

La PTAR de Aquitania es una de las obras de mayor importancia para la salud ecosistema.
Mientras la planta entra en operación, el agua del alcantarillado, como viene ocurriendo en las últimas décadas, seguirá siendo vertida al lago de Tota sin ningún tratamiento. Al tiempo que, a un kilómetro de distancia, en la vereda de El Cajón, es captada nuevamente para el acueducto municipal.
“Hay un efecto cultural y es que nos acostumbramos a que no hay problema en que las aguas residuales lleguen al lago y las casas rurales no tengan sus respectivos pozos sépticos, porque no ha habido una presión o estímulo para que la comunidad reflexione sobre lo que pasa con estas aguas en el ecosistema”, comentó Javier Acevedo ambientalista de Aquitania.
Investigaciones sobre el lago realizadas por la Universidad Javeriana y la UPTC, citadas por la revista Ciencia en Desarrollo volumen 11 de 2020, indican que, “En el lago es posible encontrar bacterias coliformes, sólidos suspendidos, compuestos orgánicos biodegradables y sólidos inorgánicos disueltos, los cuales pueden causar enfermedades, eutrofización y problemas relacionados con toxicidad y carcinogénesis”.
La ingeniera Liliana Acevedo Torres, gerente de la Unidad de Servicios Públicos (USP) de Aquitania explicó: “como las aguas son domésticas no conllevan procesos de desinfección tan altos y tediosos como ocurre en otros municipios o ciudades porque no hay procesos industriales. Es simplemente eliminar o bajar el nivel de la bacteria E.e-coli y la salmonella, las más presentes en estas aguas residuales”.
La Escherichia coli (E.coli) es una bacteria que habita en los intestinos de humanos y animales sanos, la mayoría de estas son inofensivas pero algunas cepas pueden causar fuertes malestares, consigna la Organización Mundial de la Salud. La salmonella (Salmonella enterica) también es una bacteria que se expulsa mediante las heces (materia fecal) y la forma más frecuente de infección en las personas es a través de agua o alimentos contaminados”.

Vertimiento de aguas residuales en la quebrada «La Mugre». Son aguas que van a parar directamente al lago de Tota.
La USP cuenta que el tratamiento proyectado de las aguas se basa en bacterias anaerobias, un proceso de oxigenación de las aguas y tratamiento de lodos para luego continuar su vertimiento al lago, y así, disminuir los parámetros con los que ingresa el agua al sistema.
“Con un manejo adecuado los lodos se pueden utilizar como abono orgánico para cultivos, porque tienen buenos nutrientes para el suelo. Una vez sea entregada la planta estos se dispondrán para la ciudadanía; la USP garantizará que no tendrán bacterias y se pueden aprovechar para producir alimentos”, le contó Shots de Ciencia la ingeniera Acevedo Torres.
Con la nueva planta, se aspira a que el agua llegue a un 95.5% de limpieza de carga bacteriana de E. coli y salmonella que es lo que indica la norma sanitaria sobre calidad de agua.
Por su parte, sobre el regreso de las aguas del lago para abastecer a la población de Aquitania y reportes como los de la UPTC, la Unidad de Servicios Públicos indica que el líquido del acueducto que se suministra a los aquitanenses, tiene un índice de riesgo de calidad de 0%. Este índice mide la calidad del agua para consumo humano, en el que 0 es “sin riesgo” y 100 es “sanitariamente inviable”.
“La desinfección se realiza a través de cloración, filtrado y desinfección. La calidad de agua es buena, no requiere nada más, es agua potable”, explicó la funcionaria Acevedo Torres. Asegura que la cloración destruye la salmonella y el E.coli al 100 %.
Sin embargo, en los acueductos rurales no es así, la eficacia de las plantas es solo del 17 %. Son los acueductos que llegan del páramo de los Curíes y Guane, donde se presenta contaminación en los canales por presencia de animales y basuras, indica la USP.
Para construir la nueva planta, tuvo que demolerse la antigua, considerada por muchos habitantes como “un elefante blanco”. Esta había sido construida 30 años atrás y no cumplió su objetivo, porque a los cinco años de inaugurada, en el año 95, dejó de funcionar debido a que las aguas residuales y lluvias la llenaron de sedimentos.
En 2012 la Gobernación de Boyacá reportó su inadecuado funcionamiento por inconvenientes económicos que impedían su operación y mantenimiento. En sus últimos años de vida útil alcanzó con dificultad el 50 % del tratamiento, informaron voceros municipales.
Javier Acevedo, ambientalista de Aquitania, comentó: “en el pasado Día del Lago de Tota le pregunté al ingeniero geógrafo Rito Alfonso Pérez Preciado (fallecido recientemente) por la planta y en su concepto me dio a entender que no le gustaba la nueva obra. Precisó que el lago se merecía una planta con mejores condiciones tecnológicas”.
A Javier le preocupa que esta segunda planta tenga el mismo sistema de la anterior que no funcionó, solo que ahor se trata de una obra más grande. «La primera no dio la capacidad de tratar todas esas aguas porque no había separación de las aguas lluvias y las residuales. No se planificó para el futuro. Considera que fue una mala experiencia porque este municipio ha crecido, sigue creciendo y el alcantarillado aun es muy ineficiente«.
“No se perciben cambios significativos. Volvemos a tener el mismo problema de la anterior, porque varias carreras: la décima, novena y otras, no tienen la separación de aguas lluvias. Los que estamos en la parte ambiental, cruzamos los dedos para que esta PTAR funcione aún con el sistema de alcantarillado que tiene el municipio”, agregó este amientalista.
Al ser consultado el alcalde Barrera sobre el tema, afirmó que el municipio ya tiene un proceso de separación de aguas, que comenzó en 2019 y terminó en 2020 del que queda un 30 % pendiente: “Se contrató la consultoría para cumplir con la separación de las aguas residuales que quedan, por 300 millones y ya salió a licitación. Es decir, se tiene cubierto cerca del 70% del municipio en tres tramos. Con la tercera etapa se completa la separación de aguas lluvias y residuales en el casco urbano”.
¿Por qué se utilizó un sistema similar al antiguo y con una inversión tan grande?
Liliana Acevedo Torres, gerente de la USP recalcó que, aunque este es un sistema parecido al que tenía la anterior planta, la actual es más convencional porque incluye nuevos procesos como el cribado, la eliminación de materiales grandes y pequeños, una recirculación más completa con bioindicadores y lechos de secado. La antigua solo contaba con un zanjón de oxidación, y una recirculación en la que la fuerza que traía el agua contribuía a su circulación y, dado que no ocurría, el agua se estancaba. Ahora ese no será el caso porque están los motorreductores y los cepillos de aireación.

Sobre este asunto, el interventor Alejandro Aponte aseguró: “Las conversaciones que he tenido con los ingenieros de apoyo de la empresa y diseñadores, es que el proyecto se hace porque las estructuras de la anterior planta se encontraban en un avanzado estado de deterioro. El sistema eléctrico no estaba siendo funcional, debía ser repotenciado y en general la vida útil de la planta estaba cerca de su terminación”.
Según él, encontraron que la disposición de los elementos de la planta de tratamiento si eran los indicados, pero por su estado fue necesario reconstruirla. “El 95 por ciento de las estructuras se construyeron de cero y se modificaron, también se optimizaron los procesos y esas áreas de contacto del líquido aumentaron buscando mejorar la eficiencia de la planta. También se instalaron equipos electromecánicos que buscarán realizar de manera más eficiente el tratamiento”
En la ejecución de la obra no hubo Veeduría Ciudadana y tampoco se activó el Consejo de Cuenca que actúa para algunas decisiones sobre el ecosistema desde la sociedad civil, pero Barrera afirma que en poco tiempo estará lista la planta y la documentación, que quedarán a disposición de quien los requiera.

Vista aérea de la PTAR de Aquitania.
Al consultar sobre el costo que significará el manejo de la planta con el uso de energía las 24 horas, el mandatario le afirmó a Shots de Ciencia que esa es una de las preocupaciones del municipio porque significa personal y recursos: “Hemos estado haciendo una actualización de costos para determinar cuál sería el valor total de la administración de la planta. Me preocupa que ese costo se deba trasladar a los usuarios y es una de las complicaciones que se podría presentar, pero estaremos atentos a subsanarlo”.
Por otro lado, el interventor Alejandro Aponte opina que el proyecto surtió un proceso de reformulación para ajustar el diseño eléctrico en función de la revisión realizada por la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica (EBSA), y adicionalmente se realizó un balance de mayores y menores cantidades. No obstante, a la fecha no se han suscitado reclamaciones por sobrecostos derivados de los tiempos de ejecución del proyecto.
“Como supervisores de la obra damos un parte de tranquilidad a la comunidad, teniendo en cuenta la culminación de las obras, estaremos atentos a adelantar la puesta en marcha una vez se restablezca el servicio de energía eléctrica a la entrada de la planta. Se socializará el cierre del proyecto, con el ánimo de informar a la comunidad su resultado», aclaró el funcionario.
Aponte sostiene que la planta suplirá una necesidad sentida en el municipio y va a tener un efecto ambiental importante. Por tanto, dependerá de la óptima operación que se le dé por parte del prestador del servicio de alcantarillado del municipio, para que tenga un mantenimiento y operación adecuada y con el tiempo su eficiencia aumente.
Este reportaje hace parte del especial transmedia “Labrar el agua hasta la última gota” de Shots de Ciencia. El trabajo fue posible a la beca Crea digital con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia.
Imagen superior: Secretaría de aguas de Boyacá.
El más reciente avistamiento de este cánido fue por integrantes de un equipo de documentalistas en la ruta hacía el Púlpito de El Diablo, cerca al puesto de control del sector de Lagunillas, a 4.000 m.s.n.m..
Según guías, montañistas y ecoturistas, los avistamientos del zorro plateado (Urocyon cinereoargenteus) en la Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán, Boyacá son frecuentes.
Se trata del más pequeño de los zorros de Colombia, que mide 80 centímetros de largo y tiene una cola de 30 centímetros; además, es el único de la familia de los cánidos que trepa árboles y tiene uñas retractiles.
En el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB) se encuentran 16 registros de esta especie, para los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca y Bolívar.
Últimamente se les ve con frecuencia en la Sierra Nevada de El Cocuy, en donde el registro oficial a mayor altura había sido de a los 3885 msnm.
Melissa Álzate Gaviria, bióloga especialista en mastozoología explicó que en Colombia se tienen muy pocos registros de esta especie neotropical, cuya distribución es amplia, desde el sur de Canadá, Estados Unidos hasta Venezuela y Colombia. “Según la literatura existente, se había reportado que su distribución altitudinal estaba entre los 2.000 y a 3.885 m.s.n.m., lo que quiere decir que el avistamiento a los 4.000 m.s.n.m. ampliaría ese rango”.
La investigadora considera que “el zorro plateado es solitario; sin embargo, esta especie ha aumentado su rango de distribución como muchas otras, debido al cambio climático y falta de recursos como alimentación. Para el caso de El Cocuy se han ido acercando a los humanos y al olor a comida que los atrae, lo cual ha facilitado su avistamiento, incluso en pequeñas manadas, según los reportes”.
Es tanta la cercanía de esta especie que hasta el líder de la pequeña manada ha sido llamado ‘Tommy’ por la comunidad local, relata Lucía Merchán, guía de El Cocuy, quien afirma que se ha encontrado en varias ocasiones al ‘zorro colorado’, como lo denominan en la región, pero han mantenido una distancia prudencial, y no hay evidencias de un comportamiento agresivo de la especie.
Los zorros son especies focales que desempeñan un papel en la regeneración de los bosques al ser dispersores de semillas, y como se encuentran en un nivel alto en la cadena trófica, contribuyen al mantenimiento de las poblaciones de sus presas.
Una especie focal según la plataforma Ecobiodiversidad “es aquella de cierta característica, por ejemplo de restringida distribución o clave para el funcionamiento de un ecosistema, en el cual se enfoca una acción de conservación”.
Los documentalistas realizan un trabajo sobre glaciares, para el Proyecto Modelos Innovadores de Conservación en Páramos y Bosques de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Habitantes de Sutantenza y Nuevo Colón en el Valle de Tenza, Boyacá, fueron los primeros en recibir cestas de chin para ser utilizadas en el mercado.
Se trata de una campaña que busca desincentivar el uso de bolsas plásticas y, por el contrario, retornar a la antigua tradición de mercar con canastos como se hacía décadas atrás en estos municipios boyacenses.
La iniciativa es de Corpochivor y la Alcaldía de Sutatenza, entidades que contrataron la elaboración de 1 300 canastos que están siendo tejidos por 34 artesanos, en diferentes fibras, en especial, chin. A través de jornadas educativas serán repartidos en todos los municipios de lasd provincias de Oriente y Neira. La próxima jornada de entrega de cestas de chin será en las localidades de Garagoa y Guayatá.
La cestería es un oficio practicado desde tiempos antiguos en el Valle de Tenza y desde allí se abastece una buena parte del mercado nacional.

