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En busca del águila harpía

RPV Publicado el 11 septiembre, 2023

Tres investigadores colombianos, asentados en Florencia Caquetá y Bogotá, desarrollan desde hace dos años un proyecto de investigación para conocer el estado real del águila harpía (Harpia harpyja).

Viajan a lugares recónditos para encontrar y monitorear los nidos. ¿Qué los motiva realizar este trabajo? Los altos índices de deforestación, los reportes constantes de ataques directos hacia estos individuos y los vacíos de información científica que presenta la especie tanto en la región amazónica como en todo su rango de distribución.

Acompañamos a una familia monitora y llegamos hasta el nido de un águila harpía en el norte de la Amazonia colombiana, para conocer este proyecto científico que integra a comunidades indígenas y campesinas que contribuyen a su estudio y protección.

Es en La Macarena, Meta donde está uno de los nodos de este trabajo que vincula a la reserva privada Santuario Mayor, un bosque de 13 años de restauración natural, de surge el reportaje: Macarena, un milagro que crece en la selva.

El Proyecto Soy Harpía Amazonia trabaja en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo y en sus dos años de labores cuenta con importantes resultados sobre caracterización de la especie, ataques de humanos, monitoreo de nidos, entre otros.

Viaja con nosotros a La Macarena, de allí a Cartagena del Chairá, en Caquetá y luego al resguardo Lagartococha en Puerto Leguízamo, Putumayo a conocer este trabajo de los jóvenes biólogos.

Comenzamos a preparar este especial en marzo pasado, con el apoyo de Earth Journalism Network.

Encuéntralo aquí y encuéntralo también en nuestra sección Impacto y En Cámara.

Macarena, polluelo de águila harpía. Foto: Adriano Ortíz

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Ambiente / Región

Caquetá: La minería ilegal crece en el río Puré y afecta a los pueblos aislados

RPV Publicado el 23 noviembre, 2022

Los yurí-passé están en riesgo de entrar en contacto con mineros ilegales y narcotraficantes, violando su derecho y autodeterminación a estar aislados del mundo occidental. Un estudio señala que las comunidades del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, presentan un índice mucho más alto del promedio de mercurio en sangre. Aunque el río Puré es área protegida, la minería se ha incrementado tras amenazas de disidencias y pese a los operativos militares.

Pilar Puentes / Mongabay Latam

En lo que va del 2022, en Colombia se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Pururé. Este cuerpo de agua atraviesa la frontera y con él todo tipo de actividad ilegal.La primera vez que el país puso los ojos sobre este territorio en la selva amazónica fue para escuchar quiénes habitaban esas tierras a través de la historia ‘Perdido en el Amazonas’ de Germán Castro Caycedo. Este libro narra la desaparición y los intentos de rescate de Julián Gil, un comerciante de pieles, que decidió adentrarse en la selva entre Caquetá y Putumayo.Desde esa publicación no se tenían datos fidedignos sobre la existencia de estos pueblos indígenas hasta que Roberto Franco García, antropólogo y ambientalista, emprendió una investigación en el río Puré en 2010. Ahora se sabe que existen más de 200 personas de la etnia yuri y passé, que han caminado la selva amazónica entre los ríos Caquetá, Putumayo y Puré.

No se tiene una cifra exacta de cuántos son porque no se ha realizado el Censo Nacional de Población respetando su derecho a permanecer en condición de aislamiento. Además que esa decisión nace para preservar su vida, sus costumbres y protegerse de la evangelización, la explotación y la presencia de grupos armados. De los aislados se sabe lo que pudo investigar Franco García antes de su muerte en un accidente aéreo en 2014, sobrevolando el Amazonas. Su conocimiento sobre estas comunidades quedó plasmado en su gran obra ‘Cariba Malo’, que demostró que hacia finales del siglo XIX, los pobladores indígenas migraron a la selva huyendo de los caucheros para alejarse definitivamente del mundo occidental.

Sin embargo, están en riesgo por el crecimiento, tras la pandemia, de las actividades de minería ilegal y los caminos que se están abriendo en el territorio para el narcotráfico, volviendo a quedar a merced de la violencia.Como lo explicó Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Investigación Dinámicas Sostenibles del Instituto Sinchi, “las comunidades no están en aislamiento voluntario por el hecho de estar aisladas, sino por las dinámicas de violencia contra estas comunidades”. Es decir, que se vieron obligados para poder preservar su vida y su cultura.

La protección está en vilo

“Por instrucciones del Presidente Duque y después de un Consejo de Seguridad, se determinó que había amenaza contra el Parque Nacional Natural (PNN) Puré por la explotación de minería ilegal en Colombia con dragas que viene subiendo desde Brasil por el río y amenazando con la contaminación de este afluente”, afirmó el entonces ministro de defensa Diego Molano, en marzo del 2022. El operativo formaba parte de la estrategia militar conocida como ‘Operación Artemisa’ que buscaba frenar la deforestación y las actividades ilícitas en el Amazonas.

Una segunda operación en octubre de 2022 dio como resultado la quema de siete dragas sobre el río Puré y el río Cotuhé, además de la destrucción de tres motobombas y siete motores. Como lo explicó el coronel coronel William Castaño, director de carabineros y protección ambiental de la Policía Nacional, “[lo que] logramos recolectar en el marco de esta operación es que estarían vertiendo alrededor de entre cinco y siete gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes”.

El Parque Nacional Natural Río Puré está dividió en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

Como se conoció desde el inicio de la‘Operación Artemisa’, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ambientalistas han criticado que los operativos militares no son la única y exclusiva forma de proteger la Amazonía de las economías ilegales. En palabras de un investigador, que trabaja en la zona y que por razones de seguridad prefiere no decir su nombre, afirma que “la Operación Artemisa no soluciona nada. Hace unos meses que sobrevolamos la zona vimos una (draga) quemada y al lado de esa ya habían dos nuevas recuperando el esquema. Entonces los operativos no son efectivos”.

La operación Artemisa no soluciona nada. hace 8nos meses que somrebolamos lazoma vimos una (draga) quemada y al lado de esta ya había dos nuevas, recuperando el esquema. Entonces los operativosm no son efectivos». Testimonio anónimo, por seguridad.

A ello se suma una de las advertencias propuesta por la Fundación Ideas para la Paz, en su informe Fuerzas Militares y la protección del ambiente, en la que se afirma que las operaciones desplegadas han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles. “Así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales”, se lee en la publicación.

Para una fuente que prefiere mantenerse en reserva, los problemas en el río Puré son un tema transnacional que por los retos y obstáculos debe ser tratado de tal manera que exista una articulación entre los distintos gobiernos de la región amazónica como de las organizaciones que están en territorio. “Empezar con exigir que se persigan a los dueños de la minería porque siempre que hacen estos operativos cae la señora que hace la comida o los trabajadores que, en muchos casos, también son indígenas, pero nunca se capturan a los responsables”, dijo el experto.

Se destinaron 999 000 hectáreas, ubicadas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá en la frontera con la República Federativa de Brasil, para la constitución del PNN Puré. Una de las principales razones de la creación del parque fue la protección de los Yuri-Passe, bajo la Resolución 0764 de 2002. La otra, era controlar la minería ilegal y contaminación de los cuerpos de agua.

El PNN Puré se divide en dos: 529 000 hectáreas que corresponde a las tierras para los pueblos indígenas en aislamiento y donde no se permite ninguna actividad, y que es denominada la zona intangible. La segunda con 470 000 hectáreas, es la zona primitiva en la cual se desarrollan actividades de investigación y monitoreo de biodiversidad. Por ejemplo, como se contó en una nota anterior de Mongabay, solo se conoce hasta el momento el 0,6 % de la fauna del Parque Nacional Río Puré. En 2019, unas 30 especies fueron captadas por cámaras trampa, en el sector de Puerto Franco, donde estaba la cabaña de guardaparques y que lleva el nombre del antropólogo Roberto Franco.

«Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas. Ahora es como un pueblo flotando»: testimonio anónimo, por seguridad.

Parques Nacionales Naturales de Colombia construyó la cabaña en 2016 en un lugar estratégico para controlar el acceso a las cuencas del río Bernardo-Hilo y del río Puré y evitar el contacto con los pueblos en aislamiento. Gracias al trabajo de PNN se contuvieron los caminos del narcotráfico a la zona intangible y la presencia de grupos armados, especialmente del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, en 2020 la maloca en la que vivía el guardaparques Luis Rivas, un sabedor tradicional del pueblo cubé, fue incinerada. Los actores armados amenazaron a los 15 guardaparques de la Amazonía y tuvieron que ser desplazados de los territorios. En marzo de 2022, tras el operativo en el río se judicializaron a dueños de varias balsas y quienes estarían invadiendo el área protegida, según información suministrada por la Fiscalía. Dos años y medio después de declarada la pandemia, ninguna autoridad de PNN ha podido regresar.

En lo que va del 2022, en Colombia se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Pururé. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

“Parece un pueblo flotando en el río Puré”

La cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción de minería, tanto del lado colombiano como el brasileño. Esta actividad ha causado grandes daños en los pueblos indígenas que habitan estas tierras, no solo por los peligros a los que están expuestos por ser comunidades en aislamiento sino por la contaminación de mercurio, la degradación del medio ambiente y la deforestación.

Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales tales como Amazon Conservation Team, Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia, la WWF y Frankfurt Zoological Society—, que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó tras la salida de los guardaparques en 2020 y la quema de la cabaña en 2021, eventos que coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río. “Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas. Ahora es como un pueblo flotando”, afirmó una de las fuentes que trabaja en el área.

Como lo mostró la Alianza entre enero de 2019 a septiembre de 2022 se han afectado 620 hectáreas de bosques de la ribera del río Pururé en Brasil, según imágenes satelitales. Uno de los mayores impactos que causa la minería es la alteración de cauces y la dinámica fluvial. Esto se produce por la extracción misma del oro en el río trayendo como efectos la pérdida del cauce, desbordes e inundaciones, pérdida de hábitats acuáticos e interrupciones de procesos ecológicos, dado que se manipula el cuerpo de agua con químicos y máquinas.

Una de las organizaciones pertenecientes a la Alianza ha monitoreado cómo han cambiado las riberas del río Puré. En las imágenes satelitales se ven grandes parches de tierra cerca del agua. Se podría pensar que son playones naturales pero nacieron cuando tumbaron los árboles y erosionaron la tierra. Las mangueras de las dragas absorben la tierra y la devuelven al río destruida en montículos. Los mineros con guadañas van tumbando y tumbando los árboles al borde del río para prevenir accidentes de sus embarcaciones.

Algunos trabajadores pisan tierra para continuar deforestando y hacer pequeños asentamientos en los que funcionan también varios prostíbulos. En un sobrevuelo en septiembre de este año, el experto que trabaja en la zona desde hace varios años y que por seguridad no puede dar su nombre, pudo ver en una de las zonas del río Puré algo más de una hectárea y media deforestada, donde se presume que dentro de poco será un asentamiento donde lleguen las balsas a abastecerse.

Según esta misma fuente, en lo que va del 2022 se han deforestado 200 hectáreas de ribera del río Puré en el lado brasileño. “El río Puré del lado de Brasil tiene 370 kilómetros, tenemos imágenes de 137 kilómetros donde en este momento hay, por lo menos, unas 130 dragas. En los 200 kilómetros no tenemos imágenes recientes pero calculamos aproximadamente algo menos de 200 dragas. Eso nos da a casi mil personas sobre el río”, explicó el experto. Eso se traduce en un peligro para el ecosistema del lado de Colombia, considerando que la minería que se hace dentro del PNN Puré, lo que implica que se está cometiendo un delito ambiental. A ello se suma el riesgo para los pueblos en aislamiento, en la medida que los mineros ilegales pueden entrar en contacto con ellos, lo cual vulnera su derecho a permanecer en aislamiento.

Según la jurisprudencia colombiana se crea el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. En este se establecen los cordones de protección sanitaria, con el fin de evitar y detener la propagación de enfermedades entre las comunidades que viven cerca y los aislados. Como lo explicó el Instituto Sinchi, “los yuri-passé no tienen el mismo sistema inmunológico que nosotros. Quienes se encontrarán con los aislados no son precisamente personas que tengan un interés con ellos, hacia las comunidades en sí, ni al mantenimiento del medio ambiente. Un hombre de la sociedad mayoritaria podría llevarles un bulto de virus y poner en riesgo a toda la comunidad hasta la muerte”.

“No va a poder crecer nada en el río”

Para el río Puré la presencia de minería se traduce en la generación de sedimentos, que ocurre en dos momentos: el primero cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. El segundo, cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte sobre el agua. Como lo explicó la Alianza, esto trae consigo varias consecuencias como lo es el incremento de la turbidez, lo que impide el paso del sol a las algas, plantas y microorganismos. Vuelve al río estéril y en el que no es posible que puedan sustentar formas de vida.

Cada año, desde 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, publica el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota’. Este año el informe arrojó que el río Caquetá y el río Puré presentan unas de las mayores explotaciones de oro en aluvión. (ver historia). Además, el Puré está en la lista de los ríos con mayor número de alertas de minería ilegal en la Amazonía colombiana.

“Densidad de alertas por presencia de EVOA en agua por segmentación del río”. Tomado de UNODC, 2022, pág. 71.

Sumado a la carga de sedimentos está el mercurio, utilizado para separar el oro, contaminando el ambiente y la salud de las personas. Como lo explicó uno de los investigadores de la Alianza, que omite su nombre por razones de seguridad, “los impactos ambientales descritos afectan de manera directa al derecho a la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas siendo especialmente lesivos para pueblos indígenas en situación de aislamiento, dada su absoluta dependencia de los recursos de la naturaleza para su supervivencia”.

Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía, la autoridad ambiental encargada de esa zona del país, y PNN, encontraron que las comunidades indígenas del río Caquetá —el río Puré es uno de sus afluentes— tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha determinado que el consumo de este metal puede ser tóxico y que provoca grandes trastornos neurológicos como también causa alteraciones en fetos y en los niños. Este panorama se complejiza por dos razones, como explica Sergio Vásquez, asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas de Gaia. La primera, para las comunidades indígenas no existe ni siquiera una palabra en su lengua que traduzca lo que está pasando por el consumo de alimentos contaminados. Lo segundo, no se tienen cifras e impactos claros sobre la población que está en aislamiento. Como lo enunciaron las distintas organizaciones de la Alianza, la contaminación puede ser mucho mayor dado que el río Puré a diferencia del Caquetá es mucho más angosto y tiene más balsas ilegales, lo que se traduce en una mayor concentración de mercurio.

“Están en constante riesgo”

El mercurio está afectando la vida de las comunidades indígenas en el Amazonas. Gaia ha determinado impactos a las comunidades por las actividades de mercurio y unas consecuencias especiales a las mujeres, a los ancianos y a los niños indígenas. El investigador divide los impactos en varias categorías, empezando con las consecuencias de la minería en los derechos culturales y organizativos. Sin embargo, los impactos negativos en sujetos que cumplen una doble protección constitucional —como ser mujer e indígena, por ejemplo— se incrementan. En voz de Sergio Vásquez desde Gaia, la contaminación por mercurio y los cambios en el ecosistema tienen un impacto diferencial en la mujer.

Otros de los impactos que genera la minería, como lo explicó una de las organizaciones de la Alianza es que los actores ilegales y sus dinámicas están arrinconando a los aislados y haciendo cada vez más pequeño el área intangible. Un segundo factor que está afectando la vida de los indígenas en el río Puré y en la zona protegida es la presencia del narcotráfico. Como también lo narró una fuente que trabaja en terreno, los caminos que se están abriendo para pasar mercancía ilegal en el PNN río Puré al lado de Brasil, están atravesando el territorio de los indígenas. Estos grupos armados pasan por el el río Caquetá y según investigaciones de InSight Crime provienen de las bandas de Brasil (Familia del Norte UN, Comando Rojo o Comando Vermelho – CV, Primer Comando Capital o Primeiro Comando da Capital – PCC) quienes controlan el comercio en su país y las rutas de tráfico hacia Europa. Esto trae consigo la violación al derecho de los yurí-passé a no ser contactados.

Por otro lado, las miles de personas que trabajan en las balsas y las dragas compiten por alimentos con los indígenas en la selva amazónica. Los mineros también cazan y pescan, lo que se traduce en menor recursos para los yuri-passe, además como lo explica uno de los investigadores en terreno, “ni siquiera sabemos si los mineros están consumiendo también pescado y agua contaminada de mercurio. Seguramente sí”.

Imágenes MAXAR que muestran las afectaciones sobre río Puré en Brasil debido al uso de dragas y otras herramientas usadas en la minería ilegal. Comparación entre A) Sensor WV2 fecha captura 25/07/2014 y B) Sensor WV2 fecha captura 10/08/2021. Comparación entre C) Sensor WV2 fecha captura 19/09/2002 y D) Sensor WV2 fecha captura 25/08/2022. Tras las amenazas a funcionarios de PNN y la quema de la cabaña en Puerto Franco, la minería ilegal aumentó el río Puré. Crédito de imágenes: MAXAR, y la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro. — .

A la fecha no existe un ejercicio de prevención y control minero ambiental eficiente por parte del Estado colombiano. La entidad encargada del área, Parques Nacionales Naturales, no puede tener una presencia constante en el territorio por las amenazas y hostigamientos a sus guardaparques. De hecho, en respuesta a un derecho de petición, reconoció las constantes amenazas de grupos armados ilegales en el PNN. Dos de las organizaciones de la Alianza concuerdan que esta actividad aumentó drásticamente en 2019 y que tras la quema de la cabaña de Puerto Franco, todo empeoró.

Las actividades ilícitas transitan el río Puré sin ningún control pasando al lado de Brasil. No existe una frontera que cambié las dinámicas del río. Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, las 112 toneladas de oro producidas en Brasil en 2021, al menos 7 % eran de origen ilegal y 25 % de origen potencialmente ilícito. Las comunidades continúan en riesgo de ser contactadas por los grupos armados o los mineros, además de las amenazas a la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad. No se sabe qué estarán pensando y analizando los pueblos Yuri-Passé sobre las consecuencias por la contaminación de mercurio cuando en su lengua no existen palabras para ese “veneno”.