En el Valle de Tenza, Boyacá, se destaca el arte de la cestería y desde allí se abastece buena parte del mercado nacional.
LA CAÑA DE CHIN

A través de audiencias trimestrales, una juez evaluará los avances de las entidades vinculadas al cuidado del recurso natural. Procuraduría celebra y afirma que es un fallo histórico.
Por primera vez, un fallo judicial ordenó 18 medidas inmediatas e involucró a once entidades del Estado para que solucionen conflictos ambientales y sociales en la cuenca del lago de Tota.
La sentencia ST 0047 del primero de diciembre, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso, tuteló derechos fundamentales de los habitantes de siete municipios y declaró al lago de Tota como sujeto de derechos.
Así resolvió la acción de tutela interpuesta el pasado 12 de noviembre por Diego Trujillo Marín, procurador delegado Ambiental y Alicia López Alfonso, procuradora judicial 32 de Boyacá; quienes denunciaron la presencia de plomo en el cuerpo lagunar -según análisis de laboratorio de la Fiscalía-, y solicitaron otras medidas de protección para el ecosistema.
Las instituciones convocadas a cumplir el fallo son: Ministerio de Ambiente, Ideam, Corpoboyacá, Instituto Colombiano Agropecuario, Instituto Nacional de Salud, Secretaría de Salud de Boyacá, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio Público, Fiscalía y siete municipios. Los suguientes son los compromisos que dichas entidades tendrán que atender, en caso de que la sentencia quede en firme.
Como se mencionó, en el fallo de primera instancia, la juez Adriana Fernanda Guasgüita Galindo tuteló los derechos a la vida, a la salud, al agua y al medio ambiente sano de los habitantes de Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Nobsa y Sogamoso.
La sentencia también declara que el lago de Tota y su cuenca hidrográfica, ostentan la calidad de sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). Para lo cual, ordena a dicha institución que por intermedio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en un término de seis meses, realice el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre el estado actual del ecosistema, por ser este parte del patrimonio ambiental del país.
En este tiempo Minambiente notificará a la comunidad mediante una mesa de trabajo con representantes de diferentes sectores como entes territoriales, renglones económicos (agropecuarias, piscícolas, mineras, turísticas y avícolas), Ministerio Público, ONG y ciudadanía. Con base en los hallazgos, se presentarán iniciativas, propuestas, medidas y compromisos de cada uno de estos sectores, con el fin de que sean evaluados por el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Salud. El objetivo es poner en práctica medidas de reducción de la vulnerabilidad de lago y desarrollar estrategias para proteger, conservar, restaurar y manejar de manera sostenible el ecosistema.
El Juzgado negó una de las pretensiones de la Procuraduría referente a que «en el término improrrogable las alcaldías suspendieran el suministro de agua para consumo humano que se derive de la fuente abastecedora, el lago de Tota, hasta tanto desaparezca la fuente generadora de plomo”.
El fallo ordena a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), que en su condición de máxima autoridad ambiental y al determinar cuál fue la fuente de contaminación por plomo, deberá imponer de manera inmediata las medidas preventivas y de trámite a los procesos sancionatorios y dar traslado a la Fiscalía.
Igualmente, en un término de 10 días, deberá presentar al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, a la Procuradora 32 para Asuntos Ambientales y Agrarios de Boyacá y a los municipios con interés en el fallo; la evaluación y resultados de las muestras tomadas al agua del lago, pero cotejadas con parámetros normativos y reglamentarios según solicitud señalada por la Procuraduría, dado que se trata de agua para consumo humano. Esto incluye implementar un plan de monitoreo de metales pesados en la zona lacustre.
También especifica que Corpoboyacá tendrá que trabajar de la mano del campesinado en la construcción y planeamiento de nuevas alternativas para reemplazar de manera gradual los insumos y fertilizantes que se utilizan en los cultivos ubicados en la ribera del lago, por otros que resulten más amigables con el ecosistema.
El Juzgado Primero Civil de Sogamoso conmina al Director de la Corporación junto con el Alcalde de Aquitania para que adopten las medidas necesarias con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia proferida el 10 de agosto de 2006 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, referente a la Acción Popular sobre la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales.
A Corpoboyacá también le pide suspender cualquier solicitud de permiso de ocupación de cause para cultivo de truchas en el lago, sin importar la etapa o estado en el que se encuentre, por lo menos hasta que el Ideam presente un informe ordenado y sea el Ministerio de Ambiente junto con el Comité de Vigilancia, los que decidan sobre conveniencia ambiental de aprobar nuevos cultivos.

Lago de Tota. Archivo redprensaverde.org
En un término de un mes, los alcaldes de Sogamoso, Aquitania, Cuítiva Firavitoba, Tota, Iza y Nobsa, tendrán que presentar a la Secretaría de Salud de Boyacá, las pruebas de laboratorio del agua para verificar presencia de patógenos y así poder continuar con la construcción del Mapa de Riesgos del lago, tal y como se especifica en la normatividad vigente.
A las alcaldías de Aquitania, Tota y Cuítiva, les ordena incluir dentro del presupuesto 2021 una partida destinada para iniciar o culminar, según el caso, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Esto les implica gestionar, conseguir y cumplir las condiciones para su construcción y puesta en marcha en un término máximo de dos años a partir del fallo.
Igualmente, las anteriores alcaldías gestionarán el permiso de vertimiento de sus aguas residuales en el lago de Tota a 2021, so pena de que Corpoboyacá adopte mediadas sancionatorias.
La providencia dictamina que en los siguientes dos meses el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene que realizar visitas técnicas a cada una de las granjas avícolas de donde proviene la gallinaza utilizada como fertilizante y a las granjas piscícolas en jaulones instaladas en el lago, para certificar si cumplen las condiciones de bioseguridad para operar según la normatividad establecida.
Adicionalmente, establece que la entidad debe crear e implementar un plan de monitoreo frecuente para establecer la presencia de metales pesados en productos de origen primario como la cebolla y la trucha, que permita acreditar a las granjas agrícolas, avícolas y piscícolas del lago con la certificación sanitaria ‘Avícola Comercial Biosegura’.

Isla San Pedro, lago de Tota Archivo redprensaverde.org
Como media transitoria, el fallo ordena a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) suspender cualquier solicitud de permiso para desarrollar la truchicultura en el lago, sin importar etapa o estado en que se encuentren dichas solicitudes, hasta tanto el Ideam presente el informe ordenado. El Ministerio de Ambiente y el Comité de Vigilancia decidirán la conveniencia ambiental de aprobar nuevos cultivos.
También le pide invitar a las cinco empresas que tienen permisos de cultivo de trucha en el lago para que adelanten con carácter urgente las acciones para obtener la certificación HACCP (sobre seguridad alimentaria) ante ICA, “exhortando a dicha entidad para que imprima un trámite preferente a los truchicultores de este lago, que hayan solicitado el Análisis de peligros y puntos críticos de control de este alimento”.
A la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la tutela ordena que, como medida transitoria, excluya a la cuenca del lago de Tota del Bloque Muisca y de cualquier otro que implique la exploración y explotación de hidrocarburos, por lo menos hasta que se obtengan los resultados del informe que debe preparar el Ideam.
La entidad, según la providencia, tiene que mantener la suspensión del contrato E&P Muisca como mínimo hasta que se evalúe y se informe por parte del Ideam, su impacto en el ecosistema de Tota.
Otra de las medidas del fallo es que se creará un Comité de Seguimiento de las decisiones contenidas en la sentencia con participación de siete miembros: un delegado del Ministerio Público, un representante de los usuarios del agua, es decir de los acueductos; otro de usuarios del suelo o agricultores; de los truchicultores, de los hoteleros y de las ONG. El Comité estará liderado por la Juez Adriana Fernanda Guasgüita Galindo y el seguimiento se hará inicialmente, cada tres meses mediante audiencia.
El fallo será enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.
«Es un fallo histórico para el lago de Tota»: Procuraduría Ambiental
Procuraduría seguirá con los ojos puestos sobre el lago de Tota
Lago de Tota: pretensiones de la tutela que instauró la Procuraduría
Conoce el fallo completo aquí
El procurador delegado para asuntos ambientales, Diego Trujillo Marín celebró el fallo del Juzgado Primero Civil de Sogamoso que declaró al lago de Tota como sujeto de derechos y ordenó acciones inmediatas a 11 entidades del Estado para proteger su cuenca.
Afirmó que lo importante no era suspender o no la prestación del servicio de agua potable, sino que el fallo dimensionó el problema del recurso y planteó soluciones.
Las autoridades -según la sentencia- cumplirán en tiempos determinados una serie de acciones para disminuir la vulnerabilidad del ecosistema.
«Los negocios que exploten el territorio deberán hacerlo bajo el cumplimiento de las normas ambientales. Se requiere también que las autoridades relacionadas con hidrocarburos no permitan la exploración y explotación del área de la cuenca del lago de Tota», expresó el procurador, quien en noviembre pasado interpuso la tutela que dio origen a este fallo, junto con la Procuraduría Judicial 32 de Tunja.
CONTEXTO:
Son ocho las pretensiones que la Procuraduría para Asuntos Ambientales y su Delegada 32 Agraria y Ambiental de Tunja quieren lograr a través de la tutela interpuesta para garantizar entre otros, el derecho al agua potable de los habitantes de siete municipios que se abastecen del lago de Tota.
La tutela, que deberá resolver el Juzgado Primero Civil de Sogamoso, fue presentada una vez la Fiscalía General de la Nación reportara el hallazgo de plomo en el lago, superando los límites de tolerancia que establece la norma para metales pesados en aguas superficiales.
De este ecosistema se derivan acueductos que ofrecen el servicio a 350 mil habitantes de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza y Nobsa, pertenecientes a la provincia de Sugamuxi, en Boyacá.
¿Cuáles son esas pretensiones y alcances que establece la acción de tutela?
La primera busca garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a un ambiente sano y al agua potable.
En segunda instancia, ordena a los siete municipios que “en el término improrrogable suspendan el suministro de agua para consumo humano que se derive de la fuente abastecedora, el lago de Tota, hasta tanto desaparezca la fuente generadora de plomo”.
Para tal fin dichos municipios deberán activar los planes de contingencia establecidos por las alcaldías o empresas prestadoras de servicio de acueducto, acción que debe ser apoyada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Boyacá y Corpoboyacá.
La acción de tutela ordena pruebas técnicas tendientes a establecer cuál es la fuente generadora de contaminación con dicho metal, para que las entidades tuteladas adopten los correctivos necesarios y en los términos establecidos. Esto corresponde a los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Gobernación de Boyacá y su Secretaria de Salud, Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá), municipios de Nobsa, Sogamoso, Iza, Firavitoba, Cuitiva, Tota y Aquitania.
Al Invima solicita que adelante pruebas técnicas para establecer los niveles de plomo en el agua del lago, en la cebolla junca, en los cultivos de trucha que tienen sus jaulas de producción en zona lacustre y en otros alimentos que puedan ser contaminados con el metal presente en el agua, imponiendo de ser el caso las medidas sanitarias que correspondan para garantizar la salud de la comunidad.
Una vez establezca cual es la fuente generadora de plomo, le pide a Corpoboyacá que imponga de manera inmediata las medidas preventivas y procesos sancionatorios ambientales, realizando traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los delitos en contra de los recursos naturales.
La acción de tutela busca igualmente, que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) presente un informe sobre la caracterización agroquímica de la gallinaza cruda, incluyendo análisis de metales pesados como plomo, así como relacionar fertilizantes, plaguicidas o herbicidas que podrían aportar ese contaminante a la fuente hídrica, por escorrentía.
En cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la entidad aspira que adelante una vigilancia especial sobre los prestadores del servicio de acueducto de los siete municipios, para que implementen medidas y procesos que permitan la remoción del plomo en sus sistemas de tratamiento de agua potable.
Finalmente, al Ministerio de Ambiente y Corpoboyacá, les solicita adelantar mecanismos de protección del ecosistema lago de Tota, verificando que los permisos de vertimiento y tratamiento se estén cumpliendo por parte de los municipios y establecimientos que depositan sus aguas residuales al lago.
Contexto:
Procuraduría instaura tutela y denuncia presencia de plomo en el lago de Tota
Procuraduría seguirá con los ojos puestos sobre el lago de Tota
Minambiente asegura que en primeras muestras no se halló plomo en el lago de Tota
Una investigación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales sobre la construcción de un hotel en zona aledaña a la ribera del Lago de Tota, abrió la puerta para que esta entidad de control hallara una serie de irregularidades en el manejo del ecosistema.
Para apoyar su labor, la Procuraduría convocó a la Fiscalía General de la Nación, siendo esta última la que en una reciente pesquisa evidenció la presencia de plomo en el espejo lagunar. Como lo conoció el país, la muestra —tomada frente a la sede de una empresa cultivadora de trucha en la vereda de Susacá— superó 95 veces los límites de tolerancia de la norma para aguas superficiales (Resolución 3382 de 2015 de Corpoboyacá), poniendo en riesgo la salud y vida de quienes reciben el servicio de acueducto.
A partir de estas pruebas y con una serie de pretensiones como la de hallar la fuente contaminante, aplicar las sanciones correspondientes y si es el caso suspender el servicio para los siete municipios que consumen el agua; la Procuraduría y su delegada en Boyacá, interpusieron el 6 de noviembre una acción de tutela contra 13 entidades del Estado.
Los accionados son los ministerios de Ambiente, Agricultura y Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Gobernación de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y los municipios de Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Nobsa y Sogamoso.
Red Prensa Verde conversó con uno de los accionantes, el procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Diego Fernando Trujillo Marín, con el fin de auscultar las actividades previas a la tutela y la forma en que se está dando la intervención de los procuradores judiciales en la cuenca del lago de Tota.
Trujillo Marín es abogado, por mucho tiempo se dedicó al derecho privado y desde hace cuatro años trabaja con el procurador general, Fernando Carrillo. Primero ejerció en el Eje Cafetero y desde junio de 2019 asumió la Delegada Ambiental en Bogotá.

La Procuraduría tiene en las regiones procuradores de intervención judicial, lo que hicimos con el Dr. Fernando Carrillo fue quitarles esa limitante que ellos tenían porque solamente podían actuar en audiencias a donde eran convocados por algunos procesos. Cambiamos esa estructura mental y orgánica del procurador judicial y unimos la Procuraduría para Asuntos Ambientales con la de Asuntos Agrarios, porque son dos temas que no se pueden separar. El ambiente sano y el derecho a la alimentación por utilizar agua, tierra y aire tienen el mismo objeto a proteger o el mismo objeto a controlar. Estaban limitados a un expediente, a una denuncia o a un trámite administrativo o judicial. Es decir, a ver en papeles y expendientes inermes, una realidad territorial que nunca el papel o el computador nos podrán mostrar.
En el lago de Tota empezamos a gestionar lo siguiente: hay un espejo de agua que es el lago, pero no es solamente agua, o lago, sino una estructura de suelo que lo rodea. Empezamos a determinar que todos los litorales y ríos se los estaban robando con desecamiento de las cuencas y los espejos de agua. ¿Cómo hacen el desecamiento? Utilizándolo mal y degradándolo. Los dueños particulares que tienen tierra alrededor hacen que el agua se vaya corriendo y vaya despejando propiedad para ellos. Es la usurpación de tierras vía degradación de los ecosistemas.
En Tota, sin ser geólogo o ingeniero hidráulico se ve que el borde del lago era mucho más arriba de lo que se encuentra ahora y ese borde hoy en día se transformó en grandes extensiones de cultivos de cebolla, pastizales para llenar, o trucheras, son esos tres grandes usos. Pero también son barrios y poblaciones enteras que han ido robándole territorio al lago, vía degradación ambiental.
Salen los procuradores a vigilar el lago de Tota, inicialmente por el tema de uso de suelo y licenciamiento para construcción de cosas indebidas como los hoteles, por ejemplo, el de ocho pisos que se construye al borde del lago, en área de Cuítiva.
Empezamos a ver la invasión de territorios para actividades turísticas, construcción de hoteles sin ningún licenciamiento, contaminación con vertimientos de pueblos y de infraestructura ecoturística al lago. También a observar cómo los cultivos estaban llegando al borde del agua e invadiendo terreno de la zona lacustre. Al explorar cómo realizaban la labor, encontramos venenos y gallinaza (abono de estiércol de gallina y otros compuestos) que contaminaban los suelos. Nadie piensa en los suelos y no hay una buena reglamentación.

La construcción de este hotel de ocho pisos en la vereda Buitreros de Cuítiva está suspendida por la Procuraduría. Imagen: redprensaverde.org
Meses atrás, cuando estaba arrancando mi gestión, convoco -porque siempre voy a lo preventivo- al director de la Corporación, al gobernador y a los alcaldes, en mi oficina en Bogotá y les digo qué vamos a hacer, pero viene la bendita pandemia, corta hilos, conexión y la gente encerrada… afortunadamente cuento con un muy buen equipo de judiciales y seguimos investigando. Llega entonces la noticia de una Fiscalía que hemos logrado meter en el cuento.
Si bien la Procuraduría tiene dientes disciplinarios a lo que le tiene miedo la gente es a los dientes penales. Infortunadamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez cierra la unidad de Investigación de Delitos Ambientales, porque él es un abogado corporativo que defiende intereses corporativos y las corporaciones se están tomando el territorio: energía infraestructura, hidrocarburos, agroindustria. ¿Qué iban a querer tener una Unidad de Delitos Ambientales? Entonces la anulan y la mandan a los anaqueles de Derechos Humanos que es lo más gaseoso, donde todo el mundo denuncia e investiga pero nunca resulta nada.
Nosotros estuvimos presionando para que se reactivara -somos sujetos funcionales y podemos entrar a procesos penales, civiles y administrativos- y empezamos a oficiar para que los fiscales actuaran. Y empezaron actuar, es cuando una Fiscalía ordena una prueba de laboratorio del agua y la toma en una truchera. La Procuraduría no tiene laboratorios, pero la Fiscalía tiene un monstruo de presupuesto, nosotros tenemos 4.000 funcionarios y ellos 30.000. Empiezan a utilizar su presupuesto de manera correcta en la auditoría ambiental, hacen la evaluación del agua y yo tomo el dictamen. Le digo a mi Procuradora Judicial de Boyacá, Alicia López Alfonso, metamos la tutela. Se volvió algo mediático y ahí la gente se entera de lo que está pasando con Tota.
Tutela porque si me meto con otro tipo de acción me demoro años, mientras el Consejo de Estado dirime algo, pasan 15 años. Porque la estructura legal en Colombia es eso, cuando viene las decisiones ya está completamente degradado el sistema o los edificios montados, eso no sirve, porque la justicia rural en el país no existe…no hay justicia agraria, ambiental o rural… Yo dije no voy a caer en ese juego, salgo y utilizo acciones constitucionales que me puedan dar resultados inmediatos como la tutela, la acción popular o la acción de cumplimiento y así me salto instancias y pongo la noticia para que un juez tome decisiones inmediatas. No lo dejo solo, le aporto estudios o pongo a las entidades para que cumplan rindiendo los estudios.
Ya comenzaron a tomar muestras que debían haberlas tomado hace un año y es con amenazas penales y disciplinarias que la gente funciona, mientras tanto no, están en otro paseo. Es muy triste porque las corporaciones son las administradoras y vigilantes de los recursos y los territorios, y no lo hacen.
Claro, son dos muestras que arrojaron plomo, es claro que no se puede analizar toda el agua del lago, pero con dos puntos es suficiente para saber que hay contaminación. Mira la gravedad de la afirmación del Director de Corpoboyacá: si hay un punto de contaminación que está al lado de una truchera que produce peces que se tienen que vender, significa que la contaminación está en un lugar donde se produce un alimento que seguramente trae en su carne el plomo que hay en el agua.
No se puede demeritar que es un punto porque está en un lugar donde se producen alimentos. También de allí toman agua para el riego de la cebolla que igualmente puede absorber plomo. La gente no ha entendido que no se trata solo del punto de la toma donde sale el agua de los municipios. Hay muchos alimentos que dependen del riego, es que el lago es una fuente de alimentos de carne, leche, cebolla y otros productos. Con un punto de contaminación que haya, se debe castigar.
Inicia la jornada con las tomas de dos muestras por parte del @IDEAMColombia en el #LagoDeTota, luego vendrá la caracterización de los resultados de carácter técnico – científico para identificar las causas de la contaminación y poder determinar las medidas que se tomarán. pic.twitter.com/AhVVi5smDw
— Corpoboyacá (@Corpoboyaca) November 14, 2020
Es en cadena. Porque la toma y la inicia quien puede sancionar. Si esta acción de tutela la pusiera la Defensoría del Pueblo no tendría el mismo efecto. Nosotros por esas omisiones podríamos suspender a los funcionarios por seis meses en periodos de tres y tres meses, y podría destituirlos e inhabilitarlos hasta por 20 años porque esta una falta gravísima que afecta a la vida y la salud humana.
A eso tenemos que llegar, a que la persuasión, la coacción o el control que hace la Procuraduría produzca efectos como este. Y por eso hay que hablarles con autoridad, no amenazando sino sancionando a quien haya incumplido. Ahí es bien importante el papel de la Fiscalía porque en Colombia se registran 14 delitos ambientales y vaya uno a averiguar cuántas sanciones hay en el país, no existen sanciones.
#NoticiasCorpoboyacá | @Corpoboyaca suspende vertimiento en piscícola en el Lago de Tota.
En la actualidad la Corporación adelanta 32 procesos Sancionatorios Ambientales donde se investigan conductas que constituyen posibles infracciones ambientales. pic.twitter.com/CX6CuRwFEc
— Corpoboyacá (@Corpoboyaca) November 13, 2020
Hay un artículo del Código Penal que agrava las sanciones penales y las lleva de un tercio hasta la mitad y ya convertiría penas de 8 y 15 años de prisión a los funcionarios públicos que por omisión y teniendo la obligación de controlar y vigilar los recursos naturales, no lo hacen. Y eso es lo que confesaron (viernes 13 de noviembre) todos los funcionarios públicos que participaron en las entrevistas de Noticias Caracol, sin ser convocados por algún funcionario judicial.
Cuando un periodista le dice al entrevistado ¿usted está examinando el agua, tiene un laboratorio para hacerlo? Y el otro responde, no, apenas lo vamos a construir. Son omisiones que tiene él y los 10 anteriores funcionarios que nunca hicieron nada. Son omisiones, es que delinquir no es solamente actuar o hacer, es no hacer en materia ambiental y hacerse el pendejo. También hacer que las cosas pasen en este país donde se impone el interés de trucheros, cebolleros y ganaderos por encima del bienestar común, acabando con estos ecosistemas.
Está claro, tendrán que darse cuenta cuando el agua llegue a las plantas de tratamiento si el procedimiento de purificación logra bajar los niveles de plomo, si es así, sigan consumiendo el líquido. Si se llega a probar que el envenenamiento de plomo pasa la planta de tratamiento y el agua de mala calidad sigue llegando a consumo humano, se tendrá que interrumpir el consumo o que la Superservicios intervenga frente a la mala calidad que están prestando las plantas purificadoras de tratamiento, todo tiene un procedimiento. Pero, el gran meollo del asunto es que hay fuentes de contaminación, uno 10 o 20 puntos, no importa el número, con uno que haya hay que castigar. Cada Secretario de Salud municipal deberá tomar a diario las muestras de agua, es que en este país donde hay paisajes bonitos creen que estamos en Disneylandia, con lo que veo es suficiente y el veneno está debajo del agua.
Todo el mundo puede producir, pero metan plantas de tratamiento, plantas purificadoras, no utilicen pesticidas y herbicidas que están prohibidos en todo el mundo. Aquí se mercadean y venden en todas partes. Aquí también hay un interés de desplazar a la gente, de sacarla de estos ecosistemas y volverlos en otro objetivo.
Un hotel produce más dinero que tantas hectáreas de cebolla. Quieren cambiar el uso de suelo, degradar el sistema de protección del lago, hacer condominios y hoteles con el número de pisos que quieran. Eso no puede pasar.