Imagen superior: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

*Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

ALIANZA INFORMATIVA

MONGABAY LATAM – RED PRENSA VERDE

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Cambio Climático / Comunidad / En Cámara

Líderes sociales: desprotección y muerte en la Amazonia colombiana

RPV Publicado el 18 noviembre, 2022

Este reportaje ahonda en las causas y efectos de la violencia contra líderes sociales, ambientales, campesinos, comunales e indígenas de la región Amazónica, al sur de Colombia.

Además, dedica un importante espacio para comprender las posibles soluciones y retos necesarios para cambiar las realidades de quienes históricamente han sido víctimas del conflicto.

También visibiliza la problemática de los líderes desde un enfoque territorial, plantea el diálogo con las comunidades, sus liderazgos y fortalece el debate público sobre las garantías de protección a líderes y defensores de DD.HH., la implementación integral de los Acuerdos de Paz, la Reforma Rural Integral, la regulación de los mercados de coca y cocaína y la importancia de la asociatividad para el desarrollo rural y sostenible.

Su autora, María Camila Cano, es periodista independiente y comunicadora social en formación. Desde 2021 es directora de directora de Entérate Caquetá, medio de comunicación digital independiente. Con este trabajo ganó el Premio sobre Cambio Climático Ángela Restrepo Moreno en la categoría de ‘Medios comunitarios’ y el Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad, como Aporte a la Sociedad 2022.

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Conservación / Región

Programa para emisión de bonos REDD+ es propuesto a comunidades indígenas de Araracuara

RPV Publicado el 23 julio, 2021

La iniciativa busca complementar los saberes milenarios de comunidades aborígenes y otorgar beneficios por la conservación del bosque, asegura Usaid.

Hasta el resguardo de Monochoa, localizado en Solano, Caquetá, llegaron funcionarios del gobierno y aliados, para presentar la Iniciativa de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).

Este ejercicio se sustenta en que la Amazonía colombiana está bajo amenaza por cuenta de la deforestación y además de los controles y operativos, el gobierno avanza en otros frentes para frenar ese fenómeno y a la vez enfrentar el cambio climático.

El programa REDD+ convocó a indígenas Witoto y Muinane para que asistieran a talleres y escucharan durante cinco días a funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el proyecto Modelos Innovadores de Conservación del Programa Páramos y Bosques, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que, según indicaron, busca complementar los saberes milenarios en la conservación de la Amazonia.

“Las oportunidades y responsabilidades de estos proyectos se están dando a conocer a través de actividades de formación con distintas organizaciones, en las que se invita a las comunidades con territorios con grandes extensiones de bosque natural para que eviten la desforestación y la degradación forestal, a cambio de una compensación económica que reciben por la venta de créditos de carbono, que pueden comercializarse en los mercados de carbono doméstico o internacional”, explica Usaid.

El resguardo hace parte de la región del Araracuara con una extensión de 417.883 hectáreas y es un importante enclave en la cuenca del río Caquetá.

Este programa está siendo dirigido también a comunidades campesinas y afrodescendientes, y es un modelo de trabajo que realizan en seis subregiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre estas la cuenca del río Caguán y el piedemonte Caqueteño. Los PDET son instrumentos de gestión y planificación creados por el gobierno para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en áreas afectadas por el conflicto interno.

Waldemiro Hernández Ortiz, gobernador de la comunidad de Tirivita de Monochoa, asegura: “Nuestra comunidad siempre ha protegido el bosque, a quien consideramos nuestra madre porque nos brinda alimento, animales, frutas, madera para construir las malocas y leña para cocinar, también las plantas medicinales y oxígeno para vivir. A veces lo lastimamos mínimamente para cultivar nuestra comida en las chacras, pero después se regenera con las siembras que le hacemos”.

“Los talleres grupales les permitieron reencontrarse con el territorio de sus ancestros, e identificar situaciones que los afectaron, como fue el genocidio indígena cauchero (1900 – 1934); la pérdida de fauna por el comercio ilegal y algunas acciones propias, y la presencia, entre 1939 y 1971, de la Colonia Penal de Araracuara, que contribuyó a la reducción del hábitat de especies como la danta y el borugo. Así mismo, por cuenta de la tala y el uso indiscriminado, reconocieron la desaparición de especies forestales como el canelo de los Andaquíes (Ocotea quixos), especie aromática y medicinal, y el Cumare (Astrocaryum chambira), palma nativa de la Amazonía con usos en la producción de aceite, la industria cosmética, la gastronomía y las artesanías”.

César Rey del Programa Páramo y Bosques, en el encuentro con las comunidades Witoto y Muinabe.

Cuenta Usaid que, al finalizar el encuentro, la comunidad indígena reafirmó su intención de conservar esta importante región de la zona central de la Amazonia colombiana, que es reconocida por su amplia biodiversidad natural y cultural.

“Esta selva está como está porque los mayores nos han transmitido la forma de cómo conservarla, sin ánimo de lucro, esto nos nace del corazón. Queremos cuidarla para Colombia, para el campesino, para nosotros y para el mundo entero; que el mundo entero, los que no tienen selva, nos cuiden a nosotros, para nosotros continuar cuidándola”, dijo Heriberto Rodríguez, Gobernador de la comunidad Guaymaraya, Resguardo Indígena Monochoa.

El beneficios de una comunidad acoja un proyecto REDD+ como el que se pretende desarrollar en Araracuara, dice Usaid, “es que protege y conserva los bosques, promueve la gestión sostenible con actividades productivas, fortalece la gobernanza territorial, genera recursos para las comunidades por la venta de créditos de carbono, fortalece los planes de vida de las comunidades donde se desarrollan y contribuyen a las metas del país para la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)”.

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Impacto / Paz

PNN Chiribiquete perdió 2.200 hectáreas en menos de un año

RPV Publicado el 14 junio, 2019

Desde julio de 2018, cuando se amplió el Parque Nacional, reportan pérdidas de 1.650 hectáreas en su zona norte y 555 en el área occidental.

ANTONIO PAZ CARDONA / MONGABAY LATAM

La deforestación en la Amazonía norte de Colombia no deja de ser una preocupación. El último boletín de alertas tempranas de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dejó claro que el principal núcleo se encuentra en el occidente del departamento de Caquetá, en inmediaciones de los ríos Yarí, Caguán y Quemaní afectando, incluso, al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

La preocupación es tal que en abril de este año el Gobierno adelantó un operativo donde se recuperaron 120 hectáreas de esta área protegida y se capturaron a 10 personas —aunque posteriormente fueron dejadas en libertad—. Días después, el presidente Iván Duque anunció el lanzamiento de la Operación Artemisa para frenar lo que definió como “la hemorragia deforestadora de los últimos años”, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la cultura deforestadora. Artemisa se concentraría inicialmente en el Parque Chiribiquete y el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), donde se encuentran otros tres parques afectados por la deforestación: Picachos, Macarena y Tinigua.

A esta gran preocupación se suma el último reporte del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), una iniciativa de la organización Conservación Amazónica (ACCA), que acaba de publicar el análisis La deforestación continúa en la Amazonía Colombiana (2019). En este nuevo reporte se indica una pérdida de bosque en la región amazónica colombiana de 56 300 hectáreas en los primeros cinco meses de este año y, además, se revela una pérdida de 2200 hectáreas al interior del Chiribiquete desde su ampliación en julio de 2018.

Poco a poco van entrando al Chiribiquete

Una de las cifras más alarmantes del reporte es que el parque Chiribiquete ha perdido más de 2000 hectáreas en menos de un año, desde que el expresidente Juan Manuel Santos anunciara su ampliación en 1,4 millones de hectáreas. Para hacer este cálculo MAAP utilizó las alertas tempranas GLAD, basadas en imágenes Landsat de 30 m de resolución, que son producidas por la Universidad de Maryland y presentadas por Global Forest Watch.

El reporte muestra que los puntos calientes de deforestación están concentrados en el noroeste de la Amazonía colombiana, alrededor de los Parques Nacionales Chiribiquete, Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak. Las principales causas de esta pérdida de bosque son “la conversión a pastos para el acaparamiento de tierras y la ganadería”, según indica el informe.

Puntos calientes de deforestación en la Amazonía colombiana, 2019. Datos: UMD/GLAD, RUNAP, RAISG.

La situación es más preocupante para el país cuando se comparan los datos de deforestación de Colombia con los de otros países que también comparten el bioma amazónico. “La mayor concentración de pérdida de bosque del 2018 de toda la región amazónica occidental se encuentra ubicada en el noroeste de la Amazonía colombiana”, le dice Matt Finer, director de MAAP, a Mongabay Latam. Su afirmación se sustenta en otro reporte previo donde muestran el panorama de deforestación de la Amazonía occidental desde una perspectiva regional.

Los análisis del nuevo reporte para Colombia se concentran en dos puntos críticos. El primero se ubica en los llanos del Yarí, en el Chiribiquete occidental. Imágenes satelitales que comparan la zona en febrero de 2018 con mayo de 2019 muestran cómo han aumentado los parches de selva talada. Solo en esta zona se estima una pérdida de bosque de 555 hectáreas, entre julio del año pasado y mayo de este año.

Zoom A. Chiribiquete Occidental (Llanos de Yarí). Datos: Planet.

El IDEAM en su reporte 17 de alertas de deforestación asegura que “en esta zona, el proceso de colonización es acelerado, ocasionando una demanda creciente de recursos y nuevas tierras que es incentivada por la reconfiguración de grupos armados organizados y por la ausencia de control estatal a escala local”.

El instituto de investigación ambiental asegura que los pastizales constituyen la principal cobertura a la cual se transforma el bosque, destinados a la actividad ganadera o a la usurpación de tierras, y añade que “esta transformación se ve potenciada a través de la red vial terciaria de la zona, que permite el acceso a nuevas áreas de bosque y a las quemas como método de remoción rápida de la cobertura. El núcleo cuenta también con cultivos de uso ilícito”.

La segunda zona sobre la que MAAP hace énfasis es la parte norte del parque Chiribiquete, en el área de su más reciente ampliación. Esta vez la comparación satelital muestra dos imágenes, una de febrero de 2018 y otra de abril de 2019, las cuales se acompañan por fotografías de sobrevuelos realizadas por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En este punto crítico se habrían perdido 1650 hectáreas desde que el Parque se amplió en julio del año pasado.

Cuadro A1. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro A1 del Zoom A. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro A2. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Cuadro A2 del Zoom A. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Al igual que en la región de los Llanos del Yarí, la principal estrategia aquí, según el IDEAM, es crear pastizales con fines de usurpación de tierras o para actividades ganaderas.

Como ha sido reconocido por diferentes autoridades colombianas y por el mismo presidente Iván Duque, esta transformación generalmente es financiada por actores externos, cuya principal motivación es la expectativa de valorización de tierras para generar ganancias futuras. Además, los actores armados presentes en la zona promueven el desarrollo de actividades agrícolas de uso ilícito, así como la expansión de infraestructura vial informal que afecta a los bosques al facilitar el acceso para su intervención.

Una deforestación que no parece detenerse

La tecnología satelital ha permitido a diversas instituciones conocer con precisión las zonas de la Amazonía más afectadas por la deforestación. “Muchos hablan en términos generales de la grave situación en Chiribiquete, pero gracias a los satélites ya sabemos con más exactitud lo que está pasando y dónde. Las fotos de sobrevuelo de la FCDS también nos dan hoy un contexto importante”, afirma Matt Finer, director de MAAP.

Zoom B. Zona Norte del Parque Nacional Chiribiquete. Datos: Planet.

Cuadro B1. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Finer comenta que el avance acelerado de la deforestación no solo se da en este Parque —el más grande de la zona continental colombiana—, sino que pronto publicarán un nuevo reporte sobre las presiones que enfrentan los Parques Nacionales Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak.

La salida de la guerrilla de las Farc de estas áreas, que antes eran sus resguardos de guerra, significó un vacío de poder que poco a poco fueron llenando otros grupos ilegales que se han aprovechado de la acción tardía del Estado. El aumento de la deforestación en Colombia es una tendencia evidente desde 2016, cuando la pérdida de bosque fue de 178 597 hectáreas, pasando a 219 973 hectáreas en 2017. Las proyecciones del IDEAM podrían ubicar la de 2018 entre 280 000 y 300 000 hectáreas y solo la región amazónica concentra más del 60 % de la deforestación.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, destaca el aumento de cultivos de coca en Parques como Macarena y Tinigua, y cómo esto también es visible en Chiribiquete y Nukak. Por ejemplo, la tendencia histórica que tenía Tinigua, de más ganadería que coca, parece estar invirtiéndose.

Al director de la FCDS le preocupa, al igual que a MAAP, lo que sucede en Chiribiquete. “Hay un proceso bien importante de deforestación a gran escala de la región entre Meta y Caquetá, y las cabeceras del río Yarí. Esto es tremendamente delicado porque además de estar entrando en Chiribiquete, se está entrando en territorio donde se tienen los registros de movilidad de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Coincide también con la presencia de grupos armados”.

Cuadro B2. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Varios de los núcleos más grandes de deforestación están concentrados en el noroeste de la Amazonía colombiana, alrededor de los Parques Nacionales Chiribiquete, Tinigua y Macarena, y la Reserva Nacional Nukak.

Cuadro B3. Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Botero llama la atención sobre el tamaño y la dimensión de la inversión deforestadora que se está haciendo, la cual, dice, “no es de pequeños campesinos, es de grandes inversiones con casas enormes y corrales enormes. Una dimensión muy poderosa”.

La bióloga colombiana Dolors Armenteras, experta en transformaciones del paisaje, también le dijo recientemente a Mongabay Latam que a toda esta problemática se suma que “dentro de Parques como Macarena, Picachos y Tinigua hay propiedad privada a la que nunca se le solucionó su titulación. La gente no puede vender y se genera un mercado negro, que no se sabe cómo opera, pero donde existe la expectativa de que eso algún día valdrá mucho”.

Armenteras cree que durante 2019 la deforestación seguirá aumentando porque la frontera de colonización en la Amazonía no tiene límites y los especuladores van a seguir así, trabajando sobre los valores de la tierra en el futuro y con proyectos agropecuarios de gran escala.



*Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

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Así se roban la tierra en Colombia I

MongabayLatam Publicado el 11 agosto, 2018

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POSCONFLICTO: GUERRA A MUERTE POR LA TIERRA I

La Superintendencia de Notariado tiene registro de acumulación de baldíos actualmente en siete departamentos: Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Casanare, Cesar y Vichada. Son 762 807 hectáreas acumuladas.

María Fernanda Lizcano / Mongabay Latam

Carmelo Márquez siempre tiene una razón para pelear. Todos los días lucha, incansable, por defender sus derechos y los de su territorio: los Montes de María, una subregión que comprende 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar, al norte de Colombia.

A Carmelo, la vida le ha enseñado a no rendirse. Y cómo no aprender esa lección después de haber sido desplazado forzadamente ocho veces por grupos de guerrilla y paramilitares, ser testigo mudo de la sangre que se derramó con las 56 masacres que ocurrieron en su territorio y ver cómo sus amigos de lucha fueron asesinados por buscar lo que consideraban justo.

Todos los días trabaja su pedazo de tierra: siembra ñame, yuca, maíz, tabaco negro, ajonjolí y algunas hortalizas. Las dos hectáreas en las que cultiva no son suyas, pero las cuida como si lo fueran. Ese terreno hace parte de una finca de 23 hectáreas, en la vereda Villacolombia, del municipio de Ovejas (Sucre), en las que no solo trabaja Carmelo, sino también otras seis familias. Les toca apretarse y compartir ese suelo fértil, pues no hay más. Esa es la razón por la que tanto pelea este hombre de 48 años: la tierra la tienen unos pocos, una situación que históricamente se ha presentado en Colombia y que incentivó, incluso, la creación de la guerrilla de las FARC, desmovilizada en noviembre de 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz.

Allá, en los municipios de Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto, son cientos los campesinos inconformes porque desde 2010 su territorio fue lleno, entre otras, por las plantaciones forestales de teca, un árbol que da una madera considerada preciosa. Se trata de un proyecto de reforestación de la empresa cementera Argos que busca contrarrestar los efectos ambientales que causa la minería a cielo abierto, pero que también tiene un objetivo económico, pues cuando el árbol llega a su madurez productiva (que puede ser a los 20 años) se exporta la madera y se obtienen ingresos adicionales para la compañía. Hace ocho años compraron 6600 hectáreas para la teca, pero solo sembraron 1000.

“Cuando Argos llegó con la teca nos quitaron el agua y las vías, que antes eran comunitarias. Hay unos jagüeyes (depósitos de agua) que construimos colectivamente para recolectar agua y tenerla en los tiempos largos de sequía, pero los privatizaron cuando ellos compraron la tierra. (…) Hoy nos han convertido en jornaleros y se cambió el modelo económico de esta región, que era la agricultura”, reclama Carmelo.

El problema, según él, empezó desde que Argos pisó esos suelos caribeños. La comunidad reclama que la compañía no investigara realmente los orígenes de las tierras que, de acuerdo con la empresa, compró de buena fe. Montes de María ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, prácticamente fue un territorio de disputa entre la extinta guerrilla de las FARC y los paramilitares. Esa subregión del caribe colombiano fue el escenario de las más cruentas masacres, como la que ocurrió en febrero del 2000 en el corregimiento El Salado del municipio de Carmen de Bolívar, cuando el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinó a más de 60 personas.

Foto: Cormacarena

Jairo Barreto, miembro de la Organización de Población Desplazada (OPDS) de Montes de María, cuenta que el conflicto armado y la presión de grupos económicos hizo que muchas tierras de esta región se les compraran a los campesinos por valores muy bajos. “Una parcela de dos hectáreas de tierra que normalmente valía seis millones de pesos (2100 dólares), la compraron a 500 000 (175 dólares) por hectárea o menos”, dice. Y Carmelo agrega que muchos campesinos salieron corriendo del territorio por temor a las intimidaciones, como le ocurrió a él, cuando en 2011 tuvo que huir de la vereda Borrachera, de Carmen de Bolívar, por las amenazas que recibió tras persuadir a otros campesinos de la zona para que no vendieran sus parcelas.

Fue en un contexto como este en el que Argos compró tierras en Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas. Sergio Osorio, vicepresidente Administrativo de la compañía, argumenta que cuando arribaron en 2010 a esos municipios el conflicto armado “había terminado”, un hecho que ─según dice─ se materializó desde 2007 con la muerte del entonces líder de las FARC, Martín Caballero.