Cultivos de trucha en el lago de Tota, municipio de Cuítiva. Foto Archivo: redprensaverde.org
Si se analiza la relación de los dos grandes ministerios que tocan este tema, o tres porque hay que meter salud con el problema que resultó del agua, no hay ninguna articulación, no se reúnen en ningún escenario, son islas independientes que persiguen objetivos propios. Solo con intervención de la Procuraduría como ente vigilante y disciplinante, es que logramos lo que se logró esta semana, que por lo menos se pusiera el tema en conocimiento del público y la gente se enterará que cada vez que come cebolla que viene de Aquitania y Tota está fomentando la degradación ambiental.
Debemos llegar a la calificación y colocación de un sello verde para que esos productos sigan teniendo fuerza en el mercado o si no, que los bloqueemos para que la gente se vea obligada a cambiar el sistema productivo y de explotación del territorio y los recursos. Y esto es grave porque lo único que nos demuestra es que no hay ordenamiento ni gobernanza del suelo rural y lo que ocurre en la zona y alrededores de nuestros municipios es un caos en donde se impone el más fuerte, el que más dinero tenga. Y los alcaldes, para el caso de Tota, muchos de ellos son cebolleros porque por ser la fuerza económica de la región, son los que manejan empresas electorales que montan concejales y alcaldes que constitucionalmente son los que dirimen, vía acuerdos municipales, el uso de los suelos y determinan si pueden invadirlos o utilizarlos.
Ya es hora de que el ICA deje de pensar en tercerizar sus funciones y asuma la verdadera responsabilidad que tiene y es controlar la cadena de importación y comercialización de productos que le sirven a la agricultura pero que van en contra, muchas veces, de los intereses ambientales. Colombia se ha convertido en el mercado perfecto de productos que están prohibidos en el mundo por su toxicidad.
Al no haber control de la autoridad nacional como el ICA, las corporaciones autónomas, el Ministerio de Ambiente e institutos —que debían estar controlando el territorio y no sentados en unos los escritorios de Bogotá— es que se hace desgobierno en zonas como Boyacá. No estamos hablando de Vichada o Amazonas, sino de poblaciones que quedan a dos horas de Bogotá. Es tanto el descontrol, el caos en el manejo de los recursos y el desgobierno, que estamos llegando a la degradación.
Van a aparecer gremios a decir que lo importante es la seguridad alimentaria y que lo ambiental no importa y debe ceder a la necesidad de la gente. Pero, cuando el agua de ese lago ya no sirva para nada, ya no va a servir para turismo ecológico o agricultura. Serán municipios inviables porque van a tener agua completamente envenenada y llena de gente con afecciones renales, neuronales y de todo tipo… por el daño a los recursos tan vitales como el agua, que debe llegar a un acueducto y tiene que ser para consumo humano.
Y la platica que se esté recogiendo en el territorio por cualquier tipo de impuesto, nunca va a alcanzar para pagar las afectaciones en salud a la que estamos llevando a sufrir a tanta gente, lo que estamos haciendo es como escupir para arriba y la saliva nos va a caer en la cara.
Cada entidad se limita a lo que dice su manual de funciones y no asume su responsabilidad, como funcionarios públicos tienen que tener una visión integral. Si yo soy el Instituto que vigila la calidad de los alimentos y el agua es el principal, puedo por lo menos ir a hacer que las entidades cumplan, no es que vaya a Tota a tomar la muestra porque eso no me corresponde, pero si con esa agua están produciendo la trucha que se procesa, por lo menos deberían ir a revisar la truchera, pero hágalo y no digan que esa no es mi función. Si no, séllenlo y quítenle el registro para que no pueda comercializar. Todo el mundo quiere salirse con el inciso y el parágrafo.
Claro que sí, más cuando la minería ya está invadiendo los páramos que rodean al lago. Cuanto de ese plomo no vendrá de actividades mineras, no del lago, sino de más arribita, del páramo.
Las normas de ordenamiento existen, pero no hay voluntad política y hay mucha omisión estatal. La Agencia Nacional de Tierras está en mora de hacer esa delimitación y demostrarle a la gente con estudios científicos que el nivel del agua que ocupaba el lago estaba mucho más alto de lo que se encuentra ahora y que los bienes públicos son inembargables inalienables e imprescriptibles. Al ser imprescriptibles nadie podrá negar que con el uso y el tiempo se apropiaron de muchos terrenos junto al lago. Son muchos los kilómetros que van a tener que delimitar los alcaldes y la Corporación para poner los linderos, los mojones, los avisos que demuestran que es propiedad pública, un territorio estratégico de conservación. Hay que arrancar esa cebolla y reforestar. Es muy importante hacer esa labor que cuesta dinero y tendrá que sacar la Corporación, la Agencia Nacional de Tierras, los municipios y demás, mientras llegan las figuras de protección.
Lo que estamos destapando en la Procuraduría es que en el manejo ambiental sobran políticos y corruptos y falta ciencia y técnica. En los consejos directivos de las CAR y sus miembros la ciencia no existe. ¿Qué proponíamos en la reforma de las corporaciones? Que dejara de haber alcaldes que muchas veces son sinvergüenzas con intereses, cuando deberían estar científicos del Ideam, del Humboldt, del SINA (Sistema Nacional Ambiental) vigilando en primera mano qué pasa en las corporaciones, y no persiguiendo que les den puestos y contratos.
Necesitamos a los decanos y grandes científicos sentados en las directivas de las autoridades ambientales. Aquí lo que se requiere es investigación ambiental, peritajes serios y dictámenes para valorar pasivos ambientales por la mala administración de los recursos. Es lo que requerimos, que las entidades actúen frente a quienes están acabando con los ecosistemas.
No se dejen desinformar. La Procuraduría no es su enemigo, es su apoyo y quien los representa ante el gobierno. Si les están desinformando que les queremos quitar el agua, es mentira. No les queremos quitar el agua, lo que queremos es que les den verdadera agua potable y ustedes tienen una gran responsabilidad por ser quienes viven en el territorio. Con buena educación, asistencia técnica, créditos y apoyo del gobierno, pueden explotar el territorio que les pertenece. Deben tener en cuenta que si hacen una explotación sostenible podrán vivir de ingresos de agroturismo, ecoturismo, producir su comida, tener el mejor paisaje con buena valorización y así tener la calidad de vida y la dignidad que merecen.
Si se conserva el lago de Tota serán los más afortunados de habitar ese paisaje tan hermoso y tener cómo vivir de él de manera sostenible. Vamos a llevar el Ministerio de Ambiente y Agricultura para que les dé el apoyo necesario, para que ustedes no sean los que vayan a salir sino que encuentren toda la viabilidad para sostenerlo.
Contexto:
Lago de Tota: pretensiones de la tutela que instauró la Procuraduría
Procuraduría instaura tutela y denuncia presencia de plomo en el lago de Tota
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Dos hermanos lograron que su reserva natural en Gachantivá, Boyacá, se convirtiera en un laboratorio de investigación de flora y fauna tropical donde desarrollan una innovadora colección acústica, que incluso ha detectado algunas especies endémicas.
Ginna Santiesteban / Mongabay latam
El día en que sus colegas investigadores, con los que trabajó durante más de 20 años en el Instituto Humboldt, le confirmaron a Fernando Forero que el terreno que había comprado para emprender su proyecto ecoturístico tenía un enorme potencial para convertirse en un importante corredor natural, este boyacense empezó a darle forma al sueño de su vida: una reserva natural en la que pudiera aplicar todo su conocimiento como biólogo empírico a la conservación, restauración y conocimiento de la riqueza ambiental de su región.
Con el apoyo de su hermano Pablo, hace cinco años materializó ese sueño y lo nombró Reserva Natural Los Yátaros, así es como llaman a los tucanes esmeralda (Aulacorhynchus prasinus) que habitan la zona.
Yátaros es una reserva de la sociedad civil ubicada en Gachantivá, a tres horas de Bogotá, y es uno de los pueblos que forma parte del Alto Ricaurte, una provincia del departamento de Boyacá donde también está el reconocido Santuario de Fauna y Flora Iguaque, que guarda siete lagunas en ecosistemas de bosque andino y bosque seco. Yátaros también forma parte de un corredor que conecta las áreas protegidas de Iguaque y el Parque Natural Regional Serranía El Peligro, en los municipios de Moniquirá y Arcabuco.
“La reserva está ubicada a 2200 metros sobre el nivel del mar, sobre la quebrada La Honda que drena sus aguas en el río Moniquirá, que luego llega al Suárez, después al Chicamocha y termina desembocando en el Magdalena”, complementa Fernando Forero. Esta área protegida hace parte de un complejo corredor de ecosistemas que incluyen páramos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y franjas de bosques sub y alto andinos, muchos de los cuales han sido explotados para cultivos, ganadería, y recursos maderables. Todo el corredor vive frecuentemente largas temporadas de sequía, que junto a la deforestación y la ganadería, han afectado la salud del ecosistema.
Los hermanos Forero empezaron protegiendo siete hectáreas y cinco años después la reserva ya tiene 15. “Cuando compramos el predio con mi hermano, tenía un bosque considerable, pero lo hemos ido potenciando. Hemos sembrado diferentes especies de plantas para aportar a este complejo, y gracias a los vínculos con el Instituto Humboldt, hemos hecho investigaciones biológicas para favorecer el incremento de las especies que se mueven por acá”, explica Fernando.
Ese estrecho vínculo que Fernando hizo durante sus años de trabajo en el Instituto Humboldt, en donde laboraba como asistente de investigación biológica, ha sido clave para que Yátaros se convierta en un centro para estudiantes que quieren hacer sus tesis de grado o sus proyectos científicos. “Nosotros no tenemos los recursos para financiar investigaciones, pero sí tenemos mucho interés en conocer lo que tenemos en la reserva. Entonces, les damos el espacio para que ellos hagan sus estudios, les damos hospedaje, y ellos nos apoyan con la información”, dice Fernando.
En los cinco años que tiene la reserva, los hermanos Forero ya cuentan con un inventario de por lo menos 60 especies de plantas —aunque calculan que puede haber más de 500—; más de 100 especies de aves entre las que destacan un colibrí endémico llamado el colibrí inca negro (Coeligena prunellei), la guacharaca colombiana (Ortalis columbiana) y el gorrión montés bigotón (Atlapetes albofrenatus), así como una amplia variedad de mamíferos y reptiles.
Orlando Acevedo, investigador y coordinador de la colección de sonidos del Instituto Humboldt, ha jugado un papel fundamental en generar conocimiento científico en la reserva. Bajo su liderazgo, se han adelantado importantes investigaciones, sobre todo, enfocadas en el estudio de los sonidos de la fauna.
El Instituto Humboldt trabaja con otros dos proyectos parecidos en los municipios de Anorí y Yarumal, en el departamento Antioquia. Su idea es seguir apoyando, desde lo científico, estos esfuerzos de conservación en reservas privadas de la sociedad civil para que se repliquen en todo el país. “Todas estas iniciativas que se están adelantando en Yátaros nos permiten tenerlo como un ‘minilaboratorio’ que nos puede dar ideas de cómo llevar herramientas de manejo a una escala más local”, cuenta Acevedo.
Las investigaciones sobre los sonidos de algunas especies endémicas han sido la joya de la corona. “Allí tenemos al inca negro, que es un colibrí endémico y con algún grado de amenaza. Lastimosamente no es tan vocal como quisiéramos, entonces, si logramos identificarlo sería una lotería porque se sabe muy poco de la ecología de esa especie”, asegura Acevedo. En cuanto a mamíferos, los investigadores del Humboldt le están apuntando a completar un inventario de murciélagos a través de muestreos acústicos pasivos, una técnica en la que se instalan equipos de grabación para registrar los sonidos del ecosistema sin que haya interferencia humana.