“Cuando empezamos a buscar la tierra para el proyecto no compramos a pequeños campesinos, sino que encontramos a inversionistas que tenían terrenos muy grandes. (…) Y el precio que nosotros pagamos fue, en promedio, de tres millones de pesos (1050 dólares) por hectárea. Luego nos dimos cuenta que esos grandes propietarios habían comprado años atrás a campesinos por precios muy bajos, incluso a 100 000 pesos (35 dólares) la hectárea”, argumenta.

Desigualdad rural

Desde 2012, cuando se empezó a hacer efectiva la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), pobladores acudieron al Tribunal Superior de Cúcuta para pedir que les devolvieran sus predios. Hasta el momento la justicia ha emitido sentencias en las que afirma que, aunque Argos sí compró de buena fe, no está exento de culpa y debió tener en cuenta el contexto de violencia que vivieron esos municipios.

Según el primer fallo del Tribunal, de febrero de 2016, si Argos hubiera investigado el origen de los terrenos se habría dado cuenta de que en la Gobernación de Bolívar estaban radicadas algunas denuncias por una compra masiva de tierras en la zona baja de Carmen de Bolívar. Y agrega: “Contrario a ello, el comportamiento negocial de la sociedad adquirente, se dirigió a expandir sus negocios en zonas que fueron azotadas por la violencia y a costa de la situación de desplazamiento y abandono sufrido por los propietarios de los fundos adquiridos”.

Hasta el momento, de 11 sentencias en las que campesinos exigen la restitución, 10 han salido a su favor. “De las 6600 hectáreas que tenemos en Carmen de Bolívar, Ovejas y San Jacinto, han sido reclamadas 1800. Se han entregado cerca de 400 hectáreas, las demás están en el proceso”, explica Osorio.

El caso de la gigante cementera Argos es solo una muestra de los problemas de la tierra en Colombia y de cómo el conflicto ha influido en la acumulación de territorio. “Cuando un actor armado interviene, ocurre un desplazamiento y luego vienen otros y compran. ¿Por qué? Las personas no quieren regresar debido a motivos de seguridad, y en consecuencia se facilita el proceso. Esta es una forma que se ha utilizado para acaparar tierras en el país”, expresa Irina Junieles, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.

Junieles explica que el acaparamiento es “la acumulación de tierras por diversas formas jurídicas, algunas de ellas para destinarlas a una actividad productiva de gran industria. Está asociado en algunos casos a industrias extractivas y me refiero no solo a las que tienen que ver con minería, sino con vocación agrícola”.

Lo que dice lo respaldan las cifras que reveló Oxfam tras analizar el último Censo Nacional Agropecuario del DANE, en el que se recalca que el 1 % de las fincas más grandes del país tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. Una concentración que es evidente y que hace a Colombia el país con peor distribución de la tierra en Latinoamérica. Ese informe mostró además que, de los 111,5 millones de hectáreas censadas, 34,4 millones están dedicadas a la ganadería, solo un 8,6 a la agricultura y 63,2 millones son territorios de bosques. Estas cifras preocupan, sobre todo porque los predios utilizados para ganadería han aumentado considerablemente. Es como si casi toda Alemania, o dos veces Uruguay, estuviera ocupada por ganado.

“Los nuevos datos confirman una preocupante y acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones, las cuales han ido acaparando una fracción cada vez mayor del territorio a costa del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas”, dice el estudio. Y es que mientras en 1970 las fincas más grandes de Colombia ocupaban cinco millones de hectáreas, en 2014 pasaron a ocupar 47 millones.

La ganadería extensiva es, sin duda, una de las responsables de la deforestación en el país. Pero no solo esto. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), también es el sector que más emite Gases de Efecto Invernadero y es una de las principales causantes de la degradación del suelo y de los recursos hídricos.

Irina Junieles cree que los actores armados y las relaciones comerciales que han hecho con actores económicos poderosos han jugado un papel trascendental en el acaparamiento de tierras. “A veces ocurre que la persona no vende el predio, pero lo arrienda durante 40 años. No hay ilegalidades porque puedes arrendar tu predio, pero en la práctica, lo que implica, es que hay un actor económico que hace el desarrollo que quiera implementar, llámese ganadería extensiva o monocultivos”, añade.

Y ese último punto también se ha convertido en un dolor de cabeza. De las más de 8,5 millones de hectáreas de uso agrícola sembradas en el país, según Oxfam, más del 35 % se dedican para la producción de cultivos agroindustriales como café, palma africana y caña de azúcar. Docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle han expuesto, en distintos encuentros en los que han debatido los efectos ambientales de los monocultivos, que estos afectan notoriamente los ecosistemas y no permiten que el suelo recupere los nutrientes. Además, han resaltado que los riesgos no son solo medioambientales, sino también socioeconómicos, “pues ha llegado a ser una excusa para la expropiación de campesinos, con el fin de obtener territorio cultivable”.

“O vende o le compro a la viuda”

En Colombia miles de campesinos abandonaron sus predios para proteger sus vidas o simplemente para salir de un contexto de terror y muerte; pero también son muchos los que fueron despojados de sus tierras de manera arbitraria: se las quitaron, entre otras, haciendo uso de artimañas jurídicas.

“Los registradores y notarios de Carmen de Bolívar y San Jacinto tenían toda la información de las personas que poseían parcelas sin legalizar. Ellos les decían a las empresas y les hacían los trámites para adjudicárselas. (…) La intimidación era una de las estrategias más frecuentes. Mandaban un grupo armado y amenazaban a los campesinos diciendo: ‘o vende o le compro a la viuda’. Y es así como muchos se hicieron a la tierra y la han acumulado”, cuenta Jairo Barreto sobre la situación en los Montes de María.

Lo que narra Jairo no es un secreto. Rocío Peña, coordinadora del Observatorio de Tierras, un programa de investigación del que hacen parte varias de las universidades más importantes de Colombia, confirma que para despojar jurídicamente a las personas de sus tierras se ha contado con la complicidad de notarios, jueces y registradores. “Eso es algo comprobado. Al Estado no le ha interesado la distribución de la tierra, sus planes no van encaminados a la soberanía alimentaria, ni a la mejora de los campesinos”, manifiesta.

Mandaban a un grupo armado y amenazaban a los campesinos diciendo: ‘o vende o le compro a la viuda’. Y es así como muchos se hicieron a la tierra y la han acumulado”, Jairo Barreto, Organización de Población Desplazada (OPDS) de Montes de María.

Y es que la Superintendencia de Notariado y Registro asegura que se han identificado más de 65 formas de despojo jurídico en el país, entre las que están: las ventas forzadas, las ventas a bajo precio (aprovechando la situación de vulnerabilidad), la suplantación, la falsedad en documento público, las ventas sin la debida autorización de los Comités de Atención Integral a la Población Desplazada y la titulación indebida de predios. “El despojo se dio en 18 millones de hectáreas”, le dijo el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa, a Mongabay Latam.

Este pasado fue el que, según varias sentencias judiciales, habría pasado por alto Argos. Pero no solo ellos, según el análisis de Oxfam, el 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes del país dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Por eso, tras la problemática en Ovejas, Carmen de Bolívar y San Jacinto, la compañía tomó la decisión de donar las tierras a la Fundación Crecer en Paz, creada por ellos mismos, para que administrara los terrenos. “Es una fundación que la creó el Grupo Argos, pero no es de Argos. Es de la sociedad civil. Todos los beneficios son para los campesinos de la región. La idea es incentivar el desarrollo, y por eso también donamos 18 000 millones de pesos”, asegura Sergio Osorio, directivo de la empresa, quien también es miembro de la junta directiva de la Fundación.

A pesar de esto, Carmelo Márquez asegura que la creación de la Fundación Crecer en Paz no cambia nada. “Es el mismo modelo, ellos son la junta directiva y van a tener al campesino como comodato en la tierra. No le van a dar escrituras y si no se somete a las directrices que pongan, como sembrar teca o cacao, pues va para afuera. Eso no es viable. Seguimos sin acceso a la tierra propia. Hay quienes van a acceder por necesidad, pero la mayoría no estamos de acuerdo”, enfatiza.

Esta ya es una imagen típica de pérdida de bosque en la Amazonía y en algunos lugares del Pacífico colombiano. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)

Carmelo, al igual que Jairo Barreto, cuestiona el desarrollo que Argos llevó a la re

gión. “Nosotro

s no tenemos acueducto para nuestro municipio. Y el agua de Ovejas la mandan es para Carmen de Bolívar. A veces tenemos que romper la tubería para poder tener agua. Si no lo hacemos, no podemos vivir”, añade. Esta situación la ha alertado la Corporación Desarrollo Solidario, que desde 1992 apoya y asesora a comunidades, organizaciones y redes campesinas en la región de Montes de María. En 2015 ─cuando una fuerte sequía azotó la región─ la Corporación dijo que 17 comunidades campesinas se encontraban en riesgo de desplazamiento por falta del líquido vital. A este contexto hostil, se le suma la falta de vías.

Un Estado que no conoce sus tierras

La lucha por la tierra en Colombia es y seguirá siendo inminente. Aunque sin duda el conflicto armado fue un aliado perfecto para que algunos poderosos lograran adueñarse del territorio, también lo ha sido el Estado y los vacíos de las leyes. Alejandro Reyes, investigador experto y quien fue uno de los asesores en el tema de tierras del Acuerdo de Paz con las FARC, dice que los jueces civiles han sido quienes históricamente, de manera “abusiva” e “ilegal”, han adjudicado los terrenos de la Nación, conocidos como baldíos.

“La prescripción, que es adquirir mediante un juicio de pertenencia un predio, solo se puede hacer sobre tierras privadas que hayan sido abandonadas por sus dueños. Como el territorio colombiano se ha ido ocupando progresivamente sobre los baldíos, los derechos de propiedad han surgido de manera irregular. Se ha producido un mercado ilegal de tierras que llamamos ‘la compra de mejoras’ y se ha producido una titulación informal e ilegal mediante esos juicios de pertenencia en los juzgados civiles”, explica Reyes.

El experto anota que la costumbre de los comerciantes ha sido comprar los derechos informales de ocupación a los campesinos por precios muy baratos. Con el manojo de billetes que reciben, los colonos se van a conquistar más adentro del territorio. Y es así como expanden esa frontera y se disminuyen los terrenos de la nación.

¿Cómo se “legalizan” esos predios?

Está claro que la mayoría de colonos no tienen la tierra formalizada, pero aun así, la venden informalmente con una “carta-venta”. Ese documento no tiene un valor legal, pero le sirve al comerciante para cuando quiera legalizar la tierra. Reyes explica cómo lo hacen:

Con la ‘carta-venta’ el comerciante acude ante un juez y solicita un juicio de pertenencia. En ese proceso le exigirán un par de testigos y si demuestra que tenía posesión de la tierra desde hace más de cinco años, se convierte en el dueño.
Surtido ese proceso, lleva el fallo del juzgado a una notaría para hacer la escritura.
Por último, entrega la escritura en una oficina de registro y queda legalizada como propiedad.
“Así es como los baldíos dejan de ser baldíos y la Nación los va perdiendo”, manifiesta Reyes y agrega que uno de los problemas de la tierra en Colombia es que el 60 % de los campesinos no tiene títulos.

Mongabay Latam conoció un documento de la Superintendencia de Notariado donde se especifica la cantidad de hectáreas, por departamento, que habrían sido adquiridas mediante estos juicios de pertenencia. En total, son más de 672 000 hectáreas que ya fueron “legalizadas” gracias a jueces, pero que presuntamente son baldíos que le pertenecen a la nación.

El superintendente de Notariado, Jairo Alonso Mesa, asegura que uno de los graves problemas de la Ley de Reforma Agraria (160 de 1994) es que, aunque se refiere puntualmente a la acumulación de baldíos, no brinda un mecanismo rápido y expedito para atacarla.

“Solo da como opción la nulidad por parte de los jueces. Y cuando se llega a pedir este procedimiento, lo primero que le dicen a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es que ya el predio pasó —por ejemplo— por cinco manos, así que no hay mucho que reclamar. Y si el campesino que la vendió no está reclamando, pues menos se van a preocupar. La ANT ha interpuesto demandas, pero ninguna ha prosperado”, dijo Mesa.

Justamente, al nuevo Congreso de la República le quedará la tarea de tramitar el proyecto de ley que modificará la Ley 160 de 1994 y que, para muchos, legalizaría a quienes acumularon tierras baldías años atrás, especialmente los que adueñaron de más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la medida de la tierra con la que el Estado cree que los campesinos pueden vivir dignamente y su tamaño depende de cada región, ─así como en el departamento de Cundinamarca puede tener un tamaño de solo 10 hectáreas, en la Altillanura puede superar las 2000 hectáreas─.

“Uno esperaría que se declare la ilegalidad de esas posesiones y el Estado recupere esos predios de grandes actores económicos que han acumulado tierra. Y también se espera que, en relación con campesinos que no han ocupado más de una UAF, se les pueda titular en el marco del compromiso que asumió el Estado en el Acuerdo de Paz”, manifiesta Irina Junieles de Dejusticia, quien también recalca que tal vez la meta más ambiciosa del Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC es adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos y legalizar siete millones más.

En la Amazonia están tumbando los territorios baldíos, para luego buscar que se les formalice la tierra. Esto ya tiene que parar: Jairo Alonso Mesa, superintendente de Notariado y Registro.

La tarea no será fácil. El superintendente Mesa reconoce que recuperar un baldío es un trabajo duro que requiere, entre otras cosas, mucha voluntad política. La Superintendencia de Notariado tiene, hasta el momento, un registro de siete departamentos donde actualmente habría una evidente acumulación de los baldíos. Mongabay Latam conoció que se trata de 762 807 hectáreas acumuladas en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Casanare, Cesar y Vichada.

“Es necesario resaltar que, de acuerdo con la Ley 160, nadie puede tener más de una UAF proveniente de baldíos, pues eso es considerado acumulación. Y es ilegal”, aclara el funcionario.

Mesa considera que, mientras el país no tenga un ordenamiento social de la propiedad y no se sepa a ciencia cierta para qué está diseñada cada región y cuál es el tamaño de cada Unidad Agrícola Familiar, no se va a resolver el problema de la acumulación. Por su lado, el investigador Alejandro Reyes cree que es indispensable que Colombia tenga un catastro multipropósito, que sería un sistema de información con los datos actualizados de la tierra.

La pelea por la tierra está ocasionando situaciones complejas para la sociedad y para el medioambiente. Un ejemplo de esto es la Amazonía, donde la frontera agrícola se expande cada vez más, mientras los territorios ocupados por bosques se reducen de manera acelerada. A esa región, a la que no llegó el Estado a hacer presencia tras la firma del Acuerdo de Paz, están llegando colonizadores con el objetivo de apropiarse de la tierra. Esta región está siendo invadida por grupos al margen de ley que han encontrado en este territorio un lugar perfecto para instaurar mercados ilícitos.

“En la Amazonía están tumbando los territorios baldíos, para luego buscar que se les formalice la tierra. Esto ya tiene que parar. Se deben empezar a delimitar muy bien las zonas de protección, para que aquellas personas que tumben el monte con el objetivo de legalizarlo, no lo logren. A esas tierras se les debería abrir folio de matrícula, como se hace con los Parques Naturales. El problema es que esto requiere de mucha autoridad”, enfatiza el superintendente.

Por ahora, Carmelo Márquez tiene claro que no volverá a huir. Se encuentra liderando una demanda que exige un proceso de reparación colectiva a seis comunidades de Ovejas y Carmen de Bolívar (Villacolombia, Medellín, El Palmar, Coquera, San Francisco y Borrachera). Sueña con que todos los campesinos en los Montes de María puedan vivir dignamente. Sueña con que todos se empoderen y decidan no huir más. Quiere seguir dedicado a la agricultura, sembrando yuca, ñame y maíz; pero en su tierra, en una tierra que realmente le pertenezca.

Foto superior: Corporación Desarrollo Solidario CDS

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https://redprensaverde.org/mafias-criminales-se-aduenan-de-los-bosques-en-colombia/

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Mafias criminales se adueñan de los bosques en Colombia II

MongabayLatam Publicado el 11 agosto, 2018

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POSCONFLICTO: GUERRA A MUERTE POR LA TIERRA II

En un año la Amazonía colombiana perdió 160 000 hectáreas de bosque. De estas, 90 000 fueron en el corredor ambiental que conecta los Parques Nacionales Naturales de La Macarena y Serranía del Chiribiquete.

María Fernanda Lizcano / Mongabay Latam

Todo se une en la Amazonía. La región que está al sur de Colombia y que hasta hace menos de dos años era el fortín de la guerrilla de las FARC, ahora parece ser el albergue de una estructura criminal que une a las disidencias del extinto grupo armado, a las bandas criminales y a actores políticos y económicos que buscan adueñarse de esas tierras.

Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el grupo guerrillero salió de los territorios que gobernó con armas durante medio siglo. El objetivo era que el Estado hiciera presencia en esos lugares históricamente afectados por el conflicto armado. Pero eso no pasó. En esta región está ocurriendo de manera acelerada todo lo que muchos temían: deforestación, acaparamiento de tierras, extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

“Hay grupos que están trayendo gente al territorio y les están otorgando la tierra ilegalmente. Entonces los mandan a comprar vacas, les dicen: ‘tumben aquí’, ‘métalas acá’, ‘meta un poquito de coca’. (…) Hay ganaderos que están comprando hasta donde les alcanza el dinero y lo hacen porque el Estado tiene nula gobernabilidad sobre los baldíos (los predios de la Nación). Veredas enteras de algunos municipios han desaparecido porque han sido compradas por una sola persona”, cuenta a Mongabay Latam un habitante de la región que ha sido testigo de lo que está ocurriendo y que prefiere no decir su nombre por miedo a represalias en su contra.

Su afirmación la confirma el general César Parra, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, que abarca parte de la Amazonía colombiana. El oficial asegura que, desde que el gobierno anunció que se legalizarían siete millones de hectáreas y se redistribuirían tres más tras el Acuerdo de Paz, muchas personas buscan quedarse con un “pedazo de la tajada”. Tiene claro que, pese a que el Ejército puede llegar a cualquier rincón del país, es necesario que el Estado haga presencia en estos territorios.