El pitajo negro o atrapamoscas (Ochthoeca cinnamomeiventris), es una de las especies que se encuentra en la reserva. Foto: Cortesía de Reserva Natural Los Yátaros.

La señal acústica es una de las formas de comunicación que tienen muchos organismos para establecer parejas, defender territorios o, incluso, para interactuar con otras especies. Esa “huella acústica” es la que los investigadores analizan para complementar sus análisis sobre las dinámicas ecológicas que ocurren dentro del bosque de la reserva. “De esta huella sonora podemos analizar la geofonía, que hace referencia a los sonidos de la tierra, la lluvia, el viento o el agua. Luego, lo que más se acostumbra a estudiar, es la biofonía, que es el sonido de la vida: el cantar de las aves, los coros cacofónicos de las ranas o de los insectos. Por último, las antropofonías, que son los sonidos emitidos por la actividad humana”, explica Acevedo.
Para hacer el muestreo acústico pasivo, los científicos instalaron, en diversos puntos de la reserva, unos audiomoths —dispositivos con un sensor de señales acústicas y un micrófono que almacenan la información dentro de una memoria micro SD—. Los investigadores se encargan de configurarlos de acuerdo a lo que necesiten grabar. Y es que los audiomoths pueden grabar, hasta dos meses sin parar, desde el espectro audible hasta el ultrasonido de un paisaje.
Expertos del Instituto Humboldt, como Orlando Acevedo, han usado esta herramienta tecnológica para captar los sonidos de la reserva Yátaros. Grabaron un minuto cada media hora, durante seis meses, de marzo a agosto de 2020. En este momento, las grabadoras continúan allí porque debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, los investigadores no han podido recoger los equipos. “En el día se recopila el espectro audible, es decir, las señales acústicas que alcanzamos a percibir con nuestro oído. En la noche, las señales acústicas ultrasónicas, que nos permiten escuchar cómo se comunican los murciélagos y algunos grillos en particular”, cuenta Acevedo.
El investigador explica que con ese conjunto de datos pueden evaluar la huella acústica del paisaje, es decir, relacionar cada señal con una especie. Por otro lado, de manera más específica, entender el comportamiento de ciertas especies que ya han priorizado. Hasta el momento se tienen cerca de 40 000 grabaciones. La información es tan voluminosa que los investigadores están trabajando en unos algoritmos para establecer señales y huellas sonoras de ciertos grupos de animales.

El gusano de felpa (Onicoforo) es una de las especies que se encuentran en la reserva. Foto: Cortesía de Reserva Natural Los Yátaros.
Gracias a los resultados de estos estudios, los hermanos Forero han armado un minucioso inventario de aves en su reserva. “En solo 15 hectáreas tenemos 100 especies de aves, de las cuales podemos destacar una endémica. Se trata de un colibrí que solo tiene distribución en una parte de Santander, Cundinamarca y esta franja de Boyacá. También otra ave que tiene distribución entre Venezuela y Colombia”, cuenta Fernando Forero.
De acuerdo con el investigador Orlando Acevedo, los sonidos de la fauna en el trópico está poco estudiada. Por esa razón, los investigadores y los dueños de Yátaros mantendrán las grabadoras encendidas a lo largo de este año. El objetivo es guardar un repertorio acústico más completo de la biota colombiana y saber cómo las señales acústicas varían a lo largo del año, si existe influencia de los fenómenos naturales en el comportamiento de la fauna o si la geofonía incentiva cambios en la actividad sonora. “Trabajar en la reserva nos podría ayudar a aproximarnos a contestar ese tipo de preguntas”, dice el investigador Acevedo.
Además de su inventario de aves, los hermanos Forero también han alimentado el registro de mamíferos de su reserva con la información de seis meses de grabación en cámaras trampa que ellos mismos instalaron. “Este registro nos confirmó que en la reserva tenemos algunos armadillos, tinajos, zorritos, ñeques, y borugos, que son roedores grandes sin cola”, asegura Fernando.

A la izquierda Fernando Forero, a la derecha Pablo Forero. Foto: Cortesía de Reserva Natural Los Yátaros.
Tanto Fernando como Pablo son ‘científicos empíricos’ que han aprendido de los grupos de investigadores que han acogido en Yátaros. “Estamos detrás del olinguito [uno de los últimos mamíferos descubiertos en Colombia]. En nuestra reserva no lo hemos visto, pero más arribita nos han dicho que sí. Es nocturno y se la pasa en la parte alta de los árboles, es una especie rara y poco estudiada. Esperamos que en algún momento estas herramienta nos ayuden a confirmarlos”, cuenta Forero.
Además, la idea es que con la información acústica que están extrayendo varios estudiantes en la reserva Yátaros, se pueda conocer un poco más de la actividad de otras especies como los insectos. Según explica el estudiante de Biología Diego Gómez, estos animales son vitales para el ecosistema ya que cumplen funciones tan diversas como la polinización y el reciclaje de nutrientes. “No se ha hecho mucha investigación en este tema en general, pero los insectos pueden tener un gran potencial como bioindicadores ya que son mucho más susceptibles a los cambios de temperatura o de calidad del ambiente. Entonces, podríamos estar pensando en hacer evaluaciones de calidad de los ecosistemas basadas en, por ejemplo, la actividad sonora de los grillos”, dice Gómez.
Por su parte, los hermanos Forero han sido “estudiantes dedicados” y por eso los investigadores del Instituto Humboldt preparan una guía para que ellos los apoyen en la toma de datos y muestreos. Esta ha sido una estrategia útil, sobre todo durante los meses de confinamiento provocados por el COVID-19, cuando los expertos no han podido trasladarse a la zona para recoger los sonidos que se están grabando. “En estos momentos estamos perfeccionando unos protocolos de muestreo estandarizado a nivel internacional dentro de este proyecto, porque tenemos la idea de mapear a seis años la dinámica de esta reserva”, cuenta el investigador del Instituto Humboldt, Orlando Acevedo.

En Yátaros se están llevando a cabo una de las pocas investigaciones sobre actividad sonora de insectos. Foto: Cortesía de Reserva Natural Los Yátaros.
La cuarentena ha afectado la sostenibilidad económica de la reserva Yátaros. Según cuenta Fernando Forero, sus ingresos han disminuido un 80 %. Sin embargo, resalta que la ausencia del hombre ha sido beneficiosa pues, según dice, la vegetación ha crecido y las especies habitan con más tranquilidad. “Toda esta abundancia será importante porque las aves y mamíferos van a dispersar semillas y eso significa que vamos a tener más bosque, más aire y más vida”, asegura.
La reserva también hace parte de la Red de Jardines Botánicos en la región, conformada por varios propietarios de otras áreas protegidas. “Entre nosotros compartimos información, de acuerdo al enfoque de cada reserva, y vamos alimentando una sólida red de datos de la riqueza ecológica del Alto Ricaurte. Esta unión ha sido importante para mantener los corredores biológicos”, dice Fernando.
El Instituto Humboldt también apoya el proyecto de jardines botánicos. Los pobladores han documentado la biodiversidad de la zona y han aprendido a hacer restauración ecológica de los corredores. Además, se están adelantando jornadas de educación e intercambio de saberes con los campesinos de la zona.


En la reserva también se capta los sonidos de la tierra, el agua y el aire (geofonía). Foto: Cortesía de Reserva Natural Los Yátaros.
“Nuestros vecinos son gente de campo, nativa, con unos conocimientos impresionantes en flora y fauna, entonces los hemos vinculado en las investigaciones, en especial a los más jóvenes, quienes muchas veces nos acompañan en la recolección de muestras y en las faenas exploratorias. Todo esto ha creado una conciencia y ahora, si van a tocar un árbol ya lo piensan más de una vez. Antes lo veían todo como maleza, ya le llaman bosque. Es nuestro aliciente para continuar”, dice Fernando.
En palabras de Leyda Cortés, secretaria de Cultura, Turismo y Comunicación de Sáchica, municipio vecino a Gachantivá y quien ha trabajado con Parques Nacionales, las instituciones de la región deben apoyar todas estas estrategias que tienen que ver con educación medioambiental, especialmente con niños, jóvenes y mujeres que, según dice, son las poblaciones más receptivas frente a estos mensajes de conservación. “Ellos invierten de sus bolsillos en la conservación, arman sus estrategias y capacitan a la comunidad. Es una forma de protección muy efectiva que está haciendo una diferencia real”, comenta Cortés.
“Hace unos cuatro meses, una osa atravesó todo el Santuario de Iguaque, bajó por la cuenca del río Moniquirá y terminó casi en la zona urbana de ese municipio”. Esta anécdota contada por Fernando Forero es muy probable en la región del Alto Ricaurte, donde está la reserva Yátaros, pues existen varios propietarios que han convertido sus terrenos en reservas que conservan estos corredores vitales para que una amplia gama de especies tengan movilidad. “Mantener un corredor no es solo que exista el bosque sino que sea usado por la biota. Ahí ya empezamos a hablar de la funcionalidad de los corredores”, explica el investigador del Instituto Humboldt, Orlando Acevedo, quien añade que “son todas estas interacciones que ocurren tras bambalinas las que mantienen la salud ecosistémica y la integridad ecológica de los bosques”.
Si esos corredores no se conservan, los Parques Nacionales y demás áreas protegidas van a terminar aislados y morirán. Por eso, como explica Leyda Cortés, “las reservas naturales de la sociedad civil son unas iniciativas muy importantes desde un punto de vista ecológico y sistémico, porque esas son las zonas que conectan con las áreas protegidas de carácter nacional o departamental y tienen un papel de amortiguación muy valioso”.