“Hay una falta de alternativas para las comunidades, por eso es tan difícil que encuentren otras formas de vivir y que no deforesten, o que no trabajen en minería o en cultivos ilícitos. (…) Se necesita una institucionalidad. El Estado debe intentar disminuir los índices de pobreza multidimensional. La gente desea vivir de otras cosas, pero no hay comunicación, no hay cobertura, no hay vías, eso dificulta todo. El Ejército no puede solo”, enfatiza.

Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)

De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, el año pasado la Amazonía concentró el 65,5 % de las áreas deforestadas del país. Y este 2018 la cosa parece no mejorar. Solamente el Parque Nacional Natural Tinigua, una de las zonas que debería estar protegida por el Estado, perdió más de 5600 hectáreas de bosque en los primeros tres meses de este año. Una cifra que muestra la realidad de toda la región y que es confirmada también por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que asegura, además, que entre enero de 2017 y febrero de 2018 se perdieron en total 160 000 hectáreas en la Amazonía colombiana. De estas, 90 000 hectáreas fueron en el corredor que conecta los Parques Nacionales Naturales de La Macarena y Serranía del Chiribiquete, conocido como el cinturón verde que une a la Amazonía y a la Orinoquía.

Pero el resto del país no se queda atrás. Según el Ideam, el año pasado se deforestaron 219 973 hectáreas, un 23 % más que en 2016. En esos dos años, el total superó las 398 570 hectáreas, lo que equivale a más de dos veces el departamento del Quindío ─uno de los territorios que conforman el popular eje cafetero de Colombia─.

De acuerdo con el capitán Édgar Obando, jefe de control ambiental rural de la Policía de Carabineros, son seis los motores de la deforestación: el acaparamiento de tierras (45 %), los cultivos ilícitos (22 %), la infraestructura y las vías (10 %), los incendios forestales (8 %), la ganadería extensiva (8 %) y la explotación ilícita de yacimientos petroleros y mineros (7 %).

En esto, el conflicto ha jugado un papel trascendental. Actualmente los grupos al margen de la ley, que se quedaron con las zonas que dejó las FARC, se pelean a muerte los territorios y, poco a poco, se han ido fortaleciendo. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) registra que, mientras en 2016 se hablaba de un solo grupo disidente de la extinta guerrilla y que operaba principalmente en Guaviare, en marzo de este año ya se hacía referencia a 20 estructuras (conformadas por unos 1200 o 1500 integrantes) con algún tipo de presencia en más o menos 13 departamentos, donde preocupan sobre todo Guaviare, Nariño, Cauca, Caquetá y Meta.

Nada es casualidad. Los territorios en los que se fortalecieron estos grupos residuales son los mismos que están en alerta por la deforestación y donde los cultivos ilícitos han aumentado considerablemente. De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Colombia sufrieron un fuerte incremento al pasar de 96 000 hectáreas en 2015 a 146 000 en 2016. Y lo más probable es que siga en aumento, tal como lo advirtió la DEA a finales del año pasado.

La pelea por la Amazonía

La Amazonía reúne todo lo que debió preverse antes de la firma de la paz con las FARC. Para empezar, el sur de Meta y Caquetá están llenos de disidencias del extinto grupo armado integradas ─dice la FIP─ por excombatientes de los frentes 7, 14, 15, 27, 40 ,48 y 62, comandados por los jefes insurgentes conocidos como ‘Gentil Duarte’ y ‘Euclides Mora’, quienes estarían generando alianzas con bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Puntilleros, que son grupos narcotraficantes considerados remanentes del paramilitarismo.

Por otro lado, en los departamentos de Guaviare, Guainía, el sur del Vichada y Vaupés, las disidencias tienen un perfil más criminal y están integradas por los antiguos frentes 1, 16 y Acacio Medina, que tienen como jefes a ‘Iván Mordisco’, ‘Giovanni Chuspas’ y ‘John 40’. Por su parte, en el departamento de Putumayo hay estructuras conformadas por miembros de los frentes 48 y 32 de las FARC y la actual guerrilla del ELN, que busca fortalecerse hacia Vichada y Guainía.

Cabe resaltar que la Amazonía es vital para los negocios de los grupos al margen de la ley, especialmente por el gran número de fuentes hídricas con los que cuenta, entre las cuales están los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés, Apaporis y Caquetá. De acuerdo con el informe de la FIP, son estos afluentes los que permiten acceder a zonas de resguardo, movilizar cocaína, armas y aprestos militares. Además, son una salida natural a Venezuela y a Brasil.

“Los Grupos Armados Organizados Residuales ─como llaman a las disidencias de las FARC─ se han intentado estructurar, pero no les ha sido fácil. Hemos dado de baja a 22 de ellos en este año y se han capturado un poco más de 40”, dice el general César Parra, de la Sexta División, y agrega que en la Amazonía también se están enfrentando a la banda criminal ‘La Constru’, dedicada al narcotráfico, y a la organización de los Caqueteños (opera entre Caquetá y Putumayo), que delinque en la frontera con Ecuador y Perú y se encarga de sacar la cocaína a otros países.

La presencia de estas bandas criminales también se está tornando muy preocupante para los resguardos indígenas. Ginni Alba, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, dice que estas estructuras tienen en confinamiento a las comunidades nativas de Putumayo y Guaviare. “Las FARC dejaron un vacío y comenzaron a involucrarse paramilitares en esta zona, donde se supone que no debía entrar nadie. Ahora se están disputando el control sobre los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal”, afirmó Alba a Mongabay Latam.

Su advertencia está consignada en el informe 2017 – 2018 de la Comisión: “La banda criminal ‘La Constru’ está presente desde hace más de tres años en el territorio como productora de cocaína, pero también como sujeto agente de otras actividades delictivas, tales como homicidios, secuestros, extorsiones, etc., sobre todo en el caso de Puerto Asís (Putumayo)”. Y se agrega que esta situación ha traído consigo más de 16 000 vulneraciones a las comunidades indígenas, entre casos de despojo, desaparición forzada, secuestros, asesinatos, amenazas y desplazamientos.

“Veredas enteras de algunos municipios han desaparecido porque han sido compradas por un solo dueño”: Habitante de la Amazonia colombiana que pidió reserva de su identidad.

De acuerdo con la UNODC, hasta el 2016 eran más de 40 000 las hectáreas sembradas con coca en la Amazonía. Alba resalta que el municipio de Miraflores, Guaviare, está en un punto en el que la coca se ha convertido en el dinero y es más importante que los billetes tradicionales. “Todo se compra con gramos de coca, esa es la forma de vivir”, cuenta.

También hay minería

Pero no es el único dolor de cabeza para las comunidades. La minería es el otro negocio que manejan los grupos armados, pero del que también viven indígenas y campesinos de la Amazonía. En Guainía, en límites con Venezuela, más exactamente en el sector del río Atabapo, se estima que unas 1000 personas estarían viviendo de la minería artesanal, pues es la única salida económica. El general Parra cuenta que, en los primeros cinco meses de este año, la Sexta División del Ejército hizo 26 operaciones contra la extracción ilegal de minerales y capturó a 46 personas vinculadas con este negocio.

Sin embargo, Ginni Alba asegura que el problema no es solo la minería ilegal, sino también la legal, pues hay comunidades que estarían siendo desplazadas por los grandes proyectos extractivos, principalmente en Putumayo. Mongabay Latam consultó las cifras de la Agencia Nacional de Minería, donde aparecen registrados hasta el año pasado más de 150 títulos mineros otorgados en toda la Amazonía para la extracción de materiales de construcción, oro, coltán y otros metales preciosos. Están distribuidos así:

Putumayo: 47 títulos mineros vigentes en un área de 15 262 hectáreas.
Guainía: 34 títulos mineros en un área de 72 672 hectáreas.
Caquetá: 58 títulos mineros vigentes en 3963 hectáreas.
Guaviare: 10 títulos mineros vigentes en 612 hectáreas.
Vaupés: cinco títulos mineros en 14 407 hectáreas.
Amazonas: en el caso de este departamento la cifra más reciente es de 2015 del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), que registra cuatro títulos mineros.

Títulos mineros en la región amazónica de Colombia a 2015. Fuente: Instituto SINCHI.

Una mafia que crece

Para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, en el territorio amazónico hay una gran mafia estructurada que no solo cuenta con grupos armados, sino también con “cómplices corruptos” dentro del Estado.

“Cuando aparecen 40 000 hectáreas deforestadas en dos meses, inmediatamente toca imaginarse camiones llenos de operarios con motosierras contratados durante días en la frontera de la selva. ¿Quién está pagando eso? ¿Quién está asegurando el paso de cientos de aserradores ilegales? ¿Qué autoridades están mirando para el otro lado para no verlos? Hay toda una razón para pensar que se trata de un sistema que está deliberadamente deforestando como empresa y personas que están invirtiendo buenos capitales, que uno podría presumir que son del narcotráfico o de orígenes sospechosos”, dice.

Otros habitantes de esta región le cuentan a Mongabay Latam que han escuchado a las mismas autoridades municipales diciéndoles a las personas que “cojan tierra” y “que no sean bobos”, sobre todo en Meta, Guaviare y Caquetá. Y las disidencias de las FARC no se quedan atrás, según ellos, también reparten tierras como si fueran los dueños y señores de la Amazonía. Una “oportunidad” difícil de desaprovechar si se tiene en cuenta que durante años la estrategia de algunos terratenientes para adueñarse de la tierra ha sido comprarles a los colonos los predios a precios muy bajos, para luego formalizarlos ante los jueces con los famosos juicios de pertenencia. Así se han legalizado, según la Superintendencia de Notariado y Registro, más de 672 000 hectáreas en el país.