En esta área protegida privada se está haciendo un intenso trabajo en el estudio de insectos. Foto: Cortesía de Reserva Natural Los Yátaros.
Las iniciativas privadas han sido contundentes en esta región. Durante los últimos siete años, William Zorro ha estado al frente del manejo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque y asegura que en los 21 años que lleva trabajando en Parques Nacionales, en diferentes partes del país, no ha visto habitantes con tanta sensibilidad por la naturaleza como los de esta región. “Acá los propietarios de reservas tienen muy claro su papel en la conservación. Más que sensibilización, nuestra labor como entidad del Estado es ayudarlos a conformar redes que sirvan para la sostenibilidad del territorio”, dice.
Por ese motivo, el director de Iguaque asegura que es necesario iniciar procesos de caracterización biológica. Según Zorro, para identificar especies de flora y fauna poco exploradas, o incluso desconocidas para la ciencia, se debe fortalecer la relación con las redes de reservas naturales de la sociedad civil, así como apoyar a los habitantes en la conformación de nuevas reservas. “Lo que nosotros buscamos en reservas como Yátaros es apoyar esas iniciativas de privados como una estrategia para añadir ecosistemas que no están representados en las áreas estatales y empezar a estructurar corredores ecológicos y ecosistémicos dentro del área del Alto Ricaurte”, explica el director de Iguaque.
Buena parte de estas iniciativas tienen un componente ecoturístico y esto se ha visto afectado en los últimos meses por el COVID-19. “El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, pero también uno de los más resilientes. Muchas empresas, colectivos, guías de turismo y asociaciones están creando estrategias de turismo ecológico para cuando puedan retomar las actividades”, dice Juan Carlos Contreras, fundador de Mil Estaciones, una agencia ecoturística especializada en recorridos guiados en esta zona del Alto Ricaurte.
Con esa misma ilusión, los hermanos Forero se esmeran en mantener viva la investigación y la conservación en su reserva. Su plan es que Yátaros se convierta en un importante centro de investigación y de contemplación de la naturaleza. Es algo en lo que vienen trabajando y a lo que no piensan renunciar fácilmente.
Imagen superior: ©Reserva Natural Los Yátaros.
ALIANZA PERIODÍSTICA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
En la leyenda muisca que refiere a una criatura entre serpiente y dragón que habitaba el lago de Tota (Boyacá), está basado el corto-documental El Muyso.
Dirigido por Dawood Neusser y producido por la Fundación Montecito, en 2017, este audiovisual también retrata a un ecosistema afectado por numerosos problemas ambientales y sociales.
“La serpiente fue convertida por los españoles en una figura monstruosa y diabólica, que como metáfora se manifiesta hoy en día como amenazas ambientales al lago, debido a la industria y las malas prácticas” explica su sinopsis.
El lago de Tota se ubica entre Aquitania, Cuítiva y Tota, en el departamento de Boyacá, municipios de donde fueron extractados muchos de los testimonios que aparecen en el trabajo documental.
«La historia nos lleva de regreso a la invasión española y a la gente local de Boyacá que vive alrededor del lago, para desbloquear el misterio de la leyenda serpiente-dragón y así, servir una vez más como símbolo de educación ambiental y vínculo natural con el pasado, para los niños del futuro”.

Yamid Alonso Silva Torres.
Yamid Alonso Silva Torres, operario contratista del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue asesinado en las últimas horas por desconocidos, en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, en la provincia de Norte, Boyacá.
Hacía dos años estaba vinculado a la entidad y sus funciones consistían en desarrollar labores de control al ecoturismo en el sector de La Esperanza.
El parque El Cocuy está ubicado entre los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare, con una extensión de 306 mil hectáreas, presenta ecosistemas de selva andina, páramo, superpáramo y conserva áreas nevadas.
La directora encargada de Parques Nacionales, Carolina Jarro Fajardo, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes.
Cuchilla Negra y Guanaque
Fotografía: ©Corpochivor
Olga Cecilia Guerrero R. / Red Prensa Verde
A la par que la ruana, la alpargata, el sombrero o el pañolón, el canasto es un elemento imprescindible en la identidad boyacense.
Antes de que la bolsa plástica lo desapareciera casi por completo, esta herramienta acompañó la vida diaria de muchas generaciones en campo y ciudad.
En todas sus formas, en crudo o en color, el canasto transportó alimentos desde la plaza, soportó la pesada ropa que se lavaba en el río, resistió sacudidas en la limpieza de las papas y guardó la lana de la oveja recién esquilada. Un adminículo de larga duración con la garantía de las manos que lo diseñan fibra a fibra: si se moja se seca, si se cae no se rompe, si se estira, se encoje.
Como ocurrió en muchas regiones de Colombia, el plástico llegó con un aire de renovación, de comodidad y sofisticación.
Al tiempo que la ciudadanía dejaba de ir a las plazas de mercado por adentrarse en el mundo de los autoservicios y los modernos supermercados, las atractivas bolsas lo fueron relegando.
Allí, en estos lugares donde ahora reinan las registradoras y pesas digitales, el mercado no se mezcla como se hacía en el canasto; todo se separa en envoltorios plásticos y de icopor, por temas de higiene y de costo, no hay encime, todo se cobra por libras o por kilos.
Tiras enormes dispensan bolsas de todos los tamaños: una para las guayabas, otra para los tomates, una más para la cebolla, otra para el cilantro y una gigante para los plátanos, y así, bolsas para los aguacates, las hierbas y hasta la piña.
Al llegar a casa, el comprador encuentra que además de comprar alimentos, se hizo acreedor a toda una colección de ‘talegos’ transparentes como se les llamaba antiguamente. Y si va a otra clase de tiendas también llega con bolsas blancas, bolsas de colores, bolsas grandes, bolsas pequeñitas, bolsas con el nombre del establecimiento, bolsas con el teléfono del domicilio… para pedir más productos y con ellos llenarse de bolsas y más bolsas.
Así fue que poco a poco los canastos pasaron a ser trastos, a quedarse en el olvido, a ser objetos del pasado.
El canasto poco a poco tomó un tinte más artesanal que utilitario. Para muchos es un recuerdo de infancia, un adorno en la sala, un souvenir para la tía que superó los 50, un artículo que sirve más para lucirlo que para gastarlo. Hoy el canasto se restringe a comunidades rurales y a la artesanía.
“A los municipios de Tenza y Sutatenza, antes llegaban muchos compradores los días de mercado y adquirían docenas y docenas de canastos. Todo el pueblo trabajaba la cestería. Actualmente, ya no es la misma cantidad de artesanos de hace 20 años, se le ha dado otra relevancia. El carácter del producto era utilitario, para llevar el queso, las frutas o los huevos. En este momento es un producto lindísimo que también sirve para decorar, organizar y porque ayuda a utilizar bien los espacios. Se compra porque tiene un carácter distinto”, explica Constanza del Pilar Arévalo, responsable de la cadena de Artesanías de la Corporación Autónoma regional de Chivor (Corpochivor).
Esto lo confirma Orlando Madero, comerciante y artesano de la Plaza de Paloquemao, en Bogotá, quien asegura que la venta de este producto, el tradicional, ha ido en baja en los últimos años. “Antes se traían camiones cargados de canastos, ahora solo vendo unos 5 al mes, con precios que oscilan entre los 10 y 15 mil pesos. Ya estaba mal la situación cuando la Secretaría de Salud calificó a las canastillas como dispersoras de microbios y las prohibió en las cafeterías. Ahora son en plástico”.
Él, oriundo de Togüí, Boyacá, añora la época en que organizaba su puesto con canastos multiformes que vendía a los dueños de negocios de frutas, tubérculos o verduras. “Ya no pido más a los artesanos porque es mercancía que se queda. La gente prefiere el plástico, por ejemplo, en Navidad, las empresas prefieren las anchetas para sus trabajadores en baldes o platones”.
Después de una larga agonía el canasto comenzó a renacer. Hace unos meses, cuando el gobierno nacional acababa de publicar la Reforma Tributaria y se anunciaba que se gravarían las bolsas plásticas en el comercio formal, una idea salió de la cabeza de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.
Mientras debatía con sus asesores sobre mecanismos que fueran más contundentes y prácticos que la reforma, se preguntó por qué no revivir los canastos y hacer que la gente dejara de utilizar las bolsas de de manera tajante.
A los asesores les sonó la idea y en pocas semanas nació el documento Retomando nuestros hábitos ancestrales: incentivar el uso del canasto tradicional, una estrategia que busca el reemplazo de la bolsa plástica por el canasto tradicional.
“Primero identificamos, las prácticas de mercado. Luego indagamos sobre las áreas y producción actual de canastos, qué tipo de canasto se necesitaba, clase de asa, tejido y tradición. Hicimos pruebas de resistencia y tamaño, buscamos costos entre 11 y 15 mil pesos y a partir de ahí mandamos hacer 3.750 canastos, de color crudo, con la fibra más natural y resistente: la caña de castilla o chin”, contó a la Red Prensa Verde Herman Amaya, líder del Plan Bicentenario de Boyacá y quien movilizó la campaña con un grupo de funcionarios de varias secretarías.

Maestra Ilvania Muñoz, artesana de Sutaetenza (de azul), Boyacá teje acompañada de una alumna. Giovanny Lozano /Corpochivor
Para esa tarea contrataron a los artesanos de los municipios de Tenza y Sutatenza, en el suroriente de Boyacá, en la provincia del Valle de Tenza, quienes tejieron y tejieron durante 3 meses para cumplir con el pedido.
Después fijaron una fecha simbólica para desarrollar el intercambio, crearon un sistema de trueque porque estaban convencidos que este elemento no se debía regalar. Lanzaron una campaña en medios de comunicación y convocaron a la empresa de Servicios Públicos, la Lotería de Boyacá, la Empresa de Aguas, las secretarías de Medio Ambiente, Cultura y General.

Foto: Gobernación de Boyacá
La idea de Amaya se transformó en la campaña Más fibra menos plástico, que se lanzó hace cuatro meses (17 de mayo) para conmemorar el Día Internacional del Reciclaje, en la plazoleta de Las Nieves, en Tunja (Boyacá).
Ese domingo, a las 7:00 de la mañana ̶ una hora antes de que iniciara el evento central ̶ decenas de ciudadanos ya hacían una larga fila para asegurar el retorno a casa con el canasto de antaño.
Obtenerlo implicaba tener la firme convicción de abandonar el uso de las bolsas plásticas, favorecer al ambiente y “enaltecer la actividad artesanal de las comunidades de Tenza, Sutatenza y Socha y los demás productores de ese objeto».
También buscaba fomentar el trueque. Para que un ama de casa, un estudiante o un trabajador recibiera una cesta de chin, debía entregar 30 bolsas plásticas, residuos electrónicos o tapas de bebidas gaseosas.
El trueque movilizó a muchos habitantes y logró que el canasto volviera a la ciudad como si por años lo hubiesen estado esperando.
Más canastos en las casas son menos bolsas plásticas en los basureros:
Herman Amaya, asesor contrato Bicentenario, Gobernación de Boyacá.
De esta manera, los 3.750 canastos de cañabrava o chin dispuestos en Las Nieves solo duraron una hora y media a la vista del público.
“No solo se agotó toda la provisión de canastos que la administración mandó elaborar a los artesanos del Valle de Tenza, sino que recogimos 10 toneladas de desechos electrónicos y plásticos”, contó a la Red Prensa Verde Herman Amaya, líder del Plan Bicentenario de Boyacá.
¡La campaña fue un éxito! exclamó. “El reto es que la gente los use y cambie sus hábitos, porque más canastos en las casas son menos bolsas plásticas en los basureros”.

Fotos: Gobernación de Boyacá

Herman Amaya, asesor para el Bicentenario Gobernación de Boyacá
Para el funcionario, esto no para ahí, es el inicio de la nueva ‘batalla de Boyacá’, que busca erradicar el plástico en los 123 municipios del departamento y ser modelo para otras regiones del país. “La idea es que todos vengan a Boyacá por los canastos”.
La campaña trabaja en tres estrategias: la primera consiste en un programa con empresas para que estas compren los canastos hacia sus empleados y se harán eventos específicos, en este, el Año del Agua y el Ambiente, según la declaratoria del gobierno regional.
La segunda, habrá contrapartidas con las alcaldías para llevar el programa a los municipios, y la tercera, será un gran evento a final de año para entregar un número más grande de estos elementos.
“Desarrollaremos una nueva campaña para que se convierta en causa nacional. También se configurará una estrategia para evitar el uso de vasos, pitillos y demás que se trabajará con cámaras de comercio y restaurantes”.
Además de Tunja, la campaña ya se hizo en Paipa y Moniquirá, y continuará en otras capitales de las 13 provincias boyacenses.

La campaña recogió 10 toneladas de desechos.


Además de recuperar el canasto en Boyacá, se debe reivindicar al artesano. Es lo que piensa Constanza del Pilar Arévalo, maestra en textiles de la universidad de los Andes y gestora de la cadena de artesanías de Corpochivor: “La mayor necesidad es mejorar su nivel de vida. Que ellos vean que ese oficio les cubre sus necesidades económicas, porque actualmente no logran hacer un salario mínimo, la mayoría están afiliados al Sisbén”.
Son familias enteras las que trabajan en la cestería, ellos deben realizar labores agrícolas o tener animales de crianza para completar sus ingresos.
Cuenta la experta en artesanías que la dinámica general de la cestería lleva varias etapas: la siembra o cosecha de la materia prima, su posterior preparación, la tejeduría y los acabados del producto. Se hace con todos los miembros del hogar. Es poca la gente que teje sola.

Una de las artesanas más destacadas del Valle de Tenza es Doña Paulina. Foto: Giovanny Lozano / Corpochivor.
“Lo que les falta es que haya estímulo a las empresas para comprar a los artesanos y programas del gobierno para promover las ventas. Hay que recobrar el trabajo porque muchos artesanos se desaniman por los bajos precios”
En la actualidad se destacan comunidades dedicadas a la cestería como las de Sutatenza y Tenza que trabajan con chin; Pachavita con rollo fino; Tibaná con paja blanca; Ramiriquí con gaita; Boyacá, Boyacá con fique; Somondoco con cestería y tejeduría en calceta de plátano. Algunos practican otras técnicas como la cestería de rollo fino, en fique o calceta de plátano.
Toda esa experiencia y destreza generacional hizo que en 2016 el grupo de Sutatenza, de 12 personas, ganara la Medalla a la Maestría Artesanal de Artesanías de Colombia.
Desde hace varios años Corpochivor trabaja con dos grupos de unos 20 artesanos, pero en los municipios de su jurisdicción son miles las personas que se dedican a este oficio. El programa ‘Ventanilla de mercados verdes’ tiene productores de cestería, en Tenza y Sutatenza.
“Es de las pocas corporaciones que desarrolla proyectos con artesanos, desde 2004 comenzó y está en el Plan Estratégico para el trabajo sostenible”, explica Constanza del Pilar Arévalo, responsable de la cadena de artesanía de la entidad.
Les hacen acompañamiento en eventos comerciales como Expoartesanos y Expoartesanías, les da el estand y decoración, hace convocatorias para convenios, algunos han mejorado el taller, compra de materiales, compra de maquinaria.

Foto: Giovanny Lozano / Corporchivor
Para Constanza, el futuro de la cestería en esa región radica en sostener la producción limpia y responsable. “Es muy importante porque la gente tiene que volver a la tierra y al cuidado de los recursos. También, al adquirir los productos la gente debe pensar en el artesano: que merece tener todos sus derechos y ganarse por lo menos un sueldo mínimo. Pienso que la gente poco a poco va creando esa conciencia”.
Con las nuevas técnicas también se ha modernizado el diseño, los materiales y los colores de los productos con el fin de llegar a compradores jóvenes, a diferentes estratos sociales y al sector empresarial.
La modernización del canasto, su conversión a un artículo tipo exportación, su promoción como elemento alternativo y sostenible ubica a este artículo en un nuevo escenario. Un elemento versatil, universal y práctico, que decora espacios modernos pero que va a la plaza y que se reinventa.
Habrá que esperar unos meses para saber si la campaña Más fibra menos plástico caló. Si el ancestro, el recuerdo y el afán por ayudar al ambiente cambiaron los hábitos de decenas de boyacneses. Si logró dejar tanto envoltio para mezclar ahí las papas, la naranja, la cebolla y halló un lugar en la cocina, como antaño.
Y Ud. lector ¿le daría el sí al retorno del canasto o prefiere utilizar otros elementos para cargar el mercado?
Video de Artesanías de Colombia
Antes de asumir la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Yolanda González Fernández trabajaba como docente de la Maestría de Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia.
Se trata de la primera mujer en asumir el rumbo de uno de los institutos de investigación más reconocidos del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y también de la primera boyacense en ocupar un cargo de este nivel.
La nueva directora nació en Chiscas -municipio de la provincia de Norte y Gutiérrez, en el norte de Boyacá-, es ingeniera forestal con especialización en Sistemas de Información Geográfica y Magíster en Ciencias de la Meteorología de la Universidad Nacional.
Ha realizado cursos complementarios en tecnologías de sensores remotos, en Japón; técnicas de pronósticos en la NOAA, Estados Unidos; gestión de riesgos, manejo de bosques y estadísticas forestales, entre otros.
En los últimos 20 años laboró en distintas entidades oficiales y privadas. Ha sido docente de las universidades Nacional y Militar, en el IDEAM y Corpomojana. También ha realizado trabajos comunitarios en el Cauca con las comunidades indígena Paez y Afro, acueductos veredales, sistemas agroforestales y capacitaciones en materia de bosques.
En el sector privado ha ocupado cargos en Cerrejón, Isagén y la organización de Naciones Unidas, donde desarrolló proyectos sobre medidas de adaptación al Cambio Climático, seguridad alimentaria y género en comunidades indígenas y afros.
Su principal meta en la entidad es que “más allá del pronóstico y la predicción climática se debe llevar la información desarrollada por el Ideam al uso de los colombianos y a las entidades de control, porque el instituto también está encargado de realizar estudios científicos sobre ambiente, suelo, ecosistemas, biota, deforestación, desertificación, sequía y erosión”.
En su primer día de trabajo la funcionaria anunció ante los medios que ya viene la segunda temporada de lluvias y llamó la atención de las autoridades para tomar acciones preventivas ante posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra e inundaciones.
Explicó que la entidad actualmente monitorea al huracán Isaac, que el sábado se estaría acercando a la península de La Guajira por lo que llama la atención en este departamento y la zona costera del Magdalena y el Atlántico.
Sobre las implicaciones de la temporada invernal que se avecina para Hidroituango dijo que hay un centro de modelación en el cual los científicos e hidrólogos han estado trabajando con sus modelos que corren hora a hora. “En cuanto a las predicciones de las lluvias ya estamos monitoreando los eventos que podrían desarrollarse en crecientes súbitas. En este momento las condiciones son estables”.

Fotos: Ideam
También anunció que trabajará con el Sistema de Gestión del Riesgo para esta temporada de lluvias y para preparar al país hacia el fin de año, cuando se tendrá una temporada seca asociada al Fenómeno del Niño.
“Tenemos que tener especial atención en región Caribe, en especial La Guajira que es una región susceptible al descenso de precipitaciones debido a que estos ecosistemas son bosques secos y las comunidades son mucho más vulnerables a la falta de agua para consumo humano”.
Otras zonas vulnerables son los valles interandinos del Magdalena y Cauca, especialmente en Huila y Tolima, Valle y Cauca. La región andina a las zonas altas de montaña y bosques, que se pueden ir secando y ser vulnerables a los incendios forestales.
Respecto al bajo nivel de recursos en para la entidad manifestó: “estamos apretados y necesitamos un poco de apoyo en tema de presupuesto”.
Con Yolanda González Fernández, son dos los boyacenses que han estado a cargo del Ideam en los últimos años. Omar Franco Torres, oriundo de Tunja, renunció dos meses atrás, luego de permanecer en el cargo durante el gobierno Santos. El exdirector había recibido el Ideam del hoy ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.
©Darlin Bejarano
Como ya había ocurrido con la Amazonía colombiana y con el río Atrato, hace unos días el páramo de Pisba, en el departamento de Boyacá, fue declarado sujeto de derechos.
En este histórico fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, se intenta que el páramo y todo lo que en él habita (flora, fauna, recursos naturales y personas) sean reconocidos por la ley. Pero esto no se logró de la noche a la mañana, fue producto de una tutela ─herramienta jurídica que tienen los colombianos para hacer valer sus derechos fundamentales─ interpuesta por algunos habitantes de los municipios ubicados en ese ecosistema, en la que solicitaban que la delimitación del páramo de Pisba debía contar con amplia participación ciudadana. Se dio un plazo de un año para cumplir con esta orden.
La delimitación del páramo de Pisba hace parte de la meta que se propuso el gobierno anterior de fijarles límites a los 36 complejos de páramos con los que cuenta Colombia para garantizar así su protección. El país cuenta con cerca del 50 % de estos ecosistemas en el mundo, incluido el Sumapaz, el más grande del planeta. De acuerdo con el Instituto Alexander von Humboldt, la mayoría se ubican en las partes altas de la Cordillera de los Andes y otros en la Sierra Nevada de Santa Marta, cubriendo cerca de 2 906 137 hectáreas, equivalentes al 3 % de la superficie del país.

©Corpoboyacá.
Al final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya se habían delimitado 34 complejos de páramos y solo faltaban el de Pisba y el de Cocuy, ambos en el departamento de Boyacá, el que cuenta con la mayor cantidad de estos ecosistemas. La razón por la que estos dos páramos aún no han sido delimitados es que muchos de sus pobladores se encuentran preocupados por su futuro económico, pues con la delimitación quedarán prohibidas muchas actividades agropecuarias y mineras.

©Gobernación de Boyacá.
Precisamente, la incertidumbre que generaba este asunto llevó a que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, apoyara a varios líderes de diferentes sectores que finalmente interpusieron la tutela. En últimas, el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá solicita que el páramo se delimite en concertación con las comunidades que lo habitan, pues se consideró que el estudio técnico, económico, social y ambiental se quedaba corto en su componente social.
La sentencia dice textualmente en su punto resolutivo 5 que “el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación de las entidades descritas en el numeral anterior (Corpoboyacá y Corporinoquia), deberá respetar los siguientes parámetros mínimos: Compensar a las personas afectadas con la delimitación del Páramo de Pisba, atendiendo las medidas consideradas por la Corte Constitucional o las que resulten proporcionales a la afectación (…). Adelantar concertaciones inclusivas, con la intervención de la totalidad de entes territoriales cuyo territorio se encuentre dentro de la delimitación del páramo de Pisba, los representantes de los titulares mineros, los mineros tradicionales, los trabajadores mineros, los agricultores, los habitantes de las regiones ubicadas en las zonas objeto de delimitación…”.
Carlos Amaya dijo que “este tipo de procesos deben ser ejemplo tanto para las comunidades, como para el propio Estado. Boyacá sigue dando ejemplo y demostrando que la voz de cada uno de los boyacenses vale. El camino que debemos seguir es el de la concertación y no el de las imposiciones desde frías oficinas de Bogotá. Las decisiones que afectan a los territorios tienen que ser tomadas en diálogo abierto, franco y amplio con sus habitantes”.