Por esta razón es que no suena raro lo que ocurre en la Amazonía. La cosa parece ser tan grave, que algunas veredas, a las que muchos no se atreven a ir por miedo a que los maten, estarían desapareciendo. Según cuentan distintos habitantes de la región, especialmente de San José del Guaviare, estarían llegando grandes inversionistas a comprar las tierras para que los campesinos colonicen más adentro y expandan la frontera agrícola. “Hay veredas completas, de 15 000 hectáreas o más, que han sido compradas por una sola persona. Algunas, como la San Lucas, tienen las escuelas y los puestos de salud vacíos, no hay gente para que vaya porque todo quedó dentro de una finca”, cuentan.

Deforestar para luego apoderarse de la tierra es una de las acciones más comunes de bandas criminales dedicadas a cultivos ilícitos y minería ilegal. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)

Las tierras en esta región se estarían acaparando por varias razones. Una de estas es que los grandes terratenientes saben que esos predios se podrían valorizar si el Gobierno lleva a cabo vías como La Marginal de la Selva ─que estaría entre los tramos de la Macarena (Meta) y San José (Guaviare)─ y la vía Calamar-Miraflores (también Guaviare). Y se suma otro atractivo más si se desarrollan las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, más conocidas como las Zidres, una iniciativa del Gobierno que busca promover el desarrollo en el campo. Son territorios aptos para la agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero que están alejados de los centros urbanos, con baja densidad de población y limitada infraestructura.

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la posibilidad de hacer Zidres, construir carreteras y “agarrar tierras baratas”, son políticas que están estimulando una intervención desenfrenada en el territorio. “Si el precio de la tierra es cero, hasta la ganadería, que es el sistema menos productivo de todos, es rentable”, añade. Un estudio de la FCDS resalta que la deforestación por ganadería ha afectado principalmente los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá. Pero no es solo allí. En todo el suelo amazónico estaría ocurriendo lo mismo, tanto así que se calcula que hay más de dos millones de cabezas de ganado en esta región.

Pero, aparte de los que ven la oportunidad de comprar tierras y pensar en negocios futuros, están los que aprovechan la actual situación de la región para beneficiarse de la ilegalidad. “En un mercado ilegal no tienes restricción en las áreas acumuladas. Cosa que sí sucede con la legalidad. Tampoco hay restricciones en el uso. Y lo mejor es que no pagas impuestos al Estado, sino a un grupo armado irregular, que sale más barato”, explica Botero.

Otro claro ejemplo que muestra la pelea por las tierras ocurrió en Villagarzón, Putumayo, donde a finales del año pasado los colonos se enfrentaron con los indígenas, que se encontraban en un proceso con la Agencia Nacional de Tierras para la conformación de un resguardo del pueblo Inga. Ginni Alba asegura que el objetivo de crear un resguardo era salvaguardar el territorio para evitar que algunos megaproyectos se hicieran realidad. “Así se dificultaría más la presencia de proyectos petroleros. Pero es difícil lograrlo, porque hay muchos intereses detrás”, manifiesta.

Catatumbo: históricamente peleado

Y aunque la Amazonía es el caso más alarmante de deforestación, el capitán Obando manifiesta que el departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, específicamente las veredas La India, Alto San Miguel, Barrancas, Chiquinquirá, El Retiro, Mineritos, Alto río Chiquito y El Progreso, todas en el municipio de Tibú, están fuertemente golpeadas por la problemática. Ese departamento, dice el IDEAM, concentra el 14 % de las alertas de deforestación que van en el 2018. Allá las principales causas también están relacionadas con los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción de madera y la minería de socavón.

“La presencia de cultivos de uso ilícito es una causa de deforestación creciente y recurrente en esta zona del país”, explica el instituto en un informe. Y es que en Norte de Santander las plantaciones de coca pasaron de 11 527 hectáreas en 2015 a 24 831 hectáreas en 2016. Un incremento del 115 % en un año, según UNODC. En el Catatumbo, una subregión ubicada al noreste de ese departamento y que abarca 11 municipios, este negocio está al mando de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo residual de otra guerrilla, el Ejército Popular de Liberación (EPL), más conocido como ‘Los Pelusos’.

Aunque históricamente todos convivieron en este territorio, ahora se lo disputan y, además, están en la tarea de impedir que las autoridades arranquen el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS); la apuesta para combatir el narcotráfico que salió del Acuerdo de Paz con las FARC y que busca transformar las condiciones de vida de las comunidades que no tuvieron una opción distinta a estar inmersas en el negocio de las drogas ilícitas.

En un informe sobre este tema, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) asegura que en los municipios con mayor número de hectáreas sembradas de coca ha incrementado la violencia. ¿La razón? Los grupos armados defenderán a muerte el principal sustento que tienen. Mientras en 2016 el número de asesinatos en Tibú llegó a 120, en el 2017 llegó casi a 190. “El deterioro de la seguridad no solo se ha expresado en el alza en los niveles de homicidio, sino en amenazas y ataques directos al proceso de sustitución”, registra la FIP.

Cuando aparecen 40.000 hectáreas deforestadas en dos meses, inmediatamente toca imaginarse camiones llenos de operarios con motosierras, contratados durante días en la frontera de la selva. ¿Quién está pagando eso? Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt.

Pero en esta zona no solo los cultivos ilícitos acaban con los bosques. Hay quienes deforestan y aprovechan el contexto de violencia para acaparar la tierra y destinarla, usualmente, a una actividad productiva de gran industria. Actualmente, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene identificado en Tibú una acumulación de 4103 hectáreas de baldíos, es decir, de predios que pertenecen a la Nación. Esto coincide con otro dato importante: este municipio nortesantandereano es también el que más cabezas de ganado tiene (42 118 hasta 2017) en todo el departamento, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Un Pacífico lleno de nuevos grupos armados

Otra región que no está nada bien es el Pacífico sur, exactamente el departamento de Nariño que limita con Ecuador. Allá las alertas de deforestación, que concentran el 6 % de todo el país, se enfocan en los bosques del río Patía y en las veredas el Maque, Pumbi y Guacuco, del municipio Roberto Payán.

Al igual que en la Amazonía, en el Pacífico se fortalecieron las disidencias de las FARC, en este caso integradas por excombatientes del Frente 29 en Nariño. La FIP asegura que estos milicianos nunca se desmovilizaron y se enfrentan ahora a grupos como el ELN por el control del territorio y las economías ilícitas. Los principales jefes o cabecillas son ‘David’ y ‘Guacho’. Este último ha tomado considerable notoriedad internacional, pues es el responsable de los asesinatos de los dos periodistas y un conductor ecuatorianos del periódico El Comercio el pasado mes de abril, además de otros secuestros y asesinatos en la zona fronteriza con Ecuador.

Esta ya es una imagen típica de pérdida de bosque en la Amazonía y en algunos lugares del Pacífico colombiano. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Por otra parte, en el departamento de Cauca, también perteneciente al Pacífico colombiano, las estructuras están conformadas por exintegrantes de los frentes 6 y 30. Allá también está el ELN, pero se suma la banda criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y un supuesto reducto de la guerrilla EPL. Toda esta región es de vital importancia para los grupos al margen de la ley, sobre todo por la frontera con Ecuador, que es uno de los corredores de tráfico ilícito que permite, según la FIP, mantener contactos con mafias y organizaciones internacionales del crimen.

En el Pacífico los cultivos de uso ilícito se han ido fortaleciendo. Mientras que en 2015 la coca en Nariño ocupaba 29 755 hectáreas, en el 2016 pasó a 42 627. En Cauca ascendió de 8 660 hectáreas a 12 595 en el mismo periodo de tiempo. En Chocó incrementó un 21 %, al pasar de 1489 a 1803 hectáreas en un año. Y aunque en el departamento del Valle del Cauca ─cuya capital es Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia─ la cifra fue mucho menor: de 590 hectáreas pasó a 752, en general toda la región Pacífica preocupa bastante.

Algo que tienen claro las autoridades es que no será fácil acabar con las mafias que están detrás de la deforestación en todo el país, especialmente las que operan en la Amazonía. Ya el ministro de Ambiente saliente, Luis Gilberto Murillo, ha dicho que será imposible cumplir la meta que habían planteado de cero deforestación en esta región para el 2020, aunque plantea que se podría alcanzar para el 2025. Los expertos coinciden en que para poder cumplir con el objetivo se tienen que tomar acciones urgentes que involucren a toda la institucionalidad. Esto no solo es importante para Colombia ya que en los últimos 50 años la pérdida de bosque en toda la región Amazónica de Sudamérica ha llegado al 17 %.

En una editorial publicada en febrero pasado en la revista Science Advances, el profesor Carlos Nobre ─miembro de la Academia de Ciencias de Brasil─ y el investigador estadounidense Thomas Lovejoy advirtieron que si se llega al temido 20 % se alcanzaría un punto de no retorno. Un límite que afectaría el ciclo del agua y los ecosistemas que allí abundan. Un límite que sería catastrófico no solo para la población colombiana sino para la población mundial.

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*Foto superior: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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