El páramo de Pisba se encuentra en el departamento de Boyacá, que concentra 18,3 % de estos ecosistemas en Colombia. Foto: Corpoboyacá.
En diálogo con Mongabay Latam, Amaya expresó que el único departamento en Colombia donde se le alertó al gobierno de la problemática de los páramos fue Boyacá y que él, como gobernador, radicó una carta donde le pedía al entonces ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo que antes de emitir una resolución tenía que ir a Boyacá, concertar con las comunidades y hacer un plan muy serio sobre la reconversión productiva. Esto último era de especial importancia para el mandatario regional pues con la delimitación muchas actividades que actualmente se realizan en el páramo quedarían restringidas y/o prohibidas, por lo que las personas necesitaban una clara respuesta y acompañamiento que les permitiera seguir teniendo un sustento económico sin tener que abandonar sus territorios.
Según Amaya, “por lo general las decisiones que toma el gobierno nacional son inconsultas, fuera de contexto y lo que uno ve es que no se ha establecido ningún plan serio de reconversión productiva y financiación de la manera de vivir de los habitantes. Hemos dicho, en resumen: delimitación sí pero no así”.
El tema de la delimitación de los páramos se remonta al 2011, cuando después de uno de los Fenómenos de La Niña más fuertes que ha vivido el país, que dejó miles de damnificados y pérdidas materiales por 11,2 billones de pesos (6052 millones de dólares), el gobierno nacional ordenó fortalecer y delimitar algunos ecosistemas estratégicos, como los páramos y humedales, para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos. Se solicitó entonces que los 36 complejos de humedales que estaban representados en una escala 1:100.000 se actualizaran a 1:25.000.

El páramo de Pisba alcanza una altura de 3800 metros sobre el nivel del mar. Foto: Darlin Bejarano.
Además, en el 2016 la Corte Constitucional dijo que en los páramos no se podía realizar ningún tipo de actividad extractiva o minera pues estos ecosistemas son “fábricas de agua”, importantes y vitales para la regulación del recurso hídrico y de los cuales se aprovisionan los acueductos municipales y veredales, así como los sectores productivos e industriales de Colombia. Esto generó un manto de temor entre las personas que durante siglos han realizado actividades en los páramos.
El Instituto Humboldt también ha expresado en ciertos momentos que “a pesar de que existe prohibición absoluta de desarrollar actividades mineras y agropecuarias en los páramos, la aplicación de esta prohibición no puede afectar de manera irrazonable o desproporcionada los derechos de particulares que desarrollan lícitamente esta actividad, y especialmente, de los pobladores que han vivido en estos territorios y cuyo bienestar y seguridad alimentaria dependen directamente de estos ecosistemas”.
Finalmente, el Humboldt desarrolló los términos de referencia para la delimitación, los cuales se denominaron estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales (ETESA). En ellos confluyen todos los parámetros necesarios para la delimitación. Luego, fue el Ministerio de Ambiente el que les dijo a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que aplicaran la metodología ETESA y le entregaran esos insumos para hacer la delimitación.

Los páramos son grandes captadores de agua. ©Gobernación de Boyacá.
“En el 2017 desarrollamos esos estudios y dentro de ellos se tuvieron en cuenta las comunidades. Hay dos componentes, un entorno regional y uno local. El local es el área ‘in situ’, de influencia directa del complejo de páramo. En el área de Corporinoquia lo que identificamos fue que la zona se encuentra muy bien preservada y los pobladores que habitan allí son muy escasos. En nuestro caso, por ejemplo, no identificamos actividades mineras, ni de agricultura ni ganadería extensiva. Por el contrario, en jurisdicción de Corpoboyaca sí hay mucha gente y se desarrollan todas estas actividades”, le dijo Fabián Rincón, líder del área de Biodiversidad de la subdirección de Planeación Ambiental de Corporinoquia, a Mongabay Latam.
Rincón también añadió que ahora les toca sentarse nuevamente con el Ministerio de Ambiente y revisar los nuevos términos para poder desarrollar el componente social con mayor profundidad y así cumplir con lo que dice la sentencia.
Corpoboyacá es quizás la Corporación Autónoma Regional que tuvo un trabajo más arduo a la hora de delimitar los complejos de páramos pues cuenta con 7 de los 36 complejos y Boyacá es el departamento con mayor porcentaje de estos ecosistemas (18.3 % del total nacional). Ricardo López, director de la corporación, dice que 5 páramos ya están delimitados y faltan dos, Cocuy y Pisba. “Cuando hicimos los estudios de este último nos encontramos con algo especial: es el más poblado del país y hay mucha actividad minera y agrícola allí”. Esta es la principal razón para que la tarea haya sido tan compleja y que el tema haya llegado hasta instancias judiciales.

El páramo es vital para la regulación del recurso hídrico ya que permite aprovisionar el agua para los acueductos veredales y municipales. ©Corpoboyacá.
Según López, tomó la decisión de buscar unos recursos adicionales para hacer un estudio profundo sobre el tema socioeconómico pues encontraron que en el páramo habitan 6234 personas y que, por ejemplo, una sola vereda en el municipio de Chita tiene 1200 habitantes y gran infraestructura vial. “Ese estudio se lo remití al ministro hace cerca de un año y le solicité detener la resolución hasta que no se hiciera un acercamiento con las comunidades”, dice. Esa solicitud iba en el mismo sentido de lo que pedían líderes comunitarios y alcaldes.
A pesar de esto, López considera que “toda el agua sucia” en la polémica sobre la delimitación de los páramos terminó recayendo sobre la corporación. “Nadie discute la política de protección de páramos, había que hacerlo y estábamos demorados. Pero es que se ha enviado el mensaje de que la delimitación llevaba consigo la expulsión de los campesinos del páramo. Eso no es cierto, no se ha dicho que no puede haber actividades allí”, afirma.
De acuerdo con el funcionario, lo que sí es cierto es que se tendrán que cambiar o modificar algunas actividades. De hecho, el 18 de mayo de este año el Ministerio de Ambiente emitió la resolución 0886 en la que se establecen los lineamientos para la formulación de los Planes de Manejo de los páramos y donde se convoca, además, al ministerio de Agricultura y todas sus instituciones adscritas para que junto con el Ministerio de Ambiente empiecen a formular planes de reconversión y sustitución de actividades; entre las que se encuentran algunas muy dañinas para el ecosistema de páramo, como por ejemplo la ganadería extensiva, que debe ser sustituida por otra que, en menor terreno, genere los mismos o más recursos económicos al campesino.

Colombia cuenta con el 50 % de los ecosistemas de páramo en el mundo. ©Corpoboyacá.
Ahora bien, la mayoría de páramos ya están delimitados pero aún no cuentan con un Plan de Manejo y el problema es que su elaboración requiere de un dinero considerable que el nuevo gobierno debe destinarle a las CAR. La pregunta que surge es: ¿cuándo se destinarán esos recursos?
En el caso de Corpoboyacá, Ricardo López asegura que elaborar estos planes para los páramos de su jurisdicción requerirá de aproximadamente 9000 millones de pesos (poco más de 3 millones de dólares). “Se necesita que el nuevo gobierno siga con esta política y dé los recursos para la formulación de los Planes de Manejo ya que estos son los que involucran programas y proyectos que van principalmente en dos vías: proteger el ecosistema y darles alternativas a los campesinos que han vivido toda su vida allí para que permanezcan allí”, dice.
Otro de los temas que ha generado mucha confusión es conocer ¿hasta dónde van los páramos? Los pobladores, y en general los colombianos, no entienden por qué si el Instituto Humboldt ya definió, científicamente, hasta dónde va cada complejo de páramo, ahora hay que hacer una nueva delimitación.
El punto es que los insumos entregados por el Instituto no son vinculantes y el Ministerio puede tomarlos en cuenta, pero definir una nueva línea ─más arriba o más abajo─ dependiendo de los informes ETESA elaborados por las CAR.

Los campesinos han convivido durante siglos con este ecosistema. ©Gobernación de Boyacá.
Por ejemplo, Fabián Rincón de Corporinoquia, asegura que dentro de su jurisdicción tienen cinco complejos de páramos y varios de ellos se salieron del límite que trazó el Humboldt en su momento, “por procesos altos de restauración y recuperación se encontró que el páramo iba más abajo, abarcando áreas de bosques altos andinos, subpáramo, entre otros”. Pero también cuenta que se subió la línea de páramo en otros casos porque los ETESA identificaron que el ecosistema no era funcional hasta ese límite que había fijado el Humboldt. En otras palabras, habían perdido su capacidad de producción o regulación.
Ricardo López, director de Corpoboyacá lo explica de la siguiente manera: “El Humboldt tiene un criterio. A través de sus investigaciones establece qué es y qué fue páramo, hay zonas que hoy son potreros pero resulta que fueron páramo y para el Instituto siguen siéndolo, pues el hecho de que el ecosistema esté alterado no le quita su condición de páramo”.
Lo cierto es que hasta el momento todavía falta delimitar los páramos de Cocuy y Pisba. En este último caso, el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá otorgó un plazo de un año para que el Ministerio de Ambiente haga pública la resolución de delimitación, la cual debe ser concertada con las poblaciones que viven y desarrollan actividades en el páramo.
“Lo más importante es adaptar las actividades de los campesinos para que ellos mismos ayuden a proteger los páramos, pero eso es lo que el Gobierno nunca ha tenido claro. Siempre dicen: ‘delimitamos’, pero lo hacen desconociendo la problemática social que dejan en los territorios. Creo que va a haber una discusión muy interesante sobre el tema en todo el país”, aseguró Carlos Amaya, gobernador del departamento de Boyacá. La tarea parece no ser fácil.
ALIANZA INFORMATIVA
MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE
A partir de 50 plantas silvestres de los ecosistemas paramunos de La Rusia, El Valle y Ocetá, ubicados en el departamento de Boyacá, fue creado el primer Banco de semillas nativas del país.
Para lograrlo, durante ocho meses, científicos del Jardín Botánico de Kew, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC) y el Instituto Humboldt, unidos a voluntarios de distintas entidades nacionales, se formaron en procedimientos de conservación de semillas, desde recolección y procesamiento hasta el almacenamiento a largo plazo, con énfasis en técnicas para maximizar la variabilidad genética y asegurar su conservación.
El Banco de semillas estará en Boyacá porque este departamento tiene el 19 % del área total de los ecosistemas de alta montaña del país, razón por la cual será la zona geográfica piloto para la recolección, conservación y evaluación de las semillas de flora silvestre.
En la colección de semillas de plantas nativas fueron incluidas varias especies del género Espeletia, más conocidos como frailejones, vegetación característica del paisaje paramuno.

La iniciativa hace parte de los proyectos Colombia Bio de Colciencias y fue ideada por el Real Jardín Botánico de Kew. Foto: I. Humboldt
En Colombia no existía un banco de semillas nacional o regional para que las plantas silvestres se conservaran por fuera de su hábitat, por esto es que el banco de semillas permite preservar la diversidad genética de las especies prioritarias amenazadas, endémicas y útiles.
Con esta colección de semillas, dice el Instituto Humboldt, “se espera apoyar futuros proyectos de restauración ecológica, conservación de plantas y de reintroducción y recuperación de poblaciones de especies amenazadas”.
También informó que este ejercicio será como la cuota inicial de un gran banco nacional de semillas de plantas silvestres que fortalecerá la capacidad de Colombia para recolectar, evaluar y explotar, de forma legítima, sus recursos fitogenéticos y gestionar de manera sostenible su diversidad biológica.
Si bien las iniciativas globales más destacadas solo estaban enfocadas en la conservación de semillas de plantas cultivadas, ahora se cuenta con estos reservorios de especies silvestres donde el más importante es el Banco de Semillas del Milenio, del Real Jardín Botánico de Kew, del cual, ahora forma parte la iniciativa puesta en marcha en Boyacá.
Esta colección forma parte del muestrario nacional, custodiado por el Instituto Humboldt en Villa de Leyva, e internacional que espera reunir semillas del 25 % de las plantas del mundo para el 2020, proyecto liderado por el Jardín Botánico de Kew.
Los páramos son estratégicos por tratarse de hábitats andinos de gran altitud que aportan a la regulación hídrica y hospedan flora variada y especializada. Sin embargo, estos enfrentan al cambio climático, la agricultura, la minería y otras actividades humanas.